Diálogo social y progreso
Artículo de Virgilio Levaggi. Un mejor futuro para los centroamericanos y sus democracias necesita diálogos y acuerdos nacionales en los que participen activamente trabajadores y empleadores.
3 de octubre de 2013
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas —e incluso el mero intercambio de información— entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas relativos a las políticas económicas y sociales. En décadas recientes, diálogos sociales permitieron a diferentes sociedades responder a desafíos socioeconómicos importantes a través de la conciliación: en la Unión Europea para preparar la introducción del euro; en los países del "socialismo real" para transitar desde la planificación central y, en Asia, para hacer frente a la crisis financiera. En muchos de ellos la OIT contribuyó.
En Latinoamérica, la Concertación Nacional Programática facilitó la restauración democrática de mediados de los 80; en Uruguay y Chile, a comienzos de los 90, una serie de pactos sirvieron para dar estabilidad a la transición democrática y mejorar la competitividad de la economía. México, en los 90, también utilizó este tipo de mecanismos. Con objetivos amplios se han dado procesos de diálogo durante la pacificación en los países centroamericanos. En todas estas experiencias participaron trabajadores y empleadores, y la OIT los acompañó.
En Centroamérica, la gran tarea del siglo XXI parece ser el avanzar en la transición desde la anomia social a la poliarquía para consolidar el sendero democrático por el cual ya ha optado la amplia mayoría de sus ciudadanos.
El concepto de anomia social hace referencia a un resquebrajamiento estructural cuya consecuencia es la falta de vigencia social de las normas positivas en amplios sectores. Ella se nutre de la superposición y no aspira a la integración. La economía informal es síntoma de anomia social tanto como lo son las maras. La poliarquía es una democracia con alto grado de apertura y de debate público en la que los conflictos se resuelven a través del diálogo. En ella, los ciudadanos participan en la formulación y ejecución de la agenda pública y las autoridades rinden cuentas de cómo contribuyeron al avance de esa agenda, surgida de consensos.
La svolta democrática latinoamericana de los 90 es uno de los hitos sociopolíticos más importantes de la historia universal reciente. Hoy en nuestras tierras no se clama por un militar mesiánico sino por más y mejor democracia. La cuestión es que en ella se generen respuestas a las necesidades concretas y cotidianas de la población para acrecentar su respaldo y solidez.
La democracia en América Latina necesita, para su consolidación, un renovado contrato social basado en el trabajo pues este sigue siendo el mejor medio para la realización personal y la participación en la vida social: ayuda a la autoestima, facilita la inserción y permite obtener ingresos. La gobernabilidad democrática entre nosotros requiere más y mejores empleos. No debe cristalizarse la división entre quienes, al acceder a un empleo formal, pueden progresar y quienes, por estar en la informalidad, solo aspiran a sobrevivir. Las nuestras no pueden ser sociedades a dos velocidades, ni nuestros ciudadanos ser de primera y segunda categoría. Ello va en contra de nuestros valores, alimenta la anomia social, impide el progreso común y nos aleja de una democracia de todos y para todos. Progresar con gobernabilidad no es posible sin diálogo social, lo más amplio y participativo. Diálogo en el que las partes no imponen la propia agenda como única y que supone escuchar, con respeto, a los otros.
Publicado en: Revista Estrategia y Negocios (Setiembre-Octubre 2013).
En Latinoamérica, la Concertación Nacional Programática facilitó la restauración democrática de mediados de los 80; en Uruguay y Chile, a comienzos de los 90, una serie de pactos sirvieron para dar estabilidad a la transición democrática y mejorar la competitividad de la economía. México, en los 90, también utilizó este tipo de mecanismos. Con objetivos amplios se han dado procesos de diálogo durante la pacificación en los países centroamericanos. En todas estas experiencias participaron trabajadores y empleadores, y la OIT los acompañó.
En Centroamérica, la gran tarea del siglo XXI parece ser el avanzar en la transición desde la anomia social a la poliarquía para consolidar el sendero democrático por el cual ya ha optado la amplia mayoría de sus ciudadanos.
El concepto de anomia social hace referencia a un resquebrajamiento estructural cuya consecuencia es la falta de vigencia social de las normas positivas en amplios sectores. Ella se nutre de la superposición y no aspira a la integración. La economía informal es síntoma de anomia social tanto como lo son las maras. La poliarquía es una democracia con alto grado de apertura y de debate público en la que los conflictos se resuelven a través del diálogo. En ella, los ciudadanos participan en la formulación y ejecución de la agenda pública y las autoridades rinden cuentas de cómo contribuyeron al avance de esa agenda, surgida de consensos.
La svolta democrática latinoamericana de los 90 es uno de los hitos sociopolíticos más importantes de la historia universal reciente. Hoy en nuestras tierras no se clama por un militar mesiánico sino por más y mejor democracia. La cuestión es que en ella se generen respuestas a las necesidades concretas y cotidianas de la población para acrecentar su respaldo y solidez.
La democracia en América Latina necesita, para su consolidación, un renovado contrato social basado en el trabajo pues este sigue siendo el mejor medio para la realización personal y la participación en la vida social: ayuda a la autoestima, facilita la inserción y permite obtener ingresos. La gobernabilidad democrática entre nosotros requiere más y mejores empleos. No debe cristalizarse la división entre quienes, al acceder a un empleo formal, pueden progresar y quienes, por estar en la informalidad, solo aspiran a sobrevivir. Las nuestras no pueden ser sociedades a dos velocidades, ni nuestros ciudadanos ser de primera y segunda categoría. Ello va en contra de nuestros valores, alimenta la anomia social, impide el progreso común y nos aleja de una democracia de todos y para todos. Progresar con gobernabilidad no es posible sin diálogo social, lo más amplio y participativo. Diálogo en el que las partes no imponen la propia agenda como única y que supone escuchar, con respeto, a los otros.
Publicado en: Revista Estrategia y Negocios (Setiembre-Octubre 2013).