Presentación

La existencia, incremento y gravedad de este crimen es generado por diversos responsables, que deben ser perseguidos penalmente y confrontados con la justicia. Son sujetos activos del delito de la trata de niñas, niños y adolescentes, los que captan o reclutan, transportan, trasladan, acogen, reciben o retienen a víctimas con el fin de explotación, aunque esta última no llegue a concretarse. En otras palabras, el delito se consuma con la realización de uno solo de los seis supuestos de la conducta criminal, que son excluyentes y se valoran de manera individual e independiente.

La trata de niñas, niños y adolescentes implica sacarlos de su ambiente de protección, aprovechándose de sus vulnerabilidades, con el fin de explotarlos. Es un crimen de consecuencias devastadoras para sus víctimas. El impacto en la niñez y adolescencia es particularmente negativo ya que incide severamente en su desarrollo pleno y sus efectos son de largo plazo.

El marco normativo internacional representa un llamado a la acción para la eliminación de la trata de niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, cabe destacar el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo). Los instrumentos internacionales son complementarios y contribuyen al objetivo común de combatir esta forma moderna de esclavitud que impacta familias y comunidades.

En 2017, los Gobiernos de Perú y de Estados Unidos firmaron la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer los esfuerzos del Estado y sociedad civil peruana para combatir la trata de niñas, niños y adolescentes. Dicha Alianza de Cooperación representa un compromiso de 4 años para incrementar los esfuerzos realizados en la persecución y sanción del tratante, en la identificación de víctimas y la provisión de servicios especializados e integrales, y en la implementación de acciones para prevenir la problemática. La Alianza es la primera de su tipo en las Américas, y la tercera en el mundo. En el marco de esta Alianza, surge el proyecto “Alianzas en Acción para Terminar con la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes en Perú”, dirigido al abordaje de la problemática en las regiones de Lima, Cusco y Loreto.

Objetivos

El proyecto tiene los siguientes objetivos:

Implementación

Se pretende que, al finalizar el proyecto, los operadores de justicia habrán incrementado el número de investigaciones y persecuciones penales exitosas: que sean llevadas a juicio y que los tratantes sean sancionados. Los jueces interpretarán la legislación apropiadamente, lo que conllevará a sanciones de alto nivel; y las necesidades de las víctimas serán satisfechas para asegurar su participación en el juicio, mientras se les empodera para convertirse en sobrevivientes. El proyecto colaborará con el Instituto de Defensa Legal (IDL), una organización civil con más de 30 años trabajando en defensa de los derechos humanos en el país. IDL, en su calidad de socio implementador, tendrá un rol significativo en el litigio de casos, el fortalecimiento de capacidades del sistema de justicia y la sensibilización y visibilidad del problema.

Asimismo, se pretende que las instituciones del Estado responsables habrán revisado y mejorado sus políticas, protocolos y procedimientos de protección y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, con especial énfasis en el abordaje de niños varones y la comunidad LGTBI. Los albergues del Estado en las regiones focalizadas habrán mejorado los servicios de atención a dicha población y la identificación de casos aumentará. El proyecto colaborará para ello con Capital Humano, Social y Alternativo (CHS), una organización con una vasta experiencia de trabajo interinstitucional en protección y atención especializada de víctimas de trata de personas, y en la prevención de este crimen.

Finalmente, con respecto al tercer objetivo, se pretende trabajar en la implementación de políticas públicas y planes nacionales, y en el establecimiento de alianzas. Al finalizar el proyecto, las instituciones públicas relevantes y sus comisiones, tanto nacionales como de carácter regional, mejorarán la coordinación y colaboración para la prevención del delito.

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