La crisis en Oriente Medio: la importancia de activar el diálogo social desde una fase temprana

La crisis en Oriente Medio, y las perturbaciones que sigue generando en las rutas de transporte y la actividad económica, han provocado fuertes repercusiones en el mundo del trabajo y en la economía mundial en general. El análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que los efectos ya se están extendiendo más allá de la región, y que los precios de la energía, las interrupciones de las cadenas de suministro, la menor confianza de los inversores y las presiones sobre los flujos migratorios y las remesas están ejerciendo una presión considerable sobre los empleos, los ingresos y las condiciones de trabajo. Según el Banco Mundial, se espera una desaceleración del crecimiento en un contexto de mayor incertidumbre, precios más elevados de las materias primas, mayores presiones inflacionarias y tensiones financieras. Muchos gobiernos ya han comenzado a responder mediante una serie de medidas fiscales, energéticas y de protección social measures destinadas a apoyar la continuidad de las empresas, proteger a los hogares y mitigar los efectos económicos inmediatos de la crisis, aunque el alcance de estas respuestas depende en gran medida del espacio fiscal disponible.

Sin embargo, esta situación no impide que los países adopten medidas adicionales para garantizar que las necesidades de las empresas y de los trabajadores se aborden adecuadamente en las respuestas a la crisis. De hecho, las experiencias de crisis anteriores —como la crisis financiera de finales de la década de 2000 y la pandemia de COVID-19 a principios de 2020— ofrece razones sólidas para actuar de manera proactiva e inclusiva a fin de diseñar medidas con un enfoque más centrado en el empleo y los ingresos. Estas crisis demostraron con qué rapidez las perturbaciones externas pueden traducirse en pérdidas de empleo, cierre de empresas y aumento de la desigualdad. También demostraron que los países que reunieron tempranamente a gobiernos, empleadores y trabajadores a través del diálogo social estuvieron, en general, mejor preparados para afrontar la crisis y evitar retrocesos duraderos en materia de trabajo decente.

El diálogo social —ya sea mediante la negociación, la consulta o el intercambio de información— reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores para identificar prioridades comunes, resolver problemas prácticos y desarrollar respuestas viables y ampliamente respaldadas.

El tiempo es un factor clave. Las crisis económicas suelen tardar en transmitirse a los mercados de trabajo y a la actividad empresarial, lo que crea una ventana de oportunidad estrecha pero importante para actuar. Aunque la situación en Oriente Medio sigue evolucionando, activar el diálogo social desde una fase temprana es esencial para diseñar e implementar respuestas que aborden tanto los impactos inmediatos como los emergentes en el mercado de trabajo, a medida que sus efectos se extienden por sectores, industrias y países.

Cuando el diálogo social se activa tempranamente, es posible introducir medidas para proteger salarios, empleos, ingresos, pequeñas empresas y trabajadores vulnerables antes de que las pérdidas se consoliden, evitando que los choques temporales se conviertan en daños duraderos. Cuando su activación se retrasa hasta que las condiciones del mercado de trabajo ya se han deteriorado, aumenta el riesgo de efectos más profundos y persistentes, incluida una mayor desigualdad y tensiones sociales. Es importante señalar que no es necesario esperar a que se resuelvan los aspectos políticos de la crisis en Oriente Medio para activar el diálogo social. Las consecuencias laborales y sociales ya están emergiendo, y las instituciones pueden comenzar a abordarlas desde ahora.

Los distintos países y sectores requerirán, por supuesto, diferentes tipos de intervenciones. Las distintas culturas de relaciones laborales también pueden privilegiar diferentes formas de diálogo —negociación, consulta o intercambio de información, ya sea bipartito o tripartito—. Sin embargo, la agenda central del diálogo social en tiempos de crisis es, en la mayoría de los casos, similar en todos los contextos. Suele incluir la protección de salarios e ingresos, la gestión de ajustes del tiempo de trabajo, el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo, la extensión de la protección social, el apoyo a los trabajadores informales y migrantes, refugiados y personas desplazadas, y la garantía de que los planes de recuperación generen trabajo decente.

Las instituciones necesarias para ello ya existen en muchos países. Donde son menos desarrolladas o débiles, la OIT está dispuesta a brindar apoyo técnico, incluso en el marco de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). Lo que se requiere es la voluntad política para garantizar su uso oportuno y eficaz.

La respuesta a la pandemia de COVID-19 ilustra bien este punto. En numerosos países, el diálogo social, incluido la negociación colectiva, demostró ser una herramienta práctica y eficaz para gestionar la disrupción, incluso en regiones donde las instituciones formales de diálogo social eran históricamente menos desarrolladas. A nivel de empresa, permitió a las empresas adaptarse manteniendo empleos e ingresos mediante medidas como reducciones negociadas del tiempo de trabajo, ajustes salariales temporales vinculados a garantías de empleo y la reasignación de competencias. A nivel nacional, la participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores contribuyó a respuestas de recuperación más coherentes, a una mayor aceptación de medidas difíciles y a una aplicación más estable. Esto no debería sorprender. Las grandes crisis pueden actuar como una fuerza de “federación”, reuniendo a gobiernos e interlocutores sociales en torno a un conjunto compartido de riesgos y a un objetivo común: limitar sus efectos.

Los responsables de políticas pueden sentirse comprensiblemente impulsados a actuar de forma unilateral o a retrasar el diálogo social en nombre de la urgencia. Sin embargo, la gestión de crisis rara vez es un ejercicio puramente técnico. Implica decisiones complejas en contextos cambiantes, en los que intervienen múltiples factores. La forma en que se toman estas decisiones influye directamente en la distribución de riesgos y costes, en la extensión de la protección, en el equilibrio entre prioridades de política y en la configuración de la recuperación. Optar por una formulación de políticas inclusiva aumenta la probabilidad de alinear intereses, equilibrar respuestas y adaptar soluciones a condiciones cambiantes. Por el contrario, las respuestas unilaterales pueden resultar más difíciles de aplicar y socialmente más costosas, debilitando las relaciones laborales y la cohesión social.

La activación temprana del diálogo social como parte de la respuesta a la crisis no solo ayudará a los mercados de trabajo a resistir este impacto y recuperarse de forma más sostenible; también puede fortalecer la confianza pública en las instituciones y la participación democrática en un momento en que ambas se encuentran bajo presión.