Los trabajadores migrantes realizan una importante contribución al crecimiento y al desarrollo de las zonas rurales, y más concretamente, del sector agrícola. Sin embargo, enfrentan déficits de trabajo decente generalizados, entre otros la informalidad; la falta de oportunidades para el desarrollo y el reconocimiento de las calificaciones, la seguridad de los ingresos, la cobertura de la protección social y la transferibilidad de las prestaciones; así como la exposición a accidentes relacionados con el trabajo. Además, son vulnerables al trabajo forzoso y al trabajo infantil, a la trata de personas y a las prácticas de contratación abusivas y, especialmente en el caso de las trabajadoras migrantes, son objeto de un trato discriminatorio.
La OIT se esfuerza por formular políticas destinadas a maximizar los beneficios de la migración laboral en las economías rurales de todo el mundo, asegurando al mismo tiempo la buena gobernanza de la migración laboral y el respeto de los derechos humanos y laborales.
