¿Por qué el diálogo social es clave para construir sistemas de pensiones en los que las personas confíen?

Las pensiones figuran entre los temas de política pública más debatidos en América Latina. En toda la región, los gobiernos enfrentan una creciente presión para garantizar ingresos en la vejez, al tiempo que responden a los cambios demográficos, la persistente informalidad laboral y las restricciones fiscales.

El desafío no es solo técnico. También es político y social.

Las preguntas sobre quién contribuye, quién se beneficia, cómo se distribuyen los costos y qué nivel de protección debe ofrecer una sociedad implican, inevitablemente, decisiones complejas. Como resultado, las reformas de pensiones suelen generar intensos debates públicos. La experiencia en América Latina sugiere que las reformas tienen más probabilidades de perdurar cuando se construyen a través del diálogo y de amplios consensos sociales, y no únicamente mediante soluciones técnicas diseñadas de manera restringida.

Este artículo se basa en el capítulo The Role of International Institutions and Social Dialogue: Pensions in Latin America, de Fabio Bertranou, Guillermo Montt y Andrés Biehl*, publicado en The Oxford Handbook of Social Policies in the Global South, volumen editado por Armando Barrientos, Matthew Carnes, S.J., Huck-ju Kwon, Herbert Obinger, Leila Patel y Carina Schmitt en junio de 2026.

Más que un debate técnico

Los sistemas de pensiones suelen analizarse en términos de tasas de contribución, edades de jubilación, rentabilidad de las inversiones o sostenibilidad fiscal. Estos aspectos son importantes, pero cuentan solo una parte de la historia.

En esencia, los sistemas de pensiones reflejan un contrato social entre generaciones. Las personas trabajadoras contribuyen durante su vida activa con la expectativa de recibir protección en la vejez. Los empleadores, los gobiernos y la sociedad en su conjunto desempeñan un papel en el sostenimiento de ese contrato.

Por esta razón, las reformas de pensiones rara vez tienen éxito cuando se centran exclusivamente en indicadores financieros. Incluso las reformas técnicamente sólidas pueden enfrentar dificultades si la ciudadanía las percibe como injustas o si los actores sociales clave se sienten excluidos de la toma de decisiones.

La confianza importa. También la legitimidad.

Es aquí donde el diálogo social adquiere una importancia particular.

El diálogo social comprende las negociaciones, consultas e intercambios entre gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común. En muchos países ha contribuido a definir políticas laborales, salarios mínimos y regulaciones del trabajo. Sin embargo, su aporte a las políticas de pensiones ha recibido comparativamente menos atención.

El diálogo social, por sí solo, no garantiza el éxito de una reforma, pero su importancia en materia previsional es difícil de subestimar. Pocas áreas de política pública requieren tanto diálogo. Las decisiones que se toman hoy pueden afectar a trabajadores y jubilados durante décadas. Construir acuerdos en torno a esas decisiones puede fortalecer tanto la sostenibilidad como la legitimidad de las reformas.

La contribución de la OIT a través de las normas internacionales y el tripartismo

Desde su creación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha promovido el diálogo social como una vía para abordar desafíos económicos y sociales mediante la cooperación, en lugar del conflicto.

La singular estructura tripartita de la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores para desarrollar normas internacionales del trabajo y soluciones de política pública. La seguridad social, incluidas las pensiones, ha sido durante mucho tiempo parte de este esfuerzo.

Con el paso de los años, las normas internacionales del trabajo han contribuido a establecer principios fundamentales que siguen orientando a los sistemas de pensiones en todo el mundo. Entre ellos figuran el derecho a la seguridad de ingresos en la vejez, los mecanismos de mancomunación de riesgos, la solidaridad entre generaciones y la importancia de una amplia participación social en la gobernanza de los sistemas de protección social.

El Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), contribuyó a consolidar la idea de que la seguridad social debe proteger frente a los principales riesgos a lo largo de la vida, incluida la vejez. Más recientemente, la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), reforzó la importancia de garantizar una seguridad básica de ingresos para todas las personas, incluidas aquellas que no pueden acceder a regímenes contributivos.

En conjunto, estos instrumentos reflejan una visión más amplia de la protección social: una que combina sostenibilidad financiera, inclusión social y acceso universal.

También ponen de relieve una lección esencial. Los sistemas de pensiones no son simplemente mecanismos financieros. Son instituciones sociales que requieren confianza pública y compromiso colectivo.

Lecciones de las reformas de pensiones en América Latina

América Latina ofrece valiosas lecciones sobre la relación entre reforma previsional y diálogo social.

A partir de las décadas de 1980 y 1990, muchos países introdujeron reformas profundas en sus sistemas de pensiones. Algunas buscaron ampliar la gestión privada; otras intentaron mejorar la cobertura, fortalecer los sistemas públicos o incorporar nuevas formas de solidaridad.

Los resultados han sido diversos, pero ha surgido un desafío común: las reformas previsionales suelen enfrentar dificultades cuando carecen de una amplia legitimidad social.

Esto resulta especialmente relevante en una región donde la informalidad laboral sigue siendo elevada. Millones de personas transitan entre empleos formales e informales a lo largo de su vida laboral o permanecen durante largos períodos fuera de los sistemas contributivos. Como consecuencia, muchas llegan a la vejez con derechos previsionales limitados.

Abordar estas brechas exige equilibrar múltiples objetivos. Los sistemas de pensiones deben proporcionar prestaciones adecuadas, mantenerse financieramente viables y ampliar la protección a grupos históricamente excluidos.

Estos objetivos no siempre pueden conciliarse únicamente mediante cálculos técnicos. Con frecuencia requieren complejos procesos de negociación política y amplios consensos sociales.

En este contexto, el diálogo social puede ayudar a comprender mejor las compensaciones entre distintos objetivos, mejorar la transparencia y generar espacios para acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales.

Lo que revelan los casos de Chile, México y Uruguay

Las experiencias de Chile, México y Uruguay ilustran distintos enfoques de reforma previsional y diálogo social.

Chile ha estado durante décadas en el centro de los debates internacionales sobre políticas de pensiones. El descontento ciudadano con los resultados del sistema contribuyó a impulsar demandas de reforma y puso de relieve la importancia de la legitimidad en los sistemas de protección social. Los debates más recientes han involucrado una discusión pública más amplia y esfuerzos por responder a preocupaciones relacionadas con la suficiencia de las prestaciones, la solidaridad y la cobertura.

México ha implementado una serie de ajustes orientados a fortalecer la protección de ingresos en la vejez y ampliar el acceso al sistema. El diálogo entre instituciones gubernamentales, empleadores y trabajadores ha desempeñado un papel importante en la definición de las reformas y en la identificación de áreas susceptibles de mejora.

Uruguay, por su parte, ha mantenido históricamente instituciones más sólidas de diálogo social y negociación colectiva. Aunque los debates sobre pensiones también han sido complejos, su experiencia demuestra el valor de contar con mecanismos consolidados que permitan la participación de los distintos actores en discusiones sobre políticas sociales de largo plazo.

Los tres casos difieren significativamente en sus arreglos institucionales y trayectorias de reforma. Sin embargo, apuntan hacia una misma lección: las reformas previsionales duraderas requieren más que conocimientos técnicos. También necesitan mecanismos que permitan escuchar y conciliar intereses y perspectivas diversas.

Construir sistemas de pensiones en los que las personas confíen

El futuro de las pensiones en América Latina estará marcado por fuertes tendencias demográficas, fiscales, económicas y laborales.

El envejecimiento de la población se acelera. El espacio fiscal es estrecho. Los mercados laborales continúan transformándose. Las nuevas formas de empleo generan oportunidades, pero también plantean interrogantes sobre cómo las personas pueden acumular derechos previsionales a lo largo de trayectorias laborales cada vez más diversas.

Al mismo tiempo, la ciudadanía exige mayores niveles de transparencia, equidad y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas.

Estos desafíos refuerzan la necesidad de sistemas de pensiones que combinen sostenibilidad y solidaridad.

La solidaridad suele interpretarse erróneamente como un concepto exclusivamente financiero. En realidad, refleja un principio más amplio: la idea de que las sociedades comparten la responsabilidad de proteger a las personas frente a riesgos que no pueden afrontar por sí solas. En los sistemas de pensiones, esto puede implicar apoyo entre generaciones, grupos de ingresos o categorías de trabajadores.

El diálogo social ayuda a traducir este principio en decisiones concretas de política pública. Genera oportunidades para construir consensos, fortalecer la confianza y asegurar que las reformas respondan no solo a realidades económicas, sino también a expectativas sociales.

Mirando hacia adelante

Es poco probable que el debate sobre las pensiones en América Latina se vuelva más sencillo en los próximos años. Seguirán siendo necesarias decisiones difíciles y ningún modelo único podrá responder a las diversas realidades de la región.

Sin embargo, una lección destaca por encima de las demás.

Los sistemas de pensiones tienen más probabilidades de éxito cuando las personas los perciben como justos, inclusivos y capaces de responder a sus necesidades. Alcanzar ese objetivo requiere un diseño técnico sólido, pero también requiere diálogo.

Al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para debatir desafíos compartidos y construir soluciones colectivas, el diálogo social puede contribuir a desarrollar sistemas de pensiones que no solo sean financieramente sostenibles, sino también socialmente legítimos y dignos de la confianza de las personas a las que están destinados.

Sobre los autores

Fabio Bertranou es Director Regional Adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe. Guillermo Montt es Especialista en Protección Social de la OIT para el Cono Sur. Andrés Biehl es profesor asociado de Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Descargo de responsabilidad

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Organización Internacional del Trabajo.