Sector rural y desarrollo local

Transición a la formalidad en la economía rural informal en América Latina y el Caribe

Contexto:

La pobreza y los déficits de trabajo decente en la economía rural tienen muchas causas subyacentes, entre las que destacan: una economía de carácter informal; sistemas de producción insuficientemente desarrollados y diversificados; acceso limitado a los servicios públicos, las infraestructuras y la protección social; cumplimiento y aplicación ineficaces de las leyes y normas internacionales del trabajo; ausencia de un ambiente favorable para el desarrollo productivo y empresarial; degradación y gestión insostenible de los recursos naturales; limitada organización, representación y participación de la población rural en los procesos de diálogo social y de formulación de políticas, estrategias y programas de desarrollo rural.

La actual crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia graves problemas estructurales como la alta informalidad, la cual, en gran parte explica el muy poco trabajo decente y los bajos niveles de bienestar de una buena parte de la ciudadanía en la región. Es así, que la proporción del empleo informal de las áreas rurales es 1,5 veces mayor que en las áreas urbanas.

Así, a nivel regional el 76,5 por ciento de trabajadores rurales tiene empleo informal frente al 45,1 por ciento de trabajadores urbanos. También se destaca que el 85,7 por ciento de los trabajadores agrícolas tienen empleos informales, en comparación con el 65,8 por ciento de los trabajadores informales no agrícolas. Lo que muestra la importancia de dar un enfoque rural a las políticas de formalización en la región, para aumentar su impacto.

A nivel de país, la tasa de informalidad nacional va desde un 23,9 por ciento en Uruguay a cerca del 80 por ciento en Guatemala y Perú, y por encima del 80 por ciento Honduras y el Estado Plurinacional de Bolivia. Para los países con datos desglosados entre empleo urbano y rural, es mayor la tasa de informalidad en las áreas rurales que en las urbanas.

La tasa de empleo informal rural es más del 90 por ciento en Honduras, el Estado Plurinacional de Bolivia y Perú, por encima del 80 por ciento en Guatemala, Paraguay, el Salvador, Ecuador y Colombia, entre el 60 por ciento y el 70 por ciento en Panamá, México, República Dominicana y el Brasil y cerca del 50 por ciento en Costa Rica, entre el 40 por ciento y el 30 por ciento en Chile y en Uruguay, respectivamente. (Figura 1).

Los esfuerzos por entender la informalidad están enfocados en el mundo urbano. Y, ya sea por diseño o por capacidad de implementación, históricamente las estrategias de formalización se han centrado también en ese ámbito. No suelen considerar las necesidades, las narrativas y los desafíos de los trabajadores y de las unidades productivas rurales.

Por lo tanto, existe un limitado conocimiento del fenómeno de la informalidad en las zonas rurales y de las políticas e intervenciones con mayor potencial para apoyar la transición a la formalidad en la economía rural informal, y en donde los instrumentos de políticas y los marcos institucionales de ejecución no promueven la coherencia entre las políticas dirigidas al mercado de trabajo, políticas desarrollo productivo y las políticas de desarrollo rural con un objetivo explícito de aumentar la formalidad.

La formalización del empleo rural es un reto a largo plazo y precisa un enfoque integral tal como propone la OIT (2014): políticas para mejorar cuatro temas importantes: productividad, normas, incentivos y fiscalización.  Y un prerrequisito de la formalización del empleo informal en el sector informal es la formalización de la unidad económica.

En tal sentido, la formalización rural requiere de una transformación de las unidades económicas mediante políticas de desarrollo productivo (PDP). Ello se debe, a que la gran mayoría de la informalidad rural se caracteriza por empleo en unidades poco productivas. Las PDP son indispensables, por un lado, para promover la inserción de las unidades productivas en cadenas de valor formales y, por el otro, para fomentar una agricultura familiar moderna capaz de garantizar la disponibilidad, el acceso de más y mejores alimentos.

Los beneficios de esta transformación podrían ser muy altos, entendiendo el potencial de crecimiento de la economía rural en América Latina, en particular, en actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, turismo. El reto aquí supone identificar a unidades productivas y ayudarlas en su proceso de formalización y de inserción a cadenas de valor.

Esto, sin lugar a duda, lleva su tiempo y muchas unidades productivas no pueden hacerlas por sí solas, no porque no sean capaces, sino porque requieren de políticas públicas que le permitan generar procesos de asociatividad y articulación productiva; la investigación y extensionismo; financiamiento; gestión empresarial para la mejora de la productividad y condiciones de trabajo; y, desarrollo de habilidades y competencias que permitan a las unidades económicas superar la valla de calidad, concretamente pegar el salto que posibilite que se adentren como proveedores confiables en las cadenas de valor nacionales e internacionales con estándares de calidad, sanitarios, laborales y ambientales.

Por tal razón, la OIT considera que las PDP podrían ser una de las estrategias principales que los países pueden emplear para combatir la informalidad. También destaca la importancia de otras estrategias como: promover el fortalecimiento de la capacidad de los países para desarrollar e implementar legislación, políticas nacionales de empleo y otras medidas que faciliten la transición a la formalidad; apoyar a los Estados miembros en la creación de un entorno propicio para motivar el espíritu empresarial y las empresas sostenibles; y fortalecer la capacidad de los mandantes de la OIT (es decir, representantes de Gobiernos, de empleadores y de trabajadores) para la promoción del trabajo decente en los diferentes sectores económicos. A pesar de su importancia, la promoción de la productividad ha sido la menos abordada de esas estrategias (Chacaltana & Salazar-Xirinachs, 2018).

Objetivos:

•  Generar conocimiento sobre la magnitud, características y composición de la informalidad, así como sobre los principales impulsores de la informalidad y los incentivos para la formalización en la economía rural de ALC.

•  Mejorar el conocimiento y la práctica sobre la promoción de políticas, estrategias, programas e intervenciones dirigidas al mercado de trabajo, desarrollo productivo y desarrollo rural vinculadas al propósito explícito de aumentar la formalidad en la economía rural.

•  Brindar asesoría y asistencia técnica en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas, estrategias, programas e intervenciones integrales a nivel nacional, sectorial/ cadenas de valor y local para promover la transición a la formalidad en la economía rural.

•  Fortalecer las capacidades de los funcionarios del Estado, de representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores.