Crisis energética, minerales críticos y empleo: qué está en juego para América Latina y el Caribe

La escalada de tensiones en Medio Oriente desde finales de febrero de 2026 no es solo una crisis regional. También constituye un shock energético mundial con consecuencias directas para el empleo, los ingresos laborales y las condiciones de trabajo de millones de personas en América Latina y el Caribe.

Para muchas familias trabajadoras, el impacto puede sentirse rápidamente en el costo de los alimentos, el transporte y otros bienes esenciales. Pero las consecuencias van más allá del corto plazo. La nueva geopolítica energética también puede acelerar transformaciones económicas que redefinirán la forma en que se produce, se invierte y se generan empleos en la región durante los próximos años.

Un shock que encuentra vulnerabilidades persistentes

El encarecimiento de la energía no ocurre en el vacío. América Latina y el Caribe enfrenta este nuevo escenario con desafíos estructurales que siguen limitando la resiliencia de sus mercados laborales. Cerca de la mitad de las personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad, amplios sectores de la población carecen de una cobertura adecuada de protección social y muchos países disponen de un espacio fiscal limitado para responder a nuevas presiones económicas.

En este contexto, los aumentos en los precios de la energía actúan como un impuesto regresivo. Elevan los costos de producción y transporte, alimentan presiones inflacionarias y reducen el poder adquisitivo de los hogares, afectando especialmente a quienes cuentan con menores ingresos.

La situación, sin embargo, no es homogénea. Algunos países exportadores netos de petróleo pueden beneficiarse temporalmente de mayores ingresos asociados al alza de precios. En cambio, muchos países importadores netos de energía, particularmente en Centroamérica y el Caribe, enfrentan mayores presiones sobre sus cuentas externas y menos margen para implementar medidas de apoyo económico.

Minerales críticos: una oportunidad que requiere políticas activas

Paradójicamente, un petróleo más caro también puede acelerar la transición global hacia energías renovables y tecnologías bajas en carbono. Esa transición demanda minerales críticos como litio, cobre y níquel, recursos de los cuales América Latina dispone en abundancia.

Esta situación abre una oportunidad estratégica para impulsar inversiones, diversificar las estructuras productivas y generar empleo. Sin embargo, la experiencia histórica de la región muestra que la disponibilidad de recursos naturales, por sí sola, no garantiza desarrollo inclusivo ni trabajo decente.

Sin políticas industriales adecuadas, marcos regulatorios sólidos, sistemas de formación y desarrollo de competencias, así como mecanismos efectivos de distribución de beneficios, el auge de los minerales críticos podría reproducir patrones ya conocidos: especialización en actividades extractivas, escasa generación de empleo de calidad y alta dependencia de los ciclos internacionales de precios.

La cuestión central no es únicamente cuánto crecerán estas actividades, sino qué tipo de empleos generarán y quiénes podrán acceder a ellos.

La transición justa como desafío estratégico

La transición energética puede convertirse en una fuente importante de nuevas oportunidades laborales. Pero para que esos beneficios alcancen a más personas se requieren políticas deliberadas que acompañen los procesos de transformación productiva.

El concepto de transición justa adquiere aquí una importancia fundamental. La transformación hacia economías más sostenibles debe ir acompañada de inversiones en formación profesional, fortalecimiento de los sistemas de protección social, apoyo a los trabajadores afectados por los cambios productivos y mecanismos efectivos de diálogo social.

La calidad de las instituciones será determinante para que la transición energética contribuya a reducir desigualdades en lugar de profundizarlas.

Tecnología, fragmentación e instituciones

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial y la automatización continúan transformando los mercados laborales de la región. Sin embargo, la creciente fragmentación del contexto internacional puede dificultar el acceso a inversión, infraestructura y transferencia tecnológica precisamente cuando estos elementos resultan más necesarios para impulsar ganancias de productividad y crear nuevas oportunidades de empleo.

Frente a estas tendencias, los resultados no están predeterminados. Los países que fortalezcan sus instituciones laborales, amplíen la protección social, promuevan la formalización del empleo y consoliden espacios de diálogo social estarán mejor preparados para transformar los riesgos en oportunidades de desarrollo productivo inclusivo.

Una agenda regional para responder a la transformación

Estas reflexiones son consistentes con las prioridades establecidas por los constituyentes tripartitos de la región en la Declaración de Punta Cana, adoptada durante la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT en 2025.

La Declaración reafirma la importancia de fortalecer la democracia, el diálogo social, las instituciones laborales y la justicia social para enfrentar las profundas transformaciones que atraviesan el mundo del trabajo. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, transición energética y aceleración tecnológica, estos principios adquieren una relevancia aún mayor.

La pregunta no es si la nueva geopolítica energética transformará el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe. La transformación ya está en marcha.

La verdadera cuestión es si las instituciones, las políticas públicas y el diálogo social serán capaces de orientar ese proceso hacia una transición justa que genere más y mejores oportunidades para las personas trabajadoras.

Este artículo se basa en: Bertranou, F. (2026). El mundo del trabajo en América Latina y el Caribe en el contexto de la nueva geopolítica energética. Cinco tendencias estructurales. *Revista de Economía Política de Buenos Aires*, 32(20), 9-21.