Ecuador

Limitado acceso al empleo adecuado y escasas opciones de regularización impiden acceso a la protección social de población migrante en Ecuador

OIT identifica barreras de acceso al sistema de protección social contributivo y no contributivo de la población en movilidad humana en Ecuador.

Noticia | 17 de febrero de 2022

Quito — Las principales barreras que afectan al acceso efectivo de esta población a la protección social en Ecuador son: el desconocimiento de los derechos de las personas en situación de movilidad humana por parte de funcionarios e individuos, la extendida discriminación y xenofobia, y la débil transversalización de la política pública en esta materia.

Estos son algunos de los hallazgos del estudio Barreras para el acceso al sistema de protección social que enfrenta la población migrante y refugiada en Ecuador, presentado hoy por la OIT en Quito.

"De hecho, a pesar de que Ecuador cuenta con un marco normativo de avanzada, con una visión garantista de derechos en materia de movilidad humana, se evidencia una barrera en la débil coherencia entre el marco normativo y su implementación en los programas, proyectos e intervenciones de las diversas instituciones del Estado", sostiene el estudio.

El estudio alerta también sobre las barreras de acceso al sistema de protección social contributivo: el limitado acceso al empleo adecuado, las escasas opciones para la regularización, la dificultad para cubrir el costo de la afiliación voluntaria y la falta de información clara sobre requisitos de acceso.

"Los esfuerzos que se hacen por fortalecer el sistema de seguridad social en el Ecuador no pueden dejar de lado a este grupo de la población, que tiene derechos que se deben asegurar, pero que además es un grupo con un alto potencial de generación de desarrollo y contribución a las comunidades de acogida", alerta la OIT.

El documento sugiere un trabajo coordinado entre todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con este tema, lo que permitirá visibilizar a este grupo poblacional en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y asegurar un proceso participativo para la construcción de una Agenda para la Igualdad de la Movilidad Humana.


El acceso a la protección social como un derecho tiene que ser visto como un objetivo en común desde las instituciones del Estado nacional, sectorial, local, y desde las organizaciones que trabajan con refugiados y migrantes.


Además, el estudio recomienda la implementación de un Sistema de Información Único Nacional para población en situación de movilidad y un proceso masivo de regularización que facilite acceder a la cédula de identidad.

Sobre este último tema, Sebastián Fonseca, Primer Secretario del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, aseguró que el Gobierno Nacional prepara un nuevo proceso de regularización de personas que se encuentran en el país en situación irregular, y que este proceso tendrá un enfoque de asistencia humanitaria, con lo cual se podrá aliviar el tema de requisitos como, por ejemplo, aceptar pasaportes vencidos.

En el evento de presentación del estudio participó también Pablo Casalí, Especialista en Seguridad Social y Desarrollo Económico de la Oficina de la OIT para los los Países Andinos. Casalí recordó que, en el Ecuador, las brechas de cobertura de la protección social son grandes y que, incluso antes de la pandemia, solo 4 de cada 10 personas estaban vinculadas con el seguro social contributivo, es decir que 6 de cada 10 ecuatorianos estaban excluidos de todo tipo de protección social.



La OIT, con el apoyo de la USAID, desarrolla el proyecto "Integración socioeconómica de migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador con trabajo decente", con el objetivo de reducir los niveles de vulnerabilidad de este grupo poblacional, maximizar su contribución a las economías locales de acogida y, de esta manera, promover la cohesión social.