Lima - Más de 400 fiscales e integrantes de equipos multidisciplinarios de las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Ministerio Público empezaron el Ciclo de conferencias de actualización sobre implicancias de la Ley Nº 31146, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Nº 28950, contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. Esta actividad es organizada por el Ministerio Público y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Expertos de Perú, Chile y España desarrollarán conferencias sobre el impacto de la Ley Nº 31146. En esta medida, en la primera jornada se discutirá sobre los efectos en nuestro ordenamiento jurídico-penal de concebir a los delitos de explotación como delitos contra la dignidad humana. En la segunda jornada, se conversará sobre las consecuencias de la Ley Nº 31146 en la determinación de la reparación civil. Finalmente, en la última jornada, se presentará una ponencia sobre los posibles motivos por los que los familiares de las víctimas de trata de personas no la constituyen como actor civil y, además, sobre las características de la regla incorporada al artículo 98º del Código Procesal Penal sobre este tema.

La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, fiscal superior Rosario López Wong, extendió la invitación al evento a 140 defensores públicos del Ministerio de Justicia e integrantes de los Centros Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues señaló que es necesario continuar con el fortalecimiento de capacidades de todo el personal que interviene en el proceso de investigación del delito y en la protección de víctimas de trata de personas.

Cabe mencionar que la OIT viene apoyando el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, en cumplimiento de su mandato de promover el trabajo decente y la eliminación de la explotación laboral, y como parte de las actividades del proyecto: "Alianzas en Acción para Terminar con la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú", ejecutado en el marco de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (CPC), financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.