1° de Mayo: Trabajo y democracia.
Artículo publicado en El Heraldo de Honduras y en La Prensa Gráfica de El Salvador, el 1° de mayo de 2011.
2 de mayo de 2011
En América Latina existe una conciencia creciente de la importancia de la generación de empleo para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
En la Patria Grande, en una década de oportunidades para el crecimiento económico (2010-2019), dicha generación debe orientarse a más y mejores empleos, es decir a la promoción del trabajo decente. Dicho tipo de trabajo no solo contribuye con lo económico sino que sus efectos benéficos se proyectan hacia lo social y lo político.
El fortalecimiento de la democracia en la región requiere avanzar en el desarrollo institucional que facilite el progreso económico para todos; es decir, se hace indispensable facilitar la participación productiva de las ciudadanas y de los ciudadanos en la economía, a través de instituciones -formales y no formales- que sustenten una verdadera democracia económica: ampliación de la cobertura educativa así como expansión de una formación profesional pertinente o acceso al crédito para mujeres, jóvenes e innovadores, por ejemplo.
En nuestras tierras, la voluntad de participación de la gente en la construcción del progreso y en el goce de sus frutos es creciente. Millones de latinoamericanas y latinoamericanos, día a día, están ocupados aunque la mayoría no realiza sus actividades productivas y laborales en la economía formal y, por tanto, no acceden a un trabajo decente y a los beneficios que este puede generar. Quienes trabajan en la formalidad aspiran a progresar mientras que la mayoría de quienes trabajan en la informalidad solo pueden sobrevivir.
Más empresas formales y más trabajos decentes son indispensables para la afirmación de la democracia económica y, también, para aquella política.
El diálogo social es una institución importante del mercado de trabajo y está asociado al concepto más amplio de participación, que contribuye con la consolidación de la gobernabilidad democrática; más aun, es uno de los cuatro componentes del trabajo decente, conjuntamente con el respeto a los derechos laborales fundamentales, la promoción del empleo y la protección social.
El fortalecimiento de los interlocutores sociales del mundo del trabajo (empleadores y trabajadores así como sus organizaciones representativas) es fundamental para lograr su activa contribución en el diseño e implementación de un modelo de desarrollo inclusivo que, al centrarse en la persona, tiene una agenda de crecimiento económico con trabajo decente. Un efectivo diálogo social es esencial para que dichos interlocutores así como las autoridades públicas generen sinergias a favor de políticas económicas y sociales que promuevan más y mejores empresas para que haya más y mejores empleos.
En nuestra región está pendiente la plena incorporación a dicho diálogo, entre otros, de los trabajadores informales y rurales así como de los pueblos indígenas y los migrantes.
La OIT ha venido contribuyendo, en diversos países, con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para participar en los procesos de diálogo social y negociación colectiva, tendientes a fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y el aumento de la productividad del trabajo en las economías nacionales.
También ha venido acompañando la creación y fortalecimiento de espacios tripartitos de diálogo, como mecanismos esenciales para la formulación e implementación de políticas sociales y económicas que sustenten la cohesión social y fortalezcan la democracia.
Parte del ejercicio democrático son las elecciones, las sesiones en el parlamento o las negociaciones entre grupos de interés y el gobierno así como los conflictos. Mecanismo esencial para prevenir y encauzar estos últimos, en el mundo del trabajo, es el ejercicio del diálogo social a nivel empresarial, local o nacional.
Desde una perspectiva positiva, las organizaciones de empleadores así como los sindicatos de trabajadores son actores cruciales para generar los consensos que requieren las políticas públicas para ser efectivas. Dichos consensos suelen ser frutos de un diálogo social institucionalizado.
La asociación público-privada es esencial para el crecimiento económico, el desarrollo social, la generación de empleo productivo y la consolidación de la democracia y con estos aspectos del progreso contribuye el diálogo social que promueve la OIT.
En la Patria Grande, en una década de oportunidades para el crecimiento económico (2010-2019), dicha generación debe orientarse a más y mejores empleos, es decir a la promoción del trabajo decente. Dicho tipo de trabajo no solo contribuye con lo económico sino que sus efectos benéficos se proyectan hacia lo social y lo político.
El fortalecimiento de la democracia en la región requiere avanzar en el desarrollo institucional que facilite el progreso económico para todos; es decir, se hace indispensable facilitar la participación productiva de las ciudadanas y de los ciudadanos en la economía, a través de instituciones -formales y no formales- que sustenten una verdadera democracia económica: ampliación de la cobertura educativa así como expansión de una formación profesional pertinente o acceso al crédito para mujeres, jóvenes e innovadores, por ejemplo.
En nuestras tierras, la voluntad de participación de la gente en la construcción del progreso y en el goce de sus frutos es creciente. Millones de latinoamericanas y latinoamericanos, día a día, están ocupados aunque la mayoría no realiza sus actividades productivas y laborales en la economía formal y, por tanto, no acceden a un trabajo decente y a los beneficios que este puede generar. Quienes trabajan en la formalidad aspiran a progresar mientras que la mayoría de quienes trabajan en la informalidad solo pueden sobrevivir.
Más empresas formales y más trabajos decentes son indispensables para la afirmación de la democracia económica y, también, para aquella política.
El diálogo social es una institución importante del mercado de trabajo y está asociado al concepto más amplio de participación, que contribuye con la consolidación de la gobernabilidad democrática; más aun, es uno de los cuatro componentes del trabajo decente, conjuntamente con el respeto a los derechos laborales fundamentales, la promoción del empleo y la protección social.
El fortalecimiento de los interlocutores sociales del mundo del trabajo (empleadores y trabajadores así como sus organizaciones representativas) es fundamental para lograr su activa contribución en el diseño e implementación de un modelo de desarrollo inclusivo que, al centrarse en la persona, tiene una agenda de crecimiento económico con trabajo decente. Un efectivo diálogo social es esencial para que dichos interlocutores así como las autoridades públicas generen sinergias a favor de políticas económicas y sociales que promuevan más y mejores empresas para que haya más y mejores empleos.
En nuestra región está pendiente la plena incorporación a dicho diálogo, entre otros, de los trabajadores informales y rurales así como de los pueblos indígenas y los migrantes.
La OIT ha venido contribuyendo, en diversos países, con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para participar en los procesos de diálogo social y negociación colectiva, tendientes a fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales y el aumento de la productividad del trabajo en las economías nacionales.
También ha venido acompañando la creación y fortalecimiento de espacios tripartitos de diálogo, como mecanismos esenciales para la formulación e implementación de políticas sociales y económicas que sustenten la cohesión social y fortalezcan la democracia.
Parte del ejercicio democrático son las elecciones, las sesiones en el parlamento o las negociaciones entre grupos de interés y el gobierno así como los conflictos. Mecanismo esencial para prevenir y encauzar estos últimos, en el mundo del trabajo, es el ejercicio del diálogo social a nivel empresarial, local o nacional.
Desde una perspectiva positiva, las organizaciones de empleadores así como los sindicatos de trabajadores son actores cruciales para generar los consensos que requieren las políticas públicas para ser efectivas. Dichos consensos suelen ser frutos de un diálogo social institucionalizado.
La asociación público-privada es esencial para el crecimiento económico, el desarrollo social, la generación de empleo productivo y la consolidación de la democracia y con estos aspectos del progreso contribuye el diálogo social que promueve la OIT.