Avances de Ecuador en la implementación del Piso de Protección Social en el marco de la Agenda 2030: un llamado a la acción
Esta nota informativa analiza el estado de implementación de los pisos de protección social en Ecuador en el contexto de la Agenda 2030 y la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). Este documento se realiza luego del trabajo de consolidación de la información en el formato de la Encuesta de Seguridad Social (SSI – Social Security Inquiry) para el monitoreo y reporte del indicador 1.3.1 de los ODS, del cual la OIT es custodio.
En línea con la Agenda 2030 y la Recomendación 202 de la OIT, la nota analiza los avances de Ecuador en la implementación de un piso de protección social a partir de la actualización del indicador 1.3.1 de los ODS, que mide la cobertura efectiva del sistema. El estudio se basa en información administrativa y estadística consolidada a nivel nacional para evaluar cobertura, gasto y desempeño del sistema en sus distintos regímenes.
Los resultados muestran que la cobertura efectiva de la protección social alcanzó el 46,8% de la población en 2021 (8,33 millones de personas), lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto a 2019, impulsado principalmente por la expansión de programas no contributivos y el incremento de pensionistas.
El sistema ecuatoriano combina regímenes contributivo, no contributivo y semicontributivo, con un gasto prestacional equivalente al 11,42% del PIB en 2021. No obstante, persisten brechas importantes entre funciones: las coberturas más altas se registran en vejez y población en pobreza, mientras que maternidad, desempleo y riesgos del trabajo presentan niveles significativamente más bajos.
Si bien se evidencian avances en niñez, discapacidad y población vulnerable, también se observan retrocesos en maternidad y en la proporción de cotizantes al sistema de pensiones, lo que refleja desafíos estructurales vinculados a la informalidad laboral y a la fragmentación institucional.
El documento concluye que, para avanzar hacia la universalización, es necesario fortalecer la cobertura contributiva, mejorar la coordinación institucional y asegurar la suficiencia y sostenibilidad financiera de las prestaciones, en el marco de un enfoque de derechos y de políticas articuladas de protección social y empleo.