América Latina y el Caribe ante el desafío de ampliar la cobertura previsional
La región enfrenta una doble presión: altos niveles de informalidad laboral y un rápido envejecimiento de la población. Ampliar la cobertura previsional ya no es solo una aspiración de política social, sino una necesidad urgente para proteger a las personas mayores y fortalecer la cohesión social.
La cobertura previsional expresa el alcance de los sistemas de protección económica asociados a la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Incluye tanto a las personas que cotizan durante su vida activa como a quienes acceden a prestaciones, contributivas o no contributivas, cuando enfrentan estas contingencias. En otras palabras, permite identificar quiénes están dentro del sistema, quiénes contribuyen a financiarlo y quiénes reciben protección al finalizar su vida laboral. Su importancia para América Latina y el Caribe radica en que es una herramienta clave para prevenir la pobreza en la vejez y asegurar ingresos adecuados cando las personas dejan de trabajar y transitan hacia el retiro.
Sin embargo, este objetivo enfrenta obstáculos estructurales. El principal es la elevada informalidad laboral. Más de la mitad de las personas ocupadas en la región es informal, lo que excluye a millones de trabajadoras y trabajadores de los mecanismos contributivos tradicionales. Cuando una parte importante de la fuerza laboral no cotiza de manera regular, la cobertura previsional se vuelve limitada, las prestaciones pueden resultar insuficientes y aumenta la presión sobre los componentes no contributivos financiados por el Estado.
Ampliar la cobertura previsional ya no es solo una aspiración de política social, sino una necesidad urgente para proteger a las personas mayores y fortalecer la cohesión social.
Fabio Bertraonu, Director Regional Adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe
Fabio Bertranou, Director Regional Adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, durante el Foro Internacional “Sistema previsional moderno, inclusivo y sostenible en el Perú”. Lima, 30 de abril de 2026.
En este contexto, ampliar la cobertura previsional ya no es solo una aspiración de política social, sino una necesidad urgente para proteger a las personas mayores y fortalecer la cohesión social.
A este desafío se suma el cambio demográfico. Hacia 2060, la cantidad de personas mayores en América Latina y el Caribe se duplicará respecto a 2030 y alcanzará cerca de 220 millones, lo que representará casi el 30 por ciento de la población. Al mismo tiempo, habrá cada vez más personas mayores en relación con la población en edad de trabajar: la tasa de dependencia pasará de 15 a 40 personas mayores por cada 100 personas en edad de trabajar. Los sistemas previsionales deberán responder a una población más envejecida, con mayores necesidades de protección y menos margen para postergar reformas.
La historia previsional de la región muestra que no existe una solución única. Entre 1920 y 1980 se expandieron los sistemas ligados al empleo formal urbano, generalmente fragmentados y con niveles de cobertura que rara vez superaban entre el 30 y el 35 por ciento de la población económicamente activa. Entre 1981 y 2000, varios países impulsaron reformas basadas en la capitalización individual, con la expectativa de ampliar la cobertura y reducir la carga financiera para los gobiernos. Esa promesa no se materializó en los términos esperados. Desde inicios de los años 2000, la región avanzó hacia una protección previsional más amplia. Lo hizo mediante pensiones no contributivas, es decir, prestaciones financiadas por el Estado para quienes no pudieron cotizar lo suficiente; reformas paramétricas, que ajustan reglas como la edad de jubilación, los años de aporte o la forma de calcular las prestaciones; y un renovado debate sobre los sistemas multipilares, que combinan componentes contributivos, no contributivos y semicontributivos para responder mejor a la diversidad en las trayectorias laborales.
Los sistemas multipilares articulan componentes que cumplen funciones complementarias: prevenir la pobreza en la vejez, ofrecer aseguramiento frente a contingencias y ampliar las posibilidades de ahorro previsional. Esta mirada resulta especialmente pertinente en una región caracterizada por trayectorias laborales heterogéneas y densidades contributivas bajas.
El panorama actual sigue siendo diverso. El promedio regional de cotizantes activos sobre el total de ocupados se ubica en torno al 47 por ciento, pero las diferencias entre países son amplias. Uruguay, Chile y Costa Rica superan el 60 por ciento; Perú se sitúa en 29 por ciento, y Paraguay y Bolivia presentan niveles aún más bajos. Esta heterogeneidad confirma que la cobertura previsional no depende solo del diseño del sistema de pensiones. También está vinculada con la estructura del mercado laboral, el espacio fiscal disponible y la capacidad institucional para sostener políticas de largo plazo.
Por eso, un sistema previsional moderno debe equilibrar tres objetivos: cobertura, suficiencia y sostenibilidad. La cobertura remite a quiénes están protegidos; la suficiencia, a si las prestaciones permiten una vida digna en la vejez; y la sostenibilidad, a si el sistema es financieramente viable en el mediano y largo plazo. Ningún pilar, por sí solo, resuelve simultáneamente estas tres dimensiones.
El pilar no contributivo es clave para llegar a quienes han quedado fuera del empleo formal, incluidas personas en situación de pobreza, trabajadores informales y muchos independientes. Su fortaleza es que permite ampliar con rapidez la protección y reducir la pobreza en la vejez, aunque plantea desafíos de financiamiento. El pilar contributivo sigue siendo central para quienes tienen trayectorias laborales formales y densidad de cotización suficiente. Un componente semicontributivo puede ser una herramienta valiosa para personas con trayectorias interrumpidas o ingresos irregulares, siempre que cuente con apoyos fiscales y parámetros bien diseñados.
Ampliar la cobertura previsional de manera sostenible exige actuar en varios frentes: políticas de formalización laboral, mecanismos de cotización más simples y flexibles para trabajadores independientes, mayor educación financiera y previsional, herramientas de inscripción automática y portabilidad de derechos entre regímenes. También requiere fortalecer la capacidad fiscal y construir acuerdos sociales amplios que den legitimidad y estabilidad a las reformas.
América Latina y el Caribe no parte de cero, pero tampoco puede conformarse con avances parciales. En un contexto de alta informalidad y rápido envejecimiento, ampliar la cobertura previsional no es solo una tarea técnica: es una decisión estratégica para construir sociedades más justas, inclusivas y preparadas para el futuro.