Abonar a la construcción de un sistema de administración de justicia eficaz y moderno

Abonar a la construcción de un sistema de administración de justicia eficaz y moderno en El Salvador

Por: Irene Cuellar, Facilitadora Nacional, Proyecto Verificación

Desde el año 2007 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha venido impulsado una serie de acciones en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el documento denominado “Libro Blanco”, el cual contiene diversas recomendaciones relativas a mejorar la aplicación de la legislación laboral y la creación de una cultura de respeto de los derechos laborales.

Para el caso específico de El Salvador, los retos que se identificaron en el área denominada “Tribunales Laborales” tienen relación con aspectos relativos a la modernización y el fortalecimiento del sistema de administración de la justicia laboral, entre los que destacan la especialización de la jurisdicción, el aumento de la cobertura, el incremento de la capacidad técnica y de formación de los operadores de justicia, la posibilidad de establecer mecanismos de resolución alterna de conflictos eficaces y oportunos, la garantía de la celeridad en los procesos, entre otros.

Con el propósito de darle cumplimiento a estos compromisos, la CSJ, con el apoyo de proyectos de cooperación técnica, entre los que destaca el Proyecto Verificación de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), ha realizado una serie de acciones que han tenido como finalidad abonar a la construcción de un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, a través del cual se garantice el goce y respeto de los derechos laborales fundamentales de las y los ciudadanos.

Entre las medidas que se han propiciado están la elaboración de una serie de diagnósticos en algunas áreas y etapas del proceso laboral, identificadas como críticas; el impulso para el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de despacho judicial; la capacitación de las y los operadores de justicia en la aplicación de la Normas Internacionales de Trabajo y la legislación nacional; el desarrollo de campañas de divulgación de información sobre los servicios que presta la institución a las personas trabajadoras, en caso de violaciones a los derechos laborales; el fortalecimiento de los sistemas de información, útiles para la toma de decisiones; la promoción del cambio del sistema de juicio escrito al oral, entre otras acciones.

En este contexto y a solicitud del máximo órgano del Poder Judicial, el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, elaboró y dio a conocer en agosto de 2011 el documento denominado “Una visión del estado de situación de la administración de justicia de El Salvador y propuestas para su modernización y fortalecimiento”. Dicho informe contiene una descripción de la situación y estructura actual del sistema de administración de justicia laboral; la identificación de los principales problemas que limitan el accionar del órgano judicial en esta materia, y una propuesta general de las medidas a implementar para garantizar la reducción de la duración de los procesos laborales, el establecimiento de una jurisprudencia laboral uniforme, la mejora de las garantías procesales y la especialización de la jurisdicción laboral.

Entre los principales obstáculos que señala el estudio arriba mencionado está el de la falta de una ley procesal autónoma, lo cual facilita la aplicación de principios civilistas en los juicios laborales y amarra al derecho del trabajo en una especie de dependencia que le cohíbe profundizar en su propia esencia y naturaleza1. Además, bajo este modelo se afecta la uniformidad de criterios de aplicación en detrimento de la seguridad jurídica de los justiciables, ya que cada juzgador determina el grado de aplicabilidad supletoria.

Como conclusión, el estudio apunta que “es imprescindible para la efectividad de la tutela judicial y el acceso a una justicia pronta, que se elabore una norma procesal laboral autónoma que recoja el modelo de juicios orales, concentrados, con inmediación, y aplicados por juzgados especializados, para brindar certeza jurídica y rapidez en los juicios laborales”2.

Con el acompañamiento y asistencia técnica del Proyecto Verificación de la OIT, la CSJ instauró, como estrategia para superar esta limitante, la Comisión de Reforma del Proceso Laboral – en adelante, la Comisión –. Dicho espacio está integrada por tres magistrados, uno por cada una de las tres salas que tienen competencia en el tema laboral – Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de lo Constitucional –; y tiene como mandato principal la elaboración de una nueva Ley Procesal Laboral basada en juicios orales y concentrados, que permitan potenciar el mandato de una pronta y cumplida justicia, así como el diseño de una estrategia integral para garantizar su implementación y seguimiento3.

A su vez, la Comisión creó un Equipo Técnico Redactor – en adelante, el Equipo – de apoyo de la Comisión4, cuyo objetivo es elaborar un proyecto de ley en el que se diseñe el modelo de juicios por audiencia y recoja en su texto las modernas tendencias procesales en materia de trabajo5. Esta ha sido la instancia con la que el Proyecto Verificación ha trabajado de cerca, en la construcción de la nueva normativa.

Finalmente y con la intención de contemplar el elemento de diálogo social, distintivo de todas las acciones que apoya y asiste el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, desde el inicio de este proceso de elaboración de una nueva normativa, se sugirió a la CSJ la creación de una Comisión de Consulta, a través de la cual se garantizaría la participación de los principales actores que inciden en la dinámica socio – laboral del país.

Así pues, la Comisión de Consulta está conformada por 25 representantes provenientes tanto de instituciones públicas con competencia en materia laboral, representantes de las principales organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y universidades.

A lo largo de estos 7 meses, la Comisión de Consulta ha sostenido múltiples sesiones de trabajo junto con el Equipo Redactor con el objetivo de conocer, discutir y definir sobre los aspectos centrales que contiene la propuesta de reforma procesal laboral. Vale destacar que todas estas acciones han contado con la asistencia técnica y financiera del Proyecto Verificación de la OIT.

Por su parte, tanto el Equipo Redactor como la Comisión de Reforma del Proceso Laboral han celebrado, a solicitud de los sectores, reuniones bilaterales, con el objetivo de ampliar aspectos específicos de la propuesta de ley.

Finalmente, el pasado 25 de mayo de 2012, como producto del trabajo realizado durante 8 meses por el Equipo, y a través de un proceso que ha promovido y garantizado una amplia participación de los principales actores socio – laborales del país, la CSJ entregó a los miembros de la Comisión de Consulta la versión preliminar de la Ley Procesal Laboral.

Actualmente, el Equipo se encuentra trabajando en la incorporación de las observaciones pertinentes que, sobre este documento, han realizado cada uno de los miembros de la Comisión con el objetivo de completar el proyecto de ley. Además, la CSJ ha solicitado el acompañamiento técnico del Proyecto Verificación de la OIT, tanto para la fase de lobby en la Asamblea Legislativa y con otros tomadores de decisión, como para la elaboración de un plan de acción para asegurar la efectiva implementación de la nueva normativa, una vez entré en vigencia