América Latina y el Caribe
Desarrollo productivo es clave para enfrentar vulnerabilidad del empleo rural en tiempos de COVID-19
Informalidad de más de 70% caracteriza el trabajo en el campo, que está claramente diferenciado entre actividades agrícolas y, cada vez más, no-agrícolas. OIT convocó un conversatorio virtual con representantes de trabajadores y empleadores y, además, publicó dos informes sobre este tema en su serie Panorama Laboral.
Lima – El empleo rural en América Latina y el Caribe está caracterizado por alta vulnerabilidad ante una crisis sin precedentes como la que ha provocado la COVID-19 debido a factores como una informalidad laboral superior al 70%, frente a lo cual es urgente diseñar políticas de desarrollo productivo eficientes, se destacó hoy en un conversatorio convocado por OIT.
“En el momento de pensar como logramos una nueva normalidad después de esta crisis, será necesario enfrentar las condiciones preexistentes” que han hecho vulnerable a la región, destacó el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, al iniciar el encuentro virtual sobre “COVID 19: Empleo, informalidad y transformación productiva en la economía rural”.
Según destacó la OIT en este encuentro el impacto en el empleo generado por la COVID-19 puso en evidencia que “tenemos economías con niveles medio-bajos de productividad, alta heterogeneidad e informalidad y con dificultades para generar trabajo decente”.
Las políticas de desarrollo productivo son esenciales para dinamizar las economías rurales, agregó el análisis de la organización contenido en dos notas técnicas de la serie Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19.
La primera Nota técnica “Efectos de la Covid-19 en la economía rural de América Latina”, busca determinar y analizar los efectos de la pandemia en la economía rural en América Latina y el Caribe, y en especial sobre el empleo agrícola y no agrícola. La segunda, “Políticas de desarrollo productivo para la transición a la formalidad en la economía rural de América Latina y el Caribe”, provee sugerencias muy concretas de cómo lograr el objetivo de la formalización rural.
En la conversación virtual sobre empleo rural convocada por OIT este martes participaron Sergio Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE del Perú, Rosane Bertotti, Representante del Grupo de Trabajadores (CUT - Brasil), y Pablo Dragún, Miembro Empleador del Consejo de Administración (UIA - Argentina).
El encuentro fue moderado por Mariangels Fortuny, Jefa de la Unidad de Forestaría, Construcción, Agricultura, y Turismo del Departamento de SECTOR de OIT en Ginebra, y contó con la presentación del contenido de los dos informes por parte de Efraín Quicaña, especialista regional en economía rural de OIT.
Antes de la pandemia, el 19,2% del total de ocupados de América Latina formaban parte del empleo rural (agrícola y no agrícola), representando esto un número cercano a 52 millones de trabajadores ocupados. La importancia del sector es mayor en varios países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y el Salvador, incluso en el caso del primero 1 de cada 2 trabajadores se ocupa en el empleo rural. En Sudamérica, Bolivia, Paraguay y Ecuador son quienes presentan mayor participación de la PEA Rural.
El empleo rural se divide en dos grandes categorías, el agrícola que tiene que ver con las actividades tradicionalmente asociadas al trabajo en el campo que abarca 52% de os ocupados, y un creciente sector no-agrícola, que abarca actividades como comercio, turismo, servicios y manufactura, con 48% del total.
Actualmente la generación de ingresos es más elevada en el sector no-agrícola (58,5%) que en el agrícola (41,5%), según destacó Quicaña en su presentación.
Los estudios destacan que debido a la importancia estratégica de la producción agrícola para la seguridad alimentaria, el empleo rural ha sido menos afectado por la crisis actual, pero que al mismo tiempo hay grandes vulnerabilidades derivadas de los déficits de trabajo decente en el sector.
“A menudo los trabajadores agrícolas carecen de acceso a equipos de protección personal adecuados, al suministro de agua, a instalaciones sanitarias y están expuestos a riesgos de contagio, debido a la limitada implementación de políticas y medidas de seguridad y salud en las actividades agrícolas y no agrícolas”, dice el documento sobre “Efectos de la Covid-19 en la economía rural de América Latina”.
Esto plantea importantes retos en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo, cuya importancia es aún mayor en tiempos de pandemia.
Por otra parte, se advierte que la disminución de ingresos asociada a esta crisis repercute en forma especial en el empleo rural pues el 76,2% de los ocupados rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. La tasa es de 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%.
En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.
En su presentación, Quicaña destacó que frente a este escenario se requiere avanzar en:
“En el momento de pensar como logramos una nueva normalidad después de esta crisis, será necesario enfrentar las condiciones preexistentes” que han hecho vulnerable a la región, destacó el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, al iniciar el encuentro virtual sobre “COVID 19: Empleo, informalidad y transformación productiva en la economía rural”.
Según destacó la OIT en este encuentro el impacto en el empleo generado por la COVID-19 puso en evidencia que “tenemos economías con niveles medio-bajos de productividad, alta heterogeneidad e informalidad y con dificultades para generar trabajo decente”.
Las políticas de desarrollo productivo son esenciales para dinamizar las economías rurales, agregó el análisis de la organización contenido en dos notas técnicas de la serie Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19.
La primera Nota técnica “Efectos de la Covid-19 en la economía rural de América Latina”, busca determinar y analizar los efectos de la pandemia en la economía rural en América Latina y el Caribe, y en especial sobre el empleo agrícola y no agrícola. La segunda, “Políticas de desarrollo productivo para la transición a la formalidad en la economía rural de América Latina y el Caribe”, provee sugerencias muy concretas de cómo lograr el objetivo de la formalización rural.
En la conversación virtual sobre empleo rural convocada por OIT este martes participaron Sergio Rodríguez, Director Ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) y la Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE del Perú, Rosane Bertotti, Representante del Grupo de Trabajadores (CUT - Brasil), y Pablo Dragún, Miembro Empleador del Consejo de Administración (UIA - Argentina).
El encuentro fue moderado por Mariangels Fortuny, Jefa de la Unidad de Forestaría, Construcción, Agricultura, y Turismo del Departamento de SECTOR de OIT en Ginebra, y contó con la presentación del contenido de los dos informes por parte de Efraín Quicaña, especialista regional en economía rural de OIT.
Antes de la pandemia, el 19,2% del total de ocupados de América Latina formaban parte del empleo rural (agrícola y no agrícola), representando esto un número cercano a 52 millones de trabajadores ocupados. La importancia del sector es mayor en varios países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y el Salvador, incluso en el caso del primero 1 de cada 2 trabajadores se ocupa en el empleo rural. En Sudamérica, Bolivia, Paraguay y Ecuador son quienes presentan mayor participación de la PEA Rural.
El empleo rural se divide en dos grandes categorías, el agrícola que tiene que ver con las actividades tradicionalmente asociadas al trabajo en el campo que abarca 52% de os ocupados, y un creciente sector no-agrícola, que abarca actividades como comercio, turismo, servicios y manufactura, con 48% del total.
Actualmente la generación de ingresos es más elevada en el sector no-agrícola (58,5%) que en el agrícola (41,5%), según destacó Quicaña en su presentación.
Los estudios destacan que debido a la importancia estratégica de la producción agrícola para la seguridad alimentaria, el empleo rural ha sido menos afectado por la crisis actual, pero que al mismo tiempo hay grandes vulnerabilidades derivadas de los déficits de trabajo decente en el sector.
“A menudo los trabajadores agrícolas carecen de acceso a equipos de protección personal adecuados, al suministro de agua, a instalaciones sanitarias y están expuestos a riesgos de contagio, debido a la limitada implementación de políticas y medidas de seguridad y salud en las actividades agrícolas y no agrícolas”, dice el documento sobre “Efectos de la Covid-19 en la economía rural de América Latina”.
Esto plantea importantes retos en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo, cuya importancia es aún mayor en tiempos de pandemia.
Por otra parte, se advierte que la disminución de ingresos asociada a esta crisis repercute en forma especial en el empleo rural pues el 76,2% de los ocupados rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. La tasa es de 85,7% de los trabajadores ocupados en el sector agrícola, mientras en el sector no agrícola la tasa de informalidad fue de 65,8%.
En el caso de las mujeres, la proporción de informalidad es mayor a la de los hombres, destacándose que en sector agrícola la tasa ha alcanzado el 91,6%.
En su presentación, Quicaña destacó que frente a este escenario se requiere avanzar en:
- Extensión de la seguridad social a las poblaciones rurales.
- Políticas públicas orientadas a entornos rurales y con enfoques innovadores.
- Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación público-privada para impulsar políticas públicas para la promoción del trabajo decente.
- Transformación de las unidades económicas mediante políticas de desarrollo productivo con trabajo decente
El análisis de OIT considera que la gran mayoría de la informalidad rural se caracteriza por empleo en unidades poco productivas.
“Las políticas de desarrollo productivo son indispensables, por un lado, para promover la inserción de las unidades productivas en cadenas de valor formales y, por el otro, para fomentar una agricultura familiar moderna capaz de garantizar la disponibilidad, el acceso y el uso de más y mejores alimentos”, agregó el análisis.
“Las políticas de desarrollo productivo son indispensables, por un lado, para promover la inserción de las unidades productivas en cadenas de valor formales y, por el otro, para fomentar una agricultura familiar moderna capaz de garantizar la disponibilidad, el acceso y el uso de más y mejores alimentos”, agregó el análisis.