VII Jornada Anual de la Academia de Centroamérica sobre la Crisis internacional y el impacto sobre el Mercado Laboral

En los últimos tres años, se creó el Consejo Económico y Social en El Salvador, se estableció el Consejo Nacional del Trabajo en Nicaragua, se reorganizó el Consejo Superior de Trabajo en Costa Rica, se reactivó el Consejo Económico y Social en Honduras y se estableció la Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial en República Dominicana, entre otras iniciativas.

Diferentes procesos de diálogo, en instancias formales, se dan tanto dentro como fuera del ámbito de los ministerios de trabajo. Allí el tripartismo se han concentrado en temas vinculados con la administración laboral; sin embargo la situación económica mundial demanda ampliar la agenda hacia aquellos aspectos claves para el crecimiento sustentable con generación suficiente de empleos productivos y trabajo decente. Esta ampliación requiere de actores sólidos, mejor preparados, bien informados técnicamente y con la más amplia representatividad y legitimidad institucional posibles.

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores así como las instituciones públicas deben fortalecerse para imprimir mayor calidad a un diálogo que, por su naturaleza, puede permitir la generación de consensos en los que se pueden sustentar políticas públicas y decisiones privadas que permitan consolidar un modelo de desarrollo eficiente, inclusivo y con pleno respeto a los derechos de las personas.

1. Recientemente, en la región, se han abierto procesos de diálogo en temas sensibles como el salario mínimo. Gracias a los avances en el diálogo social en este campo se ha podido establecer el Proyecto Better Work/Mejor Trabajo en la Zona Franca Textil de Nicaragua.

La OIT, en los últimos tiempos, se ha esforzado por animar y ayudar a revitalizar y focalizar el diálogo social -desde el enfoque del trabajo decente- con el apoyo de la Consejo Sindical de Unitario de América Central (CSU), de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) y de sus integrantes. Además no pocas autoridades están comprometidas personalmente con el diálogo y existen instituciones públicas que lo tienen considerado en sus estrategias.

Negociaciones por sectores productivos así como aquellas descentralizadas han demostrado ser promisorias. La discusión bipartita sectorial comienza a verse como un espacio de diálogo que puede llegar a resultados. A nivel de empresa o de sector los temas son susceptibles de ser precisados y, por ello, mejor sistematizados y aptos para avanzar en una agenda común. Importante antecedente de diálogo bipartito es la Fundación del Trabajo en Panamá.

El mes pasado se ha publicado en “Estrategia y Negocios” el Suplemento sobre “Negociación Colectiva: Un apuesta por el diálogo” en la que se recogen algunas historias exitosas de la región como las de los Ingenios Taboga, El Ángel o San Antonio para citar únicamente las recogidas en la industria azucarera.

2. La efectividad del diálogo social así es crucial para la gobernabilidad democrática. Diálogo sin resultados no es sustentable, pues los actores y el proceso mismo se desgastan y desprestigian. Obviamente no se puede perder de vista la debilidad de la institucionalidad en la que, con frecuencia, este tipo de diálogo se desarrolla. Hay descontento ante la vulnerabilidad política y escasez de resultados de algunas instancias tripartitas nacionales. También hay debilidad en algunas instituciones de los actores sociales y existen sectores que se resisten a una verdadera participación tripartita. En algunas sociedades centroamericanas aún es difícil ejercer cabalmente la libertad sindical o algunos derechos laborales.

Se necesitan mecanismos para que el diálogo sea periódico, con adecuada preparación técnica, usando metodologías idóneas para llevar adelante el proceso negociador y buen monitoreo -ojalá participativo- para dar seguimiento a los acuerdos. Pero, sobre todo, se necesita de clara voluntad política.

La opinión pública centroamericana debe tomar mayor conciencia de la importancia que tiene el diálogo social efectivo, entre agentes productivos y gobiernos, para la convivencia social. Como lo señala la Carta Democrática Americana, que cumplió una década el pasado 11 de setiembre: “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.

La centralidad del diálogo tripartito para la democracia y el crecimiento económico con inclusión social debe ser adecuadamente ponderada en momentos que –en algunos países- se acrecienta la inseguridad ciudadana que amenaza a la gobernabilidad y el crecimiento del PBI es insuficiente para enfrentar las necesidades que tienen las grandes mayorías.

3. Es ingenuo creer que exista sólo una manera de conseguir crecimiento económico y progreso social. Los fundamentalismos como el pensamiento único o el partido único, atendiendo a los hechos y a la evolución de las ideas, debieran desaparecer. Cada país debe encontrar los mecanismos más adecuados para conseguir el mejor funcionamiento posible de su economía (armonizando estabilidad con crecimiento) así como la mayor cohesión social (articulando inclusión y participación). Para ello sirven el diálogo y la concertación.

Según lo define la OIT, el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas -e incluso el mero intercambio de información- entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. En el pacto social el Estado o las autoridades públicas –nacionales, regionales o locales– participan como actores junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, a veces, participan otros actores. Este pacto, por lo general, se centra en torno a políticas económicas y sociales y suele representar un consenso entre los participantes respecto de la orientación de las principales estrategias socioeconómicas.

Como lo señalara, hace un tiempo, un Presidente del Consejo Económico y Social de los Países Bajos: “Elemento imprescindible para la coordinación de la política socioeconómica es una comunicación fluida entre los más importantes agentes sociales, como empresarios, sindicatos y administración pública, estando -al actuar- dispuestos a tomar en cuenta los intereses ajenos”.

La década pasada, pactos sociales permitieron a algunos países responder a desafíos socioeconómicos importantes a través de la conciliación de intereses diferentes: en la Unión Europea para preparar la introducción del euro; en Europa oriental para transitar de la planificación central a las economías de mercado y, en Asia, para hacer frente a crisis financieras y programas de ajuste estructural.

Los primeros pactos sociales en Latinoamérica son el Obrero-Industrial de México (1945) o el conocido como Triángulo de Escuintla en Guatemala (1947). La Concertación Nacional Programática facilitó la restauración democrática, de mediados de los ’80s, en Uruguay y en Chile, a comienzos de los ‘90s, una serie de pactos sirvieron para dar estabilidad a la transición democrática, reformar la tributación y mejorar la competitividad de la economía a partir del reconocimiento de la importancia de un desarrollo democrático e igualitario. La modernización mexicana en los ‘90s también utilizó este tipo de mecanismos.

4. Las instituciones de diálogo social pueden contribuir a la legitimación y el fortalecimiento de la democracia, fomentando el diálogo institucionalizado y la concertación social para la construcción de consensos que faciliten un proceso de desarrollo con inclusión y justicia social, a partir de la promoción del trabajo decente para todos.

Dado que es en el mundo del trabajo donde la gente decodifica su calidad de vida, la dificultad para acceder a empleos adecuadamente remunerados -que es, para las grandes mayoría, el medio principal para la obtención de ingresos y, por tanto, para progresar- ha frustrado, para los más, el acceso al bienestar. No extraña pues que las encuestas de opinión recojan la falta de empleo como el principal problema para los ciudadanos latinoamericanos.

El empleo que dignifica y permite el acceso a mayores niveles de bienestar no es cualquier trabajo. El trabajo decente se realiza en un ámbito que respeta los derechos laborales fundamentales, que recibe un ingreso digno, que permite acceder a la protección social y que no excluye el diálogo social. Es un trabajo que requiere de más y mejores empresas.

5. A comienzos del siglo pasado, según los analistas, jamás la economía desempeñó un papel tan importante en una guerra (la Primera Mundial, 1914-1918) ni tampoco un enfrentamiento bélico la transformó tanto. La industrialización europea fue crucial para el desarrollo del conflicto y las rutas comerciales se adecuaron al mapa de vencedores y vencidos.

En dicha coyuntura se afirmó una nueva concepción de las relaciones internacionales basada en principios democráticos que se plasmó en la Sociedad de Naciones. El pacto que creó tal Sociedad –precursora de las Naciones Unidas- contemplaba la abolición gradual de las barreras aduaneras e instauró la Organización Internacional del Trabajo (OIT): comercio y empleo, dos temas fundamentales ayer que lo son aún hoy.

Pirenne en su “Historia Universal” señaló: “Era una iniciativa atrevida y feliz. La OIT, organismo independiente, aunque teóricamente integrado en la Sociedad de Naciones, introducía un principio nuevo en cuanto a representación de los estados miembros: cada uno de ellos enviaba cuatro delegados, dos de los cuales representaban al gobierno, uno a la clase patronal y uno a la clase obrera. La labor de la OIT consistía en proponer a los estados las reformas relativas a la organización del trabajo, de la higiene y de la seguridad social”.

La OIT es la única agencia de Naciones Unidas integrada por representantes de la sociedad civil (empleadores y trabajadores) así como de gobiernos. Ella es expresión de la tendencia democratizadora de la vida internacional. La dinámica en que se sustenta y que promueve, por más de 92 años, es el tripartismo: el diálogo entre los actores permanentes del mundo productivo –trabajadores y empleadores- y la autoridad política. El propósito: generar consensos que permitan crecimiento, más y mejores empleos, progreso social y gobernabilidad democrática.

6. El diálogo social efectivo es clave para la integración de políticas económicas y sociales. Bien utilizado, promueve la productividad y competitividad de las empresas y países, ayuda a mejorar las condiciones laborales, aumenta la capacidad para el tratamiento pacífico de los conflictos laborales (previniendo sus efectos y pérdidas potenciales) y reduce los costos de las transacciones económicas. Una condición esencial para que dicho diálogo sea productivo es su institucionalización.
La cultura del diálogo tiene, en el mundo del trabajo, dos pilares fundamentales: la libertad sindical y la negociación colectiva.

En San Francisco (1948), tomando en consideración que las libertades de expresión y de asociación son esenciales para el progreso humano, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 87 por el que se reconoce que “los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas” (art. 2). Dichas organizaciones, respetando la legalidad, “tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal” (art.3). Además se precisa que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

Al año siguiente la Conferencia aprobó el Convenio 98 que señala: “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” (art. 4).

Todos los países del istmo centroamericano y la República Dominicana han ratificado los Convenios 87 y 98 y los han incorporado en su ordenamiento legal. Tarea pendiente es su plena vigencia, respeto y mayor utilización.

En esta década de oportunidades que se le presenta a América Latina, el diálogo social y el tripartismo parecen idóneos para reforzar el compromiso y las políticas orientadas a la promoción del trabajo decente y la justicia social en democracias que deben ser cada vez más sólidas.

Además no debe perderse de vista que los ciudadanos esperan de sus autoridades y de sus dirigentes resultados concretos que impacten positivamente en su vida.

De ahí que hoy no basta con diálogo social, se requiere de diálogo social efectivo, orientado a la consecución de resultados.