El Consejo de Administración de la OIT concluye sesión sobre coherencia de políticas y protección social frente a la crisis del empleo

GINEBRA (Noticias de la OIT) – El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) analizó iniciativas finalizadas a garantizar una recuperación con alto coeficiente de empleo y mayor coherencia política en el sistema internacional durante su reunión en esta ciudad entre el 14 y el 19 de noviembre.

El Director General de la OIT, Juan Somavia, al dirigirse al Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización el 15 de noviembre, dijo que en la actualidad la idea de coherencia política estaba muy arraigada en la comunidad internacional como se hizo evidente en la Cumbre del G20 a la cual había participado hace poco. Sin embargo, agregó, la coherencia política aún no produce los resultados que la economía mundial necesita”.

“La recuperación permanece frágil y no produce suficientes empleos e inversiones en las pequeñas empresas. La necesidad de coherencia política no había sido nunca tan grande como en la actualidad. El progreso continúa siendo lento, porque aún no tenemos la suficiente experiencia política y confianza”, dijo Juan Somavia.

El Director General continuó citando las cuatro áreas en las cuales la OIT ha estado promoviendo coherencia política, incluyendo la necesidad de una mejor coordinación entre el empleo y las políticas macroeconómcas, un enfoque coherente hacia las normas internacionales, la necesidad de un piso de protección social y el concepto de que ninguna recuperación es posible sin la recuperación del empleo.

El Consejo de Administración también escuchó a Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Richard Kozul-Wight, Economista principal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Wiseman Lumkile Nkuhlu, Presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Pascal Lamy hizo un llamado a favor del aumento de la coordinación entre el comercio y la protección social como una manera de alcanzar un crecimiento más sólido y una recuperación económica más sostenible. Argumentó a favor de políticas enérgicas de empleo y de protección social, indispensables para un sistema comercial multilateral abierto. Richard Kozul-Wight de UNTAC, advirtió que “el fracaso en introducir reformas comporta el riesgo de regresar a la situación anterior”. Sharan Burrow de la CSI, se refirió al riesgo de concentrar la atención en la austeridad fiscal mientras que el desafío real es la creación de empleo a través de una estrategia basada en el salario y una extensión de la seguridad social para todos. Wiseman Lumkile Nkuhlu dijo que la OIE suscribía “la promoción de coherencia política a nivel nacional e internacional para garantizar una gobernanza eficaz y un sector privado productivo”.

La Comisión de Reuniones Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines del Consejo de Administración prosiguió sus discusiones sobre el impacto sectorial en la economía mundial y la crisis social. Según un informe de la OIT preparado para la reunión, la mayor disminución en el empleo en la administración pública como consecuencia de la crisis se registró en Estados Unidos y Europa.

El Consejo de Administración tomó además una serie de decisiones en relación a los derechos fundamentales en el trabajo.

La reunión analizó la evolución de la situación en Myanmar en relación al trabajo forzoso a partir de un informe realizado por el funcionario de enlace de la OIT en Yagón. El Director Genereal de la OIT, Juan Somavia, acogió con agrado la reciente liberación de la ganadora del Premio Nobel Aung San Suu Kyi de su arresto domiciliario, pero recordó a los delegados que muchos otros activistas sindicales en el país permanecía en prisión, incluyendo a algunos que luchan contra el trabajo forzoso.

En sus conclusiones el Consejo de Administración exhortó al Parlamento de Myanmar a proceder sin demora a llevar su legislación en conformidad con el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT, 1930 (No. 29), comenzando por la abrogación de las disposiciones pertinentes de la Ley de Aldea y la Ley de Ciudades. Hizo de nuevo un llamado por la liberación de los activistas sindicales y de personas asociadas con la presentación de reclamos que continúan en prisión. A pesar de los progresos registrados en la sensibilización tanto entre el personal del gobierno como en la comunidad en general, la Comisión de Aplicación de las Normas de la Conferencia señaló que aún queda mucho por hacer para erradicar el trabajo forzoso en el país, incluyendo el reclutamiento de menores en el ejército y la trata de seres humanos.

El Consejo de Administración observó un incremento en el número de quejas recibidas relacionadas con el trabajo forzoso pero consideró esencial que el movimiento hacia un ambiente libre de hostilidades y miedo a las represalias sea sostenido. Por lo tanto, solicitó al Gobierno, que garantice al Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar el acceso a los expedientes del tribunal y a los detenidos con el objeto de verificar la ausencia de repercusiones judiciales. También incitó al Gobierno a garantizar las condiciones y los medios necesarios para el registro y procesamiento tempestivo y eficaz de las quejas en todo el país y de cooperar con el Funcionario de Enlace en los casos presentados por iniciativa propia.

El Consejo de Administración decidió solicitar información sobre la situación relacionada con la libertad sindical a los Gobiernos de Myanmar y Venezuela, contra los cuales trabajadores y empleadores respectivamente han presentado quejas en el marco de un procedimiento que podrían llevar al establecimiento de comisiones de encuesta. El Comité de Libertad Sindical llamó la atención especial del Consejo de Administración sobre los casos de Argentina, Camboya, Fiji, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela (vea el comunicado de prensa aparte).

Mr. Lamy called for increased coordination between trade and social protection policies as a way of achieving stronger growth and a more sustainable economic recovery. He argued in favour of strong employment and social protection policies as essential to an open multilateral trading system. While Mr. Kozul-Wight from UNCTAD warned that “the failure to introduce reforms contained the risk of returning to business as usual”, Ms. Burrow of the ITUC referred to the risk of focusing on fiscal austerity while the real challenge was employment generation through a wage-led recovery strategy and an extension of social protection to all. Mr Nkuhlu said the IOE endorsed “the promotion of policy coherence at national and international level to ensure effective governance and a productive private sector”.

The Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues of the Governing Body continued its discussion on the sectoral impact of the global economic and social crisis. According to an ILO report to the meeting, employment in public administration has been declining most in the United States and Europe following the crisis.

The Governing Body also took a number of decisions regarding fundamental rights at work.

The meeting considered developments in Myanmar with respect to forced labour on the basis of a report by the ILO Liaison Officer in Yangon. ILO Director-General Juan Somavia welcomed the recent release of Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi from house arrest but reminded delegates that many more labour activists in the country were still in prison, including some fighting against forced labour.

In its conclusions the Governing Body called on the new Parliament in Myanmar to proceed without delay to bring legislation into line with the ILO’s Forced Labour Convention, 1930 (No.29), starting with the repeal of the relevant provisions of the Villages and Towns Acts. It further called for the release of labour activists and persons associated with the making of complaints who remained in detention. Despite the reported progress in increased awareness of both Government personnel and the community at large, the Committee noted that much remains to be done to eliminate the use of forced labour in the country, including under-age recruitment into the military and human trafficking.

The Governing Body noted the increased number of forced labour complaints received but considered it essential that the movement towards an environment free from harassment or fear of retribution be sustained. It requested the Government therefore, to grant the ILO Liaison Officer in Myanmar access to court files and detainees for the purpose of verifying the absence of judicial retribution. It also called on the Government to ensure the conditions and facilities necessary for the effective and timely receipt and processing of complaints throughout the country and to cooperate with the Liaison Officer on cases raised at the Officer’s own initiative.

The Governing Body decided to request information on situations in relation to freedom of association from the Governments of Myanmar and Venezuela, against which the workers and employers respectively have lodged complaints under the procedure that could lead to commissions of inquiry. The Committee on Freedom of Association drew the special attention of the Governing Body to the cases of Argentina, Cambodia, Fiji, Panama and the Bolivarian Republic of Venezuela (see separate release).