OIT analiza la situación de los jóvenes en materia de empleo y protección social en Ecuador
La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 intensifica los desafíos existentes en Ecuador sobre la protección social de jóvenes, cuyas ocupaciones se concentran en el sector informal.
Quito - OIT publicó hoy el estudio sobre la situación de los jóvenes en materia de empleo y protección social en Ecuador.
En Ecuador viven aproximadamente 3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, el 25% de la población en edad de trabajar. El 21% de ellos vive en hogares pobres por ingresos, y en diciembre 2019, por cada 100 jóvenes de esas edades, 57 estaban ocupados, 6 desocupados y 37 inactivos. Dentro de los ocupados, sólo el 31% de los hombres y el 34,7% de las mujeres estaban afiliados a la seguridad social. Se trata de niveles de protección social muy inferiores a los correspondientes a la población adulta.
Este panorama se ve aún más agravado en el actual contexto de pandemia, debido a que las recesiones afectan más a los jóvenes que a los trabajadores de mayor edad y experiencia, y suelen ser los primeros en ser despedidos o en ver un recorte de sus horas de trabajo. Los jóvenes se desempeñan principalmente en algunas de las industrias más afectadas por la pandemia de la COVID-19: comercio, hotelería y servicios de comidas.
En este contexto de crisis sanitaria, la prevalencia de la informalidad y los bajos ingresos en los ocupados jóvenes hace difícil que puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social para preservar su salud. En relación con lo anterior, los jóvenes se encuentran mayormente excluidos de la seguridad social y no tienen acceso a los seguros de desempleo o a licencias pagadas por enfermedad. Las mujeres son las que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y es de esperar que deban soportar una carga desproporcionada de las tareas de cuidado ante el cierre de escuelas y otros espacios de cuidado.
En América Latina existe abundante experiencia en materia de políticas específicas para la población joven, que incluyen programas de capacitación, contratos de formación o aprendizaje, programas de subsidio al empleo y regímenes especiales para jóvenes.
Sin embargo, la asignatura pendiente en casi todos los países de la región es la implementación de un piso de protección social que garantice una cobertura universal de calidad y la seguridad del ingreso a lo largo de todo el ciclo vital, como parte de un sistema integral de protección social. El contexto actual de la pandemia se constituye en un nuevo llamado a los decisores de políticas para su urgente ejecución.
Es de esperar que, en Ecuador, el espacio fiscal para políticas públicas que amortigüen los efectos de la crisis y mejoren la cobertura de la protección social para la totalidad de la población, en especial para jóvenes y mujeres, sea exiguo en el mediano plazo. Ante la caída en los ingresos petroleros, las limitaciones para endeudarse y las restricciones que la dolarización impone para lograr financiamiento monetario de emergencia, la OIT resalta la necesidad de girar la mirada hacia las posibilidades de ampliar el espacio fiscal mediante el incremento en la recaudación tributaria.
Este documento ha sido elaborado en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (PATSS) que la OIT lleva a cabo con el IESS, y del Programa Interagencial de Protección Social ejecutado por la OIT como agencia líder, en conjunto con ONU Mujeres y PNUD, para extender la protección social hacia hombres y mujeres jóvenes en situación de informalidad económica.
En Ecuador viven aproximadamente 3 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años, el 25% de la población en edad de trabajar. El 21% de ellos vive en hogares pobres por ingresos, y en diciembre 2019, por cada 100 jóvenes de esas edades, 57 estaban ocupados, 6 desocupados y 37 inactivos. Dentro de los ocupados, sólo el 31% de los hombres y el 34,7% de las mujeres estaban afiliados a la seguridad social. Se trata de niveles de protección social muy inferiores a los correspondientes a la población adulta.
Este panorama se ve aún más agravado en el actual contexto de pandemia, debido a que las recesiones afectan más a los jóvenes que a los trabajadores de mayor edad y experiencia, y suelen ser los primeros en ser despedidos o en ver un recorte de sus horas de trabajo. Los jóvenes se desempeñan principalmente en algunas de las industrias más afectadas por la pandemia de la COVID-19: comercio, hotelería y servicios de comidas.
En este contexto de crisis sanitaria, la prevalencia de la informalidad y los bajos ingresos en los ocupados jóvenes hace difícil que puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social para preservar su salud. En relación con lo anterior, los jóvenes se encuentran mayormente excluidos de la seguridad social y no tienen acceso a los seguros de desempleo o a licencias pagadas por enfermedad. Las mujeres son las que presentan una situación de mayor vulnerabilidad y es de esperar que deban soportar una carga desproporcionada de las tareas de cuidado ante el cierre de escuelas y otros espacios de cuidado.
En América Latina existe abundante experiencia en materia de políticas específicas para la población joven, que incluyen programas de capacitación, contratos de formación o aprendizaje, programas de subsidio al empleo y regímenes especiales para jóvenes.
Sin embargo, la asignatura pendiente en casi todos los países de la región es la implementación de un piso de protección social que garantice una cobertura universal de calidad y la seguridad del ingreso a lo largo de todo el ciclo vital, como parte de un sistema integral de protección social. El contexto actual de la pandemia se constituye en un nuevo llamado a los decisores de políticas para su urgente ejecución.
Es de esperar que, en Ecuador, el espacio fiscal para políticas públicas que amortigüen los efectos de la crisis y mejoren la cobertura de la protección social para la totalidad de la población, en especial para jóvenes y mujeres, sea exiguo en el mediano plazo. Ante la caída en los ingresos petroleros, las limitaciones para endeudarse y las restricciones que la dolarización impone para lograr financiamiento monetario de emergencia, la OIT resalta la necesidad de girar la mirada hacia las posibilidades de ampliar el espacio fiscal mediante el incremento en la recaudación tributaria.
Este documento ha sido elaborado en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (PATSS) que la OIT lleva a cabo con el IESS, y del Programa Interagencial de Protección Social ejecutado por la OIT como agencia líder, en conjunto con ONU Mujeres y PNUD, para extender la protección social hacia hombres y mujeres jóvenes en situación de informalidad económica.