Competencias laborales sin fronteras

América Latina y el Caribe enfrenta desafíos crecientes en migración laboral y movilidad humana. La falta de reconocimiento de las competencias laborales de personas migrantes y refugiadas obstaculiza su inserción laboral con trabajo decente y desaprovecha su potencial productivo en las economías de acogida.

El desarrollo de mecanismos transparentes y accesibles de evaluación y certificación de competencias se vuelve una necesidad urgente para fomentar empleos decentes y fortalecer la cohesión social.

Las competencias laborales pueden desarrollarse en contextos formales, no formales e informales. Reconocer y certificar estos aprendizajes es clave para mejorar la empleabilidad de las personas en movimiento, en particular de las mujeres, los jóvenes y las personas adultas mayores. Los sistemas de certificación deben ser inclusivos, basados en estándares ocupacionales consensuados, e involucrar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores desde su diseño hasta la evaluación.

Los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales benefician a personas, empresas y países. Son particularmente útiles para quienes no poseen títulos formales, ya que permiten validar conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. En su implementación, se deben considerar criterios de accesibilidad para fortalecer un enfoque inclusivo, tales como: idioma, género, transporte y servicios de apoyo.

Existen múltiples niveles de acción para el reconocimiento de certificaciones: acuerdos internacionales, herramientas de comparabilidad (como marcos de cualificaciones y suplementos al título) y políticas nacionales. La articulación efectiva de estos niveles mejora la transparencia y facilita trayectorias formativo-laborales para personas refugiadas y migrantes.

Las experiencias internacionales muestran que los acuerdos exitosos se apoyan en documentos marco breves, gobernanza clara, conceptos homologados y herramientas comunes. La Unión Europea y la Alianza del Pacífico ofrecen modelos que resaltan la importancia del diálogo político, la cooperación técnica y la digitalización de la información.

La implementación efectiva requiere sistemas de gobernanza nacional y regional robustos, y el interés de los Estados. Las estructuras como comités técnicos, redes de información y ventanillas únicas son esenciales para garantizar procesos ágiles, equitativos y de calidad.

Las recomendaciones de organismos como la OCDE y la UNESCO coinciden en la importancia de establecer el derecho al reconocimiento, acelerar procesos, ofrecer rutas de formación complementaria y fortalecer el reconocimiento de aprendizajes previos. Estas medidas deben adaptarse a los contextos de América Latina y el Caribe para lograr un sistema funcional, inclusivo y sostenible.