La formación profesional y la certificación de competencias laborales como herramientas para lograr una migración laboral segura, ordenada y regular, así como una integración socioeconómica sostenible

En un mundo cada vez más globalizado y con alta movilidad humana, las personas refugiadas, migrantes y retornadas enfrentan numerosos obstáculos para validar sus títulos de formación o certificar sus competencias laborales en sus países de acogida.

A pesar de su potencial para contribuir al crecimiento económico, los mercados laborales y las finanzas públicas, sus capacidades a menudo no son aprovechadas al máximo. La formación profesional (FP) y la certificación de competencias laborales (CCL) son herramientas clave para superar estos desafíos.

La FP permite desarrollar las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral. La CCL actúa como un nexo entre las personas migrantes que buscan empleo y el sector empleador. Una migración segura, ordenada y regular facilita el acceso a estos servicios, promoviendo la inclusión laboral decente.

Esto, a su vez, contribuye a la estabilidad económica y social, favoreciendo una integración sostenible que no solo cierra brechas en el mercado laboral, sino que también promueve la cohesión social y el desarrollo económico inclusivo.

Las políticas y acuerdos sólidos, a nivel institucional, nacional y regional, son determinantes para definir el grado de apertura y receptividad de los servicios de FP y CCL hacia las personas migrantes. Sin embargo, en ocasiones la dificultad está en la implementación operativa, donde es frecuente observar dificultades de acceso y permanencia.

Los servicios complementarios —de cuidados de personas a cargo, acompañamiento y contención, o subsidios de transporte o alimentación— se posicionan como un factor crucial para asegurar la participación sostenida de personas en situación de vulnerabilidad.

La FP y la CCL, articuladas con los servicios públicos de empleo antes, durante y después de su implementación, maximizan su impacto conjunto en la ruta formativo-laboral. El reconocimiento mutuo de competencias entre países facilita la migración y el empleo, potenciando la movilidad laboral segura y ordenada. Esto beneficia tanto a las personas migrantes como a las economías de los países de acogida, que pueden aprovechar plenamente el capital humano recibido.

Desarrollar estrategias basadas en evidencia potencia la eficacia en el diseño e implementación de la FP y la CCL, alineándolas con las necesidades
del mercado laboral y de las personas migrantes. Asimismo, es imprescindible incorporar un enfoque de género que identifique y elimine las barreras existentes, garantizando la equidad en la oferta de programas y en los mecanismos de apoyo complementario.

Los países de la región se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de sus sistemas de FP y CCL, y presentan realidades migratorias diversas. Sin embargo, en todos los casos es posible trazar estrategias de corto, mediano y largo plazo en una hoja de ruta flexible y adaptable, que permita medir los avances de forma progresiva, reconociendo que los puntos de partida son diferentes.