Sostenibilidad del régimen de IVM de la CCSS

23 de febrero de 2011

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha venido siguiendo las discusiones entre la Superintendencia de Pensiones (Supén) y la propia Caja relacionadas con la sostenibilidad financiera del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La información que llega a la opinión pública frecuentemente está cargada de términos técnicos, lo que podría generar desconfianza y hasta angustia para la población que recibe una pensión o que tiene expectativas de recibirla. Por esto procedo a desarrollar algunas acotaciones.

La OIT es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas que tiene dentro de sus mandatos el prestar asistencia técnica a los países miembros. En el área de estudios actuariales para regímenes de pensiones de seguridad social hemos desarrollado un gran conocimiento y experiencia que nos sitúa a la cabeza a nivel mundial. Diversas metodologías, como la de la prima escalonada, fueron desarrolladas por nuestros actuarios y ahora son aplicadas en todo el mundo.

Estudio del régimen IVM. La OIT aceptó la solicitud de la CCSS para la realización del estudio "Validación de la valuación actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social". Este estudio se llevó a cabo en dos vías: por una parte se realizó una revisión detallada de la valuación del régimen de IVM al 31 de diciembre de 2008 elaborada por la CCSS, incluyendo software, supuestos, metodología, información utilizada y el contenido del propio reporte de valuación.

Por otra parte, y con el objeto de afinar y completar esta revisión, nuestros actuarios en Ginebra se dieron a la tarea de "reproducir", utilizando el propio modelo de la OIT, los cálculos correspondientes a dicha valuación actuarial. Los cálculos obtenidos por el Departamento Actuarial de la CCSS en el estudio bajo revisión son bastante cercanos a los obtenidos por la OIT.

Es digna de resaltar una conclusión del estudio que dice que aun sin considerar los ingresos provenientes del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT), consistentes hasta en el 15% de las utilidades de las empresas públicas, el sistema es superavitario por un periodo no menor a 25 años. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que, si bien no hay de qué preocuparse en el corto plazo, tampoco se debe bajar la guardia. La CCSS debe seguir monitoreando muy de cerca el IVM para que, en algún momento anterior a que este plazo se cumpla, se hagan los ajustes necesarios para que el sistema transite permanentemente en situación de equilibrio financiero.

Los regímenes de pensiones solidarios, de financiación colectiva, como el régimen de IVM de la CCSS, están diseñados para permanecer en equilibrio financiero permanentemente. Sin embargo, para que este tipo de sistemas funcione adecuadamente, deben conducirse en forma muy disciplinada y en estricto apego al sistema financiero adoptado (el régimen de IVM de la Caja tiene el sistema financiero de prima escalonada). También se recomienda que exista un cuerpo de actuarios que realice valuaciones actuariales periódicas observando las metodologías actuariales desarrolladas para regímenes de pensiones de seguridad social. El objetivo de estas valuaciones es monitorear el sistema a la luz de los cambios que se están dando actualmente y aquellos previsibles en el futuro inmediato y mediato.

A este respecto cabe destacar que la CCSS, además de tener un equipo de actuarios capacitados en métodos actuariales aplicables a sistemas de pensiones de seguro social, ha hecho su tarea monitoreando responsablemente la evolución del régimen de IVM.

Confianza. Uno de los principales activos de cualquier sistema de pensiones, casi tan importante como su correcta gestión, es la confianza en que cada uno de los afiliados y el país en general tienen en que, de caer en un estado de invalidez, de presentarse la muerte o al llegar la vejez, recibirán una protección adecuada a través de la seguridad social.

Cuando esta confianza no existe, ni trabajadores ni empresarios querrán participar en el sistema, tenderá a crecer la evasión, la mora y la subdeclaración de salarios, aumentando en consecuencia la presión en el cuerpo de inspección de la CCSS y en los programas de asistencia social, con consecuencias financieras y sociales negativas.

Alimentar imprudentemente la desconfianza tiene un efecto que no es neutro. La gente tiene derecho a saber qué está pasando con su seguridad social. Es preponderante que la información al respecto se transmita en forma clara y responsable.

Las instituciones del Estado, en particular los órganos supervisores y las instituciones de Seguridad Social, deben actuar en forma responsable, coordinada y estrecha para lograr, además de una buena gestión de los diferentes regímenes, el fortalecimiento de la confianza de toda la población, de tal forma que la gente continúe defendiendo su programa de pensiones al tiempo que participa y exige una buena gestión.

Artículo publicado en La Nación de Costa Rica, el 23 de febrero de 2011.