Discurso de Virgilio Levaggi durante el Foro Informalidad: Desafío para la Democracia Salvadoreña.
3 de diciembre de 2013
La presentación del reciente Informe de Desarrollo Humano sobre El Salvador ha puesto sobre el tapete la importancia que tiene la generación de empleo productivo y trabajo decente en la construcción del mejor país posible.
Bien sabemos en la OIT que, además de su importancia socioeconómica, la generación de empleo formal es muy relevante para la gobernabilidad democrática pues el trabajo de calidad sigue siendo uno de los medios principales a través del cual las personas definen la propia identidad y su posición en la comunidad, permite participar en la vida productiva y obtener ingresos, contribuye con la formación de la autoestima así como con la realización personal y provee prestigio social. El trabajo ha sido, es y será componente sustantivo del contrato social que sustenta la gobernanza de las democracias.
La dimensión política de la informalidad es un tema que no puede ser ignorado en países que, para afirmar sus democracias, deben trascender la liturgia electoral periódica y desarrollar una institucionalidad al servicio de sus ciudadanos.
En el multitudinario distrito de Comas, en Lima, su Alcalde indicó que el municipio no puede recoger la basura pues el 70 por ciento de los vecinos no pagan los arbitrios. El diario “El Comercio” ha editorializado que: “Una clase media formada en la informalidad es una clase media que, por definición, vive al margen del Estado –en realidad huyendo de él- y de la que no se puede esperar, por tanto, compromiso con la cosa pública (…). Es decir, todo lo contrario de una ‘ciudadanía’ real”.
¿Son incompatibles informalidad y democracia?
El término sector informal se origina en un reporte de la OIT sobre Ghana y Kenia a comienzos de los 70s, que destacó que el problema central de ambos países no era el desempleo sino un vasto número de trabajadores luchando por producir bienes y servicios sin que sus actividades sean reconocidas. Se señaló que en la informalidad urbana actuaban productores independientes, la mayoría auto empleados que podían recurrir miembros de su familia y también trabajadores o aprendices con lo que no tenían vínculos familiares. Cualquier semejanza con la realidad latinoamericana contemporánea no es mera casualidad.
Para algunos el sector informal está constituido por empresarios que producen bienes y servicios legítimos sin los permisos o autorizaciones debidas incurriendo en falta de legalidad en sus actividades por ausencia de recursos o de incentivos para cumplir con las regulaciones y reglas existentes para ser parte de la economía formal. Por ello actúan en la informalidad y son extra legales desde el punto de vista reglamentario y no desde una perspectiva criminal.
Bajo el concepto de economía informal se hace referencia a realidades muy diversas y dinámicas: desde quienes trabajan realizando actividades de subsistencia hasta empresarios que enfrentan diferentes obstáculos para establecer y hacer funcionar sus empresas en la legalidad. Por tanto la informalidad no es una.
La economía informal no opera absolutamente escondida ni todo el sector moderno lo hace con irrestricto apego a la legalidad. Entre la ilegalidad absoluta y la legalidad plena predominan áreas grises en las que se cumplen parcialmente los requisitos legales que establecen las legislaciones. En la economía informal se realizan actividades ilícitas y otras legales, aún cuando estas últimas posean un componente de ilegalidad (elusión tributaria o incumplimiento de la normativa laboral, por ejemplo).
Sin embargo -para esta presentación- no he escogido como unidad de análisis la economía informal ni el sector informal ni la empresa informal; quisiera concentrarme en el trabajo informal.
Para el PREALC de la OIT, desde los 80s, el empleo informal era una forma de producir originada por el excedente de mano de obra disponible dada la incapacidad del sector formal de la economía de absorberla. Consiste en actividades económicas de poca dimensión, desarrolladas por personas o familias, básicamente no asalariadas o con empleos precarios, que no requieren un elevado nivel de instrucción formal y calificaciones profesionales. Dentro del sector no se toman en cuenta las normas administrativas, impositivas, de seguridad, que regulan la actividad formal; predomina el trabajo por cuenta propia, y cuando se lleva a cabo en relación de dependencia no es propiamente un “verdadero empleo” asalariado los trabajadores no están registrados o lo están de manera parcial e incompleta. La productividad es pobre, la duración promedio de la jornada laboral supera los máximos legales, pero la continuidad de las tareas es irregular, los ingresos son bajos y el volumen y contenido de la producción puede adaptarse rápidamente con bajos costos y de manera flexible.
Para Hernando de Soto, hacia fines de los 80s, los trabajadores informales serían quienes desarrollan todas aquellas actividades productivas y de servicios que están al margen de la ley, clandestinas y no pagan impuestos. El origen del sector informal sería una alternativa a ejercer el trabajo de manera formal, debido a las restricciones y las trabas existentes para crear un empresa a causa de la excesiva regulación estatal y los engorrosos trámites burocráticos, de la corrupción de los funcionarios para otorgar autorizaciones y de la falta de una normativa legal promotora de la libertad de emprender y, así, crear empresas para poder producir. El sector requiere apoyo (legalización, créditos promocionales, asesoría técnica, formación profesional, acceso a infraestructura edilicia, etc.) lo cual permitiría reducir el desempleo, la pobreza y constituiría una alternativa a la acción violenta para obtener los recursos para la sobrevivencia.
A la luz de las conclusiones de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo el empleo informal incluye a los siguientes tipos de empleos:
a) trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal,
b) empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal,
c) trabajadores familiares auxiliares,
d) miembros de cooperativas de productores informales,
e) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el uso de su hogar, si dicha producción constituye una aportación importante al consumo total del hogar.
f) asalariados que tienen empleos informales en empresas del sector formal, informal o en hogares.
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.
Los trabajadores informales no están reconocidos ni protegidos por los marcos jurídicos nacionales. Son empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica o no se hace respetar. Las mujeres y los hombres que producen bienes y servicios legales, aunque sus actividades no están registradas o declaradas merecen respuestas a sus esfuerzos. En la OIT nos preocupan estas mujeres y estos hombres.
La formalización de las actividades de este colectivo es un reto para la democracia y el desarrollo; más aún cuando lo que ocurre en la economía informal repercute en la formal y viceversa. Al hablar de formalización no nos referiremos únicamente a necesarias medidas jurídicas y administrativas. En el campo laboral, a mi modo de ver, el criterio definitivo es muy simple: quien trabaja tiene derechos laborales independientemente de dónde lo haga. La cuestión está en cómo la institucionalidad democrática puede garantizar que ello se cumpla cabalmente.
Formalizar significa transitar desde ocupaciones en malas condiciones, improductivas, mal remuneradas, sin reconocimiento o protección legal, con inadecuada protección social y falta de representación hacia trabajos decentes.
La falta de trabajo decente no es sólo un fenómeno laboral sino síntoma de creciente anomia social y de disfunción de las economías; más aún, es uno de los principales problemas políticos de nuestros países pues constituye una presión para la gobernabilidad democrática. Una sociedad que no puede garantizar más y mejores oportunidades de trabajo formal a sus miembros ve deslegitimizada su institucionalidad pública e incluso privada.
El objetivo en El Salvador debe ser una economía formal que crezca proporcionando trabajo decente, así como ingresos adecuados y protección social. Es particularmente importante la situación de mujeres y hombres que trabajan por cuenta propia.
Un hito en la historia reciente de América Latina ha sido el regreso de la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, no basta con la buena voluntad de los gobernantes para la concreción de los ideales democráticos, especialmente por la arraigada tradición autoritaria y caudillista que existe en la región, así como por la secular primacía de los Estados respecto de los ciudadanos y, aunque parezca paradójico, por la frágil institucionalidad pública que permite comprender la relativa debilidad de muchos gobiernos. Nuestras democracias deben consolidarse para dar estabilidad a los gobiernos y superar obstáculos estructurales que dificultan la transición hacia auténticas poliarquías.
Etimológicamente poliarquía significa “muchos gobernantes” y es, por lo tanto, un término opuesto a oligarquía. El concepto desarrollado pone énfasis en el proceso democrático para que los ciudadanos tengan capacidad de control sobre las autoridades políticas que eligen, así como sobre las instituciones a través de las cuales se ejerce el poder.
Hay poliarquía cuando, entre otras circunstancias, los ciudadanos pueden incluir sus problemas en las agendas de los diferentes niveles gubernamentales; cuando todos los integrantes de la base societaria pueden definir los regímenes y sistemas para la generación y distribución de los recursos y la forma en que debe moldearse la sociedad misma; y cuando el derecho se produce democráticamente y origina un ordenamiento capaz de vincular a todos los miembros de una sociedad.
Si en un país la gran mayoría de sus integrantes trabajan en la informalidad -con jornadas de trabajo más extensas, mayores riesgos en cuanto a las condiciones y medio ambiente laboral, sin la vigencia de los derechos laborales básicos que permiten la discriminación, por ejemplo- y ello sólo pueden sobrevivir mientras una minoría trabaja en la formalidad y puede progresar …. es muy difícil que la gobernabilidad democrática se consolide.
En los países miembros del SICA, en promedio, el 62 por ciento de la población económicamente activa encuentra empleo en la economía informal y sólo 35 por ciento de dicha población cuenta con empleo formal. Debe tenerse en cuenta que en estos países la informalidad varía entre 36 por ciento y 77 por ciento.
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propia capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realizad sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso digno y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social ni aquél que excluye el diálogo social y el tripartismo. Trabajo decente es aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. ¡Ese tipo de trabajo sólo se puede conseguir en la formalidad!
Espero que la generación de trabajo formal en el país esté en el corazón de la agenda de la próxima administración que guiará los destinos de El Salvador. En dicha tarea podrán contar con el apoyo de la OIT y con los conocimientos que ha logrado desarrollar en los últimos 40 años respecto de un fenómeno cada vez más extendido mundialmente.
Esa tarea exigirá una articulación clave entre los ministerios de trabajo, economía y educación y una toma de conciencia por parte de empleadores y trabajares formales e informales de que más y mejores empresas son las que generan más y mejores trabajos y por tanto condiciones para más y mejor democracia.
Bien sabemos en la OIT que, además de su importancia socioeconómica, la generación de empleo formal es muy relevante para la gobernabilidad democrática pues el trabajo de calidad sigue siendo uno de los medios principales a través del cual las personas definen la propia identidad y su posición en la comunidad, permite participar en la vida productiva y obtener ingresos, contribuye con la formación de la autoestima así como con la realización personal y provee prestigio social. El trabajo ha sido, es y será componente sustantivo del contrato social que sustenta la gobernanza de las democracias.
La dimensión política de la informalidad es un tema que no puede ser ignorado en países que, para afirmar sus democracias, deben trascender la liturgia electoral periódica y desarrollar una institucionalidad al servicio de sus ciudadanos.
En el multitudinario distrito de Comas, en Lima, su Alcalde indicó que el municipio no puede recoger la basura pues el 70 por ciento de los vecinos no pagan los arbitrios. El diario “El Comercio” ha editorializado que: “Una clase media formada en la informalidad es una clase media que, por definición, vive al margen del Estado –en realidad huyendo de él- y de la que no se puede esperar, por tanto, compromiso con la cosa pública (…). Es decir, todo lo contrario de una ‘ciudadanía’ real”.
¿Son incompatibles informalidad y democracia?
El término sector informal se origina en un reporte de la OIT sobre Ghana y Kenia a comienzos de los 70s, que destacó que el problema central de ambos países no era el desempleo sino un vasto número de trabajadores luchando por producir bienes y servicios sin que sus actividades sean reconocidas. Se señaló que en la informalidad urbana actuaban productores independientes, la mayoría auto empleados que podían recurrir miembros de su familia y también trabajadores o aprendices con lo que no tenían vínculos familiares. Cualquier semejanza con la realidad latinoamericana contemporánea no es mera casualidad.
Para algunos el sector informal está constituido por empresarios que producen bienes y servicios legítimos sin los permisos o autorizaciones debidas incurriendo en falta de legalidad en sus actividades por ausencia de recursos o de incentivos para cumplir con las regulaciones y reglas existentes para ser parte de la economía formal. Por ello actúan en la informalidad y son extra legales desde el punto de vista reglamentario y no desde una perspectiva criminal.
Bajo el concepto de economía informal se hace referencia a realidades muy diversas y dinámicas: desde quienes trabajan realizando actividades de subsistencia hasta empresarios que enfrentan diferentes obstáculos para establecer y hacer funcionar sus empresas en la legalidad. Por tanto la informalidad no es una.
La economía informal no opera absolutamente escondida ni todo el sector moderno lo hace con irrestricto apego a la legalidad. Entre la ilegalidad absoluta y la legalidad plena predominan áreas grises en las que se cumplen parcialmente los requisitos legales que establecen las legislaciones. En la economía informal se realizan actividades ilícitas y otras legales, aún cuando estas últimas posean un componente de ilegalidad (elusión tributaria o incumplimiento de la normativa laboral, por ejemplo).
Sin embargo -para esta presentación- no he escogido como unidad de análisis la economía informal ni el sector informal ni la empresa informal; quisiera concentrarme en el trabajo informal.
Para el PREALC de la OIT, desde los 80s, el empleo informal era una forma de producir originada por el excedente de mano de obra disponible dada la incapacidad del sector formal de la economía de absorberla. Consiste en actividades económicas de poca dimensión, desarrolladas por personas o familias, básicamente no asalariadas o con empleos precarios, que no requieren un elevado nivel de instrucción formal y calificaciones profesionales. Dentro del sector no se toman en cuenta las normas administrativas, impositivas, de seguridad, que regulan la actividad formal; predomina el trabajo por cuenta propia, y cuando se lleva a cabo en relación de dependencia no es propiamente un “verdadero empleo” asalariado los trabajadores no están registrados o lo están de manera parcial e incompleta. La productividad es pobre, la duración promedio de la jornada laboral supera los máximos legales, pero la continuidad de las tareas es irregular, los ingresos son bajos y el volumen y contenido de la producción puede adaptarse rápidamente con bajos costos y de manera flexible.
Para Hernando de Soto, hacia fines de los 80s, los trabajadores informales serían quienes desarrollan todas aquellas actividades productivas y de servicios que están al margen de la ley, clandestinas y no pagan impuestos. El origen del sector informal sería una alternativa a ejercer el trabajo de manera formal, debido a las restricciones y las trabas existentes para crear un empresa a causa de la excesiva regulación estatal y los engorrosos trámites burocráticos, de la corrupción de los funcionarios para otorgar autorizaciones y de la falta de una normativa legal promotora de la libertad de emprender y, así, crear empresas para poder producir. El sector requiere apoyo (legalización, créditos promocionales, asesoría técnica, formación profesional, acceso a infraestructura edilicia, etc.) lo cual permitiría reducir el desempleo, la pobreza y constituiría una alternativa a la acción violenta para obtener los recursos para la sobrevivencia.
A la luz de las conclusiones de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo el empleo informal incluye a los siguientes tipos de empleos:
a) trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal,
b) empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal,
c) trabajadores familiares auxiliares,
d) miembros de cooperativas de productores informales,
e) trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el uso de su hogar, si dicha producción constituye una aportación importante al consumo total del hogar.
f) asalariados que tienen empleos informales en empresas del sector formal, informal o en hogares.
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.
Los trabajadores informales no están reconocidos ni protegidos por los marcos jurídicos nacionales. Son empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica o no se hace respetar. Las mujeres y los hombres que producen bienes y servicios legales, aunque sus actividades no están registradas o declaradas merecen respuestas a sus esfuerzos. En la OIT nos preocupan estas mujeres y estos hombres.
La formalización de las actividades de este colectivo es un reto para la democracia y el desarrollo; más aún cuando lo que ocurre en la economía informal repercute en la formal y viceversa. Al hablar de formalización no nos referiremos únicamente a necesarias medidas jurídicas y administrativas. En el campo laboral, a mi modo de ver, el criterio definitivo es muy simple: quien trabaja tiene derechos laborales independientemente de dónde lo haga. La cuestión está en cómo la institucionalidad democrática puede garantizar que ello se cumpla cabalmente.
Formalizar significa transitar desde ocupaciones en malas condiciones, improductivas, mal remuneradas, sin reconocimiento o protección legal, con inadecuada protección social y falta de representación hacia trabajos decentes.
La falta de trabajo decente no es sólo un fenómeno laboral sino síntoma de creciente anomia social y de disfunción de las economías; más aún, es uno de los principales problemas políticos de nuestros países pues constituye una presión para la gobernabilidad democrática. Una sociedad que no puede garantizar más y mejores oportunidades de trabajo formal a sus miembros ve deslegitimizada su institucionalidad pública e incluso privada.
El objetivo en El Salvador debe ser una economía formal que crezca proporcionando trabajo decente, así como ingresos adecuados y protección social. Es particularmente importante la situación de mujeres y hombres que trabajan por cuenta propia.
Un hito en la historia reciente de América Latina ha sido el regreso de la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, no basta con la buena voluntad de los gobernantes para la concreción de los ideales democráticos, especialmente por la arraigada tradición autoritaria y caudillista que existe en la región, así como por la secular primacía de los Estados respecto de los ciudadanos y, aunque parezca paradójico, por la frágil institucionalidad pública que permite comprender la relativa debilidad de muchos gobiernos. Nuestras democracias deben consolidarse para dar estabilidad a los gobiernos y superar obstáculos estructurales que dificultan la transición hacia auténticas poliarquías.
Etimológicamente poliarquía significa “muchos gobernantes” y es, por lo tanto, un término opuesto a oligarquía. El concepto desarrollado pone énfasis en el proceso democrático para que los ciudadanos tengan capacidad de control sobre las autoridades políticas que eligen, así como sobre las instituciones a través de las cuales se ejerce el poder.
Hay poliarquía cuando, entre otras circunstancias, los ciudadanos pueden incluir sus problemas en las agendas de los diferentes niveles gubernamentales; cuando todos los integrantes de la base societaria pueden definir los regímenes y sistemas para la generación y distribución de los recursos y la forma en que debe moldearse la sociedad misma; y cuando el derecho se produce democráticamente y origina un ordenamiento capaz de vincular a todos los miembros de una sociedad.
Si en un país la gran mayoría de sus integrantes trabajan en la informalidad -con jornadas de trabajo más extensas, mayores riesgos en cuanto a las condiciones y medio ambiente laboral, sin la vigencia de los derechos laborales básicos que permiten la discriminación, por ejemplo- y ello sólo pueden sobrevivir mientras una minoría trabaja en la formalidad y puede progresar …. es muy difícil que la gobernabilidad democrática se consolide.
En los países miembros del SICA, en promedio, el 62 por ciento de la población económicamente activa encuentra empleo en la economía informal y sólo 35 por ciento de dicha población cuenta con empleo formal. Debe tenerse en cuenta que en estos países la informalidad varía entre 36 por ciento y 77 por ciento.
El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propia capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realizad sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso digno y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social ni aquél que excluye el diálogo social y el tripartismo. Trabajo decente es aquella ocupación productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. ¡Ese tipo de trabajo sólo se puede conseguir en la formalidad!
Espero que la generación de trabajo formal en el país esté en el corazón de la agenda de la próxima administración que guiará los destinos de El Salvador. En dicha tarea podrán contar con el apoyo de la OIT y con los conocimientos que ha logrado desarrollar en los últimos 40 años respecto de un fenómeno cada vez más extendido mundialmente.
Esa tarea exigirá una articulación clave entre los ministerios de trabajo, economía y educación y una toma de conciencia por parte de empleadores y trabajares formales e informales de que más y mejores empresas son las que generan más y mejores trabajos y por tanto condiciones para más y mejor democracia.