El proyecto contribuyó a fortalecer capacidades institucionales, consolidar espacios de diálogo social y promover una cultura de cumplimiento de los derechos laborales en el país. Entre marzo 2024 y junio 2026, la iniciativa apoyó procesos clave para modernizar la inspección laboral, incorporar el enfoque de género en la gestión institucional y avanzar en la protección de mujeres trabajadoras y poblaciones en condición de vulnerabilidad, sentando bases para una acción más estratégica, preventiva y sostenible de la inspección del trabajo en el país.
