Montevideo, Uruguay.- Un importante avance en la reducción de la desigualdad en los ingresos laborales en los últimos quince años y el rol clave que han cumplido las políticas laborales y tributarias para ayudar a contrarrestar esta desigualdad son algunos de los principales avances en materia de desarrollo inclusivo que destacaron la OIT y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en un informe dado a conocer en esta ciudad.
El estudio: "Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Uruguay", elaborado por ambos organismos, analiza el caso de Uruguay en términos de crecimiento económico, dinámica del mercado laboral y protección social, considerados como pilares fundamentales del desarrollo inclusivo.
Se afirma en el informe que "en términos de ingresos existe menor desigualdad entre los trabajadores de los distintos estratos productivos". Sin embargo advierte que aun hay desafíos pendientes como avanzar en la protección social y "promover un cambio estructural progresivo" que "permita crear más y mejores empleos y que genere un crecimiento sostenible e inclusivo tanto económica como socialmente".
Se destaca especialmente que aún en condiciones de desigualdad productiva creciente, las políticas laborales y tributarias pueden contrarrestar estas tendencias regresivas y contribuir a reducir la desigualdad de los ingresos laborales.
El evento contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro; el director de la Oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou; la directora de la Cepal en Montevideo, Verónica Amarante y el coordinador del proyecto por la Cepal, Ricardo Infante.
El estudio presentado es resultado de una iniciativa conjunta de la CEPAL y la OIT, dirigida a ampliar el debate y fortalecer el análisis en relación al diseño de una estrategia de desarrollo inclusivo en el Uruguay. En el marco de este proyecto conjunto se han realizado estudios sobre la situación de América Latina y el Caribe, abordando los casos de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
A través de estos informes, ambos organismos buscan apoyar la formulación de políticas que impulsen la convergencia entre productividad, el crecimiento económico para la igualdad, la promoción del trabajo decente y la justicia social.
