Con una herramienta de información innovadora, Brasil consolida la política pública nacional para brindar asistencia a las víctimas del trabajo esclavo

Creado con el apoyo de la OIT, el Flujo Nacional de Atención a Víctimas del Trabajo Esclavo orienta las prácticas de denuncia, planificación, rescate y post-rescate de víctimas del trabajo análogo a la esclavitud y pasa a formar parte del ordenamiento jurídico del país, siguiendo una ordenanza del Ministerio de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos.

18 de octubre de 2021

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El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH) hizo público el Flujo Nacional de Atención a Víctimas del Trabajo Esclavo, una importante herramienta de información y combate al trabajo esclavo en el país. El anuncio se realizó a través de una Ordenanza Ministerial anunciada en el Boletín Oficial de la Unión (DoU) del 7 de octubre de 2021.

La publicación en el DoU es un procedimiento legal importante, porque institucionaliza la política diseñada e inserta a Flujo en el sistema jurídico.

Lanzado en 2020, el Flujo Nacional de Atención a Víctimas del Trabajo Esclavo representa un hito para la política pública brasileña y establece una guía para las acciones de las entidades federativas y actores sociales involucrados en la lucha contra el trabajo esclavo en Brasil. Define los roles y responsabilidades de cada uno de los actores involucrados y estandariza la atención a las víctimas rescatadas y asegura un apoyo especializado y humanizado, asegurando su derivación a las políticas asistenciales y servicios públicos relevantes.

Además, Flujo señala una integración efectiva de la Asistencia Social en la política nacional para combatir el trabajo esclavo. El flujo se estructura en tres etapas: desde la presentación de informes hasta la planificación, el rescate y el post rescate de la víctima.

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Lucha contra el trabajo esclavo

El trabajo esclavo es una grave violación de los derechos humanos. En Brasil, la práctica es un crimen previsto en el artículo 149 del Código Penal, que establece: “reducir a alguien a una condición análoga a la de esclavo, ya sea sometiéndolo a trabajos forzados o agotando la jornada laboral, o sometiéndolo a condiciones de trabajo degradantes, o restringiendo, por cualquier medio, su movilidad debido a una deuda contraída con el empleador o agente”.

Entre 1995 y 2021, más de 55 mil personas fueron rescatadas del trabajo esclavo por la Inspección Laboral, según el Radar de la Subsecretaría de Inspección del Trabajo (SIT), vinculada al Ministerio de Trabajo y Previdencia.