La OIT fortalece capacidades sindicales en conducta empresarial responsable en la agroindustria colombiana

Cali (OIT Noticias) Durante dos días, mujeres, jóvenes y liderazgos sindicales analizaron los retos del sector y trabajaron en propuestas para avanzar en la aplicación de los marcos internacionales de conducta empresarial responsable (CER) —incluyendo la Declaración Tripartita de la OIT, las Líneas Directrices de la OCDE y los Principios Rectores de la ONU— en territorios rurales marcados por desigualdades, conflictividad y precarización laboral.

Ana Manrique, coordinadora nacional del Proyecto CERALC de la OIT para Colombia, subrayó que la OIT está apoyando la alineación de políticas públicas con estándares internacionales y fortaleciendo las capacidades de los actores del mundo del trabajo para promover prácticas empresariales responsables. Destacó además la importancia de que los sindicatos ejerzan su rol de vigilancia y seguimiento.

Estamos priorizando la instalación de mesas sectoriales permanentes de derechos humanos, adaptadas a la ruralidad. Una cosa es dialogar con grandes empresas y otra con pequeños y medianos productores. Por eso fortalecemos la articulación entre seccionales del Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, garantizando que las directrices se implementen en territorio.
Ana Manrique, coordinadora nacional del Proyecto CERALC de la OIT para Colombia

La OIT reiteró su compromiso en ofrecer metodologías, formación y acompañamiento técnico para que los trabajadores puedan participar en procesos de monitoreo sin exponerse a riesgos. Por su parte, el representante de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, Sergio Salazar, presentó avances clave que dialogan directamente con las agendas sindicales del sector agroindustrial:

Primero, demostró que el país cuenta por primera vez con un Decreto de Empresas y Derechos Humanos que crea un marco de coordinación obligatoria entre entidades del Estado. Esto permite integrar estándares dentro de las funciones misionales de agricultura, trabajo, ambiente y autoridades territoriales. Aunque el decreto no impone obligaciones de debida diligencia a las empresas, sí fortalece las condiciones institucionales para promover el trabajo decente, la inspección laboral efectiva y la prevención de riesgos en cadenas agroindustriales.

Segundo, expresó que el Estudio Nacional de Línea de Base —que será público el 15 de diciembre— identifica con claridad los desafíos que viven las y los trabajadores rurales: informalidad, tercerización, brechas salariales, riesgos laborales, exposición a violencias en zonas con presencia de grupos armados, debilidades en la protección a defensores sindicales y limitaciones en negociación colectiva. Este diagnóstico es fundamental para priorizar políticas públicas que respondan a una realidad laboral compleja y, en muchos casos, invisibilizada.

Por su parte, Fabio Manuel Herrera, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, recordó que el sindicalismo colombiano ha impulsado la observancia internacional de derechos laborales desde la OIT: “En los últimos cinco años nuestros informes han tenido eco, permitiendo incluso visitas no anunciadas a empresas”. Sin embargo, el eco va más allá de las visitas. Herrera alertó sobre el miedo persistente en los lugares de trabajo, especialmente en la agroindustria.

Denunciar implica riesgos de despido, agresiones físicas e incluso la vida. En regiones como el Valle del Cauca tenemos casos semanales de amenazas contra nuestros dirigentes
Fabio Manuel Herrera, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT

El dirigente enfatizó la necesidad de inspecciones preventivas que integren a trabajadores y empresas, así como metodologías de la OIT para proteger a quienes reportan vulneraciones. También subrayó el papel del diálogo social para incorporar las necesidades de género y juventudes en las políticas públicas.

Desde el Ministerio de Trabajo, Luz Stella Ríos expuso las inequidades que enfrentan mujeres y jóvenes en la agroindustria: “Persisten dificultades de acceso al empleo, inequidad salarial, sobrecarga de cuidados y barreras para ejercer derechos laborales. En la ruralidad no se cumple el debido proceso y no hay acceso a instituciones o asesoría jurídica”. También señaló las fallas en seguridad y salud en el trabajo, la precarización por tercerización y rotación estacional, y el impacto de la reconversión tecnológica.

Debemos mapear la transformación industrial y capacitar a los trabajadores para que no queden por fuera.
Luz Stella Ríos del Ministerio de Trabajo

El evento dejó un plan de acción que permitirá identificar prioridades sindicales en CER, debida diligencia, género y juventud, y construir propuestas para fortalecer la vigilancia sindical y la incidencia en políticas públicas. Así mismo se avanzó en una hoja de ruta para la CUT que articule igualdad de género, juventud rural y transición justa en la agroindustria. Se espera que con esta línea de acción se pueda consolidar la articulación entre sindicatos, gobierno y organismos internacionales.

La OIT reafirmó su compromiso de continuar acompañando a la CUT y sus organizaciones en la implementación de estrategias territorializadas que promuevan trabajo decente, igualdad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos en las cadenas agroindustriales del país.