El estudio se realiza como parte del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (PATSS) que se ejecuta con el IESS en Ecuador y se desarrolló en coordinación con el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Para analizar el impacto de la COVID-19 en el empleo informal y la pobreza del Ecuador se construyeron dos modelos de determinantes y una microsimulación estática para identificar los mecanismos de transmisión de los impactos de la crisis y sus consecuencias en la informalidad y la pobreza.
A través de los resultados del modelo de informalidad, se evidencia que son las mujeres, jóvenes, personas mayores, minorías étnicas o personas que cuentan con poca formación educativa quienes son los más propensos a encontrarse en situación de informalidad. La informalidad se presenta con mayor incidencia en sectores como la construcción, la ganadería, la caza y la pesca, así como dentro de los trabajadores no cualificados, individuos que viven en áreas rurales, y en las regiones de la Costa o Amazonía.
Por otro lado, en lo que se refiere a la incidencia de la pobreza por ingresos, se encuentra que son más proclives las mujeres, los jóvenes y las personas que forman parte de una minoría étnica o cuentan con pocos años de educación. Esto refleja la estrecha relación entre los determinantes de la pobreza y de la informalidad.
De igual manera, si la persona que ocupa la jefatura de hogar se encuentra desempleada o pertenece a un grupo de ocupación no calificado, operadores, artesanos o agropecuarios, se incrementan sus probabilidades de encontrarse en situación de pobreza.
A través de los resultados de la microsimulación, se estimó que producto de la pandemia de COVID-19 se perderían miles de empleos, en especial dentro de los sectores del comercio, transporte e industria. También se estimó que la informalidad aumente hasta un 70%, en función de la caída del PIB de casi 10 puntos porcentuales que se esperaba al iniciar la crisis del coronavirus en Ecuador.
El estudio concluye con un conjunto de recomendaciones para promover la transición hacia la formalidad, que incluye:
el fomento de políticas activas en el mercado del trabajo que estimulen la economía y el empleo,
el fortalecimiento de los procesos de inspección del trabajo para aumentar la protección y tutela de los derechos de las personas trabajadoras,
la consolidación de una estrategia de sostenibilidad de la protección social que permita avanzar hacia su universalización en línea con la Constitución de la República del Ecuador y las Normas Internacionales del Trabajo.
Finalmente, se recomienda tener espacios de diálogo sobre el estado del mundo del trabajo, para lo cual se deben fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales -tanto del gobierno, como de los trabajadores y empleadores-, en sintonía con las respuestas ante la pandemia
