Proyecto Lazos en América Latina y el Caribe

El proyecto Lazos se implementa a nivel regional.

América Latina y el Caribe (ALC) se enfrenta a una dinámica migratoria intrarregional cada vez más intensa y volátil. Actualmente, 41 millones de personas latinoamericanas viven fuera de su país de origen, y de estos, 12 millones (30%) residen en otros países de ALC. El número de personas migrantes en la región se ha duplicado en los últimos 15 años. En particular, la migración venezolana ha alcanzado los 7.89 millones de personas a nivel mundial, con el 85% residiendo en ALC, y el 71% de esta población concentrada en los cuatro países cubiertos por el Proyecto Lazos (Colombia, Perú, Argentina y República Dominicana).

El fenómeno migratorio en la región está experimentando una reconfiguración, con un flujo creciente de norte a sur desde 2025, a diferencia de la tendencia anterior de sur a norte. Esta nueva configuración implica cambios en los perfiles de los migrantes: si antes predominaban adultos jóvenes, mayoritariamente hombres solos, ahora se observan principalmente familias completas, mujeres con niños y personas mayores, lo que representa perfiles más vulnerables.

La crisis económica y social, la violencia y la fragilidad institucional continúan siendo factores expulsores de la migración en la Región. No obstante, estos factores vienen siendo exacerbados con políticas migratorias restrictivas y, en algunos casos, regresivas que se traducen en deportaciones masivas.

En este contexto, la integración socioeconómica de la población refugiada, migrante y retornada enfrenta 5 retos clave.

La temporalidad de los documentos de regularización y los retrocesos en las reformas migratorias limitan el acceso a medios de vida sostenibles y dificultan la cohesión social, obligando a procesos de renovación costosos en tiempo y dinero. Esta temporalidad desincentiva a los empleadores para contratos formales y genera incertidumbre, aumentando el riesgo de informalidad laboral y vulnerabilidad a delitos como la trata, con fines de explotación laboral y sexual, que afectan principalmente a las mujeres, y el trabajo forzoso.
No existe un enfoque de interseccionalidad en la oferta de servicios tales como los de cuidado, intermediación laboral o capacitación, por lo que no se atienden las necesidades específicas de mujeres migrantes jefas de hogar, jóvenes con educación incompleta o profesionales con títulos y competencias no reconocidas.
La reconfiguración de los flujos de norte a sur, el aumento de personas retornadas (forzadas y voluntarias) y familias, presenta nuevos desafíos para una respuesta adaptada. Aunque los mecanismos de integración y los procesos consultivos regionales han priorizado la integración socioeconómica de personas refugiadas y migrantes, esto ha tenido un reflejo dispar en las políticas nacionales, que en las cuales persiste un bajo enfoque inclusivo que se refleja en las limitaciones para el acceso a la regularización, la temporalidad de la documentación que se otorga y las barreras para el acceso al empleo y alternativas de generación de medios de vida sostenible. Esto es especialmente preocupante en el caso de las mujeres y los jóvenes.