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Chile: OIT participa en conversatorio sobre empresa, trabajo y derechos humanos
Durante el encuentro, se analizaron conceptos como la debida diligencia y el marco de “Empresas y Derechos Humanos”, cuáles son los desafíos pendientes, y cómo, desde las instituciones se pueden tomar medidas concretas para mejorar las condiciones de las y los trabajadores.
Santiago de Chile.- El miércoles 12 de julio, y con más de 100 participantes, la OIT participó en la 3° Versión del Ciclo de Reflexiones Laborales, organizado por el Programa de Formación Jurídica de la Faculta de Derecho de la Universidad Católica de Chile y la Vicaria de Pastoral Social Caritas.
El evento se centró en el tema de “Empresa, Trabajo y Derechos Humanos”, y contó con la participación de: la Jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Carla Moscoso; el Coordinador Nacional del Proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, de la OIT, Jaime Godoy; el Secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la CUT, Alejandro Ochoa; y la Directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de Generadoras Chile, Macarena Álvarez.
Alejandro Ochoa, de la CUT, destacó el rol que pueden tener las centrales de trabajadores y, en particular, los sindicatos de empresas, en la promoción de la debida diligencia. Al respecto mencionó que “el tema de los derechos humanos es una deuda que existe en Chile. Por ejemplo, puede que la ley de debida diligencia se contraponga al derecho de propiedad, lo que puede terminar generando conflictos y demorando la tramitación de la ley. Es un desafío para los sindicatos hacer respetar los derechos humanos de los trabajadores, pero se necesita voluntad de todos los actores”.
Luego fue el turno de Macarena Álvarez, quien expuso sobre cómo se ha implementado el marco de “Empresa y Derechos Humanos” en la industria de la energía. “Estamos contentos (…) porque es de las que está mejor evaluada en los principios rectores, pero hay que seguir avanzando. Este tema es bastante nicho en Chile, y este marco se ha implementado por empresas extranjeras. Falta conocimiento al respecto. Se necesita colaboración de los distintos actores para avanzar”.
Carla Moscoso, en tanto, señaló que: “(…) las normativas ayudan a los cambios culturales. Entonces, la idea de este proyecto de ley es que pueda ser una suerte de comparsa a un proceso que las empresas han desarrollado. Lo importante es aunar estas miradas en este proyecto, por lo que el proceso participativo es clave. No se tiene un proyecto de ley redactado, sino que se busca construir esta norma en base a experiencia comparada y al diálogo, donde todos los actores del trabajo participen activamente en la propuesta de ley, identificando puntos más críticos sobre esta temática”.
Jaime Godoy destacó los esfuerzos que buscan implementar las orientaciones de la OIT. En ese sentido, expresó que “la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) de 1977, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998, son los principales instrumentos de la OIT que brindan orientación a las empresas en materia de política social y prácticas laborales responsables. Estas declaraciones se basan en las normas internacionales del trabajo, permitiendo el entendimiento de la agenda de trabajo decente en el sector empresarial y la adopción por parte de las empresas de prácticas laborales sostenibles e inclusivas.
El representante de la OIT además enfatizó en la necesidad del diálogo social y la participación de los distintos actores del trabajo en este tema.
Durante la actividad, los cuatro invitados profundizaron en la debida diligencia y el marco de “Empresas y Derechos Humanos”, cuáles son los desafíos pendientes, y cómo, desde cada una de las instituciones que representaban, influir en mejorar las condiciones de los trabajadores.
La debida diligencia es un proceso que permite a las empresas identificar, prevenir y mitigar sus impactos negativos reales y potenciales y dar cuenta de cómo abordan dichos impactos. Instrumentos como la Declaración EMN y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, incluyen la expectativa de que las empresas lleven a cabo la diligencia debida como parte de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
