Discurso en la Reunión del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana
5 de abril de 2013
Las cifras han adquirido una fuerza explicativa singular. Por eso voy a recurrir a ellas para trazar algunos rasgos del perfil laboral de América Central, Panamá y República Dominicana. El énfasis está puesto en datos relacionados con algunos de los temas que se han privilegiado para esta reunión de Ministros de Trabajo y Seguridad Social.
- Existe una fuerza laboral de 22.1 millones de personas.
- Hay 1.1 millón de desempleados.
- 9.3 millones trabajan en el sector informal urbano.
- El 51.2 por ciento de quienes trabajan lo hacen en una relación de dependencia (asalariados públicos y privados)
- 1 de cada 3 trabajadores se incorpora al mercado laboral por cuenta propia.
- Alrededor de tres cuartas partes de los empleos están en micro o pequeñas empresas. En el sector rural esta realidad llega al 82 por ciento.
- Población Joven Económicamente Activa: casi cinco millones
- Jóvenes con desempleo abierto: medio millón aproximadamente
- Tasa de desempleo juvenil: 9.2 por ciento
- Proporción del desempleo total: 40.9 por ciento
- Población joven que no estudia ni trabaja: 3,695,574 (64 por ciento son mujeres)
- Aproximadamente 868 mil niñas, niños y adolescentes (entre 5 y 14 años) trabajan.
- La tasa de trabajo infantil promedio es de 9,3% (casi el equivalente al desempleo juvenil).
- Costa Rica es el país que presenta la menor tasa, 2.2 por ciento y Guatemala es el de mayor tasa, 11% y ello significa que trabajan 303 mil niños, niñas y adolescentes. 1 de cada 3 trabajadores infantiles en Centroamérica y República Dominicana es guatemalteco.
Los datos presentados evidencian que:
La fuerza laboral de los países de la subregión es ligeramente inferior a la colombiana.
El problema más acuciante sigue siendo el trabajo en condiciones precarias y sin acceso a la seguridad social. Por ello cambe preguntarse: ¿contribuye la alta informalidad a mejorar la productividad de las economías y la inclusión social de los países que participan del SICA? Su respuesta, en un mundo globalizado y altamente competitivo, es crucial para el modelo de desarrollo que debe ser alentado.
Para la formulación de adecuadas políticas públicas orientadas a la generación de empleo productivo es importante tomar en cuenta ese locus privilegiado que parece estar constituido por las pequeñas empresas. Más aún si son parte de eslabonamientos productivos que alienten el trabajo decente en el que se respetan los derechos laborales, permita el acceso a la seguridad social y donde el diálogo social sea una herramienta para mejorar la condición de quienes trabajan y contribuya a la sostenibilidad de las empresas.
El panorama del desempleo juvenil no es alentador. El número de jóvenes, entre nosotros, que no estudian ni trabajan es casi equivalente a la población de la República de Panamá. Si analizamos la relación entre la inseguridad en nuestros países y el desempleo juvenil resulta evidente la necesidad de establecer políticas que vinculen la generación de más y mejores oportunidades de trabajo en la juventud con la promoción de seguridad y el combate contra la delincuencia. Lo que se vive es paradójico cuando uno de los logros centroamericanos recientes ha sido el transitar desde guerras civiles hacia la paz. No basta armonizar leyes para combatir el crimen en la región; resulta indispensable promover políticas que alienten, para todos los ciudadanos de los países del SICA, posibilidades reales de prosperidad.
La cuestión del trabajo infantil es un tema que sé que Uds. siguen de cerca y en la que sus países han establecido buenas prácticas, pero aún falta mucho por hacer. El trabajo infantil es un fenómeno que genera consecuencias en el desarrollo personal. El impacto de la entrada temprana al mundo del trabajo aleja de la educación y capacitación necesarias para que los niños, sus familias y sus comunidades progresen. La persistencia del trabajo infantil en los países miembros del SICA mina la gobernabilidad democrática, puesto que la construcción de sistemas políticos representativos y pluralistas, exige equidad e igualdad de oportunidades desde la infancia.
Las estadísticas no deben esconder los rostros concretos de hombres y mujeres de nuestras tierras -adultos, jóvenes e infantes- que no la están pasando bien y cuyos horizontes no son alentadores. Conviene destacar que, a cualquier edad, quienes peor la pasan son las mujeres; no obstante sean mayoría en algunos de sus países y, además, la generación de mujeres mejor educadas en la historia de la región. Ello, desafortunadamente, no se traduce ni en igualdad de salarios ni de oportunidades en el mundo del trabajo.
Democracia, desarrollo y trabajo decente
En las Américas se ha venido consolidando, especialmente desde hace una década, el convencimiento de que la generación de trabajo decente, tal como lo define la OIT, constituye la mejor vía para superar la pobreza y afianzar la gobernabilidad democrática. Allí están las declaraciones y planes de acción de la Conferencias Interamericanas e Iberoamericanas de Ministros de Trabajo y las de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, en las Cumbres América Latina y el Caribe con la Unión Europea y en las Americanas, especialmente la de Mar del Plata que fue dedicada al trabajo decente. En 2005 en el Foro Tripartito Subregional para el Empleo y Trabajo Decente, desarrollado en Tegucigalpa, participaron delegaciones tripartitas de América Central, Panamá y República Dominicana. Al año siguiente la XVI Reunión Regional Americana de la OIT debatió una Agenda Hemisférica para la Promoción del Trabajo Decente (2006-2015).
Sin lugar a dudas progresar en el establecimiento de sinergias entre el combate contra el trabajo infantil y la promoción del empleo juvenil será de suma importancia para el progreso de la región. La temática de las migraciones laborales plantea la analizar las implicaciones de un mercado laboral único, lo cual redundaría -entre otras cosas- en la necesidad de aunar los esfuerzos de los institutos de formación profesional y de capacitación para el trabajo para ofrecer educación que permita una mejor inserción en la economía del conocimiento que caracteriza a la globalización.
Hay dos temas que no pueden estar al margen al analizar el mundo del trabajo en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Por un lado el salario, incluido el mínimo, y la función que puede cumplir para contribuir con la inclusión social y la productividad de las empresas. Por el otro el respeto a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Es indispensable que las democracias de la región usen todo su vigor para hacer respetar dicho derecho y que se haga un amplio proceso de educación para que la negociación colectiva pueda desplegar sus potencialidades para la construcción de una economía más eficiente e inclusiva, indispensable para un combate efectivo contra la pobreza.
Hoy que la comunidad internacional se plantea qué estrategia de desarrollo a seguir, resulta muy pertinente el acuerdo de los Jefes de Estado de los países miembros del SICA, el pasado diciembre en Managua: “Considerando que próximamente al plazo de vencimiento para conseguir las metas propuestas por los retos del Milenio, la pobreza persiste en la región y continua la inequidad, el hambre, la mal nutrición, la falta de trabajo y empleo precario. (...) Acordamos avanzar hacia una Agenda para el Desarrollo, con posterioridad al 2015, que promueva el progreso social y económico incluyente. Dicha agenda deberá incorporar la generación de empleo productivo y trabajo decente como la prioridad más acuciante para impulsar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable”.
Creo que esta oportuna reunión es un avance en el sentido señalado por los Jefes de Estado y confío que el próximo julio pueda entregárseles una estrategia para progresar en un desarrollo que merezca el calificativo de humano. Este sólo puede ser conseguido si el crecimiento económico está acompañado por inclusión social. Pero dicho tipo de desarrollo sólo puede ser obtenido por ciudadanos libres e iguales en sistemas democráticos que trascienden la mera liturgia electoral.