Inauguración de la II Conferencia Internacional contra la Impunidad
21 de julio de 2011
Sra. y Srs. Autoridades políticas, eclesiásticos y sindicales -nacionales e internacionales- de la mesa principal
1. Mi intervención en la “Conferencia sobre el papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra la impunidad” (enero 2008) fue una de las primeras como director de la OIT en esta parte de las Américas.
En aquella oportunidad señalé: “Desde hace más de un década las guatemaltecas y los guatemaltecos vienen trabajando para transitar desde el fin del conflicto armado, con todo lo que ello implica, hacia el establecimiento de una sociedad más justa y fraterna. Ello será difícil de conseguir si no se revierte el clima de violencia que afecta, especialmente, a las mujeres. La gobernabilidad democrática
–enfaticé- se ve seriamente amenazada por dicha violencia y cuando el accionar de la justicia para sancionar a los responsables de la misma no es oportuno y eficaz, la situación empeora.”
Poco más de tres años después sólo me queda reconocer, con pena, que aspectos de la situación general han empeorado, aunque ello parezca inverosímil. Como sabemos bien en Latinoamérica: cuando creemos que hemos tocado fondo parece que hay más fondo aún.
2. El Protocolo de San Salvador (1988) –Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales- reconoce la protección del derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias así como el derecho a la organización sindical y a la seguridad social. El derecho al trabajo supone el acceso a un trabajo; pero no a cualquier trabajo ni en cualquier condición. De alguna manera esa concepción anticipa elementos de lo que hoy conocemos como trabajo decente.
Este año la Carta Democrática Interamericana cumple su primera década. Ella señala que: “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio” (10).
La relación entre democracia y trabajo decente es relevante para la actual coyuntura de las Américas y, particularmente, pertinente para que Guatemala pueda avanzar en la consecución de niveles de gobernabilidad que garanticen a sus ciudadanos la efectiva vigencia de los derechos políticos y civiles, socioeconómicos y culturales que les reconoce su Constitución y el ordenamiento jurídico internacional.
El compromiso del Hemisferio con la democracia supone establecer sistemas de promoción y de protección de los derechos humanos que permitan su efectivo cumplimiento; también en el mundo del trabajo.
En la Patria Grande Latinoamericana somos conscientes que la democracia no se reduce a elecciones libres periódicas, ella supone –también- la aceptación de imperativos como la independencia del poder judicial, la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, entre otros. La participación ciudadana en el gobierno y el respeto a la diversidad son también aspectos cruciales.
3. “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”. Así empieza el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas denominado “Un Concepto más amplio de la libertad: Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para todos” (2005).
Las personas somos titulares de un conjunto de derechos fundamentales independientemente de los diversos regímenes políticos en los que vivimos. Por ende, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de tales derechos a través de políticas activas, subsanando acciones u omisiones lesivas a dicho ejercicio. En ello cumple una función clave el sistema de administración de justicia.
La calidad de la democracia y de la convivencia civil depende en mucho de tal sistema. No es gobernable la democracia sin justicia. Y sin aplicación eficiente y oportuna de la justicia no hay verdadero ejercicio de la libertad.
La reciente Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, (Guatemala, 22 y 23 de junio de 2011) ponderó en sus conclusiones y acuerdos la importancia de fortalecer el sistema judicial como eje de la seguridad nacional y subregional (“Fortalecimiento institucional de entidades de justicia y seguridad de los países”). Ese el camino más seguro para luchar efectivamente contra la impunidad; pero para andar con paso firme por él se requiere una decidida voluntad política de los Estados para hacer los cambios y transformaciones que se necesitan.
4. La OIT, desde su creación en 1919, busca contribuir en el logro de la justicia social. Hoy la Organización proyecta en todo el mundo el paradigma del trabajo decente como objetivo global de las políticas públicas, y establece una relación muy estrecha entre desarrollo inclusivo, democracia y trabajo decente.
Pero no puede promoverse este tipo de trabajo si no se respetan los derechos laborales fundamentales y -entre ellos- la libertad sindical y la negociación colectiva, que presuponen como requisito esencial el respeto de las libertades civiles fundamentales, en particular el derecho a la libertad y seguridad de la persona.
El Comité de libertad sindical del Consejo de Administración de la OIT, en su valiosa jurisprudencia, ha expresado que:
a) Los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio.
b) Un movimiento sindical realmente libre e independiente no se puede desarrollar en un clima de violencia e incertidumbre.
c) Un clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales o actos de agresión contra los locales y bienes de organizaciones de trabajadores y de empleadores, constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales; tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades.
d) El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos.
5. En 2009, la Oficina de San José publicó, sin ambages, un estudio serio sobre el “Panorama de Libertad Sindical y la Negociación Colectiva en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”. Este año hemos completado dicha información
–con la misma seriedad y sin ambages- publicando los comentarios y conclusiones formuladas por los órganos de control de la OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en Guatemala, desde 2009 a la fecha.
Tales comentarios y conclusiones reflejan la preocupación de la comunidad internacional por una situación que amenaza la estabilidad democrática, y pone de manifiesto el interés general por apoyar al país a superar sus profundos problemas a través del diálogo social, fruto del cual se adopten las medidas necesarias para que gradual y participativamente afiancen la cohesión social, contribuyan con la mejora del sistema de justicia y se avance en el combate contra la impunidad y la corrupción que conlleva.
Como lo saben bien las autoridades así como los dirigentes del sector empleador y el movimiento sindical, la OIT está dispuesta a seguir contribuyendo con asesoría técnica y construyendo espacios de diálogo que se requieran para promover el trabajo decente en el país; es decir, el respeto a los derechos laborales, la generación de más y mejores trabajos a través de más y mejores empresas y la extensión de la protección social en un contexto de diálogo bi o tripartito.
La OIT, en el marco de esta importante conferencia internacional sindical, felicita a las confederaciones nacionales organizadoras por tan valiosa iniciativa, así como a la CSI y a las demás entidades auspiciadoras.
1. Mi intervención en la “Conferencia sobre el papel de las organizaciones sindicales en la lucha contra la impunidad” (enero 2008) fue una de las primeras como director de la OIT en esta parte de las Américas.
En aquella oportunidad señalé: “Desde hace más de un década las guatemaltecas y los guatemaltecos vienen trabajando para transitar desde el fin del conflicto armado, con todo lo que ello implica, hacia el establecimiento de una sociedad más justa y fraterna. Ello será difícil de conseguir si no se revierte el clima de violencia que afecta, especialmente, a las mujeres. La gobernabilidad democrática
–enfaticé- se ve seriamente amenazada por dicha violencia y cuando el accionar de la justicia para sancionar a los responsables de la misma no es oportuno y eficaz, la situación empeora.”
Poco más de tres años después sólo me queda reconocer, con pena, que aspectos de la situación general han empeorado, aunque ello parezca inverosímil. Como sabemos bien en Latinoamérica: cuando creemos que hemos tocado fondo parece que hay más fondo aún.
2. El Protocolo de San Salvador (1988) –Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales- reconoce la protección del derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias así como el derecho a la organización sindical y a la seguridad social. El derecho al trabajo supone el acceso a un trabajo; pero no a cualquier trabajo ni en cualquier condición. De alguna manera esa concepción anticipa elementos de lo que hoy conocemos como trabajo decente.
Este año la Carta Democrática Interamericana cumple su primera década. Ella señala que: “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio” (10).
La relación entre democracia y trabajo decente es relevante para la actual coyuntura de las Américas y, particularmente, pertinente para que Guatemala pueda avanzar en la consecución de niveles de gobernabilidad que garanticen a sus ciudadanos la efectiva vigencia de los derechos políticos y civiles, socioeconómicos y culturales que les reconoce su Constitución y el ordenamiento jurídico internacional.
El compromiso del Hemisferio con la democracia supone establecer sistemas de promoción y de protección de los derechos humanos que permitan su efectivo cumplimiento; también en el mundo del trabajo.
En la Patria Grande Latinoamericana somos conscientes que la democracia no se reduce a elecciones libres periódicas, ella supone –también- la aceptación de imperativos como la independencia del poder judicial, la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, entre otros. La participación ciudadana en el gobierno y el respeto a la diversidad son también aspectos cruciales.
3. “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”. Así empieza el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas denominado “Un Concepto más amplio de la libertad: Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos para todos” (2005).
Las personas somos titulares de un conjunto de derechos fundamentales independientemente de los diversos regímenes políticos en los que vivimos. Por ende, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de tales derechos a través de políticas activas, subsanando acciones u omisiones lesivas a dicho ejercicio. En ello cumple una función clave el sistema de administración de justicia.
La calidad de la democracia y de la convivencia civil depende en mucho de tal sistema. No es gobernable la democracia sin justicia. Y sin aplicación eficiente y oportuna de la justicia no hay verdadero ejercicio de la libertad.
La reciente Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, (Guatemala, 22 y 23 de junio de 2011) ponderó en sus conclusiones y acuerdos la importancia de fortalecer el sistema judicial como eje de la seguridad nacional y subregional (“Fortalecimiento institucional de entidades de justicia y seguridad de los países”). Ese el camino más seguro para luchar efectivamente contra la impunidad; pero para andar con paso firme por él se requiere una decidida voluntad política de los Estados para hacer los cambios y transformaciones que se necesitan.
4. La OIT, desde su creación en 1919, busca contribuir en el logro de la justicia social. Hoy la Organización proyecta en todo el mundo el paradigma del trabajo decente como objetivo global de las políticas públicas, y establece una relación muy estrecha entre desarrollo inclusivo, democracia y trabajo decente.
Pero no puede promoverse este tipo de trabajo si no se respetan los derechos laborales fundamentales y -entre ellos- la libertad sindical y la negociación colectiva, que presuponen como requisito esencial el respeto de las libertades civiles fundamentales, en particular el derecho a la libertad y seguridad de la persona.
El Comité de libertad sindical del Consejo de Administración de la OIT, en su valiosa jurisprudencia, ha expresado que:
a) Los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio.
b) Un movimiento sindical realmente libre e independiente no se puede desarrollar en un clima de violencia e incertidumbre.
c) Un clima de violencia que da lugar al asesinato o a la desaparición de dirigentes sindicales o actos de agresión contra los locales y bienes de organizaciones de trabajadores y de empleadores, constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales; tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades.
d) El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos.
5. En 2009, la Oficina de San José publicó, sin ambages, un estudio serio sobre el “Panorama de Libertad Sindical y la Negociación Colectiva en Centroamérica, Panamá y República Dominicana”. Este año hemos completado dicha información
–con la misma seriedad y sin ambages- publicando los comentarios y conclusiones formuladas por los órganos de control de la OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva en Guatemala, desde 2009 a la fecha.
Tales comentarios y conclusiones reflejan la preocupación de la comunidad internacional por una situación que amenaza la estabilidad democrática, y pone de manifiesto el interés general por apoyar al país a superar sus profundos problemas a través del diálogo social, fruto del cual se adopten las medidas necesarias para que gradual y participativamente afiancen la cohesión social, contribuyan con la mejora del sistema de justicia y se avance en el combate contra la impunidad y la corrupción que conlleva.
Como lo saben bien las autoridades así como los dirigentes del sector empleador y el movimiento sindical, la OIT está dispuesta a seguir contribuyendo con asesoría técnica y construyendo espacios de diálogo que se requieran para promover el trabajo decente en el país; es decir, el respeto a los derechos laborales, la generación de más y mejores trabajos a través de más y mejores empresas y la extensión de la protección social en un contexto de diálogo bi o tripartito.
La OIT, en el marco de esta importante conferencia internacional sindical, felicita a las confederaciones nacionales organizadoras por tan valiosa iniciativa, así como a la CSI y a las demás entidades auspiciadoras.