Proyecto MAP16 en Argentina
Las políticas de protección social ayudan a prevenir y reducir el trabajo infantil
Así lo sostiene una nueva investigación de la OIT, que analizó el impacto de las asignaciones familiares contributivas en el bienestar económico y social de los sectores más vulnerables. En Argentina, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes que trabajan están excluidos del sistema de protección social.
(Buenos Aires, OIT Argentina) – A pesar de no estar diseñadas específicamente para reducir el trabajo infantil, las políticas y mecanismos de protección social como las asignaciones familiares contributivas o la Asignación Universal por hijo cumplen un rol crucial para proteger a los niños, niñas y adolescentes en Argentina.
Así lo sostiene un nuevo estudio realizado en el marco del proyecto Measurement, Awareness-Raising, and Policy Engagement to Accelerate Action against Child Labour and Forced Labour (MAP16), de la Oficina de País de la OIT en Argentina, como parte de las actividades del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Con datos basados en la EANNA, el proyecto analizó el impacto de las políticas de seguridad económica dirigidas a la niñez en la Argentina sobre el trabajo infantil. “Los resultados nos permiten dimensionar el rol de la protección social como potencial pilar de prevención del trabajo infantil y pueden contribuir a fortalecer el abordaje de la problemática en la agenda de los organismos gubernamentales vinculados a la temática”, dijo Bárbara Perrot, coordinadora nacional del proyecto MAP16, quien estuvo a cargo del estudio.
De acuerdo con Perrot, esta clase de programas incide de manera significativa en esta problemática, especialmente cuando se estudian sus efectos sobre los niños, niñas y adolescentes que realizan al menos una actividad productiva.
“La investigación ahonda en dos de los principales componentes de la protección social vinculada con la seguridad de ingresos dirigidos a la niñez: las Asignaciones Familiares Contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, explicó la coordinadora.
Por un lado, el estudio identificó las potenciales heterogeneidades en el impacto sobre el trabajo infantil de estos programas, según el tipo de actividad productiva desarrollada por niños, niñas y adolescentes (actividad para el mercado, autoconsumo y actividad doméstica intensa), a la vez que considera su grupo etario, su área de residencia (urbana y rural) y su género.
Por otro lado, examina la relación existente entre la evidencia obtenida y los distintos mecanismos a través de los cuales los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) podrían estar produciendo un efecto sobre el trabajo infantil: explora particularmente el rol de las condicionalidades establecidas en los programas evaluados y, principalmente, la referida a la asistencia escolar en la AUH.
El estudio parte de la hipótesis de que estas políticas conectan a las familias vulnerables con diferentes prestaciones y generan estándares mínimos de inclusión que sirven como puerto de acceso a políticas de bienestar más integrales e inclusivas. Asimismo, en el contexto actual de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de la COVID-19, se pone en evidencia de qué manera la protección social juega un rol crucial en la promoción del bienestar económico y social de la población y, especialmente, de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a los sectores más vulnerables.
A partir de los resultados obtenidos, se esbozan algunas conclusiones en torno de las fortalezas y las limitaciones de las políticas públicas dirigidas a la niñez a fin de formular recomendaciones para potenciar su impacto en la reducción del trabajo infantil. Estas apuntan a variables que permitan combatir de manera integral el problema, como el fortalecimiento de la educación pública, el desarrollo de actividades de concientización para familias, la promoción del acceso a trabajos de calidad entre las personas adultas que se desempeñan en la economía informal, entre otras.
Tanto los hallazgos como las recomendaciones de la investigación están dirigidos a diferentes actores públicos y privados que se enfocan en la erradicación y la prevención del trabajo infantil y en la protección del trabajo adolescente en Argentina.
Los datos utilizados como fuente en esta investigación fueron tomados la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) realizada en 2016-2017 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También se utilizaron datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Financiado por del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), el proyecto MAP16 promueve un mayor compromiso con la erradicación y la prevención del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en Argentina mediante políticas basadas en evidencia. Para ello, el proyecto busca generar mejor conocimiento y comprensión de la prevalencia, las causas y las consecuencias del trabajo infantil y adolescente.
Así lo sostiene un nuevo estudio realizado en el marco del proyecto Measurement, Awareness-Raising, and Policy Engagement to Accelerate Action against Child Labour and Forced Labour (MAP16), de la Oficina de País de la OIT en Argentina, como parte de las actividades del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.
Con datos basados en la EANNA, el proyecto analizó el impacto de las políticas de seguridad económica dirigidas a la niñez en la Argentina sobre el trabajo infantil. “Los resultados nos permiten dimensionar el rol de la protección social como potencial pilar de prevención del trabajo infantil y pueden contribuir a fortalecer el abordaje de la problemática en la agenda de los organismos gubernamentales vinculados a la temática”, dijo Bárbara Perrot, coordinadora nacional del proyecto MAP16, quien estuvo a cargo del estudio.
De acuerdo con Perrot, esta clase de programas incide de manera significativa en esta problemática, especialmente cuando se estudian sus efectos sobre los niños, niñas y adolescentes que realizan al menos una actividad productiva.
“La investigación ahonda en dos de los principales componentes de la protección social vinculada con la seguridad de ingresos dirigidos a la niñez: las Asignaciones Familiares Contributivas (AAFF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, explicó la coordinadora.
Por un lado, el estudio identificó las potenciales heterogeneidades en el impacto sobre el trabajo infantil de estos programas, según el tipo de actividad productiva desarrollada por niños, niñas y adolescentes (actividad para el mercado, autoconsumo y actividad doméstica intensa), a la vez que considera su grupo etario, su área de residencia (urbana y rural) y su género.
Por otro lado, examina la relación existente entre la evidencia obtenida y los distintos mecanismos a través de los cuales los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) podrían estar produciendo un efecto sobre el trabajo infantil: explora particularmente el rol de las condicionalidades establecidas en los programas evaluados y, principalmente, la referida a la asistencia escolar en la AUH.
El estudio parte de la hipótesis de que estas políticas conectan a las familias vulnerables con diferentes prestaciones y generan estándares mínimos de inclusión que sirven como puerto de acceso a políticas de bienestar más integrales e inclusivas. Asimismo, en el contexto actual de la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de la COVID-19, se pone en evidencia de qué manera la protección social juega un rol crucial en la promoción del bienestar económico y social de la población y, especialmente, de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a los sectores más vulnerables.
A partir de los resultados obtenidos, se esbozan algunas conclusiones en torno de las fortalezas y las limitaciones de las políticas públicas dirigidas a la niñez a fin de formular recomendaciones para potenciar su impacto en la reducción del trabajo infantil. Estas apuntan a variables que permitan combatir de manera integral el problema, como el fortalecimiento de la educación pública, el desarrollo de actividades de concientización para familias, la promoción del acceso a trabajos de calidad entre las personas adultas que se desempeñan en la economía informal, entre otras.
Tanto los hallazgos como las recomendaciones de la investigación están dirigidos a diferentes actores públicos y privados que se enfocan en la erradicación y la prevención del trabajo infantil y en la protección del trabajo adolescente en Argentina.
Los datos utilizados como fuente en esta investigación fueron tomados la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) realizada en 2016-2017 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También se utilizaron datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Financiado por del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL), el proyecto MAP16 promueve un mayor compromiso con la erradicación y la prevención del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente en Argentina mediante políticas basadas en evidencia. Para ello, el proyecto busca generar mejor conocimiento y comprensión de la prevalencia, las causas y las consecuencias del trabajo infantil y adolescente.