Polonia es el decimotercer país en ratificar el Protocolo sobre trabajo forzoso y el octavo Estado miembro de la Unión Europea en hacerlo.
El país ha estado comprometido con la lucha contra la trata de personas desde hace mucho tiempo, con la introducción de un programa dirigido a prevenir y combatir la trata de personas en 2003, y la creación en 2004 de un grupo de trabajo de lucha contra la trata.
Polonia además ha reforzado regularmente su marco jurídico, a través de, entre otras iniciativas, la adopción de enmiendas al Código Penal en 2010, las cuales introdujeron las definiciones de esclavitud y de la trata de personas y establecen penas de prisión.
Tras la adopción de la Ley de Extranjería en 2013, las víctimas de la trata pueden hacer uso de un período de reflexión y un permiso de residencia cuando son extranjeros. La asistencia a las víctimas de la trata es suministrada por el Centro Nacional de Consulta e Intervención para las víctimas de la trata (KCIK).
