Trabajo decente ante un mundo desigual
Este artículo trata sobre la evolución de las desigualdades en el mundo desde la perspectiva del mundo del trabajo y de los impactos de la crisis. Sostiene que el empleo es la clave para el desarrollo inclusivo y que el trabajo decente y la protección social son el camino para alcanzarlo por lo que deberían ser incorporados en los objetivos de la agenda post-2015. Propone un profundo cambio de orientación que ponga fin las políticas de austeridad y estimule la recuperación económica como forma de reorientar la situación en favor del empleo, el trabajo decente, la protección social y la reducción de la desigualdad.
14 de junio de 2013
Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT para España
Judith Carreras, Consejera de la Oficina de la OIT para España
La desigualdad no tiene una sola cara es multidimensional, se escribe en plural: hay desigualdades sociales, económicas, políticas y ambientales. Desigualdades que en muchos casos se dan de forma combinada. En el plano económico, las desigualdades de ingreso crean disparidades en el acceso de los recursos necesarios para participar en la sociedad, pero supone también hablar de falta de acceso a los alimentos, a la energía o a la tierra. En el plano social las desigualdades dan lugar a fuertes situaciones de discriminación y exclusión. Unas discriminaciones que pueden ser horizontales ya sea por motivo de género, etnicidad, opción sexual, diversidad funcional o religión. O verticales por motivos de casta o clase. En el plano ambiental puede verse la distinta exposición a peligros y riesgos ambientales y la capacidad para hacer frente a efectos ambientales adversos según lugar de residencia o recursos económicos. Y en el plano político, entre un largo etcétera, puede hablarse de las oportunidades participación, el acceso a la información, la existencia de leyes discriminatorias, pero también de las desigualdades entre los países con respecto a la gobernanza internacional. Las desigualdades no son un problema que pueda atajarse por acciones específicas, son problema estructural que mella el desarrollo social y erosiona la justicia social.
En este artículo nos centraremos principalmente en la evolución de las desigualdades partiendo del mundo del trabajo y de los impactos de la crisis. El colapso financiero de 2008 ha abierto una crisis global sin precedentes que se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Sus impactos no han sido iguales en todos los países y sectores, pero que ha dejado tras de sí una importante destrucción de empleo agravando la situación de subempleo mundial. La crisis ha frenado la tendencia de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo, ha puesto en riesgo avances conseguidos en los últimos años con las agendas de desarrollo y ha erosionando conquistas sociales que se daban por consolidadas en los países industrializados.
Considerando el índice Gini, en la mayoría de economías desarrolladas las desigualdades de ingreso disminuyeron inicialmente, entre 2007 y 2010, por las medidas protectoras que se adoptaron en un primer momento de la crisis, pero volvieron a aumentar desde 2010 . En las economías emergentes y en desarrollo, que partían de diferenciales mucho más altos, las desigualdades de ingreso han disminuido , siguiendo la tendencia de reducción que se venía produciendo en los últimos años antes de la crisis.
En un momento donde la comunidad internacional y los estados nacionales están discutiendo la hoja de ruta post-2015, horizonte después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, existe una necesidad y una oportunidad de poner la equidad en el centro de la agenda de desarrollo, y de fijar objetivos concretos y medibles en áreas que permitan no sólo reducir la pobreza, sino también corregir los problemas estructurales del modelo actual y sentar las bases de desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
La centralidad del empleo es clave. “El desarrollo viene con el empleo”. Esta simple frase resume una realidad de siempre: que el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza, y que la expansión del empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos. Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico.
Por ello, la OIT considera fundamental la promoción de dos objetivos : (i) el objetivo del empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y (ii) la aplicación de pisos de protección social para reducir la pobreza y fomentar la resiliencia.
Una lección extraída de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que el establecimiento de objetivos simples y concretos facilita la movilización del apoyo público, y que la fijación de metas claramente cuantificables es una buena forma de impulsar la consecución de resultados y el seguimiento transparente de los progresos. Resulta imprescindible, en este sentido, que en la agenda de desarrollo para los próximos decenios, los objetivos relativos al empleo sean incorporados.
La experiencia de los logros y límites de la agenda internacional en la lucha contra la pobreza así lo aconseja.
La pobreza extrema está disminuyendo en todas las regiones. El mundo ha cumplido la meta de reducir a la mitad la cantidad de personas sin acceso al agua potable. Se ha logrado la paridad en enseñanza primaria entre niñas y niños. En todas las regiones aumentó el acceso al tratamiento para las personas con VIH .
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala en su último informe de 2012 sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que en las últimas décadas se han observado mejoras de todos los componentes del IDH -longevidad, logros en educación e ingresos- en todos los grupos y regiones, con un mayor progreso en aquellos casos donde era más bajo.
La mayoría de países han avanzado y en algunos de ellos el progreso ha sido particularmente rápido, en especial Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Lo que el propio informe denomina como ascenso del Sur Global.
No obstante, desde que comenzó la crisis está tendencia se ha visto alterada. Las tasas de pobreza en las economías avanzadas han aumentado y en los países en vías de desarrollo han disminuido a un menor ritmo que antes de la crisis y en algunos casos revertidos. En la última década, las tasas totales de pobreza, medidas por medio de la proporción de la población que vive con menos de 1,25 dólares al día, habían disminuido 17 puntos porcentuales, pasando del 42 por ciento en 1990 al 25 por ciento en 2005. Sin embargo, la subida de los precios de la alimentación y de los combustibles y la crisis mundial de 2008 invirtieron estas tendencias positivas en algunas regiones del mundo.
En esta misma lógica, se observa una creciente polarización salarial sugiriendo que se ha producido un vaciamiento de las clases medias, sobretodo en las economías desarrolladas. En los países en desarrollo, el tamaño de las clases medias ha aumentado en la última década. Si bien sigue siendo un avance frágil. De hecho la mayoría de las familias ha conseguido niveles de ingreso solo por encima las líneas convencionales de pobreza, con lo cual sigue existiendo un alto riesgo de caer en situaciones de pobreza si no es consolidado .
Asimismo, el informe también constata problemas más profundos compartidos por el Norte y el Sur y es justamente una desigualdad creciente en muchos países, señalando que se puede “afirmar que existe un sur en el Norte y un norte en el Sur” . El PNUD ha traducido esta desigualdad en un nuevo indicador, presentado en 2010, denominado como IDH ajustado por la desigualdad (IDH-D) el cual pondera el nivel medio de desarrollo y su distribución a lo largo de las dimensiones que configuran el IDH. Cualquier diferencia entre los dos indica desigualdad. Cuanto mayor es la diferencia, mayor será la desigualdad. De hecho la diferencia entre uno y otro representa la “perdida” en el potencial de desarrollo humano debido a la desigualdad.
Según esto, en los 132 países estudiados, casi un cuarto del valor del IDH, el 23% se pierde en desigualdad . Entre 1990 y 2005, las tendencias del IDH-D correspondientes a 66 países indican que la desigualdad general se redujo solo de manera marginal, porque la disminución de la desigualdad en salud y educación fue contrarrestada por un aumento de la desigualdad en el nivel de ingresos .
Las desigualdades no solo afectan a las personas excluidas que las sufren de forma directa, sino suponen un freno en la consecución de unos logros sociales e inhiben el desarrollo, la estabilidad democrática y la justicia social.
La desaceleración económica ha afectado considerablemente a la creación de empleo. El empleo mundial aún no se ha recuperado de la crisis mundial que estalló en 2008.
La tasa total de ocupación era del 55,7 por ciento en el tercer trimestre de 2012, esto significa que hay un déficit de alrededor de 13,4 millones para restaurar las tasas de empleo antes de la crisis. Si además se considera el número de jóvenes que han entrado al mercado de trabajo significa que hay un déficit de 19 millones para restaurar las tasas de empleo previas a la crisis .
No obstante, existen notables diferencias entre los países en lo que se refiere a las tendencias recientes del empleo. Las tasas de ocupación se han recuperado mucho más deprisa en las economías emergentes y en vías de desarrollo, sobre todo en estas últimas, en las que han sobrepasado en su conjunto los niveles en los que se encontraban antes de la crisis .
Como ya habíamos señalado al principio del artículo unos 200 millones de mujeres y hombres están desempleados, cifra que podría ser superior considerando que tiende a estar subestimada por la presencia de una la fuerza de trabajo en sector informal. De los cuales unos 74 millones de son jóvenes están desempleados.
Las tasas de paro juvenil han aumentado con la crisis en alrededor del 80 por ciento de las economías avanzadas y en dos tercios de las economías en vías de desarrollo . Además se observa que son los primeros en haber perdido el trabajo y los últimos en acceder en aquellos casos donde se reactiva la economía.
El tiempo durante el cual los jóvenes permanecen desocupados está aumentando, y las secuelas del desempleo juvenil pueden durar toda la vida. En promedio en los últimos cinco años la incidencia de paro de larga duración (más de 12 meses) ha aumentado un 56% en las economías avanzadas y en las economías en desarrollo para las que existe información . En el 75% de los países para los cuales hay información (la mayoría economías avanzadas), el número de trabajadores desalentados que han dejado de buscar trabajo ha aumentado. Asimismo las percepciones de la disponibilidad de “buenos empleos” han disminuido .
A nivel mundial, las brechas de género en los indicadores económicos del desempleo y empleo tendieron hacia la convergencia en el período de 2002 a 2007, pero esta lógica se revirtió coincidiendo con el período de la crisis 2008-2012 en muchas regiones. La disparidad en la participación de la fuerza laboral se redujo en los años 1990, pero mostró poca o ninguna convergencia en la década pasada. Tanto las tasas de los hombres como de las mujeres descendieron de igual modo en la última década, en gran parte a causa de la educación, el envejecimiento y el efecto de “trabajadores desalentados”. El indicador de segregación por sectores económicos muestra que la segregación sectorial ha aumentado a lo largo del tiempo .
Si observamos el Índice de Desigualdad de Género (IGD) que recoge la pérdida de logros a causa de la desigualdad de género en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado labora, se observan avances casi universales en la última década, 2000-2012 . No obstante otras dimensiones que configuran la realidad de muchas mujeres y determinan la equidad como son las diferencias de género en los hogares, la prevalencia del trabajo no remunerado y de cuidados de las mujeres, y la división sexual del trabajo quedan a menudo invisibilizadas.
La recuperación del mercado de trabajo ha sido en gran medida precaria, ya que el trabajo a tiempo parcial y temporal involuntario y el empleo informal han aumentado. El análisis de la naturaleza de los puestos de trabajo creados entre 2007 y 2010 en los 20 países de los que existen datos muestra, en primer lugar, que la remuneración de la mayoría de los nuevos puestos de trabajo es inferior al salario medio .
La proporción de empleo informal sigue siendo alta y representa más del 40 por ciento en dos tercios de los países emergentes y en vías de desarrollo de los que se dispone de datos . En muchos de los países en vías de desarrollo, la población trabajadora del sector informal ha aumentado con la entrada de los parados procedentes del sector formal, lo cual ha provocado una brusca disminución de los ingresos de los trabajadores. La situación es similar en las economías avanzadas, en las que el aumento del trabajo temporal y de los trabajadores precarios también provoca una disminución de las rentas.
En muchos países en los que se ha reanudado el crecimiento del empleo, éste tiende a ser de corta duración. El trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntarios están aumentando en la mayoría de los países en los que se ha reanudado el crecimiento del empleo. El trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntarios han aumentado en dos tercios de las economías avanzadas y en más de la mitad de estas economías, respectivamente.
Desarticulación de las instituciones del mercado de trabajo
Ante la crisis, la visión dominante de las políticas laborales ha sido que las instituciones del mercado de trabajo han impuesto rigideces en el mercado de trabajo que han resultado en una insuficiente creación de puestos de trabajo y falta de oportunidades.
En este sentido, el Informe de desarrollo mundial. Equidad y Desarrollo del Banco Mundial de 2006 señalaba que los mercados de trabajo son un campo habitual de intervención del gobierno para conseguir mayor igualdad y equidad pero que ello tiene a veces costes en términos de eficiencia. Apunta a que existe un coste de oportunidad real entre la protección de los trabajadores más débiles (lo cual es bueno para la equidad) y la flexibilidad (buena para el crecimiento) y en base a ello promueve revisar estas ineficiencias .
De hecho, muchas de los países, enfrentados al doble reto del bajo crecimiento del empleo y el reducido espacio fiscal han recurrido cada vez más a utilizar el instrumento de las reformas del mercado de trabajo para tranquilizar a los mercados financieros con la esperanza de estimular así el crecimiento económico.
Alrededor de 40 países de 131 (un 31 por ciento) han modificado su legislación de protección del empleo de los asalariados indefinidos. Esta tendencia es especialmente destacada en la UE-27, en la que se han introducido cambios en la protección del empleo de los trabajadores indefinidos en 19 de los 27 países .Por otra parte, los cambios de la legislación relativa a los asalariados indefinidos han puesto principalmente el acento (en el 60 por ciento de los casos de países que han introducido cambios en su legislación) en la reducción de la protección global. Así ha sucedido sobre todo en las economías avanzadas, en las cuales el 76 por ciento (13 países) de las intervenciones ha reducido la protección del empleo de los asalariados indefinidos .
En 25 países de 131 (el 19 por ciento) han llevado a cabo cambios en la legislación por la que se rigen los despidos colectivos por motivos económicos. En el 60 por ciento de estos casos (15 países), la nueva legislación facilita el uso de los despidos colectivos, por ejemplo, al reducir los procedimientos administrativos que hay que seguir o al aumentar el nivel numérico de referencia por encima del cual un despido se considera colectivo. En Europa central y suroriental y en el África subsahariana, los cambios de la legislación sobre los despidos colectivos han suavizado la normativa en el 83 por ciento de los casos .
Por lo que se refiere a la negociación colectiva , se ha observado una tendencia hacia la liberalización y la descentralización que va acompañado de un aumento general de la desigualdad salarial, a pesar de los datos empíricos de Europa (y de otras partes) que muestran que la negociación facilita la capacidad de adaptación de las empresas a las perturbaciones macroeconómicas y salva al mismo tiempo puestos de trabajo.
No obstante y así lo corroboran los datos de empleo, menos protección no ha significado más empleo, de hecho es posible que algunos cambios recientes de la legislación relativa al empleo sean contraproducentes para los niveles de empleo. Viéndose una reducción de la estabilidad del empleo y una incrementos de las desigualdades sin aumentar al mismo tiempo los niveles de empleo .
Si se comparan estas políticas de desarticulación de las instituciones de mercado de trabajo con otras se observará que en los últimos años los países que han logrado los mejores resultados en el mercado de trabajo y los mejores resultados macroeconómicos han sido los que optaron por un enfoque coherente que refuerza las instituciones del mercado de trabajo .
Por ejemplo, en América Latina, algunos países han tomado medidas para aumentar la integración del mercado de trabajo, como en Argentina, donde las instituciones del mercado de trabajo y la negociación colectiva continuaron trabajando juntas en respuesta a la crisis mundial . O en Brasil, donde la crisis interrumpió un fuerte periodo de crecimiento económico al disminuir el PIB en 2009 por primera vez en casi 20 años.
Dentro de la euro-zona, se puede mencionar el caso Austria que ha obtenido unos resultados notablemente buenos en el caso de la macroeconomía y del empleo y ha mantenido al mismo tiempo el equilibrio entre la seguridad de empleo y la capacidad para responder a las perturbaciones. Por ejemplo, en 2008 el gobierno aumentó las indemnizaciones por despido y endureció la legislación relativa a la discriminación por razones de sexo .
La situación del mercado de trabajo exige un cambio de enfoque, las deficiencias de políticas seguidas hasta ahora son contrastables. La flexibilización de las instituciones de mercado no ha sido un estímulo para la generación de empleo, tampoco ha contribuido a reducir las desigualdades y la pobreza dado que sus impactos han sido una mayor precarización y un debilitamiento de localidad del empleo.
Contribución del trabajo decente a la reducción de la desigualdad
Igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados ha sido un debate que trascendido el plano académico y marcado la orientación y estrategia de organismos internacionales y países en la lucha contra la erradicación de la pobreza y las desigualdades.
Por ejemplo, el Banco Mundial en el informe anteriormente mencionado señala que “la preocupación por la igualdad de oportunidades supone que la acción pública debe concentrarse en la forma en que se distribuyen los activos, las oportunidades económicas y la influencia política, y no directamente en las desigualdades de ingresos” en la idea de que asegurar un entorno más equilibrado dará lugar a una reducción de las desigualdades y la consecución de logros educacionales, de salud e ingresos.
Este enfoque ha sido criticado porque debilita la agenda de redistribución, alejando consideraciones de redistribución de ingresos y riqueza del ahora, para poner el énfasis en inversión en oportunidades que pueden dar una situación más igualitaria en el futuro .
Parte del debate, más allá de su efectividad para la consecución de mayor equidad, refleja posiciones diferenciadas sobre el papel que debe jugar el Estado en la economía, con una mayor o menor intervención.
Desde la OIT se apuesta por combinar ambos acercamientos, entendiendo que la desigualdad de oportunidades se refiere a los obstáculos a los que enfrentan los trabajadores en la obtención de la entrada en empleos decentes en el mercado laboral; y la desigualdad en los resultados hace referencia a los resultados del mercado de trabajo, a los ingresos y beneficios para los trabajadores y sus familias. De forma inter-seccional deben abordarse cuestiones como las diferencias de acceso y remuneración al mercado laboral de hombres y mujeres, de trabajadores del sector formal e informal, protegido o no, organizados y no organizados.
En estos términos, dar centralidad a la agenda del trabajo decente resulta clave en la lucha contra las desigualdades y en un cambio hacia un modelo incluyente y sostenible. No solamente hablar de la creación de nuevos empleos, sino que estos tengan la capacidad de reactivar la economía, de sentar las bases de un marco de políticas sociales más amplias, y de ofrecer un medio de vida digna y bienestar a las personas. Y es posible.
Cuatro son las líneas principales para la promoción de un trabajo decente a nivel mundial: (i) salario mínimo y negociación colectiva, (ii) fin de las políticas de austeridad, (iii) agenda pro-empleo, (iv) protección social y redistribución de la riqueza
Entorno a un 50 por ciento de los 151 países para los cuales hay datos, no tienen un sistema exhaustivo de salario mínimo. Un buen diseño de este sistema puede a la vez mejorar los ingresos de la economía informal y reducir la diferencias salarias . Por ejemplo, con la introducción del salario mínimo, los ingresos de trabajadores informales se han visto aumentados desde un 3 por ciento en México a un 22 por ciento en Vietnam . Además la equidad de género es peor en aquellos mercados laborales menos regulados .
La pérdida de puestos de trabajo por la introducción del salario mínimo sobre el empleo se señala frecuentemente como argumento contrario al mismo. No obstante, tal y como señala el Informe del Mundo del Trabajo 2013 de la OIT. La evidencia empírica demuestra que los efectos negativos del salario mínimo son muy pequeños o insignificantes.
La introducción del salario mínimo ha dado lugar a reducciones en desigualdad en el segmento más bajo de las rentas, en particular en Mali, Filipinas, Sudáfrica, Turquía y Vietnam. El salario mínimo ha demostrado ser una herramienta efectiva en reducir las desigualdades en particular entre los más pobres, además de reducir las desigualdades generales en más de la mitad de los países estudiados.
La negociación colectiva, así como los salarios mínimos pueden mejorar los resultados salariales. La mayor cobertura de la negociación colectiva garantiza que los salarios evolucionen más en consonancia con el crecimiento económico, y contribuye también a reducir la desigualdad salarial. En los países “de alta cobertura” (es decir, con una cobertura superior al 30% de los empleados), la elasticidad de los salarios es de 0,87. En otras palabras, cuando el PIB per cápita creció un 1% adicional, los salarios medios aumentaron un 0,87% adicional. En los países con “baja cobertura”, la elasticidad de los salarios es de sólo 0,65. Al mismo tiempo, los salarios mínimos más elevados pueden reducir la desigualdad salarial en la mitad inferior de la distribución de los salarios, y disminuir la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres .
Sin embargo se corre el riesgo de que las medias a corto plazo causen daño a largo plazo al desgastar las bases de bienestar social y desarrollo humano que permiten a las economías crecer, facilitan la prosperidad de las democracias y garantizan sociedades más igualitarias y menos vulnerables a las crisis.
El control de los datos macroeconómicos como la deuda pública ha sido parte importante de estas decisiones. Durante la crisis la deuda pública en porcentaje del PIB aumentó en las economías avanzadas casi 24 puntos porcentuales, alcanzando el 95 por ciento en 2010. Asimismo, en el grupo de economías emergentes, la tasa de endeudamiento aumentó durante ese periodo en el 71 por ciento de los países analizados, pero solo moderadamente (7,7 puntos porcentuales en promedio), alcanzando el 35,5 por ciento del PIB en 2010. En cambio, en los países en vías de desarrollo analizados, la tasa de endeudamiento público cayó 5,5 puntos porcentuales, en promedio, y en 2010 representaba un 52 por ciento del PIB .
No obstante, no todas las decisiones políticas han sido las mismas. Durante la crisis solo el 28 por ciento del grupo seleccionado de países emergentes y en vías de desarrollo adoptó medidas destinadas directamente a reducir las prestaciones sociales, mientras que la cifra es del 65 por ciento en el caso de las economías avanzadas .
La consolidación fiscal reduce la deuda a corto plazo, pero en 2014 los niveles de deuda comienzan a aumentar de nuevo, a través de dos grandes mecanismos de transmisión. En primer lugar, la reducción de la inversión pública produce un efecto negativo en la productividad, lo cual reduce a su vez la inversión privada. En segundo lugar, el lento crecimiento del empleo presiona sobre los saldos presupuestarios. Sin embargo, una reorientación fiscalmente neutral hacia la inversión pública y las prestaciones sociales puede aumentar la creación de empleo. Los datos del Informe del Mundo del Trabajo 2012 de la OIT muestran que los cocientes entre los salarios públicos y la inversión pública, por una parte, y el gasto total, por otra, producen un efecto positivo y significativo en el empleo a corto plazo y durante las épocas de crisis .
Además las medidas han sido en gran parte contraproducentes, no solo desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria sino también desde el punto de vista de los objetivos de empleo. Como consecuencia la consolidación fiscal no ha dado lugar a mejoras del mercado laboral como se esperaba por parte de los que promovieron estas políticas. De hecho, el 96 por ciento de las 26 economías avanzadas para las cuales hay datos y que pusieron políticas de austeridad en marcha desde 2009 han visto para finales de 2011 sus niveles de desempleo todavía más altos .
La austeridad se ha reforzado a través de recorte de gastos que afectan al empleo de forma directa (recortes en inversión pública), o indirecta a través de una espiral de reducción de los niveles de ingreso de las y los empleados (recortes en salarios públicos) o sobre las personas desempleadas (recortes en los beneficios sociales). La austeridad fiscal en su forma actual afectará al empleo y a las posiciones fiscales a medio plazo.
La búsqueda del equilibrio fiscal no es incompatible con objetivos sociales y de mercado laboral fuerte. La consolidación fiscal extrema ahoga las posibilidades de un cambio hacia un modelo centrado en la creación de empleo, inclusivo, equitativo y sostenible. Mientras que los supuestos beneficios de las políticas de austeridad van a verse en medio plazo, sus costes están fuertemente concentrados en el corto plazo, en el presente. Es necesario poner fin a las políticas de austeridad.
Resulta por una parte necesario reactivar la inversión pública para dinamizar la economía y reactivar la inversión privada, pero ello no es suficiente. Es necesario replantear el modelo productivo para dar respuesta a las necesidades sociales, y ambientalmente sostenibles.
Si miramos hacia el futuro, en los próximos 15 años se deberán crear 600 millones nuevos puestos de trabajo para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, principalmente en Asia y África al sur del Sahara . El modelo productivo es la pieza clave.
La política fiscal es otra herramienta clave para el cambio, que permite abordar las excesivas desigualdades de la renta, sobre todo en las economías que tienen superávit y disponer de los recursos necesarios para promoción de las políticas sociales. De la misma manera que la generación de empleo revierte sobre los ingresos públicos para ello.
Las prestaciones sociales también pueden ayudar a luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aumentar al mismo tiempo la demanda agregada. Las medidas sociales, además de estimular la creación de empleo, pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad de la renta y en el aumento de la demanda interior. Cuando la salud, la educación o el cuidado de los menores no son proporcionados por el Estado, las familias deben cubrir esos costes a partir de sus salarios netos, aumentado las desigualdades de facto.
Por ejemplo, China se ha embarcado en un vasto programa para extender la protección social, incluidos una pensión de vejez y un seguro médico universal en las zonas rurales. La India está planeando lanzar su cobertura sanitaria universal basada en el Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) existente para los pobres. La realización de mayores esfuerzos de este tipo también puede apoyar el proceso de recuperación y aumentar la demanda interior, sobre todo en los países que tienen superávit . O en Uruguay el gobierno introdujo en 2007 el Plan de Equidad Social para reducir la pobreza y la desigualdad. Las reformas se diseñaron de modo que fueran neutrales desde el punto de vista de los ingresos y contribuyeron a reducir la tasa nacional de pobreza de un 18 por ciento en 2007 a un 8 por ciento en 2010 .
Desde la perspectiva del mundo del trabajo el empleo es la clave para el desarrollo inclusivo y el trabajo decente y la protección social son el camino para alcanzarlo. La caída del empleo y el desempleo juvenil requieren un profundo cambio de orientación que ponga fin las políticas de austeridad y estimule la recuperación económica como forma de reorientar la situación en favor del empleo, el trabajo decente, la protección social y la reducción de la desigualdad.
Judith Carreras, Consejera de la Oficina de la OIT para España
Desigualdades en el Mundo
Un pequeño grupo de apenas el 0,5% de la población acumula el 35 % de la riqueza mundial y el 20 % posee más del 70 % de los ingresos mundiales, mientras que el 20% más pobre solo tiene acceso al 2%. Nunca en la historia de la humanidad la riqueza había estado tan desigualmente distribuida. Aunque en las últimas décadas la situación de cientos de millones de personas ha mejorado y se han producido avances muy importantes del desarrollo para los más pobres, el ritmo de cambio es demasiado lento. Se estima que se necesitarían aproximadamente 800 años para que los mil millones de personas más pobres del planeta alcanzaran el 10 % de los ingresos mundiales .La desigualdad no tiene una sola cara es multidimensional, se escribe en plural: hay desigualdades sociales, económicas, políticas y ambientales. Desigualdades que en muchos casos se dan de forma combinada. En el plano económico, las desigualdades de ingreso crean disparidades en el acceso de los recursos necesarios para participar en la sociedad, pero supone también hablar de falta de acceso a los alimentos, a la energía o a la tierra. En el plano social las desigualdades dan lugar a fuertes situaciones de discriminación y exclusión. Unas discriminaciones que pueden ser horizontales ya sea por motivo de género, etnicidad, opción sexual, diversidad funcional o religión. O verticales por motivos de casta o clase. En el plano ambiental puede verse la distinta exposición a peligros y riesgos ambientales y la capacidad para hacer frente a efectos ambientales adversos según lugar de residencia o recursos económicos. Y en el plano político, entre un largo etcétera, puede hablarse de las oportunidades participación, el acceso a la información, la existencia de leyes discriminatorias, pero también de las desigualdades entre los países con respecto a la gobernanza internacional. Las desigualdades no son un problema que pueda atajarse por acciones específicas, son problema estructural que mella el desarrollo social y erosiona la justicia social.
La justicia social tiene un carácter multidimensional; sin embargo, al igual que a finales del siglo XIX, el mundo del trabajo es hoy el núcleo del descontento y debe formar parte integrante de la solución, configurando un orden mundial diferente y más justo para el futuro
Guy Ryder, Director General de la OIT
En este artículo nos centraremos principalmente en la evolución de las desigualdades partiendo del mundo del trabajo y de los impactos de la crisis. El colapso financiero de 2008 ha abierto una crisis global sin precedentes que se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Sus impactos no han sido iguales en todos los países y sectores, pero que ha dejado tras de sí una importante destrucción de empleo agravando la situación de subempleo mundial. La crisis ha frenado la tendencia de crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo, ha puesto en riesgo avances conseguidos en los últimos años con las agendas de desarrollo y ha erosionando conquistas sociales que se daban por consolidadas en los países industrializados.
Considerando el índice Gini, en la mayoría de economías desarrolladas las desigualdades de ingreso disminuyeron inicialmente, entre 2007 y 2010, por las medidas protectoras que se adoptaron en un primer momento de la crisis, pero volvieron a aumentar desde 2010 . En las economías emergentes y en desarrollo, que partían de diferenciales mucho más altos, las desigualdades de ingreso han disminuido , siguiendo la tendencia de reducción que se venía produciendo en los últimos años antes de la crisis.
La centralidad del empleo
Si hubiera que definir la crisis con un nombre sería empleo, y es que la crisis actual es eminentemente una crisis de empleo, y los datos así lo evidencian. Unos 200 millones de mujeres y hombres están desempleados. Otros 870 millones —la cuarta parte de los trabajadores de todo el mundo— trabajan, pero sus ingresos no les permiten superar el umbral de la pobreza de los 2 dólares al día por persona en sus hogares. Unos 74 millones de jóvenes están desempleados. El desempleo de los jóvenes alcanza niveles alarmantes en varios países de Europa y África Septentrional. La proporción de empleo informal permanece alta, y se sitúa en más del 40 por ciento en dos tercios de los países emergentes y en desarrollo para los cuales se dispone de datos . Y el 80 por ciento de la población mundial no tiene una cobertura adecuada de seguridad social, y más del 50 por ciento carece por completo de dicha cobertura.En un momento donde la comunidad internacional y los estados nacionales están discutiendo la hoja de ruta post-2015, horizonte después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, existe una necesidad y una oportunidad de poner la equidad en el centro de la agenda de desarrollo, y de fijar objetivos concretos y medibles en áreas que permitan no sólo reducir la pobreza, sino también corregir los problemas estructurales del modelo actual y sentar las bases de desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
La centralidad del empleo es clave. “El desarrollo viene con el empleo”. Esta simple frase resume una realidad de siempre: que el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza, y que la expansión del empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos. Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico.
Por ello, la OIT considera fundamental la promoción de dos objetivos : (i) el objetivo del empleo pleno y productivo y el trabajo decente, y (ii) la aplicación de pisos de protección social para reducir la pobreza y fomentar la resiliencia.
Una lección extraída de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que el establecimiento de objetivos simples y concretos facilita la movilización del apoyo público, y que la fijación de metas claramente cuantificables es una buena forma de impulsar la consecución de resultados y el seguimiento transparente de los progresos. Resulta imprescindible, en este sentido, que en la agenda de desarrollo para los próximos decenios, los objetivos relativos al empleo sean incorporados.
La experiencia de los logros y límites de la agenda internacional en la lucha contra la pobreza así lo aconseja.
Avances y límites en la lucha contra la pobreza
Durante décadas la agenda de desarrollo internacional ha estado centrada en la lucha contra la pobreza. En aumentar el acceso a bienes y servicios de las comunidades y grupos sociales más pobres. En este sentido, se han producido destacados avances a lo largo de estos años. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han logrado movilizar a la comunidad internacional en torno a metas y objetivos concretos y varios de ellos se están consiguiendo.La pobreza extrema está disminuyendo en todas las regiones. El mundo ha cumplido la meta de reducir a la mitad la cantidad de personas sin acceso al agua potable. Se ha logrado la paridad en enseñanza primaria entre niñas y niños. En todas las regiones aumentó el acceso al tratamiento para las personas con VIH .
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala en su último informe de 2012 sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que en las últimas décadas se han observado mejoras de todos los componentes del IDH -longevidad, logros en educación e ingresos- en todos los grupos y regiones, con un mayor progreso en aquellos casos donde era más bajo.
La mayoría de países han avanzado y en algunos de ellos el progreso ha sido particularmente rápido, en especial Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Lo que el propio informe denomina como ascenso del Sur Global.
No obstante, desde que comenzó la crisis está tendencia se ha visto alterada. Las tasas de pobreza en las economías avanzadas han aumentado y en los países en vías de desarrollo han disminuido a un menor ritmo que antes de la crisis y en algunos casos revertidos. En la última década, las tasas totales de pobreza, medidas por medio de la proporción de la población que vive con menos de 1,25 dólares al día, habían disminuido 17 puntos porcentuales, pasando del 42 por ciento en 1990 al 25 por ciento en 2005. Sin embargo, la subida de los precios de la alimentación y de los combustibles y la crisis mundial de 2008 invirtieron estas tendencias positivas en algunas regiones del mundo.
En esta misma lógica, se observa una creciente polarización salarial sugiriendo que se ha producido un vaciamiento de las clases medias, sobretodo en las economías desarrolladas. En los países en desarrollo, el tamaño de las clases medias ha aumentado en la última década. Si bien sigue siendo un avance frágil. De hecho la mayoría de las familias ha conseguido niveles de ingreso solo por encima las líneas convencionales de pobreza, con lo cual sigue existiendo un alto riesgo de caer en situaciones de pobreza si no es consolidado .
Asimismo, el informe también constata problemas más profundos compartidos por el Norte y el Sur y es justamente una desigualdad creciente en muchos países, señalando que se puede “afirmar que existe un sur en el Norte y un norte en el Sur” . El PNUD ha traducido esta desigualdad en un nuevo indicador, presentado en 2010, denominado como IDH ajustado por la desigualdad (IDH-D) el cual pondera el nivel medio de desarrollo y su distribución a lo largo de las dimensiones que configuran el IDH. Cualquier diferencia entre los dos indica desigualdad. Cuanto mayor es la diferencia, mayor será la desigualdad. De hecho la diferencia entre uno y otro representa la “perdida” en el potencial de desarrollo humano debido a la desigualdad.
Según esto, en los 132 países estudiados, casi un cuarto del valor del IDH, el 23% se pierde en desigualdad . Entre 1990 y 2005, las tendencias del IDH-D correspondientes a 66 países indican que la desigualdad general se redujo solo de manera marginal, porque la disminución de la desigualdad en salud y educación fue contrarrestada por un aumento de la desigualdad en el nivel de ingresos .
Desigual distribución funcional de la renta entre trabajo y capital
La desigualdad que no ha dejado de crecer en los últimos treinta años ha sido la distribución funcional de la renta, es decir, la distribución de la renta entre el trabajo y el capital. Durante gran parte del último siglo se dio una participación estable del trabajo en la renta, a medida que un país aumentaba su PIB aumentaba la participación del trabajo y del capital en tasas parecidas. No obstante, desde el decenio de 1980, la mayoría de los países han experimentado una tendencia a la baja de la participación de ingresos del trabajo, lo que significa que se ha destinado una proporción menor de la renta anual a la remuneración de la mano de obra y una proporción mayor a las rentas del capital. En 16 economías desarrolladas, entre ellas la española, la proporción media del trabajo disminuyó del 75 % del ingreso nacional a mediados de los años 1970 al 65 % en los años previos a la crisis . Esto indica que había una margen para aumentar la calidad de los empleos creados y para reducir la desigualdad de ingresos que no se dio.Las desigualdades no solo afectan a las personas excluidas que las sufren de forma directa, sino suponen un freno en la consecución de unos logros sociales e inhiben el desarrollo, la estabilidad democrática y la justicia social.
Crisis de empleo
Dos son las dimensiones claves que han marcado el mundo del trabajo desde la crisis económica, los empleos disponibles y la calidad de los trabajos. Antes de que estallara la crisis mundial, las relaciones laborales ya estaban sometidas a fuertes tensiones, pero la crisis ha acelerado la presión sobre los salarios y las condiciones de trabajo, aumentado el riesgo de desigualdades. Además, como veremos, las políticas predominantemente adoptadas no han hecho que agudizar la espiral de destrucción de empleo y precarización de las condiciones de trabajo, acentuado las desigualdades en el mercado de trabajo.La desaceleración económica ha afectado considerablemente a la creación de empleo. El empleo mundial aún no se ha recuperado de la crisis mundial que estalló en 2008.
La tasa total de ocupación era del 55,7 por ciento en el tercer trimestre de 2012, esto significa que hay un déficit de alrededor de 13,4 millones para restaurar las tasas de empleo antes de la crisis. Si además se considera el número de jóvenes que han entrado al mercado de trabajo significa que hay un déficit de 19 millones para restaurar las tasas de empleo previas a la crisis .
No obstante, existen notables diferencias entre los países en lo que se refiere a las tendencias recientes del empleo. Las tasas de ocupación se han recuperado mucho más deprisa en las economías emergentes y en vías de desarrollo, sobre todo en estas últimas, en las que han sobrepasado en su conjunto los niveles en los que se encontraban antes de la crisis .
Como ya habíamos señalado al principio del artículo unos 200 millones de mujeres y hombres están desempleados, cifra que podría ser superior considerando que tiende a estar subestimada por la presencia de una la fuerza de trabajo en sector informal. De los cuales unos 74 millones de son jóvenes están desempleados.
Las tasas de paro juvenil han aumentado con la crisis en alrededor del 80 por ciento de las economías avanzadas y en dos tercios de las economías en vías de desarrollo . Además se observa que son los primeros en haber perdido el trabajo y los últimos en acceder en aquellos casos donde se reactiva la economía.
El tiempo durante el cual los jóvenes permanecen desocupados está aumentando, y las secuelas del desempleo juvenil pueden durar toda la vida. En promedio en los últimos cinco años la incidencia de paro de larga duración (más de 12 meses) ha aumentado un 56% en las economías avanzadas y en las economías en desarrollo para las que existe información . En el 75% de los países para los cuales hay información (la mayoría economías avanzadas), el número de trabajadores desalentados que han dejado de buscar trabajo ha aumentado. Asimismo las percepciones de la disponibilidad de “buenos empleos” han disminuido .
A nivel mundial, las brechas de género en los indicadores económicos del desempleo y empleo tendieron hacia la convergencia en el período de 2002 a 2007, pero esta lógica se revirtió coincidiendo con el período de la crisis 2008-2012 en muchas regiones. La disparidad en la participación de la fuerza laboral se redujo en los años 1990, pero mostró poca o ninguna convergencia en la década pasada. Tanto las tasas de los hombres como de las mujeres descendieron de igual modo en la última década, en gran parte a causa de la educación, el envejecimiento y el efecto de “trabajadores desalentados”. El indicador de segregación por sectores económicos muestra que la segregación sectorial ha aumentado a lo largo del tiempo .
Si observamos el Índice de Desigualdad de Género (IGD) que recoge la pérdida de logros a causa de la desigualdad de género en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado labora, se observan avances casi universales en la última década, 2000-2012 . No obstante otras dimensiones que configuran la realidad de muchas mujeres y determinan la equidad como son las diferencias de género en los hogares, la prevalencia del trabajo no remunerado y de cuidados de las mujeres, y la división sexual del trabajo quedan a menudo invisibilizadas.
Salarios y condiciones de trabajo
Desde el inicio de la crisis se ha experimentado una ralentización del aumento de los salarios promedio reales que han aumento a nivel mundial un 3% en 2007, 2,1% en 2010 y 1,2% en 2011. Han crecido, pero a un ritmo menor que antes de la crisis. Lo han hecho de manera diferente entre regiones. En la última década, los salarios reales – ajustados para reflejar el poder adquisitivo – se han duplicado en Asia, casi triplicado en Europa Oriental y Central, puesto que partían de una base muy baja tras el hundimiento de la economía en el decenio de 1990, y aumentado de 15% en América Latina. Sin embargo, en las economías desarrolladas, el incremento fue de sólo 5% .La recuperación del mercado de trabajo ha sido en gran medida precaria, ya que el trabajo a tiempo parcial y temporal involuntario y el empleo informal han aumentado. El análisis de la naturaleza de los puestos de trabajo creados entre 2007 y 2010 en los 20 países de los que existen datos muestra, en primer lugar, que la remuneración de la mayoría de los nuevos puestos de trabajo es inferior al salario medio .
La proporción de empleo informal sigue siendo alta y representa más del 40 por ciento en dos tercios de los países emergentes y en vías de desarrollo de los que se dispone de datos . En muchos de los países en vías de desarrollo, la población trabajadora del sector informal ha aumentado con la entrada de los parados procedentes del sector formal, lo cual ha provocado una brusca disminución de los ingresos de los trabajadores. La situación es similar en las economías avanzadas, en las que el aumento del trabajo temporal y de los trabajadores precarios también provoca una disminución de las rentas.
En muchos países en los que se ha reanudado el crecimiento del empleo, éste tiende a ser de corta duración. El trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntarios están aumentando en la mayoría de los países en los que se ha reanudado el crecimiento del empleo. El trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal involuntarios han aumentado en dos tercios de las economías avanzadas y en más de la mitad de estas economías, respectivamente.
Desarticulación de las instituciones del mercado de trabajo
Ante la crisis, la visión dominante de las políticas laborales ha sido que las instituciones del mercado de trabajo han impuesto rigideces en el mercado de trabajo que han resultado en una insuficiente creación de puestos de trabajo y falta de oportunidades.
En este sentido, el Informe de desarrollo mundial. Equidad y Desarrollo del Banco Mundial de 2006 señalaba que los mercados de trabajo son un campo habitual de intervención del gobierno para conseguir mayor igualdad y equidad pero que ello tiene a veces costes en términos de eficiencia. Apunta a que existe un coste de oportunidad real entre la protección de los trabajadores más débiles (lo cual es bueno para la equidad) y la flexibilidad (buena para el crecimiento) y en base a ello promueve revisar estas ineficiencias .
De hecho, muchas de los países, enfrentados al doble reto del bajo crecimiento del empleo y el reducido espacio fiscal han recurrido cada vez más a utilizar el instrumento de las reformas del mercado de trabajo para tranquilizar a los mercados financieros con la esperanza de estimular así el crecimiento económico.
Alrededor de 40 países de 131 (un 31 por ciento) han modificado su legislación de protección del empleo de los asalariados indefinidos. Esta tendencia es especialmente destacada en la UE-27, en la que se han introducido cambios en la protección del empleo de los trabajadores indefinidos en 19 de los 27 países .Por otra parte, los cambios de la legislación relativa a los asalariados indefinidos han puesto principalmente el acento (en el 60 por ciento de los casos de países que han introducido cambios en su legislación) en la reducción de la protección global. Así ha sucedido sobre todo en las economías avanzadas, en las cuales el 76 por ciento (13 países) de las intervenciones ha reducido la protección del empleo de los asalariados indefinidos .
En 25 países de 131 (el 19 por ciento) han llevado a cabo cambios en la legislación por la que se rigen los despidos colectivos por motivos económicos. En el 60 por ciento de estos casos (15 países), la nueva legislación facilita el uso de los despidos colectivos, por ejemplo, al reducir los procedimientos administrativos que hay que seguir o al aumentar el nivel numérico de referencia por encima del cual un despido se considera colectivo. En Europa central y suroriental y en el África subsahariana, los cambios de la legislación sobre los despidos colectivos han suavizado la normativa en el 83 por ciento de los casos .
Por lo que se refiere a la negociación colectiva , se ha observado una tendencia hacia la liberalización y la descentralización que va acompañado de un aumento general de la desigualdad salarial, a pesar de los datos empíricos de Europa (y de otras partes) que muestran que la negociación facilita la capacidad de adaptación de las empresas a las perturbaciones macroeconómicas y salva al mismo tiempo puestos de trabajo.
No obstante y así lo corroboran los datos de empleo, menos protección no ha significado más empleo, de hecho es posible que algunos cambios recientes de la legislación relativa al empleo sean contraproducentes para los niveles de empleo. Viéndose una reducción de la estabilidad del empleo y una incrementos de las desigualdades sin aumentar al mismo tiempo los niveles de empleo .
Si se comparan estas políticas de desarticulación de las instituciones de mercado de trabajo con otras se observará que en los últimos años los países que han logrado los mejores resultados en el mercado de trabajo y los mejores resultados macroeconómicos han sido los que optaron por un enfoque coherente que refuerza las instituciones del mercado de trabajo .
Por ejemplo, en América Latina, algunos países han tomado medidas para aumentar la integración del mercado de trabajo, como en Argentina, donde las instituciones del mercado de trabajo y la negociación colectiva continuaron trabajando juntas en respuesta a la crisis mundial . O en Brasil, donde la crisis interrumpió un fuerte periodo de crecimiento económico al disminuir el PIB en 2009 por primera vez en casi 20 años.
Dentro de la euro-zona, se puede mencionar el caso Austria que ha obtenido unos resultados notablemente buenos en el caso de la macroeconomía y del empleo y ha mantenido al mismo tiempo el equilibrio entre la seguridad de empleo y la capacidad para responder a las perturbaciones. Por ejemplo, en 2008 el gobierno aumentó las indemnizaciones por despido y endureció la legislación relativa a la discriminación por razones de sexo .
La situación del mercado de trabajo exige un cambio de enfoque, las deficiencias de políticas seguidas hasta ahora son contrastables. La flexibilización de las instituciones de mercado no ha sido un estímulo para la generación de empleo, tampoco ha contribuido a reducir las desigualdades y la pobreza dado que sus impactos han sido una mayor precarización y un debilitamiento de localidad del empleo.
Contribución del trabajo decente a la reducción de la desigualdad
Igualdad de oportunidades versus igualdad de resultados ha sido un debate que trascendido el plano académico y marcado la orientación y estrategia de organismos internacionales y países en la lucha contra la erradicación de la pobreza y las desigualdades.
Por ejemplo, el Banco Mundial en el informe anteriormente mencionado señala que “la preocupación por la igualdad de oportunidades supone que la acción pública debe concentrarse en la forma en que se distribuyen los activos, las oportunidades económicas y la influencia política, y no directamente en las desigualdades de ingresos” en la idea de que asegurar un entorno más equilibrado dará lugar a una reducción de las desigualdades y la consecución de logros educacionales, de salud e ingresos.
Este enfoque ha sido criticado porque debilita la agenda de redistribución, alejando consideraciones de redistribución de ingresos y riqueza del ahora, para poner el énfasis en inversión en oportunidades que pueden dar una situación más igualitaria en el futuro .
Parte del debate, más allá de su efectividad para la consecución de mayor equidad, refleja posiciones diferenciadas sobre el papel que debe jugar el Estado en la economía, con una mayor o menor intervención.
Desde la OIT se apuesta por combinar ambos acercamientos, entendiendo que la desigualdad de oportunidades se refiere a los obstáculos a los que enfrentan los trabajadores en la obtención de la entrada en empleos decentes en el mercado laboral; y la desigualdad en los resultados hace referencia a los resultados del mercado de trabajo, a los ingresos y beneficios para los trabajadores y sus familias. De forma inter-seccional deben abordarse cuestiones como las diferencias de acceso y remuneración al mercado laboral de hombres y mujeres, de trabajadores del sector formal e informal, protegido o no, organizados y no organizados.
En estos términos, dar centralidad a la agenda del trabajo decente resulta clave en la lucha contra las desigualdades y en un cambio hacia un modelo incluyente y sostenible. No solamente hablar de la creación de nuevos empleos, sino que estos tengan la capacidad de reactivar la economía, de sentar las bases de un marco de políticas sociales más amplias, y de ofrecer un medio de vida digna y bienestar a las personas. Y es posible.
Cuatro son las líneas principales para la promoción de un trabajo decente a nivel mundial: (i) salario mínimo y negociación colectiva, (ii) fin de las políticas de austeridad, (iii) agenda pro-empleo, (iv) protección social y redistribución de la riqueza
Salario mínimo y negociación colectiva
Como parte de la estrategia de recuperación el salario mínimo es una pieza clave. El salario mínimo puede ser una herramienta fundamental para apoyar el trabajo decente y la lucha contra la pobreza en las economías en desarrollo, por varias razones (i) estos países deben reforzar fuentes domésticas de crecimiento para poder contrarrestar el debilitamiento de las exportaciones; (ii) existe a veces poco margen para que los gobiernos puedan usar políticas fiscales para relanzar la economía; (iii) los salarios mínimos son un complemento crucial para reforzar los pisos de protección social y luchar contra la pobreza .Entorno a un 50 por ciento de los 151 países para los cuales hay datos, no tienen un sistema exhaustivo de salario mínimo. Un buen diseño de este sistema puede a la vez mejorar los ingresos de la economía informal y reducir la diferencias salarias . Por ejemplo, con la introducción del salario mínimo, los ingresos de trabajadores informales se han visto aumentados desde un 3 por ciento en México a un 22 por ciento en Vietnam . Además la equidad de género es peor en aquellos mercados laborales menos regulados .
La pérdida de puestos de trabajo por la introducción del salario mínimo sobre el empleo se señala frecuentemente como argumento contrario al mismo. No obstante, tal y como señala el Informe del Mundo del Trabajo 2013 de la OIT. La evidencia empírica demuestra que los efectos negativos del salario mínimo son muy pequeños o insignificantes.
La introducción del salario mínimo ha dado lugar a reducciones en desigualdad en el segmento más bajo de las rentas, en particular en Mali, Filipinas, Sudáfrica, Turquía y Vietnam. El salario mínimo ha demostrado ser una herramienta efectiva en reducir las desigualdades en particular entre los más pobres, además de reducir las desigualdades generales en más de la mitad de los países estudiados.
La negociación colectiva, así como los salarios mínimos pueden mejorar los resultados salariales. La mayor cobertura de la negociación colectiva garantiza que los salarios evolucionen más en consonancia con el crecimiento económico, y contribuye también a reducir la desigualdad salarial. En los países “de alta cobertura” (es decir, con una cobertura superior al 30% de los empleados), la elasticidad de los salarios es de 0,87. En otras palabras, cuando el PIB per cápita creció un 1% adicional, los salarios medios aumentaron un 0,87% adicional. En los países con “baja cobertura”, la elasticidad de los salarios es de sólo 0,65. Al mismo tiempo, los salarios mínimos más elevados pueden reducir la desigualdad salarial en la mitad inferior de la distribución de los salarios, y disminuir la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres .
Fin de las políticas de austeridad
Desde 2010, ha aumentado la tendencia de las economías avanzadas a poner el acento en las medidas de austeridad– centradas principalmente en la continua reducción del gasto social, en las presiones a la baja sobre los salarios y en el recorte de la inversión pública combinado con una subida de los impuestos directos– con el objetivo de estabilizar rápidamente los saldos presupuestarios.Sin embargo se corre el riesgo de que las medias a corto plazo causen daño a largo plazo al desgastar las bases de bienestar social y desarrollo humano que permiten a las economías crecer, facilitan la prosperidad de las democracias y garantizan sociedades más igualitarias y menos vulnerables a las crisis.
El control de los datos macroeconómicos como la deuda pública ha sido parte importante de estas decisiones. Durante la crisis la deuda pública en porcentaje del PIB aumentó en las economías avanzadas casi 24 puntos porcentuales, alcanzando el 95 por ciento en 2010. Asimismo, en el grupo de economías emergentes, la tasa de endeudamiento aumentó durante ese periodo en el 71 por ciento de los países analizados, pero solo moderadamente (7,7 puntos porcentuales en promedio), alcanzando el 35,5 por ciento del PIB en 2010. En cambio, en los países en vías de desarrollo analizados, la tasa de endeudamiento público cayó 5,5 puntos porcentuales, en promedio, y en 2010 representaba un 52 por ciento del PIB .
No obstante, no todas las decisiones políticas han sido las mismas. Durante la crisis solo el 28 por ciento del grupo seleccionado de países emergentes y en vías de desarrollo adoptó medidas destinadas directamente a reducir las prestaciones sociales, mientras que la cifra es del 65 por ciento en el caso de las economías avanzadas .
La consolidación fiscal reduce la deuda a corto plazo, pero en 2014 los niveles de deuda comienzan a aumentar de nuevo, a través de dos grandes mecanismos de transmisión. En primer lugar, la reducción de la inversión pública produce un efecto negativo en la productividad, lo cual reduce a su vez la inversión privada. En segundo lugar, el lento crecimiento del empleo presiona sobre los saldos presupuestarios. Sin embargo, una reorientación fiscalmente neutral hacia la inversión pública y las prestaciones sociales puede aumentar la creación de empleo. Los datos del Informe del Mundo del Trabajo 2012 de la OIT muestran que los cocientes entre los salarios públicos y la inversión pública, por una parte, y el gasto total, por otra, producen un efecto positivo y significativo en el empleo a corto plazo y durante las épocas de crisis .
Además las medidas han sido en gran parte contraproducentes, no solo desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria sino también desde el punto de vista de los objetivos de empleo. Como consecuencia la consolidación fiscal no ha dado lugar a mejoras del mercado laboral como se esperaba por parte de los que promovieron estas políticas. De hecho, el 96 por ciento de las 26 economías avanzadas para las cuales hay datos y que pusieron políticas de austeridad en marcha desde 2009 han visto para finales de 2011 sus niveles de desempleo todavía más altos .
La austeridad se ha reforzado a través de recorte de gastos que afectan al empleo de forma directa (recortes en inversión pública), o indirecta a través de una espiral de reducción de los niveles de ingreso de las y los empleados (recortes en salarios públicos) o sobre las personas desempleadas (recortes en los beneficios sociales). La austeridad fiscal en su forma actual afectará al empleo y a las posiciones fiscales a medio plazo.
La búsqueda del equilibrio fiscal no es incompatible con objetivos sociales y de mercado laboral fuerte. La consolidación fiscal extrema ahoga las posibilidades de un cambio hacia un modelo centrado en la creación de empleo, inclusivo, equitativo y sostenible. Mientras que los supuestos beneficios de las políticas de austeridad van a verse en medio plazo, sus costes están fuertemente concentrados en el corto plazo, en el presente. Es necesario poner fin a las políticas de austeridad.
Agenda Pro-empleo
La inversión mundial en porcentaje del PIB cayó a su nivel histórico más bajo durante la crisis mundial y en 2010 representaba un 19,8 por ciento del PIB, por lo que seguía siendo 3,1 puntos porcentuales inferior a la media histórica. Esta evolución oculta una notable tendencia descendente en las economías avanzadas y un aumento de la proporción de inversión con respecto al PIB en los países emergentes y en vías de desarrollo . Sin embargo, se observa una tendencia común en todas las regiones: la crisis mundial ha afectado desproporcionadamente a la inversión en las pequeñas empresas. Este hecho es crucial, ya que las pequeñas empresas son motores fundamentales de la creación de empleo .Resulta por una parte necesario reactivar la inversión pública para dinamizar la economía y reactivar la inversión privada, pero ello no es suficiente. Es necesario replantear el modelo productivo para dar respuesta a las necesidades sociales, y ambientalmente sostenibles.
Si miramos hacia el futuro, en los próximos 15 años se deberán crear 600 millones nuevos puestos de trabajo para absorber el aumento de la población en edad de trabajar, principalmente en Asia y África al sur del Sahara . El modelo productivo es la pieza clave.
Protección Social y Reequilibrio de las Desigualdades
La distribución sesgada en favor del ingreso del capital ha tendido a suprimir la demanda por el consumo. En algunos países el consumo continuó creciendo, principalmente como resultado de un aumento fenomenal en el endeudamiento de los hogares. Otros países han buscado soluciones afuera, compensando una demanda interna débil mediante excedentes en exportación. Sin embargo, en última instancia, confiar en el crédito fácil resultó insostenible y las estrategias impulsadas por la exportación en base al superávit comercial frecuentemente resultaron posibles solo en combinación con el consumo impulsado por el endeudamiento en los países deficitarios ,La política fiscal es otra herramienta clave para el cambio, que permite abordar las excesivas desigualdades de la renta, sobre todo en las economías que tienen superávit y disponer de los recursos necesarios para promoción de las políticas sociales. De la misma manera que la generación de empleo revierte sobre los ingresos públicos para ello.
Las prestaciones sociales también pueden ayudar a luchar contra la pobreza y la desigualdad y a aumentar al mismo tiempo la demanda agregada. Las medidas sociales, además de estimular la creación de empleo, pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad de la renta y en el aumento de la demanda interior. Cuando la salud, la educación o el cuidado de los menores no son proporcionados por el Estado, las familias deben cubrir esos costes a partir de sus salarios netos, aumentado las desigualdades de facto.
Por ejemplo, China se ha embarcado en un vasto programa para extender la protección social, incluidos una pensión de vejez y un seguro médico universal en las zonas rurales. La India está planeando lanzar su cobertura sanitaria universal basada en el Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY) existente para los pobres. La realización de mayores esfuerzos de este tipo también puede apoyar el proceso de recuperación y aumentar la demanda interior, sobre todo en los países que tienen superávit . O en Uruguay el gobierno introdujo en 2007 el Plan de Equidad Social para reducir la pobreza y la desigualdad. Las reformas se diseñaron de modo que fueran neutrales desde el punto de vista de los ingresos y contribuyeron a reducir la tasa nacional de pobreza de un 18 por ciento en 2007 a un 8 por ciento en 2010 .
En conclusión
Aunque en las últimas décadas las condiciones de vida de cientos de millones de personas han mejorado y se han producido avances muy importantes del desarrollo, el resultado es desigual y el proceso podría interrumpirse. El colapso financiero de 2008 ha abierto una crisis global sin precedentes que pone en riesgo avances conseguidos en los últimos años y está erosionando conquistas sociales que se daban por consolidadas en los países industrializados. La crisis se ha convertido una crisis de empleo con 200 millones de personas desempleadas, 74 de ellas jóvenes.Desde la perspectiva del mundo del trabajo el empleo es la clave para el desarrollo inclusivo y el trabajo decente y la protección social son el camino para alcanzarlo. La caída del empleo y el desempleo juvenil requieren un profundo cambio de orientación que ponga fin las políticas de austeridad y estimule la recuperación económica como forma de reorientar la situación en favor del empleo, el trabajo decente, la protección social y la reducción de la desigualdad.