Perú
Perseguir y condenar la trata de personas
La trata de personas es una violación sistemática y multidimensional de los derechos humanos. Las decisiones judiciales referidas a este delito deben ser ejemplares y ejemplificadoras: al procesar y condenar esta forma de esclavitud, se lucha socialmente contra su normalización y se alerta a la sociedad.
Por: Philippe Vanhuynegem
Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos
Dos ciudadanos peruanos fueron recientemente condenados más de 30 años en prisión por un delito del que se escucha muy poco, pero que se comete con demasiada frecuencia: “trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud” (con subsecuente muerte). Ellos fueron responsables de la muerte de dos jóvenes que trabajaban en condiciones de esclavitud, cuando estalló el incendio de la galería Nicolini, en Las Malvinas, en junio del 2017.
La trata de personas es una violación sistemática y multidimensional de los derechos humanos. Amenaza a la comunidad más vulnerable, los explota, destruye vidas y socava las creencias más fundamentales sobre la dignidad de las personas. Este tipo de esclavitud es considerado a nivel mundial como una amenaza a la seguridad pública y una crisis que contribuye a la perpetuación de la pobreza.
Ha transcurrido ya un año desde aquel terrible día en el que este tema ocupaba los titulares de todos los diarios y medios de comunicación nacional. Y la respuesta de la justicia contra quienes cometieron ese crimen ha sido ejemplar. Las decisiones judiciales generan un impacto de gran magnitud en el tejido de una sociedad, y llevar a los tratantes ante la justicia es vital para cambiar percepciones sobre el delito. Aunque en el Perú se registraron 3.130 casos de trata de personas entre 2009 y 2015, apenas el 31% de los casos informados fue incluido como objeto de investigación. Al procesar y condenar estas formas de esclavitud, se visibiliza la problemática, se lucha socialmente contra su normalización y se alerta a la sociedad.
Durante muchos años se han dedicado grandes esfuerzos a la identificación de casos de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, los casos con fines de explotación laboral son más difíciles de identificar debido a que el trabajo realizado es muchas veces lícito y sus víctimas no siempre se asumen como tal. La mayoría de las víctimas (66.45%) tienen menos de 18 años y casi la mitad de ellas (44,5%) son reclutadas a través de ofertas de trabajo, lo que demuestra que los tratantes a menudo se ocultan a plena vista y que aprovechan especialmente la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. De hecho, en el mundo, aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y un 70% son mujeres y niñas.
Por ello es tan importante focalizar esfuerzos en la identificación de los casos y de los implicados. Tengamos en cuenta que este crimen es generado por diversos responsables, que deben ser perseguidos penalmente y confrontados con la justicia. Son sujetos activos del delito de la trata de niñas, niños y adolescentes los que captan o reclutan, transportan, trasladan, acogen, reciben o retienen a víctimas con el fin de su explotación, aunque esta última no llegue a concretarse. En otras palabras, el delito se consuma con la realización de uno solo de los seis supuestos de la conducta criminal, que son excluyentes y deben ser valorados de manera individual e independiente.
Las víctimas de la trata de personas sufren múltiples formas de abuso. Las consecuencias y traumas son aún mayores cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. La pérdida del control - psicológico o físico- sobre sus propias vidas es un denominador común entre las víctimas. Por ello, es fundamental que dentro del proceso de rescate, protección y reintegración se les devuelva dicho control y se evite a toda costa que vuelvan a caer en estas redes.
En 2017 los Gobiernos de Perú y de Estados Unidos firmaron la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos del Estado y la sociedad civil peruana para combatir la trata de niñas, niños y adolescentes. Dicha Alianza, concretada en un proyecto que la OIT acaba de iniciar en las regiones de Lima, Cusco y Loreto, servirá para incrementar los esfuerzos realizados en la persecución y sanción de los tratantes.
Hoy, 30 de julio, Día Internacional contra la trata de Personas, la OIT se suma a la conmemoración junto a todas las agencias de las Naciones Unidas, para recordar los efectos devastadores en las víctimas y el costo inestimable que constituye la instrumentalización del ser humano y la privación de la dignidad humana.
Director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos
Dos ciudadanos peruanos fueron recientemente condenados más de 30 años en prisión por un delito del que se escucha muy poco, pero que se comete con demasiada frecuencia: “trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud” (con subsecuente muerte). Ellos fueron responsables de la muerte de dos jóvenes que trabajaban en condiciones de esclavitud, cuando estalló el incendio de la galería Nicolini, en Las Malvinas, en junio del 2017.
La trata de personas es una violación sistemática y multidimensional de los derechos humanos. Amenaza a la comunidad más vulnerable, los explota, destruye vidas y socava las creencias más fundamentales sobre la dignidad de las personas. Este tipo de esclavitud es considerado a nivel mundial como una amenaza a la seguridad pública y una crisis que contribuye a la perpetuación de la pobreza.
Ha transcurrido ya un año desde aquel terrible día en el que este tema ocupaba los titulares de todos los diarios y medios de comunicación nacional. Y la respuesta de la justicia contra quienes cometieron ese crimen ha sido ejemplar. Las decisiones judiciales generan un impacto de gran magnitud en el tejido de una sociedad, y llevar a los tratantes ante la justicia es vital para cambiar percepciones sobre el delito. Aunque en el Perú se registraron 3.130 casos de trata de personas entre 2009 y 2015, apenas el 31% de los casos informados fue incluido como objeto de investigación. Al procesar y condenar estas formas de esclavitud, se visibiliza la problemática, se lucha socialmente contra su normalización y se alerta a la sociedad.
Durante muchos años se han dedicado grandes esfuerzos a la identificación de casos de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, los casos con fines de explotación laboral son más difíciles de identificar debido a que el trabajo realizado es muchas veces lícito y sus víctimas no siempre se asumen como tal. La mayoría de las víctimas (66.45%) tienen menos de 18 años y casi la mitad de ellas (44,5%) son reclutadas a través de ofertas de trabajo, lo que demuestra que los tratantes a menudo se ocultan a plena vista y que aprovechan especialmente la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. De hecho, en el mundo, aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y un 70% son mujeres y niñas.
Por ello es tan importante focalizar esfuerzos en la identificación de los casos y de los implicados. Tengamos en cuenta que este crimen es generado por diversos responsables, que deben ser perseguidos penalmente y confrontados con la justicia. Son sujetos activos del delito de la trata de niñas, niños y adolescentes los que captan o reclutan, transportan, trasladan, acogen, reciben o retienen a víctimas con el fin de su explotación, aunque esta última no llegue a concretarse. En otras palabras, el delito se consuma con la realización de uno solo de los seis supuestos de la conducta criminal, que son excluyentes y deben ser valorados de manera individual e independiente.
Las víctimas de la trata de personas sufren múltiples formas de abuso. Las consecuencias y traumas son aún mayores cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes. La pérdida del control - psicológico o físico- sobre sus propias vidas es un denominador común entre las víctimas. Por ello, es fundamental que dentro del proceso de rescate, protección y reintegración se les devuelva dicho control y se evite a toda costa que vuelvan a caer en estas redes.
En 2017 los Gobiernos de Perú y de Estados Unidos firmaron la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos del Estado y la sociedad civil peruana para combatir la trata de niñas, niños y adolescentes. Dicha Alianza, concretada en un proyecto que la OIT acaba de iniciar en las regiones de Lima, Cusco y Loreto, servirá para incrementar los esfuerzos realizados en la persecución y sanción de los tratantes.
Hoy, 30 de julio, Día Internacional contra la trata de Personas, la OIT se suma a la conmemoración junto a todas las agencias de las Naciones Unidas, para recordar los efectos devastadores en las víctimas y el costo inestimable que constituye la instrumentalización del ser humano y la privación de la dignidad humana.