Discurso en el Seminario Subregional Tripartito “La economía informal en el universo laboral: derechos, inserción y trabajo decente”
27 de mayo de 2013
Hoy en Centroamérica, entre la población en edad de trabajar, hay una gran mayoría de gente ocupada; pero no toda ella tiene un empleo formal y son menos aún los que han conseguido un trabajo decente, en el que se respetan los derechos laborales y permite el acceso a la protección social. Es penoso, en nuestros pueblos, ver a hombres y mujeres que –a pesar de sus esfuerzos- a duras penas logran sobrevivir.
Garantizar la participación democrática de la gente en el sector moderno de la economía es una prioridad, pues no puede haber progreso común si los ciudadanos están divididos entre quienes pueden acceder a un trabajo productivo y a hacer empresa y aquellos que no. Sociedades divididas entre hombres y mujeres que sólo pueden aspirar –ellos y sus familias- a sobrevivir, mientras que otros -los menos, pueden progresar con los suyos- resiente gravemente la gobernabilidad democrática.
A nadie le debe quedar dudas respecto de la importancia política, económica y social de realizar acciones en favor de la incorporación de la energía productiva (laboral y empresarial) de origen popular en los esfuerzos por el desarrollo de nuestros países. Para el logro de este objetivo, entre otros factores, las instituciones son clave y entre ellas las laborales no son las de menor importancia.
Desde la irrupción de la globalización, uno de los aspectos del desarrollo que más atención ha captado es el rol que pueden cumplir las instituciones para facilitar la producción y el comercio y por ende el crecimiento e, incluso, la generación de empleo.
El libro Why Nations Fail (The origins of power, prosperity and poverty), de Acemoglu y Robinson, publicado el año pasado, documenta la centralidad de las instituciones para explicar el progreso de los pueblos. Destaca la interdependencia entre las instituciones políticas y aquellas económicas y ofrece evidencia rica para comprender una teoría que es, simultáneamente, una propuesta para expandir el progreso entre las naciones y en el mundo a partir de la democracia política y también económica.
Entre las reglas de juego más importantes, en esa gran organización que es toda sociedad democrática, están las que regulan el mundo del trabajo. Las reglas de juego socio laborales, formales o informales, son decisivas para -entre otros aspectos- definir las condiciones en las que las personas participan en la generación de riqueza y cómo disfrutan de los beneficios que les debe acarrear su contribución a dicha tarea.
La reforma institucional constituye una base sobre la cual pueden unirse la democracia y el crecimiento de forma tal que se promueva la justicia social.
Para algunos pensadores, el trabajo (la generación de más y mejores empleos) es el catalizador idóneo de políticas económicas y sociales, que permiten avanzar en un modelo integrador de desarrollo que merezca el calificativo de humano.
Al parecer, la mejor participación de los ciudadanos en la vida productiva de sus sociedades, a través del trabajo, genera más adhesión a la democracia y ello coadyuva a su gobernabilidad.
Observando la evolución de la última ola de democrática latinoamericana, que viene durando 35 años, resulta evidente la correlación entre institucionalidad laboral y gobernabilidad democrática. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana: “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”. Además dicha Carta subraya que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
En nuestros países, en el siglo XXI, parece que hay tres metas que deben perseguirse simultánea y armónicamente: la democracia, el crecimiento económico y la justicia social. Para ello se necesitan economías abiertas a todos, aquellas en la que todos pueden participar en pie de igualdad.
Así se podrá comenzar a superar la informalidad que amenaza la gobernabilidad democrática en nuestras tierras. Hay que formalizar el trabajo y las relaciones laborales tanto como reconocer los derechos de propiedad. La formalización debe ser de empresas tanto como de trabajadores.
Para consolidar la democracia política se hace indispensable democratizar la economía.
Según el Director General de la OIT, Guy Ryder, “hoy es más claro que el gran desafío contemporáneo de América Latina es absorber la economía informal. Esa será la prioridad en los próximos 20 años. Que el 50% de la actividad productiva no tenga responsabilidad frente al Estado es un costo enorme. Por eso es que cada vez más los países quieren la formalización. El desarrollo pasa por ahí. Es un desafío complejo”.
Teniendo en cuenta estas y otras consideraciones, hace un tiempo la Oficina de la OIT en San José participó en una licitación del Departamento de Estado norteamericano referida a la promoción del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la economía informal en Costa Rica, El Salvador y Honduras. El Seminario en que hoy participamos es parte de la estrategia para contribuir con dicha promoción y sigue a la constitución de mesas de diálogo tripartito en municipios de los tres países en los que debemos trabajar.
Desde esta lógica de la democracia como valor último a consolidar a través de la generación de más y mejores trabajos en la formalidad, escogimos como unidad de acción la célula básica de toda democracia que busca transitar de la mera liturgia electoral a la poliarquía: el municipio.
Las elecciones no llegaron a estas tierras con los españoles. En 1534, Fray Bartolomé de las Casas, visitó el pueblo de Nicoya y presenció la elección de un jefe indígena por parte de los pobladores del lugar. El sistema fue abolido cuando los españoles comenzaron a establecer un solo jefe vitalicio con el cual entenderse, desarticulándose así el sistema prehispánico de elecciones de jefes. Sin embargo, a raíz de las Cortes de Cádiz, y la promulgación de su Constitución en 1812, el primero de enero de 1813 iniciaron su labor varios nuevos ayuntamientos y los ya existentes fueron fortalecidos al ser democratizados. Finalizaba en estas tierras la monarquía absoluta española y se iniciaba, por breve tiempo, la constitucional en la que los vasallos se convierten en ciudadanos titulares de derechos tutelados por garantías individuales y sociales.
Resulta significativo que en el Bicentenario de de un hito de la democracia en Centroamérica sea desde los municipios de Desamparados, Santa Tecla y Tegucigalpa donde trabajemos una estrategia que, desde abajo, busque la formalización de trabajadores y empresas.
Quiero concluir con una nota personal. La informalidad tampoco es un fenómeno que se inició el siglo pasado. Uno de los mejores acuarelistas peruanos, Pancho Fierro, pintó en la época colonial a la lechera, a la vendedora de pescado en burro, al yerbatero y al bizcochero entre otros trabajadores informales. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol; pero es hora de que comencemos a cerrar la brecha que, desde hace tanto, separa a los que trabajan en la formalidad de aquellos que no. Eso sería novedoso y positivo para nuestros países.
Garantizar la participación democrática de la gente en el sector moderno de la economía es una prioridad, pues no puede haber progreso común si los ciudadanos están divididos entre quienes pueden acceder a un trabajo productivo y a hacer empresa y aquellos que no. Sociedades divididas entre hombres y mujeres que sólo pueden aspirar –ellos y sus familias- a sobrevivir, mientras que otros -los menos, pueden progresar con los suyos- resiente gravemente la gobernabilidad democrática.
A nadie le debe quedar dudas respecto de la importancia política, económica y social de realizar acciones en favor de la incorporación de la energía productiva (laboral y empresarial) de origen popular en los esfuerzos por el desarrollo de nuestros países. Para el logro de este objetivo, entre otros factores, las instituciones son clave y entre ellas las laborales no son las de menor importancia.
Desde la irrupción de la globalización, uno de los aspectos del desarrollo que más atención ha captado es el rol que pueden cumplir las instituciones para facilitar la producción y el comercio y por ende el crecimiento e, incluso, la generación de empleo.
El libro Why Nations Fail (The origins of power, prosperity and poverty), de Acemoglu y Robinson, publicado el año pasado, documenta la centralidad de las instituciones para explicar el progreso de los pueblos. Destaca la interdependencia entre las instituciones políticas y aquellas económicas y ofrece evidencia rica para comprender una teoría que es, simultáneamente, una propuesta para expandir el progreso entre las naciones y en el mundo a partir de la democracia política y también económica.
Entre las reglas de juego más importantes, en esa gran organización que es toda sociedad democrática, están las que regulan el mundo del trabajo. Las reglas de juego socio laborales, formales o informales, son decisivas para -entre otros aspectos- definir las condiciones en las que las personas participan en la generación de riqueza y cómo disfrutan de los beneficios que les debe acarrear su contribución a dicha tarea.
La reforma institucional constituye una base sobre la cual pueden unirse la democracia y el crecimiento de forma tal que se promueva la justicia social.
Para algunos pensadores, el trabajo (la generación de más y mejores empleos) es el catalizador idóneo de políticas económicas y sociales, que permiten avanzar en un modelo integrador de desarrollo que merezca el calificativo de humano.
Al parecer, la mejor participación de los ciudadanos en la vida productiva de sus sociedades, a través del trabajo, genera más adhesión a la democracia y ello coadyuva a su gobernabilidad.
Observando la evolución de la última ola de democrática latinoamericana, que viene durando 35 años, resulta evidente la correlación entre institucionalidad laboral y gobernabilidad democrática. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana: “La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”. Además dicha Carta subraya que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
En nuestros países, en el siglo XXI, parece que hay tres metas que deben perseguirse simultánea y armónicamente: la democracia, el crecimiento económico y la justicia social. Para ello se necesitan economías abiertas a todos, aquellas en la que todos pueden participar en pie de igualdad.
Así se podrá comenzar a superar la informalidad que amenaza la gobernabilidad democrática en nuestras tierras. Hay que formalizar el trabajo y las relaciones laborales tanto como reconocer los derechos de propiedad. La formalización debe ser de empresas tanto como de trabajadores.
Para consolidar la democracia política se hace indispensable democratizar la economía.
Según el Director General de la OIT, Guy Ryder, “hoy es más claro que el gran desafío contemporáneo de América Latina es absorber la economía informal. Esa será la prioridad en los próximos 20 años. Que el 50% de la actividad productiva no tenga responsabilidad frente al Estado es un costo enorme. Por eso es que cada vez más los países quieren la formalización. El desarrollo pasa por ahí. Es un desafío complejo”.
Teniendo en cuenta estas y otras consideraciones, hace un tiempo la Oficina de la OIT en San José participó en una licitación del Departamento de Estado norteamericano referida a la promoción del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la economía informal en Costa Rica, El Salvador y Honduras. El Seminario en que hoy participamos es parte de la estrategia para contribuir con dicha promoción y sigue a la constitución de mesas de diálogo tripartito en municipios de los tres países en los que debemos trabajar.
Desde esta lógica de la democracia como valor último a consolidar a través de la generación de más y mejores trabajos en la formalidad, escogimos como unidad de acción la célula básica de toda democracia que busca transitar de la mera liturgia electoral a la poliarquía: el municipio.
Las elecciones no llegaron a estas tierras con los españoles. En 1534, Fray Bartolomé de las Casas, visitó el pueblo de Nicoya y presenció la elección de un jefe indígena por parte de los pobladores del lugar. El sistema fue abolido cuando los españoles comenzaron a establecer un solo jefe vitalicio con el cual entenderse, desarticulándose así el sistema prehispánico de elecciones de jefes. Sin embargo, a raíz de las Cortes de Cádiz, y la promulgación de su Constitución en 1812, el primero de enero de 1813 iniciaron su labor varios nuevos ayuntamientos y los ya existentes fueron fortalecidos al ser democratizados. Finalizaba en estas tierras la monarquía absoluta española y se iniciaba, por breve tiempo, la constitucional en la que los vasallos se convierten en ciudadanos titulares de derechos tutelados por garantías individuales y sociales.
Resulta significativo que en el Bicentenario de de un hito de la democracia en Centroamérica sea desde los municipios de Desamparados, Santa Tecla y Tegucigalpa donde trabajemos una estrategia que, desde abajo, busque la formalización de trabajadores y empresas.
Quiero concluir con una nota personal. La informalidad tampoco es un fenómeno que se inició el siglo pasado. Uno de los mejores acuarelistas peruanos, Pancho Fierro, pintó en la época colonial a la lechera, a la vendedora de pescado en burro, al yerbatero y al bizcochero entre otros trabajadores informales. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol; pero es hora de que comencemos a cerrar la brecha que, desde hace tanto, separa a los que trabajan en la formalidad de aquellos que no. Eso sería novedoso y positivo para nuestros países.