OIT y FAO advierten: el empleo agropecuario en América Latina sigue siendo mayoritariamente informal

SANTIAGO/LIMA (OIT/FAO Noticias) – Más del 80 % del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado Trabajo decente e informalidad en el sector agropecuario de América Latina, 2019–2023.

El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector. A pesar de su rol fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.

La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina. Este informe ofrece una hoja de ruta para abordarla desde políticas integradas y con enfoque territorial
Ana Virginia Moreira Gomes, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe

"La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina. Este informe ofrece una hoja de ruta para abordarla desde políticas integradas y con enfoque territorial," dijo Ana Virginia Moreira Gomes, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

"El estudio se alinea con la Recomendación núm. 204 y con la Estrategia FORLAC 2.0, así como con el Programa Conjunto que ambas organizaciones están desarrollando para promover la formalización del empleo rural, " concluyó Moreira Gomes.

“Asegurar el trabajo decente en el sector agropecuario no es solo mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países, la seguridad alimentaria de millones y la capacidad de la región para enfrentar los desafíos globales”, subrayó el Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, René Orellana, quien también hizo un llamado a fortalecer el diálogo social, la digitalización rural y el financiamiento sostenido.

Según el informe, las mujeres tienen una tasa de informalidad del 86,4 por ciento, frente al 78 por ciento en los hombres. El 38,5 por ciento de ellas trabaja como auxiliar familiar no remunerada, una proporción cinco veces mayor que la de los hombres. Además, el sector concentra el 46 por ciento del trabajo infantil en la región y más del 50 por ciento de las personas ocupadas tiene niveles educativos bajos. La estacionalidad del empleo, la falta de contratos y las jornadas parciales agravan aún más las condiciones laborales.

Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe. Además, casi la mitad de las personas jóvenes y el 86 por ciento de las mujeres en el sector trabajan en condiciones informales.

El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.

Cabe mencionar que el informe propone diez recomendaciones de política concretas orientadas a acelerar la transición hacia la formalidad y garantizar trabajo decente en el sector agropecuario. Estas medidas, basadas en evidencia y experiencias de la región, buscan articular desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo social, con el fin de transformar la alta informalidad en oportunidades sostenibles para millones de personas trabajadoras rurales.

Ambas organizaciones reafirman su compromiso de acompañar a gobiernos, empleadores y trabajadores en el diseño e implementación de políticas integradas que transformen el sector agropecuario en un verdadero motor de empleo digno, seguridad alimentaria y sostenibilidad para América Latina. Este esfuerzo no es solo una meta, sino una necesidad urgente para garantizar que el dinamismo productivo se traduzca en oportunidades reales y en un futuro más justo para las comunidades rurales.