ILC.107/III(A)

Conferencia Internacional del Trabajo, 107.ª reunión, 2018

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

(artículos 19, 22, 23 y 35 de la Constitución)

Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones

Informe III (Parte A)

Informe General y observaciones referidas a ciertos países

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de la Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la OIT. La estructura del informe, tal como se modificó en el 2003, se divide en las siguientes partes:

a)La Nota al lector aporta indicaciones sobre la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (su mandato, funcionamiento y el marco institucional en el que se inscriben sus labores respectivas (volumen A, páginas 1-4).

b)Parte I: el Informe General describe el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y hasta qué punto los Estados Miembros han cumplido con sus obligaciones constitucionales respecto a las normas internacionales del trabajo, y hace hincapié en cuestiones de interés general que se derivan de la labor de la Comisión (volumen A, páginas 5-36).

c)Parte II: las Observaciones referidas de ciertos países sobre la aplicación de los convenios ratificados (véase sección I), y sobre la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes (véase sección II) (volumen A, páginas 37-627).

d)Parte III: el Estudio General, en el que la Comisión de Expertos examina el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones. Este examen concierne al conjunto de los Estados Miembros, tanto si han ratificado los convenios en cuestión como si no lo han hecho. El Estudio General se publica en un volumen separado (Informe III (Parte B)) y este año se examina el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1); el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14); el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30); el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47); la Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116); la Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1954 (núm. 98); el Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) y su Protocolo de 1990; la Recomendación sobre el trabajo nocturno de las mujeres (agricultura), 1921 (núm. 13); el Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106); la Recomendación sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 103); el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132); el Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171); la Recomendación sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 178); el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175), y la Recomendación sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 182) (volumen B).

El informe de la Comisión de Expertos se puede encontrar asimismo en la siguiente dirección de Internet: http://www.ilo.org/normes.

ÍNDICE

NOTA AL LECTOR

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

PARTE I.    INFORME GENERAL

I.    INTRODUCCIÓN

Composición de la Comisión

Métodos de trabajo

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

Mandato

II.   RESPETO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS NORMAS

A.    Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)

B.    Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos

C.    Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

D.    Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

III.  COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y FUNCIONES RELATIVAS A OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Colaboración con organizaciones internacionales en materia de normas

Tratados de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos

Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo

ANEXO AL INFORME GENERAL

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

PARTE II.   OBSERVACIONES REFERIDAS A CIERTOS PAÍSES

I.    OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS (ARTÍCULOS 22, 23, PÁRRAFO 2, Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN)

Observación general

Observaciones generales

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

Trabajo forzoso

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

Igualdad de oportunidades y de trato

Consultas tripartitas

Administración e inspección del trabajo

Política y promoción del empleo

Orientación y formación profesionales

Seguridad del empleo

Salarios

Tiempo de trabajo

Seguridad y salud en el trabajo

Seguridad social

Política social

Trabajadores migrantes

Gente de mar

Pescadores

Trabajadores portuarios

Pueblos indígenas y tribales

Categorías específicas de trabajadores

II.   OBSERVACIONES ACERCA DE LA SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN)

Observación general

ANEXOS

I.     Cuadro de las memorias registradas sobre convenios ratificados al 9 de diciembre de 2017 (artículos 22 y 35 de la Constitución)

II.    Cuadro estadístico de las memorias registradas sobre los convenios ratificados al 9 de diciembre de 2017 (artículo 22 de la Constitución)

III.   Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

IV.   Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes

V.    Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes (31.ª a 106.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2017)

VI.   Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 9 de diciembre de 2017

VII.  Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país

Lista de los Convenios y Protocolos por tema

Los Convenios fundamentales están en negritas y los Convenios prioritarios en cursiva

Convenio revisado, total o parcialmente, por un convenio o protocolo posterior.

Convenio que ya no puede ser ratificado debido a la entrada en vigor de un convenio que lo revisa.

Convenio o Protocolo que no ha entrado en vigor.

Convenio retirado.

Convenio derogado.

1

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

C011

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)

C084

Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84)

C087

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm

C098

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

C135

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)

C141

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)

C151

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151)

C154

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

2

Trabajo forzoso

C029

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)

C105

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

P029

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

3

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

C005

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)

C006

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)

C010

Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10)

C015

Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)

C033

Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33)

C059

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59)

C060

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 (núm. 60)

C077

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77)

C078

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78)

C079

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79)

C090

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)

C123

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)

C124

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)

C138

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

C182

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

4

Igualdad de oportunidades y de trato

C100

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

C111

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

C156

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

5

Consultas tripartitas

C144

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)

6

Administración e inspección del trabajo

C063

Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63)

C081

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

C085

Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)

C129

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)

C150

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)

C160

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)

P081

Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947

7

Política y promoción del empleo

C002

Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)

C034

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34)

C088

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)

C096

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)

C122

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

C159

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)

C181

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

8

Orientación y formación profesionales

C140

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)

C142

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

9

Seguridad del empleo

C158

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)

10

Salarios

C026

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)

C094

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 19 (núm. 94)

C095

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)

C099

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)

C131

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)

C173

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1 (núm. 173)

11

Tiempo de trabajo

C001

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)

C004

Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)

C014

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)

C020

Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20)

C030

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30)

C031

Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31)

C041

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41)

C043

Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43)

C046

Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46)

C047

Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47)

C049

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49)

C051

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51)

C052

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52)

C061

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61)

C067

Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67)

C089

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)

C101

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101)

C106

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106)

C132

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132)

C153

Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153)

C171

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)

C175

Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175)

P089

Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948

12

Seguridad y salud en el trabajo

C013

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)

C045

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45)

C062

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)

C115

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)

C119

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)

C120

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)

C127

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)

C136

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)

C139

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)

C148

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 197 (núm. 148)

C155

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

C161

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

C162

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

C167

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)

C170

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)

C174

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)

C176

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)

C184

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)

C187

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)

P155

Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

13

Seguridad social

C012

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12)

C017

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)

C018

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)

C019

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)

C024

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24)

C025

Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25)

C035

Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35)

C036

Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36)

C037

Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37)

C038

Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38)

C039

Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39)

C040

Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40)

C042

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)

C044

Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44)

C048

Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)

C102

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)

C118

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)

C121

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesional 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121)

C128

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)

C130

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)

C157

Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 15

C168

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

14

Protección de la maternidad

C003

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3)

C103

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)

C183

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

15

Política social

C082

Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82)

C117

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117)

16

Trabajadores migrantes

C021

Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)

C066

Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66)

C097

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)

C143

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

17

Gente de mar

C007

Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)

C008

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)

C009

Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)

C016

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)

C022

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)

C023

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23)

C053

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53)

C054

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936 (núm. 54)

C055

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente 1936 (núm. 55)

C056

Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56)

C057

Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57)

C058

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58)

C068

Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)

C069

Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)

C070

Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (núm. 70)

C071

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71)

C072

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 (núm. 72)

C073

Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73)

C074

Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)

C075

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación, 1946 (núm. 75)

C076

Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76)

C091

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91)

C092

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92)

C093

Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93)

C108

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)

C109

Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109)

C133

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 13

C134

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)

C145

Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145)

C146

Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146)

C147

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)

C163

Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)

C164

Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164

C165

Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165)

C166

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)

C178

Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178)

C179

Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179)

C180

Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180)

C185

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)

MLC, 2006

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)

P147

Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976

18

Pescadores

C112

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)

C113

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

C114

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)

C125

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125)

C126

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)

C188

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

19

Trabajadores portuarios

C027

Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 1929 (núm. 27)

C028

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929 (núm. 28

C032

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 193 (núm. 32)

C137

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)

C152

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152)

20

Pueblos indígenas y tribales

C050

Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)

C064

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)

C065

Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)

C086

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)

C104

Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104

C107

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107)

C169

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

21

Categorías específicas de trabajadores

C083

Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 83)

C110

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110)

C149

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149)

C172

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172)

C177

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)

C189

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

P110

Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958

22

Convenios sobre los artículos finales

C080

Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80)

C116

Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (núm. 116)

Índice de los comentarios por Convenio

C001

Haití

C006

Myanmar

Portugal

República Bolivariana de Venezuela

C008

Santa Lucía

C014

Haití

C016

Dominica

C017

Suriname

C018

República Centroafricana

C019

Malasia Peninsular (Malasia)

Sarawak (Malasia)

C026

Burundi

República Bolivariana de Venezuela

C029

Austria

Bahrein

Bangladesh

Belarús

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Chad

Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Guyana

Líbano

Mauritania

Pakistán

Perú

Polonia

República Árabe Siria

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Unida de Tanzanía

Sierra Leona

Sri Lanka

Sudán

Tailandia

Turquía

C030

Haití

C042

Suriname

C077

Comoras

Líbano

Paraguay

C078

Comoras

Líbano

Paraguay

C079

Paraguay

C081

Albania

Bahrein

Bangladesh

Benin

Burundi

Guatemala

India

Japón

Mauritania

Países Bajos

Pakistán

Portugal

Qatar

República de Moldova

Ucrania

C087

Alemania

Argelia

Bangladesh

Belice

Botswana

Camboya

Congo

Djibouti

Ecuador

Egipto

Eritrea

Gabón

Gambia

Georgia

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea Ecuatorial

Haití

Honduras

Hungría

Indonesia

Jamaica

Japón

Kazajstán

Kuwait

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Malta

Mauricio

Mauritania

México

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nicaragua

Níger

Nigeria

Región Administrativa Especial de Macao (China)

República Árabe Siria

República Bolivariana de Venezuela

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Rwanda

Santa Lucía

Somalia

Yemen

C088

Angola

España

Nigeria

República Bolivariana de Venezuela

Sierra Leona

C090

Paraguay

C094

Argelia

Bermudas (Reino Unido)

Bulgaria

Burundi

Camerún

Costa Rica

Djibouti

Dominica

Egipto

España

Filipinas

Francia

Ghana

Guinea

Iraq

Jamaica

Mauricio

Noruega

Países Bajos

Panamá

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Unida de Tanzanía

Rwanda

Suriname

Yemen

C095

República Bolivariana de Venezuela

C097

Barbados

Francia

Israel

Nigeria

Sabah (Malasia)

C098

Alemania

Angola

Bangladesh

Barbados

Belice

Botswana

Brasil

Comoras

Croacia

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Federación de Rusia

Gambia

Georgia

Ghana

Grecia

Guatemala

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Honduras

Hungría

Indonesia

Iraq

Irlanda

Jamaica

Japón

Jordania

Kazajstán

Kiribati

Kuwait

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malasia

Malí

Malta

Mauricio

Montenegro

Mozambique

Namibia

Nepal

Nicaragua

Níger

Nigeria

Países Bajos

Pakistán

Región Administrativa Especial de Macao (China)

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Santa Lucía

Sierra Leona

Somalia

Turquía

Yemen

Zambia

C100

Argelia

Bahamas

Barbados

Bélgica

Botswana

Burundi

Canadá

Congo

Etiopía

Federación de Rusia

Francia

Gabón

Georgia

India

Islandia

Israel

Jamaica

Japón

Jordania

Letonia

Líbano

Malasia

Malí

Mongolia

Montenegro

Nueva Zelandia

Países Bajos

Pakistán

República Bolivariana de Venezuela

República de Corea

República Islámica del Irán

Rwanda

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Senegal

Trinidad y Tabago

Túnez

Viet Nam

C105

Angola

Azerbaiyán

Bahrein

Bangladesh

Belarús

Belice

Benin

Burundi

Camboya

Camerún

Egipto

Eritrea

Estados Unidos

Fiji

Kenya

Pakistán

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

República Árabe Siria

República Democrática del Congo

Rwanda

Sudán

Tailandia

Uganda

C106

Haití

C111

Argelia

Australia

Bahrein

Barbados

Bélgica

Brasil

Burundi

Canadá

Congo

Etiopía

Ex República Yugoslava de Macedonia

Francia

Gabón

Gambia

Georgia

Guinea Ecuatorial

Hungría

India

Islandia

Italia

Letonia

Liberia

Luxemburgo

Malí

Mongolia

Nueva Zelandia

Países Bajos

Pakistán

República Bolivariana de Venezuela

República Centroafricana

República Islámica del Irán

Rwanda

Sudáfrica

Trinidad y Tabago

Túnez

Viet Nam

Yemen

C112

Liberia

C113

Azerbaiyán

Liberia

C114

Liberia

Mauritania

C115

Barbados

Japón

C118

Egipto

República Centroafricana

Suriname

C120

Argelia

C122

Argelia

Australia

Camerún

China

Comoras

Djibouti

España

India

Irlanda

Japón

Libia

Madagascar

Mozambique

Nueva Zelandia

República Bolivariana de Venezuela

República Checa

República de Corea

República Dominicana

Uganda

C123

Nigeria

C124

Madagascar

C125

Sierra Leona

Trinidad y Tabago

C126

Azerbaiyán

C129

Albania

Guatemala

Países Bajos

Portugal

República de Moldova

Ucrania

C131

Estado Plurinacional de Bolivia

C135

Turquía

C137

Italia

Noruega

C138

Afganistán

Antigua y Barbuda

Argelia

Argentina

Azerbaiyán

Bahamas

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Chile

China

Colombia

Comoras

Congo

Djibouti

Dominica

Egipto

Eritrea

Estado Plurinacional de Bolivia

Guinea

Guyana

Kirguistán

Líbano

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

Papua Nueva Guinea

República Árabe Siria

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Democrática Popular Lao

República Dominicana

Samoa

Sierra Leona

Sri Lanka

Sudán

Swazilandia

Tailandia

Trinidad y Tabago

Turquía

Uganda

Yemen

Zambia

C139

Brasil

C142

Portugal

C143

Albania

Italia

Kenya

República Bolivariana de Venezuela

C144

Antigua y Barbuda

Bangladesh

Burundi

Chad

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Djibouti

El Salvador

España

Malawi

Nigeria

Nueva Caledonia (Francia)

Perú

Polonia

Portugal

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

Reino Unido

República Bolivariana de Venezuela

República Democrática del Congo

República Dominicana

República Unida de Tanzanía

Serbia

Sierra Leona

Suriname

Swazilandia

Turquía

Uganda

C147

Dominica

C148

Azerbaiyán

C151

Chad

C155

Argelia

Cabo Verde

México

C156

Australia

Croacia

Etiopía

Japón

Noruega

Países Bajos

C158

Australia

Camerún

Papua Nueva Guinea

Portugal

República Bolivariana de Venezuela

República Democrática del Congo

Suecia

C159

Japón

Perú

Santo Tomé y Príncipe

C160

San Marino

C161

Chile

C162

Bosnia y Herzegovina

Canadá

Colombia

Portugal

C167

Argelia

C168

Suecia

C169

Paraguay

Perú

C170

Colombia

C174

Colombia

C176

Botswana

C182

Afganistán

Albania

Angola

Argelia

Argentina

Bahamas

Bangladesh

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Chad

China

Colombia

Congo

Costa Rica

Djibouti

Egipto

El Salvador

Estado Plurinacional de Bolivia

Ex República Yugoslava de Macedonia

Fiji

Ghana

Haití

Líbano

Malawi

Nicaragua

Pakistán

Papua Nueva Guinea

Región Administrativa Especial de Macao (China)

República Árabe Siria

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Dominicana

Samoa

San Vicente y las Granadinas

Sri Lanka

Sudán

Trinidad y Tabago

Túnez

Turquía

Uganda

Yemen

C187

Chile

Observaciones generales

Belice

Comoras

Congo

Dominica

Gabón

Gambia

General

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Islas Cook

Islas Salomón

Nicaragua

República de Maldivas

Sabah (Malasia)

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Serbia

Somalia

Timor-Leste

Vanuatu

Viet Nam

Yemen

Sumisión a las autoridades competentes

Observación general

Afganistán

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Azerbaiyán

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Belice

Brunei Darussalam

Burkina Faso

Burundi

Chad

Chile

Comoras

Congo

Croacia

Dominica

El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Estado Plurinacional de Bolivia

Ex República Yugoslava de Macedonia

Fiji

Gabón

Gambia

Granada

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Haití

Hungría

Iraq

Islas Salomón

Jamaica

Jordania

Kazajstán

Kirguistán

Kiribati

Kuwait

Lesotho

Líbano

Liberia

Libia

Malasia

Malawi

Malta

Mozambique

Pakistán

Papua Nueva Guinea

República Árabe Siria

República Centroafricana

República de Maldivas

República de Moldova

República Democrática del Congo

República Islámica del Irán

Rwanda

Saint Kitts y Nevis

Samoa

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Swazilandia

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yemen

Zambia

Índice de los comentarios por país

Afganistán

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Albania

C081

C129

C143

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Alemania

C087

C098

Angola

C088

C098

C105

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Antigua y Barbuda

C138

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Argelia

C087

C094

C100

C111

C120

C122

C138

C155

C167

C182

Argentina

C138

C182

Australia

C111

C122

C156

C158

Austria

C029

Azerbaiyán

C105

C113

C126

C138

C148

Sumisión a las autoridades competentes

Bahamas

C100

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Bahrein

C029

C081

C105

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Bangladesh

C029

C081

C087

C098

C105

C144

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Barbados

C097

C098

C100

C111

C115

Belarús

C029

C105

Bélgica

C100

C111

C138

Belice

C087

C098

C105

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Benin

C081

C105

Bermudas (Reino Unido)

C094

Bosnia y Herzegovina

C138

C162

Botswana

C087

C098

C100

C176

C182

Brasil

C098

C111

C139

Brunei Darussalam

Sumisión a las autoridades competentes

Bulgaria

C094

Burkina Faso

C029

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Burundi

C026

C029

C081

C094

C100

C105

C111

C138

C144

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Cabo Verde

C155

Camboya

C029

C087

C105

C138

C182

Camerún

C094

C105

C122

C138

C158

C182

Canadá

C100

C111

C162

Chad

C029

C144

C151

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Chile

C138

C161

C187

Sumisión a las autoridades competentes

China

C122

C138

C182

Colombia

C138

C162

C170

C174

C182

Comoras

C077

C078

C098

C122

C138

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Congo

C029

C087

C100

C111

C138

C182

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Costa Rica

C094

C144

C182

Côte d'Ivoire

C144

Croacia

C098

C156

Sumisión a las autoridades competentes

Djibouti

C087

C094

C122

C138

C144

C182

Dominica

C016

C029

C094

C138

C147

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Ecuador

C087

C098

Egipto

C029

C087

C094

C105

C118

C138

C182

El Salvador

C098

C144

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Emiratos Árabes Unidos

Sumisión a las autoridades competentes

Eritrea

C029

C087

C098

C105

C138

España

C088

C094

C122

C144

Estado Plurinacional de Bolivia

C131

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Estados Unidos

C105

Etiopía

C100

C111

C156

Ex República Yugoslava de Macedonia

C111

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Federación de Rusia

C098

C100

Fiji

C105

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Filipinas

C094

Francia

C094

C097

C100

C111

Gabón

C087

C100

C111

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Gambia

C087

C098

C111

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Georgia

C087

C098

C100

C111

Ghana

C094

C098

C182

Granada

Sumisión a las autoridades competentes

Grecia

C087

C098

Guatemala

C081

C087

C098

C129

Guinea

C087

C094

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Guinea Ecuatorial

C087

C098

C111

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Guinea-Bissau

C098

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Guyana

C029

C098

C138

Observación general

Haití

C001

C014

C030

C087

C098

C106

C182

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Honduras

C087

C098

Hungría

C087

C098

C111

Sumisión a las autoridades competentes

India

C081

C100

C111

C122

Indonesia

C087

C098

Iraq

C094

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Irlanda

C098

C122

Islandia

C100

C111

Islas Cook

Observación general

Islas Salomón

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Israel

C097

C100

Italia

C111

C137

C143

Jamaica

C087

C094

C098

C100

Sumisión a las autoridades competentes

Japón

C081

C087

C098

C100

C115

C122

C156

C159

Jordania

C098

C100

Sumisión a las autoridades competentes

Kazajstán

C087

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Kenya

C105

C143

Kirguistán

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Kiribati

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Kuwait

C087

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Lesotho

C087

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Letonia

C100

C111

Líbano

C029

C077

C078

C100

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Liberia

C087

C098

C111

C112

C113

C114

Sumisión a las autoridades competentes

Libia

C122

Sumisión a las autoridades competentes

Luxemburgo

C111

Madagascar

C087

C098

C122

C124

Malasia

C098

C100

Sumisión a las autoridades competentes

Malasia Peninsular (Malasia)

C019

Malawi

C087

C144

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Malí

C098

C100

C111

Malta

C087

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Mauricio

C087

C094

C098

Mauritania

C029

C081

C087

C114

México

C087

C155

Mongolia

C100

C111

Montenegro

C098

C100

Mozambique

C087

C098

C122

Sumisión a las autoridades competentes

Myanmar

C006

C087

Namibia

C087

C098

Nepal

C098

Nicaragua

C087

C098

C138

C182

Observación general

Níger

C087

C098

Nigeria

C087

C088

C097

C098

C123

C138

C144

Noruega

C094

C137

C156

Nueva Caledonia (Francia)

C144

Nueva Zelandia

C100

C111

C122

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Países Bajos

C081

C094

C098

C100

C111

C129

C156

Pakistán

C029

C081

C098

C100

C105

C111

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Panamá

C094

Papua Nueva Guinea

C138

C158

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Paraguay

C077

C078

C079

C090

C169

Perú

C029

C144

C159

C169

Polonia

C029

C144

Portugal

C006

C081

C129

C142

C144

C158

C162

Qatar

C081

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

C105

C144

Región Administrativa Especial de Macao (China)

C087

C098

C182

Reino Unido

C144

República Árabe Siria

C029

C087

C105

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

República Bolivariana de Venezuela

C006

C026

C087

C088

C095

C100

C111

C122

C143

C144

C158

República Centroafricana

C018

C029

C087

C094

C098

C111

C118

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

República Checa

C122

República de Corea

C100

C122

República de Maldivas

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

República de Moldova

C081

C129

Sumisión a las autoridades competentes

República Democrática del Congo

C029

C087

C094

C098

C105

C138

C144

C158

C182

Sumisión a las autoridades competentes

República Democrática Popular Lao

C138

República Dominicana

C122

C138

C144

C182

República Islámica del Irán

C100

C111

Sumisión a las autoridades competentes

República Unida de Tanzanía

C029

C094

C144

Rwanda

C087

C094

C100

C105

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Sabah (Malasia)

C097

Observación general

Saint Kitts y Nevis

Sumisión a las autoridades competentes

Samoa

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

San Marino

C160

San Vicente y las Granadinas

C100

C182

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Santa Lucía

C008

C087

C098

C100

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Santo Tomé y Príncipe

C159

Sarawak (Malasia)

C019

Senegal

C100

Serbia

C144

Observación general

Seychelles

Sumisión a las autoridades competentes

Sierra Leona

C029

C088

C098

C125

C138

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Somalia

C087

C098

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Sri Lanka

C029

C138

C182

Sudáfrica

C111

Sudán

C029

C105

C138

C182

Suecia

C158

C168

Suriname

C017

C042

C094

C118

C144

Swazilandia

C138

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Tailandia

C029

C105

C138

Timor-Leste

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Togo

Sumisión a las autoridades competentes

Trinidad y Tabago

C100

C111

C125

C138

C182

Túnez

C100

C111

C182

Turquía

C029

C098

C135

C138

C144

C182

Tuvalu

Sumisión a las autoridades competentes

Ucrania

C081

C129

Uganda

C105

C122

C138

C144

C182

Vanuatu

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Viet Nam

C100

C111

Observación general

Yemen

C087

C094

C098

C111

C138

C182

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Zambia

C098

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Nota al lector

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, su mandato comprende la adopción de normas internacionales del trabajo y la promoción de la ratificación y la aplicación de esas normas en sus Estados Miembros y el control de esta aplicación como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin de supervisar los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la OIT ha desarrollado mecanismos de control únicos a escala internacional[1].

En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, a partir de la adopción de una norma internacional del trabajo los Estados Miembros tienen algunas obligaciones, especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado a las autoridades nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las recomendaciones.

Existen diversos mecanismos de control mediante los cuales la Organización examina el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias al procedimiento regular, fundado en el envío periódico de memorias (artículo 22 de la Constitución de la OIT)[2], y a los procedimientos especiales, basados en las reclamaciones o en las quejas dirigidas al Consejo de Administración por los mandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución). Desde 1950, existe un procedimiento especial para el tratamiento de las quejas en materia de libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro interesado no haya ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

En razón de su propia estructura tripartita, la OIT fue la primera organización internacional que asoció directamente en sus actividades a los interlocutores sociales. La participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los mecanismos de control está prevista en el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, en virtud del cual las memorias y las informaciones presentadas por los gobiernos en aplicación de los artículos 19 y 22 deben comunicarse a las organizaciones representativas.

En la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos comentarios sobre las memorias relativas a la aplicación por estos últimos de las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, pueden señalar la falta de conformidad del derecho o de la práctica con la aplicación de un convenio ratificado. Además, toda organización de empleadores o de trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina sus comentarios sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Oficina los transmitirá al gobierno correspondiente, que tendrá la posibilidad de responder a los mismos antes de que sean examinados por la Comisión de Expertos[3].

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

En los primeros años de existencia de la OIT la adopción de las normas internacionales del trabajo y las actividades de control regular tenían lugar cada año en el marco de las sesiones plenarias de la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, el considerable aumento del número de ratificaciones de los convenios entrañó rápidamente un importante incremento del número de memorias anuales presentadas. Pronto se puso de manifiesto que, en el marco de sus sesiones plenarias, la Conferencia ya no podría examinar todas esas memorias, adoptar normas nuevas y ocuparse de otros asuntos importantes. Es por ello que la Conferencia adoptó, en 1926, una resolución[4] instituyendo cada año una Comisión de la Conferencia (luego denominada Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia) y solicitó al Consejo de Administración que estableciera una comisión técnica (que se denominaría en lo sucesivo Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se encargaría de la preparación de un informe para la Conferencia. Estas dos Comisiones se han convertido en los pilares del sistema de control de la OIT.

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Composición

La Comisión de Expertos está compuesta por 20 expertos. Se trata de destacados juristas a escala nacional e internacional, que son nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Director General. Los nombramientos se realizan a título personal, efectuándose la elección entre personalidades de todas las regiones del mundo reputadas por su imparcialidad, competencia e independencia, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una experiencia directa en diferentes sistemas legales, económicos y sociales. Cada miembro es nombrado por un período de tres años renovable. En 2002, la Comisión decidió que los miembros ejercieran sus funciones durante un máximo de quince años, a saber, que después del primer mandato de tres años su mandato sólo se pudiera renovar cuatro veces. En su 79.ª reunión (noviembre-diciembre de 2008), la Comisión decidió que su Presidente sea elegido por un período de tres años renovable una sola vez (por otro período de tres años). La Comisión elige a un ponente al principio de cada reunión.

Trabajo de la Comisión

La Comisión de Expertos se reúne cada año en noviembre-diciembre. De conformidad con el mandato conferido por el Consejo de Administración[5], se invita a la Comisión a examinar lo siguiente:

–las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios de los que son parte;

–las informaciones y las memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones que comunican los Miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución, y

–las informaciones y las memorias sobre las medidas adoptadas por los Miembros con arreglo al artículo 35 de la Constitución[6].

La Comisión de Expertos tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica de cada Estado están de conformidad con los convenios ratificados y en qué medida los Estados cumplen con sus obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT en relación con las normas. Al realizar esa tarea, la Comisión se adhiere a sus principios de independencia, objetividad e imparcialidad[7]. Los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la manera en que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones normativas adoptan la forma de observaciones o de solicitudes directas. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Se publican en el Informe anual de la Comisión de Expertos que se presenta luego a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que se reúne en el mes de junio de cada año. Las solicitudes directas no se publican en el informe de la Comisión de Expertos, pero se comunican directamente al gobierno interesado y se pueden encontrar en Internet[8]. Además, la Comisión de Expertos examina en el marco de un Estudio General el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones seleccionados por el Consejo de Administración[9]. Este Estudio General se basa en las memorias presentadas en virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución y concierne a todos los Estados Miembros, tanto a los que han ratificado los convenios como a los que no lo han hecho. El Estudio General de este año cubre los instrumentos relativos al tiempo de trabajo.

El informe de la Comisión de Expertos

Después de haber llevado a cabo sus labores, la Comisión elabora un informe anual. El informe se presenta en dos volúmenes.

El primer volumen (Informe III (Parte A))[10] se divide en dos partes:

–Parte I: el Informe General da cuenta, por una parte, del desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y de las cuestiones específicas relacionadas que ésta ha tratado, y, por otra parte, de la medida en la que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales respecto de las normas internacionales del trabajo.

–Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países se refieren al respeto de las obligaciones vinculadas con el envío de memorias, a la aplicación de los convenios ratificados, agrupados por tema, y a la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes.

El segundo volumen contiene el Estudio General (Informe III (Parte B)).

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo

Composición

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una de las dos comisiones permanentes de la Conferencia. Es tripartita y comprende, por consiguiente, a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. En cada reunión, la Comisión elige su Mesa, compuesta de un presidente (miembro gubernamental), de dos vicepresidentes (miembro empleador y miembro trabajador) y de un ponente (miembro gubernamental).

Trabajo de la Comisión

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada año con ocasión de la reunión de la Conferencia que se celebra en junio. En virtud del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, la Comisión tiene por mandato examinar:

–las medidas adoptadas para dar efecto a los convenios ratificados (artículo 22 de la Constitución);

–las memorias comunicadas de conformidad con el artículo 19 de la Constitución (Estudios Generales);

–las medidas adoptadas con arreglo al artículo 35 de la Constitución (territorios no metropolitanos).

La Comisión debe presentar un informe a la Conferencia.

Tras el examen técnico e independiente realizado por la Comisión de Expertos, el procedimiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia brinda a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la ocasión de examinar juntos la manera en la que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas. Los gobiernos tienen la posibilidad de completar las informaciones que figuran en las memorias examinadas por la Comisión de Expertos, indicar las demás medidas adoptadas o propuestas desde la última reunión de esta Comisión, señalar las dificultades que encuentran para cumplir con sus obligaciones, y solicitar asistencia para superar esos obstáculos.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina el informe de la Comisión de Expertos, al igual que los documentos enviados por los gobiernos. Los trabajos de la Comisión de la Conferencia comienzan por una discusión general que se basa, fundamentalmente, en el Informe General de la Comisión de Expertos. Después, la Comisión de la Conferencia realiza un debate sobre el Estudio General. También examina los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentación de memorias o de otras obligaciones vinculadas con las normas. Por último, la Comisión de la Conferencia examina algunos casos individuales de aplicación de convenios ratificados que han sido objeto de observaciones de la Comisión de Expertos. Tras la discusión de cada caso individual, la Comisión de la Conferencia adopta las conclusiones sobre el caso de que se trate.

En su informe[11] presentado a la Conferencia en sesión plenaria para su adopción, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia puede invitar al Estado Miembro cuyo caso individual se haya discutido a recibir una misión de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo a fin de ayudarle a dar cumplimiento a sus obligaciones, o proponer otro tipo de misión. La Comisión de la Conferencia puede asimismo invitar a un Gobierno a que transmita informaciones complementarias o a que tenga en cuenta algunas de sus preocupaciones cuando elabore su próxima memoria para la Comisión de Expertos. Por otra parte, en el informe la Comisión señala a la atención de la Conferencia algunos casos, tales como los casos de progreso y los casos de incumplimiento grave de los convenios ratificados.

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

En muchos informes, la Comisión de Expertos ha insistido en la importancia del respeto mutuo, el sentido de la responsabilidad y el espíritu de cooperación que siempre han caracterizado las relaciones entre la Comisión de Expertos y la Comisión de la Conferencia. A este respecto, es costumbre que el Presidente de la Comisión de Expertos asista como observador a la discusión general de la Comisión de la Conferencia, así como a la discusión sobre el Estudio General y que, además, tenga la posibilidad de dirigirse a esta Comisión en la apertura de la discusión general y de formular observaciones al final de la discusión del Estudio General. De igual modo, en el marco de las reuniones de la Comisión de Expertos se invita a los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de la Conferencia a reunirse con los expertos para abordar cuestiones de interés común en una sesión especialmente prevista a tal efecto.

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1 Para obtener información detallada sobre todos los procedimientos de control, véase el Manual sobre los procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Rev., 2012.

2 Las memorias se solicitan cada tres años para los convenios llamados fundamentales y de gobernanza, y cada cinco años para los demás convenios. Los gobiernos transmiten las memorias que se presentan según una agrupación de los convenios por materia.

3 Véanse los párrafos 63-69 del Informe General.

4 Véase el anexo VII, Actas de la 8.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1926, vol. I.

5 Mandato de la Comisión de Expertos, actas de la 103.ª reunión del Consejo de Administración (1947), anexo XII, párrafo 37.

6 El artículo 35 se refiere a la aplicación de los convenios en los territorios no metropolitanos.

7 Véase párrafo 19 del Informe General.

8 Véase párrafo 41 del Informe General. Las observaciones y las solicitudes directas se encuentran en la base de datos NORMLEX a la que se puede acceder a través de la dirección siguiente: www.ilo.org/normes.

9 En virtud del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 se ha establecido un sistema de discusiones recurrentes en el marco de la Conferencia a fin de que la Organización pueda comprender mejor la situación y las necesidades diversas de sus Miembros en relación con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: empleo; protección social (seguridad social y protección de los trabajadores); diálogo social y tripartismo, y principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Consejo de Administración consideró que los informes recurrentes preparados por la Oficina para que sean debatidos por la Conferencia deberían aprovechar la información sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros que contienen los estudios generales así como los resultados de la discusión de dichos estudios generales por la Comisión de la Conferencia. Los temas de los estudios generales se han armonizado con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. La importancia de la coordinación entre los estudios generales y las discusiones recurrentes ha sido reafirmada en el contexto de la adopción en noviembre de 2016 por el Consejo de Administración de un nuevo ciclo de cinco años de discusiones recurrentes.

10 Esta designación refleja el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo que contiene, como punto inscrito de oficio, el punto III relativo a la información y las memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones.

11 El informe se publica en las Actas de la Conferencia. Desde 2007, también se publica por separado. En lo que respecta al último informe, véase: Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, extractos de las Actas, Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, Ginebra, 2017.

Parte I.    Informe General

I.    Introducción

1.  La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instituida por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo para examinar las informaciones y las memorias comunicadas por los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas en relación con los convenios y las recomendaciones, celebró su 88.ª reunión en Ginebra del 22 de noviembre al 9 de diciembre de 2017. La Comisión tiene el honor de presentar su Informe al Consejo de Administración.

Composición de la Comisión

2.  La composición de la Comisión es la siguiente: Sr. Shinichi AGO (Japón), Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia), Sra. Leila AZOURI (Líbano), Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil), Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos), Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica), Sra. Graciela Josefina DIXON CATON (Panamá), Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos), Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona), Sr. Alain LACABARATS (Francia), Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia), Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido), Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia), Sra. Rosemary OWENS (Australia), Sra. Mónica PINTO (Argentina), Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún), Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar), Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y Tabago) y Sr. Bernd WAAS (Alemania). El anexo I del Informe General contiene una breve biografía de todos los miembros de la Comisión.

3.  En la presente reunión, la Comisión tomó nota de que el Sr. Ajit Prakash Shah (India) y el Sr. Mario Ackerman (Argentina) presentaron su dimisión como miembros de la Comisión a principios de 2017. Además, el Sr. Cheadle y la Sra. Dixon Caton no pudieron participar en esta reunión. Por consiguiente, la Comisión llevó a cabo sus labores sólo con 17 expertos.

4.  El Sr. Koroma continuó su mandato de Presidente, y la Comisión eligió como Ponente a la Sra. Owens.

Métodos de trabajo

5.  Desde su creación, la Comisión de Expertos ha estado examinado sus métodos de trabajo y, en ese proceso, siempre ha dado la debida consideración a las opiniones expresadas por los mandantes tripartitos. En los últimos años, en su reflexión sobre las posibles mejoras y el reforzamiento de sus métodos de trabajo, la Comisión de Expertos ha encaminado sus esfuerzos hacia la determinación de las formas de ajustar dichos métodos de trabajo a fin de cumplir con sus funciones de la manera más adecuada y efectiva posible y de esta forma ayudar a los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones en relación con las normas internacionales del trabajo y mejorar el funcionamiento del sistema de control.

6.  A efectos de orientar la reflexión de la Comisión sobre la mejora continua de sus métodos de trabajo, en 2001, se estableció una subcomisión sobre los métodos de trabajo, cuyo mandato incluye el examen de los métodos de trabajo de la Comisión y temas afines, con miras a formular recomendaciones apropiadas a la Comisión. Este año la subcomisión sobre los métodos de trabajo se reunió por 17.ª vez bajo la dirección del Sr. Bentes Corrêa, que fue elegido Presidente. La Subcomisión sobre los métodos de trabajo centró sus debates en dos cuestiones principales: i) posibles mejoras del funcionamiento de la Subcomisión para la racionalización del examen de determinada información, y ii) las discusiones del Consejo de Administración sobre la iniciativa relativa a las normas y sus posibles repercusiones en la labor de la Comisión.

7.  La Subcomisión para la racionalización del examen de determinada información (establecida en 2012 por la Comisión de Expertos para que examine en particular la información relacionada con la obligación de envío de memorias) se reunió de nuevo este año antes del inicio de las labores de la Comisión. La subcomisión preparó proyectos de observaciones y solicitudes directas «generales» que abordan el incumplimiento de la obligación de envío de memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)[1] y la obligación de transmitir copias de las memorias sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores (párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución)[2]. También preparó las «repeticiones» de la Comisión (una observación o solicitud directa individual puede repetirse cuando se debía presentar una memoria sobre la aplicación de un convenio ratificado pero esa memoria no se ha recibido o la memoria recibida no responde a los comentarios anteriores de la Comisión). La subcomisión presentó su informe a la Comisión de Expertos, para su adopción en sesión plenaria, haciendo hincapié en las cuestiones más importantes que se plantearon durante su examen.

8.  La Subcomisión sobre los métodos de trabajo debatió las posibles mejoras del funcionamiento de la Subcomisión para la racionalización del examen de determinada información a fin de mejorar la calidad y el impacto de las repeticiones prestando más atención a ciertos casos graves de incumplimiento de la obligación de enviar memorias. La Subcomisión sobre los métodos de trabajo debatió, entre otras cosas, la manera en que el examen de esos casos podría señalarse más específicamente a la atención de la Comisión de Aplicación de Normas cuando examina los casos de incumplimiento grave de la obligación de enviar memorias a fin de que ambas Comisiones examinen no sólo ese incumplimiento sino también la gravedad de las cuestiones planteadas y el enorme impacto negativo que tiene el no presentar memorias sobre la función de los órganos de control de facilitar los progresos en relación con cuestiones sustantivas graves.

9.  Sobre la base de la discusión que realizó la Subcomisión sobre los métodos de trabajo, la Comisión de Expertos decidió establecer la práctica de realizar «llamamientos urgentes» en los casos siguientes:

–incumplimiento de la obligación de enviar la primera memoria por tercer año consecutivo;

–falta de respuesta durante más de dos años a las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las que se abordan cuestiones graves y urgentes;

–falta de respuesta a las repeticiones relativas a proyectos de legislación cuando se han producido cambios.

10.  En tales casos, la Comisión puede indicar a los gobiernos interesados, en el primer párrafo de la repetición, que si no transmiten una primera memoria o respuestas a los puntos planteados antes del 1.º de septiembre del año siguiente podría examinar esos casos sobre la base de la información que tiene a su disposición y realizar un nuevo comentario en su próxima reunión. En estos casos, también se puede señalar a la atención de la Comisión de Aplicación de Normas el incumplimiento grave de la obligación de envío de memorias a fin de que se pueda llamar a los gobiernos a comparecer ante ella y así se les avise de que, a falta de memoria, la Comisión de Expertos podría examinar la esencia de la cuestión en su próxima reunión. La Comisión espera que esto pueda reforzar más las sinergias entre los dos órganos de control. Debido a esta decisión y a los nuevos métodos de trabajo que conllevará, la Comisión de Expertos decidió suprimir la Subcomisión para la racionalización del examen de determinada información.

11.  La Subcomisión sobre los métodos de trabajo también examinó el posible impacto de los debates del Consejo de Administración sobre la iniciativa relativa a las normas en los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos. En general, la Subcomisión acoge con agrado los debates del Consejo de Administración sobre las maneras de reforzar el impacto del mecanismo de control que coinciden con sus propias discusiones sobre los métodos de trabajo. Considera que las discusiones del Consejo de Administración sobre la agrupación temática de convenios a efectos de presentación de memorias y la práctica de los comentarios consolidados que estableció la Comisión de Expertos representan un progreso.

12.  La Subcomisión señaló a la atención de la Comisión que el Consejo de Administración está examinando la posibilidad de ampliar de cinco a seis años el ciclo de presentación de memorias relativas a los convenios técnicos. A este respecto, la Comisión indicó que quería examinar la forma de ampliar los criterios sumamente estrictos a fin de modificar su ciclo de examen cuando recibe observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre un determinado país en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la OIT y decidió que a este respecto podía inspirarse en los criterios para insertar «notas a pie de página», tal como se señala en el párrafo 47 de su Informe General[3].

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

13.  En las relaciones de la Comisión de Expertos con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo ha prevalecido siempre a lo largo de los años una actitud de respeto mutuo, cooperación y responsabilidad. En este contexto, la Comisión saludó nuevamente la participación de su Presidente en la discusión general de la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión (junio de 2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo. Tomó nota de la decisión de la Comisión de la Conferencia de solicitar al Director General que renovara su invitación al Presidente de la Comisión de Expertos para la 107.ª reunión (mayo-junio de 2018) de la Conferencia. La Comisión de Expertos aceptó esta invitación.

14.  El Presidente de la Comisión de Expertos invitó a la Vicepresidenta empleadora (Sra. Sonia Regenbogen) y al Vicepresidente trabajador (Sr. Marc Leemans) a participar en una sesión especial de este reunión de la Comisión. Ambos aceptaron esta invitación y hubo un intercambio de impresiones participativo y minucioso sobre cuestiones de interés mutuo.

15.  El Vicepresidente trabajador felicitó a la Comisión por su labor y expresó su aprecio por la calidad técnica del informe de la Comisión de Expertos, que ofrece una base sólida para el funcionamiento de la Comisión de la Conferencia y que contribuye a la credibilidad, legitimación y autoridad de todo el mecanismo de control de normas. La clarificación del mandato de la Comisión en la introducción a su Informe General sigue siendo útil para esclarecer los papeles distintos pero complementarios que las dos comisiones desempeñan en el sistema de control. Con afán constructivo, el Vicepresidente trabajador compartió algunos comentarios y preguntas concretas. A lo largo de los años, varias cuestiones han pasado de tramitarse como observaciones a hacerlo como solicitudes directas sin que, a su juicio, el procedimiento se haya ajustado a la útil explicación del Informe General sobre la distinción entre los dos tipos de comentarios. Además, algunas cuestiones siguen siendo tramitadas en forma de solicitudes directas a pesar de la antigüedad de los hechos, lo que suscita algunos problemas sobre los criterios que se aplican al calificar un caso como «caso que data de antiguo» a fin de tramitarlo como una observación. En algunos casos, algunas cuestiones importantes han desaparecido por completo del comentario sin aclarar si han sido resueltas entre tanto. En relación con el planteamiento que se sigue para el tratamiento de las observaciones recibidas de los interlocutores sociales en virtud del párrafo 2, del artículo 23 de la Constitución, el orador apoyó el planteamiento de la Comisión de no formular observaciones que no entren dentro del ámbito de aplicación del Convenio de que se trata o que no contengan información que añadan valor al examen de la aplicación del Convenio en determinados casos. No obstante, en lo que se refiere a los alegatos presentados por los sindicatos, el Vicepresidente trabajador expresó su preocupación por el hecho de que alegatos graves y no resueltos desde hace mucho tiempo no se aborden detenidamente a pesar del reiterado incumplimiento del Gobierno de atenderlos. Además, señaló que su grupo lamenta profundamente la reducción significativa en la extensión del informe de la Comisión, tanto más cuanto que esto ha tenido un impacto en la calidad de su análisis. Manifestó asimismo su preocupación por el tono relativamente moderado de algunos comentarios. A la luz del debate sobre la iniciativa relativa a las normas, el Vicepresidente trabajador invitó a la Comisión de Expertos a que estudie una gama más amplia de criterios para revisar los ciclos de presentación de memorias a la luz de la propuesta de agrupar temática los convenios a efectos de presentación de memorias. Llamó a una cierta moderación en relación con la propuesta de un examen transversal de los convenios en comentarios refundidos, a fin de que las vulneraciones más graves sigan siendo claramente identificadas en virtud de cada convenio. A pesar de saludar las amplias referencias de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia que figuran en las observaciones de la Comisión de Expertos, afirmó que habría preferido ver un examen más pormenorizado sobre hasta qué punto los Gobiernos han aplicado cada recomendación de la Comisión de la Conferencia. Por último, el Vicepresidente trabajador expresó su aprecio por el mayor equilibrio entre convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos en la selección de los casos de doble nota a pie de página en el informe anterior de la Comisión, puesto que de esta forma pueden examinarse más casos relativos a convenios técnicos durante la Conferencia. A fin de aprovechar este logro, pidió a la Comisión de Expertos que preste tanta atención como sea posible a los convenios técnicos.

16.  La Vicepresidenta empleadora destacó que el diálogo sistemático y directo entre las dos comisiones resulta fundamental para garantizar que los mandantes de la OIT entiendan mejor cuáles son sus obligaciones normativas y para facilitar el entendimiento mutuo entre las dos comisiones. La sesión especial permitió que los dos vicepresidentes transmitieran las circunstancias y necesidades de los interlocutores sociales como usuarios del mecanismo de control, y comuniquen sus perspectivas sobre cómo las mejoras pueden propiciar una mejor utilización del sistema. Habría preferido que esta discusión hubiera tenido lugar en una fecha anterior durante la reunión de la Comisión de Expertos. En lo que se refiere a los resultados positivos de la última reunión de la Comisión de la Conferencia, hizo hincapié en que este pilar del sistema de control ha reafirmado su función como foro de diálogo tripartito sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo orientado al logro de resultados sobre la base de un entendimiento mutuo y de un diálogo constructivo. Manifestó su apoyo a la solicitud formulada por el Vicepresidente trabajador de que los expertos proporcionen en su informe un análisis organizado del seguimiento de las conclusiones adoptadas por la Comisión de la Conferencia, de forma que los interlocutores sociales puedan ver más claramente si los Gobiernos han respondido a las conclusiones de la misma. Coincidió con el Vicepresidente trabajador en que la formulación de comentarios por parte de la Comisión sobre los convenios técnicos supone un punto de partida general para establecer una lista equilibrada de casos. Señaló que, en 2017, la lista final de casos ha generado muchos comentarios positivos por su carácter equilibrado habida cuenta de que contiene 16 convenios fundamentales, cinco de gobernanza y tres técnicos. En cuanto a la cuestión planteada por el Vicepresidente trabajador sobre el hecho de que en las observaciones se reflejen con mayor fidelidad algunas cuestiones, en particular las preocupaciones planteadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la Vicepresidenta empleadora sugirió como posibilidad que se complementen los comentarios que aparecen en el informe de la Comisión con información adicional publicada en línea en forma de resumen de alegatos o de la evolución de los hechos. Hizo hincapié en el papel activo de los Vicepresidentes empleador y trabajador en la elaboración de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia de forma concisa, clara y directa, en la que se reflejen la adopción de medidas concretas para abordar los problemas en materia de aplicación. Habida cuenta de que todas las cuestiones controvertidas se han dejado voluntariamente fuera de las conclusiones, invitó a la Comisión de Expertos a considerar el equilibrio general de estas conclusiones al examinar el seguimiento de las mismas. Invitó también a la Comisión a que estudiara otros métodos para lograr que la lectura del Informe sea más comprensible y transparente. En lo que se refiere a la labor de la Subcomisión sobre Métodos de Trabajo, señaló por ejemplo que a pesar de que en el Informe General figuran algunos elementos sobre su labor, le habría gustado contar con más información concreta sobre las cuestiones examinadas y los resultados de la discusión durante la reunión actual, puesto que esta información hubiera enriquecido las discusiones del Consejo de Administración en el marco de la iniciativa relativa a las normas. La Vicepresidenta empleadora formuló también algunas cuestiones a los expertos en relación con la organización de su trabajo a la luz del número de memorias recibidas este año, y, en relación con los países que incumplen gravemente la obligación de presentar memorias, preguntó si se ha contemplado alguna medida para dar mayor visibilidad a estos casos en el informe. Por último, con respecto a la conocida posición de su grupo en relación con el derecho de huelga, preguntó si la Comisión no ha tenido la oportunidad de reflexionar más a fondo sobre esta cuestión y sobre el modo en que la ha tratado durante este año.

17.  La Comisión de Expertos indicó que había tomado debida nota de las discusiones que habían tenido lugar, en el marco de la iniciativa relativa a las normas, sobre las maneras de fortalecer el sistema de control. La Comisión informó a los Vicepresidentes de las decisiones adoptadas basándose en el trabajo de la Subcomisión sobre Métodos de Trabajo, especialmente la decisión de prestar más atención a algunos casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias, y por tanto incrementar su visibilidad, tanto en general como en particular con respecto a la Comisión de la Conferencia. Además, la Comisión decidió inspirarse en los criterios utilizados para solicitar memorias anticipadas, con miras a ampliar los muy estrictos criterios para romper el ciclo de examen cuando se reciben los comentarios de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, en virtud del artículo 23, 2), de la Constitución. Los expertos también discutieron las innovaciones introducidas por el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006), que es el producto de la consolidación, la actualización y la revisión de 37 convenios y 31 recomendaciones, y que permite, junto con un formulario de memoria innovador, un control coherente y permanente de su aplicación. El MLC, 2006 es un instrumento amplio, integral e innovador que ha alcanzado un nivel extraordinario de aceptación a través de su rápida ratificación por un elevado número de Estados Miembros. El mismo enfoque se ha seguido para la adopción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y su formulario de memoria. Los expertos también destacaron la importancia de los convenios técnicos que permiten comprender la mayoría de las normas internacionales del trabajo. Más allá del umbral de los convenios fundamentales y de gobernanza, los convenios técnicos abarcan una amplia gama de temas y representan una parte importante del trabajo de la Comisión, que dedica gran parte de su tiempo y atención a estos instrumentos. Desde 2012, una de las herramientas utilizadas para el examen de algunos de estos convenios es la elaboración de comentarios consolidados sobre las cuestiones planteadas en virtud de algunos convenios ratificados por el mismo país en determinadas áreas temáticas. De este modo se ha mejorado la coherencia de los comentarios y la visibilidad de las cuestiones planteadas, sin perder de vista las obligaciones específicas impuestas por cada uno de los convenios considerados. En algunos casos, este enfoque ha permitido la identificación de asuntos esenciales adicionales y su inclusión en las observaciones. La finalidad es lograr un mayor impacto de los comentarios de la Comisión, de modo que el seguimiento en el plano nacional pueda ser lo más específico y constructivo posible. Con respecto a los expedientes diferidos, los expertos aseguraron a los Vicepresidentes que la Comisión siempre había completado el examen de todos los expedientes que la Secretaría le presentó. Sin embargo, algunas memorias tienen que diferirse cada año. Entre las razones para ello cabe citar la presentación tardía de las memorias después de la fecha establecida de 1.º de septiembre, lo que perturba seriamente el funcionamiento del sistema; y el aumento del número de comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que, si bien es un motivo de satisfacción, también contribuye a un incremento significativo de la información que debe tenerse en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros en virtud de los Convenios. Por último, en lo que atañe al derecho de huelga, los expertos señalaron a la atención del Vicepresidente empleador que habían examinado con detenimiento su declaración en la Comisión de la Conferencia, destacando tres puntos. En primer término, la Comisión de Expertos examinó, en virtud del Convenio núm. 87, algunos temas recurrentes, que incluyen violaciones de las libertades civiles, denegación a los empleadores y a los trabajadores del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, y el derecho de estas organizaciones de organizar libremente sus actividades y de formular sus programas, sin injerencia del Estado. El derecho de huelga se examina con frecuencia como un subtema del primer punto (vulneración de las libertades civiles) y del tercer punto (organización de las actividades sin injerencia). En consecuencia, los expertos examinaron una amplia gama de importantes cuestiones, en virtud del Convenio núm. 87, y no sólo principalmente el derecho de huelga. En segundo término, los expertos prestaron la debida atención a las memorias recibidas de los Estados Miembros, que a menudo contienen información sobre la manera en que se regula el derecho de huelga a escala nacional, junto con numerosos comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre este punto. En tercer término, a pesar de que el artículo 9 del Convenio núm. 87 deja que sea la legislación nacional la que determine el ámbito de aplicación de las garantías previstas en el Convenio para las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, las demás disposiciones no se asignan al exclusivo control de la legislación nacional, por lo cual la Comisión tiene el deber de examinar la manera en que se aplica el Convenio en todos los Estados Miembros ratificantes.

18.  En el párrafo 43 de este Informe General se proporciona información sobre el seguimiento dado por la Comisión a las conclusiones de la 106.ª reunión (2017) de la Comisión de la Conferencia[4].

Mandato

19.  La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la OIT. Está compuesta por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de los convenios. Sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las autoridades nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, experiencia y competencia técnica. La función técnica y la autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su labor de supervisión durante más de noventa años, y debido a su composición, independencia y métodos de trabajo cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales.

______________________

1 Véase párrafo 27 del Informe General.

2 Véase párrafo 31 del Informe General.

3 La Comisión indica a través de notas especiales (tradicionalmente conocidas como «notas a pie de página»), que se insertan al final de los comentarios, los casos en los que, debido a la naturaleza de los problemas que se plantean para aplicar el convenio de que se trate, considera apropiado pedir a los gobiernos que transmitan una memoria antes de la fecha prevista y, algunas veces, que proporcionen información detallada a la próxima reunión de la Conferencia.

4 Además, a partir del 1.º de abril de 2018 podrá encontrarse información actualizada sobre el seguimiento dado por la Secretaría a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en el sitio web oficial de la Comisión de la Conferencia.

II.   Respeto de las obligaciones relacionadas con las normas

A.  Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)

20.  La principal función de la Comisión consiste en examinar las memorias presentadas por los gobiernos sobre los convenios ratificados por los Estados Miembros (artículo 22 de la Constitución) y sobre aquellos convenios que han sido declarados aplicables en los territorios no metropolitanos (artículo 35 de la Constitución).

Modalidades para la presentación de memorias

21.  Con arreglo a la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 258.ª reunión (noviembre de 1993), las memorias debidas sobre los convenios ratificados deben enviarse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre de cada año.

22.  La Comisión recuerda que deben enviarse memorias detalladas cuando se trate de primeras memorias (que deben enviarse tras la ratificación) o cuando lo pidan expresamente la Comisión de Expertos o la Comisión de la Conferencia. Después se solicitan memorias simplificadas a intervalos regulares[5]. La Comisión recuerda que en su 306.ª reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración decidió que el ciclo de presentación de memorias dejara de ser de dos años y pasara a ser de tres años para los convenios fundamentales y los convenios de gobernanza y mantener el ciclo de cinco años para los otros convenios.

23.  Además, la Comisión puede solicitar que se envíen memorias fuera del ciclo regular de envío de memorias[6]. La Comisión de la Conferencia y el Consejo de Administración también pueden solicitar expresamente que se envíen memorias fuera del ciclo normal. En cada reunión, la Comisión también tiene que examinar las memorias solicitadas en los casos en que los gobiernos no habían transmitido una memoria debida para el período anterior o no habían respondido a los comentarios anteriores de la Comisión[7].

Cumplimiento de la obligación de envío de memorias

24.  Este año se solicitaron a los gobiernos un total de 2 242 memorias (2 083 memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución y 159 memorias en virtud del artículo 35 de la Constitución) sobre la aplicación de los convenios ratificados por los Estados Miembros en comparación con 2 539 el año pasado.

25.  La Comisión toma nota con preocupación de que la proporción de memorias recibidas antes del 1.º de septiembre de 2017 sigue siendo reducida (el 38,2 por ciento en comparación con el 39,9 por ciento en su anterior reunión). Recuerda que el hecho de que un número significativo de memorias se reciban con posterioridad al 1.º de septiembre perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular. Por consiguiente, la Comisión reitera a los Estados Miembros su solicitud de que realicen esfuerzos particulares para que el próximo año sus memorias se presenten respetando el plazo establecido y contengan toda la información solicitada a fin de que la Comisión pueda realizar un examen completo. La Comisión tiene previsto examinar formas de abordar esta cuestión en su próxima reunión, en el marco de las labores de la Subcomisión sobre los métodos de trabajo.

26.  Al finalizar la presente reunión de la Comisión, habían llegado a la Oficina 1 519 memorias. Esta cifra representa el 67,8 por ciento de las memorias solicitadas (en comparación con 1 805, lo que representa el 71,1 por ciento, el año pasado)[8]. En particular, la Comisión toma nota de que al finalizar su presente reunión, se habían recibido 61 de las 95 primeras memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados (en comparación con 42 de las 89 primeras memorias debidas el año pasado).

27.  Cuando examina el incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones en materia de envío de memorias, la Comisión adopta comentarios «generales» (que figuran al principio de la parte II (sección I) de su informe). Realiza observaciones generales cuando no se ha enviado ninguna de las memorias debidas durante dos o más años y cuando una primera memoria no se envió durante dos o más años. Realiza solicitudes directas generales cuando, durante el año en curso, un país no ha enviado las memorias debidas o la mayor parte de las memorias debidas; o no ha enviado una primera memoria debida.

28.  Los 15 países siguientes no han enviado las memorias debidas desde hace dos años o más: Belice, Dominica, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Cook, Islas Salomón, Malasia-Sabah, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Somalia, Timor-Leste, Vanuatu y Yemen.

29.  Los 13 países que figuran a continuación no han transmitido primeras memorias durante dos años o más:

Estados

Convenios núms.

Belice

– Desde 2016: MLC, 2006

Comoras

– Desde 2016: Convenio núm. 144

Congo

– Desde 2016: MLC, 2006

Gabón

– Desde 2016: MLC, 2006

Guinea Ecuatorial

– Desde 1998: Convenios núms. 68 y 92

Guyana

– Desde 2015: Convenio núm. 189

Islas Cook

– Desde 2016: Convenios núms. 11, 14, 29, 99 y 105

República de Maldivas

– Desde 2015: Convenio núm. 100 y desde 2016: MLC, 2006

Nicaragua

– Desde 2015: MLC, 2006

San Vicente y las Granadinas

– Desde 2014: MLC, 2006

Serbia

– Desde 2016: Convenio núm. 94

Somalia

– Desde 2016: Convenios núms. 87, 98 y 182

Viet Nam

– Desde 2016: Convenio núm. 187

30.  La Comisión insta firmemente a los gobiernos interesados a realizar todos los esfuerzos posibles para comunicar las memorias solicitadas sobre los convenios ratificados y a poner un especial empeño en transmitir las primeras memorias debidas. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión hace hincapié en la particular importancia que tienen las primeras memorias que constituyen la base sobre la que la Comisión realiza su evaluación inicial sobre la aplicación de los convenios de que se trate. La Comisión es consciente de que cuando pasa mucho tiempo sin que se envíen memorias las dificultades que tienen los gobiernos para cumplir con sus obligaciones constitucionales a menudo son debidas a problemas administrativos o de otro tipo. En esos casos, es importante que los gobiernos soliciten asistencia técnica a la Oficina y que esa asistencia se proporcione rápidamente[9]. La Comisión quiere hacer hincapié en los criterios revisados, que figuran en los párrafos 9 y 10 de su Informe General, sobre el examen de los casos en los que los gobiernos no han enviado primeras memorias durante tres años consecutivos.

31.  Los siguientes países no han indicado durante los últimos tres años cuáles son las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución, se han comunicado copias de las memorias transmitidas a la Oficina con arreglo al artículo 22 de la Constitución: Estado Plurinacional de Bolivia y Rwanda[10].

32.  La Comisión recuerda que, en virtud del carácter tripartito de la OIT, el cumplimiento de esta obligación constitucional tiene por objetivo permitir que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo[11]. Si un gobierno no cumple con esta obligación, estas organizaciones no tienen la posibilidad de realizar comentarios y se pierde un elemento fundamental del tripartismo. La Comisión solicita al Estado Miembro interesado que continúe cumpliendo con su obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución.

Respuestas a los comentarios de la Comisión

33.  Se solicita a los gobiernos que en sus memorias respondan a las observaciones y solicitudes directas de la Comisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. En algunos casos, las memorias recibidas no contienen respuestas a las solicitudes de la Comisión o no se adjunta a ellas la legislación correspondiente ni otros documentos necesarios para su examen completo. En esos casos, a solicitud de la Comisión, la Oficina escribe a los gobiernos interesados pidiéndoles que transmitan la información o la documentación solicitadas, si no se dispone de esa documentación.

34.  Este año, no se ha recibido información referente a todas o la mayor parte de las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período considerado, de los países siguientes: Albania, Bahamas, Barbados, Belice, Botswana, Brunei Darussalam, Chad, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Eritrea, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Gambia, Granada, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Italia, Jamaica, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malasia (Malasia Peninsular, Sabah y Sarawak), Malawi, Mozambique, Países Bajos (Aruba y Curaçao), Pakistán, Papua Nueva Guinea, San Marino, San Vicente y las Grenadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Timor-Leste, Trinidad y Tabago, Vanuatu y Yemen.

35.  La Comisión toma nota con preocupación de que el número de comentarios sin respuesta sigue siendo muy elevado. La Comisión subraya que el valor que los mandantes de la OIT acuerdan al diálogo con los órganos de control sobre la aplicación de los convenios ratificados se ve considerablemente limitado por el hecho de que los gobiernos no cumplan con sus obligaciones en la materia. Asimismo, la Comisión señala a la atención de los gobiernos los criterios revisados sobre el examen de los casos en los que durante dos años éstos no han respondido a las observaciones realizadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores o en los que se han producido cambios legislativos en relación con cuestiones planteadas en comentarios anteriores. La Comisión insta a los países interesados a transmitir toda la información solicitada y recuerda que, de ser necesario, pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Seguimiento de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de su obligación de envío de memorias mencionada en el informe de la Comisión de Aplicación de Normas

36.  Habida cuenta de que el funcionamiento del sistema de control se basa esencialmente en la información proporcionada por los gobiernos en sus memorias, tanto la Comisión como la Comisión de la Conferencia consideran que hay que prestar la misma atención al incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones a este respecto que al incumplimiento de sus obligaciones en relación con la aplicación de los convenios ratificados. Por consiguiente, ambas Comisiones han decidido reforzar, con la asistencia de la Oficina, el seguimiento dado a esos casos de incumplimiento.

37.  La Comisión ha sido informada de que dando seguimiento a los debates de la Comisión de la Conferencia de junio de 2017, la Oficina ha enviado comunicaciones específicas a los Estados Miembros citados en los párrafos pertinentes del informe de la Comisión de la Conferencia en relación con casos de incumplimiento[12]. La Comisión se felicita por el hecho de que, desde el final de la reunión de la Conferencia, 11 de los Estados Miembros concernidos han cumplido con una parte de sus obligaciones de envío de memorias[13].

38.  La Comisión espera que la Oficina mantenga la asistencia técnica sostenida que ha estado proporcionando a los Estados Miembros. Por último, la Comisión saluda la eficaz colaboración que mantiene con la Comisión de la Conferencia sobre esta cuestión de interés común, colaboración que resulta fundamental para el buen desarrollo de sus trabajos respectivos. La Comisión hace hincapié en su decisión de señalar a la atención de la Comisión de la Conferencia ciertos casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias a fin de que se pueda hacer un llamamiento urgente a los gobiernos de que se trate y se les avise de que si no envían la memoria debida, la Comisión examinará el fondo de la cuestión sobre la base de la información que tenga a su disposición.

B.  Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos

39.  En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y sobre aquellos que han sido declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos, la Comisión ha atribuido, como es su práctica habitual, a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Cada experto presenta sus conclusiones preliminares sobre los instrumentos a su cargo. Esas conclusiones se presentan luego a la Comisión en sesión plenaria para su discusión y aprobación. Las decisiones relativas a los comentarios son adoptadas por consenso.

40.  La Comisión considera oportuno informar a los Estados Miembros de que ha examinado todas las memorias que se le han sometido. Habida cuenta del gran volumen de trabajo de la Secretaría, debido principalmente al elevado número de memorias recibidas tardíamente, a saber después del 1.º de septiembre, algunas memorias no se pusieron en conocimiento de la Comisión y se examinarán en su próxima reunión.

Observaciones y solicitudes directas

41.  La Comisión considera que cabe señalar que en 217 casos ha comprobado, tras el examen de las memorias correspondientes, que la forma en que se aplican los convenios ratificados no requiere otros comentarios. Sin embargo, en ciertos casos, la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los gobiernos interesados la necesidad de adoptar medidas adicionales para dar efecto a algunas disposiciones de los convenios o de facilitar informaciones complementarias sobre determinados puntos. Como en años anteriores, los comentarios de la Comisión han sido redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la Comisión, o de «solicitudes directas», que no se reproducen en el informe, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados y se pueden encontrar en Internet[14]. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Sirven para indicar discrepancias importantes entre las obligaciones que se derivan de un convenio y las legislaciones y/o las prácticas en la materia de los Estados Miembros. En ellas se puede abordar la falta de medidas para dar efecto a un convenio o para dar curso mediante acciones apropiadas a las solicitudes de la Comisión. También sirven para, si procede, subrayar los progresos. Las solicitudes directas permiten a la Comisión mantener un diálogo continuo con los gobiernos, a menudo cuando las cuestiones planteadas son principalmente de orden técnico. Además, pueden utilizarse para aclarar determinados puntos, cuando la información disponible no permita una plena valoración de la medida en que se da cumplimiento a las obligaciones. Las solicitudes directas también se utilizan para examinar las primeras memorias.

42.  Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la parte II del presente Informe y al final de cada tema figura una lista de las solicitudes directas. En el anexo VII del presente Informe figura un índice de todas las observaciones y solicitudes directas, clasificadas por país.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas

43.  La Comisión examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. La información a este respecto es parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados. Este año, la Comisión ha examinado el seguimiento de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas durante la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (106.ª reunión, junio de 2017), en los casos siguientes:

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

Estados

Convenios núms.

Página

Afganistán

182

246

Argelia

87

47

Bahrein

111

371

Bangladesh

87

48

Botswana

87

61

Camboya

87

65

República Democrática del Congo

182

291

Ecuador

87

79

Egipto

87

84

El Salvador

144

457

Guatemala

87

95

India

81

476

Kazajstán

87

124

Malasia – Malasia Peninsular/Sarawak

19

583

Mauritania

29

219

Polonia

29

227

Turquía

135

176

Ucrania

81/129

492

República Bolivariana de Venezuela

122

531

Zambia

138

360

Seguimiento de las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución y de las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución

44.  Según la práctica establecida, la Comisión también examina las medidas adoptadas por los gobiernos con arreglo a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (establecidas para examinar las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución) y de las comisiones de encuesta (establecidas para examinar las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución). La información correspondiente forma parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados. La Comisión considera que es útil indicar los comentarios en relación con esos procedimientos constitucionales de control, de las que el cuadro siguiente ofrece una visión general.

Lista de casos en los que la Comisión ha examinado el seguimiento dado por los gobiernos a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (reclamaciones en virtud del artículo 24):

Estados

Convenios núms.

Guatemala

87

República Bolivariana de Venezuela

26, 87 y 144

España

131

Japón

159 y 181

Perú

29 y 169

Portugal

29, 81/129 y 155

Rumania

95

Tailandia

29

Notas especiales

45.  Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas especiales (conocidas tradicionalmente como «notas a pie de página»), que figuran al final de los comentarios, los casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para aplicar los convenios correspondientes, considera apropiado solicitar a los gobiernos que faciliten una memoria antes de la fecha prevista, y, en ciertos casos, que transmitan información completa a la Conferencia en su próxima reunión de mayo-junio de 2018.

46.  A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas especiales, la Comisión recurre a los criterios básicos que se describen a continuación, teniendo en cuenta las consideraciones generales siguientes. En primer término, estos criterios son indicativos. En el ejercicio de sus facultades discrecionales en lo que respecta a la aplicación de estos criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración del ciclo de presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos respecto de los cuales se solicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia como «nota a pie de página simple», al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita al gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se alude con frecuencia como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer lugar, un caso grave que justifique una nota especial para que se comunique información completa a la Conferencia (nota a pie de página doble), sólo puede ser objeto de una nota especial para que se presente una memoria anticipada (nota a pie de página simple), en la medida en que haya sido objeto de una discusión reciente en la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión quiere señalar que utiliza las notas a pie de página dobles por deferencia a las decisiones de la Comisión de la Conferencia en materia de determinación de los casos que desea discutir.

47.  Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes:

–la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante consideración es la necesidad de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto y de tener en cuenta los temas que implican los derechos fundamentales, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto adverso, especialmente en el ámbito internacional, sobre los trabajadores y las otras categorías de personas protegidas;

–la persistencia del problema;

–la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para cada caso, según criterios de derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas que suponen una amenaza para la vida, cuando es previsible un daño irreversible, y

–la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de respuesta a los asuntos planteados por la Comisión, especialmente los casos de claro y reiterado incumplimiento por parte de un Estado de sus obligaciones.

48.  Además, la Comisión desea destacar que su decisión de no introducir una doble nota a pie de página en un caso que, anteriormente, ha sido señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia, no significa de ninguna manera que dicho caso sea considerado como un caso de progreso.

49.  En su 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión decidió que la identificación de los casos respecto de los cuales se solicitaba a los gobiernos la comunicación de informaciones detalladas a la Conferencia, se realizase en dos etapas: en primer lugar, el experto responsable inicialmente de un grupo concreto de convenios puede recomendar a la Comisión la inserción de notas especiales; en segundo lugar, habida cuenta de todas las recomendaciones formuladas, la Comisión adoptará, después de la discusión, una decisión final y colegiada, una vez examinada la aplicación de todos los convenios.

50.  Este año, la Comisión pidió a los gobiernos que transmitieran información completa a la reunión de la Conferencia de 2018 sobre los casos que figuran a continuación:

Lista de casos en los que la Comisión solicitó a los gobiernos que transmitiesen a la reunión de la Conferencia de mayo-junio de 2018 datos completos:

Estados

Convenios núms.

Estado Plurinacional de Bolivia

138

Camboya

105

Eritrea

29

Haití

1/14/30/106

Honduras

87

República de Moldova

81/129

51.  La Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas fuera del ciclo de presentación de memorias en los casos siguientes:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas fuera del ciclo de presentación de memorias

Estados

Convenio núm.

Malawi

159

Perú

159

52.  Además, la Comisión pidió respuestas completas a sus comentarios fuera del ciclo de presentación de memorias en los casos siguientes:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos respuestas completas a sus comentarios fuera del ciclo de presentación de memorias

Estados

Convenios núms.

Armenia

174/176

Canadá

MLC, 2006

Estado Plurinacional de Bolivia

131

Brasil

98

Burundi

26

Camerún

158

Colombia

26/95/99 y 136/162/170/174

República de Corea

MLC, 2006

Croacia

MLC, 2006

Ecuador

98

Egipto

87 y 105

Eritrea

105

Fiji

MLC, 2006

Grecia

87

Guatemala

87 y 98

Haití

98

India

81

Islas Marshall

185

Kazajstán

87

Kiribati

MLC, 2006

Liberia

112/113/114

Luxemburgo

MLC, 2006

Malasia

MLC, 2006

Mauricio

MLC, 2006

Pakistán

81 y 98

Papua Nueva Guinea

158

Qatar

81

Reino Unido – Gibraltar

MLC, 2006

Samoa

MLC, 2006

Seychelles

MLC, 2006

Trinidad y Tabago

125

Turquía

135

Tuvalu

MLC, 2006

Ucrania

81/129

Viet Nam

MLC, 2006

Casos de progreso

53.  Tras su examen de las memorias enviadas por los gobiernos, y con arreglo a su práctica habitual, la Comisión menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su satisfacción o su interés por los progresos realizados en la aplicación de los convenios correspondientes.

54.  En sus 80.ª y 82.ª reuniones (2009 y 2011), la Comisión proporcionó las siguientes precisiones sobre el enfoque general elaborado durante el transcurso de los años en relación con la identificación de los casos de progreso:

1)La expresión de interés o satisfacción no significa que considere que el país en cuestión cumple de manera general las disposiciones del convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Comisión puede expresar satisfacción o interés sobre una cuestión determinada mientras lamenta que, desde su punto de vista, otras cuestiones importantes no se hayan abordado de manera satisfactoria.

2)La Comisión desea hacer hincapié en que sólo se señala que se ha realizado un progreso en lo que respecta a una cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de la naturaleza de las medidas adoptadas por el Gobierno interesado.

3)La Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en cuenta la naturaleza particular del convenio así como las circunstancias específicas del país.

4)El hecho de señalar que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos de medidas adoptadas en la legislación, la práctica o las políticas nacionales.

5)Si la satisfacción está relacionada con la adopción de legislación, la Comisión también puede considerar apropiado adoptar medidas a fin de garantizar el seguimiento de su aplicación práctica.

6)En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la información transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

55.  Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su informe de 1964[15], la Comisión ha utilizado los mismos criterios generales. La Comisión expresa su satisfacción en los casos en los que, tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de nueva legislación o de una enmienda a la legislación existente, o realizando un cambio significativo en la política o en la práctica nacional, con lo que logran un mejor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios correspondientes. Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los gobiernos y a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto un asunto concreto. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble:

–dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y

–aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares.

56.  En la parte II del presente Informe, se incluye información detallada sobre los casos de progreso; se trata de 26 casos en los que se han adoptado tales medidas en 23 países. La lista completa es la siguiente:

Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

Estados

Convenios núms.

Argentina

182

Belarús

29

Bélgica

138

Benin

105

Bosnia y Herzegovina

138

Cabo Verde

155

Chile

138

China – Región Administrativa Especial de Macao

182

El Salvador

144

Ex República Yugoslava de Macedonia

182

Guatemala

98

Irlanda

98

Italia

137

República Democrática Popular Lao

138

Liberia

87

Malí

100

México

87

Pakistán

29, 105 y 138

Perú

29

Suecia

168

Trinidad y Tabago

138 y 182

Turquía

138

Uganda

182

57.  Desde que la Comisión comenzara a enumerarlos en su Informe, el número total de casos respecto de los cuales la Comisión ha expresado su satisfacción por los progresos alcanzados como consecuencia de sus comentarios se eleva a 3 059.

58.  En lo que respecta a los casos de progreso, en 1979 se formalizó la distinción entre casos de satisfacción y casos de interés[16]. En general, los casos de interés son los casos en los que las medidas están lo suficientemente elaboradas para justificar la expectativa de alcanzar nuevos progresos en el futuro y respecto de los cuales la Comisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno y los interlocutores sociales. La práctica de la Comisión ha evolucionado de tal manera que, actualmente, los casos sobre los que expresa su interés también pueden englobar diversas medidas. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución general de los objetivos de un determinado convenio. Esto puede incluir:

–proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún no se han presentado a la Comisión o puesto a su disposición;

–consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales;

–nuevas políticas;

–desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina;

–las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones en un determinado sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés, salvo que exista una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una determinada decisión judicial, o

–la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un Estado, una provincia, un territorio, en el marco de un sistema federal.

59.  Los pormenores relativos a los casos en consideración, se encontrarán en la parte II de este Informe o en las solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos interesados. Los 168 casos en los que se habían adoptado medidas de este tipo, corresponden a 97 países. La lista es la siguiente:

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

Estados

Convenios núms.

Afganistán

182

Albania

156

Alemania

26, 87 y 99

Argelia

95, 99 y 100

Angola

138

Argentina

138 y 189

Australia

111, 122, 156 y 158

Austria

95

Bahrein

155

Bangladesh

81, 87 y 98

Bélgica

100, 111 y 122

Estado Plurinacional de Bolivia

182

Bosnia y Herzegovina

159

Brasil

111, 139, 161 y 176

Bulgaria

94

Burundi

29 y 111

Cabo Verde

98

Camboya

122, 138 y 182

Canadá

111, 144 y 162

República Centroafricana

111

República Checa

122

Chile

161 y 182

China

138

Colombia

182 y 189

Comoras

77, 78 y 122

Costa Rica

94 y 182

Croacia

122 y 159

Cuba

138

Dinamarca

122

Djibouti

13, 81, 111, 115, 120 y 144

República Dominicana

88 y 122

Ecuador

98

Egipto

29 y 182

Eslovenia

158

Estados Unidos

144

Fiji

105

Filipinas

94 y 144

Francia

100, 102 y 111

Francia – Polinesia Francesa

144

Georgia

98

Guatemala

81, 87 y 98

Guinea

87 y 98

Honduras

98

Hungría

98

India

111 y 142

Iraq

98

Irlanda

122

Islandia

100 y 111

Italia

94

Jamaica

111

Japón

81, 156 y 159

Jordania

100

Kazajstán

122

Kenya

137

República Democrática Popular Lao

29

Lesotho

87

Letonia

122

Liberia

87

Lituania

115 y 122

Luxemburgo

158

Madagascar

12 y 122

Malí

87 y 111

Malta

87, 98, 117 y 159

Mauricio

87

Mauritania

81 y 114

México

90

República de Moldova

87

Mongolia

159

Montenegro

87, 111 y 156

Mozambique

122

Namibia

98

Nepal

98

Nicaragua

29, 98 y 182

Níger

158

Nigeria

97

Noruega

156

Países Bajos – Aruba

87

Países Bajos – Caribe parte de los Países Bajos

87

Pakistán

138

Panamá

138 y 144

Paraguay

77, 78, 79 y 90

Perú

29, 77 y 78

Polonia

144

Portugal

142

Qatar

81

República Democrática del Congo

88

Rwanda

122 y 182

Santo Tomé y Príncipe

144 y 159

Serbia

29 y 105

Sri Lanka

138 y 144

Suecia

158

Tailandia

29

Tayikistán

77 y 78

Túnez

29, 138, 154 y 182

Turquía

98

Ucrania

77 y 78

Uganda

182

Uruguay

137

Viet Nam

124

Aplicación práctica

60.  Como parte de la aplicación de los convenios en la práctica, la Comisión toma nota de la información que contienen las memorias de los gobiernos, por ejemplo en relación con las decisiones judiciales, las estadísticas y la inspección del trabajo. El envío de esta información se solicita en casi todos los formularios de memoria y también en los términos específicos de algunos convenios.

61.  La Comisión toma nota de que aproximadamente una cuarta parte de las memorias recibidas este año contienen información sobre la aplicación práctica de los convenios, incluida información sobre la jurisprudencia nacional y la inspección del trabajo así como información estadística.

62.  La Comisión insiste ante los gobiernos sobre la importancia del envío de esa información, que es indispensable para completar el examen de la legislación nacional y contribuye a que la Comisión identifique las cuestiones que plantean verdaderos problemas de aplicación práctica. La Comisión desea asimismo alentar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a que le comuniquen información precisa y actualizada sobre la aplicación de los convenios en la práctica.

Observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

63.  En cada una de sus reuniones, la Comisión recuerda que la contribución de las organizaciones de empleadores y de trabajadores resulta fundamental para que pueda evaluar la aplicación de los convenios en la legislación y la práctica nacionales. Los Estados Miembros tienen la obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de comunicar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores copia de las memorias transmitidas con arreglo a los artículos 19 y 22 de la Constitución. El respeto de esta obligación constitucional tiene por objeto permitir que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo. En algunos casos, los gobiernos transmiten adjuntas a sus memorias las observaciones realizadas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y, algunas veces añaden sus comentarios. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores se envían directamente a la Oficina que, con arreglo a la práctica establecida, los transmite a los gobiernos interesados para que realicen sus comentarios al respecto, a fin de garantizar que se respeta el debido proceso. Por razones de transparencia, todas las observaciones recibidas de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de los convenios ratificados desde la última reunión de la Comisión figuran en el anexo III de su Informe. Cuando la Comisión de Expertos considera que las observaciones no entran en el ámbito de aplicación del convenio en cuestión o no contienen información que represente un valor añadido para el examen de la aplicación de dicho convenio, no las menciona en sus comentarios. De lo contrario, las observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden tenerse en cuenta en una observación o en una solicitud directa, según proceda.

64.  La Comisión recuerda que en su 86.ª reunión (2015) realizó las aclaraciones que figuran a continuación sobre el enfoque general desarrollado a lo largo de los años sobre el tratamiento de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En un año en el que se debe presentar una memoria, cuando las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores no se transmiten junto con la memoria del gobierno, esas observaciones deben recibirse en la Oficina a más tardar el 1.º de septiembre a efectos de que el gobierno tenga el tiempo necesario para responder y, de esta forma, permitir a la Comisión examinar los asuntos en cuestión en su reunión del mismo año. Cuando las observaciones se reciben después del 1.º de septiembre, no se examinarán a fondo si no se dispone de una respuesta del gobierno, excepto en casos excepcionales. A lo largo de los años, la Comisión ha establecido que los casos excepcionales son aquellos en los que los alegatos están lo suficientemente fundamentados y existe la necesidad urgente de abordar la situación, ya sea porque se trata de cuestiones de vida o muerte o relacionadas con los derechos humanos fundamentales o porque cualquier retraso puede causar un daño irreparable. Además, las observaciones en relación con propuestas legislativas o proyectos de ley también pueden ser examinadas por la Comisión aunque el Gobierno no haya respondido, siempre que esto pueda resultar útil para el país en la fase de redacción.

65.  Asimismo, la Comisión recuerda que en un año en el que no se deben presentar memorias, cuando las observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores se limitan a repetir las observaciones realizadas en años anteriores, o se refieren a cuestiones ya planteadas por la Comisión, se examinarán con arreglo al ciclo normal de envío de memorias el año en el que la memoria del Gobierno es debida, y no habrá solicitud de memoria fuera de ese ciclo. Sin embargo, cuando las observaciones satisfacen los criterios de casos excepcionales tal como se definieron en el párrafo anterior, la Comisión las examinará el año en que se reciban, incluso aunque el gobierno interesado no haya respondido, y éste deberá enviar una memoria el año siguiente, que puede ser o no el año en que la memoria es debida.

66.  La Comisión hace hincapié en que el procedimiento que se ha explicado antes tiene por objetivo dar efecto a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, por las que se ha extendido el ciclo de presentación de memorias y se proporcionan garantías en ese contexto a fin de asegurar que se mantiene un control efectivo de la aplicación de los convenios ratificados. Una de esas garantías consiste en reconocer debidamente la posibilidad que se ofrece a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de señalar a la atención de la Comisión las cuestiones que son motivo de especial preocupación en relación con la aplicación de los convenios ratificados, incluso en los años en los que no se deben presentar memorias.

67.  Como se indicó anteriormente, la Comisión ha sido informada durante la presente sesión de que el Consejo de Administración está examinando la posibilidad de ampliar de cinco a seis años la duración del ciclo de envío de memorias relativas a los convenios técnicos. A este respecto, la Comisión examinó cómo podría ampliar los criterios sumamente estrictos a fin de modificar su ciclo de examen cuando recibe observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre un determinado país en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la OIT. La Comisión decidió que a este respecto podía inspirarse en los criterios utilizados para insertar notas especiales, conocidas como «notas a pie de página», al final de los comentarios[17].

68.  La Comisión toma nota con satisfacción del aumento del número de observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Desde su última reunión, la Comisión ha recibido 1 325 observaciones (en comparación con las 1 160 del año anterior), de las que 330 (en comparación con 314 del año anterior) fueron comunicadas por organizaciones de empleadores y 995 (en comparación con 846 el año anterior) por organizaciones de trabajadores. La mayor parte de las observaciones recibidas, a saber 836 (en comparación con 820 el año anterior), se refieren a la aplicación de los convenios ratificados[18]. Estas observaciones se reparten del modo siguiente: 334 (en comparación con 402 el año anterior) sobre la aplicación de los convenios fundamentales, 97 (en comparación con 84 el año anterior) sobre la aplicación de los convenios de gobernanza y 405 (en comparación con 334 el año anterior) sobre la aplicación de los demás convenios. Además, 489 observaciones (en comparación con 340 el año anterior) se refieren a las memorias presentadas a efectos de la elaboración del Estudio General sobre instrumentos relativos al tiempo de trabajo.

69.  La Comisión toma nota de que 572 de las observaciones recibidas este año sobre los convenios ratificados fueron transmitidas directamente a la Oficina. En 264 casos, los gobiernos transmitieron las observaciones realizadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores junto con sus memorias. La Comisión toma nota de que, en general, las organizaciones de empleadores y de trabajadores se esforzaron en reunir y presentar información sobre la aplicación práctica de los convenios ratificados en determinados países, tanto en la legislación como en la práctica. La Comisión recuerda que las observaciones de carácter general en relación con algunos convenios se abordan de manera más apropiada en el marco del examen por la Comisión de los estudios generales o en otros foros de la OIT.

Casos en los que se hace hincapié en la necesidad de asistencia técnica

70.  La combinación del trabajo de los órganos de control y las orientaciones prácticas dadas a los Estados Miembros a través de la cooperación para el desarrollo y la asistencia técnica siempre ha sido una de las principales características del sistema de control de la OIT. A este respecto, la Comisión acogió con agrado la información recibida por la Oficina respecto a que, en 2017, se siguió proporcionado asistencia técnica específica, e incluso ésta se reforzó más, a fin de ayudar a los países a ratificar y aplicar las normas internacionales del trabajo y a reforzar las capacidades de los ministerios de trabajo de cumplir con sus obligaciones constitucionales (incluida la preparación de memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados).

71.  La Comisión reitera su esperanza de que en un futuro próximo se elabore un amplio programa de asistencia técnica y que se le asignen los fondos adecuados a fin de ayudar a todos los mandantes a mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la legislación y en la práctica.

72.  Además de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de ciertas obligaciones concretas en materia de envío de memorias, los casos en los que, según la Comisión, sería especialmente útil que la Oficina proporcione asistencia técnica a fin de ayudar a los Estados Miembros a solucionar las lagunas en la legislación y la práctica en lo que respecta a la aplicación de los convenios ratificados aparecen en la lista del cuadro que figura a continuación y en la parte II de este Informe se proporciona información al respecto.

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros

Estados

Convenios núms.

Argelia

100

Bahamas

100

Bahrein

111

Bangladesh

87

Estado Plurinacional de Bolivia

138

Bosnia y Herzegovina

119/136/139/148/155/161/162/174/176/184/187

Botswana

87

Cabo Verde

87

Camboya

87

Camerún

122

República Centroafricana

94

Comoras

87, 98 y 122

Congo

144

Djibouti

13/115/120, 81 y 94

Ecuador

87 y 98

El Salvador

98 y 144

Eritrea

29

Etiopía

158

Gabón

98

Ghana

87 y 94

Guatemala

87 y 98

Haití

87 y 98

India

100

Indonesia

87

República Islámica del Irán

100 y 111

Islas Salomón

111

Israel

100

Jamaica

100

Kazajstán

87

Kenya

98

Kirguistán

87

Kuwait

87

Lesotho

87

Madagascar

98

Mauricio

87, 98 y MLC, 2006

México

87

Montenegro

98

Namibia

98

Panamá

94

Papua Nueva Guinea

87

Federación de Rusia

98

Senegal

100

República Unida de Tanzanía

144

Uganda

158

República Bolivariana de Venezuela

26/95

Zambia

98

C.  Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

73.  La Comisión recuerda que el Consejo de Administración decidió que el tema de los estudios generales debería alinearse con el tema de las discusiones anuales recurrentes de la Conferencia con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Este año se ha pedido a los gobiernos que envíen, en virtud del artículo 19 de la Constitución, memorias para elaborar un Estudio General sobre los instrumentos siguientes: el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1); el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14); el Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30); el Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47); el Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89); el Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948; el Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106); el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132); el Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171); el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175); la Recomendación sobre el trabajo nocturno de las mujeres (agricultura), 1921 (núm. 13); la Recomendación sobre las vacaciones pagadas, 1954 (núm. 98); la Recomendación sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 103); la Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116); la Recomendación sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 178) y la Recomendación sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 182)[19]. De conformidad con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio se ha elaborado sobre la base de un examen preliminar realizado por un grupo de trabajo compuesto por cinco miembros de la Comisión.

74.  La Comisión lamenta comprobar que los 38 países que figuran a continuación no han comunicado, durante los cinco últimos años, ninguna de las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución en relación con los convenios no ratificados y las recomendaciones. Estos países son: Afganistán, Angola, Armenia, Belice, Botswana, Chad, Comoras, Congo, Democrática del Congo, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Irlanda, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Liberia, Libia, República de Maldivas, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Swazilandia, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Yemen.

75.  La Comisión toma nota con interés del elevado número de observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre el Estudio General de este año (489 observaciones en comparación con 340 el año anterior).

76.  La Comisión insta nuevamente a los gobiernos a que comuniquen las memorias solicitadas, de modo que sus estudios generales puedan ser lo más completos posible.

D.  Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

77.  De conformidad con su mandato, la Comisión examinó este año la siguiente información comunicada por los gobiernos de los Estados Miembros en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización:

a)información sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia de junio de 1970 (54.ª reunión) a junio de 2017 (106.ª reunión) (Convenios núms. 131 a 189, Recomendaciones núms. 135 a 205 y Protocolos), y

b)respuestas a las observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión en su 87.ª reunión (noviembre-diciembre de 2016).

78.  El anexo IV de la parte II del Informe contiene un resumen de la última información que se ha recibido acerca de cuáles son las autoridades competentes a las que se han sometido el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, así como la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión, y la fecha de dicha sumisión. Además, en el anexo IV se resume la información proporcionada por los gobiernos en relación con instrumentos adoptados anteriormente que fueron sometidos a las autoridades competentes en 2017.

79.  Los anexos V y VI de la parte II del Informe contienen información estadística adicional. En el anexo V, elaborado sobre la base de la información proporcionada por los gobiernos, se expone la situación de cada uno de los Estados Miembros en relación con su obligación constitucional de sumisión. En el anexo VI se presenta un panorama general de la situación relativa a la sumisión de cada uno de los instrumentos adoptados desde la 54.ª reunión (junio de 1970) de la Conferencia. Todos los instrumentos adoptados antes de la 54.ª reunión de la Conferencia han sido sometidos. Los datos estadísticos que figuran en los anexos V y VI son actualizados con regularidad por los servicios competentes de la Oficina y se pueden consultar en NORMLEX.

103.ª reunión

80.  En su 103.ª reunión (junio de 2014), la Conferencia adoptó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203). La Comisión toma nota con interés de que el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, entró en vigor el 9 de noviembre de 2016 y ha sido ratificado por 21 Estados Miembros: Argentina, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Islandia, Jamaica, Malí, Mauritania, Namibia, Níger, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. La Comisión alienta a todos los gobiernos a que prosigan sus esfuerzos para someter a sus órganos legislativos los instrumentos adoptados por la 103.ª reunión de la Conferencia, y a que informen sobre las medidas adoptadas con respecto a estos instrumentos.

104.ª reunión

81.  En su 104.ª reunión (junio de 2015), la Conferencia adoptó la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 204, concluyó el 12 de junio de 2016, habiéndose cumplido el plazo de 18 meses en circunstancias excepcionales el 12 de diciembre de 2016. La Comisión toma nota de que 70 gobiernos han comunicado información sobre la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 204. En este sentido, se refiere al anexo IV de la parte II del informe, que contiene un resumen de la información sobre la sumisión comunicada por los gobiernos, incluida la relativa a la Recomendación núm. 204. La Comisión alienta a todos los gobiernos a que prosigan sus esfuerzos para someter a sus órganos legislativos la Recomendación núm. 204, y a que informen sobre las medidas adoptadas con respecto a este instrumento.

105.ª y 106.ª reuniones

82.  La Comisión recuerda que no se adoptó ningún instrumento en la 105.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2016). En su 106.ª reunión, en junio de 2017, la Conferencia adoptó la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). El plazo de 12 meses para la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación núm. 205, finalizará el 16 de junio de 2018, y el plazo de 18 meses (en circunstancias excepcionales) finalizará el 16 de diciembre de 2018. La Comisión toma nota de que nueve gobiernos han comunicado información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes de la Recomendación núm. 205. La Comisión acoge con beneplácito la información comunicada hasta la fecha y alienta a todos los gobiernos a que sometan la Recomendación núm. 205 a sus órganos legislativos en el plazo constitucional y a que informen sobre toda medida adoptada respecto de este instrumento.

Casos de progreso

83.  La Comisión toma nota con interés de la información comunicada por los gobiernos de los siguientes países: República Democrática del Congo, Guinea, Jamaica y Mozambique. Acoge los esfuerzos realizados por estos Gobiernos para superar retrasos significativos en la sumisión y adoptar medidas importantes, con el fin de cumplir con su obligación constitucional de someter a sus órganos legislativos los instrumentos adoptados por la Conferencia durante varios años.

Problemas especiales

84.  Con miras a facilitar los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en este Informe sólo se mencionan los gobiernos que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia desde al menos siete reuniones. Se hace referencia a estos problemas especiales como casos de «falta grave de sumisión». Este período comienza con la 95.ª reunión (2006) y concluye con la 104.ª reunión (2015), habida cuenta de que la Conferencia no adoptó ningún convenio o recomendación en sus 97.ª (2008), 98.ª (2009) y 102.ª (2013) reuniones. Así pues, dicho período se consideró lo suficientemente prolongado como para justificar que se invitara a los gobiernos concernidos a señalar los motivos de los retrasos en la sumisión en una sesión especial de la Comisión de la Conferencia. Además, en sus observaciones sobre los casos de «falta de sumisión», la Comisión también proporciona información en relación a los gobiernos que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adoptados en las seis últimas reuniones de la Conferencia.

85.  La Comisión toma nota de que, al clausurarse su 88.ª reunión, el 9 de diciembre de 2017, los 31 (37 en 2014, 32 en 2015 y 38 en 2016) Estados Miembros siguientes se encontraban en esta categoría de «falta grave de sumisión»: Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belice, Comoras, Croacia, Dominica, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Fiji, Gabón, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Liberia, Libia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, República Árabe Siria, Somalia y Vanuatu.

86.  La Comisión es consciente de que, desde hace varios años, algunos de estos países se han visto afectados por circunstancias excepcionales, producto de las cuales carecen de las instituciones necesarias para el cumplimiento de su obligación de sumisión de los instrumentos. En la 106.ª reunión de la Conferencia (junio de 2017), algunas delegaciones gubernamentales comunicaron información sobre las razones por las cuales sus países no habían podido dar cumplimiento a su obligación constitucional de sumisión de los convenios, las recomendaciones y los protocolos a sus órganos legislativos nacionales. Luego de que la Comisión de Expertos expresara su preocupación, la Comisión de la Conferencia también manifestó su profunda preocupación por el incumplimiento de esta obligación. Señaló que el cumplimiento de esta obligación constitucional, que implica la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a los órganos legislativos nacionales, reviste suma importancia para asegurar la eficacia de las actividades normativas de la Organización.

87.  Los países antes mencionados son objeto de las observaciones publicadas en este Informe, y los convenios, las recomendaciones y los protocolos que no han sido sometidos se indican en los anexos correspondientes. La Comisión considera oportuno llamar la atención de los gobiernos interesados para permitirles adoptar inmediatamente, y con carácter urgente, las medidas adecuadas para subsanar el retraso acumulado. La Comisión recuerda que, si así lo solicitan, los gobiernos pueden beneficiarse de la asistencia técnica que la Oficina puede proporcionarles con el fin de apoyarlos en adoptar los trámites necesarios para someter rápidamente a sus órganos legislativos los instrumentos pendientes.

Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos

88.  Al igual que en sus informes anteriores, la Comisión presenta, en la sección II de la parte II de este Informe, observaciones individuales sobre los puntos que deben ser especialmente señalados a la atención de los gobiernos. En general, las observaciones se refieren a los casos en los que no se ha comunicado información durante al menos cinco reuniones de la Conferencia. Además, se cursaron directamente a algunos países solicitudes de información sobre otros puntos (véase la lista de solicitudes directas que figura al final de la sección II).

89.  La Comisión recuerda la importancia que concede a la comunicación por los gobiernos de la información y los documentos solicitados en el cuestionario adjunto al Memorándum adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2005. La Comisión debe recibir, para proceder a su examen, un resumen o una copia de los documentos mediante los cuales los instrumentos se han sometido a los órganos legislativos, así como información sobre la fecha de la sumisión y debe ser informada asimismo de las propuestas realizadas sobre el curso que debe darse a estos instrumentos. La obligación de sumisión sólo se puede considerar efectivamente cumplida cuando los instrumentos adoptados por la Conferencia han sido sometidos al órgano legislativo y se ha tomado una decisión sobre éstos. La Oficina debe ser informada de esa decisión, así como de la sumisión de los instrumentos al órgano legislativo. La Comisión espera seguir tomando nota en su próximo informe de casos de progreso a este respecto. Asimismo, recuerda nuevamente a los gobiernos que pueden solicitar la asistencia técnica de la OIT y, en particular, de los especialistas en normas en el terreno.

______________________

5 En 1993, se estableció una distinción entre memorias detalladas y simplificadas. Tal como se explica en los formularios de memoria en el caso de las memorias simplificadas sólo hará falta facilitar información sobre los siguientes puntos: a) toda nueva medida legislativa u otras medidas relacionadas con la aplicación del Convenio; b) las respuestas a las preguntas que figuran en el formulario de memoria sobre la aplicación práctica del convenio (por ejemplo, datos estadísticos, resultados de evaluaciones o auditorías, decisiones judiciales o administrativas), así como sobre el envío de copias de la memoria a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, y sobre las observaciones que se hayan recibido de dichas organizaciones, y c) las respuestas a los comentarios formulados por los órganos de control.

6 Véase párrafo 45 del Informe General.

7 Véanse los párrafos 8-10 del Informe General sobre los cambios introducidos en los métodos de trabajo de la Comisión en relación con el examen de las repeticiones.

8 En el anexo I del presente Informe se indica, en relación con cada país, si las memorias solicitadas (en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución) se habían registrado o no al final de la reunión de la Comisión. En el anexo II se indica, a partir de 1932 y en lo que respecta a las memorias solicitadas en virtud del artículo 22 de la Constitución, el número y el porcentaje de las memorias recibidas en la fecha establecida, en la fecha de la reunión de la Comisión de Expertos y, por último, en la fecha de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

9 En ciertos casos excepcionales la falta de envió de memorias es el resultado de dificultades más generales relacionadas con la situación nacional, que con frecuencia impiden que la Oficina pueda prestar asistencia técnica.

10 Véase la observación general que figura en la parte II.I del informe de este año.

11 Véase párrafo 63 del Informe General.

12 Véase informe de la Comisión de Aplicación de Normas, Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, Ginebra, 2017, párrafos 150, 151 y 152.

13 Cabo Verde, Croacia, Fiji, Grecia, Guinea, Nigeria, Reino Unido (Bermuda), República Árabe Siria, Sri Lanka, Tailandia y Zambia.

14 Las observaciones y las solicitudes directas se pueden encontrar en la base de datos NORMLEX, que está en el portal de la OIT (www.ilo.org/normes).

15 Véase párrafo 16 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.ª reunión (1964) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

16 Véase párrafo 122 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

17 Véanse párrafos 12 y 47 del Informe General.

18 Véase anexo III del Informe.

19 Véase Informe III (Parte B), Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, Ginebra, 2017.

III.  Colaboración con organizaciones internacionales y funciones relativas a otros instrumentos internacionales

Colaboración con organizaciones internacionales en materia de normas

90.  En el contexto de la colaboración con otras organizaciones internacionales acerca de cuestiones relacionadas con la aplicación de los instrumentos internacionales relativos a temas de interés común, la OIT ha concluido acuerdos especiales con las Naciones Unidas, algunos organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales[20]. En particular, estas organizaciones podrían transmitir información sobre la forma en que se están aplicando ciertos convenios que podría ser útil a la Comisión de Expertos en el examen de la aplicación de estos convenios.

Tratados de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos

91.  La Comisión recuerda que las normas internacionales del trabajo y las disposiciones de los tratados conexos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos son complementarias y se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, hace hincapié en que es necesaria una estrecha cooperación entre la OIT y las Naciones Unidas en relación con la aplicación y el control de los instrumentos pertinentes, especialmente en el contexto del marco de programación de las Naciones Unidas a fin de conseguir una mayor coherencia y cooperación en el sistema de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Comisión acoge con agrado que la Oficina esté estableciendo importantes alianzas con otras organizaciones internacionales con miras a la aplicación de la Agenda 2030, incluida la Alianza 8.7 para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de seres humanos y el trabajo infantil y la Coalición Internacional sobre la Igualdad de Remuneración (EPIC) que tiene por objetivo alcanzar la meta 8.5 de los ODS relativa a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor entre las mujeres y los hombres.

92.  La Comisión acoge con agrado el hecho de que la Oficina haya continuado transmitiendo regularmente información sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo a los órganos de las Naciones Unidas encargados de la aplicación de los tratados, con arreglo a los acuerdos existentes entre la OIT y las Naciones Unidas. La Comisión también continúa haciendo un seguimiento del trabajo realizado por esos órganos y tomando en consideración sus comentarios cuando procede. La Comisión considera que una supervisión internacional coherente es una buena base para las acciones dirigidas al fortalecimiento del goce y la observancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el ámbito nacional. En relación con el establecimiento de los mecanismos para avanzar hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030 y evaluar el progreso realizado a este respecto, el marco de la OIT puede servir de ejemplo sobre la manera en que pueden funcionar los mecanismos de rendición de cuentas — del nivel global al nivel nacional. A este respecto, los mecanismos de control de la OIT pueden ayudar a alcanzar los objetivos y las metas pertinentes con miras al logro del trabajo decente para todos.

Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo

93.  De conformidad con el procedimiento de control establecido en virtud del artículo 74, párrafo 4, del Código Europeo de Seguridad Social, y de los acuerdos concluidos entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos examinó 22 informes sobre la aplicación del Código y, en su caso, de su Protocolo. Las conclusiones de la Comisión sobre estos informes se comunicarán al Consejo de Europa para ser examinadas y aprobadas por su Comité de Expertos en materia de Seguridad Social. Las conclusiones así aprobadas, deberían dar lugar a la adopción, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de resoluciones sobre la aplicación del Código y de su Protocolo por los países interesados.

94.  Con su doble responsabilidad, tanto respecto de la aplicación del Código como de los dos convenios internacionales del trabajo que abordan la esfera de la seguridad social, la Comisión vela por realizar un análisis coherente de la aplicación de los instrumentos europeos y de los instrumentos internacionales, y por coordinar las obligaciones de los Estados parte en esos instrumentos. Asimismo, la Comisión pone de relieve las situaciones nacionales en las cuales el recurso a la asistencia técnica de la Secretaría del Consejo de Europa y de la Oficina puede ser un medio eficaz para mejorar la aplicación del Código.

* * *

Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa ayuda aportada por los funcionarios de la Oficina, cuya competencia y dedicación le permiten realizar una labor cada vez más amplia y compleja en un período de tiempo limitado.

Ginebra, 9 de diciembre de 2017

(Firmado) Abdul G. Koroma
Presidente

Rosemary Owens
Ponente

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20 Las organizaciones correspondientes son: la Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) (en relación con el Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Anexo al Informe General

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Sr. Shinichi AGO (Japón)

Profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho, Universidad de Ritsumeikan, Kyoto; ex Profesor de Derecho Económico Internacional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kyushu; miembro de la Sociedad Asiática de Derecho Internacional, de la Asociación de Derecho Internacional y de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Juez del Tribunal Administrativo del Banco Asiático de Desarrollo.

Sra. Lia ATHANASSIOU (Grecia)

Profesora titular de Derecho Marítimo y Mercantil de la Universidad Nacional y Kapodístriaca de Atenas (Facultad de Derecho); miembro electo del Consejo del Decanato de la Facultad de Derecho y Directora del programa de postgrado; Presidenta del Comité organizador de la Conferencia Internacional sobre Derecho Marítimo que se celebra cada tres años en el Pireo (Grecia); Doctora en Derecho por la Universidad de París I-Sorbona; autorizada por esta Universidad a supervisar investigaciones académicas; máster en Derecho por la Universidad Aix-Marsella III y por la Universidad París II-Assas; profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y en el programa de becas Fulbright (2007-2008); miembro de diversos comités legislativos en materia de derecho mercantil; ha impartido conferencias y realizado investigaciones académicas en instituciones de diversos países, como, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Italia, Malta y Estados Unidos; ha publicado numerosos trabajos sobre derecho marítimo, de la competencia, de la propiedad industrial, de sociedades, europeo y del transporte (siete libros y más de 60 artículos y contribuciones a obras colectivas en griego, inglés y francés); abogada en ejercicio y árbitro con especialización en derecho europeo, mercantil y marítimo.

Sra. Leila AZOURI (Líbano)

Doctora en Derecho; Catedrática de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad La Sagesse de Beirut hasta 2017; Directora de Investigación en la Escuela de Doctorado en Derecho de la Universidad del Líbano; ex Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Líbano; miembro de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas; Presidenta de la Comisión nacional encargada de la preparación de los informes presentados por el Líbano al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); especialista jurídica de la Organización de Mujeres Árabes; miembro del «ILO Policy Advisory Committee on Fair Migration» en Oriente Medio.

Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil)

Juez del Tribunal Superior del Trabajo (Tribunal Superior do Trabalho) del Brasil; LLM de la Universidad de ESSEX, Reino Unido; Antiguo Miembro del Consejo Nacional de Justicia del Brasil; ex Procurador del Ministerio Público del Trabajo del Brasil; Profesor del Instituto de Ensino Superior de Brasilia; profesor de la Escuela Nacional para Jueces del Trabajo.

Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos)

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York, N.Y.; Copresidente del «Public Review Board» del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil de los Estados Unidos; ex profesor Visitante en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; fue profesor de Derecho en la facultad de Derecho de Moritz de la Universidad del estado de Ohio; ex Consejero Jefe y Director del Personal de la Subcomisión de Trabajo del Senado de los Estados Unidos; ejerció en un bufete de abogados; ex auxiliar del Juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica)

Profesor de Derecho Público en la Universidad de Ciudad del Cabo; ex consejero especial del Ministro de Justicia; ex jefe del Servicio Jurídico del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU); ex consejero especial del Ministro de Trabajo; ex presidente del Grupo de Trabajo para la preparación de la Ley sobre Relaciones Laborales de Sudáfrica.

Sra. Graciela DIXON CATON (Panamá)

Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; ex Presidenta de la Sala de Casación Penal y de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá; ex Presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas; ex Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados; ex Consultora Nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); actualmente Árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid; Árbitro del Centro de Solución de Conflictos (CESCON) de la Cámara Panameña de la Construcción y del Centro de Conciliación y Arbitraje (CECAP) de la Cámara de Comercio de Panamá; Asesora Jurídica y Consultora Internacional.

Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos)

Doctor en Derecho; ex Profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos); Miembro del Consejo Superior de la docencia, la formación y la investigación científica; Consultor de organismos públicos nacionales e internacionales, entre los que cabe señalar el Banco Mundial, el PNUD, la FAO, y el UNICEF; Coordinador nacional del proyecto «Desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial», OIT (2005-2008).

Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona)

Juez de la Corte Internacional de Justicia (1994-2012); ex Presidente del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario en Ginebra; ex miembro y Presidente de la Comisión de Derecho Internacional; ex Embajador y Representante permanente de Sierra Leona ante las Naciones Unidas (Nueva York), y ex Embajador plenipotenciario ante la Unión Europea, la Organización para la Unidad Africana y muchos países.

Sr. Alain LACABARATS (Francia)

Juez del Tribunal de Casación; ex Presidente de la sala civil del Tribunal de Casación; ex Presidente de la Cámara de Asuntos Sociales del Tribunal de Casación; miembro del Consejo Superior de la Magistratura; miembro de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial y del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (Consejo de Europa); ex Vicepresidente del Tribunal Superior de París; ex Presidente de una sala del Tribunal de Apelaciones de París; ha sido profesor titular y catedrático en diferentes universidades francesas y es autor de un gran número de publicaciones.

Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia)

Profesora de Derecho en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov; profesora de Derecho en el Departamento de Procedimientos Civiles y Derecho Laboral de la Universidad Estatal Rusa del Petróleo y el Gas; secretaria de la Asociación Rusa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales; miembro (no remunerado) de la Comisión Presidencial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido)

Abogada de la Reina (Queen’s Counsel); Jueza adjunta del Tribunal Superior; ex Jueza del Tribunal de Trabajo (2000-2008); trabaja en el estudio de abogados «Matrix Chambers» y está especializada en legislación en materia de discriminación e igualdad, legislación sobre derechos humanos, legislación de la Unión Europea, derecho público y derecho del trabajo; asesora especial del Comité de Empresas, Innovación y Calificaciones de la Cámara de los Comunes para una encuesta sobre las mujeres en el lugar de trabajo (2013-2014).

Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia)

Profesor Emérito de Derecho en Tailandia; antiguo encargado de investigación, con una beca de la Universidad de las Naciones Unidas, en el programa de estudios sobre los refugiados de la Universidad de Oxford; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; Presidente de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (2011); ex Presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas; ex miembro de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana; Comisionado de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre la República Árabe Siria (2012-2016); Premio UNESCO 2004 de Educación para los Derechos Humanos; antiguo experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección de las personas contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

Sra. Rosemary OWENS (Australia)

Profesora Emérita de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Adelaida; ex Profesora de Derecho Dame Roma Mitchell (2008-2015) y ex decana (2007-2011); Oficial de la Orden de Australia; miembro y posteriormente Directora (2014-2016) de la Academia Australiana de derecho; miembro de la Junta editorial y ex editora de la Revista Australiana de Derecho Laboral; miembro del Consejo científico y editorial de la Révue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale; miembro de la Asociación Australiana de Derecho Laboral (y ex miembro de la ejecutiva nacional); conferenciante del Consejo Australiano de Investigación; Presidenta de la Comisión Consultiva Ministerial sobre el Equilibrio entre el Trabajo y la Vida Privada (2010-2013) del Gobierno de Australia Meridional; ex Presidenta y miembro del Consejo de Administración del Centro de Mujeres Trabajadoras (Australia Meridional) (1990-2014).

Sra. Mónica PINTO (Argentina)

Profesora de Derecho Internacional Público y de los Derechos Humanos y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Jueza y Presidenta del Tribunal Administrativo del Banco Mundial; Jueza del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo; Vicepresidenta del Comité Asesor de candidaturas de la Corte Penal Internacional; comisionada de la Comisión Internacional de Juristas; ex Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; fue experta independiente de las Naciones Unidas para el examen de la situación de los derechos humanos en Guatemala y en el Chad; miembro de la Asociación de Derecho Internacional; figura en las Listas de Árbitros y Conciliadores del CIADI; miembro del Consejo Consultivo de la Asociación para la Prevención de la Tortura; miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y de las Sociedades Americana, Francesa y Europea de Derecho Internacional; miembro asociado del Institut de droit international; fue Profesora invitada en Columbia Law School, en las Universidades París I y II y en la Universidad de Rouen; ha enseñado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Europeo de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún)

Profesor (agrégé) de las Facultades de Derecho; Profesor emérito de la Universidad de Yaundé; Profesor invitado o adjunto en varias universidades y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya; Jefe del Departamento de Teoría del Derecho, Epistemología Jurídica y Derecho Comparado y Director de Maestría en teorías y pluralismo jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yaundé II; en varias ocasiones ha sido Presidente del Jurado del Concurso de Agregación del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior (CAMES), Sección Derecho Privado y Ciencias Penales; ex miembro del Consejo Científico de la Agencia Universitaria de la Francofonía (1993-2001); ex miembro del Consejo Internacional de Palmas Académicas del CAMES (2002-2012); miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Fundación Internacional para la enseñanza del derecho empresarial, de la Asociación Henri Capitant y de la Sociedad de Derecho Comparado; fundador y director de la revista Juridis periodique; Presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos en África Central (APDHAC); Presidente del Consejo científico del Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT); Presidente del Consejo científico de la Universidad católica de África Central (UCAC).

Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar)

Presidente de la Academia Nacional de Artes, Letras y Ciencias de Madagascar; ex miembro (1991-2009), Vicepresidente (2003-2006) y Juez Principal (2006-2009) de la Corte Internacional de Justicia (CIJ); Presidente (2005) de la Cámara constituida por la CIJ para conocer del caso sobre el conflicto fronterizo entre Benin y Níger; licenciatura en derecho, Universidad de Madagascar (Antananarivo, 1965); doctorado en Derecho, Universidad de París II. Agrégé de las Facultades de Derecho y Economía, sección de derecho público y ciencias políticas (París, 1972); doctor honoris causa por las Universidades de Limoges, de Estrasburgo y de Burdeos-Montesquieu; ex Catedrático de la Universidad de Madagascar (1981-1991) y ex profesor en otras instituciones; fue el primer rector de la Universidad de Antananarivo (1988-1990); miembro de varias delegaciones malgaches en diversas conferencias internacionales; jefe de la Delegación de Madagascar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (1976-1977); fue el primer vicepresidente africano de la Conferencia Internacional de Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de Lengua Francesa (1987-1991); miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; miembro del Tribunal Internacional del Deporte; miembro del Instituto de Derecho Internacional; miembro de numerosos grupos académicos y profesionales nacionales e internacionales; Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional; miembro del Consejo Pontifical Justicia y Paz; desde 2012, Presidente de la Sociedad Africana de Derecho Internacional y ex Vicepresidente del Instituto de Derecho Internacional (2015-2017); Presidente de la Comisión de Encuesta de la OIT sobre Zimbabwe.

Sra. Deborah THOMAS-FELIX (Trinidad y Tabago)

Presidenta del Tribunal del Trabajo de Trinidad y Tabago desde 2011; Jueza del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas desde 2014; actual Presidenta del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas; ex Presidenta de la Comisión de Bolsa y Valores de Trinidad y Tabago; ex Magistrada Presidenta adjunta del Poder Judicial de Trinidad y Tabago; ex Presidenta del Tribunal de Familia de San Vicente y las Granadinas; encargada de investigación en el Programa Hubert Humphrey Fullbright, la Universidad de Georgetown y el Instituto de Educación Judicial de la Commonwealth.

Sr. Bernd WAAS (Alemania)

Profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho Civil en la Universidad de Frankfurt; coordinador y miembro de la Red Europea de Derecho del Trabajo; Coordinador del Centro Europeo de conocimientos especializados en legislación laboral, empleo y políticas del mercado laboral; Presidente de la Sociedad Alemana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del Comité Consultivo de la Red de Investigación sobre Derecho del Trabajo.

Parte II.   Observaciones referidas a ciertos países

I.    Observaciones acerca de las memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22, 23, párrafo 2, y 35 de la Constitución)

Observación general

(artículo 23, párrafo 2, de la Constitución)

La Comisión recuerda que la obligación de comunicar copias de las memorias sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, tal como establece el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, tiene por objeto permitir que estas organizaciones puedan presentar sus propios comentarios sobre la aplicación de los convenios ratificados. La Comisión hace hincapié en que la información recibida de las organizaciones de empleadores y de trabajadores refleja la participación de estas organizaciones en el sistema de presentación de memorias, y que esta información a menudo sirve para conocer y comprender mejor las dificultades a las que tienen que hacer frente los países. En relación con su observación general del año pasado, la Comisión se congratula por el hecho de que este año casi la totalidad de los países han cumplido con esta obligación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en ninguna de las memorias transmitidas por los países siguientes se indica cuáles son las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se ha comunicado una copia de las mismas: Argelia (2017), Estado Plurinacional de Bolivia (2015, 2016 y 2017), Côte d’Ivoire (2017), Fiji (2016-2017), Jamaica (2017), República Democrática Popular Lao (2017), Malawi (2017), Myanmar (2017), Uganda (2017), Rwanda (2014, 2015, 2016 y 2017). La Comisión también toma nota de que en la mayor parte de las memorias recibidas de Mongolia (2017) no se indica cuáles son las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que se han comunicado copias de las mismas. La Comisión solicita a cada uno de los Gobiernos concernidos que cumplan sin dilación con su obligación constitucional.

Observaciones generales

(artículos 22 y 35 de la Constitución)

Belice

La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, hasta ahora, se deben 30 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, incluida la primera memoria sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), debida desde 2016. La mayoría de esas memorias deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto esas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Comoras

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), debida desde 2016. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria debida, de conformidad con su obligación constitucional.

Congo

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2016. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Dominica

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por quinto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, hasta ahora, se deben 26 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Gabón

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), debida desde 2016, y la primera memoria sobre el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), debida en el corriente año. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Gambia

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por sexto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora se deben ocho memorias sobre los convenios fundamentales, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Guinea-Bissau

La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 25 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias de conformidad con su obligación constitucional.

Guinea Ecuatorial

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, en los últimos 11 años, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 14 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de esas memorias deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De estas 14 memorias, dos son primeras memorias sobre la aplicación del Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68), y el Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92), debidas desde 1998. Recordando que se brindó asistencia técnica sobre esas cuestiones en 2012, la Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Guyana

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), debida desde 2015. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Haití

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por quinto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, hasta ahora, se deben 24 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional. A este respecto, la Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

Islas Cook

La Comisión toma nota de que no se han recibido las primeras memorias sobre el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11); el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14); el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29); el Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99), y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), debidas desde 2016. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Islas Salomón

La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 16 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos. Estas memorias deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Malasia

Sabah

La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, hasta ahora, se deben tres memorias sobre los convenios técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

República de Maldivas

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria relativa al Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), debida desde 2015, y la primera memoria relativa al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), debida desde 2016. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional. La Comisión también toma nota de que durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, el Gobierno indicó que se han preparado memorias sobre los convenios ratificados y que éstas se presentarán en breve a la Oficina.

Nicaragua

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2015. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

San Vicente y las Granadinas

La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, tampoco se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 en su versión enmendada (MLC, 2006), debida desde 2014. Hasta ahora, se deben 19 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Santa Lucía

La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 22 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Serbia

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94), debida desde 2016. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto su memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Somalia

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por duodécimo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben 16 memorias sobre los convenios fundamentales y técnicos, algunas de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera firmemente que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

Timor-Leste

La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben cuatro memorias sobre los convenios fundamentales, las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Vanuatu

La Comisión lamenta tomar nota de que, por segundo año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Hasta ahora, se deben siete memorias sobre los convenios fundamentales, algunas de las cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Viet Nam

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la primera memoria sobre el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), debida desde 2016. En la actualidad, de las 12 memorias solicitadas sólo se han recibido cuatro (aún se deben ocho memorias sobre los convenios fundamentales de gobernanza y técnicos). Estas memorias deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Yemen

La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año, no se han recibido las memorias debidas sobre los convenios ratificados. Además, hasta ahora, se deben 21 memorias sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos, la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno presente pronto sus memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Albania, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Chad, China, República Democrática del Congo, Eritrea, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Granada, Iraq, Jamaica, Kirguistán, Kiribati, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malasia: Malasia Peninsular, Malasia: Sarawak, Malawi, México, Mozambique, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Curazao, Pakistán, Reino Unido: Anguilla, Rumania, San Marino, Sierra Leona, Singapur, Sudán del Sur, Trinidad y Tabago, Uganda.

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

Alemania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2015, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA), que son de carácter general. La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2017 de la BDA, refrendadas por la OIE, que se vinculan con los asuntos que la Comisión examina a continuación. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de las observaciones de 2012 de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB). En particular, la Comisión toma nota con interés de que, en relación con las observaciones de 2012 de la DGB, en las que denuncia la falta de una prohibición general de utilizar trabajadores temporales en servicios no esenciales como rompehuelgas, el Gobierno indica que la legislación nacional fue enmendada para garantizar que ya no se permitiera que el receptor contratara trabajadores de agencias como rompehuelgas. De conformidad con el artículo 11, 5), de la Ley sobre la Provisión de Mano de Obra, en vigor desde el 1.º de abril de 2017, el receptor no permitirá que los trabajadores de agencias trabajen, si la empresa está implicada directamente en un conflicto laboral.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración y sus actividades y de formular sus programas. La Comisión recuerda que ha venido solicitando, a lo largo de algunos años, la adopción de medidas dirigidas a reconocer el derecho de los funcionarios públicos que no ejercen una autoridad en nombre del Estado, al recurso a acciones de huelga. En su observación anterior, la Comisión tomó nota con interés de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Federal, el 27 de febrero de 2014, sosteniendo que, dado que la prohibición constitucional del derecho de huelga depende del estatuto jurídico del grupo y es válida para todos los funcionarios públicos (Beamte), con independencia de sus funciones y responsabilidades, entra en conflicto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que no son activos en áreas genuinamente soberanas (hoheitliche Befugnisse), por ejemplo, docentes de escuelas públicas, y este conflicto debería ser resuelta por el legislador federal; y que, en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que ejercen una autoridad soberana, no existe un conflicto con el CEDH, con lo cual no se requiere ningún tipo de acción. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno en ese sentido, según la cual, en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que no ejercen una autoridad soberana, el legislador debe lograr un equilibrio de las posiciones mutuamente excluyentes, en virtud del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental y del CEDH; que, entre tanto, seguía en vigor la prohibición constitucional de acciones de huelga a los funcionarios públicos (Beamte); y que, dado que los representantes sindicales remitirían el asunto al Tribunal Constitucional Federal y que dos procedimientos sobre el mismo tema ya están en trámite, las medidas legislativas no deberían prevenir la clarificación y la resolución de las cuestiones por parte de ese tribunal. A la luz de lo anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que se abstuviera, en el futuro, de imponer sanciones disciplinarias contra todo funcionario público que no ejerciera una autoridad en nombre del Estado y que participara en huelgas pacíficas; y que entablara un diálogo nacional amplio con las organizaciones representativas de la administración pública, con miras a explorar posibles maneras de armonizar las legislación con el Convenio. La Comisión también solicitó al Gobierno que comunicara información sobre toda sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal sobre el tema.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que: i) en virtud de la Constitución alemana, la administración pública (öffentlicher Dienst) está vinculada con la garantía institucional de una administración pública profesional (Berufsbeamtentum), que debe ser regulada teniéndose en cuenta los principios tradicionales de la administración pública profesional (hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums); ii) uno de esos principios es la prohibición de que los funcionarios públicos participen en acciones colectivas, dado que el «derecho de huelga» es incompatible con la relación de servicio y de lealtad, y entra en conflicto con la decisión estructural de que las relaciones que rigen la legislación de la administración pública, están reguladas por la legislatura, y iii) la prohibición de las acciones de huelga se ve compensada por varios derechos y principios, como el principio de un salario acorde con el puesto en la administración pública; la caracterización de los derechos subjetivos del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental, como equivalentes a los derechos fundamentales, y los derechos de participación de las organizaciones principales de las asociaciones de sindicatos y empleadores en el proceso legislativo y otros derechos de participación corporativa en los Lander. Con respecto a la sentencia de 2014 del Tribunal Administrativo Federal, el Gobierno declara que, en su opinión, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no está capacitado para alterar estas circunstancias constitucionales dado que, a pesar de un enfoque funcional de las cláusulas de excepción relacionadas con la soberanía, la jurisprudencia sobre el artículo 11 del CEDH, no excluye a la clasificación de docentes como «miembros de la administración del Estado», en el sentido de la segunda frase del artículo 11, 2). Por el contrario, el Gobierno considera que la prohibición de acciones de huelga de los docentes que tienen el estatuto de funcionarios públicos, es compatible con el artículo 11, 1), dado que la injerencia está justificada en virtud del artículo 11, 2), por el objetivo legítimo de garantizar el derecho a la educación. El Gobierno añade que las decisiones pertinentes del Tribunal Administrativo Federal son, en la actualidad, objeto de procedimientos judiciales ante el Tribunal Constitucional Federal.

La Comisión toma nota de que, según la BDA: i) el Tribunal Administrativo Federal, en su sentencia de 2014, sostuvo que, por una parte, la prohibición general de huelga a los funcionarios públicos se aplica como un principio convencional, en virtud del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental, y, por otra parte, esta prohibición de huelga a los funcionarios fuera del área de genuina soberanía, es incompatible con la libertad sindical del artículo 11 del CEDH; ii) el Tribunal Administrativo Federal confirmó, en su decisión de 26 de febrero de 2015, que es función del legislador federal establecer un equilibrio entre los requisitos incompatibles del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental y el artículo 11 del CEDH; y que, mientras no se haya realizado esto, la prohibición de huelga en el derecho público, sigue aplicándose y es una norma disciplinaria; iii) la prohibición de huelga del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental, constituye una excepción al derecho de libertad sindical garantizado en el artículo 9, 3), de la Ley Fundamental; iv) el legislador tiene diferentes opciones para la adopción de una legislación que sea conforme, por ejemplo, desde un enfoque funcional, al determinar áreas respecto de las cuales existe soberanía y respecto de las cuales debería de aplicarse una prohibición de huelga general, y áreas de la administración pública, en las que la facultad reguladora unilateral del empleador debería restringirse para ampliar la participación de las organizaciones representativas en la administración pública, y v) esta cuestión debería discutirse nuevamente en el ámbito nacional por parte del Gobierno y los interlocutores sociales. En general, la BDA considera que: i) puesto que no existe una reglamentación legal vigente que abarque plenamente las acciones colectivas, los empleadores alemanes abogan por un enfoque regulador integral, que tendría en cuenta la jurisprudencia de las décadas de los cincuenta y de los sesenta, destacando que las huelgas son sumamente inconvenientes en los planos sociopolítico y económico, e implican consecuencias negativas para la economía nacional alemana, siendo esto especialmente cierto en tiempos de creciente internacionalización y digitalización; ii) a efectos de restablecer el equilibrio entre los interlocutores sociales, el legislador debe instaurar reglamentaciones idóneas que corrijan, de manera significativa, las aberraciones generadas por la jurisprudencia en décadas pasadas, y establecer un numerus clausus de medios admisibles de acciones colectivas (esencialmente, cierres patronales y huelgas de empleados; cualquier medio de acción colectiva involucrando «flashmob», debe ser ilegítima), y iii) la BDA se opone al derecho de huelga de los funcionarios públicos debido a que tienen funciones de lealtad hacia su empleador (el Estado y la comunidad) y debido a que se produciría un gran descontento en el público en general, si los funcionarios públicos fueran a la huelga por aumentos salariales, dado que su remuneración es financiada indirectamente por la comunidad, a través de impuestos.

La Comisión toma nota con preocupación de que la sentencia más reciente del Tribunal Administrativo Federal, dictada el 26 de febrero de 2015, mantiene las medidas disciplinarias impuestas a un docente con estatuto de funcionario público (Beamte), por haber participado en acciones colectivas. El Tribunal Administrativo Federal reitera que el conflicto entre, por una parte, la prohibición de huelga general de los funcionarios públicos no adscritos en áreas de genuina soberanía, en virtud del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental y, por otra parte, el derecho de libertad sindical en virtud del artículo 11 del CEDH, sólo puede ser resuelto por el legislador federal, y no por los tribunales. Tomando nota de que el Tribunal Constitucional Federal decidirá pronto sobre la queja constitucional planteada tras la sentencia del Tribunal Administrativo Federal, de 27 de febrero de 2014, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de esa decisión, en cuanto se haya dictado, así como cualquier otra decisión pendiente que haya de dictar el Tribunal Constitucional Federal sobre el tema. Habida cuenta de la colisión comprobada por el Tribunal Administrativo Federal entre el artículo 33, 5), de la Ley Fundamental y el artículo 11 del CEDH, y a la luz de la persistente necesidad destacada por la Comisión durante muchos años de armonizar plenamente la legislación con el Convenio, en relación con el mismo aspecto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que: i) se abstenga, mientras esté pendiente la decisión pertinente del Tribunal Constitucional Federal, de imponer sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos que no ejercen una autoridad en nombre del Estado (como los docentes, los trabajadores de correos y los empleados de ferrocarriles) que participan en huelgas pacíficas, y ii) entable un diálogo nacional amplio con organizaciones representativas de la administración pública, con miras a encontrar posibles vías de armonización de la legislación con el Convenio.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2017 de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Alemania (BDA), refrendadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que se vinculan principalmente con los asuntos que examina la Comisión en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Artículos 4 y 6 del Convenio. Derecho de negociación colectiva en relación con las condiciones de empleo de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión recuerda que ha venido solicitando, a lo largo de algunos años, la adopción de medidas dirigidas a garantizar que los funcionarios no adscritos a la administración del Estado, gocen del derecho de negociación colectiva. Anteriormente, la Comisión tomó nota con interés de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Federal, en 2014, que sostiene que, si bien la prohibición de la negociación colectiva derivada del artículo 33, 5), de la Ley Fundamental se vincula con el Estatuto del Funcionario Público y se aplica a todos los funcionarios públicos, independientemente de sus funciones, el artículo 11, 2), del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), dispone que las restricciones a la libertad sindical sólo podrían justificarse por la función pertinente del funcionario público; y, en caso de que los funcionarios públicos no ejerzan una autoridad soberana del Estado, por ejemplo los docentes en las escuelas públicas, existe una colisión que requiere ser resuelta por el legislador federal. El Gobierno añadió que, de conformidad con el Tribunal Administrativo Federal, habida cuenta de la colisión entre el artículo 33, 5), de la Ley Fundamental, y el artículo 11 del CEDH, se requiere que el legislador federal amplíe de manera considerable, en las áreas de la administración pública que no se caractericen por el ejercicio de una autoridad soberana genuina, los derechos de participación de los sindicatos de funcionarios públicos hacia un modelo de negociación. La Comisión solicitó al Gobierno que inicie un amplio diálogo nacional con las organizaciones representativas de la administración pública, con miras a explorar las posibles formas en las que podría desarrollarse el sistema actual para reconocer efectivamente el derecho de negociación colectiva a los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en relación con el empleo de los docentes o con su nombramiento para un puesto de funcionario público, que la manera en que el Estado desea desempeñar sus funciones, se deja en general a su facultad discrecional, con excepción de la restricción consagrada en el principio de funciones reservadas, en virtud del artículo 33, 4), de la Ley Fundamental, que requiere que algunas áreas deberían disponer de un cuerpo de funcionarios; sin embargo, esto no suprime la soberanía organizativa del Estado y no prohíbe que el Estado confiera el Estatuto de Funcionario Público. En este sentido, el Gobierno transmite varias sentencias dictadas en el pasado por el Tribunal Constitucional Federal. La Comisión también toma nota de que el Gobierno se refiere a sus explicaciones en su memoria relativas al Convenio núm. 87, con arreglo a las cuales: i) en virtud de la Constitución alemana, la administración pública profesional debe ser regulada, teniéndose en cuenta los principios tradicionales de la administración pública profesional; ii) uno de esos principios es la prohibición de que los funcionarios públicos participen en acciones colectivas, dado que es incompatible con la relación laboral y con la lealtad, así como con la decisión estructural de que las relaciones que rigen la legislación de la administración pública, estén reguladas por la legislatura; iii) esta prohibición se ve compensada por varios derechos y principios, como el principio de un salario acorde con el puesto en la administración pública y los derechos de participación en las organizaciones principales de asociaciones de sindicatos y de empleadores en el proceso legislativo, y iv) en cuanto a la sentencia del Tribunal Administrativo Federal, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en opinión del Gobierno, no está capacitado para alterar estas circunstancias constitucionales, puesto que, a pesar de un enfoque funcional de las cláusulas de excepción vinculadas con la soberanía, la jurisprudencia relativa al artículo 11 del CEDH no excluye la clasificación de los docentes como «miembros de la administración del Estado», en el sentido del artículo 11, 2), justificándose la restricción de los derechos colectivos mediante el legítimo objetivo de garantizar el derecho a la educación. El Gobierno añade que las decisiones pertinentes del Tribunal Administrativo Federal, son en la actualidad objeto de procedimientos ante el Tribunal Constitucional Federal. En este contexto, la Comisión toma nota de las observaciones de la BDA, que están reflejadas, sobre todo, en el Convenio núm. 87, siendo la opinión de la BDA que, a la luz de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal, el legislador tiene diferentes opciones para aplicar la legislación, en cumplimiento del artículo 11, del CEDH, por ejemplo, diferenciando entre áreas genuinamente soberanas y áreas en las que la facultad reguladora unilateral del empleador podría verse restringida para ampliar la participación de las organizaciones representativas en la administración pública; y esta cuestión será nuevamente discutida en el ámbito nacional por el Gobierno y los interlocutores sociales, dado que esto implica una revisión de la Ley Fundamental, la Constitución alemana.

La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la decisión del Tribunal Constitucional Federal sobre la queja constitucional planteada tras la sentencia del Tribunal Administrativo Federal, de 27 de febrero de 2014, tan pronto como se haya dictado, así como cualquier otra decisión pendiente que haya de dictar el Tribunal Constitucional Federal sobre el tema. La Comisión recuerda que ha venido destacando, a lo largo de muchos años, que, en virtud de los artículos 4 y 6 del Convenio, todos los trabajadores de la administración pública distintos de los adscritos a la administración del Estado, deberían gozar de los derechos de negociación colectiva. Tomando debida nota de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal, de 27 de febrero de 2014, y de la decisión pendiente del Tribunal Constitucional Federal sobre la queja constitucional conexa, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que inicie un diálogo nacional amplio con las organizaciones representativas de la administración pública, con miras a explorar soluciones innovadoras y posibles formas en las que podría desarrollarse el actual sistema, con el fin de reconocer efectivamente el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, incluyendo, por ejemplo, como indicó la BDA, la diferenciación entre áreas de soberanía genuina y áreas en las que la facultad reguladora unilateral del empleador podría restringirse para ampliar la participación de las organizaciones representativas en la administración pública.

Angola

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Docentes (SINPROF) y de la Internacional de la Educación (IE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, alegando la existencia de actos de represalia antisindical cometidos por el Gobierno, en distintas provincias del país. La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños-Confederación Sindical (UNTA-CS), recibidas en diciembre de 2016, sobre asuntos ya examinados por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones de la IE y del SINPROF.

Nueva Ley General del Trabajo. La Comisión toma debida nota de la nueva Ley General del Trabajo núm. 7/2015, publicada en 15 de junio de 2015 que deroga la ley núm. 2/00, de 11 de febrero de 2000.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que desde hace varios años viene solicitando al Gobierno que se adopten medidas necesarias para modificar los artículos 20 y 28 de la Ley núm. 20-A/92 sobre el Derecho de Negociación Colectiva que impone el arbitraje obligatorio en términos contrarios a lo señalado por la Comisión. La Comisión toma nota de que el artículo 273.2 de la nueva ley general establece que los conflictos colectivos de trabajo serán resueltos a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje voluntario, sin perjuicio de la legislación específica, y por otra parte, toma nota de que el artículo 293 establece que los conflictos colectivos del trabajo se resolverán preferentemente a través del arbitraje voluntario. La Comisión observa que la nueva Ley General del Trabajo deroga cualquier disposición que sea contraria a ella, y se interroga sobre el efecto de esa disposición general sobre la Ley núm. 20-A/92, relativa al Derecho de Negociación Colectiva que ha sido objeto de los comentarios de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que aclare si la nueva Ley General del Trabajo derogó los artículos 20 y 28 de la ley núm. 20-A/92 que imponen el arbitraje obligatorio a un conjunto de servicios que no son esenciales, o si los referidos artículos aún siguen vigentes. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio en el contexto de la negociación colectiva sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) y cuando se trate de crisis nacionales agudas.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva de funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda que desde hace varios años viene solicitando al Gobierno que tome medidas para que se garantice a las organizaciones sindicales de los funcionarios que no trabajan para la administración del Estado el derecho de negociar con sus empleadores públicos, no solamente su retribución salarial, sino también sus demás condiciones de empleo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha proporcionado informaciones sobre esta cuestión y que no se ha introducido ningún cambio en la legislación a este respecto. Recordando que en virtud de los artículos 4 y 6 del Convenio todos los agentes de la función pública, a excepción de los que trabajan en la administración del Estado, deberían poder disfrutar del derecho de negociación colectiva, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar aplicación a las mencionadas disposiciones del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argelia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017, en relación a las intervenciones de los miembros empleadores durante la discusión sobre la aplicación del Convenio por Argelia en la Comisión de Aplicación de Normas en la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2017, así como de las conclusiones adoptadas por la Comisión de la Conferencia al término de la misma. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con cuestiones de orden legislativo que, en lo esencial, ya han sido objeto de examen por la Comisión, y en las que se denuncia la persistencia de violaciones del Convenio en la práctica, en particular, medidas de represalia por parte de los empleadores contra acciones de protesta del Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y del Gas (SNATEGS) y la violencia policial ejercida durante las manifestaciones en el sector minero. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, en octubre de 2017, en respuesta a la CSI, tanto sobre algunos aspectos legislativos como sobre la práctica. La Comisión toma nota en particular de la respuesta comunicada en relación con el conflicto en el sector minero y observa que el SNATEGS presentó, en abril de 2016, una queja ante el Comité de Libertad Sindical en relación con infracciones graves de sus derechos sindicales (caso núm. 3210). Teniendo en cuenta la gravedad de estos alegatos, y a la espera del examen del caso por parte del Comité de Libertad Sindical, la Comisión desea recordar que los órganos de control de la OIT han insistido constantemente en la interdependencia entre las libertades civiles y los derechos sindicales, subrayando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 59). La Comisión espera firmemente que el Gobierno velará por el respeto de este principio.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2017, en relación con la aplicación del Convenio por Argelia. La Comisión observa que, en sus conclusiones, esta última ha pedido al Gobierno que, sin demora: i) garantice que el registro de sindicatos sea conforme al Convenio en la legislación y en el práctica; ii) tramite las solicitudes pendientes de registro de los sindicatos que cumplan los requisitos establecidos en la legislación y comunique a la Comisión de Expertos los resultados a este respecto; iii) se asegure de que el nuevo proyecto de Código del Trabajo sea conforme al Convenio; iv) enmiende el artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de eliminar todos los obstáculos para que las organizaciones de trabajadores puedan constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, independientemente del sector al que pertenezcan; v) enmiende el artículo 6 de la ley núm. 90-14 a fin de reconocer el derecho de todos los trabajadores, sin distinción de nacionalidad, de constituir sindicatos; vi) garantice que la libertad sindical pueda ejercerse en un clima exento de intimidación y de actos de violencia contra los trabajadores, los sindicatos o los empleadores, y vii) reintegre a los trabajadores gubernamentales despedidos por motivos de discriminación antisindical. Por último, subrayando que los progresos realizados en la aplicación del Convenio siguen siendo excesivamente lentos, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que aceptara una misión de contactos directos que deberá informar al término del año en curso a la Comisión de Expertos sobre los progresos alcanzados. Al tiempo que observa que la misión de contactos directos no ha tenido todavía lugar, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas suministradas por el Gobierno, en octubre de 2017, en respuesta a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. Notando la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión espera que el Gobierno acepte próximamente la misión de contactos directos a fin de que ésta pueda levantar acta de las medidas adoptadas y los progresos logrados en las cuestiones planteadas en la memoria sobre la aplicación del Convenio.

Cuestiones legislativas

Modificación de la ley relativa al Código del Trabajo. La Comisión recuerda que el Gobierno se refiere, desde 2011, al proceso de reforma del Código del Trabajo. En este sentido su respuesta a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, el Gobierno señala que el proyecto de nuevo Código del Trabajo, en su última versión, ha sido transmitido a los sindicatos autónomos para recabar su opinión y sus comentarios, así como a las administraciones del sector de las colectividades locales. Al tiempo que toma nota de que el proceso sigue su curso a pesar del tiempo transcurrido, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para ultimar la reforma del Código del Trabajo sin más demora. La Comisión formula, en una solicitud dirigida directamente al Gobierno, comentarios sobre el proyecto de ley, en su versión de 2015, en lo que respecta a la aplicación del Convenio, y espera firmemente que el Gobierno la tenga debidamente en cuenta y adopte las modificaciones solicitadas.

Además, en lo que se refiere a otras cuestiones legislativas planteadas en sus comentarios, la Comisión señala la ausencia de cualquier medida tangible por parte del Gobierno para aplicar las modificaciones solicitadas desde 2006. La Comisión espera firmemente que el Gobierno tome todas las medidas necesarias, en un futuro cercano, para adoptar las modificaciones solicitadas en relación con las disposiciones siguientes.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren al artículo 6 de la ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990, relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de sindicación, que limita el derecho de constituir una organización sindical a las personas de nacionalidad argelina de origen o adquirida desde hace al menos diez años. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el requisito de la antigüedad de la nacionalidad se ha reducido a cinco años y que esta disposición se encuentra actualmente en discusión con los interlocutores sociales. La Comisión confía en que las discusiones en curso desembocarán rápidamente en la revisión del artículo 6 de la ley núm. 90-14 a fin de suprimir la exigencia de nacionalidad y que reconocerá a todos los trabajadores, sin distinción ninguna de esta naturaleza, el derecho a constituir una organización sindical. Además, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios formulados con ocasión de la solicitud directa en la que se pedía modificar las disposiciones del anteproyecto de ley relativas al Código del Trabajo sobre esta cuestión.

Artículo 5.  Derecho de constituir federaciones y confederaciones. La Comisión recuerda que durante varios años, sus comentarios se referían a los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14 que, leídos conjuntamente, tienen la finalidad de autorizar la constitución de federaciones y confederaciones únicamente en una misma profesión o rama o en el mismo sector de actividad. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno había indicado que el artículo 4 en cuestión sería enmendado para incluir en él una definición de federaciones y confederaciones. Ante la falta de información sobre los cambios que se hayan podido producir a este respecto, la Comisión espera firmemente que, sin más demora, el Gobierno revise el artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de eliminar todos los obstáculos para que las organizaciones de trabajadores constituyan las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, independientemente del sector al que pertenezcan. Además, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios que formula en su solicitud directa en la que pide que se modifiquen las disposiciones del anteproyecto de ley relativas al Código del Trabajo sobre esta cuestión.

Registro de los sindicatos en la práctica

La Comisión recuerda que viene tratando la cuestión de los retrasos en sus comentarios desde hace muchos años, especialmente largos para el registro de sindicatos o para la denegación por parte de las autoridades del registro a algunas organizaciones sindicales autónomas, supuestamente sin motivo. Los comentarios anteriores hacían referencia, en particular, a la situación del Confederación General Autónoma de Trabajadores de Argelia (CGATA), el Sindicato Autónomo de Abogados de Argelia (SAAVA) y el Sindicato Autónomo Argelino de Trabajadores del Transporte (SAATT). En lo que se refiere a la CGATA el Gobierno se refirió a las informaciones comunicadas por su representante a la Comisión de la Conferencia, a saber, que esta organización fue invitada en 2015 a poner sus estatutos en conformidad con la ley, pero que hasta el momento no ha dado curso ninguno a la petición de la administración. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado las precisiones solicitadas sobre la naturaleza de las modificaciones pedidas por la administración a la CGATA, ni tampoco sobre la situación en que se encuentra la solicitud de registro del SAAVA y del SAATT. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice el registro rápido de los sindicatos que cumplen los requisitos establecidos por la ley y, si fuera necesario, que las organizaciones en cuestión sean informadas con diligencia de las formalidades suplementarias que tienen que cumplir. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique, tan pronto como sea posible, cualquier hecho nuevo que afecte a la tramitación del registro de la CGATA, del SAAVA y del SAATT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1972)

La Comisión toma debida nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 31 de agosto de 2017, que contienen las declaraciones de los Empleadores realizadas antes de la Comisión de la Conferencia de 2017 con respecto al caso individual de Bangladesh. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a estas series de observaciones, así como de las recibidas de la CSI en 2015 y 2016.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, relativa a la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: i) vele por que la Ley del Trabajo de Bangladesh (BLA) y el Reglamento del Trabajo de Bangladesh (BLR) se pongan de conformidad con las disposiciones del Convenio relativas a la libertad sindical, prestando particular atención a las prioridades identificadas por los interlocutores sociales; ii) asegure que el proyecto de ley del trabajo en las zonas francas de exportación (ZFE) prevea la libertad sindical de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y se ponga en conformidad con las disposiciones del convenio relativas a la libertad sindical, en consulta con los interlocutores sociales; iii) siga investigando, sin demora, todos los presuntos actos de discriminación antisindical, también en la zona de Ashulia, asegure la reincorporación de los trabajadores despedidos ilícitamente, e imponga multas o sanciones penales (particularmente en los casos de violencia contra sindicalistas) de conformidad con la legislación, y iv) vele por que las solicitudes de registro de los sindicatos se tramiten con celeridad, y no sean denegadas a menos que incumplan los criterios claros y objetivos establecidos en la legislación. La Comisión de la Conferencia instó asimismo al Gobierno a que siguiera recurriendo efectivamente a la asistencia técnica de la OIT para dar curso a las recomendaciones anteriores, y a que proporcionara información detallada a la próxima reunión de la Comisión de Expertos, en noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.

Libertades civiles. En sus comentarios anteriores, habiendo tomado nota de los graves incidentes de violencia, represalia y acoso contra los trabajadores que había alegado la CSI, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre el resultado de las investigaciones y enjuiciamientos en relación con estas alegaciones. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las alegaciones formuladas, así como de su declaración general de que las autoridades competentes investigan de manera neutral e imparcial todos los casos de presunta violencia y acoso. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no ha comunicado información sobre las investigaciones o sobre ninguna medida adoptada con respecto a una serie de alegaciones concretas formuladas en los comentarios de la CSI. La Comisión toma nota asimismo con preocupación de las nuevas alegaciones de arresto, detención, vigilancia, violencia e intimidación de los trabajadores contenidas en la comunicación de la CSI de 2017. La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno al respecto y observa que no se ha proporcionado información con respecto a: i) los presuntos incidentes de violencia, intimidación y casos penales falsos contra 70 sindicalistas y sus familias en mayo de 2017 en Chittagong, y ii) la presunta intervención de la policía en un evento de formación de los trabajadores y la intimidación de sus participantes en enero de 2017. La Comisión toma nota igualmente de la declaración general del Gobierno de que las referencias a amenazas, agresiones físicas y otras medidas coercitivas contenidas en la comunicación de la CSI son falsas y no se basan en hechos. Recordando que durante varios años ha estado recibiendo graves alegaciones de violencia contra sindicalistas y que las alegaciones de represalias antisindicales sistemáticas también fueron abordadas por el Comité de Libertad Sindical (véase 382.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 3203, párrafos 170 y 171), y se discutieron en la Comisión de la Conferencia, la Comisión expresa su profunda preocupación por la violencia e intimidación continuas de los trabajadores, y destaca a este respecto que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima libre de violencia, presión y amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes y miembros de tales organizaciones. La Comisión insta firmemente al Gobierno que proporcione información sobre las alegaciones específicas de violencia e intimidación restantes, incluyendo sobre los enjuiciamientos iniciados, las sentencias obtenidas y las sanciones penales impuestas por todo incidente pasado, y que adopte toda medida necesaria para prevenir dichos incidentes en el futuro y garantice que, si éstos se producen, se investigarán de manera apropiada.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación. Registro de sindicatos. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcionara información sobre los motivos por los que en 2016 se habían denegado un gran número de solicitudes de registro, que continuara transmitiendo estadísticas sobre el registro de sindicatos y la utilización de la solicitud de registro en línea, y que adoptara medidas para asegurar que el proceso de registro fuera una mera formalidad. La Comisión también recordó las recomendaciones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de establecer procedimientos operativos normalizados y crear una base de datos pública sobre el registro. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) el proceso de registro se especifica claramente en la legislación, y los motivos por los que se rechaza una solicitud se comunican al solicitante en un plazo de sesenta días; ii) el registro de sindicatos experimentó un extraordinario incremento tras la modificación de 2013 de la BLA — antes de la modificación, había 6 726 sindicatos registrados en el país y 161 federaciones, mientras que en julio de 2017 el número aumentó a un total de 7 779 sindicatos registrados y 175 federaciones, con un total de 2 917 627 trabajadores afiliados; iii) en el sector de la confección textil, entre 2013 y 2017, se han registrado 470 sindicatos nuevos y 48 federaciones, por lo que el número total de sindicatos registrados ha ascendido a 602; iv) desde principios de 2017, la tasa de registro en Dhaka ha sido del 75 por ciento; v) el sistema de registro en línea garantiza la transparencia y priva al Director Adjunto del Trabajo (JDL) de todo poder discrecional; vi) desde marzo de 2015, se han recibido en total 801 solicitudes en línea a través del sistema en línea, de las cuales se han concedido 291; vii) una base de datos pública sobre el registro de sindicatos, creada con el apoyo de la Oficina de País de la OIT, está disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo (DoL) y contiene información pertinente relativa al registro de sindicatos, incluidos los motivos por los que se ha denegado una solicitud; viii) en agosto de 2017, la información sobre la situación de 191 solicitudes de registro estaba disponible en la base de datos, de las cuales 129 fueron aceptadas y 62 denegadas; ix) los procedimientos operativos normalizados para el registro de sindicatos, elaborados en consulta con las partes interesadas pertinentes, se adoptaron en mayo de 2017 e introdujeron plazos concretos en los que debe finalizarse cada una de las etapas del proceso de registro — el examen, la rectificación y la decisión; x) los procedimientos operativos normalizados deberían acelerar el proceso de registro y aumentar su transparencia, y xi) el JDL ya ha comenzado a utilizar los procedimientos operativos normalizados y a impartir formación al personal interno. El Gobierno añade que también ha iniciado la modernización de la DoL para convertirla en un Departamento, lo cual dará lugar a que el número de trabajadores se incremente de 712 a 921, y que este proceso está en su fase final, en espera de su aprobación por la máxima autoridad.

La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno, y toma nota con interés de la creación de una base de datos pública sobre el registro de sindicatos y la adopción de los procedimientos operativos normalizados sobre el registro, iniciativas que tienen el potencial de aumentar la celeridad y transparencia del procedimiento de registro. La Comisión también acoge con agrado el incremento previsto del personal de la DoL. Al tiempo que toma nota además del aumento notificado del número de federaciones y sindicatos registrados, la Comisión observa a raíz de la información proporcionada por el Gobierno que apenas se aceptó un 36 por ciento de las solicitudes de registro presentadas a través del sistema de registro en línea (291 de 801), mientras que la situación del 64 por ciento restante no está clara, y que más de un tercio de las solicitudes de registro disponibles en la base de datos sobre el registro (62 de 191) figuran como denegadas, sin indicarse claramente los motivos. Además, la Comisión toma nota de que, según la CSI, persisten los obstáculos para el registro: el JDL conserva la facultad discrecional para denegar el registro; en 2017, se han denegado hasta la fecha 22 de 50 solicitudes en el sector de la confección textil, y en Chittagong se han denegado 15 de 20 solicitudes, y los sindicatos de muchos sectores se enfrentan a la denegación reiterada del registro. La Comisión observa asimismo que el Comité de Libertad Sindical también examinó las alegaciones de denegación arbitraria continua de registros de sindicatos y tomó nota con preocupación de las graves consecuencias que puede tener en el funcionamiento de los sindicatos la presunta práctica recurrente del personal directivo de las fábricas de obtener una medida cautelar de los tribunales para suspender los registros de los sindicatos que se han concedido de manera apropiada, congelando así las actividades sindicales durante largos períodos de tiempo (véase 382.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 3203, párrafos 172 y 173). Observando que el número de solicitudes denegadas de registro sigue siendo elevado y que una proporción sustancial de solicitudes denegadas no están acompañadas de explicación alguna, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que el procedimiento de registro sea un mero procedimiento objetivo y transparente, que no restrinja el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión confía en que la utilización de los procedimientos operativos normalizados, la reducción de los plazos de registro y la base de datos en línea tendrán un impacto positivo en la tasa de registro de sindicatos, y pide al Gobierno que proporcione todas las estadísticas pertinentes a este respecto, incluido el tiempo promedio que lleva el registro. La Comisión pide además al Gobierno que siga comunicando estadísticas actualizadas sobre el número total de solicitudes de registro (en línea o por otros cauces) recibidas, aceptadas y/o denegadas, las razones justificando todas las denegaciones, y que aclare la situación de las 509 solicitudes transmitidas por medio del sistema en línea que no fueron concedidas.

Requisitos de afiliación mínima. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar los artículos 179, 2), 179, 5), y 190, f), de la BLA con miras a su modificación, para reducir el umbral excesivo del 30 por ciento necesario para constituir un sindicato y mantener su registro. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los trabajadores y los empleadores tienen opiniones contradictorias en lo que respecta al requisito de afiliación mínima, por lo que el Gobierno formuló las siguientes propuestas de enmienda: la derogación del artículo 190, f), de la BLA, que prevé la anulación de un sindicato si su número de miembros no cumple los requisitos de afiliación mínima, y la modificación del artículo 179, 2), en virtud del cual el requisito de afiliación mínima dependería del número total de trabajadores empleados en un establecimiento: si existen menos de 2 000 trabajadores en un establecimiento, el requisito seguiría siendo el 30 por ciento; para las empresas cuya plantilla de trabajadores oscila entre 2 001 y 5 000, sería del 27 por ciento; entre 5 001 y 7 500 trabajadores, del 24 por ciento, y de 7 501 trabajadores o más, del 20 por ciento. Al tiempo que acoge con agrado el empeño del Gobierno por reducir el requisito de afiliación mínima y por adaptarlo al tamaño de la empresa, a pesar de la falta de acuerdo entre los interlocutores sociales a este respecto, la Comisión lamenta que las enmiendas propuestas no respondan a sus preocupaciones de larga data y toma nota con preocupación de que la insignificante reducción de los requisitos de afiliación mínima propuesta por el Gobierno probablemente no tenga grandes efectos en un gran número de empresas y no contribuya, por lo tanto, de forma significativa a la libre constitución de organizaciones de trabajadores. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para revisar sin dilación el artículo 179, 2) y 5), de la BLA, en consulta con los interlocutores sociales, con miras a reducir efectivamente el requisito de afiliación mínima. La Comisión confía en que el Gobierno entablará discusiones constructivas con los interlocutores sociales y en que podrá informar próximamente sobre los progresos realizados, en particular sobre toda nueva proposición con miras a reducir los requisitos de afiliación mínima. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre el número aproximado de empresas que entran dentro de cada una de las categorías mencionadas con miras a establecer un requisito de afiliación mínima adecuada, y que indique los sectores en los que despliegan su actividad.

La Comisión también solicitó anteriormente al Gobierno que aclarara si la regla 167, 4), del BLR establece un requisito de afiliación mínima de 400 trabajadores para constituir un sindicato agrícola y, en su caso, que la pusiera en conformidad con la BLA y, en cualquier caso, que redujera este requisito para garantizar la conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la regla 167, 4), establece el requisito de afiliación mínima de 400 trabajadores agrícolas para constituir un sindicato, pero que esta cuestión ya se ha resuelto a través de una notificación publicada en el Boletín Oficial de 5 de enero de 2017. Observando que no se desprende claramente de los comentarios del Gobierno si el requisito de 400 trabajadores se ha revocado o reducido, la Comisión pide al Gobierno que aclare este punto y que proporcione una copia de la notificación.

Artículos 2 y 3.  Derecho de sindicación, de elegir libremente a sus dirigentes y de organizar libremente sus actividades. Ley del Trabajo de Bangladesh. En sus comentarios anteriores, la Comisión instó firmemente al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, adoptara las medidas necesarias para revisar y enmendar una serie de disposiciones de la BLA a fin de garantizar su conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien la Comisión Técnica Tripartita (TTC) recientemente establecida se ha reunido en varias ocasiones para formular propuestas sobre la posible modificación de la BLA, que es aplicable a un gran número de sectores, se precisan amplias consultas con los interlocutores sociales, por lo que ciertas disposiciones siguen siendo objeto de examen. El Gobierno añade que también se ha establecido una comisión especial dirigida por un alto funcionario con miras a coordinar y formular propuestas para la aprobación final de las modificaciones a la BLA y al proyecto de ley del trabajo en las ZFE de Bangladesh (Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación). El Gobierno indica que, en noviembre de 2017, el Ministerio Federal de Trabajo y Empleo (MOLE) constituyó otra comisión tripartita para modificar la BLA, la cual preparó un informe que contenía recomendaciones sobre cómo abordar las observaciones pendientes de la OIT. La Comisión saluda los esfuerzos realizados por el Gobierno para revisar la BLA, y toma nota de las siguientes modificaciones propuestas: ampliar el ámbito de aplicación de la Ley a ciertas industrias anteriormente excluidas del mismo (derogación de las cláusulas e), h) y n) del artículo 2, 4)); ampliar la definición de trabajador con miras a incluir a los miembros del personal de guardia y de seguridad, a los bomberos y a los asistentes confidenciales de cualquier establecimiento (supresión de la restricción correspondiente del artículo 175); aclarar qué trabajadores del sector informal no necesitan proporcionar tarjetas de identidad expedidas por un establecimiento para solicitar el registro (artículo 178, 2), a), iii)); remplazar la obligación de obtener la autorización del Gobierno por la obligación de informar al Gobierno de cualquier fondo recibido de una fuente nacional o internacional, salvo las cotizaciones sindicales (artículo 179, 1), d)); reducir el plazo para que el DoL registre un sindicato (artículo 182, 1), 2) y 4)); añadir el artículo 182, 7), que prevé la obligación del Gobierno de adoptar procedimientos operativos normalizados para el registro de sindicatos; derogar el artículo 184, 2)-4), y enmendar el artículo 185, que impone restricciones excesivas a la sindicación en la aviación civil y para la gente de mar, incluido el monopolio sindical; suprimir la posibilidad de que el DoL anule el registro de sindicatos si se ha obtenido por fraude o por malinterpretación de los hechos (derogación del artículo 190, 1), c)); suprimir la posibilidad de anular un sindicato si, en una elección para la determinación del agente de negociación colectiva, obtiene menos del 10 por ciento del total de votos emitidos (derogación del artículo 202, 22)), y derogación del artículo 211, 8), que prohíbe la huelga en un establecimiento durante un período de tres años a contar desde el comienzo de su producción.

Al tiempo que toma debida nota de estas modificaciones propuestas, la Comisión observa que muchos de los cambios que ha venido solicitando durante varios años no se han abordado, o sólo se han abordado parcialmente. A este respecto, la Comisión subraya una vez más la necesidad de seguir revisando la BLA para asegurar su conformidad con el Convenio en lo que respecta a las siguientes cuestiones: 1) el ámbito de aplicación de la ley — se mantienen las restricciones impuestas a muchos sectores y trabajadores (artículos 1, 4), 2, 49) y 65), y 175); 2) la restricción a la sindicación en la aviación civil (artículo 184, 1)); 3) las restricciones a la sindicación en grupos de establecimientos (artículos 179, 5), y 183, 1)); 4) las restricciones a la afiliación sindical (artículos 2, 65), 175, 193 y 300); 5) la injerencia en la actividad sindical (artículos 196, 2), a) y b), 190, 1), d)-e) y g), 192, 229, 291 y 299); 6) la injerencia en las elecciones sindicales (artículo 180, 1), a), leído conjuntamente con el artículo 196, 2), d), y artículos 180, b), y 317, 4), d)); 7) la injerencia en el derecho a elaborar constituciones libremente (artículos 179, 1) y 188) (además, parece haber discrepancia, ya que el artículo 188 otorga al DoL la facultad de registrar y, en determinadas circunstancias, de negarse a registrar cualquier modificación en la constitución de un sindicato y en su consejo ejecutivo, mientras que la regla 174 del BLR se refiere únicamente a la notificación de dichos cambios al DoL, que expedirá un nuevo certificado); 8) las restricciones excesivas al derecho de huelga (artículos 211, 1), 3) y 4), y 227, c)) acompañadas de sanciones severas (artículos 196, 2), e), 291, 2)-3) y 294-296), y 9) los derechos preferenciales excesivos para los agentes de negociación colectiva (artículos 202, 24), c) y e), y 204). Al tiempo que toma nota además de que las modificaciones propuestas reducirían por la mitad la pena de prisión máxima que puede imponerse a los trabajadores por una serie de violaciones — prácticas laborales desleales, instigación y participación en una huelga ilegal o en una huelga de brazos caídos, y participación en actividades de sindicatos no registrados (artículos 291, 2)-3), 294-296 y 299) — la Comisión recuerda que ha venido pidiendo al Gobierno que elimine dichas sanciones de la BLA y que permita que el sistema penal aborde cualquier posible acto delictivo. La Comisión toma nota asimismo de que la modificación propuesta al artículo 210, 10)-12), que permitiría al conciliador remitir un conflicto laboral a un árbitro aun cuando las partes no estén de acuerdo, podría traducirse en un arbitraje obligatorio contrario al Convenio. En vista de lo anterior y recordando las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para seguir revisando y modificando las disposiciones pertinentes de la BLA con el fin de garantizar que toda restricción al ejercicio del derecho de libertad sindical esté en conformidad con el Convenio. La Comisión espera firmemente en que el Gobierno podrá notificar progresos al respecto en un futuro próximo.

Reglamento del Trabajo de Bangladesh. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que revisara las siguientes disposiciones del BLR, a fin de garantizar que las organizaciones de trabajadores no vean restringido ni sujeto a injerencia el ejercicio de sus actividades y la gestión de sus asuntos internos, que las prácticas laborales desleales se eviten efectivamente, y que todos los trabajadores, sin distinción alguna, puedan participar en la elección de sus representantes: la regla 188 (participación del empleador en la constitución de comités de elección que llevan a cabo la elección de representantes de los trabajadores para los comités de participación en ausencia de un sindicato); la regla 190 (prohibición a ciertas categorías de trabajadores de elegir a representantes de los trabajadores para los comités de participación); la regla 202 (restricciones generales a las medidas adoptadas por los sindicatos y comités de participación); la regla 350 (amplios poderes de inspección del DoL); falta de disposiciones que prevean procedimientos y medidas de reparación apropiados para quejas de prácticas laborales desleales, así como el posible impacto de la regla 169, 4), que reserva a los trabajadores permanentes el derecho a ser elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo Sindical y limita el derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, dado que la BLA está revisándose, tal vez sea necesario asimismo introducir nuevas modificaciones al BLR. La Comisión acoge con agrado la indicación del Gobierno de que se han adoptado recientemente procedimientos operativos normalizados sobre las prácticas laborales desleales y la discriminación antisindical con miras a facilitar la gestión e investigación transparentes de dichas alegaciones, y de que el resultado de la investigación está disponible en una base de datos de acceso público (este punto se examina con más detenimiento en los comentarios de la Comisión referentes al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)). La Comisión toma nota asimismo de que, tal como indica la CSI, la regla 2 contiene una amplia definición del personal directivo y administrativo que está excluido de la BLA; la regla 85, cláusula IV, subregla 1, h), prohíbe a los miembros del Comité de Seguridad iniciar un conflicto laboral o participar en el mismo, y la regla 204 determina que sólo los trabajadores que pagan una suscripción pueden participar en una votación para convocar una huelga, mientras que el artículo 211, 1), de la BLA hace referencia a los sindicalistas. A este respecto, la Comisión recuerda que los derechos consagrados en el Convenio se otorgan a todos los trabajadores, sin distinción o discriminación alguna, incluido el personal directivo y administrativo, y que los asuntos de administración interna deberían quedar a discreción de los miembros del sindicato sin intervención alguna por las autoridades públicas. A falta de cambios en las disposiciones mencionadas y recordando que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que garantizara que el Reglamento del Trabajo de Bangladesh (BLR) se ponga en conformidad con el Convenio, la Comisión reitera su petición anterior y espera que, durante el proceso de revisión del BLR, en el que deberían participar los interlocutores sociales, se tomen debidamente en consideración sus comentarios.

Derecho de sindicación en las zonas francas de exportación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que revisara el proyecto de ley del trabajo en las ZFE, con el fin de garantizar la igualdad de derechos de libertad sindical a todos los trabajadores y de incluir las ZFE dentro del ámbito de competencia de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Parlamento recordó que el proyecto de ley del trabajo en las ZFE debía revisarse para ponerlo en conformidad con los convenios fundamentales de la OIT, y de que la Autoridad de las Zonas Francas de Exportación de Bangladesh (BEPZA) (autoridad de la zona) había llevado a cabo una serie de reuniones, a raíz de las cuales se reformularon los capítulos IX, X y XV mediante consultas tripartitas sobre la base de las observaciones de la OIT y de los comentarios de los agentes de negociación colectiva y los inversores. El Gobierno indica asimismo que algunas modificaciones solicitadas no se tomaron en consideración debido a las preocupaciones expresadas por los trabajadores e informa de que: i) tanto los trabajadores como los inversores están de acuerdo en que, para asegurar unas relaciones laborales armoniosas en las ZFE, debería constituirse una única Asociación para el Bienestar de los Trabajadores (WWA) dentro de una empresa — en noviembre de 2017, se habían constituido WWA, las cuales eran activas en el 74 por ciento de las empresas que cumplían los requisitos; ii) se incorporará en la Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación reformulada una disposición que permitirá la constitución de organizaciones de más alto nivel a través de la afiliación de las WWA en una zona, si bien ninguna WWA ha expresado interés a este respecto y aunque no se ha considerado que esta mayor afiliación sea efectiva en la práctica; iii) con el fin de evitar cualquier disturbio en relación con las prestaciones de que gozan los trabajadores, que varían de una empresa a otra, las actividades de las WWA deberían mantenerse dentro del límite territorial de la empresa; iv) tanto los trabajadores como los inversores consideraron necesario incluir una disposición en la ley que permita a la BEPZA autorizar fondos provenientes de fuera de la zona, con el fin de evitar la financiación de actividades ilícitas y subversivas, si bien nunca se deniegan los fondos provenientes de cualquier fuente legal en beneficio de los trabajadores; v) dado que una WWA es el agente de negociación colectiva para toda la unidad industrial en la que fue creada, la elección de su consejo ejecutivo está abierta a todos los trabajadores, y no sólo a los miembros de las WWA; vi) aunque los empleadores y los inversores en las ZFE no tengan interés en constituir organizaciones de más alto nivel, se permite que sus asociaciones lo hagan a través de la afiliación entre ellas; vii) la BEPZA elaboró su propio mecanismo de inspección del trabajo, que es efectivo, transparente, responsable y ampliable, y también puede ayudar a los trabajadores y empleadores a resolver los conflictos a través del Método alternativo de resolución de conflictos (ADR); viii) por medio de cambios estructurales masivos, el sistema administrativo de las ZFE se ha puesto en consonancia con la BLA y, de una manera similar a la del Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE), un Secretario Adicional del Gobierno será el Inspector General; ix) los programas de formación pueden organizarse para que el DIFE y la BEPZA intercambien información y conocimientos técnicos, y x) tanto los trabajadores como los inversores están satisfechos con el sistema de inspección y administración de las ZFE existente, y consideran que la participación de otra autoridad podría plantear problemas administrativos dobles, crear confusión entre las partes, e incluso provocar disturbios (234 WWA y 335 inspectores formularon sus observaciones por escrito sobre la imposición de la inspección distinta de la llevada a cabo por la BEPZA). La Comisión saluda los esfuerzos del Gobierno a fin de armonizar el proyecto de ley del trabajo en las ZFE con la BLA, y toma nota de algunas de las enmiendas propuestas, incluida la simplificación de la constitución y registro de las WWA, también mediante la derogación del artículo 96, 2) y 3), que establece un requisito de referéndum excesivo para constituir una WWA; la derogación del artículo 98 que prohíbe celebrar un nuevo referéndum para constituir una WWA durante un año tras haber fracasado un referéndum; la derogación de los artículos 99, 2) y 101, que autorizan a la BEPZA a constituir una comisión para redactar y aprobar la constitución de una WWA, y la derogación del artículo 115, 1), que permite la anulación del registro de una WWA a petición del 30 por ciento de los trabajadores con derecho a voto, aunque no sean miembros de la asociación, y del artículo 115, 5), que prohíbe la constitución de una nueva asociación en el plazo de un año tras dicha anulación del registro. La Comisión saluda además la indicación del Gobierno de que una disposición que prevea la constitución de organizaciones de más alto nivel dentro de una zona se incorporará a la Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación reformulada. Sin embargo, la Comisión recuerda que, a fin de garantizar la plena conformidad con el Convenio, también es necesario permitir que las asociaciones se afilien más allá de la zona y que interactúen con actores fuera de su zona y empresa. La Comisión alienta además al Gobierno de añadir ello a la lista de enmiendas propuestas (el artículo 102, 2), del proyecto de ley del trabajo en las ZFE restringe actualmente las actividades de las WWA a los límites territoriales de la empresa, por lo que prohíbe cualquier relación con actores fuera de la empresa, también con fines de formación o comunicación, y el artículo 102, 4), prohíbe la asociación o afiliación con otra WWA en la misma zona, otra zona o más allá de la zona, y constituir así organizaciones de más alto nivel).

La Comisión lamenta, adicionalmente, que muchos cambios solicitados por la Comisión sigan sin ser abordados por las modificaciones propuestas y subraya la necesidad de seguir revisando el proyecto de ley del trabajo en las ZFE de 2016 a fin de asegurar su conformidad con el Convenio en lo que respecta a los siguientes temas: 1) el ámbito de aplicación de la ley — determinadas categorías de trabajadores (trabajadores con cargos directivos o de supervisión — artículo 2, 49)) siguen estando excluidas de la ley, o del capítulo IX relativo a las WWA (miembros del personal de guardia y de seguridad, chóferes, asistentes confidenciales, asistentes para la codificación, trabajadores ocasionales, trabajadores empleados por contratistas para la cocina y la preparación de comidas, y trabajadores empleados en cargos administrativos — artículo 93)); 2) un requisito excesivo de afiliación mínima para crear una WWA — el 30 por ciento de los trabajadores con derecho a voto de la unidad industrial deben solicitar la constitución de una WWA (artículos 94, 2), y 97, 5)); 3) la imposición del monopolio sindical a nivel de empresa y de unidad industrial (artículos 94, 6), 97, 5), párrafo 2, 6) y 7), 100 y 101); 4) los requisitos detallados en lo que respecta al contenido de la constitución de una WWA que van más allá de lo formal, por lo que pueden obstaculizar el libre establecimiento de las WWA e injerir en el derecho a elaborar constituciones libremente (artículo 96, 2), e), f) y p)); 5) la definición limitativa de las principales funciones de los miembros de las WWA (artículo 102, 3)); 6) la prohibición de funcionar sin registro y de recabar fondos para dicha asociación (artículo 111); 7) la injerencia en los asuntos internos prohibiendo la expulsión de ciertos trabajadores de una WWA (artículo 146); 8) los amplios poderes y la injerencia de la BEPZA en los asuntos sindicales internos mediante la autorización de fondos de una fuente externa (artículo 96, 3)), la aprobación de cualquier modificación de la constitución y del consejo ejecutivo de una WWA (artículo 99), la organización de elecciones para el consejo ejecutivo de las WWA (artículo 103, 1)) y su aprobación (artículo 104), la determinación de la legitimidad de cualquier WWA y su capacidad para actuar como agente de negociación colectiva (artículo 175, c)) y la supervisión de cualquier elección de una WWA (artículo 185, 1)); 9) la injerencia en la elección de los dirigentes a través de la apertura obligatoria de la elección de los miembros del consejo ejecutivo a todos los trabajadores, y no sólo a los miembros de la WWA (artículo 103, 2)); 10) sólo los trabajadores empleados durante un período específico de tiempo en la empresa pueden elegir y ser elegidos para el consejo ejecutivo (artículo 103, 5), b)-d)); 11) las restricciones impuestas al derecho de los trabajadores a ser elegidos para el consejo ejecutivo (artículo 107); 12) la prohibición de organizar elecciones para el consejo ejecutivo durante el período de un año, si una elección anterior no logró que menos de la mitad de los trabajadores con derecho a voto emitieran un voto (artículo 103, 2)); 13) la determinación legislativa del mandato del consejo ejecutivo (artículo 105); 14) la amplia definición de las prácticas laborales desleales, que también incluyen la participación en cualquier actividad de la WWA sin autorización del empleador, y la imposición de sanciones penales por su violación (artículos 115, 1), 115, 2), a) y f), 150, 2) y 3)); 15) el requisito excesivo de notificar un preaviso de huelga (consentimiento de tres cuartas partes de los miembros del consejo ejecutivo — artículo 126, 2)); 16) la facultad del conciliador designado por la BEPZA para determinar la validez de un preaviso de huelga, sin el cual no puede tener lugar una huelga lícita (artículo 127, 2)); 17) la posibilidad de prohibir una huelga o un cierre después de 30 días o en cualquier momento si la continuación de la huelga o del cierre socava enormemente la productividad en la zona o es perjudicial para el interés público o la economía nacional (artículo 130, 3) y 4)); 18) la posibilidad de remisión unilateral de un conflicto al Tribunal del Trabajo de la ZFE, lo que podría traducirse en el arbitraje obligatorio (artículos 130, 3)-5) y 143); 19) la prohibición de huelga o de cierre durante tres años en una empresa recientemente establecida y la imposición del arbitraje obligatorio (artículo 130, 9)); 20) la posibilidad de contratar a trabajadores temporales durante una huelga lícita en los casos en que el presidente ejecutivo de la BEPZA estime que el cese absoluto del trabajo probablemente cause graves daños a la maquinaria o a las instalaciones de la industria (artículo 114, 1), g)); 21) las sanciones excesivas, incluida la pena de prisión, por la organización de huelgas ilícitas (artículos 154 y 155); 22) la prohibición de actividades que no entren dentro de los objetivos y fines de la asociación especificados en su constitución, y la prohibición de forjar o mantener cualquier vínculo con un partido político o una organización no gubernamental, así como la posible cancelación de dicha asociación y la prohibición de constituir una WWA en el plazo de un año tras dichas cancelaciones (artículo 173, 1)-3)); 23) la cancelación de una WWA por motivos que no parezcan justificar la gravedad de la sanción (artículos 109, 1), c)–h), 173, 3)); 24) la facultad del Gobierno de excluir a cualquier propietario, grupo de propietarios, empresa o trabajador de cualquier disposición de la ley que haga del Estado de derecho un derecho discrecional (artículo 179); 25) los requisitos excesivos para constituir una asociación de empleadores (artículo 113, 1)); 26) la prohibición de una asociación de empleadores de asociarse o afiliarse de cualquier manera con otra asociación (artículo 113, 2)), y 27) la facultad excesiva de injerencia en los asuntos de las asociaciones de empleadores (artículo 113, 3)). La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 198 prevé la posibilidad de que la BEPZA, con la autorización del Gobierno, establezca reglamentos, lo que podría limitar más aún el derecho de los trabajadores y de sus organizaciones a realizar actividades sindicales legítimas sin injerencia. La Comisión recuerda asimismo sus comentarios anteriores de que el capítulo XIV (anteriormente el capítulo XV) sobre la administración y la inspección del trabajo es contrario al concepto de una autoridad pública independiente para aplicar las leyes de una manera justa. Por último, la Comisión toma nota de que, aunque según la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, la administración y la inspección de fábricas en las ZFE entrarían dentro del ámbito de aplicación de la BLA, la información proporcionada en la memoria del Gobierno indica que, no obstante los cambios estructurales introducidos, la administración y la inspección en las ZFE seguirán siendo independientes de las previstas en la BLA. Observando que un número considerable de disposiciones tendrían que derogarse o modificarse sustancialmente para asegurar la compatibilidad del proyecto de ley del trabajo en las ZFE con el Convenio, y recordando las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, la Comisión pide al Gobierno que continúe examinando el proyecto de ley del trabajo en las ZFE, en consulta con los interlocutores sociales, con el fin de abordar todas las cuestiones subrayadas anteriormente, y que incluya las ZFE dentro del ámbito de aplicación del Ministerio del Trabajo y de la Inspección del Trabajo.

La Comisión recuerda una vez más la gran importancia que concede a la libertad sindical como derecho humano fundamental, haciendo posible el ejercicio de otros derechos. En vista del compromiso del Gobierno de defender el derecho de libertad sindical de los trabajadores, así como su derecho de huelga para hacer realidad sus exigencias, expresado en la Comisión de la Conferencia, la Comisión expresa su firme esperanza en que se realizarán grandes progresos en un futuro próximo para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio.

Tomando nota de la petición del Gobierno de asistencia adicional con miras a fortalecer su capacidad para mejorar las relaciones laborales a nivel de empresa e impartir formación para los dirigentes encargados de las relaciones laborales en las ZFE y los consejeros/inspectores, la Comisión espera que la Oficina siga prestando todo el apoyo técnico necesario a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, relativas a las cuestiones abordadas a continuación, y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota asimismo de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones de la CSI de 2015 y 2016 presentadas en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y de la información proporcionada a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2017 al examinar el caso individual de Bangladesh en relación con el Convenio núm. 87, en la medida en que abordan cuestiones que quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera impartiendo formación y fortaleciendo las capacidades de los funcionarios del trabajo con el fin de desarrollar su capacidad para investigar las alegaciones de discriminación antisindical, y que comunicara estadísticas detalladas sobre el número de quejas presentadas, el seguimiento dado a las mismas en la inspección del trabajo y las sanciones impuestas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) de 2013 a 2017, se presentaron 112 quejas al Director Adjunto del Trabajo (JDL), de las cuales 103 se resolvieron (39 causas penales presentadas y 64 quejas resueltas amistosamente) y nueve estaban siendo objeto de investigación (en 2016, los 71 casos se habían resuelto, por lo que la tasa de casos resueltos había sido del 100 por ciento); ii) con el fin de dar a conocer ampliamente el proceso y de hacerlo más transparente, se ha creado una base de datos en línea en el sitio web de la Dirección de Trabajo (DoL) que contiene actualmente información sobre el estado de 76 casos de discriminación antisindical o de prácticas laborales desleales (51 casos resueltos y 25 en curso); iii) la base de datos contendrá información detallada sobre la evolución de la queja, incluido el tiempo que se tardó en resolver un caso, las medidas correctivas impuestas, el número de casos de reinserción con o sin el pago retroactivo de salarios, el número de resoluciones aceptadas por los empleadores frente al porcentaje de resoluciones apeladas judicialmente, el tiempo que duraron los procedimientos judiciales, el porcentaje de casos en los que los recursos de apelación de los empleadores prosperaron, y las sanciones impuestas en última instancia; iv) se han adoptado recientemente procedimientos operativos estándar para la discriminación antisindical y las prácticas laborales desleales con miras a facilitar y acelerar la gestión e investigación de dichas alegaciones de una manera transparente, siguiendo un procedimiento uniforme, y dichos procedimientos se llevarán a cabo a título experimental en 500 empresas, y v) el Gobierno ha iniciado la modernización de la DoL para convertirlo en un departamento, lo cual dará lugar a que el número de trabajadores se incremente de 712 a 921. La Comisión toma nota asimismo de la información detallada proporcionada por el Gobierno sobre el tipo y número de actividades de formación y de fortalecimiento de las capacidades proporcionadas a los funcionarios del trabajo, magistrados, abogados, trabajadores y empleadores sobre asuntos pertinentes para el Convenio, y acoge con agrado, en particular, las actividades de formación especializadas y regulares llevadas a cabo con objeto de desarrollar la capacidad de los funcionarios del trabajo para investigar las alegaciones de discriminación antisindical y las prácticas laborales desleales, de elaborar un sistema creíble, eficiente y transparente de arbitraje y conciliación, y de facilitar unas relaciones efectivas entre la dirección y los trabajadores, la negociación colectiva y la resolución rápida y eficiente de los conflictos laborales. La Comisión toma nota asimismo del establecimiento previsto de un centro de recursos para los trabajadores, que actuará como centro para la excelencia orientado a la formación y sensibilización de los funcionarios del trabajo, los trabajadores y los empleadores acerca de la conciliación, la discriminación antisindical y las prácticas laborales desleales. Tomando nota con interés de la elaboración de los procedimientos operativos estándar y de la creación de una base de datos de acceso público sobre la discriminación antisindical, así como de las actividades de formación en curso orientadas a los funcionarios del trabajo y del incremento previsto del personal de la DoL, la Comisión confía en que todas estas medidas contribuyan a la tramitación rápida, eficiente y transparente de las quejas de discriminación antisindical.

Al tiempo que toma nota de la información proporcionada sobre el número de quejas presentadas al JDL, la Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado la información solicitada anteriormente por la Comisión en relación con la tramitación de las quejas de discriminación antisindical y su seguimiento en la inspección del trabajo (por ejemplo, el tiempo que se tardó en resolver los conflictos, las medidas correctivas impuestas, incluido el número de casos de reinserción, el número de resoluciones aceptadas por los empleadores frente al porcentaje de resoluciones apeladas judicialmente, el tiempo que duraron los procedimientos judiciales, el porcentaje de casos en los que las apelaciones de los empleadores prosperaron, y las sanciones impuestas en última instancia), pero toma nota de que estos elementos están enumerados explícitamente en los procedimientos operativos estándar y, de conformidad con el Gobierno, forman parte de la base de datos en línea. La Comisión pide al Gobierno una vez más que proporcione estadísticas detalladas sobre el número de quejas de discriminación antisindical recibidas por las autoridades competentes y su seguimiento, incluidos todos los elementos mencionados anteriormente, con el fin de demostrar la efectividad de los procedimientos operativos estándar con respecto a las quejas de discriminación antisindical y las prácticas laborales desleales. Observando además que las sanciones previstas para las prácticas laborales desleales y los actos de discriminación antisindical no son suficientemente disuasorias (una multa de un máximo de 1 000 takas BDT, que equivale a 120 dólares de los Estados Unidos — artículo 291, 1), de la Ley del Trabajo (BLA)), la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, previa consulta con los interlocutores sociales, para aumentar las sanciones previstas para dichos actos, con el fin de asegurar su carácter suficientemente disuasorio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique los resultados de las 39 quejas mencionadas que dieron lugar a las causas penales.

En su comentario anterior relacionado con el Convenio núm. 87, la Comisión había pedido al Gobierno que siguiera proporcionando información sobre la línea telefónica de ayuda para la presentación de quejas relacionadas con el trabajo contra el sector de la confección textil de la zona de Ashulia y su expansión a otros sectores industriales y zonas geográficas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en septiembre de 2017, se recibieron un total de 2 068 quejas (en su mayoría relativas a las cuestiones de los salarios, los pagos atrasados y la terminación de la relación de trabajo) de los trabajadores del sector de la confección textil de la zona de Ashulia, de las cuales 501 se resolvieron. El Gobierno indica que el Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) ya está tramitando quejas provenientes de otras zonas geográficas y sectores industriales, que una vez adquirida la experiencia suficiente, el modelo se ampliará formalmente, y que se está elaborando asimismo un sistema para conceder prioridad a los conflictos laborales, registrarlos y remitirlos a la autoridad competente, y para actualizar las estadísticas a fin de mejorar la transparencia y gobernanza al tramitar las quejas. Tomando debidamente en consideración esta información, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información actualizada sobre el funcionamiento de la línea telefónica de ayuda, incluido el número de alegaciones presentadas y la naturaleza de las mismas, la naturaleza del seguimiento de las llamadas, incluyendo las medidas tomadas para prevenir represalias contra los usuarios de los servicios antes mencionados y preservar el anonimato, el número y la naturaleza de las investigaciones emprendidas y los resultados de estas últimas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que aclare el estado de las 1 567 quejas que aún no se han resuelto.

La Comisión recuerda asimismo que la Comisión de la Conferencia había pedido al Gobierno que siguiera investigando, sin dilación, todos los presuntos actos de discriminación antisindical, incluyendo la zona de Ashulia, que asegurara la reinserción de los trabajadores despedidos ilícitamente, y que impusiera sanciones, incluidas penales, de conformidad con la ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) las fuerzas de seguridad están habilitadas para detener a cualquier persona considerada involucrada en un disturbio y para solicitar reparación a través de los tribunales, lo cual puede traducirse a la detención de una persona; ii) el empleador puede poner fin a la relación de trabajo de un trabajador si lo considera apropiado siguiendo los procedimientos legales, y iii) todas las personas arrestadas tras el incidente de Ashulia fueron puestas en libertad bajo fianza, se resolvieron 8 de 11 casos tras llevarse a cabo investigaciones y están investigándose los tres casos restantes. La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno sobre la función que desempeña el Consejo Consultivo Tripartito del Sector de la Confección Textil (RMG TCC) en la investigación de alegaciones de violencia antisindical y discriminación en dos fábricas de prendas de vestir en Chittagong, en particular de que una comisión de investigación tripartita compuesta de cinco miembros entrevistó a las partes interesadas, examinó los documentos pertinentes y preparó un informe final, y de que la situación en la fábrica de prendas de vestir en cuestión es tranquila actualmente. La Comisión observa asimismo que, según la CSI, persisten cargos penales sin fundamento contra los trabajadores por su participación en el incidente de Ashulia, y existen pocas perspectivas de reinserción de los trabajadores no cubiertos por el acuerdo concluido tras el incidente entre el Gobierno e IndustriALL. La CSI también expresa preocupación por los actos ilícitos y violentos de larga data, incluidos los despidos ilícitos de los dirigentes sindicales, en el grupo textil de Chittagong, y alega que la comisión de investigación establecida por el RMG TCC, a pesar de ser tripartita, mostraba graves deficiencias e irregularidades, y se inclinaba por la dirección, en su proceso de investigación y en el informe final. La Comisión recuerda a este respecto que el Comité de Libertad Sindical también se enfrentó a alegaciones de represalias antisindicales sistemáticas (véase el 382.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 3203, párrafos 170 y 171). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se concluya sin dilación cualquier procedimiento pendiente en relación con el incidente de Ashulia y que se reinserte a todos los trabajadores despedidos por motivos antisindicales, si lo desean. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto. Confía en que cualquier futura investigación de alegaciones concretas de discriminación antisindical se llevará a cabo con plena independencia e imparcialidad, y en que el Gobierno seguirá adoptando todas las medidas necesarias para evitar actos reiterados e institucionalizados de discriminación antisindical.

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió asimismo al Gobierno que proporcionara información sobre los resultados de los procedimientos judiciales relativos a los trabajadores despedidos en el sector minero que fueron acusados de realizar actividades sindicales (caso núm. 345/2011). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien el tribunal de primera instancia absolvió a los trabajadores acusados, se interpuso un recurso para la revocación de esta sentencia ante el Tribunal de Distrito de Dinajpur, el cual se estimó, pero los acusados no han comparecido ante el tribunal hasta la fecha. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el resultado del caso una vez se haya dictado la sentencia del Tribunal de Distrito de Dinajpur.

Protección de los trabajadores de las zonas francas de exportación (ZFE) contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que considerara la creación de una base de datos de acceso público que fuera específica de las ZFE, con el fin de hacer más transparente la tramitación de las quejas de discriminación antisindical; que aclarara la función de los consejeros inspectores al abordar dichas quejas; que transmitiera el texto de la circular de la Autoridad de las Zonas Francas de Exportación de Bangladesh (BEPZA) sobre la aplicación del artículo 62, 2), de la Ley sobre las Relaciones de Trabajo y las Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores de las Zonas Francas de Exportación (EWWAIRA), de 2010, y que proporcionara estadísticas sobre el número de quejas de discriminación antisindical presentadas ante las autoridades competentes, sobre el seguimiento de las mismas y sobre las medidas correctivas y sanciones impuestas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) no se han notificado casos de discriminación antisindical en el sector de la confección textil, pero si se hallan pruebas de dichas acciones, se adoptarán las medidas apropiadas; ii) la BEPZA nunca ha despedido a ningún dirigente o miembro de las Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores (WWA) por haber ejercido sus derechos sindicales, los miembros de las WWA están protegidos en virtud del artículo 62, 2), de la EWWAIRA y, con el fin de evitar toda discriminación, la BEPZA lleva a cabo investigaciones neutrales y celebra audiencias personales de los trabajadores afectados, los cuales también tienen plena libertad para presentar una queja ante los tribunales del trabajo de las ZFE o ante el Tribunal de Apelación sobre Asuntos Laborales de las ZFE; iii) los consejeros inspectores participan en la supervisión periódica de las cuestiones de cumplimiento y en la gestión de los conflictos laborales, y actualmente existen 60 consejeros inspectores, tres conciliadores y un grupo de arbitraje para resolver las alegaciones de prácticas laborales desleales; iv) el sistema de inspección del trabajo establecido por la BEPZA es efectivo, transparente, responsable y evolutivo, y ayuda a los trabajadores y a los empleadores a resolver los conflictos a través del método alternativo de resolución de conflictos (ADR); v) a través de cambios estructurales masivos, el sistema de administración de las ZFE se ha puesto en conformidad con la BLA, y tanto los trabajadores como los inversionistas están satisfechos con el sistema de inspección y administración existente, y consideran que la participación de otra autoridad podría plantear problemas administrativos dobles, crear confusión entre las partes, e incluso provocar disturbios, y vi) en mayo de 2017, se presentaron 161 casos ante los tribunales del trabajo de las ZFE y ante el Tribunal de Apelación sobre Asuntos Laborales de las ZFE, 86 de los cuales se han resuelto. Tomando nota de la afirmación del Gobierno de que no se han notificado casos de discriminación antisindical en el sector de la confección textil, pero observando que, con el fin de evitar la discriminación, la BEPZA celebra audiencias de los trabajadores afectados, la Comisión pide al Gobierno que aclare si dichas audiencias se celebran sobre una base preventiva o como seguimiento de las quejas presentadas por los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno una vez más que cree una base de datos en línea para las quejas de discriminación antisindical que sean específicas de las ZFE, a fin de asegurar la plena transparencia del proceso, y que siga proporcionando estadísticas sobre el número de quejas de discriminación antisindical presentadas ante las autoridades competentes, el seguimiento dado a las mismas y las medidas correctivas y sanciones impuestas. La Comisión pide asimismo información detallada sobre si la línea para las quejas de discriminación antisindical es operacional para los trabajadores de las ZFE. Recordando asimismo que, según la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, la administración y la inspección de las fábricas de las ZFE entrarían en el ámbito de aplicación de la BLA, la Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas necesarias para que las ZFE entren en el ámbito de competencia del Ministerio del Trabajo y de la Inspección del Trabajo. La Comisión se ve obligada una vez más a pedir al Gobierno que proporcione una copia de la circular de la BEPZA sobre la aplicación del artículo 62, 2), de la EWWAIRA.

La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que los capítulos IX, X y XV del proyecto de ley del trabajo en las zonas francas de exportación de Bangladesh (Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación) se han redactado nuevamente mediante consultas tripartitas sobre la base de las observaciones de la OIT y de los comentarios formulados por los agentes de la negociación colectiva y los inversionistas, pero observa la necesidad de seguir revisando el proyecto de ley para garantizar su conformidad con el Convenio en lo que respecta a las siguientes cuestiones: categorías específicas de trabajadores (trabajadores con cargos directivos o de supervisión — artículo 2, 49), siguen estando excluidas de la ley, o del capítulo IX relativo a las WWA (miembros del personal de guardia y de seguridad, chóferes, asistentes confidenciales, asistentes para la codificación, trabajadores ocasionales, trabajadores empleados en la cocina o contratistas para la preparación de comidas, y trabajadores empleados en cargos administrativos — artículo 93); la facultad del presidente ejecutivo para determinar la legitimidad de un traslado o de la terminación de la relación de trabajo de un representante de las WWA (artículo 120); no existen medidas concretas para resolver los actos de discriminación antisindical, salvo en el caso de los funcionarios de las WWA contempladas en el artículo 120; multas insuficientemente disuasorias por llevar a cabo prácticas laborales desleales — un máximo de 600 dólares de los Estados Unidos (artículo 150, 1)), y el capítulo XIV (anteriormente el capítulo XV) sobre la administración y la inspección del trabajo es contrario al concepto de una autoridad pública independiente para aplicar las leyes de una manera equitativa. A este respecto, la Comisión hace referencia asimismo a sus comentarios detallados formulados en relación con el Convenio núm. 87. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en el marco de la revisión actual del proyecto de ley del trabajo en las zonas francas de exportación y en consulta con los interlocutores sociales, y que vele por que todos los trabajadores cubiertos por el Convenio estén protegidos de manera adecuada contra los actos de discriminación antisindical, también a través del recurso a una autoridad independiente, de acciones correctivas adecuadas y de sanciones suficientemente disuasorias.

Artículos 2 y 3.  Falta de protección legislativa contra actos de injerencia. Durante varios años, la Comisión ha pedido al Gobierno, en consulta con los interlocutores sociales, que revise la BLA, con el fin de incluir la protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia cometidos por los empleadores o las organizaciones de empleadores, que abarcarían asimismo el control financiero de los sindicatos o de los dirigentes sindicales y los actos de injerencia en los asuntos internos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la reforma legislativa es un proceso continuo que debe tener en cuenta las impresiones de las partes interesadas y el contexto socioeconómico en continua evolución del país. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que se ha establecido recientemente una comisión técnica tripartita con el fin de proponer y detectar ámbitos de mejora de la BLA y de que, tras varias reuniones, se ha preparado un proyecto inicial de la BLA. El Gobierno indica que, en noviembre de 2017, otra comisión tripartita constituida por el Ministerio Federal de Trabajo y Empleo (MOLE) para modificar la BLA preparó un informe que contenía recomendaciones sobre cómo abordar las observaciones pendientes de la OIT. Al tiempo que acoge con agrado estas iniciativas de revisar la BLA, la Comisión lamenta que las enmiendas propuestas no respondan a las preocupaciones de larga data de la Comisión en lo que respecta a la protección integral contra actos de injerencia y que, por consiguiente, la protección a este respecto siga siendo limitada: el artículo 202, 13), de la BLA prohíbe la injerencia del empleador en la celebración de elecciones para nombrar un agente de negociación colectiva, y la regla núm. 187, 2), del Reglamento del Trabajo de Bangladesh (BLR) prohíbe la injerencia de los comités de participación en las elecciones de representantes de los trabajadores, pero estas disposiciones no pueden cubrir todos los actos de injerencia prohibidos en virtud del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que, en la revisión en curso de la BLA, se preste la debida atención a la necesidad de disposiciones explícitas que concedan plena protección contra actos de injerencia, a fin de asegurar que las organizaciones de trabajadores y de empleadores estén protegidas efectivamente contra los actos de injerencia tanto en la legislación como en la práctica. La Comisión confía en que se consulte plenamente a los interlocutores sociales en este proceso, y en que el Gobierno pueda notificar próximamente los progresos realizados a este respecto.

Falta de protección legislativa contra actos de injerencia en las ZFE. En su comentario anterior, al haber observado que ni la EWWAIRA ni la Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación contenían una protección integral contra los actos de injerencia en los asuntos internos de los sindicatos, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para revisar la legislación pertinente a este respecto. La Comisión acoge con agrado la iniciativa mencionada de revisar la Ley del Trabajo en las Zonas Francas de Exportación, y toma nota de que, si bien el proyecto contiene ciertas disposiciones que prohíben la injerencia por las organizaciones de trabajadores y de empleadores en los asuntos internos respectivos (artículos 114, 1), f), y 115, 3)), no cubren todos los actos de injerencia prohibidos en virtud del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para seguir revisando la legislación pertinente, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de asegurar la protección integral contra todos los actos de injerencia por las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el establecimiento, funcionamiento o administración, incluidos los actos concebidos para promover la constitución de organizaciones de trabajadores que estén bajo el dominio de un empleador; para apoyar las organizaciones de trabajadores por medios financieros o de otro tipo con objeto de someterlas al control del empleador o de una organización de empleadores; para ejercer presión a favor o en contra de cualquier organización de trabajadores, etc.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación en la práctica del artículo 202A, 1), de la BLA, que permite a los agentes de negociación colectiva y a los empleadores ponerse en contacto con expertos para solicitar asistencia en materia de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera simplemente el contenido de la disposición sin proporcionar ninguna información sobre su aplicación en la práctica. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que indique una vez más si, y cómo, el artículo 202A, 1), de la BLA, se ha utilizado en la práctica en el contexto de la negociación colectiva.

La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las preocupaciones expresadas anteriormente por la Comisión con respecto al posible menoscabo de los sindicatos por los comités de participación, en particular, que el artículo 205, 6), a), de la BLA, fue adoptado para atender los intereses de los trabajadores en un establecimiento en el que no existe un sindicato, por lo que su función es mejorar el bienestar de los trabajadores, y no remplazar sindicatos; que, con arreglo a la modificación propuesta al artículo 205, de la BLA, no será necesario constituir un comité de participación allí donde exista un sindicato, y que si una alegación concreta de los comités de participación que debilite a los sindicatos se señala a la atención del Gobierno, será necesario adoptar las medidas necesarias para remediar la situación.

La Comisión observa asimismo que, según la CSI, la regla núm. 4, 4), del BLR, confiere al inspector general total discreción para decidir el resultado de las reglas de servicio y para determinar su conformidad con la ley, mientras que dichas reglas suelen ser objeto de negociación colectiva en las empresas que cuentan con sindicatos, y que, según la regla núm. 202, que prohíbe ciertas actividades sindicales, está redactada de una manera tan general que incide en el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, ya que cualquier negociación de los salarios, la contratación y los traslados podrían constituir una acción prohibida. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de la regla núm. 202 en la práctica, en particular, que indique si la negociación colectiva se ha prohibido, suspendido o penalizado como consecuencia de la aplicación de esta disposición, y que garantice que la regla núm. 4, 4), no se utiliza para limitar la negociación colectiva en las empresas en las que existen sindicatos establecidos.

Negociación colectiva de más alto nivel. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que considerara, en consulta con los interlocutores sociales, modificar los artículos 202 y 203, de la BLA, a fin de establecer claramente una base legal para la negociación colectiva a nivel de industria, sectorial y nacional, y que siguiera proporcionando estadísticas sobre el número de convenios colectivos de más alto nivel concluidos, los ámbitos de la industria a los que se aplican y el número de trabajadores cubiertos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que no existe ninguna restricción impuesta a la resolución de conflictos y diferentes problemas a través de la negociación bipartita o de la conciliación a nivel de industria, sectorial y nacional, e indica que, entre septiembre de 2013 y 2016, se concluyeron 41 convenios colectivos. Al tiempo que toma nota de la información comunicada, la Comisión observa que no se han introducido cambios legislativos a las disposiciones pertinentes a pesar de la revisión en curso de la BLA, y pide al Gobierno una vez más que considere, en consulta con los interlocutores sociales, modificar los artículos 202 y 203, de la BLA, a fin de establecer claramente una base legal para la negociación colectiva a nivel de industria, sectorial y nacional. Observando además que la información suministrada por el Gobierno no contiene ciertos elementos solicitados anteriormente, la Comisión pide al Gobierno que siga facilitando estadísticas sobre el número de convenios colectivos de más alto nivel concluidos (a nivel sectorial y nacional), los ámbitos de la industria a los que se aplican y el número de trabajadores cubiertos).

Determinación de los agentes de negociación colectiva. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, cuando exista más de un sindicato en una empresa, se elegirá un agente de negociación colectiva, previa solicitud de un sindicato o del empleador, mediante voto secreto, y de que el sindicato que obtenga el mayor número de votos será declarado como el agente de negociación colectiva, a condición de que obtenga los votos de al menos un tercio del número total de trabajadores empleados en el establecimiento (artículo 202, 15), de la BLA). La Comisión había recordado que dichos requisitos en materia de porcentajes para el reconocimiento de un agente de negociación colectiva podrían socavar en algunos casos, en particular en las grandes empresas, el desarrollo de la negociación colectiva libre y voluntaria, pero había tomado nota de la indicación del Gobierno de que se había revocado el requisito del porcentaje. La Comisión observa, sin embargo, que el artículo 202, 15), sigue previendo que un sindicato no podrá convertirse en un agente de negociación colectiva salvo que obtenga los votos de al menos un tercio del número total de trabajadores empleados en el establecimiento. La Comisión pide por tanto al Gobierno que aclare los requisitos exactos que debe cumplir un sindicato para convertirse en agente de negociación colectiva y recuerda que si, en un sistema que prevea el nombramiento de un agente de negociación exclusivo, no existe un sindicato que represente el porcentaje requerido para ser nombrado agente de negociación colectiva, los sindicatos deberían poder negociar colectivamente, al menos en nombre de sus propios miembros.

Arbitraje obligatorio. La Comisión observa que, según las enmiendas propuestas al artículo 210, 10) a 12), de la BLA, si un conflicto laboral no se resuelve a través de la conciliación, el conciliador deberá remitir la disputa a un árbitro, cuyo fallo será final y sin posibilidad de apelación. La Comisión recuerda a este respecto que la imposición de arbitraje con efectos obligatorios en los casos en que las partes no hayan alcanzado un acuerdo es una de las formas más radicales de intervención por las autoridades en la negociación colectiva y contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, que tiene por objeto promover la negociación colectiva libre y voluntaria. El arbitraje con efectos obligatorios sólo debería ser posible si ambas partes están de acuerdo, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, en los conflictos producidos en la administración pública en los que intervienen los funcionarios empleados en la administración del Estado (artículo 6 del Convenio) o en el caso de crisis nacional o local grave. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que cualquier enmienda propuesta tenga en cuenta las situaciones mencionadas anteriormente.

Promoción de la negociación colectiva en las ZFE. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara ejemplos de convenios colectivos concluidos en las ZFE y que siguiera suministrando estadísticas a este respecto. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en noviembre de 2017, se habían constituido WWA, las cuales eran activas en el 74 por ciento de las empresas que cumplían los requisitos, y de que, en los últimos cuatro años, las WWA habían presentado 411 pliegos de peticiones, que se habían resuelto amistosamente, y se habían firmado acuerdos, lo que demostraba que los trabajadores de las ZFE gozan del derecho de negociación colectiva. Observando asimismo que el artículo 175, c), del proyecto de ley del trabajo en las zonas francas de exportación permite al presidente ejecutivo de la BEPZA determinar la legitimidad de cualquier WWA y su capacidad para actuar como agente de negociación colectiva, la Comisión recuerda que la determinación de agentes de negociación colectiva debería ser llevada a cabo por un órgano que ofrezca todas las garantías de independencia y objetividad. La Comisión recuerda al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que la determinación de los agentes de negociación colectiva en las ZFE incumba a un órgano independiente. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre cualquier caso en el que el presidente ejecutivo de la BEPZA haya rechazado la legitimidad de cualquier WWA y su capacidad para actuar como agente de negociación colectiva. Además, pide al Gobierno que continúe suministrando estadísticas sobre el número de convenios colectivos concluidos en las ZFE y sobre el número de trabajadores cubiertos, así como varios ejemplos de convenios.

Poniendo énfasis en la conveniencia de brindar igual protección a los trabajadores de las ZFE y fuera de las mismas en términos del derecho de sindicación y de negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que siga revisando el proyecto de ley del trabajo en las zonas francas de exportación, en consulta con los interlocutores sociales, con el fin de ponerlo en conformidad con la BLA (revisada en consonancia con los comentarios de la Comisión) y con el Convenio.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la manera en que las organizaciones de funcionarios no empleados en la administración del Estado pueden negociar colectivamente y copias sobre los acuerdos alcanzados. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que en algunas organizaciones del sector público, organismos y corporaciones, se permite a los trabajadores con un rango inferior al de funcionarios que realizan normalmente trabajos no administrativos negociar a través de asociaciones de trabajadores, cuyos representantes electos pueden presentar reclamaciones a la autoridad competente, la cual las evalúa en el contexto socioeconómico del país. Según el Gobierno, este sistema de negociación se ha practicado durante mucho tiempo sin que los trabajadores hayan puesto grandes objeciones, se ha establecido un tribunal de apelación administrativo para resolver los conflictos en la administración pública, y los agraviados pueden apelar asimismo a los tribunales supremos y a las cortes supremas. Observando que, según el Gobierno, la negociación colectiva sólo tiene lugar en algunas organizaciones y organismos del sector público y está permitida únicamente para los funcionarios de más bajo rango, la Comisión recuerda que el reconocimiento del derecho de negociación colectiva es de alcance general y que todos los trabajadores en el sector público y privado deben gozar del mismo, con la posible salvedad de las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios empleados en la administración del Estado. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que aclare qué categorías específicas de trabajadores del sector público pueden negociar colectivamente, y que indique cuáles son los criterios sobre cuya base se otorga este derecho. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para tratar de extender el derecho de negociación colectiva a todos los trabajadores del sector público cubiertos por el Convenio, y que proporcione ejemplos de convenios colectivos concluidos en el sector público.

Barbados

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que brinde sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que además de cubrir los casos de despidos antisindicales, la nueva legislación en materia de derechos en el empleo estableciera una protección adecuada contra todos los actos de discriminación antisindical previstos en el artículo 1 del Convenio, así como sanciones adecuadas y disuasorias a fin de garantizar el derecho de sindicación. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la Ley de Derechos en el Empleo ha sido aprobada por el Parlamento y está en espera de promulgación. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la ley sólo cubre los casos de despidos antisindicales (artículo 27) y limita la protección a los empleados que han trabajado de forma continua durante un período de más de un año. La Comisión recuerda que una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical no debe limitarse a penalizar los despidos por motivos antisindicales, sino que debe cubrir todos los actos de discriminación antisindical (despido, traslado y otros actos perjudiciales) en todas las fases de la relación de trabajo, independientemente de la duración del empleo, e incluso en la fase de contratación. La Comisión reitera sus comentarios anteriores y solicita al Gobierno que modifique la nueva ley para ponerla de conformidad con lo antes mencionado. Solicita al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Además, la Comisión toma nota de que aunque los artículos 33 a 37 de la ley prevén la posibilidad de la reintegración y la readmisión en el puesto de trabajo y de que se conceda una indemnización, el monto máximo de indemnización que puede otorgarse a los empleados que han trabajado durante menos de dos años corresponde al salario de cinco semanas. En función del número de años de trabajo sin interrupción, este monto se aumentará con el salario correspondiente a entre dos semanas y media y tres semanas y media de salario por cada año de ese período (quinto anexo). La Comisión considera que los montos previstos no representan sanciones lo suficientemente disuasorias en relación con los despidos antisindicales. Por consiguiente, solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el quinto anexo de la ley a fin de prever indemnizaciones adecuadas, que constituyan sanciones lo suficientemente disuasorias de los despidos antisindicales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Belice

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1983)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2013. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 3 del Convenio. Arbitraje obligatorio. En su observación anterior la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que en el marco del proceso en curso de revisión de la legislación laboral el Consejo Consultivo de Trabajo (CCT) recomendó que se enmiende el anexo de la Ley de Resolución de Conflictos Laborales en los Servicios Esenciales (SDESA) de 1939, de modo de excluir de la lista de servicios considerados esenciales en el sentido estricto del término, con respecto a los cuales las autoridades pueden someter los conflictos colectivos al arbitraje obligatorio, a prohibir o a poner fin a una huelga: i) la aviación civil y los servicios de seguridad de aeropuertos (AIPOAS); ii) los servicios financieros y monetarios (bancos, el tesoro, el Banco Central de Belice); iii) la autoridad POA (pilotos y servicios de seguridad); iv) el servicio postal; v) el sistema de seguridad social administrado por el Consejo de Seguridad Social, y vi) los servicios de venta, transporte, carga y descarga de petróleo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que el CCT ha concluido sus trabajos y que el Ministerio de Trabajo someterá a la Procuraduría General de la Nación las instrucciones legales correspondientes, incluyendo las opiniones contradictorias que se formularon en el marco de las discusiones tripartitas. La Comisión saluda las iniciativas tripartitas en el tratamiento del proceso de discusión de modificación de la legislación y pide al Gobierno que informe en su próxima memoria sobre toda evolución al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1983)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2013. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2014. Pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que según la CSI se dan casos de discriminación antisindical en el sector de las plantaciones bananeras y en las zonas francas de exportación (ZFE), donde los empleadores no reconocen ningún sindicato. Tomó nota también de que el Gobierno informó que los comentarios se someterían a un Órgano Tripartito establecido en 2008 en virtud de las disposiciones de la ley de sindicatos y organizaciones de empleadores (registro, reconocimiento y estatuto). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que el órgano tripartito se ha venido reuniendo de manera continua y que le fueron sometidos para su examen los alegatos de la CSI. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno informa que los empleadores del sector del banano y de las ZFE no se encuentran al margen de la ley y que aquellos que consideran que sus derechos han sido violados pueden acudir ante el Poder Judicial. Por último, la Comisión toma nota de la creación del Sindicato de los Trabajadores del Sur (SWU) que representa a los trabajadores de la industria del camarón, del banano y del limón y que junto con el Sindicato de Trabajadores de Belice (BWU) han elaborado una estrategia para afiliar a los trabajadores de las ZFE. La Comisión pide al Gobierno que envíe estadísticas sobre el número de actos de discriminación antisindical denunciados ante las autoridades en estos sectores y sobre el resultado de sus decisiones.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para enmendar el artículo 27, 2), de la ley de sindicatos y organizaciones de empleadores (registro, reconocimiento y estatuto), capítulo 304, que dispone que un sindicato puede ser autorizado como agente de negociación si cuenta con el 51 por ciento de los votos, ya que de tal exigencia de mayoría absoluta, pueden surgir problemas, puesto que, cuando no se alcanzara este porcentaje, se denegaría al sindicato mayoritario la posibilidad de negociación. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: i) el Órgano Tripartito y el Consejo Consultivo del Trabajo llevaron a cabo discusiones sobre una posible enmienda a la ley; ii) después de realizar consultas se recomendó por una parte reducir al 20 por ciento el umbral de representatividad sindical requerido para poder llamar a una votación; y por otra parte mantener la aprobación del 51 por ciento de los trabajadores que votan, pero con una tasa de participación que debe ser de por lo menos un 40 por ciento de la unidad de negociación; y iii) el Gobierno y el Congreso Nacional de Sindicatos de Belice (NTUCB) están de acuerdo con la propuesta, pero la Cámara de Comercio de Belice preferiría mantener el statu quo. La Comisión saluda las iniciativas tomadas por el Gobierno para poner la legislación en conformidad con el Convenio y le pide que siga promoviendo el diálogo y que informe en su próxima memoria sobre todo avance al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Botswana

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 31 de agosto de 2017, en las que figuran las declaraciones realizadas por los empleadores ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, Comisión de la Conferencia) de 2017 en relación con el caso individual de Botswana. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que se alegan despidos de trabajadores debido a la realización de una huelga, la represión brutal por parte de la policía de un piquete pacífico organizado en agosto de 2016 y la negativa a permitir que la Federación Botswana de Sindicatos del Sector Público (BOFEPUSU) plantee sus preocupaciones ante el Parlamento en lo que respecta a las enmiendas propuestas que afectan al sector público. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. Si bien toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de 2016 de la Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato de Formadores y Trabajadores Afines (TAWU), la Comisión se ve obligada a solicitar una vez más al Gobierno que también responda a las observaciones realizadas por: i) la CSI en 2016 (alegando el cierre patronal en el sector minero); ii) la CSI y la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU) en 2016 sobre las nuevas enmiendas a la Ley sobre Conflictos Sindicales (TDA); iii) la BFTU en 2016; iv) la CSI en 2014 (alegando violaciones de los derechos sindicales en la práctica); v) el TAWU en 2013 (alegando que el Gobierno favorece a ciertos sindicatos), y vi) la CSI en 2013 (alegando actos de intimidación de trabajadores públicos).

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 en relación con la aplicación del Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: i) adoptara medidas apropiadas para garantizar que la legislación laboral y en materia de empleo reconoce a los trabajadores del servicio penitenciario los derechos garantizados por el Convenio; ii) asegurara que la TDA esté en plena conformidad con el Convenio, y entablara un diálogo social, con más asistencia técnica de la OIT; iii) modificara la Ley de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (TUEO), en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con miras a ponerla en conformidad con el Convenio, y iv) elaborara un plan de acción con plazos establecidos con la colaboración de los interlocutores sociales a fin de aplicar estas conclusiones. La Comisión también instó al Gobierno a seguir recurriendo a la asistencia técnica de la OIT a este respecto y a informar a la Comisión de Expertos, antes de su próxima reunión de noviembre de 2017, sobre los progresos realizados.

La Comisión lamenta que pese a la petición formulada por la Comisión de la Conferencia, no se ha recibido la memoria del Gobierno.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación de los empleados del servicio penitenciario. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió una vez más al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, incluidas las enmiendas legislativas pertinentes, a fin de otorgar al personal del servicio penitenciario todos los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el Gobierno indicó que en Botswana los funcionarios de prisiones son considerados miembros de las fuerzas del orden y son los guardianes de la seguridad pública, y que el Tribunal de Apelación ha reafirmado la constitucionalidad de la exclusión de los funcionarios de prisiones de la cobertura de la TDA y la TUEO; sin embargo, el personal de apoyo y administrativo está cubierto por las leyes antes mencionadas. Si bien toma nota de que a nivel nacional los funcionarios del servicio penitenciario están considerados como «fuerza del orden», la Comisión reitera que la policía, las fuerzas armadas y el servicio penitenciario se encuentran regidos por una legislación distinta, la cual no parece otorgar a los miembros del personal penitenciario el estado jurídico de las fuerzas armadas o de la policía, y hace hincapié en que la excepción establecida en el artículo 9 del Convenio para las fuerzas armadas y la policía tiene que interpretarse de forma restrictiva. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, en el marco de la revisión en curso de la legislación del trabajo, las medidas legislativas necesarias para velar por que los funcionarios de prisiones disfruten del derecho de constituir sindicatos y afiliarse a los mismos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre toda evolución a este respecto.

Artículo 3.  Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que el artículo 46 del nuevo proyecto de ley sobre conflictos sindicales núm. 21 de 2015 enumera una amplia lista de servicios esenciales, y de que en conformidad con el artículo 46, 2), el Ministro puede declarar esencial cualquier otro servicio si su interrupción durante al menos siete días puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o perjudicar la economía. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el proyecto de ley sobre conflictos sindicales a fin de reducir la lista de servicios esenciales en consecuencia. La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el Gobierno señaló que si bien es posible que en algunos países la interrupción de ciertos servicios cause únicamente problemas económicos, esto podría ser desastroso para otros y conducir rápidamente a situaciones que podrían poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población y la estabilidad del país; que la flexibilidad es necesaria para que se tengan en cuenta las circunstancias socioeconómicas del país, y que la lista original de servicios esenciales que figura en la TDA se adoptó hace veinticinco años y se modificó en 2016 en respuesta a los nuevos acontecimientos y a las circunstancias específicas del país. Recordando que los servicios esenciales, en cuyo marco el derecho de huelga puede restringirse, o incluso prohibirse, tal como ocurre en Botswana, deberían ser sólo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población, la Comisión hace hincapié en que, si bien el impacto económico de las acciones colectivas y su efecto sobre el comercio y los intercambios puede ser lamentable, tales consecuencias no convierten de por sí al sector afectado en un servicio «esencial». Por consiguiente, la Comisión considera que ciertos servicios enumerados en el artículo 46, incluidos los servicios de clasificación, tallado y venta de diamantes; los servicios docentes; los servicios de radiodifusión del Gobierno; el Banco de Botswana; los servicios para el funcionamiento y el mantenimiento de los ferrocarriles; los servicios veterinarios del sector público, y los servicios necesarios para el funcionamiento de cualquiera de esos servicios no constituyen servicios esenciales en el estricto sentido del término. Refiriendo al pedido de la Comisión de la Conferencia de asegurar que la TDA esté en plena conformidad con el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar que en la lista que figura en el artículo 46, 1), de la TDA se limite a los servicios esenciales en el estricto sentido del término, y lo invita a que, en lo que respecta a los servicios antes mencionados, examine la posibilidad de negociar o determinar un servicio mínimo en lugar de imponer una prohibición absoluta de las acciones colectivas. La Comisión también toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el Gobierno señaló que se han realizado enmiendas legislativas de conformidad con la sentencia del Tribunal de Apelación sobre la nulidad de las disposiciones legales que otorgan al Ministro la facultad de modificar la lista de servicios esenciales, ya que dicha sentencia establece que incumbe al Parlamento elaborar la lista de servicios esenciales. La Comisión pide al Gobierno que transmita copia de la versión más actualizada del artículo 46, 2), de la Ley sobre Conflictos Sindicales.

La Comisión también había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre los progresos realizados en relación con la enmienda del artículo 48B, 1), de la TUEO que otorga ciertas facilidades (como el acceso a las instalaciones o la representación de los miembros en caso de queja, etc.) sólo a los sindicatos que representen al menos a un tercio de los empleados de una empresa, y el artículo 43 de dicha ley que prevé la inspección de las cuentas, los libros y los documentos de un sindicato por parte del Registrador en «un plazo razonable». La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en la que señaló que: en abril de 2017 se llevaron a cabo varias misiones de la OIT después de que el Gobierno solicitara asistencia técnica; se acordó que la reforma se centrara fundamentalmente en la Ley de Empleo y la TUEO, y que, si bien el diálogo social y la participación de las partes interesadas en este proceso se consideran fundamentales para que tenga éxito, aún no ha surgido la oportunidad de celebrar un debate abierto a este respecto con los interlocutores sociales. La Comisión espera que en el marco de la reforma en curso de la legislación laboral se enmendarán las disposiciones antes mencionadas de la TUEO, en consulta plena y franca con los interlocutores sociales, a fin de ponerlas en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto y que transmita copia de la TUEO enmendada una vez que sea adoptada.

La Comisión también toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el representante gubernamental señaló que tras haberse realizado amplias consultas con los sindicatos de la administración pública, el nuevo proyecto de ley de la administración pública está a punto de publicarse en el Boletín Oficial, lo cual propiciará la realización de otras consultas y más aportaciones y podría conducir a la introducción de nuevas enmiendas antes de su examen por el Parlamento. Habida cuenta de las últimas observaciones de la CSI, la Comisión quiere hacer hincapié en la importancia de llevar a cabo consultas previas y detalladas con los interlocutores sociales pertinentes (incluida la BOFEPUSU) durante la preparación de la legislación que afecta a sus intereses. La Comisión reitera su petición que el Gobierno proporcione copia del proyecto de ley de la administración pública en su forma actual o, según proceda, una vez que se haya adoptado.

La Comisión alienta al Gobierno a seguir beneficiándose de la asistencia técnica de la OIT con respecto a todos los asuntos planteados en el presente comentario.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno a las observaciones de 2016 de la Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato de Formadores y Trabajadores Afines (TAWU). La Comisión toma también nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que se refieren a alegatos de discriminación antisindical y de obstrucción a la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a estas observaciones, así como a las observaciones pendientes formuladas por la Federación de Sindicatos de Botswana (BFTU) en 2016, por la CSI en 2013 y 2014 y por el TAWU en 2013, en las que se alegan violaciones del derecho a la negociación colectiva en la práctica.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión solicitó previamente al Gobierno que modificara el artículo 2 de la Ley sobre Conflictos Sindicales (TDA), el artículo 2 de la Ley sobre Sindicatos y Organizaciones de Empleadores (Ley TUEO) y el artículo 35 de la Ley de Prisiones, que privan a los miembros del personal penitenciario del derecho de sindicación bajo la amenaza de ser despedidos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los miembros del personal penitenciario forman parte de las fuerzas del orden y que las enmiendas a las citadas leyes no alterarían su situación, pero que el personal civil de las prisiones, que se rige por la Ley de la Administración Pública y por la Ley del Empleo, está autorizado a sindicarse, y que 50 de estos trabajadores están afiliados a sindicatos. Por lo que se refiere a la afirmación del Gobierno de que el hecho de que el personal penitenciario forme parte de las fuerzas del orden justifica su exclusión del ámbito de aplicación del Convenio, la Comisión observa que, si bien es cierto que el servicio de prisiones forma parte de las fuerzas del orden de Botswana junto a las fuerzas armadas y la policía (artículo 19, 1), de la Constitución), cada una de estas categorías se rige por una ley distinta — la Ley de Prisiones, la Ley de la Policía y la Ley de las Fuerzas de Defensa de Botswana — y que la Ley de Prisiones no parece otorgar a los miembros de los servicios penitenciarios el estatuto jurídico de las fuerzas armadas o de la policía. La Comisión, por consiguiente, considera que el personal de los servicios penitenciarios no puede considerarse parte de las fuerzas armadas ni de la policía a efectos de las excepciones admisibles en virtud del artículo 5 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno una vez más que adopte las medidas necesarias, incluidas las enmiendas legislativas pertinentes, para conceder a los miembros del personal penitenciario todos los derechos y garantías establecidos por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre cualquier novedad a este respecto.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión examinó anteriormente la preocupación planteada por la CSI respecto al hecho de que los miembros del comité de un sindicato no registrado no se encuentran protegidos contra actos de discriminación antisindical y reiteró la importancia de contar con una legislación que prohíba y sancione específicamente todos los actos de discriminación antisindical tal como establece el artículo 1 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que todos los miembros de los comités sindicales, incluidos los de los sindicatos que no están registrados, disfruten de una protección adecuada contra la discriminación antisindical. Al tiempo que lamenta que el Gobierno no haya suministrado ningún comentario sobre este punto, la Comisión subraya que los derechos fundamentales otorgados por el Convenio a los afiliados o dirigentes de un sindicato, como la protección contra los actos de discriminación antisindical, abarca a todos los trabajadores que deseen constituir un sindicato o afiliarse al mismo. En consecuencia, esta protección no debería depender de la condición de que el sindicato esté registrado o no, incluso si las autoridades consideran que el registro es una simple formalidad. En esas circunstancias, la Comisión reitera su petición anterior.

Artículos 2 y 4.  Protección adecuada contra actos de injerencia y promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos realizados en lo que respecta a: i) la adopción de disposiciones legislativas que garanticen una adecuada protección contra los actos de injerencia de los empleadores o de las organizaciones de empleadores, junto con sanciones efectivas y suficientemente disuasorias; ii) la derogación del artículo 35, 1), b), de la TDA, que autoriza a un empleador o a una organización de empleadores a recurrir al comisionado para retirar el reconocimiento otorgado a un sindicato, con el argumento de que este sindicato se niega a negociar de buena fe con el empleador, y iii) la enmienda del artículo 20, 3), de la TDA (este artículo leído conjuntamente con el artículo 18, 1), a) y e), permite al Tribunal Laboral remitir un conflicto laboral al arbitraje, en particular, cuando una de las partes haya presentado un recurso urgente al Tribunal para que emita un fallo sobre el conflicto), de modo que se garantice que el recurso al arbitraje obligatorio no afecta a la promoción de la negociación colectiva. En este sentido, la Comisión reitera que tan sólo es aceptable el arbitraje obligatorio en relación con los funcionarios empleados por la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), los servicios esenciales en el sentido estricto del término o en caso de crisis nacional grave. La Comisión observa además que un proyecto de ley de la TDA (ley núm. 21 de 2015), está en curso de adopción, pero lamenta que las observaciones de la Comisión no se reflejen en este proyecto de ley y que el Gobierno no haya comunicado ninguna información sobre este punto. La Comisión, en consecuencia, reitera su solicitud al Gobierno y confía en que podrá observar progresos a este respecto en el futuro próximo. La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina si lo estima conveniente.

La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley TUEO, leído juntamente con el artículo 32 de la TDA, el número mínimo de trabajadores establecido para que un empleador reconozca a una organización sindical es de un tercio del total de la fuerza de trabajo considerada. En consecuencia, pidió al Gobierno que garantizara que cuando ningún sindicato representa a un tercio de los empleados en una unidad de negociación, los derechos de negociación colectiva se concedan a todos los sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión observa, no obstante, que el artículo 35 del proyecto de ley de la TDA no aplica estos cambios sino que reproduce simplemente el texto del artículo 32 de la TDA a este respecto. Además, la Comisión toma nota de que el artículo 37, 5), del proyecto de ley de la TDA establece también la condición de un límite mínimo de un tercio de los trabajadores para acreditar a un sindicato a nivel sectorial. La Comisión recuerda que el establecimiento de umbrales de representatividad para designar un agente exclusivo para la negociación de convenios colectivos aplicables a todos los trabajadores de un sector o de un establecimiento, es compatible con el Convenio cuando las condiciones impuestas no constituyan una práctica, un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. A este respecto, la Comisión considera que cuando ningún sindicato de una unidad de negociación específica reúna el porcentaje de representatividad exigido para poder negociar en nombre de todos los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias deberían poder negociar, de manera conjunta o separada, al menos, en nombre de sus propios afiliados. Al tiempo que lamenta que no se haya suministrado ninguna información a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que cuando ningún sindicato alcanza el número mínimo de votos requeridos para acreditar a un sindicato como unidad de negociación, debería reconocerse a los sindicatos la posibilidad de negociar de manera conjunta o separada al menos en nombre de sus propios afiliados.

Negociación colectiva en el sector público. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que clarificara si las disposiciones del Reglamento de la Función Pública, de 2011 (instrumento legislativo núm. 50), que establece las condiciones generales de servicio en la función pública (horas de trabajo, trabajo por turnos, períodos de descanso semanal, días festivos retribuidos, horas extraordinarias y vacaciones anuales remuneradas), constituyen condiciones fijas de servicio o más bien cláusulas mínimas de protección legislativa a las que las partes pueden atenerse para negociar modalidades especiales y prestaciones adicionales. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que algunas disposiciones del instrumento legislativo constituyen condiciones fijas de servicio mientras que, en otros casos, las partes pueden determinar modalidades especiales y prestaciones adicionales siempre y cuando estén en conformidad con la Ley de la Administración Pública, de 2008. No obstante, la BFTU señala que, de la memoria del Gobierno, no se deduce claramente cuáles constituyen condiciones fijas y cuáles no. Reiterando que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para restringir el ámbito de los asuntos negociables son incompatibles por lo general con el Convenio, y que las discusiones tripartitas para la elaboración, a título voluntario, de directrices para la negociación colectiva constituyen un método particularmente apropiado de resolver estas dificultades, la Comisión pide al Gobierno que especifique qué disposiciones del Reglamento de la Función Pública no son susceptibles de ser negociadas e invita al Gobierno a reconsiderar el límite impuesto al ámbito de aplicación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público no adscritos a la administración del Estado.

La Comisión observa además que está en vías de adopción una nueva ley de la función pública, de 2016, que vendrá a reemplazar a la Ley de la Función Pública, de 2008, y que también se está modificando la Ley TUEO. La Comisión confía en que el Gobierno velará por la plena conformidad tanto de la Ley de la Función Pública, de 2016, como de la Ley TUEO en su versión enmendada, con el Convenio. En este sentido, la Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, si lo estima conveniente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Brasil

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

Adopción de la ley núm. 13467. La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Central Única Dos Trabalhadores (CUT), recibidas el 1.ºde septiembre de 2017 y de las observaciones de la Confederación Nacional de Carreras Típicas del Estado (CONACATE), recibidas el 28 de agosto de 2017. La Comisión observa que las dos comunicaciones se refieren a la adopción, el 13 de julio de 2017, de la ley núm. 13467 que reforma la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) y al impacto de la nueva ley sobre el cumplimiento del Convenio. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, las organizaciones sindicales antes mencionadas, afirman que: i) el nuevo artículo 611-A de la CLT, que introduce en el ordenamiento jurídico brasileño la posibilidad general de que, por medio de la negociación colectiva, se deroguen a la baja los derechos y protecciones reconocidos por la legislación laboral a favor de los trabajadores contraviene las disposiciones y las finalidades del presente Convenio y del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154); ii) el párrafo 2 del nuevo artículo 611-A, al señalar que la ausencia de contraparte no constituye una causa de nulidad de las cláusulas de los convenios y acuerdos colectivos, incluso si prevén la derogación a derechos reconocidos por la legislación, demuestra que el nuevo sistema establecido por la ley núm. 13467 no se basa en la negociación sino en la abdicación de derechos; iii) el nuevo artículo 444 de la CLT también viola los mencionados Convenios de la OIT, al permitir, para aquellos trabajadores que dispongan de un diploma de la enseñanza superior y que perciban un salario por lo menos dos veces superior al límite máximo de beneficios del régimen general de la previsión social, la derogación individual a lo dispuesto en la legislación y en los convenios colectivos, y iv) la creación, por medio del nuevo artículo 444-B de la CLT, de la figura del trabajador autónomo exclusivo, permitiendo dicha disposición que se excluya la calificación de trabajador dependiente aun cuando el trabajador autónomo trabaje de forma exclusiva y permanente para una empresa, aparta esta nueva categoría de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva reconocidos por la legislación laboral. Las organizaciones sindicales afirman finalmente que las modificaciones legislativas introducidas son de una gravedad inédita y son contrarias a lo observado por la Comisión en su observación de 2016.

La Comisión toma nota por otra parte de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 que, a su vez, se refieren a la adopción de la ley núm. 13467 y respecto de la cual afirman que: i) la ley fue precedida de un amplio proceso de discusión, teniendo la posibilidad los principales interlocutores sociales del país de ser escuchados por el Parlamento; ii) la ley tiene la finalidad de fortalecer la negociación colectiva y la aplicación de los Convenios núms. 98 y 154 al fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria y al establecer una mayor seguridad jurídica ya que se limitan las intervenciones de la justicia laboral respecto de lo pactado por los interlocutores sociales, y iii) no es correcto afirmar que la nueva ley fortalece la negociación colectiva en detrimento de la protección de los trabajadores ya que el nuevo artículo 611-A de la CLT prevé que el contenido de los convenios y acuerdos colectivos debe respetar los más de 30 derechos en el trabajo reconocidos en la Constitución brasileña.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Articulación entre la negociación colectiva y la ley. La Comisión observa que la ley núm. 13467, adoptada el 13 de julio de 2017, revisa numerosos aspectos de la CLT. La Comisión también toma nota de la medida provisional núm. 808 del Presidente de la República, de 14 de noviembre de 2017, que modifica provisionalmente ciertos aspectos de la ley núm. 13467. La Comisión constata que, tal y como señalado por las observaciones de los distintos interlocutores sociales, en virtud de la nueva ley: i) los convenios y acuerdos colectivos prevalecen sobre las disposiciones legales respecto, entre otros, de una lista de 14 temas (artículo 611-A de la CLT), y ii) los convenios y acuerdos colectivos no pueden en cambio suspender o reducir derechos respecto de una lista cerrada de 30 puntos (artículo 611-B de la CLT). La Comisión observa, por una parte, que esta lista cerrada de 30 puntos se basa en las disposiciones laborales contenidas en la Constitución brasileña. La Comisión observa, por otra parte, que la enumeración de los temas respecto de los cuales la negociación colectiva prevalece sobre la ley abarca numerosos aspectos de la relación laboral y que esta lista, a diferencia de la fijada por el artículo 611-B, es meramente ilustrativa («entre otros»), siendo por lo tanto posibles las derogaciones, por medio de la negociación colectiva, de todas las disposiciones legales, con la única excepción de los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional.

La Comisión recuerda que había subrayado en sus comentarios anteriores, en referencia a varios proyectos de ley que habían sido sometidos al Congreso, en 2015 y en abril de 2016, que, si bien disposiciones legislativas puntuales relativas a aspectos específicos de las condiciones de trabajo podrían prever, de manera circunscrita y motivada, su derogabilidad por vía de la negociación colectiva, una disposición que instituyese la derogabilidad general de la legislación laboral por medio de la negociación colectiva sería contraria al objetivo de promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria prevista por el Convenio. La Comisión había pedido al Gobierno que tomara plenamente en cuenta los alcances del artículo 4 del Convenio a este respecto. La Comisión observa con preocupación que el nuevo artículo 611-A de la CLT establece como principio general que los convenios y acuerdos colectivos prevalecen sobre la legislación, siendo por lo tanto posible por medio de la negociación colectiva, la inaplicación de las disposiciones protectoras de la legislación, con el único límite de los derechos constitucionales referidos en el artículo 611-B de la CLT. La Comisión vuelve a recordar a este respecto que el objetivo general de los Convenios núms. 98, 154 y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y es la promoción de la negociación colectiva para encontrar un acuerdo sobre términos y condiciones de trabajo que sean más favorables que los previstos en la legislación (véase Estudio General de 2013 sobre la negociación colectiva en la administración pública, párrafo 298) y que la definición de la negociación colectiva como proceso destinado a mejorar la protección de los trabajadores brindada por la legislación está recogida en los trabajos preparatorios del Convenio núm. 154, instrumento que tiene la finalidad, tal como especificado en su Preámbulo, de contribuir a la realización de los objetivos fijados por el Convenio núm. 98. Con base en lo anterior, al tiempo que le pide que envíe sus comentarios sobre las observaciones de los interlocutores sociales relativas a los artículos 611-A y 611-B de la CLT, la Comisión pide al Gobierno que examine, previa consulta con los interlocutores sociales, la revisión de las mencionadas disposiciones de manera que se adecuen con el artículo 4 del Convenio.

Articulación entre la negociación colectiva y los contratos individuales de trabajo. La Comisión observa que, en virtud del nuevo artículo 442 de la CLT, los trabajadores que dispongan de un diploma de la enseñanza superior y que perciban un salario por lo menos dos veces superior al límite máximo de beneficios del régimen general de la previsión social (actualmente alrededor de 11 000 reales o sea aproximadamente 3 390 dólares de los Estados Unidos) podrán derogar, por medio de sus contratos individuales de trabajo, lo dispuesto en la legislación y en los convenios y acuerdos colectivos. La Comisión recuerda que las disposiciones legislativas que permiten que los contratos individuales de trabajo contengan cláusulas contrarias a aquéllas contenidas en los contratos colectivos aplicables (quedando siempre posible que los contratos individuales de trabajo prevean cláusulas más favorables para los trabajadores) son contrarias a la obligación de promoción de negociación colectiva contenida en el artículo 4 del Convenio. Al tiempo que le pide que envíe sus comentarios sobre las observaciones de los interlocutores sociales relativas al artículo 442 de la CLT, la Comisión pide al Gobierno que examine, previa consulta con los interlocutores sociales, la revisión de la mencionada disposición de manera que se adecue con el artículo 4 del Convenio.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones sindicales que alegan que la extensión de la definición del trabajador autónomo que resulta del nuevo artículo 444-B de la CLT tendrá el efecto de excluir de los derechos sindicales reconocidos, tanto en la legislación laboral como en el Convenio, a los trabajadores que queden abarcados por dicha definición. Recordando que el Convenio se aplica a todos los trabajadores, con tan sólo la posible excepción de la policía, las fuerzas armadas (artículo 5) y los funcionarios que trabajan en la administración del Estado (artículo 6), la Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a las observaciones de las organizaciones sindicales relativas al impacto del artículo 444-B de la CLT. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que proporcione informaciones sobre los demás aspectos de la ley núm. 13467 relacionados con los derechos reconocidos por el Convenio.

La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, proporcione respuestas detalladas a los presentes comentarios así como a los demás puntos contenidos en la observación de 2016 relativa al Convenio.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Camboya

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones formuladas por la Confederación Internacional de Trabajadores (CSI) en 2016, en las que denunciaba que, desde 2014, un gran número de dirigentes sindicales y activistas han sido acusados de delitos penales por sus actividades sindicales, así como el número cada vez más elevado de requerimientos judiciales y órdenes de regreso obligatorio al trabajo dictadas contra los sindicatos y los trabajadores en conflictos laborales con el fin de restringir las actividades sindicales y las acciones colectivas. El Gobierno afirma que está examinando cada caso para determinar su fundamento jurídico y verificar si ha sido resuelto. En cuanto a los casos cuyos procedimientos judiciales están ya en marcha, el Gobierno señala que informará sobre los resultados en cuanto se le hayan comunicado las sentencias. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la CSI, recibidas el 1.º de septiembre de 2017, sobre cuestiones ya tratadas en este comentario, y en las que incluye alegatos sobre una serie de violaciones del Convenio en la práctica, basándose en sus observaciones y denuncias previas sobre la penalización de las actividades sindicales a través del hostigamiento con demandas judiciales, arrestos y causas pendientes de juicio ante los tribunales, tribunales cuya independencia está en tela de juicio. La OIE alega adicionalmente la utilización de contratos de corto plazo para extinguir el vínculo laboral de dirigentes sindicales y miembros del sindicato a fin de debilitar los sindicatos activos. Además, según la CSI, el anteproyecto de ley sobre salario mínimo (2016) contiene disposiciones que prohíben las actividades legítimas sindicales. La Comisión toma nota con preocupación de la gravedad de estos alegatos y pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las observaciones presentadas por la CSI en 2016 y 2017, y en particular, sobre los casos específicos mencionados y los resultados de todos los procedimientos pendientes ante los tribunales, así como de los alegatos de uso extensivo de contratos de corta duración con el fin de debilitar la libertad sindical, así como de las disposiciones en el proyecto de ley sobre salario mínimo que penalizan las actividades legítimas sindicales en relación con la discusión sobre el salario mínimo y la fijación del mismo.

La Comisión toma nota asimismo del informe de la misión de contactos directos, que visitó el país del 27 al 31 de marzo de 2017, tras la petición cursada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, Comisión de la Conferencia), en junio de 2016.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2017, en relación con la aplicación del Convenio por Camboya. La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a: i) asegurar que se pueda ejercer la libertad sindical en un clima exento de intimidaciones y de violencia contra los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones; ii) facilite a la Comisión de Expertos los informes de las tres comisiones encargadas de las investigaciones de los asesinatos y de la violencia perpetrados contra dirigentes sindicales y se asegure de que los autores e instigadores de esos delitos sean llevados ante la justicia; iii) asegure que los actos de discriminación antisindical se investiguen con celeridad, y que, si se verificaran, se apliquen medidas correctivas adecuadas y sanciones que sean disuasorias; iv) mantenga en revisión la ley de sindicatos, en estrecha consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con vistas a encontrar soluciones que sean compatibles con el Convenio; v) asegure que los trabajadores puedan registrar sindicatos mediante un proceso sencillo, objetivo y transparente; vi) vele por que los docentes, los funcionarios públicos, los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal reciban en la legislación y en la práctica una protección acorde con el Convenio; vii) asegure que todos los sindicatos tengan derecho a representar a sus afiliados ante el Consejo de Arbitraje; viii) complete, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la legislación y reglamentación propuestas sobre conflictos laborales, de conformidad con el Convenio, a fin de garantizar que el sistema de solución de conflictos laborales tenga una sólida base jurídica que le permita conciliar con equidad los intereses y necesidades de los trabajadores y los empleadores involucrados en los conflictos, y ix) elabore una hoja de ruta para definir acciones con plazos determinados a fin de aplicar las conclusiones de esta Comisión.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional organizó una reunión tripartita el 25 de agosto de 2017 con objeto de debatir las medidas para aplicar las conclusiones de la Comisión de la Conferencia y que, a raíz de la misma, se elaboró una hoja de ruta en consulta con los interlocutores sociales. Tras la presentación de este informe, el Gobierno compartió un proyecto de hoja de ruta con la OIT para su revisión y asistencia técnica. La Comisión espera en que, con diálogo social exhaustivo y con la asistencia de la OIT, podrá ultimarse pronto la Hoja de ruta para dar pleno cumplimiento a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, y, a este respecto, señala a la atención del Gobierno las cuestiones planteadas a continuación.

Derechos sindicales y libertades cívicas

Asesinatos de sindicalistas. En relación con la recomendación que viene formulando desde hace largo tiempo para que se lleven a cabo investigaciones independientes y sin demoras de los asesinatos de los dirigentes sindicales Chea Vichea y Ros Sovannareth (en 2004) y Hy Vuthy (en 2007), la Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señala que, en agosto de 2015, se había creado una comisión interministerial con el fin de garantizar investigaciones rigurosas de esos crímenes y que se había creado un grupo de trabajo tripartito vinculado a la secretaría de la comisión mencionada con el fin de que las organizaciones de empleadores y de trabajadores suministrasen información en relación con las investigaciones y transmitiesen sus reacciones sobre las conclusiones de la comisión interministerial. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no ha podido acelerar las investigaciones debido a las dificultades con las que ha tropezado, en particular, la falta de colaboración por parte de las familias de las víctimas, pero que asume el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias y llevar ante la justicia a los responsables e instigadores de estos delitos. La Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en su examen del caso núm. 2318 (383.er informe, noviembre de 2017), según las cuales la comisaría nacional de policía creó un equipo de investigación en 2015; la comisión interministerial de investigaciones especiales celebró una segunda reunión en enero de 2017; y no se ha informado de ningún progreso en relación con el grupo tripartito de trabajo. La Comisión debe expresar su profunda preocupación por la falta de resultados concretos en estas investigaciones. Reiterando la necesidad de concluir las investigaciones y hacer comparecer ante la justicia a los autores e instigadores de estos crímenes con objeto de poner fin a la situación de impunidad imperante en el país en relación con los actos de violencia contra sindicalistas, la Comisión insta firmemente a que las autoridades competentes adopten todas las medidas necesarias para acelerar la investigación, y pide firmemente al Gobierno que mantenga a los interlocutores sociales debidamente informados de la evolución al respecto y que informe a la misión de contactos directos acerca de los progresos realizados.

Incidentes durante una manifestación en enero de 2014. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre todas las conclusiones y recomendaciones formuladas por las tres comisiones creadas a raíz de los incidentes ocurridos durante las huelgas y manifestaciones que tuvieron lugar el 2 y 3 de enero de 2014, y que desencadenaron graves actos de violencias y agresiones, muertes y arrestos de trabajadores, así como supuestas irregularidades en los correspondientes procedimientos judiciales. La Comisión también tomó nota de que la CSI afirmó que los comités establecidos para investigar los incidentes no gozaban de credibilidad, que sigue siendo necesaria una investigación independiente de los hechos, y que deben exigirse responsabilidades a los autores de los actos de violencia, que tuvieron como consecuencia la muerte de cinco manifestantes y la detención injustificada de 23 trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que las conclusiones de los tres comités fueron remitidas a los tribunales competentes para que éstos practicaran nuevas actuaciones, y que el Gobierno no podrá comunicarlas hasta que estén disponibles tras la conclusión de los procedimientos judiciales. La Comisión también toma nota de que el Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 3121 (383.er informe, noviembre de 2017) instó al Gobierno a: i) que aclare si los alegatos específicos de homicidio, lesiones físicas y detención de los trabajadores que participaron en la protesta tras las manifestaciones de enero de 2014 están siendo investigados en el contexto de las comisiones de investigación mencionadas, y, si fuera así, que proporcione las conclusiones específicas de las comisiones al respecto, y ii) en el caso de que las investigaciones en curso no se ocupen de este asunto, a que inicie sin dilación una investigación independiente sobre estos graves alegatos y a que le informe sobre el resultado de dicha investigación así como sobre las medidas tomadas en consecuencia. La Comisión toma nota también de que la misión de contactos directos, al tiempo que recuerda la importancia de prestar asistencia y formación al cuerpo de policía con el fin de garantizar la observancia plena de los derechos sindicales, recordó al Gobierno que podría recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, con miras, por ejemplo, a la elaboración de directrices, un código de prácticas o un manual sobre gestión de las acciones colectivas y de protesta. La Comisión, recordando que la intervención de la fuerza pública debe guardar debida proporción con la amenaza para el orden público, y que las autoridades competentes deberían recibir instrucciones adecuadas con el fin de evitar el peligro que implica el excesivo uso de la fuerza cuando se trata de controlar manifestaciones que puedan entrañar una alteración del orden público, alienta al Gobierno a que estudie recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con la formación de los cuerpos de seguridad, con miras a elaborar, por ejemplo, una serie de directrices, un código de prácticas o un manual sobre gestión de las acciones colectivas de protesta laboral.

Cuestiones legislativas

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que la libertad sindical está garantizada para todos los trabajadores mediante dos leyes: i) la Ley sobre los Sindicatos (LTU), aplicable al conjunto del sector privado, incluidos los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal que cumplan los requisitos de la LTU para constituir un sindicato, y ii) Ley sobre Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales (LANGO) que establece el derecho de sindicación para jueces, docentes y otros funcionarios públicos, así como para los trabajadores domésticos y trabajadores de la economía informal que no cumplen los requisitos de la LTU. El Gobierno señala también que se adoptarán otras medidas mediante la Hoja de ruta para la aplicación de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. La Comisión debe reiterar una vez más que algunas disposiciones de la LANGO vulneran los derechos de libertad sindical de los funcionarios públicos en virtud del Convenio, puesto que carece de disposiciones que reconozcan a las asociaciones de funcionarios públicos el ejercicio del derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, del derecho a elegir representantes, del derecho a organizar actividades y formular programas sin injerencias de las autoridades públicas o del derecho a afiliarse a federaciones o confederaciones, incluido a nivel internacional; y que condicionan el registro de estos sindicatos a la autorización del Ministerio del Interior. Tomando nota de que el Gobierno informó a la misión de contactos directos de que solamente puede denegarse el registro de un sindicato si pone en peligro o afecta desfavorablemente la seguridad o el orden público, la Comisión se ve en la obligación de recordar que estos fundamentos otorgan a las autoridades un poder discrecional que es incompatible con el artículo 2 del Convenio, y subraya al respecto las conclusiones de la Comisión de la Conferencia de 2017, según las cuales el procedimiento de registro debe ser simple, objetivo y transparente. La Comisión toma nota además de que la misión de contactos directos observó en sus conclusiones que las organizaciones y asociaciones de trabajadores manifestaron una profunda preocupación por: i) la falta de protección de los derechos sindicales de los docentes (en relación sobre todo con las sanciones y amenazas de las que han sido objeto los docentes que han tratado de sindicarse), y ii) las dificultades que han tenido que afrontar los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal en general cuando han tratado de constituir sindicatos o de afiliarse a ellos, por cuanto la LTU establece un modelo sindical de empresa, cuyos requisitos suelen ser muy difíciles de satisfacer para estos trabajadores y que no autoriza la creación de sindicatos por sector o profesión. Asimismo, la Comisión toma nota de la reclamación de la LTU de que la ausencia de cualquier estructura de representación sectorial se traduce en la exclusión del derecho de sindicación de cientos de miles de trabajadores en el sector informal. La Comisión se ve obligada una vez más a instar firmemente al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas, en consulta con los interlocutores sociales, para asegurar que se garantice plenamente a los funcionarios públicos (incluidos los docentes) que no están cubiertos por la LTU, el ejercicio pleno de sus derechos de libertad sindical en virtud del Convenio y que la legislación sea enmendada en consecuencia. La Comisión alienta además al Gobierno a promover que los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal disfruten de forma plena y efectiva de estos derechos y, que para ello someta a consultas tripartitas la posibilidad de autorizar la formación de sindicatos por sector o profesión, en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta para dar cumplimiento a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia.

Artículo 3.  Derecho a elegir libremente a los representantes. Requisitos de los dirigentes, directores y otras personas responsables de la administración de los sindicatos y de las asociaciones de empleadores. En su comentario anterior la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar los artículos 20, 21 y 38 de la LTU que exigen a quienes deseen ejercer su derecho a voto, presentarse como candidato a unas elecciones sindicales o ser designado para ocupar un puesto en un sindicato o asociación de empleadores que cumplan con un requisito mínimo de edad (18 años), la capacidad básica de leer y escribir y la declaración de no haber sido nunca objeto de ninguna condena por un delito penal. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que los requisitos relativos a la alfabetización y la edad son indispensables para garantizar el funcionamiento racional y eficaz de los sindicatos de trabajadores. El Gobierno señala también que, a tenor de lo dispuesto en el Código Civil, para gozar de plena capacidad jurídica y ser considerado con la edad mínima legal (18 años de edad) un menor deberá está emancipado y tener madurez mental. La Comisión saluda la indicación del Gobierno de que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, se celebrarán otras discusiones con los interlocutores sociales a este respecto. Por lo que se refiere a la edad mínima y el criterio de alfabetización, la Comisión recuerda una vez más que considera incompatible con el Convenio la exigencia de que los candidatos para un puesto de dirección sindical deban ser mayores de edad o capaces de leer y escribir (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 104). Tomando debida nota de que el Gobierno señala que el procedimiento de emancipación previsto en el Código Civil ya establece la posibilidad de reconocer plenamente la capacidad jurídica de los menores, la Comisión considera que el Gobierno debería suprimir el requisito de la mayoría de edad de la LTU para los menores que hayan alcanzado la edad mínima legal para un empleo asalariado (los menores de 15 años edad, en virtud del artículo 177 de la Ley del Trabajo). Además, la Comisión recuerda que considera que una condena por un acto que, por su índole, no pone en tela de juicio la integridad del interesado ni representa un riesgo verdadero para el ejercicio correcto de funciones sindicales no debería, constituir un motivo de descalificación para ejercer cargos sindicales (véase Estudio General de 2012, párrafo 106). La Comisión pide una vez más al Gobierno que, en el marco de sus consultas en curso sobre la aplicación de la LTU adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 20, 21 y 38 de la LTU a fin de: i) garantizar el derecho de los menores que ya han alcanzado la edad mínima legal para un empleo asalariado a que sean candidatos a cargos sindicales; ii) suprima el requisito de la capacidad de leer y escribir khmer de los criterios de elegibilidad, y iii) garantice el pleno respeto del principio mencionado más arriba sobre la descalificación para ejercer cargos sindicales en razón de condenas penales.

Artículo 4.  Disolución de las organizaciones representativas. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que modificara el párrafo 2 del artículo 28 de la LTU, en el que se establece la disolución automática de un sindicato en caso de cierre completo de una empresa o establecimiento. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que esta disposición no contradice el Convenio puesto que únicamente contempla la disolución automática del sindicato derivada del cierre de una empresa o establecimiento, pero sin que esto constituya una decisión de una autoridad administrativa. La Comisión observa que un sindicato podrá tener un interés legítimo en seguir funcionando tras la disolución de la empresa correspondiente (por ejemplo, para defender cualquier reclamación de sus afiliados). Reiterando que la disolución de una organización de trabajadores o de empleadores únicamente debería decidirse en virtud de los procedimientos establecidos por sus estatutos, o por una decisión judicial, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar en consecuencia el artículo 28 de la LTU mediante la supresión de su párrafo 2.

Fundamentos jurídicos para solicitar la disolución a un tribunal. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 29 de la LTU, que autoriza a cualquiera de las partes afectadas o al 50 por ciento del total de afiliados de un sindicato o de una asociación de empleadores el derecho a presentar una demanda ante un tribunal del trabajo para solicitar la disolución de un sindicato. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que esta disposición tiene la finalidad de garantizar la libertad sindical y la democracia, así como los intereses de los afiliados sindicales, y recuerda que únicamente un tribunal tiene pleno poder para disolver un sindicato a raíz de la presentación de una queja. La Comisión recuerda una vez más que se debería dejar a los estatutos del sindicato la fórmula por la que sus afiliados podrán solicitar la disolución del mismo. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 29 de la LTU para dejar que sean los reglamentos y estatutos de los sindicatos o de las asociaciones de empleadores los que determinen el procedimiento de disolución por sus afiliados.

La Comisión había pedido además al Gobierno que adoptara la medidas necesarias para modificar el párrafo c) del artículo 29, que establece que un tribunal del trabajo podrá disolver un sindicato o una asociación de empleadores cuando los dirigentes, directores y personas responsables de su administración sean declarados culpables de la comisión de un acto grave de conducta indebida o de un delito en nombre del sindicato o de la asociación de empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que: i) esta disposición no se refiere a los delitos cometidos a título personal o individual por dirigentes o personas responsables de la administración de un sindicato, y ii) solamente conducirán a la disolución de un sindicato aquellos delitos cometidos por dirigentes y personas responsables de la administración en nombre del sindicato (en otras palabras, cuando es el propio sindicato al que se considera responsable de la comisión del delito grave). La Comisión debe recordar que si se considerase que los dirigentes de un sindicato son responsables de conducta indebida o delito grave mediante acciones que hayan transgredido los límites de la actividad normal de un sindicato — incluidas acciones efectuadas en nombre de sindicato — podrán ser enjuiciados según las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con los procedimientos judiciales ordinarios sin activar la disolución del sindicato ni privarlo de toda posibilidad de acción. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 29 de la LTU mediante la supresión de su párrafo c).

Aplicación del Convenio en la práctica

Mecanismos de adjudicación independiente. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en agosto de 2017, finalizó la redacción del proyecto de ley sobre procedimiento de solución de conflictos laborales, y que, con el apoyo de la OIT, va a realizarse un taller consultivo tripartito para debatir sobre el proyecto de ley y recabar comentarios con miras a mejorar su redacción y presentarlo al Parlamento para su adopción a finales de 2017. El Gobierno explica que el proyecto de ley tiene la finalidad también de fortalecer y capacitar al Consejo de Arbitraje (CA). El Gobierno manifiesta que comparte con los interlocutores sociales el reconocimiento de la eficacia del CA y que pretende promover el papel que desempeña, en particular facultándolo para intervenir en la solución de conflictos individuales. En este sentido, la Comisión toma nota de la recomendaciones de la misión de contactos directos, de que, recociendo el compromiso del Gobierno para fortalecer el CA, se emprenderán todas las medidas necesarias para que el CA siga siendo fácilmente accesible y desempeñe una función crucial en la gestión de los conflictos colectivos y para que garantice que sus laudos arbitrales, cuando sean vinculantes, se aplicarán debidamente (la misión de contactos directos señaló que las organizaciones de trabajadores habían reclamado que los laudos arbitrales del CA no se cumplen, incluso cuando son legalmente vinculantes — una preocupación que se ha reiterado en las últimas observaciones de la CSI). La Comisión toma nota además de las graves preocupaciones planteadas por la CSI, así como por las organizaciones de trabajadores nacionales a la misión de contactos directos sobre la supuesta falta de independencia del Poder Judicial y de la utilización de éste para penalizar y restringir las actividades legítimas de los sindicatos. Al respecto, la Comisión recuerda que una de las conclusiones de la misión de contactos directos enviada al país en 2008 se refería a la ausencia de un sistema judicial eficaz e imparcial. La misión había destacado particularmente que la aptitud del sistema judicial para cumplir con su mandato se ve afectada por una falta de capacidad como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que a menudo las decisiones y procedimientos judiciales no se registran o publican, y que el sistema judicial está sometido a injerencia política y no está en condiciones de ejercer sus funciones de modo imparcial e independiente (véase caso núm. 2318, 351.er informe, párrafo 250). La misión se había referido a la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial, por ejemplo, a través de medidas para el refuerzo de capacidades y el establecimiento de garantías contra la corrupción. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para finalizar rápidamente la adopción de la ley de procedimiento del tribunal laboral, celebrando plenas consultas con los interlocutores sociales a fin de garantizar la eficacia del sistema judicial como salvaguardia contra la impunidad y como mecanismo eficaz de proteger el derecho de libertad sindical de los trabajadores durante los conflictos laborales así como que afrontará las graves preocupaciones planteadas sobre la independencia del Poder Judicial y su impacto en la aplicación del Convenio, a través de las medidas descritas anteriormente. La Comisión saluda el compromiso del Gobierno para fortalecer el Consejo de Arbitraje, y confía en que éste seguirá siendo fácilmente accesible y desempeñará un papel crucial en la gestión de los conflictos colectivos, adoptándose todas las medidas que sean necesarias para garantizar que sus laudos arbitrales se aplican debidamente cuando sean vinculantes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

Artículos 2, 3, 5 y 6 del Convenio. Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores la Comisión señaló la necesidad de enmendar las disposiciones legislativas siguientes:

–el artículo 17 del Código del Trabajo, que limita el derecho de los extranjeros a afiliarse a sindicatos, imponiendo condiciones de residencia (de dos años) y una condición de reciprocidad;

–el artículo 24 del Código del Trabajo, que limita el derecho de los extranjeros a ser elegidos para cargos sindicales, imponiendo una condición de reciprocidad;

–el artículo 25 del Código del Trabajo, que determina que no sean elegibles para cargos sindicales las personas condenadas a penas de prisión, las personas con antecedentes penales o las personas privadas del derecho de elegibilidad, en aplicación de la ley, aun cuando la naturaleza del delito de que se trate no sea perjudicial para la integridad requerida para el cargo sindical;

–el artículo 26 del Código del Trabajo, en virtud del cual los padres o tutores pueden oponerse a la afiliación sindical de los menores de 16 años de edad, a pesar de que la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años, en virtud del artículo 259 del Código del Trabajo, y

–el artículo 49, 3), del Código del Trabajo, en virtud del cual no puede constituirse ninguna organización sindical central sin la existencia previa de «federaciones profesionales» y de «sindicatos regionales».

En sus comentarios anteriores, la Comisión también tomó nota de la indicación previa del Gobierno en su memoria de 2014, según la cual las modificaciones solicitadas al Código del Trabajo eran objeto de un decreto de aplicación que estaba en ese momento en curso de adopción. La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de toda nueva información relativa a ese decreto. La Comisión observa que el Gobierno indica que los artículos 17, 24 y 26 del Código del Trabajo se basan en disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal y que el artículo 25 del Código del Trabajo se basa, además, en otras disposiciones del Código Penal y en el artículo 4 del decreto núm. 3899/IGD/LS, de 9 de diciembre de 1953, relativo a la creación del cargo de delegados del personal en África Ecuatorial Francesa. El Gobierno indica que en oportunidad de la adopción del documento de Política Nacional de Empleo y Formación en el último trimestre de 2016 con la asistencia de la OIT, los participantes formularon una recomendación relativa a la revisión en curso del Código del Trabajo, en el que serán objeto de un examen específico las disposiciones que están en contradicción con los principios pertinentes contenidos en algunos convenios. La Comisión espera que el Gobierno proseguirá, en consulta con los interlocutores sociales, los esfuerzos iniciados para completar la revisión y el examen específico del Código del Trabajo y pide al Gobierno que indique todo progreso realizado a este respecto.

En relación con el artículo 49, 3), del Código del Trabajo, la Comisión toma nota de la explicación del Gobierno, según la cual las centrales sindicales son organizaciones de grado superior cuya creación sólo puede ser consecuencia de la agrupación de uniones regionales y federaciones profesionales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)

Artículo 2 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de injerencia. Artículo 30, 2), del Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión consideró que el artículo 30, 2), del Código del Trabajo, no abarca a todos los actos de injerencia prohibidos por el artículo 2 del Convenio. La Comisión también tomó nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se adoptarían los textos reglamentarios, con el fin de abarcar al conjunto de actos de injerencia previstos en el artículo 2 del Convenio y esos textos precisarían asimismo las sanciones aplicables en caso de violación del artículo 30, 2), del Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 152 del Código del Trabajo, contribuye a la protección del trabajador sindicalizado contra los actos de injerencia del empleador, por cuanto prevé abusivos los despidos motivados por las opiniones del trabajador, su actividad sindical o su pertenencia o no a un determinado sindicato.

Sin embargo, la Comisión observa que, desde el punto de vista de la aplicación del Convenio, el artículo 152 del Código del Trabajo otorga una protección al trabajador en caso de ruptura abusiva de contrato, incluso en caso de despido antisindical, pero no prevé una protección específica contra los actos de injerencia. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre todo progreso realizado respecto de la adopción, anunciada con anterioridad, de los textos reglamentarios que amplían la protección contra los actos de injerencia establecidos en el artículo 30, 2), del Código del Trabajo y que imponen sanciones en este sentido.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. Artículo 40 del Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el artículo 40 del Código del Trabajo, los convenios colectivos deben ser discutidos obligatoriamente por los delegados de los sindicatos de empleadores y de trabajadores pertenecientes a la ocupación o a las ocupaciones interesadas. Recordando que el nivel de la negociación debería corresponder normalmente a los propios interlocutores, la Comisión solicitó al Gobierno que precisara si las federaciones y las confederaciones tienen el derecho de negociar colectivamente y que indicara la disposición legislativa que les concede ese derecho.

La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que las federaciones y las confederaciones están incluidas en los sindicatos profesionales, lo que les confiere el derecho de negociar los convenios colectivos. La Comisión toma nota de estas indicaciones. Observando, no obstante, que ninguna disposición del Código del Trabajo parece reconocer expresamente el derecho de las federaciones y de las confederaciones de concluir convenios colectivos, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de los convenios colectivos negociados y firmados por las federaciones o las confederaciones.

Artículos 197 y 198 del Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión lamentó señalar que, en virtud de los artículos 197 y 198 del Código del Trabajo, los representantes de las organizaciones sindicales y los grupos profesionales de trabajadores (no sindicalizados) están situados en un plano de igualdad en materia de negociación colectiva. Recordando que el artículo 4 del Convenio fomenta la negociación colectiva entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para garantizar que los grupos profesionales de trabajadores sólo puedan negociar convenios colectivos con los empleadores, cuando no exista un sindicato en las unidades de negociación consideradas.

Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual están en curso medidas para modificar los artículos 197 y 198 del Código del Trabajo, la Comisión espera que el Gobierno se encuentre en condiciones de dar cuenta, en un futuro próximo, de progresos concretos respecto de las modificaciones de las mencionadas disposiciones legislativas, orientadas a garantizar que los grupos profesionales de trabajadores sólo puedan negociar convenios colectivos con los empleadores cuando no exista un sindicato en las unidades de negociación consideradas.

Artículos 367 a 370 del Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que previera la modificación de los artículos 367 a 370 del Código del Trabajo, que parecen instaurar un procedimiento mediante el cual todos los conflictos colectivos deben someterse a una conciliación y, en caso de fracaso, a un arbitraje.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el procedimiento de urgencia de intento de conciliación y de arbitraje que prevén los artículos 367 y siguientes del Código del Trabajo, tiene como objetivo solucionar los conflictos en un plazo razonable. Recordando, no obstante, que, en virtud del principio de fomento de la negociación colectiva libre y voluntaria, consagrado en el artículo 4 del Convenio, el recurso al arbitraje obligatorio, en caso de desacuerdo entre las partes, a una negociación colectiva, sólo es aceptable respecto de los funcionarios adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), de los servicios esenciales en el sentido estricto del término y en caso de crisis nacional aguda, la Comisión reitera su solicitud en cuanto a la modificación de los artículos 367 a 370 del Código del Trabajo.

Artículos 4 y 6.  Funcionarios no adscritos a la administración del Estado. Artículo 211 del Código del Trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el artículo 211 del Código del Trabajo prevé el derecho de negociación colectiva en los servicios, empresas y establecimientos públicos, sólo cuando su personal no esté sometido a un estatuto particular.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el derecho de negociación previsto en el Código del Trabajo, no puede aplicarse a todo el personal relacionado con los servicios, las empresas y los establecimientos públicos, con la excepción de los agentes contratados en base a disposiciones del derecho privado, dado que los funcionarios están excluidos del campo de aplicación del Código.

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 6 del Convenio, deberá hacerse una distinción entre, por una parte, los funcionarios que, por sus funciones, están adscritos directamente a la administración del Estado (por ejemplo, en algunos países, los funcionarios de los ministerios gubernamentales y otros órganos asimilados y su personal auxiliar), que pueden ser excluidos del campo de aplicación del Convenio y, por otra parte, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, empresas públicas o instituciones públicas autónomas, que deberían gozar de las garantías previstas por el Convenio (por ejemplo, los trabajadores de las empresas públicas, los empleados de los servicios municipales y los empleados de otras entidades descentralizadas, así como los docentes del sector público). Destacando que sólo los funcionarios adscritos a la administración del Estado pueden ser excluidos del campo de aplicación del Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien precisar las categorías de trabajadores del sector público sujetas a un estatuto particular y, por consiguiente, excluidas del campo de aplicación del Código del Trabajo, así como indicar los eventuales textos que reconocerían a algunas de estas categorías el derecho de negociar sus condiciones de trabajo y de empleo.

Observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI). En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que respondiera a las observaciones, en las que se alega la ausencia de negociación colectiva para la fijación de los salarios en el sector público y que indicara las medidas adoptadas para promover los mecanismos de negociación de las condiciones de empleo en el sector público. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no remite información respecto de esta solicitud. Teniendo debidamente en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas para promover los mecanismos de negociación de las condiciones de trabajo y de empleo en el sector público.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2009.

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación. Tomando nota de que el artículo 3 del Estatuto General de la Función Pública excluye de su campo de aplicación al personal de las colectividades locales y de los establecimientos públicos, así como a los auxiliares de la administración, cuyo trabajo está regido por un texto particular, la Comisión pide al Gobierno que precise cuáles son los textos en vigor que reconocen a estas distintas categorías del personal de los derechos y garantías previstos en el Convenio. En caso de que estos textos que rigen los estatutos particulares de estos empleados públicos otorguen los derechos y garantías previstos en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que transmita copia de ellos.

Artículo 4.  Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que si bien el artículo 10 del Estatuto General de la Función Pública establece que no puede discriminarse a los empleados públicos debido a sus opiniones sindicales, ninguna disposición del Estatuto en cuestión o de los demás textos aplicables a los funcionarios públicos prevé la protección contra la discriminación en el ejercicio de las actividades sindicales. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas para que la legislación incluya disposiciones explícitas que garanticen una protección adecuada contra la discriminación de los empleados públicos debido a su afiliación o a sus actividades sindicales.

Artículo 5.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. Tomando nota de que ni el Estatuto General de la Función Pública ni los otros textos aplicables a los empleados públicos contienen disposiciones que prohíban los actos de injerencia de las autoridades públicas en los asuntos internos de los sindicatos y recordando la necesidad, en virtud del Convenio, de garantizar plenamente a las organizaciones una protección adecuada contra todos los actos de injerencia de las autoridades públicas en su formación, funcionamiento y administración, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para incluir en la legislación este tipo de disposiciones en materia de protección.

Artículo 6.  Facilidades que deben proporcionarse a los representantes de los trabajadores. Tomando nota de que en el Estatuto General de la Función Pública no hay disposiciones que prevean explícitamente facilidades para los representantes de los trabajadores, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a adoptar medidas, tal como lo requiere el Convenio, a fin de garantizar, a través de la adopción de disposiciones legislativas o por otros medios, que se proporcionen facilidades a los representantes de las organizaciones de funcionarios públicos reconocidas, a fin de permitirles cumplir rápida y eficazmente sus funciones tanto durante sus horas de trabajo como fuera de éstas.

Artículo 7.  Procedimientos de determinación de las condiciones de empleo. La Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir el texto del decreto que establece la composición, el funcionamiento y la designación de los miembros del Comité consultivo de la función pública, y le pide que indique todas las consultas o todos los acuerdos realizados con las organizaciones sindicales del sector público durante los últimos años.

Artículo 8.  Solución de conflictos. Tomando nota de la respuesta del Gobierno sobre la falta de disposiciones a este respecto, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a adoptar medidas para establecer un procedimiento que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad (como la mediación, la conciliación o el arbitraje), a fin de solucionar los conflictos que se planteen en relación con la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno adopte sin demora y en consulta con las organizaciones representativas interesadas todas las medidas necesarias para dar seguimiento a sus comentarios y de esa forma dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio.

China

Región Administrativa Especial de Macao

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (notificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones representativas de trabajadores comunicadas con la memoria del Gobierno pero observa que el Gobierno no ha indicado el nombre de dichas organizaciones.

La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas en 2014 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) pero observa que el Gobierno no hace referencia a los alegatos de injerencia por parte del Gobierno en las actividades sindicales del sector del juego y a las restricciones, en la práctica, a la libertad de sindicación de los trabajadores migrantes debido a la aplicación ineficaz de la ley. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más comentarios sobre esos alegatos específicos.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de sindicación de todas las categorías de trabajadores. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades. La Comisión recuerda que con anterioridad tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el derecho de sindicación, de realizar marchas y demostraciones, así como el derecho de constituir organizaciones sindicales, afiliarse a las mismas, y el derecho de huelga están garantizado a todos los residentes en Macao en virtud del artículo 27 de la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Macao y que de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, de la reglamentación sobre el derecho de sindicación (ley núm. 2/99) toda persona puede constituir asociaciones libremente y sin que sea necesario obtener autorización. La Comisión también tomó nota de que dos proyectos de ley estaban en discusión en la Asamblea Legislativa — la ley de relaciones laborales y la ley sobre los derechos fundamentales de los sindicatos. La Ley de Relaciones Laborales fue adoptada en 2008 pero no incluye un capítulo sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Al tomar nota de que el proyecto de ley sobre los derechos fundamentales de los sindicatos, que dará efecto a los mencionados derechos está pendiente de adopción desde 2005, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución relativa a este proyecto de ley y que adoptara las medidas necesarias para garantizar que el derecho de huelga se pueda ejercer efectivamente. Además, pidió al Gobierno que adoptase marcos legislativos que permitan a los trabajadores a tiempo parcial y a la gente de mar, excluidos de la aplicación de la Ley de Relaciones Laborales, ejercer los derechos consagrados en el Convenio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de ley de relaciones laborales de la gente de mar aún es objeto de deliberaciones para garantizar su compatibilidad con las normas internacionales pertinentes y de que en marzo de 2014 y noviembre de 2015, representantes de los empleadores y de los trabajadores presentaron comentarios por escrito sobre el proyecto de ley de relaciones laborales de los trabajadores a tiempo parcial, aunque sus opiniones sobre la cuestión siguen siendo divergentes y, en consecuencia, el Gobierno está llevando a cabo un estudio y análisis integral para reajustar el texto y proceder a su adopción tan pronto como sea posible. Asimismo, el Gobierno señala que después de haber tratado de presentar el proyecto de ley sobre los derechos fundamentales de los sindicatos en seis oportunidades entre 2005 y 2015, dicho proyecto fue nuevamente sometido a la Asamblea Legislativa en enero de 2016 pero no fue aprobado porque los legisladores estimaron que, debido a la situación socioeconómica imperante, esa legislación sería innecesaria y desfavorable a las inversiones, ya que los residentes disfrutaban de libertad de sindicación y existía un diálogo entre los interlocutores sociales a través del comité de coordinación para asuntos sociales. La Comisión toma nota, no obstante, de que según las organizaciones representativas de trabajadores, no existe en la Región Administrativa Especial de Macao una reglamentación de aplicación que lleve a la práctica la libertad sindical, con la consecuencia de que los derechos pertinentes de los trabajadores resultan insuficientemente protegidos. Estiman también que el Gobierno tiene la responsabilidad de seguir promoviendo la labor legislativa relativa a la ley sobre los sindicatos, incluso alentando una amplia consulta pública y la sensibilización sobre la importancia y necesidad de esa legislación. Teniendo presente las preocupaciones expresadas por las organizaciones de trabajadores y recordando que el proyecto de ley sobre derechos fundamentales de los sindicatos ha estado pendiente de adopción durante más de un decenio, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos con miras a lograr un consenso sobre el proyecto de ley e impulsar su adopción en un futuro cercano. La Comisión espera que esta ley garantice explícitamente los derechos consagrados en el Convenio a todas las categorías de trabajadores (con la sola posible excepción de la policía y las fuerzas armadas), incluidos los trabajadores domésticos, los trabajadores migrantes, los trabajadores a tiempo parcial, la gente de mar y los aprendices, para asegurar que pueda ejercerse efectivamente la libertad sindical, incluyendo el derecho de huelga. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la evolución relativa a la adopción de marcos legislativos para reglamentar los derechos de categorías específicas de trabajadores excluidos del ámbito de la Ley de Relaciones Laborales y espera que tales instrumentos se encuentren en plena conformidad con el Convenio.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (notificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones de trabajadores comunicadas en la memoria del Gobierno, pero señala que éste no precisa los nombres de estas organizaciones. La Comisión toma nota además de la respuesta del Gobierno a los comentarios de 2013 y de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), pero constata que el Gobierno no ha abordado ninguna de las cuestiones planteadas en ellas, en particular, los alegatos de despidos improcedentes de afiliados y profesores, las medidas antisindicales en el sector del juego y la ausencia de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus observaciones a estos alegatos concretos.

Evolución legislativa. La Comisión se remite a sus observaciones formuladas en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), en las que reiteraba que a pesar de que la Ley de Relaciones Laborales de 2008 contiene algunas disposiciones que prohíben la discriminación antisindical y castiga dichos actos con sanciones, no incluye ningún capítulo sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, y la Asamblea Legislativa aún no ha podido adoptar el proyecto de ley sobre derechos fundamentales de los sindicatos. La Comisión alienta firmemente al Gobierno para que redoble sus esfuerzos destinados a lograr la adopción, próximamente, de una legislación que reconozca expresamente los diversos derechos consagrados en el Convenio y tenga en cuenta los comentarios pendientes de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre cualquier evolución legislativa a este respecto.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión reitera que, en sus comentarios anteriores, tras haber observado que tanto los marinos como los empleados a tiempo parcial habían quedado excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Relaciones Laborales, pidió al Gobierno que los nuevos marcos jurídicos que se adoptaran permitieran que estas dos categorías de trabajadores puedan ejercer sus derechos de sindicación y de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el proyecto de ley de relaciones laborales de los marinos sigue siendo examinado a fin de garantizar su compatibilidad con los convenios internacionales pertinentes, y que en marzo de 2014 y noviembre de 2015, los representantes de los empleadores y los trabajadores entregaron comentarios por escrito sobre el proyecto de ley de relaciones laborales para los empleados a tiempo parcial, pero sus opiniones sobre esta materia son discrepantes y, en consecuencia, el Gobierno está llevando a cabo un estudio integral y un análisis de amplio alcance para reajustar el texto y proceder a su adopción en cuanto sea posible. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita información sobre cualquier iniciativa relativa a la adopción de marcos legislativos que reglamenten los derechos de los marinos y de los empleados a tiempo parcial, y espera que tales instrumentos, si se ajustan plenamente a lo dispuesto en el Convenio, permitan a estas categorías de trabajadores ejercer sus derechos de sindicación y de negociación colectiva.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. Tras haber señalado anteriormente que las sanciones impuestas por el artículo 85, 1), 2), de la Ley de Relaciones Laborales por actos de discriminación contra los trabajadores debido a su afiliación sindical o al ejercicio de sus derechos pueden no ser lo suficientemente disuasorias, en particular para las grandes empresas (entre 20 000 y 50 000 patacas de Macao (MOP), que equivalen a una cifra que oscila entre 2 500 y 6 200 dólares de los Estados Unidos), la Comisión pidió al Gobierno que indicase las medidas adoptadas o previstas para reforzar las sanciones vigentes. La Comisión toma nota en este sentido de que las organizaciones de trabajadores afirman en sus observaciones que, especialmente en el contexto de las condiciones sociales actuales, deberían endurecerse las sanciones por actos de discriminación antisindical e incrementarse la cuantía de las multas por infracción en aras del cumplimiento de las normas vigentes. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el artículo 85 establece tres categorías de multas por infracciones leves dependiendo de la gravedad de la misma; ii) los actos para disuadir a los empleados de que ejerzan sus derechos sindicales son sancionadas con la multa más elevada; iii) si un acto constituye un delito penal, se aplicará también el Código Penal, y iv) la oficina de asuntos laborales investiga y hace el seguimiento de los casos de conflicto laboral y, si considera que se han vulnerado los derechos laborales, abre un caso e inicia investigaciones con objeto de salvaguardar efectivamente los legítimos derechos laborales de los trabajadores. Al tiempo que toma debida nota de la explicación del Gobierno, la Comisión observa que no se ha modificado el monto de las multas impuestas por actos de discriminación antisindical y, en consecuencia, éstas parecen ser todavía insuficientemente disuasorias, en particular en lo que se refiere a las grandes empresas. A la luz de lo dicho anteriormente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione aclaraciones respecto del uso eventual de otras sanciones previstas en el Código Penal a las que hace referencia. La Comisión pide al Gobierno, una vez más, que adopte las medidas necesarias para fortalecer las sanciones pecuniarias existentes aplicables a actos de discriminación antisindical con el fin de garantizar su carácter suficientemente disuasorio.

La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que el artículo 70 de la Ley de Relaciones Laborales, que permite la rescisión del contrato sin causa justa siempre y cuando esté acompañada por una indemnización, fue modificada en 2015 con un aumento de la cantidad máxima sobre la cual se calcula la indemnización. La Comisión toma nota también en este sentido de que, según las observaciones de la CSI de 2014, esta disposición se utiliza en la práctica para castigar a los miembros sindicales cuando toman parte en actividades sindicales o en relaciones laborales. Reiterando que la discriminación antisindical se prohíbe explícitamente mediante el artículo 6 de la Ley de Relaciones Laborales, así como por el artículo 1 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, incluidas legislativas, si es necesario, para garantizar que el artículo 70 de esta ley no se utiliza con fines antisindicales.

Artículo 2.  Protección adecuada contra actos de injerencia. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 10 y 85 de la Ley de Relaciones Laborales no prohíben explícitamente todos los actos de injerencia, tal como se describen en el artículo 2 del Convenio, ni garantizan una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores mediante la aplicación de sanciones disuasorias y procedimientos rápidos y eficaces. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de que ésta incluya disposiciones expresas sobre procedimientos rápidos de apelación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el artículo 4 del reglamento sobre el derecho de asociación establece que cualquier persona que coaccione o intimide a otra persona para afiliarse o darse de baja de un sindicato podrá estar sujeta a una pena de prisión de hasta tres años, de conformidad con el artículo 347 del Código Penal; ii) los trabajadores que consideren que han sido perjudicados en el ejercicio de sus derechos de forma grave e irreparable podrán recurrir a los tribunales para solicitar medidas de protección o prevención (artículos 25 y 26 del Código de Procedimiento Laboral); iii) los procedimientos de carácter laboral desencadenados por la terminación unilateral de un contrato y las solicitudes de aplicación de medidas preventivas tienen un carácter urgente, lo que permite la gestión pronta y efectiva de los derechos laborales del trabajador (artículo 5 del Código de Procedimiento Laboral y el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil), y iv) en 2013 se creó un tribunal laboral encargado de los casos de violaciones de carácter civil y de menor importancia, así como de conflictos en materia laboral. Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión destaca la necesidad de que la legislación proteja explícitamente a las organizaciones de trabajadores y de empleadores frente a todos los actos de injerencia recíproca o de unos afiliados contra otros — en particular, por ejemplo los actos destinados a promover la constitución de organizaciones de trabajadores bajo el control de los empleadores o de las organizaciones de empleadores —, y a que estas leyes contenga disposiciones expresas para procedimientos rápidos de apelación contra estos actos, junto con la imposición de sanciones efectivas y disuasorias. A la luz de estas consideraciones, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación pertinente incluya disposiciones que prohíban explícitamente actos de injerencia y prevean sanciones suficientemente disuasorias y procedimientos rápidos y efectivos contra dichos actos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información estadística sobre el funcionamiento en la práctica de la oficina de asuntos laborales y del Tribunal Laboral incluido el número de casos de discriminación antisindical y de injerencia planteados, la duración de los procedimientos y de sus resultados.

Artículos 1, 2 y 6.  Protección de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. Tras observar que las disposiciones generales sobre el personal de la administración pública de Macao no contenían ninguna disposición contra los actos de discriminación antisindical e injerencia, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las disposiciones que prevén una protección adecuada a los funcionarios públicos contra dichos actos y, si fuera necesario, que adopte las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de establecerlas. La Comisión toma nota de que el Gobierno enumera instrumentos legislativos que regulan los derechos, las obligaciones, las bonificaciones, las sanciones, la promoción, la evaluación y las prestaciones de los funcionarios y señala que la participación de los funcionarios en las actividades sindicales no tienen ningún impacto en su promoción, estimación o prestaciones, y menos aún en la discriminación o la injerencia. No obstante, la Comisión observa que el Gobierno no indica ninguna disposición específica donde se prevea una protección explícita para los funcionarios contra los actos de discriminación antisindical y las injerencias. En estas circunstancias, recordando que el ámbito de aplicación del Convenio cubre a los funcionarios públicos que no participan en la administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar la legislación de forma que prohíba explícitamente actos de discriminación antisindical e injerencia y otorga a los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado protección adecuada contra dichos actos.

Artículos 4 y 6.  Falta de disposiciones en materia de negociación colectiva para el sector privado y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación del artículo 4 del Convenio tanto en el sector público como en el privado. Reiterando que la Ley de Relaciones Laborales no contiene ningún capítulo sobre negociación colectiva y que sigue pendiente de adopción el proyecto de ley sobre derechos fundamentales de los sindicatos, la Comisión señala que el Gobierno afirma que a pesar de la falta de legislación en materia de negociación colectiva, el Gobierno consultará y recabará las opiniones de los interlocutores sociales para la formulación de la legislación pertinente y las políticas en materia laboral ya sea mediante un mecanismo de coordinación tripartita en el sector privado o de un mecanismo de consulta permanente establecido por el consejo de revisión salarial de la administración pública, destinado a los funcionarios públicos. Según el Gobierno, los empleadores y los trabajadores salvaguardan también sus derechos e intereses respectivos mediante la Comisión tripartita permanente para la coordinación de los asuntos sociales. Al tiempo que reitera que la negociación colectiva a la que se refiere el Convenio es de naturaleza bipartita, la Comisión toma nota de la afirmación de la CSI en el sentido de que este mecanismo carece de transparencia y no garantiza una representación y consulta equilibradas de los sindicatos independientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que en un futuro próximo adopte las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación del artículo 4 del Convenio, tanto para el sector privado como para los funcionarios del sector público no adscritos a la administración del Estado, ya sea mediante la adopción de un proyecto de ley sobre los derechos fundamentales de los sindicatos, ya mediante cualquier otra ley, y a que transmita información sobre toda evolución a este respecto.

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique estadísticas sobre el número de convenios colectivos concertados, especificando los sectores concernidos, el nivel y alcance así como el número de empresas y trabajadores cubiertos.

Comoras

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de Comoras (CTC), recibidas el 1.º de agosto de 2017 relativas a las cuestiones tratadas por la Comisión en la presente observación y pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. La Comisión toma nota de que en respuesta a las observaciones de la CTC de 2013, el Gobierno indica que los dirigentes sindicales que fueron objeto de un despido han sido reintegrados a sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las otras cuestiones planteadas por la CTC relativas, en particular, a los alegatos de presiones de los empleadores contra dirigentes sindicales de la CTC, del Sindicato de Trabajadores de la Salud y la Educación y de un nuevo sindicato de una empresa de comunicaciones con el objeto de que estos últimos pongan término a su actividad sindical.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva en los sectores privados y públicos (empleados de empresas públicas y funcionarios no adscritos a la administración del Estado). En sus comentarios anteriores, la Comisión lamentó nuevamente la falta de progresos en la negociación colectiva que, según la CTC, carece de estructuras y de marco jurídico en todos los niveles, y aún no se habían establecido los órganos paritarios, en particular en la función pública. La Comisión observa que en sus observaciones de 2017, la CTC hace especial referencia a los decretos y resoluciones de aplicación que enmarcan el Consejo Superior de la Función Pública, la comisión paritaria y la comisión médica establecida para estructurar la negociación, aunque siguen sin articular la negociación con objeto de establecer un marco para la negociación, pero que siguen sin haberse firmado desde su elaboración en 2015, y de ese modo, dejan espacio para la existencia de reglamentos y la adopción de medidas que no se encuentran en conformidad con la legislación, en detrimento de los agentes de la función pública. Al tiempo que toma nota de la solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno en su memoria, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para promover la negociación colectiva tanto en el sector privado como en el sector público (empleados de empresas públicas y funcionarios no adscritos a la administración del Estado). La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones a este respecto.

La Comisión toma nota de la adopción de la ley de 28 de junio de 2012 que deroga, modifica y completa determinadas disposiciones de la ley núm. 84-108/PR por la que se establece el Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota con preocupación de los alegatos relativos al secuestro, en junio de 2013, del Sr. Dominique Ntsienkoulou, miembro de la Concertación para la Revalorización de la Profesión Docente (CRPE), por agentes de la Dirección Provincial de Vigilancia del Territorio (DDST) y de su desaparición desde ese entonces. La Comisión insta al Gobierno a realizar sin demora una investigación a este respecto y a proporcionar sus comentarios sobre esos graves alegatos así como sobre los alegatos acerca de la detención arbitraria de sindicalistas docentes por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) en abril de 2013.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar la legislación sobre el servicio mínimo que ha de mantenerse en los servicios públicos indispensables para la salvaguardia del interés general, y organizado por el empleador (artículo 248-15 del Código del Trabajo), para limitarlo a las operaciones estrictamente necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población, y en el marco de un sistema de servicio mínimo negociado. La Comisión recuerda que el Gobierno se comprometió a tener en cuenta, en el marco de esta revisión, los principios recordados en el proceso de revisión en curso del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todo hecho nuevo que se haya producido a este respecto.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Croacia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2016, de la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (UATUC), de los Sindicatos Independientes de Croacia (NHS), recibidas el 31 de agosto de 2016, y de la Asociación de Sindicatos Croatas (MATICA), recibidas el 14 de octubre de 2016, así como las de la CSI, recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique una respuesta sobre las observaciones antes mencionadas, incluso sobre las cuestiones legislativas y alegatos concretos de violaciones del Convenio en la práctica.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra actos de discriminación antisindical. Procedimientos de recurso rápidos. Al referirse anteriormente a los alegatos de excesivos retrasos de los tribunales de los casos de discriminación antisindical, y de la información comunicada por el Gobierno sobre un proceso integral de reforma judicial, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera comunicando información detallada sobre las medidas previstas o adoptadas con miras a acelerar los procedimientos judiciales en los casos de discriminación antisindical y que transmitiera información práctica, incluidas las estadísticas relativas al impacto de esas medidas en la duración de los procedimientos. Ante la ausencia de nuevas informaciones, la Comisión reitera su solicitud anterior.

Artículos 4 y 6.  Promoción de la negociación colectiva en la administración pública. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al tomar nota de que el Sindicato de Empleados del Estado y de las Administraciones Locales de Croacia (SDLSN) formuló críticas al sistema de negociación colectiva existente en cuanto a la determinación de los elementos fundamentales de la composición de los salarios de los funcionarios de gobiernos autónomos, regionales y locales, recordó que las modalidades especiales de negociación colectiva en la administración pública, en particular respecto de las cláusulas relativas a los salarios y de otras cláusulas con implicaciones presupuestarias, son compatibles con el Convenio e invitó al Gobierno a que iniciara un diálogo con las organizaciones más representativas de trabajadores en los gobiernos autónomos, regionales y locales de la administración pública, con miras a explorar posibles mejoras al sistema de negociación colectiva sobre los elementos fundamentales de la composición de los salarios. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión tomó nota anteriormente de los alegatos según los cuales la Ley sobre la Ejecución del Presupuesto del Estado, de 1993, permite que el Gobierno modifique por razones financieras la sustancia de los convenios colectivos en la administración pública. Asimismo, la Comisión observó que esta ley ya no estaba en vigor y que se trataba de un procedimiento habitual para adoptar anualmente una ley sobre la ejecución del presupuesto del Estado. Al subrayar la importancia de garantizar que cualquier ley futura sobre la ejecución del presupuesto del Estado no modifique por razones financieras el contenido de los convenios colectivos, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera una copia de esta ley de la República de Croacia de 2014. La Comisión pide al Gobierno que proporcione copia de la última ley sobre la ejecución del presupuesto del Estado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias en relación a las cuestiones planteadas en el presente comentario.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de que se ha pedido al Gobierno que transmita información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en relación con el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y otras informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados. Tomando nota de que en noviembre de 2017 el Gobierno recibió asistencia técnica de la Oficina y del Centro Internacional de Formación de la OIT en la materia, la Comisión confía en que en el futuro el Gobierno se muestre más cooperativo y cumpla con sus obligaciones constitucionales. La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2016, 2014 y 2013 que hacen referencia a cuestiones abordadas en esta observación y en la solicitud directa correspondiente, así como a cuestiones en materia de aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones en la administración pública. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que en la reforma que se estaba llevando a cabo en la administración pública y al revisarse el estatuto de la función pública se reconocieran a esta categoría de trabajadores públicos las garantías previstas en el Convenio. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que dicha reforma seguía en curso, pero que el proyecto de estatuto de la función pública, en su versión de 2013, acababa de ser refrendado por los secretarios generales de la administración pública y se sometería al Parlamento para su adopción. La Comisión expresa de nuevo la firme esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno informe de la adopción de un nuevo estatuto de la función pública que garantice a todos los trabajadores públicos la posibilidad de disfrutar de los derechos previstos en el Convenio.

Además, la Comisión había pedido al Gobierno que precisara qué instrumento garantiza los derechos sindicales a los magistrados. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, la libertad sindical de los magistrados se reconoce en una orden provisional de 1996 y existen sindicatos de magistrados. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la reforma de la administración pública y, en particular que indique si se prevén expresamente disposiciones que otorguen a los magistrados los derechos previstos en el Convenio.

Artículo 3.  Derecho de los trabajadores extranjeros a acceder a cargos sindicales. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 16/010, de 15 de julio de 2016, por la que se modifica y completa la ley núm. 015-2002 relativa al Código del Trabajo. Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que el nuevo artículo 241 del Código del Trabajo aún contiene el previo requisito de tener que haber residido veinte años en el país para poder encargarse de la administración y la dirección de una organización sindical. Recordando que la legislación nacional debería permitir que los trabajadores extranjeros puedan acceder a cargos sindicales, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 103), la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que se modifique en este sentido el artículo 241 del Código del Trabajo en su tenor revisado por la ley de julio de 2016.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Toma nota asimismo de que se solicitó al Gobierno que comunicara informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas, en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en razón de la omisión del envío de memorias y de informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados. Tomando nota de que el Gobierno se benefició, en noviembre de 2017, de una asistencia técnica de la Oficina y del Centro Internacional de Formación de la OIT en la materia, la Comisión confía en que el Gobierno se muestre más cooperativo en el futuro, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los puntos siguientes:

Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión recordó anteriormente que, si bien el artículo 235 del Código del Trabajo prohíbe todo acto de injerencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las unas respecto de las otras, el artículo 236 del Código prevé que los actos de injerencia deben definirse aún con mayor precisión mediante decreto. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara todo hecho nuevo relativo a la adopción del decreto en consideración. La Comisión pide una vez más al Gobierno que informe de todo desarrollo en relación a la adopción del decreto mencionado y espera que en su próxima memoria indique que se han concretado progresos en esta cuestión, especialmente la inclusión de los diferentes casos previstos en el artículo 2 del Convenio.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva en el sector público. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los diferentes acuerdos concluidos entre la administración y los sindicatos que representan a los funcionarios no adscritos a la administración del Estado. Concluyó, así, que, en la práctica, existen en el sector público negociaciones y acuerdos salariales. Sin embargo, la Comisión, tomando nota de que el artículo 1 del Código del Trabajo excluye de manera explícita de su ámbito de aplicación a los agentes de carrera de los servicios públicos del Estado que se rigen por el Estatuto General y a los agentes y funcionarios de carrera de los servicios públicos del Estado que se rigen por estatutos particulares, solicitó al Gobierno que adoptara medidas para que la legislación nacional garantizara claramente, de conformidad con los artículos 4 y 6 del Convenio, el derecho de negociación colectiva a todos los funcionarios no adscritos a la administración del Estado. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno se había limitado a reiterar que, entre los sindicatos del sector público y la administración, existen mecanismos de negociación colectiva tal como en la comisión paritaria. La Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud al Gobierno de que prevea expresamente, en la legislación nacional, eventualmente en el marco de la reforma de la administración pública en curso, el derecho de negociación colectiva a todos los funcionarios no adscritos a la administración del Estado, de modo que la legislación sea acorde con la práctica. Entretanto, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre todas las negociaciones que tuvieron lugar en el seno de la comisión paritaria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente su administración y sus actividades. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara los motivos de detención, en mayo de 2014, en el aeropuerto de Djibouti, del Sr. Adan Mohamed Abdou, secretario general de la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT), que debía participar en la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2014), en calidad de observador de la Confederación Sindical Internacional (CSI), confiscándosele su pasaporte y equipaje. El Gobierno se limitó entonces a indicar que no reconocía la calidad de representante de los trabajadores del Sr. Mohamed Abdou, que desempeñaba un mandato de diputado. En su última memoria, el Gobierno indica que está recabando las pruebas necesarias para explicar la prohibición de salida del territorio del Sr. Mohamed Abdou. La Comisión recuerda que los dirigentes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben gozar de las facilidades correspondientes al ejercicio de sus funciones, incluido el derecho de salir del país cuando lo exigen sus actividades a favor de las personas que éstos representan; y corresponde a las autoridades garantizar la libre circulación de estos representantes. Lamentando tomar nota de la falta de comunicar las informaciones solicitadas más de tres años después de los hechos, la Comisión espera que el Gobierno comunique, sin retrasos, las razones que motivaron la prohibición de la salida del territorio, que impidieron al Sr. Mohamed Abdou su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo, en mayo-junio de 2014, y que especifique si se levantó esta prohibición.

Situación sindical en Djibouti. Además, la Comisión toma nota de las conclusiones de la Comisión de Verificación de Poderes, de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2017), relativas a una protesta sobre la designación de la delegación de los trabajadores de Djibouti. Al respecto, la Comisión toma nota con preocupación de la indicación de la Comisión de Verificación de Poderes, según la cual sigue reinando la confusión en el paisaje sindical de Djibouti. La Comisión de Verificación de Poderes se refiere especialmente a las informaciones comunicadas por las organizaciones querellantes, demostrando el deterioro de la situación de los sindicatos y que el fenómeno de clonaje (organizaciones sindicales establecidas con el apoyo del Gobierno) afecta en la actualidad a los sindicatos de base. Al respecto, la Comisión recuerda que la situación sindical en Djibouti, viene siendo objeto, desde hace muchos años, de comentarios en los que se manifiesta la preocupación de los órganos de control, incluidos el Comité de Libertad Sindical y la Comisión. Tomando nota de que la Comisión de la Conferencia invita a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo a transmitir, con la cooperación del Gobierno, una evaluación fiable, exhaustiva y actualizada de la situación de los movimientos sindicales y de la libertad sindical en Djibouti, la Comisión espera del Gobierno que garantice el desarrollo de sindicatos libres e independientes, de conformidad con el Convenio, y que adopte todas las medidas necesarias para permitir la evaluación de la situación sindical en Djibouti, con la asistencia técnica de la Oficina, si así lo estima conveniente.

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que sus comentarios tratan, desde hace muchos años, de la necesidad de la adopción de medidas encaminadas a enmendar las siguientes disposiciones legislativas:

–el artículo 5 de la Ley sobre las Asociaciones, que impone a las organizaciones la obligación de obtener una autorización previa antes de constituirse en sindicatos;

–el artículo 23 del decreto núm. 83-099/PR/FP, de 10 de septiembre de 1983, que confiere al Presidente de la República amplios poderes de movilización de los funcionarios.

Lamentando tomar nota de que el Gobierno se limita a indicar que prevé una revisión del Código del Trabajo, la Comisión espera que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para enmendar las mencionadas disposiciones y que informe, en su próxima memoria, de los progresos concretos realizados.

Ecuador

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador (ISP-Ecuador) recibidas el 1.º de septiembre de 2017 que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión así como a alegaciones de violaciones del Convenio en la práctica, relativas en particular a la denegación del registro de varias organizaciones sindicales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios respecto de las mencionadas alegaciones.

La Comisión toma también nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en el presente comentario.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante la Comisión de la Conferencia), en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio por el Ecuador. La Comisión toma especialmente nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: i) garantice el pleno respeto del derecho de los funcionarios públicos de constituir las organizaciones que estimen convenientes para la defensa colectiva de sus intereses, incluida la protección en relación a la disolución o suspensión administrativa; ii) revoque la decisión de disolver la UNE y permita el libre funcionamiento de la organización sindical; iii) enmiende la legislación para garantizar que sean los propios estatutos de las organizaciones los que definan las consecuencias de una eventual mora electoral, y iv) inicie un procedimiento de consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas con miras a identificar la manera en que habría que enmendar el marco legislativo actual para poner toda la legislación pertinente de conformidad con el Convenio.

La Comisión invitó al Gobierno a considerar la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT en relación con el proceso de reforma legislativa. A este respecto, la Comisión saluda que el Gobierno ha acordado con la Oficina un proceso de asistencia técnica en el marco de las reformas legislativas en curso.

Aplicación del Convenio en el sector público

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de crear sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes. Imposibilidad de constituir más de una organización sindical en las dependencias del Estado. En sus comentarios anteriores, refiriéndose al artículo 326, 9), de la Constitución que establece que para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización y a un proyecto de reforma de la ley orgánica que preveía el desarrollo legislativo de dicha disposición constitucional, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar que tanto la Constitución como la ley preservaran la posibilidad del pluralismo sindical en las dependencias del Estado. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la adopción, el 19 de mayo de 2017, de la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público (en adelante la Ley Orgánica Reformatoria). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala específicamente que: i) la Ley Orgánica Reformatoria garantiza sin restricciones el derecho de asociación de los servidores públicos, siendo posible la creación de varios sindicatos en las instituciones del sector público; ii) la ley crea la figura del comité de servidoras y servidores públicos, y iii) la introducción de esta figura tiene la finalidad de garantizar ciertas prerrogativas a la organización de servidores públicos más representativa en cada institución pública, sin que se restrinja de ninguna manera la posibilidad de que puedan coexistir varias organizaciones sindicales en el sector público. La Comisión también toma nota de las observaciones conjuntas de la ISP-Ecuador y de la UNE que afirman que la institución/creación del comité de servidores públicos, que debe ser conformado por la mitad más uno de los servidores públicos de una institución, viola las disposiciones del Convenio.

En relación con la figura del comité de servidores públicos, la Comisión constata que el artículo 11 de la Ley Orgánica Reformatoria adoptada en mayo de 2017 sigue las pautas del proyecto de ley examinado por la Comisión en su último comentario. La Comisión observa a este respecto que: i) el comité de servidores públicos presenta todas las características de una organización de trabajadores, con sus miembros afiliados, sus estatutos y su junta directiva; ii) el comité dispone de todas las atribuciones de promoción y defensa de los intereses colectivos reconocidos a los servidores públicos en la ley (especialmente el derecho de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, el derecho al diálogo social y el derecho de huelga); iii) si bien la ley reconoce de manera general y sin restricciones el derecho de los servidores públicos de crear organizaciones sindicales, la ley no contempla explícitamente ni reglamenta formas de organización alternativas al comité de servidores públicos, por medio de las cuales los servidores públicos podrían defender colectivamente sus intereses y ejercer los derechos colectivos antes mencionados, y iv) al tener que agrupar la mitad más uno de los servidores públicos, sólo puede haber un comité de servidores públicos por institución pública. La Comisión constata que de lo anterior se desprende que, si bien el artículo 11 de la Ley Orgánica Reformatoria no prohíbe la posibilidad de crear varias organizaciones sindicales en una misma institución pública, dicha disposición tan sólo contempla y regula el ejercicio de los distintos derechos colectivos de los servidores públicos por parte del comité de servidores públicos, agrupación de carácter único ya que debe afiliar a la mitad más uno del personal de una institución pública.

La Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio, el pluralismo sindical debería ser posible en todos los casos. A este respecto, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que la libertad de elegir de los trabajadores se vería comprometida si la distinción entre sindicatos más representativos y sindicatos minoritarios se tradujera, en la legislación o en la práctica, en una prohibición de otros sindicatos a los que los trabajadores quisieran afiliarse, o en el otorgamiento de privilegios susceptibles de influir indebidamente en la elección de las organizaciones por parte de los trabajadores. Por consiguiente, esta distinción no debería conducir a que los sindicatos que no sean reconocidos como los más representativos se vean privados de los medios indispensables para defender los intereses profesionales de sus miembros (por ejemplo, el derecho de presentar reclamaciones en su nombre, incluso de representarlos cuando se trate de reclamaciones individuales), organizar su gestión y sus actividades y formular sus programas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 97). La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que proporcione informaciones adicionales sobre los mecanismos que permiten a las organizaciones de servidores públicos, distintas de los comités de servidores públicos, representar y defender los intereses de sus miembros ante las autoridades.

Artículos 2, 3 y 4.  Registro de las asociaciones de servidores públicos y de sus directivas. Prohibición de la disolución administrativa de las mismas. Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas (decreto ejecutivo núm. 16 de 20 de junio de 2013 tal como modificado por el decreto núm. 739 de 12 de agosto de 2015). En sus anteriores comentarios, la Comisión había observado que los decretos ejecutivos núms. 16 y 739 contemplaban amplios motivos de disolución administrativa de las organizaciones sociales y que dichos decretos se aplicaban a las asociaciones de servidores públicos no registradas en el Ministerio de Trabajo sino ante sus respectivos ministerios. La Comisión había instado al Gobierno a que adoptara las reformas necesarias para que las asociaciones profesionales de servidores públicos no fueran sometidas a motivos de disolución que les impidan ejercer plenamente su mandato de defensa de los intereses de sus miembros ni fueran sujetas a disolución o suspensión administrativa.

La Comisión saluda la indicación del Gobierno según la cual los decretos ejecutivos núms. 16 y 739 fueron derogados por el decreto núm. 193 de fecha 24 de octubre de 2017. La Comisión observa que, si bien el nuevo decreto tiene la finalidad de reducir al máximo cualquier exigencia administrativa innecesaria que recaiga sobre las organizaciones sociales y que se reducen las causales de disolución, la Comisión toma nota de que el nuevo decreto mantiene como causal de disolución el desarrollo de actividades de política partidista y que el nuevo decreto sigue previendo disoluciones administrativas. Recordando nuevamente que la defensa de los intereses de sus miembros requiere que las asociaciones de servidores públicos puedan expresarse sobre la política económica y social del Gobierno y que el artículo 4 del Convenio prohíbe la suspensión o disolución administrativa de las mismas, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las reglas mencionadas del decreto núm. 193 no se apliquen a las asociaciones de servidores públicos que tienen la finalidad de defender los intereses económicos y sociales de sus miembros.

Disolución administrativa de la UNE. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado su profunda preocupación por la disolución administrativa de la UNE y había instado al Gobierno a que tomara con urgencia todas las medidas necesarias para que se revocara dicha decisión y que la UNE pudiera volver a ejercer de inmediato sus actividades. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en el marco de la apuesta por el diálogo que caracteriza al nuevo Gobierno, se han llevado a cabo contactos entre el Ministerio de Trabajo y el abogado de la UNE para explorar las alternativas a la disolución y liquidación de dicha organización, desprendiéndose de dichos contactos que: i) la UNE no es una organización sindical ya que nunca quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo; ii) la autoridad competente para revocar el acto administrativo de disolución y liquidación es el Ministerio de Educación; iii) la UNE cuestionó la legalidad del mencionado acto administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, por lo cual, en virtud de la separación de poderes, conviene esperar la resolución judicial correspondiente, y iv) el Ministerio de Trabajo ha invitado a la UNE a que inicie el procedimiento administrativo de registro como organización sindical ante el Ministerio de Trabajo. La Comisión subraya nuevamente que, más allá de su denominación formal, las asociaciones de trabajadores, incluidas las de maestros públicos o privados, que tienen la finalidad de defender los intereses profesionales de sus miembros, son abarcadas por las disposiciones del Convenio, y que, de la misma manera, la obligación de cumplir con el Convenio no se limita al Ministerio de Trabajo sino que se extiende a la totalidad de las autoridades e instituciones del país. La Comisión recuerda también que la disolución administrativa de las organizaciones de trabajadores, incluidos los maestros, constituye una grave violación del Convenio. Alentada por el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la UNE, por la derogación del decreto núm. 16 que constituía una de las bases jurídicas de la disolución de la UNE así como por la revocación de la disolución de varias organizaciones sociales, la Comisión confía en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la revocación de la disolución de la UNE de manera que dicha organización pueda volver a ejercer de inmediato todas sus actividades de defensa de los intereses profesionales de sus miembros.

Aplicación del Convenio en el sector privado

Artículo 2.  Excesivo número de trabajadores exigido (30) para constituir asociaciones de trabajadores, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa. La Comisión recuerda que, desde la reforma legislativa de 1985 que incrementó el número mínimo de afiliados de 15 a 30, ha venido solicitando al Gobierno que se reduzca el número mínimo de trabajadores exigido por la legislación para constituir asociaciones de trabajadores o comités de empresa. La Comisión observa adicionalmente que el Comité de Libertad Sindical le ha remitido el seguimiento de los aspectos legislativos del caso núm. 3148 (véase 381.er informe del Comité de Libertad Sindical, marzo de 2017, párrafo 442). En este caso relativo a la imposibilidad de una organización sindical sectorial del sector bananero de obtener su registro por afiliar a trabajadores de varias empresas, el Comité había tomado nota de la indicación del Gobierno de que la conformación de un sindicato compuesto por trabajadores de varias empresas contradecía el artículo 449 del Código del Trabajo que prevé que las directivas de las asociaciones de trabajadores, de cualquier índole que sean, deberán estar integradas únicamente por trabajadores propios de la empresa a la cual pertenezcan. Con base en lo anterior, el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias no sólo para reducir el número mínimo de trabajadores afiliados exigido para poder conformar una organización sindical a nivel de empresa sino también para permitir que se pudieran conformar organizaciones de primer grado que reúnan a trabajadores de varias empresas. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta, por una parte, que la fijación de un número mínimo de afiliados busca otorgar representatividad a las organizaciones sindicales, y, por otra, que en el marco del actual proceso de reforma normativa, se analizará la posibilidad de considerar la recomendación de la Comisión de Expertos. La Comisión recuerda nuevamente que la exigencia de un nivel razonable de representatividad para firmar convenios colectivos, no debe ser confundida con las condiciones fijadas para crear organizaciones sindicales. Por otra parte, la Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 2 y 3 del Convenio, los trabajadores deben poder tener la posibilidad de conformar, si así lo desean, organizaciones de primer grado de un nivel superior al de la empresa. La Comisión confía en que la reforma legislativa en curso contribuirá a la revisión de los artículos 443, 449, 452 y 459 del Código del Trabajo de manera que se rebaje el número mínimo de afiliados requerido para crear asociaciones de trabajadores y comités de empresa y que sea posible crear organizaciones sindicales de primer grado que reúnan a trabajadores de varias empresas.

Artículo 3.  Plazos obligatorios para convocar elecciones sindicales. En sus comentarios anteriores, ante observaciones de varias organizaciones sindicales que alegaban una violación de la autonomía sindical, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara informaciones sobre la aplicación práctica del artículo 10, c), del acuerdo ministerial núm. 0130 de 2013, reglamento de organizaciones laborales, el cual prevé la pérdida de atribuciones y competencias de las directivas sindicales que no convoquen a elecciones en un plazo de noventa días posterior al vencimiento del mandato definido por los estatutos de sus organizaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) el acuerdo ministerial núm. 0130 tiene la finalidad de dar aplicación al artículo 326, 8), de la Constitución; ii) las organizaciones sindicales requieren que se utilicen las normas del derecho civil o societario que establecen que las directivas permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazadas, y iii) el Ministerio de Trabajo está, conjuntamente con la Asamblea Nacional, impulsando un proceso de elaboración de un nuevo Código orgánico integral laboral y de promoción del empleo que incluirá una propuesta normativa respecto de este punto. La Comisión confía en que la nueva normativa que se adopte prevea que, dentro del respeto de las reglas democráticas, sean los propios estatutos de las organizaciones los que definan las consecuencias de una eventual mora electoral.

Elecciones a la directiva del comité de empresa de trabajadores no afiliados. En su anterior comentario, la Comisión había considerado que la imposición por la legislación de que trabajadores no afiliados puedan presentarse a las elecciones de la directiva del comité de empresa era contraria a la autonomía sindical reconocida por el artículo 3 del Convenio y había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para revisar el artículo 459, 3), del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que la finalidad de la legislación en vigor es lograr una elección democrática de la directiva del comité de empresa pero que se examinará el punto planteado por la Comisión en el marco del proceso de reforma legislativa en curso. Observando que la nueva Ley Orgánica Reformatoria prevé que la directiva del comité de servidores públicos sólo podrá ser conformada por personas afiliadas al mismo, la Comisión confía en que se tomarán las medidas necesarias para revisar el artículo 459, 3), de manera que las candidaturas de trabajadores no afiliados al comité de empresa sean posibles sólo en caso de que sean los propios estatutos del comité de empresa los que contemplen esta posibilidad.

Artículo 3.  Derecho de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones de servidores públicos de organizar sus actividades y de formular su programa de acción. Penas de prisión en caso de paralización o entorpecimiento de los servicios públicos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había instado al Gobierno a que tomase las medidas necesarias para revisar el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé penas de uno a tres años de prisión en caso de paralización o entorpecimiento de la normal prestación de un servicio público, de manera que no se impongan sanciones penales a los trabajadores que llevan a cabo una huelga pacífica. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) efectivamente, el tipo penal recogido en el artículo 346 del COIP no se limita a actos de violencia sino que abarca todos los actos que tengan el efecto de paralizar o entorpecer la normal prestación de un servicio público, tutelándose de esta manera el interés general; ii) la mencionada disposición del COIP no tiene en cambio como objeto el de sancionar el ejercicio legítimo del derecho de huelga, y iii) la legislación nacional establece requisitos para la declaración de la huelga en el sector público, quedando prohibida la privación de servicios básicos como salud, educación, energía, entre otros.

La Comisión reitera que, si bien son aceptables ciertas restricciones al derecho de huelga para tutelar los intereses básicos de la comunidad, las sanciones penales sólo pueden imponerse si durante la huelga se cometen actos de violencia contra las personas o los bienes u otras infracciones graves del derecho penal (por ejemplo, en caso de no asistencia a una persona en peligro o de lesiones o daños deliberados a las personas o a la propiedad) (véase el Estudio General de 2012, párrafo 158). La Comisión subraya adicionalmente a este respecto que un tipo penal amplio castigando con penas de prisión cualquier entorpecimiento a la normal prestación de un servicio público, aunado a la incerteza que puede suponer la calificación de la legalidad de una huelga podría tener un efecto disuasorio excesivo sobre el ejercicio legítimo de los derechos colectivos. A la luz de lo anterior, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para revisar el artículo 346 del COIP en el sentido indicado y que informe de todo avance al respecto.

Recordando que el Gobierno ha acordado con la Oficina un proceso de asistencia técnica, la Comisión confía en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la adopción de disposiciones legislativas que atiendan los comentarios que la Comisión viene formulando desde hace varios años tanto respecto del sector público como del sector privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador (ISP-Ecuador), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 que se refieren, entre otros elementos, a la adopción el 19 de mayo de 2017 de la Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público (en adelante la Ley Orgánica Reformatoria), así como a alegaciones de discriminación antisindical. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios respecto de las mencionadas alegaciones de discriminación antisindical así como de aquéllas contenidas en las observaciones de la UNE y la ISP-Ecuador de 2016. La Comisión insta adicionalmente al Gobierno a que envíe sus comentarios en relación con los alegatos específicos de despidos antisindicales en una empresa del sector bananero contenidos en las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2014.

La Comisión saluda que el Gobierno ha acordado con la Oficina un proceso de asistencia técnica en el marco de las reformas legislativas en curso.

Aplicación del Convenio en el sector público

Artículos 1, 2 y 6 del Convenio. Protección de los trabajadores del sector público que no trabajan para la administración del Estado contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había instado firmemente al Gobierno a que tomara las medidas necesarias para garantizar que la legislación aplicable al sector público contenga, cuando menos para los trabajadores no incluidos en la excepción del artículo 6 del Convenio, disposiciones que prohíban y sancionen de manera disuasiva todos los actos constitutivos de discriminación antisindical y de injerencia contemplados por los artículos 1 y 2 del Convenio y había instado al Gobierno a que tomara las medidas necesarias para asegurar que el uso de la figura de la «compra de renuncia obligatoria» no diera lugar a actos de discriminación antisindical. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que la Ley Orgánica Reformatoria contiene disposiciones que: i) protegen a los servidores públicos contra todo acto de discriminación relacionado con el ejercicio de su derecho de organización (artículo 11); ii) protegen la independencia de las organizaciones de servidores públicos y prohíben la injerencia de las autoridades públicas en la constitución de dichas organizaciones (artículo 11), y iii) establecen la ineficacia de la supresión de puestos y la compra de renuncia obligatoria con indemnización al servidor miembro de la directiva del comité de los servidores públicos (disposiciones generales). Recordando la importancia de contar con sanciones efectivas y disuasorias al respecto, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre las sanciones y reparaciones aplicables a los actos de discriminación e injerencia antisindicales cometidos en el sector público, indicando las disposiciones legislativas o reglamentarias que prevén las mismas. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que indique si, además de los miembros del comité de servidores públicos, los dirigentes de las organizaciones de servidores públicos cuentan también con una protección reforzada contra la supresión de su puesto o de otras medidas similares.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva de los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado con profunda preocupación que, en violación de los artículos 4 y 6 del Convenio, y a pesar de sus reiterados comentarios y de los de otros órganos de control de la OIT, las enmiendas constitucionales adoptadas en diciembre de 2015 excluyen del ámbito de la negociación colectiva al sector público en su conjunto. La Comisión había instado al Gobierno a que reabriera a la brevedad, un debate de fondo con las organizaciones sindicales concernidas con miras al restablecimiento de la negociación colectiva para todas las categorías de trabajadores del sector público abarcados por el Convenio. La Comisión había instado adicionalmente al Gobierno a que respetara plenamente el derecho de los obreros del sector público contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales de seguir negociando sus condiciones de empleo y de trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) no existe en el Ecuador el concepto de servidor público que no trabaje en la administración del Estado; ii) la negociación colectiva no ha desaparecido del sector público ya que los obreros del sector público contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales de 2015 siguen gozando de este derecho, y iii) se examinará la posibilidad de tomar en cuenta las observaciones de la Comisión en los procesos en curso de reforma normativa. La Comisión toma también nota de que la ISP-Ecuador y la UNE manifiestan que la Ley Orgánica Reformatoria adoptada el 19 de mayo de 2017 ha perdido la oportunidad de reintroducir el derecho de negociación colectiva en el sector público ya que tan sólo reconoce una posibilidad de diálogo social entre el comité de servidores públicos y las instituciones públicas respecto de un número limitado de temas que no incluyen la remuneración.

La Comisión observa que, basándose en la parte final del artículo 326, 16), de la Constitución enmendado en diciembre de 2015 que prevé que, en virtud de que el Estado y la administración pública tienen la obligación de velar por el interés general, sólo habrá contratación colectiva para el sector privado, la Ley Orgánica Reformatoria no reconoce el derecho de negociación colectiva de los servidores públicos sino que instaura, por medio de su artículo 11 un mecanismo de diálogo social entre el comité de servidores públicos y las instituciones públicas. La Comisión observa que el mencionado artículo 11 prevé que: i) la iniciativa del proceso de diálogo social corresponde al comité de servidores públicos; ii) los temas que pueden ser objeto de diálogo social son: la formación y capacitación técnica, la mejora de las condiciones de trabajo y el entorno laboral, la seguridad y salud en el trabajo así como la inclusión laboral de grupos vulnerables; iii) el resultado del diálogo social se hará constar en un informe transmitido al Ministerio de Trabajo, y iv) las controversias derivadas de la falta de aplicación de los resultados del diálogo social se someterán a mediación obligatoria y, de no llegarse a una solución por este medio, se remitirán al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

La Comisión constata que el mecanismo de diálogo social instaurado por la Ley Orgánica Reformatoria, si bien establece modalidades de resolución de controversias, no prevé la conclusión de acuerdos por medio de los cuales los empleados del sector público podrían pactar sus condiciones de empleo. La Comisión observa adicionalmente que los temas sujetos a diálogo son limitados y no incluyen en particular las cuestiones remunerativas. A este respecto, la Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 4 y 6 del Convenio, las personas empleadas en el sector público pero que no cumplen actividades propias de la administración del Estado (empleados de empresas públicas, empleados de servicios municipales, de entidades descentralizadas, docentes del sector público, personal del sector de los transportes, etc.) están abarcadas por el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenio fundamentales, párrafo 172) y deberían por lo tanto poder negociar colectivamente sus condiciones de empleo, inclusive sus condiciones salariales, una mera consulta con los sindicatos interesados no bastando para satisfacer las prescripciones del Convenio al respecto (véase Estudio General de 2012, párrafo 219). Recordando que las singularidades de la administración pública pueden hacer necesario cierto grado de flexibilidad y que, en este sentido, el Convenio puede ser compatible con sistemas que exigen la aprobación parlamentaria de ciertas condiciones de trabajo o cláusulas financieras de los convenios colectivos en el sector público y observando que, en numerosos países, funcionan mecanismos que permiten compaginar de manera armónica las misiones de interés general del sector público con el ejercicio responsable de la negociación colectiva, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que reabra, un debate de fondo con las organizaciones sindicales concernidas con miras al establecimiento de un mecanismo adecuado de negociación colectiva para todas las categorías de empleados del sector público abarcados por el Convenio. La Comisión recuerda que el Gobierno puede, en el marco de la asistencia técnica en curso, solicitar el apoyo de la Oficina a este respecto. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que proporcione datos sobre los convenios colectivos firmados con los obreros del sector público, contratados con anterioridad a la entrada en vigor de las enmiendas constitucionales de 2015.

Aplicación del Convenio en el sector privado

Artículo 1.  Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que la legislación incluyera una disposición específica que garantizara la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento del acceso al empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno vuelve a reconocer que la normativa vigente no contiene disposiciones específicas respecto de la prohibición de la discriminación antisindical en el momento del empleo y que es necesaria una reflexión de manera que se pueda combatir de forma efectiva toda discriminación en el empleo. A la luz de lo anterior y alentada por el proceso de reforma legislativa en curso con la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión confía en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la introducción de una disposición específica que garantice la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento del acceso al empleo.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado la necesidad de modificar el artículo 221 del Código del Trabajo relativo a la presentación del proyecto de convenio colectivo, de manera que, cuando no exista una organización que reúna a más del 50 por ciento de los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias puedan, por sí solas o en forma conjunta, negociar en nombre de sus miembros. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que remitirá estas observaciones a las autoridades encargadas de llevar a cabo las reformas legislativas en curso pero que, al mismo tiempo, se debe recordar que la normativa existente tiene la finalidad de garantizar la representatividad de las organizaciones sindicales ante los empleadores con miras a lograr acuerdos mayoritarios. La Comisión recuerda a este respecto que, si bien es aceptable que el sindicato que represente a la mayoría o a un alto porcentaje de los trabajadores en una unidad de negociación goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos, la Comisión considera que en los casos en que ningún sindicato cumpla esas condiciones, o que no goce de esos derechos exclusivos, los sindicatos minoritarios deberían, al menos, poder concluir un convenio colectivo o directo en nombre de sus propios afiliados (véase Estudio General de 2012, párrafo 226). A la luz de lo anterior, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para modificar el artículo 221 del Código del Trabajo de manera que cuando no exista una organización que reúna a más del 50 por ciento de los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias puedan, por sí solas o en forma conjunta, negociar por lo menos en nombre de sus miembros. Adicionalmente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe del número de convenios colectivos firmados en los últimos años así como de los sectores de actividad y número de trabajadores abarcados por los mismos.

Recordando que el Gobierno ha acordado con la Oficina un proceso de asistencia técnica, la Comisión confía en que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la adopción de disposiciones legislativas que atiendan los comentarios que la Comisión viene formulando desde hace varios años tanto respecto del sector público como del sector privado.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Egipto

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, relacionadas con la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. La Comisión también toma nota de la detallada respuesta del Gobierno a dichas observaciones, así como a las observaciones de la CSI de 2016.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: 1) garantice que el proyecto de ley sobre las organizaciones sindicales, pendiente de aprobación por la Cámara de Representantes, esté en consonancia con el Convenio, en particular en lo que se refiere a las preocupaciones relativas a la institucionalización de un sistema de sindicato único; 2) transmita una copia de este proyecto legislativo a la Comisión de Expertos, y 3) garantice que todos los sindicatos de Egipto puedan llevar a cabo sus actividades y elegir a sus representantes libremente tanto en la legislación como en la práctica, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. La Comisión pidió al Gobierno que acepte una misión de contactos directos de la OIT para evaluar los progresos realizados con respecto a las conclusiones mencionadas anteriormente y solicitó que esta información, junto con la memoria detallada del Gobierno, se transmitan a la Comisión de Expertos para su examen antes de su reunión de noviembre de 2017.

La Comisión saluda la información de que la misión de contactos directos que visitó el país del 11 al 14 de noviembre de 2017 y toma nota del informe de la misión. La Comisión también toma nota del proyecto de ley sobre las organizaciones sindicales identificado por el Gobierno como la versión presentada a la Cámara de Representantes (Majlis Al Nouwab), en mayo de 2017, así como de las modificaciones realizadas por el Parlamento, también examinados por la misión de contactos directos.

Monopolio sindical y elaboración de un marco legislativo para la libertad sindical – Ley de Sindicatos. La Comisión recuerda que durante varios decenios ha venido planteando preocupaciones por la falta de conformidad de la Ley de Sindicatos núm. 35, de 1976, y que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina desde 2008 la aplicación de este Convenio en Egipto, cuando instó al Gobierno a que tomara medidas tangibles en un futuro muy próximo para que pueda asegurarse a todos los trabajadores el pleno disfrute de su derecho fundamental a organizarse libremente y, en particular, que garantizara la independencia de las organizaciones sindicales, así como la eliminación de toda forma de injerencia en las organizaciones de trabajadores.

A este respecto, la Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de que el proyecto final de la ley sobre las organizaciones sindicales y protección de la libertad sindical estaba siendo discutido por el Consejo de Ministros y que debía ser finalizado próximamente. La Comisión expresó su esperanza de que la nueva ley respondiera los comentarios que vienen formulando desde hace largo tiempo sobre la Ley de Sindicatos en relación con los siguientes puntos: la institucionalización del sistema de sindicato único; el control garantizado por la ley a las organizaciones sindicales de más alto nivel y, en particular, a la Confederación General de Sindicatos, sobre la designación y elección de los comités ejecutivos de los sindicatos; el control ejercido por la Confederación General de Sindicatos sobre la gestión financiera de los sindicatos; la prohibición de afiliarse a más de una organización de trabajadores; la destitución del comité ejecutivo de un sindicato que haya provocado paros en el trabajo o ausentismo en un servicio público o un servicio comunitario; el requisito de obtener la aprobación previa de la Confederación General de Sindicatos para la organización de huelgas.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su última memoria de que la filosofía del nuevo proyecto de ley está basada en la consolidación del principio de la libre constitución de organizaciones sindicales y federaciones, así como la garantía de su democracia y estabilidad. En este sentido, el Gobierno confirma que el nuevo proyecto de ley prevé la posibilidad de establecer más de una federación sindical y el pluralismo de los sindicatos generales, y elimina además el control otorgado previamente por la Ley de Sindicatos de 1976 a la Confederación de Sindicatos de más alto nivel. Sin embargo, la Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la CSI, reflejadas también en las opiniones que varias partes interesadas expresaron a la misión de contactos directos, en el sentido de que la disposición que garantiza la continuidad de la personalidad jurídica únicamente a las organizaciones sindicales reconocidas por la ley a la fecha de su entrada en vigor, perjudica considerablemente a los sindicatos registrados como consecuencia de la declaración ministerial de la libertad sindical y de asociación, de marzo de 2011, debido a que se las considera no reconocidas por la legislación. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno de que no es posible conceder personalidad jurídica a esos sindicatos registrados, en virtud de una declaración ministerial, porque esa condición jurídica sólo puede otorgarse en virtud de una ley y no por intermedio de una declaración. El Gobierno añade que ese proyecto fue enmendado para permitir que todos los sindicatos, sin excepción, regularicen su situación dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación del reglamento de aplicación.

La Comisión subraya que, en el contexto de un sistema arraigado desde hace largo tiempo de monopolio sindical impuesto por la ley, es fundamental que todos los sindicatos tengan igualdad de oportunidades para ser registrados con arreglo a la nueva Ley de Sindicatos, una vez que sea adoptada. Esto no sería posible a menos de que los sindicatos registrados en virtud de la declaración ministerial sobre libertad sindical y libertad de asociación, pudieran también mantener su afiliación y continuar sus actividades durante el período estipulado para la regularización de su situación jurídica. Asimismo, la Comisión expresa su profunda preocupación por la indicación que figura en las observaciones de la CSI, las cuales también fueron objeto de discusión durante la misión de contactos directos, según la cual, el Consejo Consultivo Nacional publicó una declaración, el 21 de diciembre de 2016, estableciendo que el Ministerio de Recursos Humanos e Inmigración no aceptará solicitudes de registro de organizaciones sindicales independientes y que, en consecuencia, se observa una grave obstrucción e injerencia en los asuntos sindicales internos de las organizaciones registradas en virtud de la declaración ministerial. Subrayando las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en las que se pidió al Gobierno que garantice que todos los sindicatos de Egipto puedan llevar a cabo sus actividades y elegir a sus representantes libremente, tanto en la legislación como en la práctica, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice que todos los sindicatos existentes a la fecha de la adopción de la ley sobre organizaciones sindicales puedan ejercer sus funciones libremente y realizar sus actividades sin injerencia, mientras esté pendiente su regularización, en virtud de la ley. A este respecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice que los trabajadores que desean cambiar su afiliación sindical puedan hacerlo sin perjuicio de sus derechos adquiridos sobre los fondos de previsión.

Requisitos mínimos de afiliación. Asimismo, la Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la CSI en sus observaciones así como por varias partes interesadas a la misión de contactos directos, según las cuales los requisitos mínimos de afiliación para constituir un sindicato en los diversos niveles (de empresa, sectorial y nacional) son excesivos y pueden obstaculizar en la práctica el derecho de los trabajadores a establecer las organizaciones que estimen convenientes y de crear sindicatos independientes. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica que el número de trabajadores para establecer un comité sindical a nivel de empresa se incrementó de 50 a 250 durante el debate parlamentario. El Gobierno añade que los requisitos mínimos de afiliación son necesarios para la buena organización de la actividad sindical y para garantizar el poder de las organizaciones sindicales y prevenir su fragmentación. No obstante, la Comisión debe recordar que, si bien estima que el establecimiento de un número mínimo de afiliados no es incompatible con el Convenio, siempre ha considerado que ese número mínimo debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones. También considera que habría que evaluar este criterio en función del nivel al que vaya a constituirse la organización (por ejemplo, a nivel de empresa o de rama de actividad) y la dimensión de la empresa (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 89 y notas al pie relacionadas). A este respecto, la Comisión toma nota de la información incuestionable comunicada por varias partes interesadas a la misión de contactos directos que más del 90 por ciento de la economía egipcia está integrada por micro y pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores. Además, la Comisión toma nota de que el proyecto de ley requiere un mínimo de 15 sindicatos de empresa y 20 000 trabajadores para establecer un sindicato general (sectorial) y diez sindicatos generales y 200 000 trabajadores para constituir una federación de sindicatos. La Comisión toma nota de que según el informe de la misión se celebraron discusiones detalladas en relación con el requisito mínimo de afiliación e insta al Gobierno, tras celebrar plenas consultas con todos los interlocutores sociales interesados, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el requisito de afiliación mínima que establezca la ley una vez que sea adoptada, no se fije en un nivel tal que permita perpetuar el monopolio sindical impuesto anteriormente por la legislación y, en consecuencia, que garantice el derecho de todos los trabajadores de constituir las asociaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas.

Por último, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores de que la prohibición de afiliarse a más de una organización no debería aplicarse en los casos en los que el trabajador tenga más de un empleo en diferentes lugares de trabajo y pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias a este respecto.

Artículos 3 y 5.  Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar su administración sin injerencia y disfrutar de los beneficios de la afiliación internacional. La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la CSI en sus observaciones así como por varias partes interesadas a la misión en relación con la prohibición de recibir ayuda financiera proveniente del extranjero, incluida en el proyecto de ley sobre organizaciones sindicales. A este respecto, la Comisión recuerda que sujetar la recepción de fondos provenientes del extranjero a la aprobación de las autoridades, es incompatible con el Convenio (véase Estudio General de 2012, párrafo 110). Al tomar debida nota de las circunstancias del país y de las preocupaciones relativas a la seguridad nacional descritas por el Gobierno y subrayadas por varias partes interesadas ante la misión de contactos directos, la Comisión considera que la prohibición absoluta de recibir fondos de una entidad extranjera es una medida excesiva para atender esas preocupaciones y que destinarla específicamente a los sindicatos a este respecto, en lugar de subordinar esa recepción de fondos a las disposiciones generales de autorización que abarquen todos los aspectos de la sociedad resulta difícil de comprender. La Comisión pide al Gobierno que modifique esta prohibición previamente a la adopción de la ley de manera que garantice claramente que los sindicatos pueden beneficiarse de la asistencia técnica y de la ayuda que pueda provenir de entidades extranjeras para el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas.

Por último, la Comisión toma nota de algunas otras cuestiones planteadas por la CSI en sus observaciones en relación con la detallada reglamentación de las actividades sindicales, su constitución y los requisitos para ser elegible a un cargo sindical. La Comisión espera firmemente que el Gobierno asegure que una vez que la ley sea adoptada no se aplique de una manera que vulnere el derecho a las organizaciones de trabajadores de realizar sus actividades, redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y de elegir libremente sus representantes, y pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información detallada sobre la aplicación de la ley.

La Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno, recibida el 7 de diciembre de 2017, a través de la cual hace llegar sus observaciones en relación al informe de la misión de contactos directos y donde indica que el Parlamento ha adoptado el proyecto de ley. La Comisión lamenta tomar nota de que la única modificación aparente del proyecto de ley consistió en reducir el requisito mínimo de membresía requerido para formar un sindicato, a nivel empresa, a 150 trabajadores, un requisito que la Comisión considera todavía está muy por encima de un nivel razonable que garantizaría el derecho de los trabajadores a formar y unirse a la organización de su propia elección. Además, la Comisión lamenta tomar nota de la disposición ubicada al final de la ley que penaliza varias contravenciones con encarcelamiento. La Comisión toma nota también de que el Gobierno indica que la implementación del reglamento ejecutivo aclarará los derechos relacionados con los otros puntos antes mencionados. La Comisión insta al Gobierno a garantizar que todos los trabajadores pueden ejercer libremente los derechos bajo el Convenio de conformidad con los comentarios arriba mencionados y solicita al Gobierno que proporcione información detallada al respecto en su próxima memoria, incluyendo una copia de la Ley sobre Organizaciones Sindicales, así como del reglamento ejecutivo una vez emitido y que indique cualquier medida tomada o prevista con respecto a la revisión de la Ley sobre Organizaciones Sindicales.

Código del Trabajo. En relación con los comentarios que ha venido formulando durante varios años sobre el Código del Trabajo núm. 12, de 2003, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Consejo de Estado finalizó su examen del proyecto del Código del Trabajo el 30 de enero de 2017, que fue sometido al Parlamento (Majlis Al-Nouwab). La comisión de recursos humanos celebró algunas reuniones de diálogo con la mayoría de las federaciones sindicales actuales y sindicatos independientes, de conformidad con el Plan de acción elaborado por el Gobierno. El Gobierno añade que se espera que el proyecto de ley sea sometido a la reunión plenaria del Parlamento en octubre a efectos de su promulgación.

La Comisión toma nota de que el último proyecto del Código del Trabajo, comunicado por el Gobierno en 2017, aborda una serie de cuestiones planteadas en virtud del éste y de otros convenios, aunque observa que aún no se ha dado respuesta a los siguientes comentarios relativos al Código del Trabajo de 2003: la obligación legal de las organizaciones de trabajadores de indicar con anticipación la duración de una huelga, una infracción considerada falta grave y que puede ser sancionada con el despido (artículos 201 y 121, 8)); la facultad de recurrir al arbitraje obligatorio a petición de sólo una de las partes (artículos 186 y 198), y la prohibición de acciones colectivas en empresas de importancia vital o estratégica en las que la interrupción de trabajos pueda comprometer la seguridad nacional o los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos, y que han de designarse a través de un decreto del Primer Ministro (artículo 203).

La Comisión insta al Gobierno a garantizar que el nuevo Código del Trabajo sea adoptado en un futuro próximo y que tenga plenamente en cuenta los comentarios antes expuestos. La Comisión pide al Gobierno que suministre información en su próxima memoria sobre los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia del Código del Trabajo una vez que sea adoptado.

Asimismo, la Comisión toma nota, en relación con sus comentarios anteriores sobre la exclusión de determinadas categorías de trabajadores del proyecto de Código del Trabajo, de que el Gobierno ha anunciado que preparará un nuevo proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y proteger los derechos de los trabajadores domésticos, mientras que los funcionarios gubernamentales están cubiertos por la nueva Ley sobre el Servicio Civil, núm. 81, de 2016. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia de la ley que regula el trabajo doméstico una vez que sea adoptada y que examine el impacto de la Ley sobre la Función Pública, de 2016, sobre los derechos de los funcionarios públicos en virtud de este Convenio, una vez que se disponga de la traducción.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

El Salvador

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas en 2014 y en 2016. En relación con los alegatos de discriminación antisindical en contra del personal de las alcaldías, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no se encuentra ningún expediente diligenciado en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ya que el Código del Trabajo no se aplica a esta categoría de servidores públicos. El Gobierno señala también que la jurisprudencia nacional ha establecido que el Ministerio del Trabajo debía abstenerse de practicar inspecciones por violación de derechos laborales en las alcaldías municipales por cuanto no tienen la competencia atribuida para ello. Por último, el Gobierno señala que ha previsto reunirse con los alcaldes para informarles de las denuncias ante la OIT así como para iniciar un proceso de diálogo con miras a la protección de los derechos de los trabajadores sindicalizados. Al tiempo que toma nota de las acciones contempladas por el Gobierno, la Comisión subraya que el hecho de que el personal de las alcaldías no sea abarcado por el Código del Trabajo no exime al Gobierno de su responsabilidad de garantizar a dicha categoría de trabajadores una protección adecuada contra la discriminación antisindical. Recordando sus comentarios anteriores en el marco de la aplicación del presente Convenio y del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) relativos a la necesidad de que se reforme la Ley del Servicio Civil para que todos los trabajadores públicos abarcados por dichos Convenios gocen de una protección adecuada contra la discriminación antisindical, la Comisión pide al Gobierno que tome a la brevedad todas las medidas necesarias para que, por una parte, los alegatos de discriminación antisindical denunciados por la CSI den lugar a investigaciones por parte de las autoridades competentes, y, de ser el caso a sanciones efectivas, y por otra parte, se revise el marco legal en el sentido indicado. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que remita sus comentarios sobre los alegatos de discriminación antisindical en el servicio de la aviación civil y en una empresa del sector de la panadería.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no ha sido aprobado el anteproyecto de ley que prevé el nuevo régimen de multas. Reiterando la importancia de que las multas impuestas en los casos de discriminación antisindical presenten un carácter efectivamente disuasorio, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas efectivas para establecer un régimen sancionatorio disuasivo y confía en que en poco tiempo podrán adoptarse las reformas contempladas a este respecto.

Artículos 2, 4 y 6.  Cuestiones legislativas pendientes desde hace varios años. La Comisión recuerda que desde hace varios años formula comentarios sobre ciertas disposiciones del derecho interno a efectos de ponerlas en plena conformidad con los artículos 2, 4 y 6 del Convenio:

–Actos de injerencia: los artículos 205 del Código del Trabajo y 247 del Código Penal de manera que la legislación prohíba expresamente todos los actos de injerencia en los términos previstos en el artículo 2 del Convenio.

–Requisitos para poder negociar un convenio colectivo: los artículos 270 y 271 del Código del Trabajo y 106 y 123 de la Ley de Servicio Civil (LSC) de manera que cuando uno o varios sindicatos no agrupen más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva se atribuyan expresamente a los sindicatos existentes y éstos puedan al menos ejercer la representación de sus propios afiliados.

–Revisión de los convenios colectivos: el artículo 276, tercer párrafo del Código del Trabajo, a fin de asegurar que la renegociación de los convenios colectivos durante su período de vigencia sólo sea posible si lo piden ambas partes signatarias.

–Recurso judicial en caso de denegación de la inscripción del convenio colectivo: el artículo 279 para aclarar que son procedentes los recursos judiciales contra las decisiones del Director General que deniegan la inscripción de un convenio colectivo.

–Aprobación de los convenios colectivos celebrados con una institución pública: los artículos 287 del Código del Trabajo y 119 de la LSC, que regulan los convenios colectivos celebrados con una institución pública, a fin de sustituir el requisito de la aprobación ministerial por una disposición que contemple la participación de la autoridad presupuestaria durante el proceso de negociación colectiva y no cuando el convenio colectivo ya ha sido firmado.

–Exclusión de ciertas categorías de funcionarios públicos: el artículo 4, 1), de la LSC a fin de que todos los servidores públicos que no trabajan en la administración del Estado puedan gozar de las garantías del Convenio.

La Comisión toma primero nota de que el Gobierno se refiere a la adopción del decreto legislativo núm. 10 de 2009 que prevé que todos aquellos empleados que ingresaron a la administración pública antes del 31 de enero de 2009 beneficiarán de contratos permanentes. La Comisión pide al Gobierno que comunique mayores detalles acerca de los efectos de la adopción del mencionado decreto legislativo sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota en segundo lugar de que el Gobierno indica que luego de un diagnóstico sobre las reformas laborales, preparado en el marco del Plan estratégico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 2014-2019, se ha creado una comisión ministerial para la presentación de reformas ante la Asamblea Legislativa. La Comisión espera que el Gobierno, previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, presente a la Asamblea Legislativa, en un futuro próximo, los proyectos de reforma de las disposiciones legislativas contenidas en el Código del Trabajo, el Código Penal, y la Ley del Servicio Civil que son objeto de sus comentarios desde hace varios años. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo avance a este respecto y destaca que podría contemplar la posibilidad de incluir estos temas en la asistencia técnica solicitada en el marco del seguimiento de la misión de contactos directos relativa al Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no se ha celebrado ningún convenio colectivo de trabajo con maestros del sector público y de que entre 2009 y marzo 2016, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha inscrito 43 contratos colectivos de trabajo, de los cuales 39 son del sector privado y cuatro del sector público. La Comisión observa con preocupación que el número referido de convenios colectivos firmados es muy bajo, especialmente si se toma en cuenta que, en la práctica, la negociación colectiva se lleva a cabo en el país a nivel de empresa. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para promover la negociación colectiva en todos los sectores abarcados por el Convenio, incluyendo la educación pública, y que proporcione informaciones al respecto, indicando todos los proyectos de convenios colectivos que no fueron adoptados y los motivos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre el número de convenios colectivos firmados, los sectores concernidos y el número de trabajadores abarcados por los mismos.

Eritrea

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2014. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2012, en relación con el derecho a elegir representantes sindicales en plena libertad. En cuanto a los alegatos de la CSI respecto a que todos los sindicatos, incluidos la Confederación Nacional de Trabajadores de Eritrea y sus afiliados, están siendo estrictamente controlados por el Gobierno y están prohibidas las reuniones públicas de más de siete personas, la Comisión recuerda que los derechos de los sindicatos a organizar su administración y actividades y a realizar reuniones públicas y manifestaciones son aspectos fundamentales de la libertad sindical. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre la manera en la que garantiza el respeto de estos derechos en la práctica.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que esperaba que la Proclama sobre la función pública se adoptara a la mayor brevedad a fin de que todos los funcionarios públicos pudieran disfrutar del derecho de sindicación de conformidad con el Convenio. El Gobierno señala de nuevo que el proceso de redacción de la Proclama se encuentra en su fase final y que en virtud de su artículo 58, 1), los funcionarios públicos gozarán del derecho de sindicación. Tomando nota con preocupación de que el Gobierno se ha estado refiriendo a la adopción inminente de la Proclama sobre la función pública durante los últimos 12 años, la Comisión le insta a que adopte todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de adopción de esa Proclama a fin de otorgar, sin más demora, el derecho de sindicación a todos los funcionarios públicos, de conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2014. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno adoptara, sin demora, las medidas necesarias para modificar la Proclama del trabajo de 2001 a fin de reforzar la protección contra la discriminación antisindical. En su última memoria, el Gobierno indica de nuevo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha iniciado el proceso de redacción a fin de enmendar el artículo 23 de la Proclama del trabajo con miras a ampliar la protección, y cubrir de esta forma todos los actos de discriminación antisindical y ofrecer protección a los trabajadores contra el despido vinculado a la afiliación a sindicatos o a las actividades sindicales. Se considera que cuando se han producido despidos como represalia por la afiliación o las actividades sindicales la mejor solución es la readmisión. La Comisión pide al Gobierno que acelere el proceso a fin de garantizar en un futuro muy próximo la protección contra la discriminación antisindical tanto a los dirigentes sindicales como a los miembros de sindicatos (en el entendido que la mejor solución es la reintegración), proporcionando compensaciones financieras y profesionales adecuadas, y extender esa protección a la contratación y a cualquier acto lesivo que pueda realizarse durante el empleo, incluidos el despido, el traslado, la reubicación o el descenso de categoría.

Sanciones aplicables en casos de discriminación antisindical o actos de injerencia. La Comisión recordó que una multa de 1 200 nakfa de Eritrea (ERN) (aproximadamente 80 dólares de los Estados Unidos), establecida en el artículo 156 de la Proclama del trabajo como sanción por discriminación antisindical o actos de injerencia, no es lo suficientemente severa, y pidió al Gobierno que transmitiera información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a modificar esta disposición. El Gobierno reitera que los artículos 703 y 721 del Código Penal transitorio prevalecerán en caso de violaciones repetidas del derecho de sindicación previsto en la legislación nacional, aunque por el momento no se han dictado sentencias en relación con esas violaciones, y señala que actualmente se está llevando a cabo el proceso de redacción a fin de modificar el artículo 156 de la Proclama del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para prever sanciones lo suficientemente disuasorias por despidos antisindicales y otros actos de discriminación antisindical así como por actos de injerencia.

Artículos 1, 2, 4 y 6.  Trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que esperaba que el nuevo reglamento sobre el trabajo doméstico reconociera expresamente a los trabajadores domésticos los derechos sindicales previstos por el Convenio. El Gobierno indica de nuevo que los trabajadores domésticos no están expresamente excluidos de la definición de «empleado» que figura en el artículo 3 de la Proclama del trabajo y, por lo tanto, no tienen prohibidos los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Asimismo, el Gobierno señala que adoptará medidas para incluir los derechos previstos en el Convenio en el nuevo reglamento aplicable a los trabajadores domésticos. Recordando que en virtud del artículo 40 de la Proclama del trabajo el ministro puede determinar a través de un reglamento qué disposiciones de dicha Proclama son aplicables a los empleados domésticos, la Comisión expresa la firme esperanza de que las garantías consagradas en el Convenio pronto se aplicarán expresamente a los trabajadores domésticos, ya sea a través de un reglamento promulgado en virtud del artículo 40 o a través del nuevo reglamento sobre el trabajo doméstico que el Gobierno ha indicado que se adoptará.

Artículo 6. Sector público. La Comisión expresó la esperanza de que en la nueva Proclama sobre la administración pública se reconocieran expresamente a los funcionarios públicos de la administración central del personal (CPA) que no trabajan en la administración del Estado los derechos previstos en el Convenio. El Gobierno indica de nuevo que los funcionarios públicos se dividen en dos categorías: los que trabajan en la CPA y los que trabajan en empresas públicas o semipúblicas, y que estos últimos están cubiertos por la Proclama del trabajo y, por lo tanto, gozan, al igual que otros trabajadores, del derecho de sindicación y del derecho de negociación colectiva. En lo que respecta a los trabajadores de la CPA, el Gobierno también señala que la Proclama sobre la administración pública aún no ha sido promulgada, y que, por ahora, no se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre el Gobierno y los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información concreta sobre el estatus del proyecto de Proclama sobre la administración pública y que transmita una copia de este proyecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que, más de diez años después de la ratificación del Convenio, el Gobierno pueda informar pronto de que se ha adoptado la Proclama antes mencionada, garantizando de esta forma a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado los derechos consagrados en el Convenio, especialmente el derecho de negociación colectiva.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Pide de nuevo al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas para promover el desarrollo de la negociación colectiva en los sectores público y privado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Gabón

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

En sus comentarios anteriores, en referencia a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) relativas a las restricciones al derecho de huelga en el sector público en razón de la reiterada necesidad de garantizar la seguridad pública, la Comisión pidió al Gobierno que trasmitiera información sobre el número de huelgas convocadas en el sector público, los sectores afectados y el número de huelgas que han sido prohibidas debido a la posibilidad de que alteren el orden público. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que varias organizaciones sindicales presentes en varias administraciones, como aduanas, hacienda, enseñanza superior, educación nacional, salud y asuntos sociales, han ejercido su derecho de huelga. Además, el Gobierno señala que el Congreso Nacional de Sindicatos de Educación Nacional (CONASYSED) realizó su última huelga en la escuela pública Martine Oulabou sin ser desalojada ni ver interrumpido el ejercicio de su derecho de huelga. Al tiempo que toma nota de las informaciones del Gobierno en cuanto a ejemplos de huelgas convocadas en el sector público, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones detalladas relativas al número de huelgas que han sido convocadas en el sector público y el número de huelgas que fueron prohibidas en razón de posibles perturbaciones del orden público.

Además, en referencia a las observaciones recibidas anteriormente de la Internacional de la Educación (IE), que denunciaba la adopción de diversos textos reglamentarios que dificultaban cada vez más el ejercicio de las actividades sindicales en el sector de la educación, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas en dicho sector para garantizar que las organizaciones sindicales tengan acceso a los establecimientos escolares para poder cumplir con sus funciones de representación y de defensa de los intereses de sus afiliados. La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de respuesta del Gobierno a este respecto. La Comisión reitera su solicitud y confía en que el Gobierno adoptará sin demora todas las medidas necesarias para proporcionar las informaciones solicitadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gambia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión también toma nota de que el Gobierno ha solicitado que se comunique información a la Comisión de Aplicación de Normas en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo por no haber suministrado memorias e información sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que contienen alegaciones de arrestos de varios dirigentes de la Asociación Nacional de Control del Transporte de Gambia (GNTCA), del fallecimiento del Sr. Sheriff Diba, uno de los dirigentes arrestados, durante su detención, y de la prohibición impuesta a las actividades de la GNTCA. La Comisión expresa su preocupación por la gravedad de estas alegaciones y pide al Gobierno que formule comentarios al respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2011. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios públicos, funcionarios de prisiones y trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que garantizase que los derechos que prevé el Convenio se otorgan a los funcionarios de prisiones, los trabajadores del servicio doméstico y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión lamentó que la nueva Ley de Trabajo no se aplique a las categorías antes mencionadas de trabajadores (artículo 3, 2)). Recordó que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden excluirse de las garantías que otorga el Convenio. La Comisión toma nota de que según el Gobierno el derecho a la negociación colectiva en virtud a la parte XIII de la Ley de Trabajo es un derecho de la comunidad garantizado a todos los trabajadores. La Comisión observa que aunque los funcionarios de prisiones, los trabajadores domésticos y los funcionarios están excluidos de la aplicación de la Ley de Trabajo, el artículo 3, 3) faculta al Secretario de Estado para ampliar la aplicación de la ley, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial, a todas las categorías de trabajadores que estén excluidas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique si los trabajadores excluidos en virtud del artículo 3, 2), de la Ley de Trabajo tienen derecho a la negociación colectiva en virtud de la parte XIII de dicha ley como resultado de una orden publicada en el Boletín Oficial por el Secretario de Estado, y, de ser así, que transmita una copia de dicha orden. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique cómo se concede a estas categorías de trabajadores una protección adecuada contra actos de discriminación antisindical e injerencia, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Convenio.

Artículo 4.  Medidas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización del mecanismo de la negociación voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que según el artículo 130 de la ley, a fin de ser reconocido como único agente de negociación, un sindicato debe representar un cierto porcentaje de empleados con contrato de servicio (el 30 por ciento en el caso de un sindicato único y al menos un 45 por ciento si el establecimiento en cuestión emplea al menos a 100 personas; en este caso, el organismo de negociación puede integrar dos o más sindicatos). La Comisión recordó que cuando, en un sistema de designación de agente exclusivo de negociación, no existe ningún sindicato que represente al porcentaje exigido para ser declarado agente negociador exclusivo, los derechos de negociación colectiva no deben negarse a los otros sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus miembros. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 131 de la ley dispone que un empleador puede, si así lo desea, organizar una votación secreta para establecer un único agente de negociación. La Comisión recordó que la organización de una votación para determinar la representatividad debe ser llevada a cabo por las autoridades o una parte independiente previa presentación de una solicitud por parte de un sindicato. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el Convenio con arreglo a los principios antes mencionados. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que el Departamento de Trabajo está realizando consultas con el Gobierno Central para que las enmiendas se presenten al Parlamento para su aprobación. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Georgia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

La Comisión toma debida nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato Libre de Educadores y Científicos de Georgia (ESFTUG) y la Confederación de Sindicatos de Georgia (GTUC), recibidas, respectivamente, el 1.º, 17 y 29 de septiembre de 2014, relativas a las cuestiones planteadas por la Comisión más abajo. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la CSI y la GTUC, recibidas el 4 de septiembre de 2017, relativas al presunto uso de la fuerza por las autoridades durante una protesta pacífica, y de la respuesta del Gobierno al respecto.

Artículo 2 del Convenio. Requisito mínimo de afiliación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había saludado la enmienda del artículo 2, 9), de la Ley sobre los Sindicatos, a fin de reducir el número de miembros requeridos para constituir un sindicato, fijado en 100 personas, a 50 personas. La Comisión había pedido al Gobierno que examinara, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, el impacto de la enmienda en la práctica, y que adoptara medidas para su enmienda si se estimaba que el nuevo número mínimo requerido seguía obstaculizando la constitución de sindicatos en las pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la celebración de consultas relativas al artículo 2, 9), de la Ley sobre los Sindicatos ha empezado, y de que el resultado se transmitirá a la comisión tripartita de interlocutores sociales para su decisión, la cual se comunicará a continuación a la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno proseguirá sus esfuerzos, en consulta con los interlocutores sociales, al evaluar el impacto de la enmienda del artículo 2, 9), de la Ley sobre los Sindicatos y que adoptará las medidas necesarias para su enmienda en un futuro próximo si se considera que el nuevo número mínimo requerido sigue obstaculizando la constitución de sindicatos en las pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas, el 1.º de septiembre de 2017 y de las observaciones de la Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC) recibidas el 4 de septiembre de 2017, que incluyen alegatos sobre actos de discriminación antisindical y violación del derecho a la negociación colectiva, así como de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a las observaciones comunicadas por la CSI en 2015 y 2016 y de las observaciones formuladas por la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato Libre del Personal Docente y Científico de Georgia (ESFTUG) y la GTUC, recibidas en 2014.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el artículo 5, 8), del Código del Trabajo, un empleador no está obligado a justificar su decisión de no contratar a un solicitante de empleo, ni siquiera en caso de que se alegue discriminación antisindical. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre cualquier reclamación por discriminación antisindical en el momento de la contratación así como sobre todas las sentencias judiciales pertinentes, y que señalara si, en tales casos, se había invocado el artículo 5, 8), del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, en apoyo del artículo 2, 3), del Código del Trabajo que prohíbe la discriminación, se adoptó en 2014 la Ley de Georgia sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, que permite a la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia controlar las cuestiones en materia de eliminación de la discriminación a fin de garantizar la igualdad y considerar las solicitudes y las quejas en materia de discriminación. En este sentido, la Comisión toma nota también de que el Gobierno señala que las enmiendas a las diversas leyes, en particular, la Ley Orgánica de Georgia sobre el Defensor del Pueblo autorizan ahora al Defensor del Pueblo a imponer una multa por incumplimiento de las recomendaciones sobre actos de discriminación en las relaciones laborales antes de suscribir un contrato a las instituciones públicas, organizaciones y personas físicas o jurídicas. La Comisión toma nota además de que el Gobierno señala que, desde que entró en vigor la Ley de Georgia sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Oficina del Defensor del Pueblo ha considerado nueve casos de posible discriminación en razón de la pertenencia a un sindicato, incluidos dos casos en los que el Defensor del Pueblo presentó su opinión, un caso donde se formuló una recomendación de discriminación directa y seis casos en los que se sobreseyó la causa. Ninguno de estos casos tiene que ver con discriminación en relaciones pre-contractuales y los tribunales no han formulado ningún dictamen en relación con la discriminación. Al tiempo que toma debida nota de la adopción de la Ley de Georgia sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionado información sobre cualquier queja de discriminación antisindical en el momento de la contratación y que señale si el artículo 5, 8), del Código del Trabajo ha sido invocado en estos casos. La Comisión pide además al Gobierno que señale cuáles son las disposiciones que autorizan a la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia a imponer una multa en caso de discriminación en las relaciones laborales pre-contractuales y a que comunique información detallada sobre el número de casos en los que se han podido aplicar estas disposiciones.

Artículo 2.  Injerencia de los empleadores en los asuntos internos de los sindicatos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que confirmara que el artículo 40, 3), del Código del Trabajo, que establece que está estrictamente prohibida cualquier forma de injerencia por los empleadores en las actividades de las asociaciones de empleados, y viceversa, cubre no sólo actos de injerencia entre organizaciones sino también casos en los que los empleadores puedan injerir en los asuntos de las asociaciones de empleados, y a que señale las reparaciones y/o sanciones previstas en tales casos en virtud del artículo 40, 3), del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el artículo 5 de la Ley de Georgia sobre Sindicatos prevé que los sindicatos y las federaciones de sindicatos son independientes de los empleadores y las confederaciones de empleadores (sindicatos, asociaciones). Reiterando la necesidad de que la legislación cuente con disposiciones expresas sobre procedimientos rápidos de apelación, acompañados de sanciones efectivas y disuasorias contra los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la Comisión pide al Gobierno que señale las disposiciones en las que se establecen las reparaciones y/o sanciones por vulneración del artículo 40, 3), del Código del Trabajo y del artículo 5 de la Ley de Georgia sobre Sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que siga facilitando copia de cualquier decisión administrativa o judicial a este respecto.

Además, la Comisión pidió anteriormente al Gobierno que suministrara información sobre los progresos realizados con respecto a la creación de un organismo estatal de control sobre cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y los derechos laborales, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del proyecto de la OIT sobre mejora del cumplimiento de la legislación laboral en Georgia, y a que comunique información detallada sobre la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en relación con la elaboración de un marco legislativo en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) mediante el que se autorice al Departamento de Inspección a controlar las condiciones de trabajo con el fin de detectar posibles casos de explotación laboral o trabajo forzoso. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión lamenta que el marco legislativo que se está elaborando no permita que se realicen inspecciones para controlar el cumplimiento de los derechos sindicales. La Comisión considera que la existencia de este organismo de control contribuirá a la solución y prevención de los alegatos constantes sobre actos de discriminación antisindical y de violación de los derechos de negociación colectiva planteados por varias organizaciones sindicales internacionales y nacionales. La Comisión espera que el Gobierno adoptará otras medidas a fin de garantizar que el cumplimiento de los derechos consagrados en el Convenio se encuentra sometido al control de las autoridades públicas.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera informando sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva tanto en el sector público como en el privado, el número de convenios colectivos firmados y el número de trabajadores cubiertos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los convenios colectivos no se registran ante el Ministerio del Trabajo, Salud y Asuntos Sociales y, en consecuencia, no dispone de la información solicitada. Al tiempo que destaca que la recopilación de estadísticas sobre convenios colectivos es un elemento importante de las políticas destinas a promover la negociación colectiva, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos concertados y de trabajadores cubiertos.

La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que informara sobre el proceso de fortalecimiento de la administración del trabajo y la institucionalización del diálogo social, y a que continuara informando sobre los resultados de mediación en los conflictos colectivos del trabajo en curso. La Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre la reunión de la Comisión Tripartita de Interlocutores Sociales (TSPC), celebrada el 10 de febrero de 2017, en la cual se aprobó una lista de mediadores integrada por 11 mediadores independientes, neutrales, imparciales y calificados, durante un período de tres años. La Comisión toma nota además de que el Ministerio del Trabajo, Salud y Asuntos Sociales colabora actualmente sobre las enmiendas al decreto núm. 301 en materia de procedimientos de solución de conflictos laborales, que tiene la finalidad de establecer un mecanismo para la solución efectiva de conflictos colectivos de carácter laboral dentro de períodos de tiempo breves y sin costos. La Comisión toma nota también de las estadísticas comunicadas por el Gobierno en relación con los resultados de la mediación de conflictos laborales en marcha. La Comisión saluda las iniciativas adoptadas para hacer más funcional y efectivo este mecanismo de solución de conflictos, y pide al Gobierno que siga proporcionado información sobre cualquier progreso a este respecto, y en particular, sobre la adopción de las enmiendas al decreto núm. 301 sobre procedimientos de solución de conflictos laborales en consulta con los interlocutores sociales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, cuyo contenido está siendo examinado en relación con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información detallada sobre la naturaleza y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo sobre los alegatos de discriminación antisindical formulados por la CSI, en 2009 y 2011, y que garantizara la aplicación de sanciones suficientemente disuasorias en todos los casos en los que demostraron estar bien fundamentadas. La Comisión lamenta que la única información transmitida por el Gobierno respecto de estos alegatos sea una simple referencia a la Ley del Trabajo de 2003 (ley núm. 651) y a las disposiciones relativas a la terminación del contrato por parte de los empleadores. La Comisión solicita firmemente una vez más al Gobierno que comunique información detallada sobre la naturaleza y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo sobre los alegatos de discriminación antisindical formulados por la CSI, incluida la información sobre toda sanción o vía de recurso aplicada en todos los casos en los que los alegatos se consideraron fundados.

Artículo 4.  Reconocimiento de los sindicatos con fines de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación previera claramente una elección, con miras a determinar el sindicato más representativo con fines de negociación colectiva, en caso de pluralidad de sindicatos en los lugares de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, en la práctica, el Director del Trabajo organizará una reunión con los representantes sindicales para discutir las modalidades de verificación y el lugar de las elecciones, para determinar cuál es la organización más representativa, celebrándose las elecciones cuando se llegara a un consenso de todas las partes interesadas. La Comisión toma nota de que este proceso se basa en el artículo 10, 1), del reglamento del trabajo (2007). Recordando que los criterios que deben aplicarse para determinar la representatividad de las organizaciones a los fines de la negociación colectiva, deben ser objetivos, precisos y preestablecidos, a efectos de evitar cualquier parcialidad o abuso (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 228), la Comisión solicita al Gobierno que indique el procedimiento que debe de seguirse en caso que no se alcance el consenso por parte de todos los interesados respecto de la manera y lugar en la que se verifican las elecciones del sindicato más representativo.

Artículo 5.  Personal de establecimientos penitenciarios. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que el personal de los establecimientos penitenciarios disfrutara del derecho de sindicación y de negociación colectiva, a través de una enmienda a la Ley del Trabajo o de otros medios legislativos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el personal de los servicios penitenciarios está excluido del derecho de constituir un sindicato garantizado por la Ley del Trabajo, debido a que tienen su propio modo de gestionar sus asuntos sociales y de bienestar, pero que las autoridades correspondientes están considerando las preocupaciones planteadas. Recordando una vez más que las disposiciones del Convenio se aplican al personal penitenciario, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el personal penitenciario pueda ejercer las garantías del Convenio, a través de organizaciones con capacidad de defensa de sus intereses, incluida la negociación colectiva, y que comunique información sobre la evolución por parte de las autoridades correspondientes en este sentido.

Grecia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota asimismo de que se ha solicitado al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo por no haber comunicado memorias ni información sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones detalladas proporcionadas por la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), de fechas 31 de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2017, generalmente relativas a la situación de las normas y derechos laborales en Grecia, 2010-2017, el impacto de las medidas en el marco de la condicionalidad del programa de estabilidad del país así como del memorando de entendimiento, y, en particular, las observaciones concretas en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno proporcionará información detallada en respuesta a las observaciones de la GSEE y sobre todos los asuntos planteados en sus comentarios anteriores para su examen en su próxima reunión.

En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión recuerda que las observaciones de la CSI se referían a los enfrentamientos con las fuerzas policiales que habían tenido lugar durante una acción de protesta en un astillero, tras los cuales se había arrestado a los trabajadores y se había imputado cargos a 12 sindicalistas, y pide una vez más al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto. La Comisión también había tomado nota de las observaciones recibidas el 19 de noviembre de 2014 de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y de la Federación Panhelénica de Gente de Mar (PNO) relativas a un juicio inminente por la participación en una huelga general convocada en 2013, y pide una vez más al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y formular sus programas. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había pedido al Gobierno que respondiera a las preocupaciones expresadas por la GSEE en relación con el cierre de la Organización para la Vivienda de los Trabajadores (OEK) y el Fondo Social de los Trabajadores (OEE). La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que la Organización para la Mediación y Arbitraje (OMED) se había convertido en la heredera de todos los derechos y obligaciones de estos dos organismos. Había tomado nota con interés de que, en 2013, se había reanudado el apoyo financiero anual para los sindicatos, y de que en 2014 se había emitido una decisión ministerial conjunta sobre la cobertura para los sindicatos y el instituto de trabajo del GSEE, la cual, según el Gobierno, tenía por objeto facilitar la organización y acción colectiva de la fuerza de trabajo, con el fin de mejorar su nivel de vida, y preveía el pago de diversos subsidios a los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las últimas observaciones de la GSEE en relación con la representación y las actividades de la OMED.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores inicialmente comunicados en 2014. La Comisión toma nota además que se ha solicitado al Gobierno durante la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que comunique información a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sobre sus omisiones de envío de memorias e información sobre la aplicación de convenios ratificados.

La Comisión toma nota además de las observaciones detalladas formuladas por la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), de fecha 31 de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2017, mayormente relativas a la situación actual de los derechos y normas del trabajo en Grecia, 2010-2017, al impacto de las medidas tomadas en el marco del programa de estabilidad del país y del memorándum de entendimiento de condicionalidad así como a observaciones específicas en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno comunique informaciones detalladas relativas a las observaciones de la GSEE y a todas las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores para consideración en su próxima reunión.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno a las observaciones del CSI de 2013. La Comisión toma nota además de las observaciones suministradas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la OIE y la Federación Griega de Empresas (SEV), de 2013. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la SEV que se recibieron el 25 de septiembre de 2014.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la celebración de una serie de talleres y seminarios sobre la promoción de relaciones laborales sólidas y de un diálogo social en época de crisis, así como del hecho de que se esté negociando, entre la OIT y el Gobierno, un acuerdo de cooperación, una de cuyas áreas temáticas es el diálogo social. La Comisión toma nota con interés de la firma de un acuerdo de cooperación con la OIT y de los trabajos que están teniendo lugar en relación con el presente Convenio dentro de ese marco.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota con interés de que la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), la Confederación Griega de Profesionales, Artesanos y Comerciantes (GSEVEE), la Confederación Nacional Griega de Comercio (ESEE) y la Asociación Griega de Empresas de Turismo (SETE) han suscrito otro convenio colectivo general de ámbito nacional para el año 2014. La Comisión toma nota además de la información del Gobierno en relación con la participación de los interlocutores sociales en el desarrollo y la elaboración de una serie de políticas, en particular, del Plan nacional de acción sobre garantías para los jóvenes, y en la elaboración de un sistema integrado para determinar las necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno se refiere también al establecimiento, en abril de 2014, del Consejo Gubernamental del Empleo, encargado de promover nuevas iniciativas destinadas a favorecer el empleo, entre otras, cooperando con los interlocutores sociales, en particular propiciando la participación de éstos en un mecanismo permanente de consultas, planificación y evaluación de las políticas y programas sobre empleo.

Convenios colectivos a nivel de empresa y asociación de personas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre la ley núm. 3845/2010, en la cual se establece lo siguiente: «Las cláusulas de los convenios colectivos profesionales y empresariales podrán (de ahora en adelante) apartarse de los términos pertinentes de los convenios de carácter sectorial y general. Del mismo modo, las cláusulas de los convenios colectivos sectoriales podrán apartarse de los términos correspondientes a los convenios colectivos de carácter general. Todos los detalles pertinentes para la aplicación de esta disposición podrán definirse mediante orden ministerial». En lo que se refiere a la asociación de personas, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 4024/2011 establece que, cuando no haya ningún sindicato en la empresa, una asociación de personas estará facultada para concertar un convenio colectivo a nivel de empresa. La Comisión expresó anteriormente su preocupación sobre el hecho de que, en vista del predominio de las pequeñas empresas en el mercado de trabajo griego, la facilitación de la negociación para las asociaciones de personas, combinado con la supresión de principio del trato más favorable establecido en la ley núm. 3845/2010 y al cual se da cumplimiento en la ley núm. 4024/2011, podría menoscabar gravemente el fundamento de la negociación colectiva en el país.

La Comisión observa que, según las últimas estadísticas facilitadas por el Gobierno, en 2013 se han suscrito 409 convenios colectivos a nivel de empresa, 218 de los cuales han sido firmados por asociaciones de personas y 191 por sindicatos. Hasta el 30 de junio de 2014, se firmaron 188 convenios colectivos a nivel de empresa, 96 de los cuales fueron concertados entre empleadores y asociaciones de personas, y 92 con sindicatos. Además, 86 convenios sectoriales, dos convenios profesionales de carácter nacional y tres de carácter local han sido sometidos al arbitraje del departamento competente del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar, aunque no se ha presentado ningún laudo arbitral al respecto.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI sobre esta cuestión, según la cual, en 2013 se suscribieron 313 convenios colectivos a nivel de empresa, 178 de los cuales fueron concertados con asociaciones de personas (156 establecían recortes salariales), y solamente 135 con sindicatos (de los cuales 42 establecían recortes salariales).

Reiterando la importancia de promover la negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores y, por consiguiente, de mejorar el alcance de la negociación colectiva, la Comisión pide una vez más al Gobierno que señale las medidas adoptadas en aras de la promoción de la negociación colectiva con los sindicatos a todos los niveles, en particular, teniendo en cuenta la posibilidad, en consulta con los interlocutores sociales, de constituir secciones sindicales en las pequeñas empresas.

La Comisión toma nota de las observaciones de la SEV de que el Consejo de Estado pronunció una decisión por la que se declaraba inconstitucional la supresión del recurso unilateral al procedimiento de arbitraje obligatorio establecido en la ley núm. 4046, de 14 de febrero de 2012. La SEV critica esta sentencia al considerar que contraviene lo dispuesto en el Convenio y, además, expresa su profunda preocupación de que reinstaurar nuevamente el recurso unilateral al procedimiento de arbitraje obligatorio podría ahogar la negociación colectiva, tal como ha ocurrido siempre en Grecia. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere simplemente, en su memoria, a la decisión del Consejo de Estado pero no responde a las preocupaciones planteadas por la SEV.

La Comisión reitera sus anteriores comentarios sobre el régimen de arbitraje obligatorio antes de la supresión del recurso unilateral a este mecanismo, en los cuales consideró que no era contrario al Convenio en la medida en que se limitaba a la fijación del salario básico a escala nacional, sectorial o profesional, en un contexto en el cual los mecanismos de fijación del salario mínimo quedaban pendientes de desarrollo. No obstante, la Comisión se ve obligada a destacar que, en términos generales, las disposiciones legislativas que autorizan a cualquiera de las partes a solicitar unilateralmente el recurso al arbitraje obligatorio para resolver una controversia no promueven la negociación colectiva de carácter voluntario y, por lo tanto, contravienen el Convenio. La Comisión, confía, por tanto, en que las decisiones tomadas por el Gobierno para dar respuesta a la decisión del Consejo de Estado tomen plenamente en cuenta las preocupaciones anteriores y pide al Gobierno que responda de manera exhaustiva a las preocupaciones planteadas por la SEV.

Artículos 1 y 3. Protección contra el despido antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara sus observaciones sobre los comentarios formulados por la GSEE en relación con la vulnerabilidad de los trabajadores ante los despidos antisindicales en el marco de la introducción de modalidades flexibles de trabajo. La Comisión toma nota de la información que incluye el Gobierno en su memoria respecto a que no se ha introducido ninguna modificación legislativa que vaya en detrimento del nivel de protección de los dirigentes sindicales. No obstante, la Comisión recuerda que los comentarios formulados por la GSEE se refieren, en general, al impacto que el contexto actual del país y las medidas que facilitan las formas flexibles de trabajo podrían tener a efectos de socavar la aplicación práctica de las protecciones legales. La Comisión pide, por tanto, una vez más al Gobierno que comunique en su próxima memoria información y estadísticas relativas a las quejas por discriminación antisindical, así como sobre las medidas de reparación aplicadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guatemala

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º y el 4 de septiembre de 2017 así como de las observaciones conjuntas del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala recibidas el 30 de agosto de 2017. La Comisión toma nota de que dichas observaciones se refieren a cuestiones examinadas en el presente comentario así como a denuncias de violaciones en la práctica respecto de las cuales la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios.

La Comisión toma también nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF), ambas recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en el presente comentario.

Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio

La Comisión toma especial nota de que en su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017), el Consejo de Administración, acogió con satisfacción el acuerdo alcanzado por los mandantes tripartitos del país el 2 de noviembre de 2017, dirigido a dar plena implementación a la Hoja de ruta adoptada en octubre de 2013 (en adelante la Hoja de ruta) y, de esta manera, resolver los puntos planteados en la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados trabajadores a la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2012) acerca del incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio. La Comisión toma nota de que, con base en lo anterior, el Consejo de Administración: i) instó al Gobierno a que, conjuntamente con los interlocutores sociales del país y con la asistencia técnica de la Oficina y de su representante en Guatemala, dedicara todos los esfuerzos y recursos necesarios para implementar el acuerdo nacional tripartito enfocado a resolver los puntos de la Hoja de ruta todavía pendientes de solución, y ii) aplazó la decisión de constituir una comisión de encuesta hasta su 332.ª reunión (marzo de 2018).

La Comisión toma nota con interés de que el acuerdo tripartito prevé: i) la creación de una Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical encargada, entre otros, de orientar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Hoja de ruta, y ii) para marzo de 2018, la presentación de forma tripartita al Congreso de la República de las propuestas legislativas referidas en el punto 5 de la Hoja de ruta, punto que tiene la finalidad de adecuar la legislación nacional con el contenido del Convenio.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, la Comisión de la Conferencia), en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio por Guatemala. La Comisión toma especialmente nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: i) continúe investigando, con la participación del Ministerio Público, todos los actos de violencia perpetrados contra dirigentes sindicales y sindicalistas, a fin de determinar y comprender las causas profundas de la violencia, entender si las actividades sindicales la motivan, establecer las responsabilidades y castigar a los autores; ii) siga fortaleciendo el funcionamiento de la Comisión de Resolución de Conflictos, también en relación con la complementariedad entre la Comisión de Resolución de Conflictos y los mecanismos judiciales para la protección de la libertad sindical; iii) elimine los diversos obstáculos legislativos para el libre establecimiento de organizaciones sindicales y, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del Representante Especial del Director General, revise el tratamiento de las solicitudes de registro; iv) siga brindando protección rápida y efectiva a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas que están amenazados, con el fin de asegurar que quienes gozan de protección no deban asumir personalmente ningún costo dimanante de los sistemas de protección establecidos; v) asegure el funcionamiento efectivo de la Unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, mediante la asignación de los recursos necesarios; vi) dé más visibilidad a la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical en los medios de comunicación, y asegure que no exista estigmatización de ningún tipo contra los convenios colectivos vigentes en el sector público; vii) siga adoptando las medidas necesarias para aplicar plenamente la Hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013 en consulta con los interlocutores sociales, y viii) continúe colaborando con el Representante Especial del Director General en Guatemala con miras a la puesta en práctica del Memorando de Entendimiento y de la Hoja de ruta.

Derechos sindicales y libertades públicas

La Comisión lamenta tomar nota de que desde hace varios años ha venido examinando, al igual que el Comité de Libertad Sindical, alegatos de graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, incluyendo numerosos homicidios, y la situación de impunidad al respecto. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, tanto en su memoria relativa a la aplicación del presente Convenio como en su informe de octubre de 2017 dirigido al Consejo de Administración en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. La Comisión toma especialmente nota de que el Gobierno indica que: i) de 89 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas registrados, se han dictado hasta la fecha 21 sentencias (16 sentencias condenatorias, cuatro sentencias absolutorias y una sentencia por juicio de medidas de seguridad); ii) de dichas 21 sentencias, cinco se dictaron en 2017; iii) tres sentencias condenatorias obtenidas recientemente por el Ministerio Público fueron dictadas por los Tribunales de Sentencia de Mayor Riesgo que pueden conocer de los procesos en contra de la vida de sindicalistas, previa resolución de la Cámara Penal; iv) adicionalmente a las sentencias dictadas, existen notables avances investigativos o procesales respecto de otros cinco homicidios y una tentativa de homicidio, entre los cuales el asesinato del Sr. Tomás Francisco Ochoa Salazar, secretario de conflictos de la organización sindical SITRABREMEN, ocurrido el 1.º de septiembre de 2017; v) la coordinación interinstitucional entre la Unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas del Ministerio Público (en adelante la Unidad fiscal especial) y el Viceministerio de Seguridad del Ministerio de Gobernación permitió llevar a cabo tres órdenes de aprehensión y una citación a primera declaración en un cuarto caso; vi) continúa la colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respecto de la investigación de una lista de 12 homicidios seleccionada por el movimiento sindical; vii) continúa funcionando la mesa sindical del Ministerio Público; viii) la instrucción núm. 1-2015 del Ministerio Público ha sido aplicada en cada uno de los casos de violencia antisindical que han sido resueltos desde 2015 y en todos los expedientes de investigación existen actuaciones tendientes a conocer el contexto sindical de la víctima, y ix) se ha reestructurado la Unidad fiscal especial que está ahora conformada por 19 personas y que cuenta con tres agencias fiscales (una dedicada a las muertes violentas y dos a los delitos de desobediencia a órdenes judiciales de reinstalación).

La Comisión toma nota adicionalmente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de las medidas de protección a favor de los miembros del movimiento sindical que se encontrarían en situación de riesgo, en las cuales se indica que: i) todas las solicitudes de medidas de seguridad relativas a miembros del movimiento sindical recibidas por el Ministerio de Gobernación dan lugar a la realización de un estudio de riesgo; ii) a raíz de dichos estudios, se otorgaron entre enero y julio de 2017, 28 medidas de seguridad perimetral y dos medidas de seguridad personal, y iii) se adoptó y publicó el Protocolo de implementación de medidas de seguridad, inmediatas y preventivas en favor de trabajadores y trabajadoras sindicalizados, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de los derechos laborales, cuyo contenido había sido consensuado con las organizaciones sindicales.

La Comisión toma nota por otra parte de que, en sus observaciones sobre la aplicación del presente Convenio así como en su informe de octubre de 2017 dirigido al Consejo de Administración en el marco del seguimiento de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales de Guatemala así como la CSI denuncian: i) la persistencia de numerosos ataques y amenazas contra miembros del movimiento sindical; ii) la ausencia de avances concretos en la investigación de 89 homicidios de miembros del movimiento sindical y de la condena de sus autores; iii) serios defectos metodológicos en las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y, especialmente, la ausencia de toma en cuenta de las actividades sindicales de las víctimas en la investigación de los móviles de los homicidios; iv) la muy poca atención prestada a la identificación de los autores intelectuales de los hechos; v) la persistente falta de recursos humanos y financieros de la Unidad fiscal especial, y vi) más allá de los casos de homicidios, la ausencia de investigación, y menos de sanciones, de otras conductas delictivas antisindicales.

La Comisión toma nota adicionalmente con profunda preocupación de que las mencionadas organizaciones sindicales, denuncian específicamente: i) el asesinato, el 9 de noviembre de 2016, del Sr. Eliseo Villatoro Cardona, dirigente del Sindicato de Empleados Municipales Organizados de Tiquisate (SEMOT), organización afiliada al Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) después de haber recibido el SEMOT numerosas amenazas por parte del municipio; ii) el asesinato, por un guardia de seguridad de una finca ubicada en Coatepeque, del Sr. Eugenio López, de 72 años, ocurrido el 23 de junio de 2017 en el marco de una manifestación pacífica de los trabajadores y ex trabajadores de la finca para exigir el pago de sus prestaciones laborales, y iii) el asesinato, el 1.º de septiembre de 2017, del Sr. Tomás Francisco Ochoa Salazar, secretario de conflictos de la organización sindical SITRABREMEN, en un contexto de hostigamiento y acoso contra los miembros de dicho sindicato. La Comisión toma finalmente nota del informe anual 2016 de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala que indica que se han registrado, entre enero y noviembre de 2016, 30 ataques a miembros del movimiento sindical.

La Comisión deplora el hecho de que persisten numerosos alegatos de actos de violencia antisindical y la comisión de nuevos homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas. Al tiempo que toma debida nota de las cinco sentencias dictadas a lo largo de 2017 en relación con homicidios de miembros del movimiento sindical, la Comisión lamenta tener que constatar que siguen impunes la gran mayoría de los homicidios registrados de miembros del movimiento. Al igual que el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 2609 (382.º informe, párrafos 315-353) la Comisión expresa nuevamente su especial preocupación por los avances muy limitados en las investigaciones relativas a homicidios respecto de los cuales ya se han identificado indicios de posible móvil antisindical. A la luz de lo anterior, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para: i) investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo de deslindar las responsabilidades y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de los hechos, tomando plenamente en consideración en las investigaciones las actividades sindicales de las víctimas, y ii) brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. La Comisión insta especialmente al Gobierno a que, en el contexto de la implementación del acuerdo tripartito de noviembre de 2017, redoble sus esfuerzos para conseguir: i) la atribución de recursos económicos y humanos adicionales a favor de la Unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas del Ministerio Público; ii) la profundización de la colaboración entre el Ministerio Público y la CICIG; iii) esfuerzos y medios adicionales para las investigaciones relativas a homicidios respecto de los cuales ya se han identificado indicios de posible móvil antisindical; iv) el examen de un mayor número de homicidios de miembros del movimiento sindical por tribunales de alto riesgo, y v) el aumento del presupuesto dedicado a los esquemas de protección a favor de miembros del movimiento sindical. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre todas las medidas adoptadas y los resultados alcanzados al respecto. En relación con la alegada ausencia de investigaciones y sanciones en contra de las conductas delictivas antisindicales que no se concreten en violencias físicas, la Comisión pide al Gobierno que evalúe con las autoridades competentes la adecuación de las tipificaciones penales existentes.

Problemas de carácter legislativo

Artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones legislativas:

–el artículo 215, c), del Código del Trabajo que prevé la necesidad de contar con la mitad más uno de los trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria;

–los artículos 220 y 223 del Código del Trabajo que prevén la necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser trabajador de la empresa o actividad económica correspondiente para ser elegido dirigente sindical;

–el artículo 241 del Código del Trabajo que prevé que la huelga es declarada no por la mayoría de los votantes sino por la mayoría de los trabajadores;

–el artículo 4, incisos d), e) y g), del decreto núm. 71-86 modificado por el decreto legislativo núm. 35-96, de 27 de marzo de 1996, que prevé la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio en servicios que no son esenciales y otros obstáculos al derecho de huelga, y

–los artículos 390, inciso 2, y 430 del Código Penal y el decreto núm. 71-86 que prevén sanciones laborales, civiles y penales en caso de huelga de los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas.

Adicionalmente, la Comisión pide desde hace muchos años que el Gobierno tome medidas para que varias categorías de trabajadores del sector público (contratados en virtud del renglón 029 y otros renglones del presupuesto) gocen de las garantías previstas en el Convenio.

En su observación anterior, la Comisión había, por una parte, tomado nota con interés de varios aspectos de la iniciativa de ley núm. 5199 y observado, por otra, que ciertos comentarios de la Comisión no estaban siendo atendidos por dicho proyecto. La Comisión toma nota de que, con el apoyo del representante del Director General de la OIT en Guatemala, se han desarrollado a lo largo de 2017 discusiones bipartitas entre los sectores empleador y trabajador que han permitido: i) en un primer momento, llegar a un consenso sobre la reforma a las disposiciones del Código Penal relativas a la huelga comentadas por la Comisión desde hace muchos años, y ii) consensuar en un segundo momento una solicitud bipartita a fin de que la iniciativa de ley núm. 5199 sea retirada del Congreso para permitir que los interlocutores sociales busquen mayores acuerdos sobre el contenido del texto.

La Comisión observa adicionalmente que el acuerdo tripartito firmado en noviembre de 2017 prevé que, para marzo de 2018, se presentarán de forma tripartita al Congreso de la República las propuestas legislativas referidas en el punto 5 de la Hoja de ruta, punto que tiene la finalidad de adecuar la legislación nacional con el contenido del Convenio. La Comisión toma nota con interés de que el acuerdo se refiere específicamente a los siguientes aspectos, respecto de los cuales se tratará de buscar un consenso tripartito para revisar la legislación: i) la aplicación de la legislación laboral a los contratos temporales y regímenes especiales del sector público; ii) los mecanismos y requisitos aplicables a la negociación colectiva de carácter sectorial, abarcando, entre otros, los umbrales aplicables a la creación de organizaciones sindicales sectoriales, al derecho de negociar colectivamente y a la identificación de la organización más representativa; iii) las reglas aplicables a la votación de la huelga, y iv) la definición de la lista de los servicios esenciales.

Recordando que el Gobierno y los interlocutores sociales pueden solicitar la asistencia técnica de la Oficina para apoyarles en la revisión de la legislación, la Comisión espera que el Gobierno podrá informar a la brevedad de la adopción de una legislación que cumpla plenamente con las obligaciones contenidas en el Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica

Registro de organizaciones sindicales. En su anterior comentario, la Comisión había pedido al Gobierno que, con la asistencia técnica de la Oficina, profundizara el diálogo con las organizaciones sindicales acerca de la reforma del procedimiento de inscripción y que siguiera informando sobre el número de inscripciones solicitadas y registradas. De las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria y en sus informes remitidos al Consejo de Administración, se desprende que, del 1.º de enero al 31 de octubre de 2017, se inscribieron en el registro público de sindicatos un total de 61 organizaciones sindicales, mientras que otras tres solicitudes se denegaron por no haberse respetado los plazos previstos en la ley. Al tiempo de que toma nota de la indicación de que el Ministerio de Trabajo está perfeccionando la versión electrónica del registro público de sindicatos, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona nuevas informaciones sobre la reforma del procedimiento de inscripción que permitiría atender las críticas formuladas por las organizaciones sindicales desde hace numerosos años y que han dado lugar a la presentación de varias quejas en instancia ante el Comité de Libertad Sindical. La Comisión subraya que, entre otros elementos, las organizaciones denuncian una excesiva demora en el proceso de inscripción que facilitaría el despido de los miembros fundadores de los sindicatos. La Comisión espera firmemente que la implementación del acuerdo tripartito de noviembre de 2017 contribuirá a dar un nuevo ímpetu al diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para revisar y agilizar el proceso de inscripción de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.

Resolución de conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva

En su anterior comentario, la Comisión había pedido al Gobierno que llevara a cabo una evaluación del mandato y del funcionamiento de la Comisión de tratamiento de conflictos en materia de libertad sindical y negociación colectiva (en adelante la Comisión de tratamiento de conflictos) con miras a fortalecer la efectividad e impacto de dicho órgano. La Comisión remite a este respecto a su observación relativa a la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había subrayado la necesidad de una amplia difusión en los medios de comunicación masivos del país de la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva elaborada en colaboración con la Oficina en el marco de la implementación de la Hoja de ruta. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) se sigue difundiendo la campaña de libertad sindical y negociación colectiva a través de las redes sociales de las instituciones gubernamentales; ii) se llevaron a cabo entrevistas de las autoridades de trabajo y previsión social en varios medios de comunicación gubernamentales; iii) se llevaron a cabo un taller de sensibilización dirigido a periodistas y formadores de opinión así como un seminario similar dirigido a los directores de comunicación de los tres organismos del Estado, y iv) los días 31 de agosto y 1.º de septiembre de 2017, se insertaron afiches de la campaña en ejemplares de dos diarios de amplia difusión. La Comisión toma también nota de que el CACIF se refiere a la realización, con el apoyo del Representante del Director General de la OIT en Guatemala, de dos actividades de sensibilización sobre «empresas sostenibles y derechos fundamentales en el trabajo», una dirigida al sector agrícola y otra al sector de la maquila. La Comisión toma finalmente nota de que las organizaciones sindicales de Guatemala, en su informe de octubre de 2017 al Consejo de Administración en el marco del seguimiento a la queja en virtud del artículo 26 vuelven a lamentar que la campaña de sensibilización se limite a los medios oficiales que tienen muy poca llegada a la población y que exista al mismo tiempo una agresiva campaña en los principales medios de comunicación en contra de la actividad sindical y de la negociación colectiva, especialmente en el sector público. Observando que la firma del acuerdo tripartito de noviembre de 2017 y la creación de la Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical ofrecen una gran oportunidad a este respecto, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores sociales, tome todas las medidas necesarias para que la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva adquiera una auténtica visibilidad en los medios de comunicación masivos del país, más allá de los medios de comunicación oficiales. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.

Sector de las maquilas. La Comisión remite a su observación relativa a la aplicación del Convenio núm. 98.

La Comisión espera que la implementación del acuerdo tripartito de noviembre de 2017 creará el impulso necesario para que el Gobierno, con la participación de los interlocutores sociales y la asistencia técnica de la Oficina, tome las medidas necesarias para remediar las graves violaciones al Convenio constatadas desde hace muchos años por la Comisión.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota respectivamente de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas en 2015 y el 1.º de septiembre de 2017, de las observaciones conjuntas del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala recibidas el 30 de agosto de 2017 así como de las observaciones de la Confederación de la Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) recibidas en 2016. La Comisión observa que estas distintas observaciones sindicales se refieren a cuestiones examinadas en la presente observación así como a numerosos alegatos de actos de discriminación antisindical y de obstaculización a la negociación colectiva en municipalidades y en varias empresas multinacionales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.

La Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) recibidas en 2016 y el 1.º de septiembre de 2017 así como de las observaciones del CACIF recibidas en 2015, que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación.

La Comisión observa que en el marco del examen por parte del Consejo de Administración de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), los mandantes tripartitos del país firmaron el 2 de noviembre de 2017 un acuerdo dirigido a resolver los puntos de la queja pendientes de resolución. La Comisión toma nota con interés de que varios aspectos de dicho acuerdo que prevé, entre otros elementos, la creación de una comisión tripartita de relaciones laborales y libertad sindical, tienen relevancia para la plena aplicación del presente Convenio.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. Actuación de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar que el proceso de reforma legislativa en curso en materia de inspección del trabajo se concretara en una mayor eficacia y celeridad en la imposición de sanciones disuasivas por los actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido también al Gobierno que indicara específicamente el número y el monto de las sanciones impuestas en materia de actos antisindicales.

La Comisión toma nota de la adopción del decreto legislativo núm. 7/2017 (el decreto legislativo), publicado el 6 de abril de 2017. La Comisión toma nota con satisfacción de que el decreto legislativo devuelve a la Inspección del Trabajo su facultad sancionatoria y saluda que la adopción de este texto haya sido precedida de un diálogo entre los sectores empleador y trabajador que permitió a los mismos alcanzar un consenso sobre el contenido de la reforma que fue en gran medida plasmado en el decreto legislativo adoptado por el Congreso. Al tiempo que señala que el contenido del decreto legislativo está siendo examinado en el marco del control de la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Comisión pide al Gobierno que informe de manera detallada sobre el impacto de la nueva ley respecto de la protección contra los actos de discriminación antisindical, tal como es requerido por el artículo 1 del presente Convenio. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que informe específicamente sobre la evolución del número de infracciones detectadas y sanciones impuestas por la inspección del trabajo por violación a los derechos sindicales y de negociación colectiva. Observando que la nueva ley contempla una serie de recursos administrativos y contencioso-administrativos que pueden ser interpuestos en caso de imposición de una sanción por la inspección del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la duración de los procedimientos antes de que las sanciones impuestas por la inspección del trabajo en materia de derechos colectivos sean definitivas así como sobre la tasa de ejecución de dichas sanciones.

Procedimientos judiciales eficaces. En comentarios anteriores, la Comisión había expresado su profunda preocupación por la persistente lentitud de los procesos judiciales en materia de discriminación antisindical y el alto nivel de incumplimiento de las órdenes de reinstalación y había solicitado que se tomaran las medidas necesarias, inclusive legislativas, para remediar esta situación. La Comisión observa también de que la ausencia de protección judicial adecuada ante casos de discriminación antisindical constituye uno de los elementos de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en relación con el Convenio núm. 87 y que, en el marco de la Hoja de ruta adoptada en 2013 por los mandantes tripartitos del país para resolver los puntos planteados en la queja, el Gobierno se ha comprometido a afrontar esta problemática. La Comisión toma nota primero de las informaciones estadísticas proporcionadas por el Gobierno. El Gobierno informa en particular que, del 1.º de enero al 8 de septiembre de 2017, se plantearon 1 721 solicitudes de reintegro relacionadas con conflictos colectivos (1 589 casos procediendo del sector público y 132 casos del sector privado). En este mismo lapso de tiempo, el organismo judicial otorgó 1 250 reintegros, de los cuales: i) 92 fueron efectivamente cumplidos; ii) 83 se encuentran pendientes de ejecutar por la no subsanación de ciertos elementos, y iii) 1 075 se encuentran pendientes de que se resuelvan recursos en trámite. En cuanto a los delitos de desobediencia por incumplimiento de sentencias firmes de reintegro a favor de miembros del movimiento sindical, el Gobierno remite las estadísticas proporcionadas por la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas relativas al período enero-agosto de 2017, las cuales indican que, de 253 casos recibidos: i) 61 casos dieron lugar a acusaciones por parte de la Unidad fiscal, y ii) tres casos dieron lugar a sentencias condenatorias por juicio de faltas y un caso dio lugar a una sentencia absolutoria. La Comisión toma nota a continuación de las informaciones del Gobierno relativas a una serie de iniciativas institucionales tomadas desde marzo de 2017 con el apoyo del representante del Director General de la OIT en Guatemala, para mejorar la eficacia de la justicia laboral, las cuales incluyen: i) después de un proceso de elaboración, la aprobación en julio de 2017 por la Corte Suprema de Justicia del Reglamento Interior de los Órganos Jurisdiccionales de Trabajo y Previsión Social; ii) avances en la elaboración por la Cámara de Amparo y Antejuicio del Reglamento de Ejecución de Sentencias, en materia de Trabajo y Previsión Social, proyecto que aborda, entre otros temas, la verificación del cumplimiento de las resoluciones en materia de reinstalación.

La Comisión toma también nota de que, en su informe de noviembre de 2017, el Comité de Libertad Sindical, ante la multiplicación de casos relativos a la falta de protección judicial ante casos de discriminación antisindical, ha solicitado al Gobierno que tome las medidas necesarias para emprender una reforma procesal laboral (véase caso núm. 3062, 383.er informe del Comité, párrafo 371). A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) el Código del Trabajo tiene más de setenta años de vigencia y que su parte procesal nunca ha sido reformada, motivo por el cual los procesos laborales son antiguos y deben ser actualizados para garantizar su celeridad y ejecución; ii) en consecuencia, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia ha conformado una comisión de trabajo para elaborar un proyecto de ley procesal laboral.

A la luz de las informaciones anteriormente examinadas, la Comisión expresa su preocupación por la persistencia de un alto número de denuncias alegando la excesiva lentitud de la justicia ante casos de discriminación antisindical y por el alto porcentaje de sentencias de reinstalación incumplidas. La Comisión, al tiempo que saluda la iniciativa de adoptar una reforma procesal laboral, subraya la necesidad de que la mencionada iniciativa incluya como una de sus prioridades la adopción de reglas procesales eficaces para asegurar que todos los casos de discriminación antisindical sean examinados por la justicia de forma sumarísima y que las decisiones judiciales correspondientes sean ejecutadas a la brevedad. La Comisión insta al Gobierno que tome las medidas necesarias para que, previa consulta con los interlocutores sociales, se reformen las reglas procesales aplicables a todos los casos de discriminación antisindical en el sentido indicado. La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina sobre esta cuestión y le pide que informe de todo avance al respecto.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado su preocupación por el número muy reducido de pactos colectivos (80 pactos firmados en el país entre 2011 y 2014) y por la ausencia de negociación colectiva en el sector de la maquila desde 2013. La Comisión había pedido al Gobierno que aprovechara de manera enérgica la campaña de promoción de la libertad sindical prevista en la Hoja de ruta para promover los mecanismos de negociación colectiva, prestando especial atención al sector de la maquila. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en relación con la campaña de sensibilización llevada a cabo en materia de libertad sindical y negociación colectiva que se examinan en el marco del Convenio núm. 87. La Comisión toma también nota de los datos proporcionados por el Gobierno en octubre de 2017 en el marco del seguimiento a la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT y según los cuales: de enero a septiembre de 2017, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social homologó 13 pactos colectivos mientras que otros nueve pactos están en proceso de homologación y otros tres deben tomar en cuenta las observaciones «previos» del Ministerio.

Al tiempo que recuerda que los procesos de homologación o aprobación previos de los convenios colectivos son compatibles con el Convenio a condición de que el rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presente vicios de forma o no se ajusta a las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 201), la Comisión observa con creciente preocupación que el número referido de convenios colectivos firmados y homologados es extremadamente bajo (especialmente si se toma en cuenta que, hasta la fecha, la negociación colectiva se lleva a cabo en el país de forma descentralizada, a nivel de empresa y de institución pública), y que dicho número continúa decreciendo en relación con los años anteriores. La Comisión pide al Gobierno que utilice la nueva Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical para examinar con los interlocutores sociales los obstáculos, tanto legislativos como prácticos a la eficaz promoción de la negociación colectiva, y, de esta manera, poder tomar medidas que fomenten la negociación colectiva en todos los niveles. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que el acuerdo tripartito identifica, entre los objetivos de la reforma legislativa que deberá someterse al Congreso de la República los mecanismos y requisitos aplicables a la negociación colectiva de carácter sectorial, abarcando, entre otros, los umbrales aplicables a la creación de organizaciones sindicales sectoriales, al derecho de negociar colectivamente y a la identificación de la organización más representativa. Recordando que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.

Artículo 4 y 6.  Promoción de la negociación colectiva en el sector público. La Comisión toma nota de que las distintas observaciones sindicales recibidas en 2015, 2016 y 2017 denuncian una serie de violaciones al derecho de negociación colectiva en el sector público, alegándose: i) a partir de julio de 2015, una agresiva campaña en los medios de comunicación masivos del país, apoyada por el sector empleador, en contra de los pactos colectivos del sector público, presentados como la causa de la mala calidad de los servicios públicos y del déficit de las cuentas públicas; ii) las investigaciones entabladas por la Procuraduría General de la Nación (PGN) en febrero de 2016 en contra de 14 pactos colectivos del sector público así como la acción judicial iniciada por la misma institución en febrero de 2017 con miras a obtener la anulación de varias cláusulas del Pacto colectivo de la salud pública por, supuestamente, no contar dicho pacto con un dictamen previo del Ministerio de Finanzas y por delegar funciones que competen exclusivamente al Estado; iii) la adopción de dos circulares de 2015 y 2016 del Presidente de la República que prohíben el incremento, por medio de la negociación colectiva, de beneficios económicos financiados por la tributación, lo cual impediría cualquier negociación de contenido económico en la administración pública, y iv) la obstaculización de los pactos colectivos recientemente firmados en el sector público por parte del Ministerio de Trabajo y Protección Social, denegándose la homologación de los mismos por motivos no previstos por la legislación.

La Comisión toma también nota a este respecto de las observaciones conjuntas de la OIE y del CACIF de 2016, en las cuales indican que: i) en octubre de 2015, el CACIF solicitó a la PGN la revisión de aquellas cláusulas del pacto colectivo de salud pública contrarias a la ley y de aquellas presentando un carácter excesivo; ii) dicha solicitud es consecutiva a la divulgación, a partir de finales de 2014, por parte de los medios de comunicación de los mencionados excesos, y iii) el sector empleador reconoce que los pactos colectivos son instrumentos legales y, con la mencionada excepción en ningún momento se ha exigido la revisión o nulidad de los pactos colectivos dentro del Estado.

La Comisión constata que la memoria del Gobierno no contiene elementos específicos respecto de las cuestiones planteadas por la negociación colectiva en el sector público a pesar de que varias de las observaciones sindicales mencionadas hayan sido formuladas en años anteriores. La Comisión quisiera recordar primero de manera general que el Convenio reconoce el derecho de negociación colectiva de los trabajadores de las empresas públicas y de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda también que Guatemala tiene ratificado el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), instrumento que extiende el derecho de negociación colectiva al conjunto de la administración pública al tiempo que admite que el reconocimiento y ejercicio de dicho derecho pueden dar lugar a modalidades particulares de aplicación en este sector.

En relación con los alegatos de obstaculización de la homologación de los pactos colectivos del sector público por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Comisión recuerda nuevamente que considera de manera general que, para salvaguardar el principio de la negociación colectiva libre y voluntaria, los mecanismos de homologación o de aprobación de los convenios colectivos por las autoridades públicas son compatibles con el Convenio a condición de que el rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presente vicios de forma o no se ajuste a las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo. Respecto del sector público, la Comisión recuerda que considera adicionalmente que las singularidades de la administración pública hacen necesario cierto grado de flexibilidad, que en este sentido el Convenio puede ser compatible con los sistemas que exigen la aprobación parlamentaria de ciertas condiciones de trabajo o cláusulas financieras de los convenios colectivos en el sector público y que, en todo caso, es aceptable la exigencia de un dictamen financiero de las autoridades competentes previo a la firma del convenio. La Comisión entiende que la exigencia de tal dictamen existe en el ordenamiento jurídico Guatemalteco. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se agilice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el proceso de homologación de los pactos colectivos del sector público concluidos de conformidad con la ley y que se asegure de que los eventuales rechazos de homologación se limiten a situaciones en donde el pacto colectivo presente vicios de forma, no se ajuste a las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo o no cuente con los dictámenes financieros previos requeridos por la legislación. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que proporcione informaciones sobre las consecuencias de la falta de homologación y sobre las vías de recurso existentes contra dicha decisión y que brinde sus respuestas a los varios casos concretos de falta de homologación destacados por las organizaciones sindicales en sus observaciones.

En relación con la denuncia por las organizaciones sindicales de una prohibición de la negociación salarial en el sector público por medio de circulares presidenciales, la Comisión recuerda que, al tiempo que es plenamente consciente de las graves dificultades de tipo financiero y presupuestario que enfrentan los gobiernos, estima que las autoridades deberían dar preferencia, dentro de lo posible, a la negociación colectiva como mecanismo para determinar las condiciones de empleo de los funcionarios públicos. La Comisión estima asimismo que son considerables admisibles las limitaciones impuestas por las autoridades al contenido de los futuros convenios colectivos, sobre todo en materia salarial, en cumplimiento de las políticas de estabilización económica o de ajuste estructural que resulten necesarias, a condición de que se celebre una consulta previa al respecto con las organizaciones de trabajadores y empleadores, y de que esas restricciones: i) se apliquen como medida de excepción; ii) se limiten a lo indispensable; iii) no sobrepasen un período razonable, y iv) vayan acompañadas de garantías destinadas a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados, y particularmente de aquellos que pueden resultar más afectados (véase Estudio General de 2012, párrafo 220). La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a las observaciones sindicales correspondientes y que se asegure del respeto de los criterios antes mencionados de manera que se compagine el deber del Estado de velar por el equilibrio de las cuentas públicas con el derecho, reconocido por los Convenios núms. 98 y 154, de los trabajadores del sector público de negociar colectivamente sus remuneraciones.

Respecto de la denuncia por las organizaciones sindicales de investigaciones y acciones judiciales entabladas por la PGN en contra de varios pactos colectivos del sector público, la Comisión recuerda que estima que si las autoridades cuestionaran de manera casi sistemática las prestaciones concedidas a los trabajadores del sector público aduciendo motivos de «racionalidad» o «proporcionalidad» con miras a su anulación (por estimarlas, por ejemplo, demasiado onerosas), estarían poniendo en grave peligro la propia institución de la negociación colectiva y le restarían importancia en la solución de los conflictos colectivos. Sin embargo, si el convenio colectivo comporta disposiciones contrarias a los principios fundamentales (por ejemplo de no discriminación) la autoridad judicial podría anular tales disposiciones invocando una norma superior (véase Estudio General de 2012, párrafo 207). La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a las observaciones sindicales correspondientes y que haga todo lo posible para favorecer la resolución negociada y consensuada de los conflictos que puedan surgir respecto del carácter supuestamente excesivo de ciertas cláusulas de pactos colectivos del sector público.

Observando finalmente que en varios casos relativos a la negociación colectiva en el sector público actualmente en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, una parte importante de las dificultades encontradas parece estribar en la falta de reglamentación, la Comisión pide al Gobierno que tome, en consulta con las organizaciones sindicales concernidas, las medidas necesarias para asegurar que los procesos de negociación colectiva en el sector público cuenten con un marco normativo claro que garantice a la vez la toma en cuenta de la sostenibilidad financiera y el principio de negociación de buena fe. La Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y le pide que informe de todo avance.

Aplicación del Convenio en la práctica. Comisión de tratamiento de conflictos. En su anterior comentario relativo al presente Convenio, la Comisión había saludado la creación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva (en adelante la Comisión de Tratamiento de Conflictos). La Comisión recuerda también que en su observación de 2016 relativa al Convenio núm. 87, había pedido al Gobierno que llevara a cabo una evaluación del mandato y del funcionamiento de la Comisión de Tratamiento de Conflictos y que se incluyera en dicha evaluación un examen de la complementariedad entre la misma y los mecanismos judiciales de protección de la libertad sindical en el país. La Comisión toma nota de: i) la información proporcionada por el Gobierno sobre la evaluación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos llevada a cabo por un consultor independiente con el apoyo del representante del Director General de la OIT en Guatemala; ii) la afirmación de las organizaciones sindicales según las cuales los resultados de la Comisión de Tratamiento de Conflictos han sido muy pobres y que se necesita revisar su mandato, y iii) la indicación del CACIF de que la mayoría de las sesiones de la Comisión de Tratamiento de Conflictos no pudieron realizarse por falta de quórum. La Comisión toma nota con interés de que el acuerdo tripartito firmado el 2 de noviembre de 2017 prevé que la nueva Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical integrará las funciones de la Comisión de Tratamiento de Conflictos. Constatando que el número de alegatos de discriminación antisindical y de obstaculización de la negociación colectiva reportado ante la OIT sigue siendo muy alto, la Comisión confía en que, gracias a la creación de la nueva Comisión Tripartita, se establecerán mecanismos ágiles y efectivos que contribuirán, de manera complementaria a la inspección del trabajo y la justicia laboral, a la resolución de dichos conflictos. La Comisión recuerda que el Gobierno puede seguir contando con la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y le pide que proporcione informaciones sobre la contribución de la nueva Comisión a la resolución de conflictos en materia sindical.

Sector de la maquila. En sus comentarios anteriores relativos al presente Convenio y al Convenio núm. 87, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara medidas específicas para promover y garantizar el pleno respeto de los derechos sindicales en la maquila y que indicara el número de sindicatos activos y de trabajadores afiliados a los mismos en dicho sector así como el número de pactos colectivos vigentes. La Comisión toma nota de que el Gobierno: i) informa de la realización de una reunión y de tres capacitaciones bipartitas sobre derechos laborales en general, y ii) evoca la realización en el futuro de un programa de capacitación que incluirá entre otros temas, libertad sindical y negociación colectiva en el sector textil y maquila. La Comisión toma nota de las observaciones del CACIF que indica que, a raíz de la inscripción de dos sindicatos en noviembre de 2016 y enero de 2017, existen en la actualidad tres sindicatos en el sector de la maquila que afilian a un total de 260 trabajadores. La Comisión observa también que entre los 13 pactos colectivos homologados a nivel nacional en 2017, uno concierne a una empresa de la maquila.

La Comisión observa con preocupación que la tasa de sindicalización del sector es extremadamente baja y que sólo se tiene conocimiento de la homologación de un pacto colectivo de una empresa de la maquila en los últimos años. La Comisión pide al Gobierno que, en el marco de la nueva Comisión de Tripartita Relaciones Colectivas de Trabajo y Libertad Sindical, examine con los interlocutores sociales los obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales y de negociación colectiva en la maquila y que intensifique las iniciativas para promover efectivamente los mencionados derechos en dicho sector. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.

Aplicación del Convenio en las municipalidades. En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota con preocupación del elevado número de denuncias de violación del Convenio en el seno de las municipalidades y había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio en las municipalidades. La Comisión toma nota por una parte de que el Gobierno informa de la realización por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de un proceso de sensibilización a alcaldes municipales en conflictos laborales, iniciado con un primer taller impartido por el Viceministro de Administración de Trabajo en la sede de la Asociación Nacional de Municipalidades en septiembre de 2016. La Comisión toma nota por otra parte con preocupación de que las observaciones sindicales recibidas en 2017 denuncian la persistente violación de los artículos 1 y 4 del Convenio en una serie de municipalidades y que varios casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical se refieren a violaciones de los derechos sindicales en municipalidades. Subrayando que la labor de sensibilización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social puede apoyar pero no sustituir la intervención de las autoridades públicas que tienen la responsabilidad de que las municipalidades respeten el Estado de derecho, la Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio en las municipalidades. La Comisión pide al Gobierno que informe de todo avance al respecto.

La Comisión confía en que la implementación del acuerdo tripartito de noviembre de 2017 creará el impulso necesario para la toma de las medidas solicitadas desde hace muchos años, e invita al Gobierno a que informe de todos los avances obtenidos.

[La Comisión pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Guinea

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y del Consejo Nacional de Empleadores de Guinea comunicadas con la memoria del Gobierno, que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y formular su programa de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera informaciones sobre la determinación de los servicios mínimos en el caso de conflictos colectivos en el marco de la concertación y del diálogo social y, en particular, que indicara los servicios mínimos determinados a los servicios de transportes y comunicaciones en los cuales se señalaron anteriormente dificultades. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que tras la elaboración de la carta nacional de diálogo social, el decreto núm. 256, del 23 de agosto de 2016 fue adoptado creando el Consejo Nacional de Diálogo Social. La Comisión toma nota de que el artículo 4 del decreto dispone que corresponde al Consejo garantizar la concertación permanente entre el Estado y todos los interlocutores sociales y que el artículo 5, apartado 2, prevé la consulta a dicho Consejo en los casos de conflictos de importancia. Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 7 del decreto prevé la composición del Consejo y la designación de sus miembros. El Gobierno señala también que adoptará todas las medidas para su aplicación efectiva y, especialmente, la designación de sus miembros. La Comisión toma nota de la indicación del Consejo Nacional de Empleadores de Guinea, sugiriendo que el Consejo pueda intervenir, además de en los sectores del transporte y las telecomunicaciones, en servicios tales como la banca y los seguros, la salud, la educación y las microfinanzas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la labor del Consejo Nacional de Diálogo Social en el ámbito de la resolución de conflictos relativos a la determinación de los servicios mínimos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique los servicios mínimos determinados en los servicios de comunicación y de transportes en los cuales se señalaron dificultades, incluidas las indicadas por la CSI en sus observaciones antes mencionadas.

La Comisión recuerda que en su comentario anterior tomó nota de que en virtud del artículo 431.5 del Código del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a interrumpir completamente el trabajo, a condición de garantizar las medidas de seguridad indispensables y un servicio mínimo. A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 431.5 del Código del Trabajo con objeto de limitar las posibilidades de establecer un servicio mínimo a las situaciones siguientes: i) en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el «sentido estricto del término»); ii) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto del término en los que las huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro, o iii) en servicios públicos de importancia trascendental (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 136). La Comisión también tomó nota de que en virtud de los artículos 433.1 y 434.4 del Código del Trabajo leídos conjuntamente, el recurso al arbitraje puede ser obligatorio cuando se trate de un conflicto que pueda comprometer el desarrollo normal de la economía nacional. A este respecto, la Comisión recordó que sólo es aceptable el recurso obligatorio al arbitraje para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo o a una huelga, en los casos en los que pueda restringirse o incluso prohibirse una huelga, a saber: i) en los casos de conflicto en la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; ii) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o iii) en situaciones de crisis nacional o local aguda, por una duración determinada y en la medida necesaria para hacer frente a una crisis nacional o local aguda, con una duración limitada y sólo en la medida necesaria para hacer frente a la situación (véase Estudio General de 2012, párrafo 153). Además, la Comisión observó que la posibilidad, prevista en el artículo 434.4 del Código del Trabajo, de dar fuerza obligatoria a un laudo arbitral pese a la oposición de una de las partes en los plazos previstos por la ley equivale a reconocer a la autoridad pública la facultad de poner fin a una huelga en lugar de la autoridad judicial de la instancia judicial más elevada. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 434.4 del Código del Trabajo en el sentido indicado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha establecido una comisión para revisar el Código del Trabajo, a los fines de su revisión y que en el ámbito de esa comisión, se examinarán y serán objeto de debate los artículos 431.5 y 434.4. La Comisión saluda la creación de la comisión para revisar el Código del Trabajo y espera que los artículos 431.5 y 434.4 del Código del Trabajo serán modificados en un futuro cercano. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible y transmita información acerca de todo progreso a este respecto.

Guinea-Bissau

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2011. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 4 de agosto de 2011 que se refieren a la negociación de los salarios en el marco del Consejo Nacional Tripartito de Consultación Social y a la debilidad de las disposiciones de la Ley General del Trabajo en materia de protección contra la discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Unión Nacional de Trabajadores de Guinea (UNTG-CS) de fecha 30 de agosto de 2011 que se refieren a la necesidad de reforzar las capacidades de la Inspección General del Trabajo y de los tribunales para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Campo de aplicación del Convenio. Trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión había tomado nota de la voluntad del Gobierno de continuar revisando la Ley General del Trabajo que, en su título XI, contiene disposiciones sobre la negociación colectiva y la adopción de medidas para garantizar a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio. La Comisión observa que el Gobierno informa que este proceso de revisión legal sigue en curso. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de código preveía la adaptación de la aplicación de sus disposiciones a las características particulares del trabajo realizado por trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión pide al Gobierno que informe de la evolución legislativa de este proyecto y confía en que éste garantizará a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno había declarado que no hay una legislación que regule específicamente esta materia, la cual se trata en el ámbito de foros creados a tal efecto como el denominado Consejo Permanente de Concertación Social. La Comisión recuerda que había solicitado al Gobierno que enviara informaciones sobre las medidas adoptadas con miras a la adopción de la ley especial que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, de la Ley núm. 8/41 sobre la Libertad Sindical, debía reglamentar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la Administración del Estado. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe a este respecto.

Por último, la Comisión había pedido al Gobierno que facilite informaciones sobre la evolución de la situación en lo que concierne a la promoción de la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado (actividades de formación y de información, seminarios con los interlocutores sociales, etc.), y que transmitiese estadísticas sobre los convenios colectivos (por sector) firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión tomó nota de que de los comentarios de la CSI se desprende que la situación de la negociación colectiva no es satisfactoria. La Comisión recuerda al Gobierno una vez más que el artículo 4 del Convenio establece que «deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, y por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo». La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas concretas con miras a promover una mayor utilización en la práctica de la negociación colectiva en los sectores público y privado, y que informe sobre la evolución de la situación, el número de nuevos convenios firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones completas sobre los puntos planteados así como sobre los comentarios de la CSI.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión nuevamente recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que: i) modifique el artículo 5 de la ley núm. 12/1992 que dispone que las asociaciones de empleados pueden ser profesionales o sectoriales — a fin de que los trabajadores puedan, si así lo desean, constituir sindicatos de empresa; ii) modifique el artículo 10 de la ley núm. 12/1992, que dispone que para que una asociación profesional obtenga personalidad jurídica debe tener, entre otros requisitos, un número mínimo de 50 empleados, a fin de reducir dicho número mínimo a un nivel razonable; iii) confirme si en virtud de la revisión de la Ley Fundamental, en 1995 (ley núm. 1 de 1995), el derecho de huelga es reconocido en los servicios de utilidad pública y si el mismo se ejerce en las condiciones previstas por la ley; iv) informe sobre los servicios considerados como esenciales y sobre la forma en que se determinan los servicios mínimos que deben garantizarse previstos en el artículo 37 de la ley núm. 12/1992, y v) informe si los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado gozan del derecho de huelga (artículo 58 de la Ley Fundamental).

La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de ponerla en plena conformidad con las disposiciones del Convenio y a que informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada o que prevé adoptar a este respecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tome sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.

Además, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación del Convenio y la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC). La Comisión recuerda, una vez más, que la facultad discrecional de la autoridad competente para aceptar o negar la solicitud de inscripción en el registro equivale a la imposición de una autorización previa, lo cual es incompatible con el artículo 2 del Convenio. En estas condiciones, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora proceda a inscribir en el registro a aquellas organizaciones sindicales que hayan cumplido los requisitos legales y que informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión tomó nota de los comentarios anteriores de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC) y la falta de marco legislativo para el desarrollo de la negociación colectiva. La Comisión subraya una vez más, que la existencia de sindicatos libremente constituidos es un prerrequisito necesario para la aplicación del Convenio. La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias tendientes a crear condiciones adecuadas para la constitución de sindicatos que puedan negociar colectivamente con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo.

Artículo 6.  Derecho de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado a negociar colectivamente. La Comisión tomó nota de que según los comentarios de la CSI, el derecho de los trabajadores de la administración pública de constituir sindicatos no ha sido reconocido aún por la legislación a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo, núm. 12/1992, establece que la sindicación de los funcionarios de la administración pública será regulada por una ley especial. La Comisión tomó nota de que la CSI indicó además que el marco legal de la negociación colectiva sigue siendo deficiente y ambiguo. La Comisión urge al Gobierno a que le indique si la ley especial ha sido adoptada, si la misma garantiza el derecho de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública y que envíe información detallada sobre la aplicación del Convenio respecto de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y expresa la firme esperanza de que tomará sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que envíe estadísticas sobre el número de organizaciones sindicales, sobre el número de convenios colectivos suscritos con organizaciones sindicales y el número de trabajadores y los sectores cubiertos.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2009. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

En su observación anterior, la Comisión sólo se había referido a la cuestión del reconocimiento de sólo aquellos sindicatos que contaban con el apoyo del 40 por ciento de los trabajadores, como establecía la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual, a solicitud del congreso de sindicatos, la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos había previsto el reconocimiento de sindicatos que se habían reconocido con anterioridad a la ley, sin haber tenido que probar que contaban con un apoyo de la mayoría (artículo 32); todos los sindicatos se habían beneficiado de esa disposición, respecto de la cual el Gobierno manifiesta que ya no es aplicable, puesto que se habían expedido todos los certificados aplicables en virtud de ese artículo. Dado que la representatividad de los sindicatos podía cambiar, la Comisión recuerda una vez más que, cuando ningún sindicato agrupe a más del 40 por ciento de los trabajadores en la unidad de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva, párrafo 241). La Comisión espera que en un futuro próximo se realicen progresos significativos respecto de este asunto y solicita al Gobierno que la mantenga informada de los resultados del proceso consultivo.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Al respecto, la Comisión también toma nota de que se solicitó al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas, en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en razón de la falta de envíos de memorias y de informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público y Privado (CTSP) y por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 30 de agosto y el 1.º de septiembre de 2017, respectivamente, que tratan de la aplicación en la práctica de los principios de libertad sindical. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar sus comentarios al respecto.

La Comisión recuerda que viene solicitando al Gobierno, desde hace muchos años, que modifique la legislación nacional, especialmente el Código del Trabajo, para ponerla de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión recuerda que sus comentarios se referían, en particular, a lo siguiente:

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas.

–La necesidad de modificar los artículos 229 y 233 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que los menores que tengan la edad mínima legal de admisión al empleo puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental.

–La necesidad de modificar el artículo 239 del Código del Trabajo, a fin de permitir que los trabajadores extranjeros puedan ocupar funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país.

–La necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos los derechos consagrados en el Convenio (el artículo 257 del Código del Trabajo dispone que el trabajo doméstico no está regido por ese código, y que la ley adoptada por el Parlamento en 2009 para modificar ese artículo — la cual no ha sido promulgada, aunque el Gobierno se refería a ella en sus memorias anteriores — tampoco reconoce los derechos sindicales de los trabajadores domésticos).

Artículo 3.   Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción.

–La necesidad de revisar las disposiciones del Código del Trabajo relativas al recurso al arbitraje obligatorio a fin de garantizar que este último sólo pueda imponerse, para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo o a una huelga, en determinadas circunstancias, a saber: 1) cuando lo acepten las dos partes en el conflicto, o 2) cuando la huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de una prohibición, es decir: a) cuando se trata de conflictos relativos a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; b) cuando se trata de conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o c) en situaciones de crisis nacional o local aguda, con una duración limitada y sólo en la medida necesaria para hacer frente a la situación.

La Comisión espera firmemente que, con la asistencia técnica de la que se beneficia, especialmente con miras al restablecimiento del diálogo tripartito para la reforma del Código del Trabajo, el Gobierno se encuentre en condiciones de informar, en su próxima memoria, de los progresos realizados en la revisión de la legislación nacional, para ponerla plenamente de conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Además, toma nota de que se ha solicitado al Gobierno que suministrara informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2017), debido a la falta de cumplimiento con las obligaciones de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de los Sectores Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017, sobre violaciones graves de la libertad sindical tanto en el sector público como en el privado, en particular en empresas de las zonas francas de exportación de textiles, donde alrededor de 200 trabajadores sindicalizados y dirigentes sindicales fueron despedidos como consecuencia de un movimiento de huelga iniciado en mayo de 2017 para reclamar un aumento del salario mínimo. La Comisión toma nota a este respecto de la campaña de denuncia de las violaciones de la libertad sindical lanzada en julio de 2017 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA). La Comisión expresa su profunda preocupación ante esas informaciones. La Comisión toma nota de que estas cuestiones están dando lugar a un seguimiento por parte del programa Better Work, resultante de la colaboración entre la OIT y la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del grupo del Banco Mundial, presente en Haití desde 2009. Recordando que los actos de acoso e intimidación llevados a cabo contra trabajadores o su despido por motivos de afiliación a un sindicato o por realizar actividades sindicales legítimas violan gravemente los principios de libertad sindical consagrados en el Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de esos principios y le pide que proporcione informaciones sobre toda investigación realizada por iniciativa del Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo (MAST), así como sobre todo otro procedimiento judicial iniciado a ese respecto.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían en particular a la necesidad de adoptar una disposición específica que prevea una protección contra la discriminación antisindical en la contratación, así como la necesidad de adoptar disposiciones que garanticen a los trabajadores, de manera general, una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en el empleo (motivada por la afiliación o la actividad sindical), acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 251 del Código del Trabajo dispone que «Todo empleador que despida o suspenda, rebaje de categoría o reduzca el salario de un trabajador con objeto de impedir que se afilie a un sindicato, organice una asociación sindical o ejerza sus derechos sindicales, será sancionado con una multa de 1 000 a 3 000 gourdes (es decir, aproximadamente de 15 a 45 dólares de los Estados Unidos) que se impondrá por el Tribunal del Trabajo, sin perjuicio de la reparación a que el trabajador tenga derecho». La Comisión pide al Gobierno que vele por que, en el marco de la reanudación del diálogo tripartito para la reforma del Código del Trabajo, sean reforzadas las sanciones previstas con objeto de garantizar que sean suficientemente disuasorias. Además, la Comisión pide al Gobierno que vele por la adopción de una disposición específica que prevea protección contra la discriminación antisindical al momento de la contratación.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda nuevamente la necesidad de modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al servicio de organizaciones sociales de la dirección del trabajo del MAST, el poder «de intervenir en la elaboración de los convenios colectivos de trabajo respecto de toda cuestión relativa a la libertad sindical.». La Comisión espera que el Gobierno se basará en la asistencia técnica proporcionada por la Oficina a este respecto para modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, con objeto de garantizar que el servicio de organizaciones sociales no pueden intervenir en la negociación colectiva salvo a solicitud de las partes.

Derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado y de los empleados públicos. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las disposiciones de la legislación a este respecto.

Derecho de negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en oportunidad de la formación tripartita organizada por la Oficina en 2012 en Puerto Príncipe, y destinada a actores del sector textil, los participantes afirmaron la necesidad de instituir un foro de diálogo bipartito permanente con objeto de seguir fortaleciendo el diálogo entre los actores de dicho sector. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones a este respecto, incluso teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ocurridos en el sector textil en mayo de 2017. La Comisión toma nota con preocupación de que según la CTSP en el país sólo existen cuatro convenios colectivos en vigor y algunos de ellos no estarían firmados por los representantes legítimos de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto y que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la negociación en el país. La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Honduras

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central General de Trabajadores (CGT) y de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) comunicadas con la memoria del Gobierno y que tratan de cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2017 relativas a cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación y que contienen en particular nuevos alegatos de asesinatos y violencias antisindicales, y toma nota asimismo de los comentarios correspondientes del Gobierno. La Comisión toma nota además de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) recibidas en fecha 22 de agosto de 2017 sobre cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación así como de la respuesta del Gobierno al respecto.

Derechos sindicales y libertades públicas. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota con profunda preocupación de numerosos crímenes antisindicales, incluyendo varios homicidios y amenazas de muerte, ocurridos entre 2010 y 2014. La Comisión había pedido al Gobierno que suministrara información de la evolución de las investigaciones y los procesos penales correspondientes. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los homicidios de la Sra. Sonia Landaverde Miranda y los Sres. Alfredo Misael Ávila Castellanos y Evelio Posadas Velásquez se encuentran en fase de investigación; ii) el proceso penal relativo al homicidio de la Sra. Juana Suyapa Bustillo se encuentra en fase de pruebas, y iii) el fiscal solicitó a las autoridades competentes, en fecha 6 de mayo de 2014, que se librara orden de captura contra el sospechoso de los homicidios de las Sras. Alma Yaneth Díaz Ortega y Uva Erlinda Castellanos Vigil. La Comisión insta al Gobierno a que proporcione informaciones relativas al resultado de las investigaciones previamente mencionadas sobre casos de homicidios, así como toda decisión judicial emitida en relación a los asesinatos de las Sras. Alma Yaneth Díaz Ortega y Uva Erlinda Castellanos Vigil.

La Comisión observa con preocupación que el Gobierno no ha proporcionado informaciones ni de las investigaciones ni de las sentencias proferidas, en los asesinatos de los sindicalistas Maribel Sánchez, Fredis Omar Rodríguez y Claudia Larissa Brizuela, todos ocurridos entre 2010 y 2014. La Comisión insta al Gobierno a que proporcione dichas informaciones a la mayor brevedad.

Respecto de la muerte de cuatro maestros denunciada por la Internacional de la Educación (IE) en 2014, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) en el caso de Roger Abraham Vallejo la investigación continúa; ii) en el caso de Martín Florencio y Félix Murillo López, no se tiene registro alguno, y iii) en el caso de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez (caso examinado por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3032) se trata de un accidente y se halla sentenciada una persona por homicidio culposo. Respecto de la denuncia interpuesta por Víctor Crespo por el delito de amenazas, el Gobierno informa que no se ha logrado establecer la veracidad del hecho denunciado. Con relación a la muerte de Manuel Crespo, padre de Víctor Crespo, el Gobierno informa que se trata de un homicidio culposo y que se logró establecer que no guarda relación con las alegadas amenazas. La Comisión toma nota además de que el Gobierno informa no haber encontrado ni denuncias ni expedientes en el Ministerio Público con relación a las amenazas de muerte contra los dirigentes del Sindicato Gremial de Trabajadores del Muelle (SGTM) referidas en las observaciones de 2014 de la CSI. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y remite al Comité de Libertad Sindical los elementos relativos a la muerte de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez. La Comisión insta al Gobierno a que proporcione información en relación al resultado de las investigaciones en los casos de homicidio de los Sres. Roger Abraham Vallejo, Martín Florencio y Félix Murillo López.

La Comisión lamenta tomar nota de las nuevas alegaciones formuladas por la CSI por medio de las cuales manifiesta que el 18 de octubre de 2016 fueron asesinados los Sres. José Ángel Flores y Silmer Dionisios George, respectivamente, presidente y miembro del Movimiento Unificado Campesino (MUCA) organización afiliada a la CUTH. La Comisión toma nota de que la CSI manifiesta además que se había asignado protección policial a ambas personas y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares al Sr. José Ángel Flores en mayo de 2014. La Comisión toma nota de que la CSI denuncia adicionalmente: i) el secuestro, el 15 de abril de 2017, del Sr. Moisés Sánchez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares; ii) amenazas de muerte, ocurridas en 2016, al Sr. Miguel López, dirigente sindical de la empresa pública de electricidad, y iii) durante 2016 y principios de 2017, amenazas de muerte al Sr. Nelson Núñez y a la Sra. Patricia Riera, dirigentes sindicales en un empresa multinacional del sector agroindustrial. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno informando de que existen dos personas imputadas por los asesinatos de los Sres. José Ángel Flores y Silmer Dionisios George, y de que se remitió la denuncia de Moisés Sánchez y su hermano, Hermes Misael Sánchez, al órgano de investigación policial. La Comisión deplora profundamente las denuncias de nuevos homicidios, secuestros y amenazas de muerte contra miembros del movimiento sindical. La Comisión pide al Gobierno que sin demora alguna remita información detallada sobre los casos de Miguel López, Nelson Núñez y Patricia Riera. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga informando de la evolución de los casos de José Ángel Flores, Silmer Dionisios George, Moisés Sánchez y Hermes Misael Sánchez. La Comisión observa que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó en sus conclusiones finales relativas a Honduras adoptadas el 24 de julio de 2017 (documentos CCPR/C/SR.3378 y 3379) su extrema preocupación por los actos de violencia de los cuales son víctimas, entre otros, los sindicalistas del país en un contexto de impunidad. La Comisión expresa su profunda preocupación por estos crímenes, y se ve obligada a llamar otra vez la atención del Gobierno sobre el principio de que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima exento de violencia, presiones o amenazas y en el que se respeten plenamente los derechos humanos y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de estos principios. Recordando que la ausencia de sentencias condenatorias contra los culpables de crímenes de dirigentes sindicales y sindicalistas comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome sin demora todas las medidas necesarias para asegurar la rapidez de las investigaciones relativas a los homicidios procediendo a determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables de esos crímenes. Adicionalmente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias dirigidas a brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo, y que para tal fin aumente todos los recursos materiales y humanos necesarios, de manera tal que efectivamente quede garantizada la vida y la integridad de las personas y no sigan ocurriendo casos de muertes y violencia sindical. La Comisión pide al Gobierno que informe de todas las medidas tomadas a este respecto.

Artículos 2 y siguientes del Convenio relativos a la constitución, autonomía y actividades de las organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años se refiere a la necesidad de reformar algunos artículos del Código del Trabajo para ponerlos en conformidad con el Convenio, a saber:

a)la exclusión de los derechos y garantías del Convenio para los trabajadores de aquellas explotaciones agrícolas o ganaderas que no ocupen en forma permanente a más de diez trabajadores (artículo 2, párrafo 1);

b)la prohibición de que exista más de un sindicato en una misma empresa (artículo 472);

c)el requisito de 30 trabajadores para constituir un sindicato (artículo 475);

d)los requisitos para ser miembro de la junta directiva de una organización sindical relativos a: tener nacionalidad hondureña (artículos 510, a), y 541, a)), pertenecer a la actividad correspondiente (artículos 510, c), y 541, c)), y saber leer y escribir (artículos 510, d), y 541, d));

e)la prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga (artículo 537);

f)el requisito de mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la organización sindical para declarar la huelga (artículos 495 y 563);

g)la facultad del ministro competente de poner fin a un litigio en los servicios de la industria del petróleo (artículo 555, párrafo 2);

h)la autorización del Gobierno o un aviso previo de seis meses para toda suspensión del trabajo en los servicios públicos que no dependan directa o indirectamente del Estado (artículo 558), e

i)el sometimiento a arbitraje obligatorio, sin posibilidad de declarar la huelga durante la vigencia del fallo arbitral (dos años) de los conflictos colectivos en los servicios públicos que no son esenciales en el sentido estricto del término (artículos 554, párrafos 2 y 7, 820 y 826).

En sus comentarios anteriores la Comisión había saludado: i) la elaboración de un proyecto de reforma de 13 artículos del Código del Trabajo por parte de la comisión técnica de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, preparado con el apoyo de la Oficina, para poner el Código en conformidad con el Convenio; ii) la remisión de dicho proyecto al Consejo Económico y Social (CES) para su discusión y aprobación. Además había tomado nota de la hoja de ruta establecida en el 2014 por dicho consejo, que preveía la presentación y aprobación en septiembre de ese año del citado proyecto de reforma, ante el Congreso Nacional. Por último, la Comisión había expresado la esperanza de que el Gobierno sometiese rápidamente el mencionado proyecto de ley ante el Congreso Nacional para que se lograse la plena conformidad de la legislación nacional con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el COHEP manifiesta que no se ha convocado a los sectores empleador y trabajador para llevar a cabo un diálogo tripartito en el CES, ni tampoco ante otra instancia. La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a las observaciones del COHEP en la que, al tiempo que reconoce que después de la remisión del proyecto de ley al CES en mayo de 2014 no se han registrado otros avances al respecto, manifiesta que, por medio de un comunicado de abril de 2014, la CGT, la CUTH y la CTH expusieron sus reservas respecto a la consideración por el Poder Legislativo de eventuales reformas al Código del Trabajo, habida cuenta de antecedentes existentes, y del temor que dichas reformas implicaran mayores retrocesos en materia de derechos laborales y beneficios para el gran capital. La Comisión lamenta tomar nota de que no se han concretado los avances registrados en 2014, con respecto a la discusión y adopción de un proyecto de ley para poner el Código del Trabajo en conformidad con el Convenio. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para que, después de haberse consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, proceda a someter al Congreso Nacional, lo más pronto posible, un proyecto de ley que atienda los distintos comentarios expresados por la Comisión desde hace numerosos años. La Comisión espera firmemente poder constatar progresos concretos en un futuro muy próximo.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma debida nota de que el Gobierno informa sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de 23 organizaciones sindicales entre 2014 y 2016. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre las nuevas inscripciones sindicales que se vayan registrando.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central General de Trabajadores (CGT) y de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) comunicadas con la memoria del Gobierno y que tratan de cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación. La Comisión toma nota adicionalmente de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2017, también relativas a cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación así como de los comentarios correspondientes del Gobierno. La Comisión toma nota además de las observaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) recibidas en fecha 22 de agosto de 2017 sobre cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación así como de los comentarios correspondientes del Gobierno.

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno respecto de las observaciones de la CGT y la CTH relativas a dificultades en las relaciones colectivas de trabajo en el sector de la enseñanza, cuestiones que están siendo examinadas por el Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3032.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores la Comisión se había referido a la falta de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical, debido al carácter meramente simbólico de las sanciones económicas previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la adopción de la nueva Ley de Inspección publicada el 15 de marzo de 2017 (decreto legislativo núm. 178-2016). La Comisión toma nota con interés de que el artículo 90 de la ley impone sanciones de 300 000 lempiras (el equivalente de 12 884,84 dólares de los Estados Unidos) por atentar de cualquier forma contra la libertad sindical y que, según el COHEP, la entrada en vigencia de la ley acarreó la derogatoria del artículo 469 del Código del Trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que la ley establece una multa de 250 000 lempiras cuando se obstaculice la labor de la inspección. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre la aplicación y el impacto en la práctica de las multas relativas a actos antisindicales contenidas en la nueva Ley de Inspección.

La Comisión toma también nota de la aprobación del acuerdo STSS-196-2015 por el cual se crea un procedimiento administrativo de aplicación obligatoria en todo el ámbito nacional para proteger a los trabajadores que tengan como propósito constituir un sindicato y que la protección instituida por dicho procedimiento surge a partir de que se notifica la creación del sindicato y termina al momento en que se recibe la constancia de la personalidad jurídica. Asimismo, la Comisión toma nota de que dicho acuerdo establece una guía para mejorar el servicio de orientación así como las inspecciones, en materia de libertad sindical y negociación colectiva. La Comisión toma adicionalmente nota de que el acuerdo establece que la Dirección General del Trabajo deberá notificar a la Inspección del Trabajo cada vez que tenga conocimiento de la suscripción de un pacto colectivo de condiciones de empleo para que ésta realice una investigación dirigida a identificar posibles violaciones a la libertad sindical. Al tiempo que toma nota de estas iniciativas con interés, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre su aplicación en la práctica y que evalúe con los interlocutores sociales la posibilidad de plasmar en el Código del Trabajo el contenido del acuerdo STSS-196-2015.

Artículo 2.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años señala la necesidad de que la legislación prohíba de manera expresa todos los actos de injerencia abarcados por el artículo 2 del Convenio y que prevea además recursos y sanciones suficientemente disuasorios contra los mismos, siendo insuficientes las amplias disposiciones contenidas del artículo 511 del Código del Trabajo. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno manifiesta que la nueva Ley de Inspección da aplicación al Convenio de manera implícita, la Comisión observa que dicha ley tampoco contiene disposiciones expresas contra los actos de injerencia. La Comisión se ve por lo tanto obligada a solicitar nuevamente al Gobierno que, previa consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para incorporar en la legislación disposiciones explícitas que aseguren una protección eficaz contra los actos de injerencia patronal de conformidad con los términos del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que tome debidamente en cuenta esta cuestión en el marco del proceso de reforma del Código del Trabajo mencionado en la observación de la Comisión relativa a la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y que informe de todo avance al respecto.

Artículos 4 y 6.  Promoción de la negociación colectiva. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión, después de haber constatado que los artículos 534 y 536 del Código del Trabajo establecen que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, recordó, que si bien el artículo 6 del Convenio excluye de su ámbito de aplicación a los funcionarios que trabajan en la administración del Estado (tales como funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables y sus auxiliares), las demás categorías de funcionarios y empleados públicos (por ejemplo los empleados de empresas públicas, los empleados de servicios municipales y los de entidades descentralizadas, los docentes del sector público y el personal del sector de los transportes) deberían disfrutar de las garantías previstas por el Convenio y, por consiguiente, poder negociar colectivamente sus condiciones de empleo, en particular sus condiciones salariales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que las organizaciones sindicales del sector público, específicamente las del sector gubernamental, tienen limitada la contratación colectiva, de la misma manera que en el ejército y los cuerpos de policía. La Comisión toma nota sin embargo de que el Gobierno informa que en varias instituciones descentralizadas y centralizadas (Secretaría de Salud, Finanzas, Patronato Nacional de la Infancia, Empresa de Energía de Honduras, Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, Hondutel y Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados) pueden presentarse pliegos y negociar colectivamente. La Comisión toma también nota de que en fecha 23 de junio de 2016 se suscribió un acta de entendimiento mediante la cual se ajusta el salario ordinario en el ámbito del servicio civil a 1 800 lempiras. Al tiempo que toma nota de las informaciones proporcionadas, la Comisión pide al Gobierno que indique los textos que reconocen el derecho de negociación colectiva a los trabajadores de las instituciones antes mencionadas, y cómo se articulan con los artículos 534 y 536 del Código del Trabajo. Saludando la firma del acta de entendimiento mencionada por el Gobierno, la Comisión pide adicionalmente al Gobierno que proporcione informaciones exhaustivas sobre los convenios y acuerdos firmados en el sector público.

Aplicación del Convenio en la práctica. Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior, informa haber realizado diez inspecciones en las zonas francas de exportación. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre los resultados de dichas inspecciones en materia de libertad sindical y que proporcione informaciones exhaustivas sobre el número de denuncias de violación a los derechos sindicales en las zonas francas de exportación.

Discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que las observaciones de la CSI de 2017 contienen numerosas denuncias de actos de discriminación antisindical en varios sectores de la economía, incluyendo despidos de dirigentes sindicales y la creación de listas negras. Al tiempo que toma nota de los comentarios del Gobierno respecto de las acciones tomadas por las autoridades competentes, la Comisión expresa la esperanza de que la entrada en vigor de la nueva Ley de Inspección permitirá brindar una protección eficaz contra este tipo de actos y prevenir su repetición.

Alegatos de actos de corrupción en la Inspección del Trabajo en relación con los derechos sindicales. En sus comentarios precedentes, la Comisión había pedido al Gobierno que informara sobre alegados casos de corrupción en el seno de la Inspección del Trabajo vinculados con el ejercicio de los derechos sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que los casos de corrupción de Inspectores del Trabajo que brindaban información a terceras personas sobre la constitución de sindicatos se ha reducido sustancialmente, y que varios inspectores fueron objeto de sanciones disciplinarias, inclusive despidos. Asimismo el Gobierno informa que la nueva Ley de Inspección establece una serie de principios y de obligaciones en su artículo 12 que rigen la actuación de los Inspectores del Trabajo, y que se creó la auditoría técnica de la inspección, la cual goza de independencia técnica, objetividad e imparcialidad, y tiene la responsabilidad de verificar la labor de los inspectores, así como también la de recibir denuncias. La Comisión toma debida nota de estos elementos y espera que la actuación de la auditoría técnica de inspección del trabajo permita garantizar la plena probidad de la inspección. La Comisión pide al Gobierno que informe de los resultados de la labor de la auditoría técnica en su próxima memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre inspección de trabajo, 1947 (núm. 81).

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre el registro de tres pactos colectivos de trabajo en las zonas francas de exportación entre 2016 y 2017. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas tomadas, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, para promover la negociación colectiva y que siga informando sobre el número de convenios colectivos firmados y vigentes en el país, indicando los sectores concernidos así como el número de trabajadores cubiertos por los mismos.

Hungría

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se reflejan en la presente observación. Toma nota asimismo de las observaciones del grupo de los trabajadores del Consejo nacional para la OIT en su reunión del 11 de septiembre de 2017, incluidas en la memoria del Gobierno, que hacen referencia a las cuestiones que está examinando la Comisión y que contienen alegaciones de que la ley XLII de 2015 dio lugar a que los sindicatos establecidos anteriormente en el ámbito de la seguridad nacional de los civiles no puedan funcionar de manera apropiada. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Libertad de expresión. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló con preocupación que los artículos 8 y 9 del Código del Trabajo de 2012 prohíben a los trabajadores incurrir en cualquier conducta, incluido el ejercicio de su derecho a expresar una opinión — ya sea durante el tiempo de trabajo o fuera del mismo — que pueda perjudicar la reputación del empleador o los intereses económicos y organizativos legítimos, y prevén explícitamente la posibilidad de restringir los derechos personales de los trabajadores en este sentido. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre los resultados del proyecto «Para el empleo», en cuyo marco se había realizado una evaluación del impacto del Código del Trabajo en los empleadores y los trabajadores, y sobre el resultado de las consultas celebradas sobre la modificación del Código del Trabajo en el contexto del Foro de consulta permanente del sector de mercado y el Gobierno (VKF). La Comisión expresó la esperanza de que la revisión del Código del Trabajo tendría plenamente en cuenta los comentarios de la Comisión sobre la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el respeto de la libertad de expresión. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita a indicar que las negociaciones en cuestión aún no se han cerrado. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información sobre el resultado del proyecto «Para el empleo» (concluido en agosto de 2015) o sobre las consultas celebradas desde 2015 en el marco del VKF, con miras a elaborar propuestas consensuadas para la revisión del Código del Trabajo. La Comisión subraya una vez más la necesidad de adoptar todas las medidas, incluidas legislativas, necesarias para garantizar que los artículos 8 y 9 del Código del Trabajo no obstaculicen la libertad de expresión de los trabajadores y el ejercicio del mandato de los sindicatos y de sus dirigentes de defender los intereses profesionales de sus miembros, y espera firmemente que sus comentarios se tomen debidamente en consideración en el marco de la revisión en curso del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 2 del Convenio. Registro de sindicatos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la alegación del grupo de trabajadores del Consejo nacional para la OIT de que muchas reglas del nuevo Código Civil relativas a la constitución de sindicatos (por ejemplo, sobre la sede de los sindicatos y la verificación de su utilización legal) dificultaban su registro en la práctica. La Comisión pidió al Gobierno que: i) evaluara sin dilación, en consulta con los interlocutores sociales, la necesidad de simplificar los requisitos, incluidos los relativos a la sede de los sindicatos, y de establecer la obligación de poner los estatutos de los sindicatos en consonancia con el Código Civil el 15 de marzo de 2016 a más tardar, y ii) adoptara las medidas necesarias para encarar efectivamente las dificultades señaladas en relación con el registro en la práctica, a fin de no obstaculizar el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que proporcionara información sobre el número de organizaciones registradas y el número de organizaciones cuyo registro había sido denegado o pospuesto (incluidos los motivos de denegación o de modificación) durante el período objeto de examen.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la ley CLXXIX de 2016 sobre la modificación y aceleración de los procedimientos relativos al registro de organizaciones de la sociedad civil y de empresas, que entró en vigor el 1.º de enero de 2017, modificó la Ley de Asociación de 2011, el Código Civil de 2013 y la Ley de Registro de Organizaciones Civiles de 2011. Las enmiendas legislativas se adoptaron con el fin de: i) simplificar el contenido de los estatutos de las asociaciones; ii) racionalizar el registro judicial y cambiar los procedimientos de registro de las organizaciones de la sociedad civil (el examen judicial debe limitarse al cumplimiento de los requisitos legales esenciales sobre el número de fundadores, los órganos representativos, las operaciones, el contenido obligatorio de los estatutos, los objetivos legales de la asociación, etc.; ya no pueden emitirse avisos para que se proporcione la información pendiente por el hecho de haberse detectado pequeños errores), y iii) acelerar el registro por los tribunales de las organizaciones de la sociedad civil (terminación de la facultad del fiscal general para controlar la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil; un plazo máximo para el registro). La Comisión toma nota, sin embargo, de que la CSI reitera que el registro de sindicatos regulado por la Ley de Registro de Organizaciones Civiles sigue siendo objeto de requisitos muy estrictos y de numerosas reglas que funcionan en la práctica como un medio para obstaculizar el registro de nuevos sindicatos, incluidos los estrictos requisitos sobre las sedes de los sindicatos (los sindicatos deben demostrar que tienen derecho a utilizar la propiedad), y alega que, en muchos casos, los jueces se han negado a registrar un sindicato debido a pequeños errores detectados en el formulario de solicitud y han obligado a los sindicatos a incluir el nombre de la empresa en sus nombres oficiales. La Comisión toma nota asimismo de que el grupo de trabajadores del Consejo nacional para la OIT indica que, cuando el nuevo Código Civil entró en vigor, todos los sindicatos tuvieron que modificar sus estatutos para que fueran coherentes con la legislación y notificar al mismo tiempo los cambios a los tribunales, y reitera que estas normas representan una gran carga administrativa para los sindicatos.

La Comisión observa la divergencia persistente entre las declaraciones del Gobierno y las formuladas por las organizaciones de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre las observaciones de la CSI y del grupo de los trabajadores del Consejo nacional para la OIT relativas en particular a los estrictos requisitos en relación con las sedes de los sindicatos, la presunta denegación del registro debido a la detección de pequeños errores, la presunta imposición de la obligación de incluir el nombre de la empresa en el nombre oficial de las asociaciones, y las presuntas dificultades planteadas o encaradas por los sindicatos debido a la obligación de poner sus estatutos en conformidad con el Código Civil. La Comisión recuerda que a pesar que las formalidades de registro permiten el reconocimiento de organizaciones de trabajadores o empleadores, estas formalidades no deberían de constituir un obstáculo al ejercicio legítimo de actividades de organizaciones sindicales ni deberían dar lugar a un poder de discreción indebido para impedir o enlentecer el establecimiento de dichas organizaciones. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que: i) celebre sin demora consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, a fin de evaluar la necesidad de simplificar más aún los requisitos de registro, incluidos los relativos a las sedes de los sindicatos, y ii) adopte las medidas necesarias para encarar los presuntos obstáculos al registro en la práctica, con objeto de no obstaculizar el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes. En ausencia de la información solicitada, la Comisión pide asimismo al Gobierno una vez más que proporcione información sobre el número de organizaciones registradas y el número de organizaciones cuyo registro ha sido denegado o pospuesto (incluidos los motivos de denegación o modificación) durante el período objeto de examen.

Artículo 3.  Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar su administración. La Comisión toma nota de que la CSI alega que la actividad sindical está sumamente restringida por la facultad de los fiscales nacionales para controlar las actividades sindicales, por ejemplo, revisando las decisiones generales y ad hoc de los sindicatos, llevando a cabo inspecciones directamente o a través de otros órganos estatales, y gozando de acceso libre e ilimitado a las oficinas de los sindicatos, y alega, además, que en el ejercicio de estas amplias facultades, los fiscales habían cuestionado en reiteradas ocasiones la legitimidad de las operaciones de los sindicatos, solicitando numerosos documentos (formularios de registro, archivos de afiliación con los formularios originales de solicitud de los miembros, actas, resoluciones, etc.) y en caso de no estar satisfechos con los informes financieros presentados por los sindicatos, habían pedido informes adicionales, sobrepasando los poderes previstos por la ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, si bien los fiscales públicos ya no tienen derecho a controlar la legalidad de la creación de las organizaciones de la sociedad civil, conservan la facultad de controlar la legalidad de sus operaciones. La Comisión recuerda en general que los actos descritos por la CSI serían incompatibles con el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar su administración consagrado en el artículo 3 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que formule sus comentarios sobre las alegaciones específicas de la CSI mencionadas anteriormente.

Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades. La Comisión señaló anteriormente que: i) la Ley de Huelga, en su forma enmendada, establece que el grado y la condición del nivel mínimo de servicio pueden ser establecidos por ley y que, en ausencia de tal regulación, deberán ser acordados por las partes durante las negociaciones previas a la huelga o, en ausencia de tal acuerdo, deberán ser determinados por decisión definitiva del tribunal, y ii) la ley XLI de 2012 (Ley de Servicios de Transporte de Pasajeros) establece los niveles mínimos de servicio para los servicios públicos de transporte de pasajeros, tanto a nivel local como suburbano (el 66 por ciento) como a nivel nacional y regional (el 50 por ciento), y ley CLIX de 2012 (Ley de Servicios Postales) fija los niveles mínimos de servicio para los servicios postales, en lo que respecta a la recogida y el envío de documentos y de otro correo. La Comisión confía, en vista de las consultas celebradas sobre la modificación de la Ley de Huelga, que se tengan debidamente en cuenta sus comentarios durante la revisión legislativa.

La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más a las disposiciones pertinentes de la Ley de Huelga (artículo 4, 2) y 3)), a la Ley de Servicios de Transporte de Pasajeros y a la Ley de Servicios Postales. A juicio del Gobierno, al regular el alcance de los servicios suficientes con respecto a dos servicios básicos que afectan considerablemente al público y establecer así una situación aclarada de antemano, el Congreso promovió la certidumbre jurídica en el contexto del ejercicio del derecho de huelga. Se determinó el nivel de servicios suficientes tratando de resolver la tensión potencial entre la posibilidad de ejercer el derecho de huelga y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de atender las necesidades públicas. El Gobierno indica además que las negociaciones sobre la enmienda de la Ley de Huelga tuvieron lugar en el marco del VKF en 2015 y 2016, durante las cuales los sindicatos consideraron que el alcance de los servicios suficientes en el sector del transporte de pasajeros era excesivo. Los empleadores y los trabajadores lograron alcanzar un acuerdo sobre algunos aspectos de la modificación de la Ley de Huelga, pero no consiguieron acordar, entre otras cosas, a qué institución debería autorizarse para que determinara el alcance de los servicios suficientes a falta de una disposición legal o de un acuerdo. Al tiempo que subraya la importancia de que los interlocutores sociales alcancen un compromiso sobre las propuestas de modificación de la Ley de Huelga, el Gobierno añade que, dado que los sindicatos habían anunciado propuestas a finales de 2016, pero no las habían presentado durante el primer semestre del año, no se han celebrado más debates en 2017. La Comisión toma nota además de que el grupo de trabajadores del Consejo nacional para la OIT reitera que la Ley de Huelga prevé la obligación de proporcionar servicios suficientes durante las huelgas, lo que en algunos sectores impide prácticamente el ejercicio del derecho de huelga (por ejemplo, al exigir que se preste el 66 por ciento de los servicios durante la huelga y al asegurar la viabilidad de este porcentaje a través de reglas sumamente complejas).

La Comisión recuerda que, dado que el establecimiento de servicios mínimos restringe uno de los medios de presión esenciales de que disponen los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales, las organizaciones de trabajadores deberían poder participar, si lo desean, en el establecimiento de los servicios mínimos, junto con los empleadores y las autoridades públicas, y subraya la importancia de adoptar disposiciones legislativas explícitas sobre la participación de las organizaciones interesadas en la definición de los servicios mínimos. Además, cualquier desacuerdo sobre dichos servicios debería ser resuelto por un órgano conjunto o independiente responsable de examinar con celeridad y sin formalidades las dificultades que plantean la definición y aplicación de dichos servicios mínimos, que esté habilitado para tomar decisiones aplicables. La Comisión recuerda asimismo que los servicios mínimos deben ser verdadera y exclusivamente servicios mínimos, es decir, limitarse a las operaciones que son estrictamente necesarias para atender las necesidades básicas de la población o para cumplir los requisitos mínimos del servicio, manteniendo al mismo tiempo la efectividad de la presión ejercida, y que, en el pasado, ha considerado que un requisito del 50 por ciento del volumen del transporte puede restringir considerablemente el derecho de los trabajadores del transporte a emprender acciones colectivas. Por consiguiente, la Comisión subraya una vez más la necesidad de modificar las leyes pertinentes (entre ellas la Ley de Huelga, la Ley de Servicios de Transporte de Pasajeros y la Ley de Servicios Postales), con el fin de asegurar que las organizaciones de trabajadores interesadas puedan participar en la definición de servicios mínimos y que, cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, el asunto se remita a un órgano conjunto o independiente. La Comisión espera firmemente que proseguirán las consultas sobre la modificación de la Ley de Huelga celebradas en el marco del VKF. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la situación o los resultados de las negociaciones, prestando particular atención a la manera de determinar los servicios mínimos y a los niveles impuestos en los sectores de los servicios postales y del transporte de pasajeros, y espera que los comentarios de la Comisión se tomen debidamente en consideración durante la revisión legislativa.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2015 y el 1.º de septiembre de 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en las que se alegan actos de despidos antisindicales, acoso antisindical e intimidación a los sindicatos en varias empresas, y en las que se critica, en particular, la excesiva limitación del alcance de la negociación colectiva y la facultad de los empleadores de modificar unilateralmente el alcance y el contenido de los convenios colectivos. La Comisión también toma nota de las observaciones del Grupo de los Trabajadores del Consejo Nacional de la OIT, en su reunión de 11 de septiembre de 2017, incluidas en la memoria del Gobierno, que denuncian que: i) la ley no autoriza sindicatos con menos del 10 por ciento de representación de los trabajadores para negociar convenios colectivos, ni siquiera respecto de sus propios afiliados; ii) la ley restringe las libertades de «coalición» de sindicatos para tener derecho a la negociación colectiva, con el fin de que no puedan apuntar a obtener colectivamente el umbral del 10 por ciento, y iii) en aquellos casos en los que ningún sindicato representa el porcentaje exigido, el consejo de trabajadores tendrá derecho a suscribir un convenio de negociación colectiva (excepto en los asuntos relativos a los salarios). La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios respecto de las observaciones de la CSI y del Grupo de los Trabajadores del Consejo Nacional de la OIT, incluida la aclaración de si el umbral de representatividad se aplica a los convenios colectivos a nivel de empresa y de industria.

La Comisión toma nota asimismo de varias sentencias del Tribunal Supremo de Hungría (Curia), comunicadas por el Gobierno, que guardan una relación con el Convenio, en particular en la promoción de la negociación colectiva.

Artículo 1 del Convenio. Adecuada protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión tomó nota con anterioridad de las indicaciones del Gobierno, según las cuales: i) el artículo 82 del Código del Trabajo establece una indemnización por despido improcedente de dirigentes o afiliados sindicales, por una cuantía equivalente a 12 meses de remuneración; ii) se concede la reincorporación, en caso de despidos que vulneran el principio de igualdad de trato (artículo 83, 1), a)) o de despidos que vulneran el requisito de consentimiento previo por parte de un órgano de rango superior antes de la terminación de un contrato de un dirigente sindical (artículo 83, 1), c)), y iii) si bien el Código del Trabajo no contiene sanciones por actos de discriminación antisindical contra dirigentes y afiliados sindicales, la Autoridad sobre Igualdad de Trato (ETA) podrá, en tales casos, imponer multas. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley núm. T/17998, sobre la enmienda de la legislación relacionada con la entrada en vigor de la Ley sobre la Orden General Administrativa, que también dará lugar a la armonización del Código del Trabajo con los convenios pertinentes de la OIT, contiene, entre otras cosas, una disposición que enmienda la definición de representante de los trabajadores (artículo 294, 1), e), del Código del Trabajo), cuya finalidad es garantizar que, en caso de terminación improcedente de un representante de los trabajadores, también se brindará la posibilidad de solicitar la reincorporación al puesto de trabajo original a los dirigentes sindicales, y no sólo a los representantes elegidos, como ocurre en la actualidad, en virtud del artículo 83, 1), d). La Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que los dirigentes sindicales, los afiliados sindicales y los representantes elegidos gocen de una protección efectiva contra todo acto que les sea perjudicial, incluido el despido basado en su situación o actividades, y solicita al Gobierno que comunique información sobre la evolución producida en relación con la adopción de las nuevas disposiciones legislativas en ese sentido. Ante la ausencia de la información solicitada del Gobierno respecto del trabajo de la ETA, la Comisión pide una vez más al Gobierno: i) que indique si, dado que el artículo 16, 1), a), de la Ley de Igualdad de Trato establece que la ETA podrá ordenar la anulación de una situación que constituya una vulneración de la ley, la ETA podrá, en consecuencia, ordenar la reincorporación de dirigentes y afiliados sindicales a sus puestos, en caso de despidos que constituyan una discriminación antisindical; ii) que comunique información sobre si la ETA puede ordenar la indemnización con arreglo al artículo 82 del Código del Trabajo, y iii) que comunique información sobre la duración media de los procedimientos ante la ETA relacionados con la discriminación antisindical (incluido todo recurso de apelación posterior ante los tribunales), así como sobre la duración media de los procedimientos puramente judiciales.

Artículo 2.  Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al tiempo que tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual la Constitución y la legislación nacional actual son suficientes para impedir los actos de injerencia, solicitó al Gobierno que tomara medidas para adoptar disposiciones legislativas específicas que prohíban actos de injerencia. Tomando nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto, la Comisión recuerda que considera que el Código del Trabajo y la Ley de Igualdad de Trato no abarcan de manera específica los actos de injerencia concebidos para promover la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por empleadores o por organizaciones de empleadores, a través de mecanismos financieros o de otro tipo. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para adoptar disposiciones legislativas específicas que prohíban esos actos de injerencia por parte del empleador y que establezca, de manera explícita, procedimientos de recurso rápidos, junto con sanciones eficaces y suficientemente disuasorias.

Artículo 4.  Negociación colectiva en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de convenios colectivos suscritos, los sectores interesados y el porcentaje de la fuerza de trabajo que abarcan los convenios colectivos.

Indonesia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 1.º de septiembre de 2017, de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) y de la Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBSI), de 30 de agosto de 2017, así como de las respuestas del Gobierno a las mismas. Además, la Comisión toma nota de la detallada respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la CSI en 2016, así como de las observaciones de 2016 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (APINDO).

Derechos sindicales y libertades civiles. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los alegatos de pasividad de la policía ante actos de violencia durante una manifestación en Bekasi en 2013. Al tiempo de señalar que la KSPI y la KSBSI señalan que no han recibido una copia del informe de la investigación policial, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual el informe se ha comunicado al demandante.

La Comisión tomó nota anteriormente de la recomendación de la misión de contactos directos que visitó el país en octubre de 2016, de que las directrices de la policía sobre la conducta policial en la gestión del orden público durante conflictos laborales, de 2005, sirvan de base para llevar a cabo consultas plenas con todas las partes interesadas a instancia del Ministerio de Recursos Humanos, con objeto de difundir dichas directrices, garantizar su aplicación y analizar si deben ser revisadas. La Comisión toma nota de que la KSPI y la KSBSI denuncian que el Gobierno no ha adoptado iniciativa alguna a este respecto, mientras que el Gobierno indica que ha difundido información sobre las Directrices a los sindicatos, asociaciones de empleadores y gobiernos locales. La Comisión pide al Gobierno que entable consultas tripartitas sobre la manera más eficaz de garantizar la aplicación efectiva de un código de conducta para las manifestaciones y acciones colectivas que lleven a cabo los trabajadores y que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

En lo que se refiere a las peticiones previas de la Comisión al Gobierno con objeto de que adoptara las medidas necesarias para derogar o modificar los artículos 160 y 335 del Código Penal, que tratan respectivamente de la «instigación» y de los «actos molestos» contra los empleadores, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, indicando que actualmente se llevan a cabo discusiones en la Cámara de Representantes relativas al proyecto de ley sobre el Código Penal. Sin embargo, también toma nota de las preocupaciones planteadas por la KSPI y la KSBSI señalando que esas disposiciones siguen redactándose de manera vaga y sin que se realicen consultas tripartitas al respecto. Además, la Comisión toma nota de que la KSPI y la KSBSI proporcionan un ejemplo de dos dirigentes de federaciones acusados en junio de 2017, con arreglo a los mencionados artículos, por cuestionar la política de gestión, aunque el Gobierno responde que este caso fue solucionado por la oficina provincial de recursos humanos. La Comisión espera firmemente que se proporcionen sin demora las aclaraciones necesarias para garantizar que esos artículos no se apliquen con el fin de obstaculizar actividades sindicales y pide nuevamente al Gobierno que proporcione una copia del Código Penal revisado una vez que éste se haya adoptado.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación de los funcionarios públicos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Sindicatos, núm. 21, de 2000, garantizara la libertad sindical de los funcionarios públicos, mediante la publicación del texto normativo de aplicación de este derecho para dar cumplimiento a la Ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Ley sobre los Funcionarios Públicos, núm. 5, de 2014, la cual estipula que la organización de funcionarios públicos es el Cuerpo Profesional del Sistema de la Administración Pública Estatal de Indonesia (KPPASN), se refrendará también en el reglamento gubernamental de aplicación que se está examinando en las reuniones de coordinación con el Ministerio de la Reforma del Sistema Estatal. Además, el Gobierno agradece el ofrecimiento de la asistencia técnica de la OIT a este respecto. La Comisión destaca una vez más la importancia de dar cumplimiento al derecho de todos los funcionarios públicos de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas y confía en que la reglamentación de aplicación prevista en virtud de la ley de 2000 sea adoptada en un futuro cercano, beneficiándose de la asistencia técnica que la Oficina proporcione.

Artículo 3.  Derechos de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a algunas deficiencias en relación con el ejercicio del derecho de huelga y pidió al Gobierno que proporcionara información estadística sobre el número de conflictos de intereses remitidos a los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje sin el consentimiento de las partes. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno, según la cual, hasta junio, se había informado acerca de 100 conflictos de interés y que éstos se resolvieron a través de la mediación dentro del período promedio correspondiente al previsto en la ley núm. 2. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de conflictos de interés remitidos a los procedimientos de conciliación y mediación, indicando, en particular, el número de conflictos de interés remitidos a los tribunales del trabajo para una determinación definitiva, sin el consentimiento de ambas partes y sobre toda información pertinente relativa a las circunstancias de tales casos.

Asimismo, la Comisión observa que la KSPI y la KSBSI siguen planteando preocupaciones acerca del decreto presidencial núm. 63, de 2004, sobre la protección de las entidades de interés vital para el país y al decreto del Ministerio de Industria núm. 466/2014 que permite que las empresas o las zonas industriales soliciten la asistencia de la policía o el ejército en caso de perturbación o de amenaza a entidades de interés vital para el país en su jurisdicción. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la finalidad de esas salvaguardias no es limitar el ejercicio de la libertad sindical, y que la presencia policial tiene por objeto garantizar protección y prestar servicio para mantener la seguridad y el orden público, y permitir que los trabajadores y los empleadores ejerzan el derecho de huelga, de efectuar manifestaciones o proceder al cierre patronal legal y pacíficamente. Observando que la KSPI y la KSBSI denuncian que esos decretos se utilizan en la práctica para suprimir el ejercicio de la libertad sindical y se refieren a ejemplos en este sentido, la Comisión invita al Gobierno a examinar el efecto de esos decretos en el marco del Consejo Nacional Tripartito y que suministre información sobre los resultados.

Artículo 4.  Disolución y suspensión de las organizaciones por parte de la autoridad administrativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre todas las medidas adoptadas para garantizar que no puedan disolverse o suspenderse los sindicatos simplemente por el retraso en informar a la autoridad administrativa de los cambios estatutarios o de ayuda financiera, así como cualquier otra información que pueda ser útil a dicha autoridad. La Comisión saluda la indicación del Gobierno de que los retrasos en la notificación de modificaciones en los estatutos o de recepción de ayuda financiera del extranjero no tendrán como consecuencia la disolución de los sindicatos y pide al Gobierno que indique si en el futuro para disolver un sindicato habrá de recurrirse al artículo 42 leído conjuntamente con los artículos 21 y 31.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 1.º de setiembre de 2017, de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) y de la Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBSI) de 30 de agosto de 2017 y de las respuestas del Gobierno a este respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e injerencia del empleador. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para modificar la legislación con objeto de garantizar una protección completa contra los actos de discriminación antisindical, previendo mecanismos efectivos que permitan imponer sanciones lo suficientemente disuasorias contra tales actos. También pidió al Gobierno que transmitiera estadísticas sobre el número de denuncias en materia de discriminación antisindical e injerencia presentadas ante: a) la policía; b) la inspección del trabajo, y c) los tribunales, así como acerca de las medidas adoptadas para investigar estas denuncias y sobre las reparaciones y las sanciones impuestas, y también sobre la duración media de los procedimientos en cada una de las categorías mencionadas. Asimismo, solicitó al Gobierno que transmitiera copia del decreto núm. 03 de 1984 del Ministerio de Recursos Humanos.

La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno sobre el número de casos en materia laboral presentados a la policía, así como sobre las denuncias presentadas ante el Ministerio de Recursos Humanos en relación con una amplia gama de cuestiones. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando estadísticas, más concretamente en lo que respecta a las denuncias en materia de discriminación antisindical, y que proporcione información sobre todas las reparaciones y sanciones impuestas y sobre si alguna de esas denuncias se ha presentado a los tribunales.

Artículo 2.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. Los comentarios anteriores de la Comisión se refirieron a la necesidad de enmendar el artículo 122 de la Ley de Recursos Humanos con el objeto de que el empleador no esté presente en las votaciones para determinar el sindicato que tendrá derecho a representar a los trabajadores de una empresa en una negociación colectiva. Tomando nota de que el Gobierno señala que tendrá en cuenta las medidas adoptadas a este respecto cuando revise la Ley de Recursos Humanos, la Comisión le pide que suministre información sobre todas las modificaciones que se realicen a fin de garantizar que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades sin injerencia indebida por parte del empleador.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para enmendar los artículos 5, 14 y 24 de la Ley núm. 2 de 2004 sobre la Solución de Conflictos Laborales, que permite que cada una de las partes pueda presentar un recurso ante el Tribunal de Relaciones Laborales para la resolución definitiva del conflicto si el mismo no se ha resuelto antes mediante un procedimiento de conciliación o mediación. La Comisión toma nota de que una vez más el Gobierno afirma que la ley no tiene relación con la negociación colectiva para resolver conflictos laborales sino sólo con la negociación para elaborar un convenio colectivo de empleo. La Comisión hace de nuevo hincapié en que el arbitraje obligatorio a iniciativa de una de las partes en la negociación para establecer un convenio colectivo no promueve las negociaciones colectivas voluntarias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que, luego de haber celebrado consultas con los interlocutores sociales interesados, tome las medidas necesarias para revisar los artículos 5, 14 y 24 de la Ley núm. 2 de 2004 sobre la Solución de Conflictos Laborales para que únicamente pueda recurrirse al arbitraje obligatorio para resolver un conflicto de intereses en caso de que ambas partes así lo acuerden, o en caso de que se trate de funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o de una crisis nacional grave. También pide de nuevo al Gobierno que comunique información sobre el número de casos remitidos al arbitraje obligatorio a iniciativa de una de las partes en un conflicto así como sobre las circunstancias de esos casos.

Reconocimiento de organizaciones con fines de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que con arreglo al artículo 119, 1) y 2), de la Ley de Recursos Humanos a fin de negociar un convenio colectivo un sindicato deberá contar con un número de afiliados superior al 50 por ciento de la totalidad de la plantilla de la empresa o lograr el apoyo de más del 50 por ciento de los votos del total de la plantilla. Si no obtiene esa mayoría sólo podrá volver a presentar su solicitud para negociar colectivamente una vez transcurrido un plazo de seis meses. La Comisión ha pedido al Gobierno que comunique información sobre el modo en que se lleva a cabo la negociación colectiva en las empresas en las que ningún sindicato representa al 50 por ciento de los trabajadores y toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno en relación a que en esos casos el sindicato puede ser parte de un equipo de negociación que representa a más de la mitad de la fuerza de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita estadísticas sobre el número de convenios colectivos concluidos a nivel de empresa y sobre la cobertura de los trabajadores por dichos convenios colectivos.

Federaciones y confederaciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Gobierno señalaba que no se había informado de la firma de convenios colectivos por federaciones o confederaciones sindicales y pidió al Gobierno que garantizara que esta información se hacía pública y que siguiera transmitiendo información relativa a los convenios colectivos concertados por federaciones o confederaciones. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indicaba que había acogido con beneplácito la recomendación formulada en el informe de la misión de contactos directos, que visitó el país en octubre de 2016, sobre la realización de un ejercicio piloto para promover la negociación colectiva en Bekasi. La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno indica que el 10 de mayo de 2017 se realizaron consultas tripartitas nacionales a este respecto cerca de Bekasi y que los mandantes recomendaron que se crearan capacidades para mejorar la cooperación bipartita, la negociación colectiva, la solución de conflictos y la capacidad de los sindicatos y de las organizaciones de trabajadores para aumentar su número de miembros. El Gobierno añade que en Bekasi se llevará a cabo un diálogo tripartito para dar seguimiento de esta actividad y debatir las actividades prioritarias. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los cambios que se produzcan en este ejercicio piloto y sobre su impacto en la negociación colectiva a nivel sectorial y regional.

Zonas francas de exportación (ZFE). En observaciones anteriores, la Comisión ha pedido reiteradamente al Gobierno que, en relación con los alegatos de intimidación, violencia y ataques contra dirigentes sindicales y despidos de activistas sindicales en las ZFE, comunicara información acerca del número de convenios colectivos en vigor en las ZFE y sobre el porcentaje de trabajadores cubiertos por los mismos así como acerca del número de quejas por actos de discriminación antisindical y de injerencia por parte del empleador registrados en las ZFE y sobre las investigaciones y medidas correctivas pertinentes. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno afirma que la legislación laboral se aplica en todas las zonas y que en éstas los trabajadores y los sindicatos no reciben un trato diferente. Sin embargo, la Comisión observa que se plantearon diversos casos específicos en las observaciones transmitidas por la CSI, la KSPI y el KSBSI y que en su respuesta el Gobierno se refiere a una serie de medidas para abordar estas cuestiones. La Comisión invita al Gobierno a examinar estas cuestiones en el marco del Comité Nacional Tripartito con miras a abordar más eficazmente las preocupaciones específicas y examinar si deberían adoptarse medidas más generales para garantizar que la libertad sindical se protege efectivamente en las ZFE. Pide al Gobierno que suministre informaciones detalladas sobre los resultados del examen tripartito de esta cuestión.

Iraq

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota con interés la aprobación el 21 de noviembre de 2017 de la ratificación por el Parlamento de la República del Iraq del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

La Comisión toma nota de la recepción tardía de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de que el Gobierno informa de que en 2015 se adoptó el nuevo Código del Trabajo. La Comisión examinará la memoria del Gobierno y la nueva legislación en su próxima reunión, y evaluará la conformidad de esta legislación con el Convenio con miras a comprobar si los comentarios que realizó en relación con la legislación anterior se han tenido en consideración.

Irlanda

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1955)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la discusión que había tenido lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2016, en relación con la aplicación del Convenio y, en particular, la aplicación de la Ley de Competencia de Irlanda a los trabajadores por cuenta propia.

La Comisión toma nota de las observaciones generales comunicadas por la Confederación de Empresarios y Empleadores de Irlanda (IBEC) y por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de 31 de agosto y 1.º de septiembre de 2017, en relación con la evolución legislativa reciente del marco de relaciones laborales en Irlanda, que ha reforzado una estructura ya afianzada para la protección y promoción de los derechos de libertad de expresión y para la constitución de sindicatos y la afiliación a ellos. Las observaciones se refieren además a las enmiendas recientes introducidas en la ley de competencia, que se mencionan más abajo.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Trabajadores por cuenta propia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno sobre la necesidad de proteger a los trabajadores vulnerables y sobre los múltiples retos que se plantean con respecto al problema de los falsos trabajadores por cuenta propia. La Comisión tomó nota además con interés de que el Gobierno señala que acaba de presentarse al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de Competencia, de 2002, con objeto de establecer el derecho de los trabajadores por cuenta propia a ser representados por un sindicato con fines de negociación colectiva y de fijación de precios.

La Comisión toma nota con satisfacción y saluda la adopción de la Ley de Competencia (enmienda), de 7 de junio de 2017, que establece en concreto que la prohibición de concertar acuerdos para la fijación de precios no se aplicará a la negociación colectiva ni a los convenios concertados por las categorías de trabajadores por cuenta propia que se definen en la sección 4 de la ley, que ahora incluye además a los actores contratados como actores de doblaje, los músicos contratados como músicos de sesión y los periodistas contratados como periodistas independientes. La ley profundiza en la definición de trabajador totalmente dependiente y de falso trabajador por cuenta propia, cuya exclusión a efectos de participación en una negociación colectiva podrá ser solicitada por un sindicato.

La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la IBEC y la OIE, según las cuales: i) no hubo consultas sobre las medidas adoptadas a este respecto; ii) los criterios para definir «plenamente dependiente» o «falso trabajador por cuenta propia» no están claros y que estas categorías, antes de ser clasificadas por un tribunal, deben ser determinadas por el Ministro en consulta únicamente con un sindicato; iii) no está claro con quién debería participar este tipo de trabajador en una negociación colectiva, siendo motivo de preocupación la posible ampliación del artículo 4, y iv) estos cambios pueden tener considerables repercusiones adversas para la competitividad de las empresas en Irlanda. Al tiempo que reitera sus comentarios anteriores, en los que subrayaba la importancia de promover una negociación colectiva plena y voluntaria para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre estas observaciones, incluida toda la información disponible sobre la aplicación de la ley de enmienda en la práctica, así como sobre los demás puntos formulados por la IBEC y la OIE en relación con la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de 2015.

Jamaica

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir y afiliarse a organizaciones. La Comisión toma nota de las indicaciones de la CSI que en virtud del artículo 6, 4) de la Ley sobre los Sindicatos (TUA), cuando una solicitud de inscripción de un sindicato no se realiza de conformidad con la ley, o cuando la inscripción de un sindicato es rechazado o anulado, los miembros del sindicato en cuestión que permanezcan afiliados al mismo, así como toda persona que participe en reuniones o actividades del sindicato, a sabiendas que el sindicato no está inscrito conforme a la ley, será culpable de un delito y deberá pagar una multa de hasta 500 dólares jamaicanos (JMD) luego de una condena sumaria. Admitiendo que el reconocimiento oficial, a través de su registro, es un aspecto relevante del derecho de sindicación, dado que es la primera medida que deben adoptar las organizaciones para desempeñar sus funciones eficazmente, pero también recordando que el ejercicio de actividades sindicales legítimas no debe depender de la inscripción en el registro, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a este respecto.

Artículo 3.  Interferencia en la administración financiera de un sindicato. La Comisión toma nota de que la CSI denuncia que, además de la obligación del tesorero de entregar al registrador estados de cuenta anuales, certificados de auditoría, listados de aplicación y cambios en los estatutos y la dirección de los sindicatos, en virtud del artículo 16, 2) de la TUA, el registrador puede en todo momento pedir al tesorero u otro miembro del sindicato cuentas pormenorizadas de ingresos, gastos, bienes, pasivos y fondos del sindicato en relación a cualquier período. Al tiempo que recuerda que el control de las autoridades públicas debería limitarse normalmente a la obligación de presentar informes periódicos y que el otorgamiento de amplios poderes a las autoridades para realizar inspecciones y pedir información en cualquier momento implica un riesgo de interferencia con la administración interna de los sindicatos, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para limitar los poderes del registrador a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2015, que se refieren a las cuestiones ya examinadas por la Comisión, y que también denuncian unos requisitos de procedimiento fijos y poco razonables para la negociación colectiva y las limitaciones a la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 4 del Convenio. Derecho de negociación colectiva. La Comisión se refirió anteriormente a las siguientes cuestiones:

—la denegación a los trabajadores del derecho a negociar colectivamente en una unidad de negociación, cuando esos trabajadores no representen más del 40 por ciento de la unidad, o cuando, si se satisface la condición anterior, un sindicato único que está llevando a cabo un procedimiento para obtener el reconocimiento no obtenga el 50 por ciento de los votos de los trabajadores en una votación propugnada por el ministro (artículo 5, 5), de la ley núm. 14 de 1975, y artículo 3, 1), d), de su reglamento), y

—la necesidad de adoptar medidas para enmendar la legislación de modo que sea posible una votación cuando se hayan establecido uno o más sindicatos como agentes negociadores y otro sindicato afirme que cuenta con más afiliados en la unidad de negociación que los demás y por consiguiente invoque su carácter más representativo en la unidad, a efectos de ser considerado como un agente de negociación.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que no se ha producido ninguna nueva evolución en relación con el descenso del mencionado porcentaje de trabajadores. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno no comunica ninguna nueva información sobre las enmiendas legislativas que autorizan una votación en los casos de conflictos relativos a la representatividad. Lamentando la falta de progresos, la Comisión espera firmemente que el Gobierno adopte, en un futuro muy próximo, las medidas necesarias para enmendar su legislación, con el fin de: i) descender el porcentaje mencionado o, si ningún sindicato obtiene el requerido 50 por ciento de los votos del número total de trabajadores para ser considerado un agente de negociación exclusivo, para otorgar los derechos de negociación colectiva a todos los sindicatos, al menos en representación de sus afiliados, y ii) autorizar una votación en los casos de conflictos sobre la representatividad, a efectos de su plena armonización con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Japón

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), de 24 de julio de 2017, que fueron comunicadas junto con la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, y de las observaciones de la Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN), de 3 de agosto de 2017, que fueron también transmitidas junto con la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), respaldando las observaciones de la NIPPON KEIDANREN. La Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), de 21 de septiembre de 2017, sobre violaciones de los derechos sindicales en la administración pública y de la respuesta del Gobierno a las mismas. La Comisión observa que la memoria del Gobierno y sus comentarios proporcionan también respuestas a las observaciones formuladas por ZENROREN y por la Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores de Prefecturas y Municipios (JICHIROREN).

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal de extinción de incendios y de los funcionarios de prisiones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con la necesidad de reconocer el derecho de sindicación del personal de extinción de incendios y de los funcionarios de prisiones. Con respecto al personal de extinción de incendios, la Comisión tomó nota de que un comité sobre el derecho de sindicación del personal de extinción de incendios en el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, creado con el fin de examinar el reconocimiento del derecho de sindicación de este personal en aras del respeto a los derechos laborales fundamentales y las garantías de ofrecer fiabilidad y seguridad a las personas, había publicado un informe en diciembre de 2010 en el que concluía que no existían obstáculos prácticos para otorgar el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios. La Comisión tomó nota también de la información comunicada por el Gobierno sobre los esfuerzos realizados a lo largo de la última década y media para introducir un comité del personal de extinción de incendios para garantizar la participación de sus miembros en la definición de sus condiciones de trabajo. No obstante, el Gobierno informó que se había retirado del Parlamento el proyecto de ley sobre relaciones laborales de los empleados de la administración pública, que habría concedido el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios, y que se están realizando más reuniones de intercambio de opiniones por el Ministerio a cargo de la reforma de la administración pública.

La Comisión recuerda que, en sus observaciones de 2014, la JICHIROREN señaló que el comité del personal de extinción de incendios opera desde 1995 con defectos que siguen sin corregirse, pero que el comité no puede considerarse como una medida de compensación a cambio del derecho de sindicación del personal de extinción de incendios, según pretende el Gobierno. La Comisión toma nota también de las reiteradas preocupaciones por la JTUC-RENGO en relación con el hecho de que siga denegando el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios y su temor a que la denegación de este derecho fundamental tenga efectos permanentes. La JTUC-RENGO denuncia también un aumento del número de incidentes de acoso al personal de extinción de incendios en el lugar de trabajo, que según la confederación es la consecuencia de la denegación del derecho de sindicación. Las medidas contra el acoso, adoptadas en julio de 2017, por la Agencia de gestión de lucha contra incendios y otras catástrofes, del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones se consideran insuficientes como medidas provisionales. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su última memoria en relación con las preocupaciones planteadas. Señala que la Agencia de gestión de lucha contra incendios y otras catástrofes aconsejó a los departamentos de extinción de incendios que adoptaran medidas en relación con las propuestas formuladas en julio de 2017 por parte de un grupo de trabajo sobre medidas contra el acoso. La Comisión toma nota además de que el Gobierno está estudiando una nueva iniciativa, que comprende estudios de investigación sobre el modo de administración del comité del personal de lucha contra incendios, lo que permitirá tanto a la dirección como al personal del comité a nivel nacional expresar sus opiniones mediante un cuestionario. El Gobierno señala que se adoptarán otras medidas basadas en los resultados de esta iniciativa. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la realización de estos estudios, sus resultados y las medidas adoptadas o contempladas en consecuencia. La Comisión espera que este nuevo compromiso del Gobierno contribuirá a un mayor progreso para garantizar el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios.

En lo que se refiere a los funcionarios de prisiones, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera, y la NIPPON KEIDANREN respalda, que por la naturaleza de sus funciones, estos funcionarios deben incluirse dentro de la categoría de fuerzas del orden y, por consiguiente, no gozan del derecho de sindicación, con arreglo al artículo 9 del Convenio. El Gobierno proporciona detalles sobre el número oficial de funcionarios de prisiones (17 600 en 2017) y sobre la distinción entre los miembros del personal de instituciones penitenciarias: i) funcionarios de prisión con plenos poderes para ejercer sus funciones en las instituciones penitenciarias, entre otras, realizar servicios de seguridad con uso de la fuerza física, autorización para utilizar armas ligeras y de pequeño calibre; ii) personal de las instituciones penitenciarias sin el rango de funcionarios de prisiones, que participan directamente en la gestión de las instituciones o en el tratamiento de los reclusos, y iii) personal de las instituciones penitenciarias que tienen la facultad, en virtud del Código de Procedimiento Penal, de llevar a cabo funciones de funcionarios de policía judicial en relación con delitos cometidos dentro de las instituciones penales y con autoridad para practicar arrestos, registros e incautaciones. La Comisión toma nota de que según JTUC-RENGO, el Gobierno no ha estudiado atentamente la cuestión del derecho de sindicación de los funcionarios de prisiones a pesar de la petición de la Comisión. La Comisión considera que, pese a que algunos de estos funcionarios están facultados por la ley para portar armas en el ejercicio de sus funciones, esto no significa que sean miembros de la policía ni de las fuerzas armadas. Al tiempo que toma nota de la explicación del Gobierno sobre la distinción de los diversos miembros del personal de las instituciones penitenciarias, la Comisión pide al Gobierno, en consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas, que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios de prisiones sin las obligaciones específicas de la policía judicial que puedan constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas a fin de defender sus intereses profesionales. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3.  Derecho de huelga de los trabajadores del sector público. La Comisión recuerda sus comentarios que viene formulando desde hace tiempo sobre la necesidad de garantizar a los trabajadores de la administración pública el ejercicio del derecho de huelga, con la posible excepción de los funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado y de los trabajadores empleados en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Al respecto, la Comisión ha señalado anteriormente que los proyectos de ley que instauraban el nuevo sistema de relaciones laborales no fueron adoptados por la Dieta y que la Ley de Enmienda, que fue adoptada en abril de 2014, establecía que la Oficina de Asuntos de Personal, adscrita al Gabinete «realizaría esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, sobre la base del artículo 12 de la Ley de Reforma de la Función Pública, y para lograr que estas medidas se entiendan y escuchar a las organizaciones de empleados». En su memoria, el Gobierno señala que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete ha estado intercambiando opiniones constantemente desde entonces con las organizaciones de empleados sobre diversos asuntos. No obstante, estos intercambios han llevado al Gobierno a observar que, además del entorno cambiante en las relaciones laborales, sigue existiendo un abanico variado de cuestiones que deben considerarse. El Gobierno pretende, por tanto, seguir consultando con las organizaciones de empleados sobre las medidas que deben adoptarse para un sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores. La Comisión toma nota de las observaciones de JTUC-RENGO en las que lamenta la ausencia de progresos en el reconocimiento del derecho de huelga de los empleados de la administración pública. Al tiempo que toma nota de que no se ha registrado ningún progreso significativo sobre las medidas para un sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores, a pesar del diálogo constante entre el Gobierno y los interlocutores sociales. La Comisión espera que el Gobierno realizará esfuerzos para acelerar las consultaciones con los interlocutores sociales interesados y que adoptará medidas para un sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores que garantizará los derechos fundamentales de los trabajadores de la administración pública. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos realizados a este respecto y, en particular, sobre cualquier medida adoptada o prevista para garantizar que los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y los trabajadores que no trabajan en los servicios esenciales en el sentido estricto del término puedan ejercer el derecho de huelga y llevar a cabo acciones colectivas sin exponerse a sanciones.

En lo que se refiere a garantías compensatorias para los trabajadores que están privados del derecho a llevar a cabo acciones laborales, la Comisión tomó nota anteriormente de que las competencias en esta materia corresponden a la Autoridad Nacional del Personal (NPA). La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la JTUC-RENGO, en las que reitera que el sistema de recomendación de la NPA no funciona eficazmente como medida de compensación. En particular, la JTUC-RENGO considera que la NPA está subordinada al Gobierno y que sus recomendaciones dependen de decisiones políticas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, con el fin de que la NPA pueda realizar su función compensatoria de forma idónea, ha creado el puesto de director general adjunto para asuntos de organizaciones de empleados y de un consejero para oír las opiniones de estas organizaciones. En 2016, la NPA mantuvo 217 reuniones oficiales con organizaciones de empleados y formuló las recomendaciones correspondientes. El Gobierno concluye que la NPA funciona perfectamente como medida de compensación por las restricciones a los derechos laborales básicos de los trabajadores de la administración pública. Teniendo en cuenta la persistente discrepancia de opiniones sobre la naturaleza adecuada de la NPA como medida de compensación por las restricciones impuestas a los derechos laborales básicos de los trabajadores de la administración pública, la Comisión alienta al Gobierno a que consulte con los interlocutores sociales interesados en la búsqueda de mecanismos más adecuados que garantizarían procedimientos de conciliación y de arbitraje adecuados imparciales y rápidos en los que las partes tengan confianza y puedan participar en todas las fases, y en los que los laudos, una vez dictados, sean vinculantes y se apliquen plenamente y sin demora. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto y, entre tanto, que siga transmitiendo información sobre el funcionamiento del sistema de recomendación de la NPA.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) el 24 de julio de 2017 y así como de la respuesta del Gobierno a éstas, y de las observaciones de la Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN) que también fueron suministradas con la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2017 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), respaldando las observaciones de la NIPPON KEIDANREN. La Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), de 21 de septiembre de 2017, sobre los obstáculos para la negociación colectiva en la práctica y de la respuesta del Gobierno a la misma. La Comisión observa que la memoria y los comentarios del Gobierno proporcionan también respuestas a las observaciones recibidas en 2014 de la ZENROREN.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, en el contexto de la reforma de la función pública. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se abordó la necesidad de adoptar medidas para garantizar la promoción de la negociación colectiva de los empleados públicos no adscritos a la administración del Estado, en el marco de las consultas en curso sobre la reforma de la función pública. La Comisión lamentó entonces que el paquete de proyectos de reforma, fruto de muchos años de consultas exhaustivas con los interlocutores sociales y la sociedad civil del Japón y que proporcionaba un nuevo marco jurídico en la administración pública nacional, en virtud del cual ambas partes de la relación trabajador empleador negocian y determinan autónomamente las condiciones de trabajo y promueven la reforma de la gestión del personal y del sistema de remuneración, no fueran adoptados en última instancia por la Dieta. A raíz de ello, siguen sin reconocerse los derechos de negociación colectiva de una serie de funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas por la Oficina de Asuntos del Personal adscrita al Gabinete para participar en consultas con los interlocutores sociales según establece la Ley de Reforma de la Función Pública con miras a garantizar los derechos de negociación colectiva de todos los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado.

La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO de que no se ha registrado ningún progreso en las consultas pedidas por la Comisión debido a la falta de medidas y de respuestas proforma por parte del Gobierno. En concreto, la JTUC-RENGO alega que, desde la instauración de la oficina de asuntos del personal, el Gobierno no ha participado en ninguna consulta significativa con los empleados sindicales de la administración sobre estas cuestiones. Según la JTUC-RENGO, en la primavera de 2017, en respuesta a la petición del Consejo de Enlace del Sindicato Estatal (una organización consultiva integrada por sindicatos afiliados a la JTUC-RENGO y dirigida a funcionarios públicos que prestan servicios provisionalmente fuera del lugar de trabajo), el Ministerio responsable de los funcionarios públicos nacionales se limitó a repetir lo mismo durante tres años seguidos: «En lo que se refiere a un sistema autónomo de relaciones laborales, habida cuenta de que es un tema que implica un amplio abanico de cuestiones, me gustaría participar en un razonable intercambio de puntos de vista con todos ustedes.» Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Oficina de Asuntos del Personal ha venido intercambiando constantemente puntos de vista con las organizaciones de trabajadores sobre en diversas materias desde su establecimiento. No obstante, estas sesiones de consulta condujeron al Gobierno a afirmar que, sin perder de vista que el entorno de las relaciones laborales es cambiante, hay pendientes un amplio número de cuestiones que deben considerarse. Por consiguiente, el Gobierno pretende seguir celebrando consultas con las organizaciones de trabajadores sobre las medidas para adoptar un sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores. La Comisión toma nota de las observaciones de la NIPPON KEIDAREN en apoyo de la posición del Gobierno.

Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, después de la creación de la Oficina de Asuntos Personales adjunta al Gobierno, la Autoridad Nacional del Personal (ANP) siguió funcionando a pleno rendimiento como medida compensatoria por las restricciones impuestas a los derechos básicos del trabajo de los funcionarios públicos y, en realidad, el Gobierno revisó la remuneración de los funcionarios de acuerdo con la recomendación de la ANP tras las consultas realizadas de forma independiente con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales las recomendaciones de la ANP están subordinadas a la decisión política del Gobierno. En caso de la recomendación en materia de remuneración, la JTUC-RENGO lamentó que el Gobierno haya llevado de forma unilateral y confusa los procedimientos de revisión salarial, lo que se traduce en que el sistema de recomendación de la ANP resulte insuficiente como medida compensatoria. Al tiempo que toma nota de la falta de progresos significativos a pesar del diálogo constante entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre medidas para un sistema autónomo de relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, la Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible por acelerar su consulta con los interlocutores sociales implicados y que adopte medidas para la creación de un sistema autónomo de relaciones entre trabajadores y empleadores a fin de garantizar en un próximo futuro los derechos de negociación colectiva para todos los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. Entre tanto, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el funcionamiento del sistema de recomendación de la ANP como medida compensatoria por la negación de los derechos de negociación colectiva de los funcionarios públicos.

La Comisión reitera que, tras las observaciones de la JTUC-RENGO en las que deploraba la supresión de los derechos de negociación colectiva del personal del proyecto forestal nacional, pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas para garantizar que el personal del proyecto forestal nacional disfruta de todas las garantías previstas en el Convenio, incluido el derecho de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en el momento de la revisión del sistema, el Comité de agricultura, silvicultura y pesca de la Cámara de Representantes adoptó una resolución adicional en la que se establece que «a fin de garantizar el cumplimiento de las diversas funciones que deben cumplir las empresas nacionales forestales del país, incluido el mantenimiento y la promoción en las funciones de interés público de los bosques junto con un desarrollo integrado de los bosques de propiedad privada, deberían realizarse esfuerzos para promover y garantizar un nivel adecuado del número máximo de funcionarios, teniendo en cuenta situaciones de crisis económica grave y la situación actual de la gestión del lugar, el establecimiento de estructuras y sistemas, el desarrollo de recursos humanos y la transferencia de competencias, etc., así como el desarrollo de las condiciones de trabajo de los trabajadores empleados en empresas forestales de ámbito nacional». El Gobierno tiene que estudiar el alcance de esta resolución mediante el intercambio de opiniones sobre las condiciones de trabajo de los empleados en empresas forestales nacionales. La Comisión recuerda una vez más su observación anterior en la que se destacó que el personal del proyecto nacional forestal no se encuentra en la categoría de trabajadores que pueden ser excluidos del ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión espera firmemente que el Gobierno suministrará, en su próxima memoria, información sobre las consultas celebradas y las medidas adoptadas para garantizar que el personal del proyecto forestal nacional disfruta de todas las garantías previstas en el Convenio, incluido el derecho de negociación colectiva.

Jordania

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1968)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Jordana de Sindicatos Independiente (JFITU), recibidas el 31 de agosto de 2017, que se refieren a cuestiones legislativas generales y casos específicos de acoso antisindical e injerencia. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

Artículos 1-6 del Convenio. Ámbito de aplicación del Convenio. Trabajadores extranjeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que tomara las medidas legislativas necesarias para garantizar que los trabajadores extranjeros puedan convertirse en miembros fundadores y dirigentes de sindicatos y de organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el artículo 98, e), del Código del Trabajo especifica que no existe ningún obstáculo que impida la admisión de trabajadores migrantes como miembros fundadores si se cumplen los demás requisitos. La Comisión toma nota, sin embargo, de que el texto del artículo 98, e), en su forma enmendada en 2010, establece que el primer requisito para fundar una organización de trabajadores o de empleadores es ser jordano. La Comisión toma nota además de que la JFITU indica en su observación que, aunque la ley fue modificada en 2010 para permitir a los trabajadores extranjeros afiliarse a sindicatos, no les permite constituir sindicatos ni ejercer cargos de dirección; así pues, en los sectores en que los migrantes representan la mayoría de la fuerza de trabajo, la constitución de sindicatos y el ejercicio del derecho de negociación colectiva es muy improbable. La Comisión pide al Gobierno que proporcione aclaraciones a este respecto, indicando cómo los trabajadores extranjeros pueden gozar de la protección que ofrece el Convenio, incluyendo el derecho de participar en la negociación colectiva a través de la organización que estimen conveniente y que indique además si se está considerando enmendar dicha disposición. La Comisión pide además al Gobierno que indique cómo se ejercen estos derechos en la práctica, señalando los nombres de toda organización que represente a los trabajadores extranjeros y el número de convenios colectivos que los cubren.

Trabajadores domésticos y trabajadores agrícolas. En sus comentarios anteriores la Comisión había planteado la cuestión de la cobertura de los trabajadores domésticos y agrícolas en virtud del Código del Trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su respuesta a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 2014, de que los trabajadores domésticos, los cocineros y los trabajadores agrícolas están cubiertos por el Código del Trabajo según se especifica en el artículo 3; de que no existe una disposición en la ley que prohíba su representación por sindicatos y de que están representados por el sindicato general para los trabajadores de las industrias de la alimentación. Sin embargo, la Comisión toma nota también de la indicación divergente del Gobierno en su última memoria de que no existe impedimento para que los sindicatos representen a estos trabajadores, siempre que la ley sea modificada y que la comisión tripartita dé su consentimiento. Por último, la Comisión toma nota de la observación de la JFITU que indica que, aunque el Código del Trabajo fue modificado en 2008 para hacer extensivos ciertos derechos a los trabajadores domésticos y agrícolas, sigue sin quedar claro si la ley permite a los trabajadores domésticos y agrícolas constituir sindicatos o afiliarse a ellos. La Comisión toma nota de que la modificación de 2008 del artículo 3 del Código del Trabajo suprimió la exclusión expresa de los trabajadores domésticos y agrícolas del ámbito de aplicación del Código; sin embargo, el artículo 3, b), modificado indica que las reglas que rigen las condiciones de empleo de estos trabajadores serán determinadas por una norma que se adoptará en una etapa ulterior. La Comisión toma nota a este respecto de la indicación de la JFITU de que parece haber divergencias de opiniones en el Poder Judicial acerca de si el Código del Trabajo se aplicaría o de si sólo sería aplicable a los trabajadores en cuestión la norma específica indicada en el artículo 3. La Comisión toma nota además de que, con arreglo al artículo 10 del Código del Trabajo, el trabajo doméstico, la cocina, la jardinería y trabajos similares son sectores que están abiertos a la contratación de trabajadores extranjeros. En vista de lo anterior, la Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de la supresión de la exclusión expresa de los trabajadores domésticos y agrícolas de la cobertura del Código del Trabajo, la legislación y la reglamentación todavía no garantizan claramente a estos trabajadores los derechos consagrados en el Convenio, lo cual podría aumentar los impedimentos existentes para el ejercicio de los derechos de sindicación y de negociación colectiva por los trabajadores extranjeros que se encuentran en esos sectores, que ya se enfrentan a ciertas restricciones por motivo de su nacionalidad. Recordando que todos los trabajadores, salvo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado, están cubiertos por las disposiciones del Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas legislativas o reglamentarias necesarias para asegurar que los trabajadores domésticos y agrícolas, los cocineros, los jardineros y los trabajadores similares puedan beneficiarse de la negociación colectiva a través de las organizaciones que estimen convenientes y a que facilite información sobre las medidas previstas o adoptadas a este respecto.

Trabajadores de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 98, f), del Código del Trabajo especifica que los sindicalistas deben tener como mínimo 18 años de edad y toma nota de la indicación del Gobierno al respecto de que la edad mínima de admisión a los sindicatos de 18 años, corresponde a la edad legal de admisión al empleo de conformidad con la legislación jordana. La Comisión toma nota, sin embargo, de que el artículo 73 del Código del Trabajo prohíbe el empleo de menores de 16 años de edad. La Comisión considera que la prohibición de que los trabajadores menores de edad sean miembros de un sindicato, aunque puedan estar empleados desde los 16 años de edad, los estaría excluyendo efectivamente de la protección consagrada en el Convenio. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome medidas para modificar la disposición 98, f) a fin de asegurar que los menores que hayan alcanzado la edad legal de admisión al empleo, ya sea como trabajadores o como aprendices, estén protegidos en el ejercicio de sus derechos consagrados en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre las medidas previstas o adoptadas a este respecto.

Trabajadores no incluidos en los 17 sectores reconocidos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI, de 2014, que indican que, de conformidad con una orden de 1999, se han fijado 17 ocupaciones e industrias en los que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos. La Comisión toma nota además de las observaciones de la JFITU, que indican que, en virtud del artículo 98 del Código del Trabajo, sólo pueden constituirse sindicatos en los sectores designados por el Gobierno y que la Federación General de Sindicatos de Jordania (GFJTU) oficial no ha podido registrar sindicatos fuera de dichos sectores. Por consiguiente, los trabajadores que no están incluidos en los sectores reconocidos no pueden negociar colectivamente a través de las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión toma nota con preocupación de que dicho sistema podría privar a grupos completos de trabajadores del beneficio de los derechos garantizados en virtud del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique en detalle cuáles son los 17 sectores reconocidos en los que los trabajadores tienen derecho de sindicación con fines de negociación colectiva, y las ocupaciones e industrias incluidas en cada uno de ellos, y que proporcione copia de la legislación, los reglamentos y las órdenes pertinentes. La Comisión pide además al Gobierno que transmita información estadística sobre el número de trabajadores incluidos en los 17 sectores reconocidos y el número total de trabajadores en el país.

Artículo 2.  Protección adecuada contra actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara la legislación con el objeto de reforzar las sanciones contra la injerencia, ya que consideraba que las multas previstas en el artículo 139 del Código del Trabajo no podían tener un efecto suficientemente disuasivo. La Comisión toma nota también de las observaciones de la CSI y de la JFITU, de 2014, que alegan que el Gobierno concede subvenciones para los sueldos del personal de la GFJTU y algunas de sus actividades, y que esto sigue influenciando sus políticas y actividades, y las de sus afiliados. La Comisión pide al Gobierno que responda a estas alegaciones. Tomando nota de que el Gobierno no ha facilitado ninguna información nueva en relación con sus comentarios anteriores a este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas, en plena consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, con el fin de reforzar las sanciones contra la injerencia, y que proporcione información sobre las medidas previstas o adoptadas en relación con esto.

Artículos 4 y 6.  Derecho a la negociación colectiva. Monopolio sindical. La Comisión toma nota de la observación de la JFITU, que indica que no sólo pueden constituirse sindicatos en los sectores designados por el Gobierno, sino también que sólo puede existir un sindicato por sector; que se exige a los sindicatos que estén afiliados a la única federación reconocida oficialmente, la GFJTU, y que la limitación de un sindicato por sector sirve para excluir a los sindicatos independientes de toda iniciativa encaminada a organizar a los trabajadores de los sectores reconocidos y a representar sus intereses mediante la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el artículo 98, d), 1), del Código del Trabajo confiere a la Comisión tripartita (definida en el artículo 43 del Código) la autoridad para especificar grupos de ocupaciones en los que no puede constituirse más que un sindicato general, lo que parece permitir la creación de un monopolio sindical a nivel sectorial. Recordando que la imposición del monopolio sindical es incompatible con el principio de la negociación libre y voluntaria establecido en el artículo 4 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias, incluida la revisión del artículo 98, d), 1), del Código del Trabajo, con el fin de prever la libertad sindical plena, y que proporcione información acerca de los avances al respecto.

Negociación colectiva en el sector público. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que facilitara información relativa al derecho de negociación colectiva en el sector público, en particular, las enmiendas constitucionales pertinentes y el proyecto de ley sobre las actividades sindicales para los trabajadores del sector público. Tomando nota de que no ha recibido ninguna información a este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite información sobre los últimos avances en el proceso de adopción y sobre el texto del proyecto de ley sobre las actividades sindicales para los trabajadores del sector público y, recordando que sólo los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado pueden ser excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, la Comisión expresa la firme esperanza de que la legislación nacional reconozca explícitamente el derecho de negociación colectiva en el sector público.

Kazajstán

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 2 de septiembre de 2017, con el contenido de las declaraciones de los empleadores formuladas ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2017 (en adelante, la Comisión de la Conferencia).

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones sobre la aplicación del Convenio por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º septiembre de 2017, en relación con las cuestiones planteadas a continuación, así como de la información de que, el 25 de julio de 2017, la Sra. Larisa Kharkova, presidenta de la ahora liquidada Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán (KNPRK), fue sentenciada a cuatro años de restricción de su libertad de movimientos, a cien días de trabajo obligatorio y a una prohibición de cinco años de ejercer un puesto en una organización pública o no gubernamental. La CSI indica que, a principios de 2017, el Sr. Amin Eleusinov, presidente de un sindicato afiliado a la KNPRK, y el Sr. Nurbek Kushakbaev, vicepresidente de la KNPRK, fueron sentenciados a dos años y a dos años y medio de prisión, respectivamente, prohibiéndoseles realizar actividades sindicales después de su liberación. Ambos fueron condenados por haber convocado una huelga en respuesta a una decisión judicial de dar de baja en el registro a la KNPRK, debido a su incumplimiento de registrar nuevamente a las ramas provinciales, en al menos nueve de las 16 regiones del país. Tomando nota de que estos casos fueron discutidos por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, la Comisión insta al Gobierno a que comunique, sin retrasos, sus comentarios sobre los mismos.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia tomó nota de las graves cuestiones planteadas, que se refieren, en particular, a la revocación del registro de la KNPRK voluntariamente unificada, así como de la infracción de la libertad de asociación de los empleadores por la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios. La Comisión de la Conferencia también tomó nota de los graves obstáculos a la constitución de sindicatos sin autorización previa, en la ley y en la práctica. La Comisión de la Conferencia manifestó su preocupación por la persistente falta de progresos desde la discusión del caso en junio de 2016, a pesar de una misión de contactos directos de la OIT que visitó el país en septiembre de 2016. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia hizo un llamamiento al Gobierno para: i) enmendar las disposiciones de la Ley de Sindicatos, de 2014, de conformidad con el Convenio, sobre las cuestiones relativas a las excesivas limitaciones a la estructura de los sindicatos, lo que limita el derecho de los trabajadores de constituir los sindicatos que estimen convenientes y de afiliarse a los mismos; ii) enmendar, sin más retrasos, las disposiciones de la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios, de tal manera que aseguren la plena autonomía e independencia de las organizaciones de empleadores libres e independientes. En particular, suprimir las disposiciones sobre el amplio mandato de la Cámara Nacional de Empresarios (NCE) de representar a los empleadores y de acreditar a las organizaciones de empleadores; iii) permitir que los sindicatos y las organizaciones de empleadores se beneficien de actividades y proyectos de cooperación conjuntos y de actividades con organizaciones internacionales; iv) enmendar la legislación para levantar la prohibición sobre asistencia financiera a los sindicatos y organizaciones de empleadores nacionales por parte de organizaciones internacionales; v) adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la KNPRK y sus afiliados puedan ejercer plenamente sus derechos sindicales y se les confiera la autonomía y la independencia necesarias para cumplir con su mandato y representar a sus mandantes; vi) enmendar la legislación para permitir que jueces, bomberos y personal penitenciario constituyan una organización de trabajadores y se afilien a la misma, y vii) garantizar que las solicitudes de registro sindical se tramiten con celeridad y no se denieguen, salvo que incumplan los criterios claros y objetivos establecidos en la ley. La Comisión de la Conferencia consideró que el Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, a efectos de evaluar los progresos hacia el cumplimiento de estas conclusiones.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones y de afiliarse a las mismas. Jueces, bomberos y personal penitenciario. En relación con las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la prohibición impuesta a los jueces de afiliarse a sindicatos (artículo 23, 2), de la Constitución), no implica una restricción a su derecho de constituir y afiliarse a asociaciones voluntarias de jueces. En virtud del artículo 23, 2), de la Constitución, los jueces, como todos los ciudadanos del Estado, tienen el derecho de libertad sindical para fomentar y defender sus intereses profesionales, siempre que no utilicen las asociaciones para influir en la administración de justicia y perseguir objetivos políticos. El Gobierno destacó que el Sindicato de Jueces es una organización que representa los intereses de los jueces. La Comisión recuerda que la misión de contactos directos señaló que el sindicato puede plantear, y ha planteado en el pasado, cuestiones relativas a las condiciones laborales y a las pensiones de los jueces.

En lo que atañe al personal penitenciario y a los bomberos, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el personal penitenciario, como parte de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y, como tales, tienen prohibido constituir sindicatos y afiliarse a los mismos. La Comisión tomó nota con anterioridad del informe de la misión de contactos directos, según el cual, entre los empleados de los órganos encargados de hacer cumplir la ley (que incluyen al personal penitenciario y a los bomberos), sólo los empleados que tienen un rango militar o policial, tienen prohibida la constitución de sindicatos y la afiliación a los mismos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que todo el personal civil adscrito a los órganos de aplicación de la ley, pueden constituir sindicatos y afiliarse a los mismos. Recuerda al respecto haber observado que estos trabajadores estaban representados por dos sindicatos sectoriales. Según el Gobierno, el Sindicato de Trabajadores de las Fuerzas de Defensa de Kazajstán cuenta con 11 610 miembros y un sindicato activo del Ministerio del Interior que cuenta con 3 970 miembros. Al tiempo que toma debida nota de dicha información, la Comisión pide al Gobierno que envíe aclaraciones sobre los derechos sindicales del personal penitenciario y los bomberos que no tienen rango de militar o policía.

Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión recuerda que, tras la entrada en vigor de la Ley de Sindicatos, todos los sindicatos existentes tienen que ser nuevamente registrados. Recuerda asimismo que con anterioridad tomó nota con preocupación de que se denegó a los afiliados a la KNPRK el registro y el nuevo registro. La Comisión toma nota con profunda preocupación de la discusión de la Comisión de la Conferencia y de las observaciones de la CSI de 2017, según las cuales el registro de la KNPRK fue revocado, a pesar de la seguridad dada a la misión de contactos directos por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de que analizarían este asunto y asistirían a los sindicatos, si procediera. La Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que la KNPRK y sus afiliados puedan ejercer plenamente sus derechos sindicales y se les confiera la autonomía y la independencia necesarias para cumplir con su mandato y representar a sus mandantes. Solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.

Derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que enmendara los siguientes artículos de la Ley de Sindicatos, con el fin de garantizar que el derecho de los trabajadores a decidir libremente sobre si deseaban asociarse o afiliarse a una estructura sindical de nivel superior y reducir los requisitos relativos a los umbrales para constituir organizaciones de nivel superior:

–artículos 11, 3), 12, 3), 13, 3), y 14, 4), que requieren, bajo la amenaza de dar de baja al registro en virtud del artículo 10, 3), la afiliación obligatoria de sindicatos sectoriales, territoriales y locales a una asociación sindical nacional, dentro de los seis meses posteriores a su registro, con el fin de garantizar el derecho de los trabajadores a decidir libremente si desean asociarse o afiliarse a una estructura sindical de nivel superior, y

–el artículo 13, 2), que requiere que un sindicato sectorial represente a no menos de la mitad de la fuerza del trabajo total del sector o de sectores afines, o a organizaciones del sector o sectores afines, o tener subdivisiones estructurales y organizaciones miembros en el territorio de más de la mitad de todas las regiones, ciudades de importancia nacional y de la capital, con miras a bajar este requisito de umbral.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se estableció, bajo los auspicios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, un grupo de trabajo para mejorar la legislación sindical. Se reunió en marzo y abril de 2017 para discutir las enmiendas propuestas. En mayo de 2017, una comisión interinstitucional aprobó un proyecto de ley de concepto sobre la enmienda de la legislación. En ese sentido, la Comisión toma nota de la intención de enmendar la Ley de Sindicatos, con el fin de: i) disminuir el requisito de afiliación mínima de diez a tres personas, para constituir un sindicato, y ii) simplificar el procedimiento de registro. Sin bien acoge con beneplácito esta información, la Comisión toma nota de que las enmiendas propuestas no abordan las preocupaciones de la Comisión antes referidas. La Comisión recuerda una vez más que el libre ejercicio del derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas, implica el derecho de los trabajadores de decidir libremente si estiman conveniente asociarse o afiliarse a una estructura sindical de nivel superior y que los requisitos de umbral para constituir organizaciones de nivel superior no deberían ser excesivamente elevados. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que colabore más estrechamente con los interlocutores sociales para proceder a la revisión de los artículos 11, 3), 12, 3), 13, 2) y 3), y 14, 4), de la Ley de Sindicatos, con el objetivo de armonizarla plenamente con el Convenio. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptas o previstas a este respecto.

Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios. La Comisión instó con anterioridad al Gobierno a que enmendara la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios (NCE), con el fin de eliminar toda posible injerencia del Gobierno en el funcionamiento de la Cámara, y a efectos de garantizar la plena autonomía e independencia de las organizaciones de empleadores libres e independientes de Kazajstán. La Comisión recuerda que la ley exige la afiliación obligatoria a la NCE (artículo 4, 2)) y que el período de transición durará hasta julio de 2018, con la participación del Gobierno en la misma y su derecho de veto a las decisiones de la NCE (artículos 19, 2), 21, 1)). La Comisión recuerda asimismo que, en el informe de la misión de contactos directos, las dificultades que encontró la Confederación de Empleadores de Kazajstán (KRRK) en la práctica, se originaron en la afiliación obligatoria y en el monopolio de la NCE. La misión de contactos directos señaló, en particular, que la KRRK consideró que la acreditación de las organizaciones de empleadores por parte de la NCE y la obligación impuesta en la práctica a las organizaciones de empleadores para concluir un acuerdo anual (un contrato modelo) con la NCE, significan, a todos los efectos, que esta última aprobó y formuló los programas de las organizaciones de empleadores, interviniendo, de este modo, en sus asuntos internos. Al tiempo que lamenta tomar nota de que no existen planes inmediatos de enmienda de la ley, la Comisión acoge con beneplácito la solicitud del Gobierno de la asistencia técnica de la Oficina a este respecto. A la luz de lo anterior, y teniendo en cuenta las graves preocupaciones surgidas durante la discusión de la aplicación de este Convenio en la Comisión de la Conferencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte, sin mayor demora, medidas encaminadas a enmendar la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios, con la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 3.  Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas. Código del Trabajo. Anteriormente, la Comisión saludó la intención del Gobierno de enmendar el Código del Trabajo respecto del derecho de huelga, haciendo más explícito el artículo 176, 1), 1), en virtud del cual las huelgas se considerarán ilegales cuando tengan lugar en entidades que pertenecen a la categoría de instalaciones de producción peligrosas, en relación con las instalaciones consideradas peligrosas. En la actualidad las «instalaciones de producción peligrosas» se enumeran en los artículos 70 y 71 de la Ley sobre Protección Civil y pueden ser asimismo determinadas, en virtud de la orden núm. 353 del Ministro de Inversiones, y de desarrollo (2014), por la empresa en consideración. La Comisión tomó nota del informe de la misión de contactos directos, según el cual la KNPRK destacó que no tuvieron lugar huelgas legales en Kazajstán, dado que: i) casi todas las empresas pudieron declararse peligrosas y la huelga al respecto ilegal, y ii) se presentaron, a los órganos ejecutivos, peticiones de realización de una huelga, que fueron denegadas en la práctica. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el mencionado proyecto de legislación del concepto, contiene una disposición dirigida a hacer más explícito el Código del Trabajo, en cuanto a las situaciones en las que está prohibida la huelga. La Comisión espera que se realicen, en un futuro próximo, las enmiendas legislativas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, y con la asistencia técnica de la Oficina, con el fin de abordar las preocupaciones pertinentes de la Comisión en relación con el derecho de huelga. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

La Comisión toma con preocupación de las discusiones en la Comisión de la Conferencia y de la información transmitida por la CSI, según la cual los dirigentes sindicales fueron condenados y sentenciados, en aplicación del artículo 402 del Código Penal (2016), de conformidad con el cual toda instigación a continuar una huelga declarada ilegal por un tribunal, puede ser castigada con una pena de hasta un año de prisión y, en determinados casos (perjuicios significativos a los derechos e intereses de los ciudadanos, etc.), de hasta tres años de prisión. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto. Recuerda que no deberían imponerse sanciones penales contra un trabajador por haber participado en una huelga de manera pacífica, que no hace sino ejercer un derecho esencial y que por ello no debe ser sancionado, bajo ningún concepto, con una multa o una pena de prisión. Tales sanciones sólo pueden imponerse si, durante la huelga, se cometen actos de violencia contra las personas o lo bienes u otras infracciones graves del derecho penal, y ello exclusivamente en aplicación de disposiciones legales que sancionan este tipo de actos (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 158). La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 402 del Código Penal, con el fin de armonizarlo con este principio. Solicita al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Artículo 5.  Derecho de las organizaciones a recibir asistencia financiera de las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que enmendara el artículo 106 del Código Civil, así como el artículo 5 de la Constitución, a efectos de levantar la prohibición a la asistencia económica a sindicatos nacionales y a organizaciones de empleadores por parte de organizaciones internacionales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la prohibición abarca a toda la asistencia económica y material (coches, mobiliario, etc.) y se requiere salvaguardar el orden constitucional, la independencia y la integridad territorial del país. La Comisión recuerda que, si bien la misión de contactos directos señaló que no existe una prohibición impuesta a los sindicatos de participar y llevar a cabo proyectos y actividades internacionales (seminarios, conferencias, etc.), con la asistencia de organizaciones internacionales de trabajadores, consideró que la legislación podría enmendarse, con el fin de dejar claro que puedan llevarse a cabo libremente proyectos y actividades de cooperación conjuntos. En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte, en consulta con los interlocutores sociales, disposiciones legislativas específicas que autoricen claramente a las organizaciones de trabajadores y de empleadores que se beneficien, con fines normales y legales, de la asistencia financiera o de otro tipo de organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptas o previstas a este respecto.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar su legislación, con el fin de garantizar que los bomberos y el personal de los establecimientos penitenciarios gozaran del derecho de sindicación y de negociación colectiva. A este respecto, refiriéndose a su observación sobre la aplicación el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el personal penitenciario se encuentra bajo las autoridades de las fuerzas del orden y depende del Ministerio del Interior, y no tiene derecho de crear sindicatos. La Comisión, en sus comentarios precedentes, había tomado nota de que según el reporte de la misión de contactos directos que visitó el país en septiembre de 2016, luego de que fuera recomendado por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en el marco dela aplicación del Convenio núm. 87, entre los empleados de las fuerzas del orden (lo que incluye el personal penitenciario y los bomberos) sólo los que tengan un grado de militar o policía, pueden verse excluidos del reconocimiento del derecho a constituir sindicatos y de afiliarse a ellos. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno y la información contenida en el informe de la misión de contactos directos, todo el personal civil que trabaja en los órganos encargados del cumplimiento de la ley pueden constituir sindicatos y afiliarse a los mismos, existiendo en la actualidad dos sindicatos sectoriales que representan sus intereses, los cuales, según indica el Gobierno, pueden ejercer su derecho de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que proporcione aclaraciones sobre el reconocimiento de los derechos sindicales y de negociación colectiva del personal penitenciario y de bomberos que no tengan grado militar, y que proporcione información sobre convenios colectivos que les sean aplicables.

Artículo 4 del Convenio. Derecho de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enmendara el Código del Trabajo para garantizar que, cuando en la misma empresa existan, tanto un representante sindical como un representante elegido por los trabajadores que no están afiliados a ningún sindicato, la existencia de este último no se utilizará para menoscabar la posición del sindicato en el proceso de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, si bien pareciera que, en virtud del nuevo Código del Trabajo, que entró en vigor el 1.º de enero de 2016, otros representantes son elegidos sólo en ausencia de un sindicato (artículos 1, 44), y 20, 1)), el Gobierno indica en su memoria que los trabajadores que no están afiliados a un sindicato pueden, ya sea autorizar a un sindicato a que represente sus intereses en la negociación colectiva, ya sea elegir a otros representantes para tal efecto. La Comisión recuerda que en virtud del Convenio, el derecho de negociación colectiva corresponde a las organizaciones de trabajadores de todos los niveles, así como a los empleadores y a sus organizaciones, la negociación colectiva con representantes de trabajadores no sindicalizados debería ser posible únicamente cuando no existan sindicatos en el nivel de que se trate. La Comisión considera, en efecto, que la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores por encima de las organizaciones suficientemente representativas, cuando existan, puede atentar contra el principio de la promoción de la negociación colectiva establecida en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 239). La Comisión pide al Gobierno que aclare si, con arreglo al nuevo modelo de negociación colectiva previsto en el nuevo Código del Trabajo, otros representantes pueden negociar colectivamente junto a un sindicato existente y, en caso afirmativo, que enmiende el Código del Trabajo para armonizarlo con el Convenio.

La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 97, 2), del Código sobre Infracciones Administrativas, de 2014, una negativa infundada a concluir un convenio colectivo puede sancionarse con una multa, y recordó a este respecto que la legislación que impone la obligación de obtener un resultado, especialmente cuando se imponen sanciones para garantizar que se concluya un convenio, va en contra del principio de negociación libre y voluntaria. La Comisión solicitó al Gobierno que derogara esta disposición y que indicara las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado ninguna información al respecto. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud anterior y expresa la esperanza de que la próxima memoria del Gobierno contenga información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como información sobre la aplicación en la práctica de esta disposición.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kiribati

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra actos de discriminación e injerencia antisindicales. Con el fin de permitirle evaluar si se proporciona protección adecuada en la práctica contra actos de discriminación e injerencia antisindicales, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el número de quejas de discriminación antisindical y de injerencia de los empleadores presentadas ante las diversas autoridades competentes, la duración promedio de los procedimientos pertinentes y su resultado, y el tipo de vías de recurso y de sanciones impuestas en tales casos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kuwait

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 18 de septiembre de 2017 relativa a las cuestiones que estaba examinando la Comisión.

Artículo 2 del Convenio. Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que garantizara el reconocimiento del derecho de los trabajadores migrantes a constituir las organizaciones que estimaran convenientes y a afiliarse a ellas, mediante la supresión de cualquier restricción o requisito relativos al permiso de trabajo o al tiempo de residencia. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que la Ley del Trabajo (2010) no contiene ningún artículo que prohíba a los trabajadores migrantes constituir organizaciones o afiliarse a los sindicatos existentes. La Comisión recuerda que, en su observación anterior, había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el derecho a constituir organizaciones no se confiere a los trabajadores migrantes, debido a que su residencia en Kuwait es temporal y finaliza al expirar su contrato. En lo que atañe al derecho a afiliarse a sindicatos, la Comisión recuerda que había tomado nota de que la admisión de trabajadores no kuwaitíes como sindicalistas estaba prevista por el decreto ministerial núm. 1, de 1964, que les exige tener un permiso de trabajo y haber residido en el país durante cinco años. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que dichos requisitos son exclusivamente institucionales, y son útiles para determinar si los trabajadores en cuestión residen legalmente en el país, así como el tipo de ocupación sobre cuya base se formula una solicitud de afiliarse a una organización sindical. La Comisión observa que, según la Oficina Central de Estadística de Kuwait, aproximadamente dos tercios de la población de Kuwait son ciudadanos no kuwaitíes. Toma nota además de que, según las estadísticas publicadas en el sitio web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2010 había al menos 93 000 residentes sin nacionalidad («bidoons») que aparentemente eran apátridas. La Comisión recuerda que el derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas implica que cualquiera que resida en el territorio de un Estado, tenga o no un permiso de residencia, goza de los derechos sindicales consagrados en el Convenio, sin distinción alguna sobre la base de la nacionalidad o de la ausencia de ésta. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento del derecho de todos los trabajadores migrantes a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas, mediante la supresión de cualquier restricción o requisito relativos al permiso de trabajo o al tiempo de residencia, y a que proporcione información sobre toda evolución al respecto.

Trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar el pleno reconocimiento del derecho de los trabajadores domésticos a constituir organizaciones y a afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Ley núm. 68, de 2015, sobre los Trabajadores Domésticos confiere derechos laborales a los trabajadores domésticos y pretende mejorar su situación social y económica. Observa asimismo que, según la Oficina Central de Estadística de Kuwait, en 2016, un total de 666 422 personas fueron empleadas como trabajadores domésticos (lo que representa el 16,5 por ciento de la población). Al tiempo que nota que la ley núm. 68, de 2015, constituye un primer paso para mejorar la protección de los trabajadores domésticos, la Comisión observa que esta legislación no contiene ninguna disposición que les confiera explícitamente el derecho a constituir organizaciones y a afiliarse a ellas, con miras a defender sus intereses y derechos. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el pleno reconocimiento y el derecho de los trabajadores domésticos a constituir organizaciones y a afiliarse a ellas. Pide al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Funcionarios. La Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre los derechos sindicales en el sector público. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los funcionarios tienen el derecho de establecer los sindicatos que estimen convenientes y a afiliarse a los mismos, y que este derecho se garantiza tanto en la legislación como en la práctica. El Gobierno reitera que el artículo 98 de la Ley del Trabajo cubre a los funcionarios y que no existe una legislación que restrinja o limite su derecho a ejercer plenamente sus derechos sindicales. Transmite una lista de sindicatos establecidos en diversos ministerios e instituciones públicas. La Comisión toma debida nota de la información.

Trabajadores del sector marítimo y petrolero. La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que proporcionara información sobre el ejercicio de los derechos sindicales en el sector marítimo y petrolero. El Gobierno hace referencia a una lista de sindicatos en el sector marítimo y petrolero proporcionada junto con su memoria. La Comisión toma debida nota de esta información.

Artículo 3.  Administración financiera de las organizaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 104, 2) y 3), de la Ley del Trabajo, para ponerla en conformidad con el artículo 3 del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no se imponen restricciones a la administración financiera de los sindicatos. En lo que atañe a la prohibición de que los sindicatos utilicen sus fondos en las especulaciones financieras, inmobiliarias y de otro tipo, impuesta en virtud del artículo 104, 2), de la Ley del Trabajo, el Gobierno indica que el objetivo de esta disposición es asegurar la protección de los sindicalistas contra las consecuencias negativas de dichas inversiones. La Comisión recuerda que las disposiciones legislativas que restringen el derecho de los sindicatos a administrar, utilizar e invertir sus fondos como lo estimen conveniente con fines sindicales normales y legítimos, también mediante inversiones financieras e inmobiliarias, son incompatibles con lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio, y que el control ejercido por las autoridades públicas sobre las finanzas de los sindicatos no debería ir más allá del requisito que debe cumplir la organización de presentar memorias periódicas. Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 104, 2), de la Ley del Trabajo y que indique todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto. En relación con el artículo 104, 3), de la Ley del Trabajo, la Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno de que esta disposición no impide a los sindicatos de recibir dinero (donaciones y sucesiones), sino que se limita a dar instrucciones a los sindicatos para que informen al ministerio sobre las donaciones y sucesiones recibidas a fin de verificar la legitimidad de la fuente. La Comisión entiende que el artículo 104, 3), de la Ley del Trabajo no requiere el consentimiento del ministerio.

Prohibición general de las actividades políticas sindicales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 104, 1), de la Ley del Trabajo, que prohíbe a los sindicatos participar en cualquier asunto político. El Gobierno indica que la participación de los sindicatos en las cuestiones políticas no es uno de los objetivos por los que se constituyen los sindicatos. Reitera que el objetivo de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores y mejorar su situación económica y social, mientras que el objetivo de cualquier partido político es defender una política. El Gobierno indica, asimismo, que los sindicatos siempre pueden expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas de interés para sus miembros sin injerencia alguna. La Comisión recuerda que el desarrollo del movimiento sindical y el creciente reconocimiento de su función como interlocutor social por derecho propio significan que las organizaciones de trabajadores deben poder expresar sus opiniones públicamente sobre la política económica y social de un gobierno. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para modificar el artículo 104, 1), de la Ley del Trabajo, con el fin de eliminar la prohibición total de las actividades políticas con arreglo al principio arriba mencionado, y de garantizar explícitamente que los sindicalistas puedan expresar sus opiniones sobre cuestiones de política que puedan afectar sus intereses. Pide asimismo al Gobierno que indique todos los progresos realizados a este respecto.

Arbitraje obligatorio. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la intervención por el ministerio en los conflictos laborales a tenor de lo dispuesto en los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo podría conducir al arbitraje obligatorio y a la prohibición de huelgas. Al tiempo que toma nota de la voluntad del Gobierno de examinar estas disposiciones en consulta con los interlocutores sociales, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre los resultados de tales consultas tripartitas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el objetivo del artículo 131 de la Ley del Trabajo es conceder facultades de intervención al Ministro en caso de un conflicto colectivo. El Gobierno indica que el ejercicio de esta facultad es opcional, no obligatorio. Además, reafirma que el ministerio nunca ha intervenido en ningún conflicto colectivo y que se compromete a no intervenir, a menos que las partes en el conflicto soliciten su intervención. La Comisión recuerda una vez más que, en la medida en que el arbitraje obligatorio impide la huelga (artículo 132 de la Ley del Trabajo), contraviene el derecho de los sindicatos a organizar libremente sus actividades. El arbitraje obligatorio para poner fin a los conflictos laborales colectivos y a una huelga es aceptable si lo solicitan las dos partes en un conflicto, o si la huelga en cuestión puede restringirse, o incluso prohibirse, es decir, en el caso de conflictos en los servicios públicos en los que tomen parte funcionarios que ejercen autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, en particular los servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda la población o de parte de ella. Como consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo a fin de garantizar que esté plenamente conforme con los principios arriba mencionados, y que proporcione información sobre cualquier evolución en relación con esto.

Despido de juntas directivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 108 de la Ley del Trabajo prevé la posibilidad de despedir a la junta directiva de una organización por orden judicial si el mismo participa en una actividad que contraviene lo dispuesto en la Ley del Trabajo o en las «leyes pertinentes para la preservación del orden público y la moral». La Comisión había señalado asimismo que la referencia, como base para el despido de la junta directiva, a cualquier actividad que viola las leyes pertinentes para la preservación del orden público y la moral era demasiado general y vaga, y podría conducir a una aplicación que obstaculice el ejercicio de los derechos sindicales consagrados en el Convenio. Además, la Comisión había considerado que el despido de las juntas ejecutivas de las organizaciones de empleadores o de trabajadores por orden judicial debería limitarse a violaciones graves y reiteradas de las constituciones de las organizaciones o de la legislación pertinente, y recuerda que la legislación no puede menoscabar las garantías previstas en el Convenio ni puede ser aplicada para menoscabarlas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información en relación con esto. Por consiguiente, pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 108 de la Ley del Trabajo y que indique todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 5.  Limitación a una única confederación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas apropiadas para modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo, que prevé que «no debería haber más que un sindicato general; uno para los trabajadores y otro para los empleadores», con el fin de garantizar el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes a todos los niveles. La Comisión toma nota de que el Gobierno no suministró ninguna información sobre las medidas destinadas a modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo. Una vez más, la Comisión recuerda que el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes, tal como prevé el artículo 2 del Convenio, implica que la diversidad sindical debe seguir siendo posible en todos los casos. La Comisión considera que es importante que los trabajadores puedan cambiar de sindicato o constituir un nuevo sindicato por motivos de independencia, efectividad o ideología. Por consiguiente, una legislación que exige que los sindicatos se agrupen en una única federación o confederación plantea problemas de compatibilidad con el Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de la falta de progresos realizados a este respecto, y recuerda que un monopolio sindical impuesto legislativamente, a cualquier nivel, es incompatible con los requisitos del Convenio. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas apropiadas para modificar el artículo 106 de la Ley del Trabajo a fin de velar por que los trabajadores constituyan las organizaciones que estimen convenientes a todos los niveles, incluida la posibilidad de constituir más de una confederación (sindicato general), y que proporcione información sobre cualquier evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 18 de septiembre de 2017, que se refiere a cuestiones pendientes ante esta Comisión.

Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la manera en que los trabajadores domésticos y los trabajadores migrantes ejercen en la práctica sus derechos establecidos en el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en virtud de la legislación kuwaití, los trabajadores tienen el derecho de organizar y constituir sindicatos, así como afiliarse a los mismos. El Gobierno se refiere a la orden ministerial núm. 1, de 1964, basada en el artículo 43 de la Constitución, y dispone que no podrá obligarse a nadie a afiliarse a ninguna asociación o sindicato. A este respecto, la Comisión observa que la orden ministerial núm. 1, de 1964, subordina el ejercicio de este derecho a la posesión de un permiso válido de trabajo y como mínimo cinco años de residencia en el país. En relación con los trabajadores domésticos, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Ley núm. 68, de 2015, sobre el Empleo de los Trabajadores Domésticos, otorga derechos laborales a los trabajadores domésticos y tiene por objeto mejorar su situación social y económica. Al tiempo que reconoce que la ley núm. 68, de 2015, es una primera medida para mejorar la protección de los trabajadores domésticos, la Comisión observa que esta legislación no contiene disposiciones que le garanticen explícitamente el derecho de significación y de negociar convenios colectivos. La Comisión se remite a las observaciones que formula en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento pleno, en la legislación y en la práctica, a todos los trabajadores migrantes y trabajadores domésticos de los derechos consagrados en el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la manera en que los trabajadores domésticos ejercen, en la práctica, los derechos establecidos en el Convenio, incluyendo información sobre las organizaciones sindicales establecidas y los convenios colectivos en vigor.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e injerencia antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación establezca la prohibición de todos los actos de discriminación e injerencia antisindical prohibidos por el Convenio, así como los mecanismos de resarcimiento pertinente que garanticen la protección adecuada. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, se prohíbe a los empleadores poner fin a un contrato por algún motivo relacionado con los derechos fundamentales previstos en la Constitución y en los convenios internacionales, que han establecido el derecho de los trabajadores de afiliarse a sindicatos y ejercer sus derechos sindicales. El Gobierno reitera que la Constitución de Kuwait establece en el artículo 43 que no podrá obligarse a nadie a afiliarse a una asociación o sindicato, y que la Ley del Trabajo establece que no podrá ponerse fin al contrato de un trabajador sin causa justificada o en razón de sus actividades sindicales. La Comisión recuerda que, además de esas disposiciones generales, la legislación nacional no establece ninguna protección adicional concreta contra los actos de discriminación. La Comisión recuerda también que esta protección no sólo deberá prohibir los despidos, sino también cualquier otra medida de discriminación antisindical, como traslados, descenso de categoría y otros actos perjudiciales, así como actos de discriminación antisindical al ocupar un puesto de trabajo. La Comisión recuerda además que la legislación deberá proteger contra todos los actos de injerencia, como los destinados a colocar a las organizaciones de trabajadores bajo el control de las organizaciones de empleadores mediante métodos económicos o de otro tipo. La Comisión subraya que la legislación deberá establecer expresamente procedimientos efectivos y sanciones disuasorias con objeto de impedir o reparar los actos de discriminación antisindical, así como de proteger las organizaciones de empleadores y de trabajadores contra las injerencias recíprocas. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación establezca la prohibición de todos los actos de discriminación e injerencia antisindical prohibidos por el Convenio, así como los mecanismos de resarcimiento pertinentes que garanticen la protección adecuada, incluidos los procedimientos efectivos y las sanciones disuasorias de conformidad con los principios anteriormente mencionados.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. Arbitraje obligatorio. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud de los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo, el Ministerio puede intervenir en un conflicto, sin que lo haya pedido ninguna de las partes, en aras de promover un acuerdo amistoso, pudiendo también someter el conflicto a un comité de conciliación o a un panel de arbitraje, según estime adecuado. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el objetivo del artículo 131 de la Ley del Trabajo es conceder poderes de intervención al Ministro en caso de conflicto colectivo. El Gobierno reitera que el ejercicio de esta facultad es opcional y no obligatorio. Reitera que el Ministerio no ha intervenido en conflicto colectivo alguno y se compromete a ello en el futuro, salvo que alguna de las partes en el conflicto requiera su intervención. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio en el contexto de la negociación colectiva sólo es aceptable en relación con funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), los servicios esenciales en el sentido estricto del término (servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) y crisis nacional aguda. La Comisión se remite a la observación que formulan en relación con el Convenio núm. 87, y subraya que aunque el artículo 131 sea de aplicación opcional, la disposición otorga indebidamente al Ministro discrecionalidad para recurrir al arbitraje obligatorio más allá de los casos aceptables antes mencionados. La Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a adoptar todas las medidas necesarias para modificar los artículos 131 y 132 de la Ley del Trabajo, así como en las demás disposiciones sobre el arbitraje obligatorio pertinente en aras de asegurar su plena conformidad con los principios antes dichos y de proporcionar información sobre toda evolución a este respecto.

Promoción de la negociación colectiva. Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre el número de convenios colectivos concluidos, especificando los sectores y el número de trabajadores cubiertos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se le informó de ningún convenio colectivo celebrado durante el período cubierto por la memoria, y que el último convenio colectivo se celebró en 2011. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 4, los gobiernos deben promover la negociación colectiva entre empleadores y organizaciones sindicales, y observa con preocupación de que no se ha celebrado ningún convenio colectivo desde 2011. La Comisión pide, por lo tanto, al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas o contempladas para alentar y promover la negociación colectiva. La Comisión también pide al Gobierno que continúe brindando información sobre el número de convenios colectivos concluidos, especificando los sectores y el número de trabajadores cubiertos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Lesotho

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1966)

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y formular sus programas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 198F del Código del Trabajo, garantiza expresamente ventajas específicas a los sindicatos que representen más del 35 por ciento de los trabajadores, y que el artículo 198G, 1), del Código del Trabajo establece que sólo los afiliados a un sindicato registrado que represente a más del 35 por ciento de los trabajadores en una empresa que emplee a diez o más trabajadores, tienen el derecho de elegir representantes sindicales en el lugar de trabajo. El Gobierno indicó que la cuestión sería examinada por el Comité consultivo nacional del trabajo que se ocupaba de la reforma de la legislación laboral. La Comisión expresó su confianza en que el Gobierno garantice, en el marco de la reforma de la legislación laboral que la distinción entre sindicatos más representativos y sindicatos minoritarios no se tradujera, en la legislación y en la práctica, en el otorgamiento de privilegios susceptibles de influir indebidamente en la libertad de los trabajadores de elegir a sus organizaciones. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información en su memoria a este respecto y recuerda que la libertad de elección de los trabajadores puede quedar en entredicho si la distinción entre sindicatos más representativos y los minoritarios equivale a otorgar privilegios susceptibles de influir indebidamente a los trabajadores en la elección de las organizaciones. La Comisión recuerda también que la distinción debería limitarse al reconocimiento de ciertos derechos preferenciales (por ejemplo, a los fines de la negociación colectiva, la consulta por las autoridades o la designación de delegados a las organizaciones internacionales). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, incluso en el contexto de la reforma de la legislación laboral en curso para garantizar que la distinción entre sindicatos más representativos y sindicatos minoritarios no se traduzca, en la legislación o en la práctica, en otorgamiento de privilegios susceptibles de influir indebidamente en la libertad de los trabajadores de elegir sus organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículos 2, 3 y 5.  Asociaciones de funcionarios públicos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara si las asociaciones de funcionarios están sujetas a la obligación según la cual una asociación registrada debe presentar al Registrador General por orden suya, que puede ser expedida en todo momento, una lista de los dirigentes y otros miembros de la asociación, así como un informe sobre el número y lugar de las reuniones celebradas durante los seis meses anteriores, las cuentas y demás información que considere necesaria (artículo 14, 1), b), c) y d), de la Ley de Asociaciones), o si dichas asociaciones están incluidas en la excepción prevista en el artículo 14, 2), de dicha ley (que dispone que el Registrador General no podrá ordenar a una asociación política que presente las actas o información acerca de sus reuniones, cuentas, correspondencia o listas de sus miembros, salvo en la medida necesaria para verificar la constitución, los estatutos, los dirigentes de dicha asociación). Además, la Comisión expresó la esperanza de que se adoptasen medidas para garantizar que en virtud de la Ley sobre la Función Pública, los funcionarios públicos puedan constituir federaciones y confederaciones y afiliarse a ellas, y afiliarse a organizaciones internacionales.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, las asociaciones de funcionarios públicos no están exceptuadas de la aplicación del artículo 14, 2), de la Ley de Asociaciones. Sin embargo, la Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido que, en el contexto de las discusiones mantenidas entre el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Ministerio de la Función Pública acerca de las posibles enmiendas legislativas, el Gabinete aprobó el Plan estratégico para 2016-2019 del Ministerio de la Función Pública. La Comisión toma nota con interés de que el Plan estratégico incluye la enmienda de la Ley sobre la Función Pública para atender a las necesidades del sindicalismo, de conformidad con la prioridad 6 relativa a la mejora de la protección de los funcionarios públicos, con un marco de tiempo previsto de abril a julio de 2017 como fechas de inicio y de finalización. Asimismo, toma nota de la indicación del Gobierno de que el Ministerio de Trabajo y Empleo ha finalizado la elaboración de un proyecto de política laboral que será sometido al Gabinete. Este proyecto hace hincapié en la aplicación de las normas internacionales del trabajo a todos los trabajadores y en todos los sectores, incluidos los funcionarios públicos, y el Gobierno indica que, en consecuencia, los funcionarios públicos gozarán de los derechos previstos en el Convenio. La Comisión saluda esta explicación y pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para modificar la Ley sobre la Función Pública a fin de garantizar que las organizaciones de funcionarios públicos no están sometidos a las obligaciones previstas en el artículo 14, 1), b), c) y d), de la Ley de Asociaciones, y que la supervisión gubernamental se limita a la obligación de presentar informes financieros periódicos o cuando existen motivos lo suficientemente graves para creer que las acciones de una organización son contrarias a sus reglas o infringen la legislación. Además, expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios públicos pueden constituir federaciones y confederaciones y afiliarse a ellas, así como afiliarse a organizaciones internacionales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolución a este respecto, incluida toda legislación adoptada en este sentido.

A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2017 en virtud de la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Reconocimiento del sindicato más representativo. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 198A, 1), b), del Código del Trabajo define la representatividad de un sindicato como el «sindicato registrado que representa a la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador», y que el artículo 198, 1), c), especifica que «la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador significa más del 50 por ciento de estos empleados». La Comisión recordó que si ningún sindicato tiene el apoyo de más del 50 por ciento de los trabajadores, deberán concederse los derechos de negociación colectiva a todos los sindicatos en la unidad de negociación, al menos en nombre de sus propios afiliados. El Gobierno señaló a este respecto que la refundición en marcha de la legislación en materia laboral incluiría las cuestiones planteadas por la Comisión.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, en el actual proceso de revisión de la legislación laboral, se introduce la noción de derechos sindicales como opuestos a derechos de negociación colectiva. El Gobierno señala que se ha previsto elaborar reglamentos sobre derechos sindicales y de negociación al finalizar la reforma de la legislación laboral. La Comisión toma nota en este sentido de que las instrucciones de redacción para la consolidación y revisión en 2016 del Código del Trabajo destacan la petición previa de la Comisión a este respecto, y afirma que el código revisado debería prever derechos sindicales en caso de que los sindicatos sean suficientemente representativos, pero que no existen sindicatos con más del 50 por ciento de afiliados. La Comisión reitera que la fijación de un umbral de representatividad para designar un agente exclusivo con fines de concertación de un convenio colectivo cuya aplicación va destinada a todos los trabajadores de un sector o establecimiento es compatible con el Convenio en la medida en que las condiciones exigidas no constituyen un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en el marco de la reforma de la legislación laboral, para garantizar que si no hay ningún sindicato que alcance la mayoría exigida para ser designado como agente de negociación colectiva, se otorgue a los sindicatos minoritarios la posibilidad de negociar colectivamente, de manera conjunta o separada, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto, y que proporcione una copia de todas las leyes y reglamentos adoptados posteriormente.

Requisitos de representación para otorgar certificación a un sindicato como único agente negociador. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 198B, 2), del Código del Trabajo establece que el árbitro podrá realizar una votación «si lo estima conveniente» para determinar la representatividad de un sindicato en caso de conflicto. En este sentido, la Comisión confía en que los conflictos que exigen realizar una votación para determinar si un sindicato es el más representativo se resolverían mediante una votación. La Comisión reiteró además que las nuevas organizaciones u organizaciones con un número suficientemente elevado de votos, pueden pedir que se realice una nueva votación después de transcurrir un período razonable desde la última elección.

En este sentido, la Comisión toma nota de que las instrucciones de redacción para la refundición y revisión en 2016 del Código del Trabajo mencionan la introducción de un requisito formal para las votaciones que deban celebrarse para determinar la representatividad de un sindicato, lo que suprime la discrecionalidad del árbitro en cuanto a la conveniencia de dicha votación. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que, en el contexto de la reforma de la legislación laboral, los conflictos que requieran la celebración de una votación para determinar qué sindicato es el más representativo se resuelvan de hecho por medio de una votación. Además, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar o para enmendar el Código del Trabajo a fin de garantizar que las nuevas organizaciones, o las organizaciones que no lleguen a garantizar un número suficientemente elevado de votos, puedan pedir que se realice una nueva votación después de transcurrir un período razonable desde la última elección.

Negociación colectiva en el sector de la educación. La Comisión pidió anteriormente información sobre todos los acuerdos de negociación colectiva que se hubieran concertado para los docentes tanto del sector público como del sector privado. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han presentado a la Oficina del Consejo Parlamentario instrucciones de redacción para la enmienda de la Ley de Educación con el fin de ponerla de conformidad con los derechos establecidos en el Convenio. La Comisión toma nota en este sentido de que las instrucciones de redacción para la refundición y revisión en 2016 del Código del Trabajo reconocen que, en lo que se refiere a los cambios exigidos para otros artículos de la legislación, debería aclararse la formulación de la Ley de Educación para que declare que los docentes disfrutan de derechos de negociación colectiva. Además, en lo que se refiere al sector público, la Comisión toma nota de la mención del Gobierno al artículo 64 de la Ley de Educación de 2010, que establece que un docente tiene derecho a constituir cualquier formación docente o a afiliarse a ella, y que una formación docente que represente más del 40 por ciento de los docentes en funciones podrá solicitar el reconocimiento del Ministro. En lo que respecta al sector privado, el Gobierno señala que los derechos de los docentes a constituir un sindicato o a afiliarse a él gozan también de la protección del artículo 64 de la Ley núm. 1 del Código del Trabajo de 2010 (en su versión enmendada) y que se autoriza la negociación colectiva siempre y cuando se alcance el umbral mínimo exigido. El Gobierno señala además que el Ministerio de Educación consulta siempre a las formaciones docentes para tomar decisiones concertadas cuando hay una cuestión que atañe a sus miembros. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la enmienda a la Ley de Educación, que tiene la finalidad de poner esta ley en conformidad con el Convenio, y que, en el contexto de esta revisión, tenga en cuenta las indicaciones de la Comisión mencionadas más arriba en relación con la necesidad de garantizar que, si no hay ningún sindicato que alcance el umbral mínimo exigido para ser designado como agente negociador, los sindicatos minoritarios tengan la posibilidad de negociar colectivamente juntos o por separado, al menos en nombre de sus propios afiliados. Entre tanto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del artículo 64 de la Ley de Educación en la práctica, incluyendo el número de asociaciones docentes que han solicitado el reconocimiento del Ministerio, el número de asociaciones reconocidas y los derechos que acompañan este reconocimiento. La Comisión pide una vez más al Gobierno que señale si se ha llegado a acuerdos de negociación colectiva con los docentes del sector público y privado, y si es así, que proporcione detalles de los mismos. Por último, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique una copia de la Ley núm. 1 del Código del Trabajo de 2010 (en su versión enmendada).

Liberia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con cuestiones que se han estado planteando desde 2012 y se examinan en este comentario, así como sobre cuestiones que están siendo examinadas por el Comité de Libertad Sindical en el marco de los casos núms. 3081 y 3202.

Cambios legislativos. La Comisión recuerda que desde hace muchos años formula comentarios sobre la necesidad de modificar o derogar las disposiciones siguientes del título 18 de la Ley sobre el Trabajo que no están en conformidad con las disposiciones del Convenio: i) el artículo 4506, que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la administración pública constituir una organización sindical; ii) el artículo 4601-A, que prohíbe a los trabajadores de la agricultura afiliarse a organizaciones de trabajadores de la industria, y iii) el artículo 4102, párrafos 10 y 11, que impone el control de las elecciones sindicales por el Consejo de control de las prácticas de trabajo. La Comisión toma nota con satisfacción de que, tal como indica el Gobierno en su memoria, el título 18 de la Ley sobre el Trabajo ha sido derogado por la Ley sobre el Trabajo Decente de 2015 (la ley) que entró en vigor el 1.º de marzo de 2016. La Comisión quiere plantear los puntos siguientes en relación con la ley.

Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el artículo 1.5, c), i) y ii) de la ley excluye de su ámbito de aplicación el trabajo que cubre la Ley sobre los Organismos de la Administración Pública. A este respecto, la Comisión recuerda que en su comentario anterior tomó nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza el derecho de los funcionarios públicos a establecer sindicatos (ordenanza sobre la función pública) estaba siendo revisada con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información nueva a este respecto. La Comisión espera firmemente que la revisión de la ordenanza haga posible dar pleno efecto al Convenio en lo que atañe a los funcionarios públicos y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a ese respecto.

La Comisión toma nota de que el artículo 1.5, c), i) y ii), de la ley también excluye de su ámbito de aplicación a los oficiales, miembros de la tripulación y otras personas que trabajan o se forman en buques. Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la legislación que garantiza el derecho a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas a los que trabajan en buques, la Comisión le pide que indique la manera en que los trabajadores del sector marítimo, incluso los que se están formando, tienen garantizados los derechos consagrados en el Convenio, incluyendo todas las leyes o reglamentos adoptados o previstos que cubran a esta categoría de trabajadores.

Artículo 1 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. La Comisión toma nota de que el artículo 2.6 de la ley prevé que todos los empleadores y trabajadores, sin distinción alguna, pueden constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas sin autorización previa, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. La Comisión también toma nota de que el artículo 45.6 de la ley reconoce el derecho de los trabajadores extranjeros a afiliarse a organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que indique si, además del derecho a afiliarse a organizaciones, los trabajadores extranjeros tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes.

Artículo 3.  Determinación de los servicios esenciales. La Comisión toma nota de que el Consejo Nacional Tripartito (establecido en virtud del artículo 4.1 de la ley) tiene la función de identificar y recomendar al Ministro los servicios que se tienen que considerar esenciales (artículo 41.4, a), de la ley). Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que en el artículo 41.4 de la ley define los servicios esenciales como aquellos servicios cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población. La ley también prevé que el Presidente, previo examen de las recomendaciones del Consejo Nacional Tripartito, tendrá que decidir si alguna parte de un servicio se considerará un servicio esencial y publicar una notificación en el Boletín Oficial señalando que se trata de un servicio esencial. La Comisión toma nota de que la decisión final sobre la determinación de un servicio como esencial recae en el Presidente, que no está obligado a seguir las recomendaciones del Consejo Nacional Tripartito. La Comisión solicita al Gobierno que indique si, al determinar los servicios que se considerarán esenciales, el Presidente debe atenerse a la definición de servicios esenciales establecida en el artículo 41.4 de la ley. La Comisión también pide al Gobierno información en relación a la manera en la que el artículo 41.4 ha operado en la práctica respecto a la determinación de servicios esenciales.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que se abordan cuestiones examinadas en esta observación así como cuestiones que el Comité de Libertad Sindical examina en el marco de los casos núms. 3081 y 3202.

Cambios legislativos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley sobre el Trabajo Decente, que garantiza los derechos consagrados en el Convenio, se adoptó en 2015 y entró en vigor el 1.º de marzo de 2016. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado realizado comentarios sobre la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que garanticen: i) una protección suficiente frente a la discriminación antisindical en el momento de la contratación y durante la relación de empleo, acompañada de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias; ii) una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones, que incluya sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias, y iii) el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de las empresas del Estado y de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 5), c), i) y ii), de la Ley sobre el Trabajo Decente, de 2015 (la ley), excluye de su ámbito de aplicación el trabajo que está cubierto por la ley sobre organismos de la administración pública. A este respecto, la Comisión recuerda que en su anterior memoria, el Gobierno había indicado que la legislación que garantiza el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos y los empleados de las empresas estatales (ordenanza sobre la función pública) estaba en curso de revisión con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado información a este respecto. La Comisión confía en que a través de la revisión de la ordenanza sobre la función pública se pueda dar pleno efecto al Convenio en lo que respecta a los empleados de las empresas estatales y los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión toma nota de que el artículo 1, 5), c), i) y ii), de la ley también excluye de su ámbito de aplicación a los oficiales, miembros de la tripulación y otras personas que trabajan o se forman en buques. Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la legislación que garantiza el derecho de negociación colectiva a los trabajadores marítimos, la Comisión le pide que indique la manera en que los derechos consagrados en el Convenio se aplican a esos trabajadores, incluyendo todas las leyes o reglamentos, adoptados o que está previsto adoptar, que los cubren.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado pidiendo al Gobierno que adopte medidas para introducir en la legislación disposiciones que garanticen una protección efectiva contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el artículo 2.6 de la ley prevé que formar organizaciones y negociar colectivamente son derechos fundamentales y el artículo 2.7 prohíbe la discriminación en el marco del ejercicio de los derechos conferidos por la ley. La Comisión también toma nota de que el artículo 2.11 de la ley prevé la protección de la libertad sindical de los trabajadores (estableciendo, entre otras cosas, que ninguna persona podrá perjudicar o amenazar con perjudicar a un trabajador debido a que ha estado, está o prevé estar afiliado a una organización de trabajadores) y que su artículo 2.12 de la ley prevé la protección de la libertad de asociación de los empleadores. La Comisión toma nota de que los artículos 2.11 y 2.12 prevén que se aplicarán además del artículo 2.7 de la ley y en la mayor medida posible junto con él habida cuenta de que este último artículo prohíbe la discriminación en general. Además, la Comisión toma nota de que, si bien la ley no prohíbe expresamente la terminación de la relación de trabajo sobre la base de la discriminación antisindical, el artículo 14.8 prohíbe la terminación debido al ejercicio de los derechos que otorga la ley. Asimismo, toma nota de que las quejas por vulneración de los derechos garantizados por la ley pueden presentarse al Ministerio, cuyas decisiones pueden apelarse ante el tribunal del trabajo (capítulos 9 y 10 de la ley). Haciendo hincapié en la importancia de garantizar una protección efectiva contra los actos de discriminación antisindical y de prever sanciones suficientemente disuasorias, la Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre las sanciones impuestas en casos de discriminación antisindical. También pide al Gobierno que transmita estadísticas sobre el número de casos de discriminación examinados así como sobre la duración de los procedimientos y el tipo de sanciones impuestas y de compensaciones ordenadas.

Artículo 2.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que durante muchos años ha estado pidiendo al Gobierno que adopte medidas para incluir en la legislación disposiciones que garanticen una adecuada protección de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores en sus asuntos, incluyendo sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión lamenta tomar nota de que la ley aún no contiene disposiciones específicas sobre la protección contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras en su constitución, funcionamiento o administración (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 194). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para introducir en la legislación la prohibición de los actos de injerencia así como procedimientos rápidos de apelación y sanciones disuasorias para estos actos. Pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el artículo 37.1, a), de la ley, prevé que los sindicatos que representan a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación apropiada pueden pedir el reconocimiento como agentes exclusivos de negociación de esa unidad de negociación. Asimismo, toma nota de que un sindicato que ya no representa a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación debe conseguir esa mayoría en tres meses y, si no lo hace, el empleador deberá retirarle el reconocimiento (artículo 37.1, k)). La Comisión recuerda que si bien es aceptable que el sindicato que represente a la mayoría o a un alto porcentaje de los trabajadores en una unidad de negociación goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos, considera que en los casos de que ningún sindicato cumpla esas condiciones, o que no gocen de esos derechos exclusivos, los sindicatos minoritarios deberían, al menos, poder concluir un convenio colectivo o directo en nombre de sus propios afiliados (véase Estudio General de 2012, párrafo 226). La Comisión pide al Gobierno que indique si, en caso de que ningún sindicato represente a la mayor parte de los empleados en una unidad de negociación apropiada, los sindicatos minoritarios en la misma unidad de negociación disfrutan de derechos de negociación, al menos en nombre de sus propios afiliados.

Solución de conflictos que afectan a los intereses nacionales. La Comisión toma nota de que el artículo 42.1 de la ley establece que si el Presidente lo considera de interés nacional, puede: i) solicitar al ministro que nombre a un conciliador para solucionar un conflicto, o un conflicto potencial, entre empleadores y sus organizaciones, por una parte, y trabajadores y sus sindicatos, por otra parte, o ii) en consulta con el Consejo Nacional tripartito, establecer un grupo de examen que represente los intereses de los empleadores, los trabajadores y el Estado para investigar cualquier conflicto laboral, o conflicto laboral potencial, con fines de informar y realizar recomendaciones al Presidente. Recordando que, con arreglo al artículo 4 del Convenio, la solución de conflictos colectivos debe ser coherente con la promoción de la negociación colectiva voluntaria, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información adicional en relación con las prerrogativas en virtud del artículo 42.1 de la ley, y que indique en qué medida esta disposición otorga a las partes libertad plena de negociación colectiva y no altera el principio de arbitraje voluntario.

Madagascar

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Conferencia de Trabajadores de Madagascar (CTM), recibidas, respectivamente, los días 25 de septiembre y 26 de octubre de 2017, relativas a la aplicación del Convenio en la práctica, y toma nota de los comentarios del Gobierno a este respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), recibidas el 20 de septiembre de 2017, relativas a las alegaciones de restricción del derecho sindical y, en particular, del derecho de los sindicatos a gestionar su labor administrativa y sus actividades de formación, y a la dificultad para constituir sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre las observaciones de la SEKRIMA.

Restricciones de las actividades sindicales en el sector marítimo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había instado firmemente al Gobierno que velase por que la encuesta independiente efectuada sobre la comisión de actos antisindicales en el sector marítimo se concluya sin dilación. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre este tema. Por consiguiente, reitera su solicitud anterior una vez más e insta firmemente al Gobierno que vele por que la encuesta independiente mencionada se concluya sin dilación y que transmita los resultados de esta última.

Cuestiones legislativas

Artículo 2 del Convenio. Trabajadores que se rigen por el Código Marítimo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que debía adoptarse un nuevo Código Marítimo, y expresó la esperanza de que se reconociera el derecho de los marinos a constituir sindicatos y a adherirse a los mismos. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno de que se ha puesto en marcha una Hoja de ruta relativa a la adopción del Código Marítimo, la cual ha sido validada por actores tripartitos. La Comisión toma nota igualmente de que se ha adoptado un plan de acción con el fin de materializar los esfuerzos del Gobierno malgache para actuar de conformidad con las disposiciones del Convenio, y de que el Código Marítimo que se adoptará próximamente tendrá en cuenta este plan. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todo progreso realizado en este ámbito y que comunique una copia del Código Marítimo tal como fue propuesto o enmendado y vele por que el Código prevea el derecho de los marinos a constituir sindicatos y a adherirse a ellos.

Artículo 3.  Representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción del decreto núm. 2011-490 sobre las organizaciones sindicales y la representatividad, y pidió al Gobierno que comunicara información sobre su aplicación y sobre su incidencia en la determinación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que participan en el diálogo social a nivel nacional. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno de que la aplicación de dicho decreto prevé diversas etapas, la primera de las cuales es la celebración de elecciones de delegados del personal a nivel de las empresas. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, dicho proceso de elecciones comenzó en 2014; sin embargo, se ralentizó debido a la adopción del decreto núm. 34-2015 relativo a la determinación de la representatividad sindical, habida cuenta de que el resultado de las elecciones fue objeto de un recurso de anulación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, a principios del año 2017, el Consejo de Estado tomó una decisión que denegaba el recurso de anulación, y de que el proceso de determinación de la representatividad se ha reactivado. Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, el 10 de noviembre de 2017, se convocó una reunión tripartita relativa a las cuestiones de representatividad y a la composición del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Por último, la Comisión toma nota de que se ha adoptado un nuevo decreto ministerial (el decreto núm. 2017-843), que pretende optimizar el CNT y los consejos tripartitos del trabajo con miras a facilitar la determinación de la representatividad de empleadores y de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado en las elecciones de los delegados del personal a nivel de las empresas y sobre la aplicación e incidencia de dicha elección en la determinación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que participan en el diálogo a nivel nacional.

Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar sus actividades y formular su programa de acción. Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para modificar los artículos 220 y 225 del Código del Trabajo, que prevén que, en caso de fracasar la mediación, el conflicto colectivo es sometido por el ministerio encargado del trabajo y de las leyes sociales a un procedimiento de arbitraje, y el laudo arbitral pone fin al litigio y a la huelga. La Comisión recordó que, en el marco de un conflicto colectivo, la imposición del procedimiento de arbitraje sólo es aceptable en los casos en que la huelga puede prohibirse, es decir, de cara a los funcionarios que ejercen la autoridad en nombre del Estado, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término y en caso de crisis nacional grave. Además, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 228 del Código del Trabajo, relativo a la requisa de los trabajadores huelguistas, con el fin de reemplazar el concepto de perturbación del orden público por el de crisis nacional grave. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno de que se ha llevado a cabo una compilación de las observaciones de la Comisión, en relación con las modificaciones legislativas solicitadas, a fin de transmitirla al Consejo Nacional del Trabajo para su examen y aprobación. La Comisión alienta al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para modificar los artículos 220 y 225 del Código del Trabajo relativos al arbitraje, así como el artículo 228 del Código del Trabajo relativo a la requisa, según los principios recordados, y que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y, por la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), recibidas el 1.º y el 4 de septiembre de 2017, respectivamente, sobre puntos en curso de examen por la Comisión, así como sobre nuevos actos de discriminación antisindical en numerosos sectores de actividad, según indica la SEKRIMA (telecomunicaciones, bancos, textil, sector de salinas y de la pesca). La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones formuladas por la SEKRIMA en 2015 y la CSI en 2017. Por lo que respecta a los alegatos de despidos antisindicales en el sector minero, el Gobierno indica que en una decisión de 9 de diciembre de 2015, el Consejo de Estado de la Corte Suprema se pronunció en favor del dirigente sindical Barson Rakotomanga, ordenando la suspensión de la ejecución de la decisión del Ministro de la Función Pública, Trabajo y Leyes Sociales oponiéndose a su reintegración a la empresa y que, en otros casos, el Tribunal de Trabajo de Antananarivo estimó que los despidos de los activistas sindicales eran injustificados por vicio de forma, dando lugar al pago de una indemnización por daños y perjuicios. Respecto de otros casos, relativos a la situación de dos trabajadores de una empresa malgache de fabricación de colchones, el Gobierno hace referencia a la intervención de la administración de la inspección del trabajo, que en uno de los casos dio lugar a una rescisión amistosa del contrato de trabajo y, en el otro a una reintegración a la empresa. Subrayando la persistencia de los alegatos de discriminación antisindical en numerosos sectores, la Comisión pide al Gobierno que continúe informando al respecto. Pide asimismo al Gobierno que garantice que la totalidad de los hechos denunciados son objeto de investigaciones por parte de las autoridades públicas y, de confirmarse que han tenido lugar actos de discriminación antisindical, estos sean objeto de una reparación integral por los perjuicios sufridos, tanto desde el punto de vista profesional como del financiero, y que se impongan sanciones suficientemente disuasorias.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre el número de casos de discriminación antisindical examinados por la inspección del trabajo y las jurisdicciones del trabajo, así como sobre las sanciones correspondientes efectivamente aplicadas por las mencionadas instituciones. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según la cual el Ministro de Trabajo ha adoptado medidas con el fin de orientar las actividades de los servicios regionales del trabajo (SRT) para permitir la recopilación de los datos requeridos. La Comisión observa que, en ese sentido, está en curso de elaboración, en el ámbito del servicio de apoyo a las inspecciones de la Dirección General de Trabajo y Leyes Sociales, un marco adecuado para el informe, teniendo en cuenta las informaciones sobre los casos de discriminación antisindical y que, a partir de 2018, los informes relativos a ese marco se compilarán semestralmente para su examen y la creación de una base de datos fiables. La Comisión espera que el Gobierno, sobre la base de estas nuevas herramientas, estará pronto en condiciones de suministrar informaciones sobre el número de casos de discriminación antisindical examinados por la inspección del trabajo y las jurisdicciones del trabajo, así como sobre las sanciones correspondientes efectivamente aplicadas por las mencionadas instituciones.

Artículos 1, 2, 4 y 6.  Funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara disposiciones formales que reconocieran claramente a todos los funcionarios y empleados del sector público no adscritos a la administración del Estado, la protección contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales, y el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cual los trabajadores contratados del Estado están regidos por la ley núm. 94-025, de 17 de noviembre de 1994, no están comprendidos en las disposiciones específicas relativas a los actos de discriminación y de injerencia antisindical y al derecho de negociar colectivamente. La Comisión toma nota que, según indica el Gobierno, las medidas preconizadas se tendrán en cuenta en el marco de la futura política nacional de la función pública (PNFOP) y de la consolidación del marco jurídico de la función pública, incluidos los textos relativos a los funcionarios y los agentes no adscritos a la administración del Estado (Ley núm. 2003-011, de 3 de septiembre de 2003, sobre el Estatuto General de la Función Pública, y Ley núm. 94-025, de 17 de noviembre de 1991, sobre el Estatuto General de los Trabajadores Contratados del Estado). Al tomar nota de esas informaciones la Comisión espera firmemente que, en un futuro próximo, el Gobierno esté en condiciones de proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas para que se reconozcan claramente a todos los funcionarios y empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado, la protección contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales, y el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir, al respecto, a la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. Criterios de representatividad. En relación a la implementación de los criterios de representatividad estipulados en el decreto núm. 2011-490 sobre organizaciones sindicales y la representatividad, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha presentado un recurso de apelación en relación a la orden núm. 34/2015 que determina la representatividad de las organizaciones sindicales para 2014-2015. A este respecto, la Comisión se refiere a su observación relativa al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

Negociación colectiva en los sectores que han sido objeto de privatizaciones. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, sobre la situación de los convenios colectivos concluidos en el sector de la energía y, en particular, el de la Compañía Malgache de Agua y Energía Eléctrica (JIRAMA) cuyo proceso de revisión estaría en curso. La Comisión toma nota de que las informaciones relativas a la empresa Telecom Malagasy (TELMA) se comunicarán ulteriormente. Asimismo, la Comisión toma nota de que según la SEKRIMA, la negociación colectiva en los sectores que han sido privatizados sigue planteando dificultades, debido a que las operaciones de privatización tuvieron como consecuencia el abandono de los convenios colectivos en vigor. Recordando que la reestructuración o la privatización de una empresa no deberían entrañar automáticamente la extinción de las obligaciones derivadas del convenio colectivo en vigor y que las partes deberían estar en condiciones de adoptar una decisión a ese respecto y de participar en esos procesos, mediante la negociación colectiva, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para fomentar el uso pleno de los mecanismos de negociación colectiva en los sectores privatizados. La Comisión espera que el Gobierno estará pronto en condiciones de informar sobre progresos concretos a este respecto.

Negociación colectiva de la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo excluye de su campo de aplicación a los trabajadores marítimos y solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que se adoptaran disposiciones específicas que garantizaran los derechos de negociación colectiva de la gente de mar que se rige por el Código Marítimo. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia a una hoja de ruta relativa a la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo (MLC), 2006, así como de la adopción del proyecto de Código Marítimo prevista para el mes de mayo de 2018. La Comisión espera firmemente que, en un futuro próximo, el Gobierno estará en condiciones de informar que se ha adoptado un nuevo Código Marítimo en el que se reconozcan a los trabajadores marítimos los derechos garantizados por el Convenio.

Promoción de la negociación colectiva en la práctica. En relación con sus solicitudes anteriores, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de convenios colectivos concluidos en el país, incluso en las empresas que emplean a menos de 50 trabajadores, e indicar el número de trabajadores y los sectores abarcados por los mencionados convenios.

Malasia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 en relación con cuestiones legislativas y alegatos de discriminación antisindical, incluyendo despidos y el no reconocimiento de sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto así como en relación a los alegatos de la CSI de 2016 relativos a infracciones específicas del Convenio en la práctica.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2016.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante Comisión de la Conferencia) en junio de 2016 sobre la aplicación del Convenio por Malasia. Asimismo, toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que: i) proporcionara más información pormenorizada sobre la derogación anunciada del artículo 13, 3), de la IRA relativo a las limitaciones con respecto al alcance de la negociación colectiva; ii) informara detalladamente a la próxima reunión de la Comisión de Expertos a celebrar en noviembre-diciembre de 2016 sobre la revisión general de la legislación laboral nacional descrita con anterioridad; iii) asegurar que los trabajadores del sector público que no trabajen en la administración del Estado puedan beneficiarse del derecho de negociación colectiva; iv) suministrara información detallada sobre el alcance de la negociación en el sector público; v) revisara el artículo 9 de la Ley de Relaciones Laborales de 1967 (IRA) con el fin de garantizar que los criterios y el procedimiento para el reconocimiento de los sindicatos se pongan en conformidad con el Convenio; vi) adoptara medidas legales y prácticas para garantizar la aplicación efectiva de las vías de recurso y de las sanciones contra actos de discriminación antisindical, y vii) garantizara que los trabajadores migrantes puedan entablar negociaciones colectivas en la práctica. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia también realizó un llamamiento al Gobierno para que recurriera a la asistencia técnica de la Oficina con miras a aplicar estas recomendaciones y garantizar que su legislación y su práctica son conformes al Convenio.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 sobre el resultado de los procedimientos judiciales relacionados con cuestiones planteadas en las observaciones de 2014 de la Federación Sindical Mundial (FSM) y el Sindicato Nacional de Empleados Bancarios (NUBE). Asimismo, la Comisión toma nota de la información que el Gobierno proporcionó a la Comisión de la Conferencia sobre las observaciones realizadas en 2015 por la CSI y el Congreso de Sindicatos de Malasia (MTUC), incluida la indicación del Gobierno, en relación con los alegatos de discriminación e injerencia antisindical, respecto a que de las ocho quejas presentadas por el MTUC tres han sido resueltas y cinco están pendientes ante el Tribunal del Trabajo o la autoridad pertinente, y a que a este respecto sometería comentarios detallados por escrito. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios en relación con esos alegatos.

En relación con la revisión general de sus principales leyes en materia laboral (incluidas la Ley de Empleo de 1955, la Ley de Sindicatos de 1959 y la IRA), la Comisión saluda la indicación del Gobierno de que, con la asistencia técnica de la OIT, está elaborando enmiendas a fin de garantizar la conformidad con el Convenio. La Comisión confía en que, gracias a la asistencia técnica de la Oficina, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes comentarios a fin de velar por la plena conformidad de esas leyes con el Convenio y pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que en el período trascurrido entre 2013 y 2015 el Departamento de Relaciones Laborales aplicó las leyes en materia de protección contra la discriminación antisindical en 51 casos: 48 casos relacionados con el artículo 8 de la IRA y tres casos relacionados con el artículo 59 de la IRA. A este respecto, la Comisión observa que la IRA prevé efectivamente dos tipos distintos de protección frente a los actos de discriminación antisindical. En primer lugar, el artículo 5 de la IRA prohíbe de manera amplia la discriminación antisindical, tanto en relación con la afiliación sindical como en relación con la participación en actividades sindicales, incluso en el proceso de contratación. Con arreglo al artículo 8 de la IRA, la aplicación de este primer tipo de protección contra la discriminación antisindical se lleva a cabo por medio de las vías de recurso de carácter general: en los casos de despido antisindical, se siguen los procedimientos generales en materia de despido mientras que para los demás actos de discriminación antisindical, interviene el director general para resolver el asunto y, de no lograrlo, le corresponderá al tribunal del trabajo «dictar el laudo que considere necesario y apropiado».

En segundo lugar, en virtud del artículo 59 de la IRA, ciertos actos antisindicales son especialmente tipificados como delito (a saber el despido o cualquier otro trato perjudicial debido a la afiliación sindical, a la elección como dirigente sindical, o a la realización de ciertas actividades sindicales por los miembros del sindicato). La comisión de uno de estos delitos será castigada con penas de prisión que no excedan de un año o con una multa que no supere los 2 000 ringgit malayos (aproximadamente 479 dólares de los Estados Unidos) o con ambas sanciones, y se tendrán que pagar los salarios perdidos y «cuando sea apropiado el empleador tendrá que readmitir al trabajador en su empleo». Con base en la información proporcionada por el Gobierno, la Comisión observa que, en los últimos años, la gran mayoría de los casos de discriminación antisindical reportados ha sido examinada en virtud de los procedimientos establecidos por los antes mencionados artículos 5 y 8 de la IRA (que no prevén sanciones específicas ni indican explícitamente la posibilidad del reintegro) mientras que en menos del 6 por ciento de los casos reportados se ha utilizado el segundo procedimiento establecido por el artículo 59 de la IRA (previendo expresamente sanciones penales así como la posibilidad del reintegro). Recordando que, en virtud del Convenio, todos los actos de discriminación antisindical deberían ser desalentados por medio de sanciones disuasivas y compensaciones suficientes, la Comisión solicita al Gobierno que transmita informaciones detalladas adicionales en relación con: i) sanciones y compensaciones efectivamente impuestas ante casos de discriminación antisindical, especialmente para aquellos casos en los cuales los actos de discriminación antisindical han sido examinados por medio de los artículos 5 y 8 de la IRA, y ii) los factores que explican el uso limitado del artículo 59 de la IRA que prevé sanciones específicas en caso de discriminación antisindical.

Artículos 2 y 4.  Reconocimiento de los sindicatos a los fines de la negociación colectiva. Criterio y procedimiento de reconocimiento. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 9 de la IRA, cuando un empleador rechace una solicitud de reconocimiento a los fines de la negociación colectiva, el sindicato deberá: i) informar al Director General de Relaciones Laborales (DGIR) para que éste adopte las medidas que correspondan, incluido un control de competencia; ii) el control de competencia se realiza a través de una votación secreta para determinar el porcentaje de trabajadores o la categoría de trabajadores, en relación a los que se solicita el reconocimiento, que están afiliados al sindicato que presenta la solicitud, y iii) cuando el DGIR no resuelva la cuestión, el ministro decidirá acerca del reconocimiento, una decisión que puede ser objeto de revisión judicial en un tribunal superior. La Comisión toma nota de que el Gobierno informó a la Comisión de la Conferencia de que el principal criterio para el reconocimiento es el apoyo mayoritario de los empleados (50 por ciento más uno) obtenido a través de una votación secreta. Asimismo, la Comisión toma nota de la preocupación expresada por los miembros trabajadores en la Comisión de la Conferencia y por el MTUC en su observación de 2015 en relación a que el DGIR utiliza el número total de trabajadores que había en la fecha en que el sindicato pidió el reconocimiento y no el número total de participantes en la votación, lo cual dada la duración del procedimiento puede impedir el reconocimiento de un sindicato que tiene apoyo mayoritario, que añadieron que en determinados casos más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo consiste en trabajadores migrantes que han vuelto a sus países de origen pero que cuentan a los efectos de la votación secreta en detrimento del sindicato. Además, la Comisión toma nota de la preocupación planteada por la CSI respecto a que el procedimiento de votación secreta no ofrece protección frente a la injerencia del empleador. Por último, la Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno informa de que realizará una revisión general del procedimiento de reconocimiento durante el próximo ejercicio legislativo de revisión. Asimismo, la Comisión señala que en el procedimiento de reconocimiento se debería tener en cuenta la representatividad que existe en el momento en que se realiza la votación (éste no sería el caso si, por ejemplo, el quórum se fija en relación con la fuerza de trabajo que existía en una fecha anterior, después de lo cual pueden haberse producido importantes fluctuaciones en el número de empleados de una unidad de negociación) y que el procedimiento debería ofrecer salvaguardias para prevenir actos de injerencia. Además, la Comisión considera que, para promover el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva, si ningún sindicato alcanza la mayoría requerida para ser declarado agente negociador exclusivo, los sindicatos minoritarios deberían poderse agrupar para obtener esa mayoría, o al menos tener la posibilidad de negociar colectivamente en nombre de sus propios miembros. La Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales y en el contexto de la revisión del procedimiento de reconocimiento, garantice que si ningún sindicato alcanza la mayoría requerida para ser declarado agente negociador exclusivo, los sindicatos minoritarios puedan agruparse para obtener esa mayoría, o al menos tengan la posibilidad de negociar colectivamente en nombre de sus propios miembros.

Duración de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato. En su memoria anterior, el Gobierno indicó que la duración media del procedimiento de reconocimiento es: i) de algo más de tres meses en los procedimientos que se resuelven mediante el reconocimiento voluntario, y ii) de cuatro meses y medio para las solicitudes resueltas por el Departamento de Relaciones Industriales, cuando éstas no son objeto de un recurso judicial. La Comisión consideró que la duración de los procedimientos seguía siendo excesivamente larga. En la información que proporcionó a la Comisión de la Conferencia, el Gobierno señaló que la duración de los procedimientos varía dependiendo de la cooperación de las partes y que ésta puede ser objeto de revisión judicial. Habida cuenta de que no ha recibido información alguna del Gobierno sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales y en el contexto del ejercicio de revisión antes mencionado, adopte las medidas necesarias para reducir más la duración de los procedimientos para el reconocimiento de sindicatos.

Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, considerando que el requisito de que los trabajadores extranjeros obtengan la autorización del Ministerio de Recursos Humanos para poder ser elegidos representantes sindicales entorpece el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes a los fines de la negociación colectiva, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para modificar la legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la legislación actual no prohíbe que los trabajadores extranjeros se afilien a sindicatos y acoge con agrado que éste indique que se realizará una modificación legislativa para permitir que los extranjeros puedan ser candidatos para desempeñar cargos en los sindicatos si han estado residiendo legalmente en el país durante al menos tres años. Por último, la Comisión toma nota de la preocupación planteada por los miembros trabajadores en la Comisión de la Conferencia respecto a que los trabajadores migrantes tienen que hacer frente a una serie de obstáculos prácticos para realizar negociaciones colectivas, incluso debido a que sus contratos tienen que ser como mínimo de dos años de duración y a su vulnerabilidad frente a la discriminación antisindical. También mencionaron una reciente sentencia judicial en la industria del papel en la que se afirmó que los trabajadores migrantes que tienen contratos de duración determinada no pueden beneficiarse de las condiciones acordadas en los convenios colectivos. Recordando que la Comisión de la Conferencia pidió que se garantizase que los trabajadores migrantes puedan realizar negociaciones colectivas en la práctica, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores migrantes se benefician de la promoción del pleno desarrollo y utilización de la negociación colectiva con arreglo al Convenio, y que informe de todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Alcance de la negociación colectiva. La Comisión instó previamente al Gobierno a modificar el artículo 13, 3), de la IRA, que prevé restricciones a la negociación colectiva respecto del traslado, el despido y el reintegro (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas internas de la administración») y a que iniciara discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de directrices en materia de negociación colectiva. La Comisión acoge con agrado que el Gobierno indique que el artículo 13, 3), de la IRA será enmendado a fin de eliminar las amplias restricciones en relación con el alcance de la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda adición al respecto.

Arbitraje obligatorio. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 26, 2), de la IRA, permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministro de Trabajo, por propia iniciativa, en caso de fracaso de la negociación colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la legislación sólo autorizara el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, en relación con los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda. La Comisión tomó nota de que, en sus anteriores memorias, el Gobierno indicó que, si bien la disposición acuerda facultades discrecionales al Ministro para remitir un conflicto sindical al Tribunal del Trabajo para su arbitraje, en la práctica, el Ministro nunca ha ejercido esa facultad de manera arbitraria y sólo adopta esa decisión en caso de recibir una notificación del Departamento de Relaciones Industriales respecto a que la conciliación ha fracasado en la resolución del conflicto de manera amistosa. La Comisión recuerda de nuevo que la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio si las partes no llegan a un acuerdo sobre un proyecto de convenio colectivo plantea problemas en relación con la aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión reitera de nuevo sus comentarios anteriores e insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, en relación con los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda.

Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. Durante muchos años, la Comisión ha estado solicitando al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no están adscritos a la administración del Estado el derecho de negociar colectivamente sus salarios y su remuneración y otras condiciones de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica de nuevo que, gracias al Consejo Paritario Nacional y al Consejo Paritario Departamental, los representantes de los empleados públicos tienen otras plataformas para realizar discusiones y consultas con el Gobierno sobre cuestiones que incluyen las condiciones de servicio, la formación, la remuneración, la promoción y las prestaciones. Si bien reconoce que la singularidad del servicio público permite modalidades especiales, la Comisión se ve obligada a reiterar de nuevo que la simple consulta con los sindicatos de funcionarios que no trabajan en la administración del Estado no da cumplimiento a los requisitos del artículo 4 del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado el derecho a negociar colectivamente sus salarios, su remuneración y otras condiciones de empleo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio, y recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que los miembros trabajadores de la Comisión de la Conferencia plantearon su preocupación por el bajo porcentaje de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos en el país (según los miembros trabajadores sólo entre el 1 y el 2 por ciento, a pesar de que la tasa de sindicación es de casi el 10 por ciento). La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de convenios colectivos concluidos, especificando los sectores, el nivel de negociación y el número de trabajadores cubiertos, así como sobre todas las medidas adicionales adoptadas para promover el pleno desarrollo y uso de la negociación colectiva con arreglo al Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malawi

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Toma nota, no obstante, de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2014, que se refieren a las cuestiones examinadas por la Comisión.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y formular sus programas de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que proporcionara información sobre toda evolución relativa a la constitución y composición del subcomité del Consejo Consultivo Laboral Tripartito y sobre los progresos observados en su labor de examen de la versión final del proyecto de ley sobre relaciones laborales (enmienda) (proyecto de LRA), especialmente en lo que respecta a la elaboración de la lista de servicios esenciales, y que transmitiera la versión final del proyecto de LRA. La Comisión toma nota de que, en su respuesta a las observaciones de la CSI, el Gobierno indica que, al haber concluido el trabajo preliminar, el proceso de elaboración de una lista de servicios esenciales está en curso, y que se ha pedido a los interlocutores sociales que consulten a sus mandantes, tras lo cual se convocará una reunión tripartita para alcanzar un acuerdo sobre la lista. La Comisión pide al Gobierno que indique el resultado de la reunión tripartita y confía en que la lista de servicios esenciales se limitará a aquellos servicios cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda la población o parte de ella, y en que se otorgará una protección adecuada a los trabajadores afectados con el fin de compensarles por las restricciones impuestas a su libertad de acción. La Comisión pide al Gobierno que transmita la versión final del proyecto de LRA.

Artículo 4.  Disolución o suspensión de las organizaciones por la autoridad administrativa. La Comisión se refirió en varias ocasiones a la necesidad de modificar el artículo 18, apartado 4, del proyecto de LRA, que dispone que si una organización no cumple con las disposiciones del apartado 1 (que prevé la obligación de una organización de presentar estados financieros auditados anualmente y una lista de nombres y direcciones postales de sus miembros, y de indicar el número de sus miembros) después de que se le haya proporcionado una oportunidad razonable para hacerlo, el Secretario de Admisiones podrá suspender e incluso cancelar el registro y el certificado de una organización. La Comisión tomó nota además de que los apartados 4 y 5 del artículo 18 prevén que el Secretario de Admisiones podrá suspender e incluso cancelar el registro y el certificado de una organización que no cumple con los requisitos del artículo 18, 1), y señaló a este respecto que el artículo 18, 6), del proyecto de LRA establece que una organización puede apelar contra una decisión del Secretario de Admisiones de suspender o cancelar su registro y el certificado de registro. La Comisión pidió al Gobierno que indicara: i) si el recurso de apelación de una organización tiene el efecto de suspender la decisión administrativa, en espera de una decisión final del Poder Judicial, y ii) si el Poder Judicial, después de examinar el recurso de apelación, es competente para abordar el fondo del caso y decidir si las disposiciones en virtud de las cuales se adoptaron las medidas administrativas constituyen, o no, una violación de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión consideró que en el caso de que cualquiera de estas salvaguardias judiciales contra la disolución no estuvieran contempladas, el Gobierno debería adoptar las medidas necesarias para modificar el artículo 18, 4), 5) y 6), del proyecto de LRA, de modo que las medidas de disolución de las organizaciones sindicales se adopten únicamente en casos de extrema gravedad y como consecuencia de una decisión judicial. En ausencia de toda nueva información, la Comisión reitera su solicitud anterior y confía que el Gobierno tomará cualquier medida necesaria para poner de conformidad el artículo 18, 4), 5) y 6), del proyecto de LRA con el Convenio.

Malí

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas en septiembre de 2017, en relación con alegatos de actos de discriminación contra dirigentes sindicales del sector de la salud y de un sindicato de la policía nacional, en particular con su despido. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios en respuesta a estos alegatos.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. Determinación de la representatividad de las organizaciones sindicales. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que suministrara informaciones sobre la organización de elecciones profesionales previstas por el Código del Trabajo. La Comisión toma nota del informe de la Misión de Alto Nivel que se trasladó a Malí, en junio de 2015, a solicitud del Gobierno para tratar la cuestión de la representatividad de las organizaciones sindicales. La Misión se reunió con el conjunto de los interlocutores sociales nacionales y destacó la unanimidad expresada respecto de las elecciones profesionales como un medio de apreciación de la representatividad sindical y sobre la urgencia de organizarlas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que aún no se han tenido en cuenta las elecciones profesionales debido a la divergencia persistente entre las organizaciones sindicales sobre la forma de votación aunque habían previsto reanudar el proceso en septiembre de 2017. La Comisión saluda los esfuerzos del Gobierno para encontrar una salida concertada a la cuestión de la representatividad sindical y recuerda la urgencia de hallar una solución a fin de dar pleno efecto a las disposiciones del Código del Trabajo en materia de negociación colectiva. En consecuencia, la Comisión alienta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para determinar, a la mayor brevedad, previa consulta de las organizaciones interesadas, las modalidades de las elecciones profesionales. La Comisión espera firmemente que el Gobierno pronto estará en condiciones de informar acerca de la celebración de estas elecciones profesionales y espera que sus resultados permitirán determinar sin ambigüedad las organizaciones representativas a los fines de la negociación colectiva en todos los niveles.

Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que suministre informaciones exhaustivas sobre el número de convenios y acuerdos concluidos en el país, los sectores pertinentes y el número de trabajadores cubiertos.

Malta

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y formular sus programas. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que enmendara el artículo 74, 1) y 3), de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales (EIRA), de 2002 — en virtud de la cual, cuando un conflicto sindical se ha sometido a la conciliación para llegar a un acuerdo amistoso y en esa instancia no se hubiera resuelto, una de las partes en conflicto puede notificarlo al Ministro que, a su vez, puede remitir el conflicto al Tribunal para que dictamine al respecto —, con el fin de garantizar que el arbitraje obligatorio para poner fin al conflicto laboral colectivo sea sólo posible en caso de conflictos en la administración pública que implique a los funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término.

La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno indica que la ley se dirige a aportar una solución rápida a los conflictos laborales y que si se impusiera a ambas partes la responsabilidad de recurrir al Tribunal, podrían mostrarse más reacios a utilizar el Tribunal, deteriorándose más las relaciones laborales. El Gobierno añade que la EIRA no impide que cualquiera de las partes en el conflicto inicien o continúen realizando acciones colectivas, aun después de que se hubiese remitido el conflicto laboral al Tribunal. Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión observa que los laudos del Tribunal del Trabajo son vinculantes (artículo 82, 1)), con lo cual ello entrañaría una prohibición de todo recurso a una acción colectiva o una restricción a una acción colectiva en curso. En este sentido, la Comisión recuerda una vez más que el arbitraje para poner fin a un conflicto laboral colectivo o una huelga, sólo debería autorizarse en base a un acuerdo de las partes en el conflicto o cuando la huelga pueda limitarse o prohibirse, esto es, en conflictos en la administración pública que implican a funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término o en caso de crisis nacional aguda. En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para enmendar el artículo 74, 1) y 3), de la EIRA, para garantizar el respeto de los mencionados principios en relación con el arbitraje obligatorio. Solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.

Artículo 9.  Fuerzas armadas y policía. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre Diversas Leyes (afiliación sindical y fuerzas del orden), de 2015, que enmienda la EIRA, añadiendo un nuevo artículo 67A, que confiere a los miembros de las fuerzas del orden (definidas en la EIRA como fuerzas armadas, policía, servicios y asistencia penitenciarios y fuerzas de rescate) el derecho de convertirse en afiliados de un sindicato registrado que estimen conveniente. Ese sindicato no tendrá derecho a limitar su afiliación a una determinada categoría y tendrá derecho a negociar las condiciones de empleo y a participar en los procedimientos de resolución de conflictos, de carácter conciliatorio, mediador, arbitral o judicial, en nombre de sus afiliados. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 67A de la EIRA, en particular si se constituyeron y registraron algunos sindicatos en virtud de esta disposición, y el número de sus afiliados, así como cualquier solicitud de registro de los mismos que esté actualmente siendo tramitada o haya sido rechazada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1965)

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión recuerda que solicitó con anterioridad al Gobierno que indicara los procedimientos aplicables para el examen de los alegatos de despidos antisindicales presentados por funcionarios públicos, trabajadores portuarios y trabajadores del transporte público, dado que estas categorías están excluidas de la jurisdicción del Tribunal del Trabajo, en virtud del artículo 75, 1), de la Ley de Empleo y Relaciones de Trabajo (EIRA), de 2002. Habiendo tomado nota asimismo de que los funcionarios públicos pueden apelar ante la Comisión de la Función Pública, que es un órgano independiente establecido en virtud del artículo 109 de la Constitución de Malta, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara, en relación con los casos de despidos antisindicales, si la Comisión de la Función Pública tiene la facultad de otorgar algún tipo de ayuda compensatoria — incluidos la reincorporación e indemnización salarial — que implique sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión también solicitó al Gobierno que indicara los procedimientos aplicables para el examen de los alegatos de despidos antisindicales de los trabajadores portuarios y de los trabajadores del transporte público.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aún se está recabando de la Comisión de la Función Pública información sobre la ayuda compensatoria en caso de despido antisindical de funcionarios públicos, la cual se facilitará en un futuro próximo. El Gobierno declara asimismo que entrará en vigor un nuevo aviso legal sobre reconocimiento de los sindicatos, también aplicable a los empleados públicos, que contendrá la siguiente cláusula: «Ninguna persona puede interferir, intimidar, ejercer una fuerza u ocasionar o amenazar con ocasionar, cualquier otro perjuicio a un trabajador […] por afiliarse o tratar de afiliarse a un sindicato o por desafiliarse o tratar de desafiliarse de un sindicato.». Recordando que, con arreglo a su artículo 6, los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, están comprendidos en el Convenio y que ha estado pendiente durante más de una década el asunto relativo a la ayuda compensatoria en caso de despido antisindical, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado una respuesta más sustancial a este respecto. En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si la Comisión de la Función Pública tiene la facultad de otorgar esa ayuda compensatoria — incluidos la reincorporación y los sueldos con efecto retroactivo — que implique sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación antisindical que puedan afectar a los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. Además, la Comisión lamenta que el Gobierno siga una vez más sin comunicar información sobre los trabajadores portuarios y los trabajadores del transporte público, por lo cual le solicita una vez más que indique los procedimientos aplicables para el examen de los alegatos de despidos antisindicales para estas dos categorías de trabajadores.

La Comisión observa asimismo que la EIRA no prevé sanciones específicas para los actos de discriminación antisindical y que las sanciones generales establecidas por el artículo 45, 1) — una multa no superior a 2 329 euros — se aplicarían, así, a esos casos. Considerando que esta multa podría no ser suficientemente disuasoria, especialmente para las grandes empresas, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias, previa consulta con los interlocutores sociales, con miras a establecer sanciones suficientemente disuasorias para los actos de discriminación antisindical, con el fin de garantizar la aplicación del Convenio.

Artículos 2 y 3.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. En los comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o contempladas para introducir en la legislación una prohibición explícita de los actos de injerencia, así como para prever sanciones suficientemente disuasorias contra tales actos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, si bien la EIRA nada dispone sobre este tema, la partes que se sienten perjudicadas por actos de injerencia de la otra parte, pueden interponer una demanda por daños y perjuicios ante los tribunales de jurisdicción civil. Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión destaca la importancia de una prohibición explícita de los actos de injerencia en las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus agentes o afiliados en el establecimiento, el funcionamiento o la administración mutua. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para introducir esa prohibición en la legislación, acompañada de procedimientos de apelación rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias.

Artículo 4.  Fomento de la negociación colectiva. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o contempladas con miras a enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras Fiestas Públicas, con el fin de garantizar que esta disposición: i) no anule automáticamente ninguna de las disposiciones de los convenios colectivos vigentes en los que se reconozca a los trabajadores el derecho de recuperar las fiestas oficiales que caigan en sábado o domingo, y ii) no impida en el futuro la celebración de negociaciones voluntarias sobre el reconocimiento del derecho de los trabajadores de recuperar las fiestas nacionales u oficiales que caigan en sábado o domingo, en virtud de lo dispuesto en el convenio colectivo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual por iniciativa de los representantes de los empleadores, se plantea para su discusión entre los interlocutores sociales y el Consejo de Relaciones Laborales, de carácter tripartito, la enmienda del artículo 6, en el contexto del nuevo examen de la EIRA. Acogiendo con agrado esta iniciativa, la Comisión confía en que la misma asistirá al Gobierno en la adopción de las medidas necesarias para enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras Fiestas Públicas, en consonancia con los comentarios de la Comisión. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en este sentido.

Artículo 5.  Fuerzas armadas y policía. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley sobre las diversas leyes, 2015 (afiliación sindical y fuerzas del orden), que enmienda la EIRA, añadiendo un nuevo artículo 67A, que otorga a los miembros de las fuerzas del orden el derecho de ser afiliados a un sindicato registrado que estimen conveniente. Tal sindicato no tendrá derecho a limitar su afiliación a una determinada categoría y tendrá derecho a negociar las condiciones de trabajo y a participar en los procedimientos de solución de conflictos de carácter conciliatorio, de mediación, arbitral o judicial, en nombre de sus afiliados. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 67A de la EIRA, en particular si se constituyeron algunos sindicatos con arreglo a esta disposición y si pueden participar en la negociación colectiva.

Mauricio

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2005)

La Comisión nota con interés la adopción de la Ley de Policía (afiliación de los sindicatos), de 2016, que concede a los agentes de policía el derecho de sindicación.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse a ellas, sin ninguna distinción. Trabajadores migrantes. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores migrantes puedan ejercer efectivamente su derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las actividades emprendidas por la Unidad especial de trabajadores migrantes. Toma nota además de las estadísticas transmitidas por el Gobierno sobre afiliación de diez sindicatos que operan también en las zonas francas de exportación (ZFE) a los cuales se pueden afiliar los trabajadores migrantes, y toma nota de que el Gobierno señala que no dispone de estadísticas sobre el número de trabajadores migrantes afiliados a sindicatos, puesto que los sindicatos no están obligados por la ley a revelar la nacionalidad de sus afiliados. En este sentido, la Comisión señala que, en virtud del artículo 13 de la Ley sobre Relaciones Laborales, de 2008 (ERA), tanto un ciudadano de Mauricio como un ciudadano que tenga un permiso de trabajo tienen derecho a afiliarse a un sindicato. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que está en curso una revisión de la Ley sobre Relaciones Laborales y de la ERA, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, dentro del marco de la actual revisión de la legislación del trabajo, para garantizar que todos los trabajadores migrantes, ya sea en una situación regular o irregular, disfrutan en la legislación y en la práctica, del derecho a constituir, sin distinción ninguna, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, y de afiliarse a ellas. Al tiempo que toma nota de la información comunicada por el Gobierno de que dos de cada diez sindicatos que operan en las ZFE se encuentran en proceso de disolución, la Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre los fundamentos precisos que lo explican, sobre los resultados de todos los procedimientos judiciales afines, y el impacto en el derecho de los trabajadores migrantes para ejercer sus derechos en virtud del artículo 2 del Convenio.

Trabajadores por cuenta propia. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria de 2016 en relación con el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) que no hay ninguna disposición jurídica en la actual legislación laboral que conceda derechos sindicales a trabajadores por cuenta propia en la agricultura o en cualquier otro sector en Mauricio. La Comisión pide al Gobierno que mantenga consultas con los interlocutores sociales y otras partes interesadas con el fin de garantizar, dentro del marco de la actual revisión de la Ley de Derechos Laborales y de la ERA, que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, disfrutan del derecho a constituir organizaciones sindicales, sin distinción ninguna, y afiliarse a ellas.

La Comisión recuerda también que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina con respecto a todas las posiciones planteadas en sus precedentes comentarios.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones de Business Mauritius y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con cuestiones examinadas por la Comisión a continuación. Asimismo, toma nota de los comentarios del Gobierno a este respecto, así como de las observaciones de 2016 de la Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CTSP) y de la Federación General de Sindicatos (GTUF).

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación del artículo 1 en la práctica, incluida información estadística sobre el número de quejas de discriminación antisindical presentadas ante las autoridades competentes (inspección del trabajo y órganos judiciales), el resultado de los procedimientos judiciales y de otro tipo pertinentes, su duración media, así como sobre el número y la naturaleza de las sanciones impuestas o de los recursos previstos. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las disposiciones legislativas que prevén la protección contra los actos de discriminación antisindical, a saber: el artículo 31 de la Ley de Relaciones del Trabajo de 2008 (ERA) (que prohíbe la discriminación antisindical y prevé una multa máxima de 100 000 rupias de Mauricio (2 936 dólares de los Estados Unidos)); y los artículos 38 1), d) y f) (que prohíbe los despidos antisindicales), 46, 5B) (que prevé la readmisión o una indemnización por despido que corresponda al salario de tres meses por cada año de servicio) y 67, 1), e), y 2) (que prevé una multa máxima de 25 000 rupias de Mauricio (733 dólares de los Estados Unidos) o una pena de prisión de dos años), de la Ley de Derechos en el Empleo de 2008. Business Mauritius señala, además, que el artículo 31 de la ERA prevé la inversión de la carga de la prueba. Asimismo, la Comisión observa que el Gobierno señala que, según sus registros, entre el 1.º de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017 no se notificó a las autoridades competentes ninguna queja de discriminación antisindical; y que, desde 2013, se han registrado en la Oficina del Trabajo cuatro casos de terminación de la relación de trabajo de delegados sindicales (un caso se solucionó de forma amistosa acordándose el pago de 30 000 rupias de Mauricio; en otro caso, el trabajador fue admitido con las mismas condiciones de empleo; en el tercer caso, el Tribunal del Trabajo dictó sentencia a favor del trabajador considerando que la terminación de la relación de trabajo era injustificada y se ordenó al empleador que le pagara una suma de 800 000 rupias de Mauricio (23 631 dólares de los Estados Unidos) de indemnización por fin de servicios; y el cuarto caso está siendo tramitado para ser juzgado por los tribunales). A este respecto, la Comisión quiere recordar los alegatos de 2016 de la CTSP en relación con casos frecuentes de acoso, intimidación, amenazas, discriminación y despidos antisindicales de representantes sindicales cuando los sindicatos se establecen en las zonas francas de exportación (ZFE), y de actos frecuentes de discriminación antisindical en el sector privado, incluido un reciente aumento drástico de los despidos antisindicales de líderes y delegados sindicales sin indemnización alguna. La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos, en particular en relación a las ZFE, en aras de garantizar que todos los alegatos de discriminación antisindical den lugar a procedimientos eficaces y rápidos y, si fuera el caso, que se impongan sanciones disuasorias. También pide al Gobierno que continúe transmitiendo información estadística sobre el número de quejas de discriminación antisindical, incluso en relación con despidos antisindicales, presentadas ante las autoridades competentes (la inspección del trabajo y órganos judiciales), y sobre su resultado, así como sobre el número y la naturaleza de las sanciones impuestas o de los recursos previstos. En relación con el alegato que la CTSP realizó en 2016 respecto a que los procedimientos judiciales en materia de conflictos relativos a los derechos duran seis o siete años, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, si no se llega a una solución amistosa, los casos se remiten al Tribunal del Trabajo, que, de forma preliminar, intenta la conciliación entre las partes, y que si ésta fracasa se realizará un juicio y se dictará una sentencia, aunque no se establece un límite de tiempo para la resolución de la causa. Haciendo hincapié en que un retraso excesivo en la tramitación de los casos de discriminación antisindical podría constituir una denegación de justicia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas con miras a acelerar los procedimientos judiciales y le pide que transmita datos estadísticos sobre su duración media.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión pidió al Gobierno que redoblara sus esfuerzos, en particular en las ZFE, el sector textil y la industria azucarera para promover y alentar un mayor desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores a fin de regular las condiciones de empleo a través de convenios colectivos. Asimismo, pidió al Gobierno que continuara proporcionando, y si fuera necesario recopilara información estadística sobre el funcionamiento de la negociación colectiva en la práctica así como en relación con el uso de los servicios de conciliación. La Comisión saluda la indicación del Gobierno que según la cual: i) el Ministerio de Trabajo lleva a cabo de manera regular sesiones de formación a través de seminarios y debates dirigidos a los trabajadores de diferentes sectores profesionales, como, entre otros, las ZFE y el sector textil: entre el 1.º de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017 se realizaron 33 actividades de formación/sensibilización de las que se beneficiaron 323 hombres y 500 mujeres empleados en las ZFE y el sector textil, haciéndose hincapié en las disposiciones jurídicas y los derechos en el trabajo, incluidos el derecho a la negociación colectiva y el derecho de sindicación que se garantizan en la legislación del trabajo; ii) la sensibilización de los trabajadores a este respecto también se realiza de manera continua durante las visitas de inspección en los lugares de trabajo: durante el período antes mencionado se realizaron 79 visitas de inspección en el sector de las ZFE, cubriendo así a 26 045 trabajadores locales (11 652 hombres y 14 393 mujeres), y 672 visitas de inspección a empresas del sector manufacturero, que emplean a 32 286 trabajadores migrantes (28 084 hombres y 4 202 mujeres), y iii) de los 14 convenios colectivos registrados en el Ministerio de Trabajo entre junio de 2016 y el momento presente, un acuerdo se aplica al sector de las ZFE. La Comisión observa que la información proporcionada por el Gobierno sobre el tipo de medidas que ha estado adoptando para promover la negociación colectiva es idéntica a la que proporcionó en su última memoria. La Comisión también toma nota de que, según Business Mauritius, la ERA establece de forma estructurada las condiciones para un desarrollo armónico de la negociación colectiva, y no existe impedimento en esta ley para impedir que las ZFE o los trabajadores migrantes realicen negociaciones colectivas. Tomando debida nota de las disposiciones legislativas que según el Gobierno tienen por objetivo la promoción de la negociación colectiva (artículos 4-6, 36, 37, 40, 41, 43, 51, 53 y 54 y parte VI de la ERA), la Comisión espera que el Gobierno continúe llevando a cabo inspecciones y actividades de sensibilización como las antes mencionadas, y le pide, en consulta con los interlocutores sociales, fortalezca dichas actividades, en particular en el sector textil, la industria azucarera, el sector manufacturero y otros sectores que empleen trabajadores en las ZFE y en relación con los trabajadores migrantes, a fin de promover y alentar en la práctica un mayor desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores con miras a regular las condiciones de empleo a través de convenios colectivos.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre la utilización de servicios de conciliación en la práctica. En particular, en lo que respecta a los alegatos de 2016 de la CTSP en relación con la duración excesiva de los procedimientos de conciliación (no menos de siete meses) debido a la falta de recursos humanos y apoyo logístico, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en la práctica: i) los sindicatos notifican un conflicto a la Comisión de Conciliación y Mediación, tan pronto como la duración recomendada de la negociación colectiva (noventa días) ha finalizado, sin que se cumpla la condición de un estancamiento de las negociaciones (artículo 64, 2), de la ERA), y ii) en consecuencia, las negociaciones colectivas auténticas sólo empiezan después de que el conflicto se haya notificado a la Comisión de Conciliación y Mediación, con lo cual el período de treinta días en el que debería completarse la conciliación con arreglo al artículo 69, 3), de la ERA generalmente es ampliado por las partes, tal como permite el artículo 69, 4), de la ERA. Observando las discrepancias entre el Gobierno y los interlocutores sociales y considerando que los procedimientos de negociación voluntaria deben ser rápidos, la Comisión invita al Gobierno a entablar un diálogo con los interlocutores sociales con miras a identificar los posibles ajustes a realizar para mejorar la rapidez y eficacia de los procedimientos de conciliación, y le pide que transmita información a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo estadísticas sobre el funcionamiento de la negociación colectiva en la práctica (número de convenios colectivos concluidos en el sector privado, especialmente en las ZFP, y ramas y número de trabajadores cubiertos).

Injerencia en la negociación colectiva. En relación con los alegatos de injerencia del Gobierno en la negociación colectiva en el sector azucarero, la Comisión había confiado en que, en el futuro, el Gobierno continuara absteniéndose de recurrir al arbitraje obligatorio a fin de acabar con los conflictos colectivos del trabajo en este sector. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ya presentó sus observaciones sobre la cuestión en 2015 y que ha tomado debida nota de los comentarios y recomendaciones de la Comisión. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno continúe absteniéndose de interferir indebidamente y dé prioridad a la negociación colectiva voluntaria como medio para garantizar las condiciones de empleo en el sector azucarero en particular y en el sector privado en general.

La Comisión toma nota de que según Business Mauritius las órdenes relativas a la remuneración del Consejo Nacional de Remuneración son tan elaboradas y prescriptivas que desincentivan la negociación colectiva, y sugiere que las autoridades: i) apliquen la decisión de la Comisión de la Conferencia Internacional del Trabajo y establezcan que la negociación colectiva ha de ser voluntaria; ii) prevean un marco reglamentario más propicio para la negociación colectiva, y iii) revisen el funcionamiento de las instituciones en materia de relaciones laborales como, por ejemplo, la Comisión de Conciliación y Mediación y el Tribunal de Relaciones Laborales a fin de apoyar el proceso de negociación colectiva prestando servicios de conciliación, mediación y arbitraje más rápidos y gratuitos. Business Mauritius cree que se promoverá el desarrollo armónico de las relaciones laborales si, cuando abordan la cuestión de la pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, las autoridades adoptan soluciones que no modifiquen sin el consentimiento de ambas partes lo que han acordado las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Además, Business Mauritius hace hincapié en que la Ley de Remuneración Adicional modifica unilateralmente los convenios colectivos debidamente negociados sin el consentimiento de las partes. Esta injerencia en el proceso de negociación colectiva libre y voluntaria desalienta a las partes en lo que respecta a la realización de negociaciones colectivas. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios en relación con las observaciones de Business Mauritius.

Artículo 6.  Negociación colectiva en el sector público. En lo que respecta al sector público, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la Oficina de Revisión de los Salarios realizaba consultas en el contexto de la revisión de los salarios, las estructuras de clasificación y otras condiciones de servicio con las federaciones y sindicatos, y que en el Ministerio de la Administración Pública y la Reforma Administrativa se realizaban debates y negociaciones a escala central con las federaciones de sindicatos de la administración pública sobre las condiciones generales del empleo, revisadas por la Oficina de Revisión de los Salarios, pero no se habían firmado acuerdos. La Comisión también toma nota de la declaración del miembro trabajador de Mauricio en la Comisión de la Conferencia de 2016, en relación a que: i) la negociación colectiva no existe en el sector público, y ii) si bien los salarios de los funcionarios públicos son fijados de forma unilateral por la Oficina de Revisión de los Salarios, las condiciones de servicio son determinadas en reuniones bipartitas entre el Ministerio de Administración Pública, la Reforma Administrativa y la Oficina de Revisión de los Salarios, sin que se realicen negociaciones tripartitas de buena fe y significativas. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara más información sobre la manera en que se lleva a cabo la negociación colectiva en el caso de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Oficina de Revisión de los Salarios actúa como órgano permanente e independiente que realiza consultas con las organizaciones de trabajadores, el Ministerio de Administración Pública y la Reforma Administrativa, antes de realizar recomendaciones al Gobierno. La Comisión toma nota de que, según Business Mauritius, habida cuenta de que Mauricio ha ratificado el Convenio, el derecho de negociación colectiva debería reconocerse también en el sector público, sujeto a modalidades especiales fijadas con arreglo al Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 6 del Convenio, todos los funcionarios públicos, con excepción de los que trabajan en la administración del Estado, deberían gozar del derecho de negociación colectiva y que, con arreglo al presente Convenio, el establecimiento de procedimientos simples de consultas para los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado (tales como los empleados de las empresas públicas, los empleados de los servicios municipales, los docentes del sector público, etc.) en lugar de procedimientos auténticos de negociación colectiva, no es suficiente. La Comisión invita al Gobierno a que, junto con las organizaciones profesionales interesadas, estudie las maneras de desarrollar el sistema actual a fin de reconocer efectivamente el derecho de negociación colectiva a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Asistencia técnica de la Oficina. La Comisión recuerda que, en las conclusiones del debate que se realizó en junio de 2016, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que aceptara la asistencia técnica de la Oficina para dar seguimiento a dichas conclusiones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que desde abril de 2017 se está preparando una segunda generación del Programa de Trabajo Decente por País para Mauricio con la asistencia de la OIT, y que en este marco se tendrán en cuenta las cuestiones planteadas por la Comisión. También toma nota de que Business Mauritius señala que acogería con agrado la asistencia técnica de la OIT en relación con la promoción de la negociación colectiva, incluso a través de enmiendas legislativas, habida cuenta de que la negociación colectiva a nivel de empresa y sectorial es el mejor mecanismo para regular las condiciones de empleo y, por lo tanto, debería impulsarse. Tomando nota de que el Gobierno indica que la revisión de la Ley de Derechos en el Empleo y de la ERA está en curso, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina y a centrarse particularmente en las cuestiones planteadas en esta observación.

Mauritania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), recibidas el 4 de septiembre de 2017, que denuncian las represiones violentas que ocasionaron muertos durante las manifestaciones sindicales, así como las detenciones sistemáticas de sindicalistas durante esas manifestaciones. La Comisión toma nota con preocupación de dichos alegatos y pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), recibidas el 31 de agosto de 2017, y de la respuesta del Gobierno al respecto.

Artículo 3 del Convenio. Elecciones profesionales. La Comisión tomó nota con anterioridad del proceso iniciado en 2014 para adoptar un marco legal en la determinación de los criterios de representatividad sindical, en los sectores público y privado, con miras a la organización de las elecciones correspondientes, y solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre los progresos realizados. La Comisión toma nota de que el Gobierno se compromete a incluir todas las organizaciones interesadas en las consultas relativas al proceso de reforma legislativa que ha iniciado con miras a las elecciones. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la CGTM, en el sentido de que, a pesar de un memorando de entendimiento convenido entre los interlocutores sociales en 2017, el proceso tarda en ver su concreción y las empresas no han recibido, a día de hoy, ninguna notificación sobre el proceso. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se adoptaron, desde 2014, tres decretos que guardan relación con los delegados del personal y con los procedimientos de su elección, con la consolidación de los resultados de las elecciones y con las modalidades prácticas de organización y de funcionamiento del Consejo Nacional del Diálogo Social. La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de estos decretos y le solicita asimismo que siga comunicando informaciones sobre los progresos realizados y sobre el proceso de reforma legislativa que inició con miras a las elecciones.

Artículos 2 y 3.  Modificaciones legislativas. La Comisión recuerda que viene solicitando al Gobierno desde hace varios años, la modificación de algunas disposiciones del Código del Trabajo, con el fin de armonizarlas plenamente con el Convenio. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno informe de progresos tangibles en la revisión del Código del Trabajo para armonizarlo plenamente con el Convenio. La Comisión espera que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta, a este respecto, el conjunto de los puntos que recuerda a continuación:

–Derecho de los trabajadores, sin autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 269 del Código del Trabajo con el fin de suprimir cualquier obstáculo al ejercicio del derecho sindical por parte de los menores que tengan la edad mínima legal de admisión al empleo (14 años en virtud del artículo 153 del Código del Trabajo), tanto a los trabajadores como a los aprendices, sin que sea necesaria la autorización de los padres o del tutor.

–Derecho de los magistrados a constituir organizaciones. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno que adopte medidas para garantizar a los magistrados el derecho de constituir las organizaciones profesionales que estimen convenientes así como de afiliarse a las mismas, de conformidad con el artículo 2 del Convenio. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala que los magistrados disponen a partir de ahora de su propia organización profesional en la cual ejercen plenamente sus derechos sindicales, la Comisión pide al Gobierno que señale la base legal que ha permitido este progreso.

–Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes y de organizar su gestión y sus actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas. La Comisión recuerda que la aplicación combinada de los artículos 268 y 273 del Código del Trabajo es susceptible de obstaculizar el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes, impidiéndoles la posibilidad de elegir a las personas calificadas o privándolas de la experiencia de determinados dirigentes en circunstancias en que no disponen entre sus miembros de un número suficiente de personas debidamente capacitadas. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que flexibilice las condiciones de elegibilidad para la dirección o la administración de un sindicato, por ejemplo, eliminando la condición de pertenencia a la profesión para un porcentaje razonable de los dirigentes. La Comisión pide asimismo al Gobierno que modifique el artículo 278 del Código del Trabajo a fin de garantizar que cualquier cambio que se produzca en la administración o en la dirección de un sindicato pueda tener efecto una vez que las autoridades competentes se hayan hecho cargo del procedimiento y sin que la aprobación de éstas sea necesaria.

–Arbitraje obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 350 del Código del Trabajo a fin de que la posibilidad del Ministerio de Trabajo de recurrir al arbitraje obligatorio en caso de conflicto colectivo se limite a los casos que implican un servicio esencial en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción ponga en peligro, en toda o en parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de las personas, así como en situaciones de crisis nacional aguda.

–Duración de la mediación. Recordando que la duración máxima (ciento veinte días) prevista en el artículo 346 del Código del Trabajo para la fase de mediación antes de la declaración de una huelga resulta excesiva, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas para modificar esta disposición a fin de reducir el plazo de duración máximo.

–Piquetes de huelga. La Comisión recuerda que las limitaciones impuestas a los piquetes de huelga y a la ocupación de las instalaciones, deberían ceñirse a los casos en los que las acciones perdieran su carácter pacífico o en los casos en los que se obstaculizara el respeto de la libertad del trabajo de los no huelguistas o el derecho de la dirección de la empresa de ingresar en las instalaciones. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para modificar el artículo 359 del Código del Trabajo para suprimir la prohibición de ocupación pacífica de los lugares de trabajo o de sus sitios adyacentes, y prever sanciones penales únicamente contra las acciones no pacíficas cometidas durante la huelga.

México

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en relación a las observaciones de años precedentes de la CSI y de IndustriALL Global Union (IndustriALL), indicando que remitirá informaciones adicionales en algunos temas pendientes y precisando que en ciertas otras cuestiones planteadas, en particular la supuesta limitación al derecho de huelga por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, las observaciones no proporcionaron detalles suficientes para que el Gobierno pudiera investigarlas. Finalmente la Comisión observa que, como indica el Gobierno, algunos de los alegatos planteados en estas observaciones son objeto de casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, en particular el caso núm. 2694, a cuyas recomendaciones se remite la Comisión.

Libertades públicas y derechos sindicales. En relación a los alegatos de la CSI e IndustriALL de 2015 y de 2016, relativos a actos de violencia contra sindicalistas, la Comisión había pedido a estas organizaciones que aportaran informaciones lo más detalladas posibles sobre los alegatos de muerte de cuatro miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares; de detenciones de 14 trabajadores agrícolas en marzo de 2015; y de varios muertos y numerosos heridos y del arresto de sindicalistas, en el contexto de un conflicto colectivo en el sector de la educación en Oaxaca, así como de otros alegatos de violencia en contra de sindicalistas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica quedar a la espera de las precisiones que puedan aportar estas organizaciones. La Comisión observa que, en sus observaciones de 2017, la CSI remite mayores detalles sobre los sucesos alegados en el marco del conflicto con sindicalistas del sector de la educación en Oaxaca en junio de 2016, incluidas informaciones sobre el desarrollo de los acontecimientos y la identidad de los fallecidos. La Comisión pide al Gobierno que brinde sus comentarios al respecto. Asimismo, respecto de los demás alegatos de atentados a las libertades públicas y derechos sindicales, observando que el Gobierno indica que no dispone de suficientes informaciones de parte de la CSI y de InsdustriALL, la Comisión pide al Gobierno que, con base en las informaciones disponibles y de los elementos adicionales que puedan brindar estas organizaciones, remita sus comentarios al respecto.

Artículo 2 del Convenio. Juntas de conciliación y arbitraje. Reforma constitucional de la justicia laboral. En relación a sus comentarios precedentes, relativos a observaciones de organizaciones de trabajadores alegando que el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje obstaculizaba el ejercicio de la libertad sindical, la Comisión toma nota con satisfacción de la aprobación y entrada en vigor en febrero de 2017 de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del proceso de reforma de la justicia laboral que la Comisión ya había examinado en su anterior comentario y que introduce, como principales cambios: que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial federal o local (a los que se transfieren las funciones que en este sentido tenían reconocidas las juntas), que los procesos de conciliación (etapa que se establece de manera general antes de acudir a los tribunales laborales) sean más ágiles y eficaces (con la creación de centros de conciliación especializados e imparciales en cada una de las entidades federativas) y que la instancia federal de conciliación sea un organismo descentralizado que conozca el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales. El Gobierno indica estar coordinando el proceso de transición, en el que deben hacerse adecuaciones legislativas, estando en curso el diseño del marco normativo necesario — incluida una nueva legislación procesal unificada en la materia (se está preparando un código nacional de procedimientos laborales) y una nueva ley del órgano descentralizado responsable del servicio de conciliación del registro nacional de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo. Asimismo, el Gobierno informa que en tanto se instituyan e inicien operaciones, los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado, las juntas de conciliación y arbitraje y otras autoridades laborales continuarán atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten, incluido sobre el registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo. La Comisión alienta al Gobierno a que someta a la consulta tripartita los desarrollos legislativos previstos para dar aplicación a la reforma constitucional y le pide que informe de toda evolución al respecto, reiterándole que la asistencia técnica de la OIT permanece a su disposición.

Representatividad sindical y contratos de protección. En su observación precedente la Comisión pidió al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, siguiera tomando las medidas legislativas y prácticas que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas planteados por el fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección, incluido en relación al registro de sindicatos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que: i) con la reforma a la Constitución Política en materia de justicia laboral se combaten todos aquellos actos de simulación o extorsión, a través de la creación del organismo descentralizado que estará encargado de registrar todas las organizaciones gremiales del país y los contratos colectivos; ii) las juntas de conciliación y arbitraje, federal y locales, en el marco de la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje se comprometieron a iniciar procesos de discusión internos para decidir si adoptar los criterios del pleno de la junta federal para la unificación de criterios jurídicos, y iii) las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 introdujeron mecanismos para promover el voto libre, directo y secreto en la elección de directivas sindicales, así como la rendición de cuentas por parte de dichas directivas y disposiciones que prevén que la información relativa a los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo sean públicas. La Comisión observa, por otra parte, que el Gobierno no brinda informaciones adicionales sobre las propuestas de enmienda de la LFT de las que la Comisión había tomado nota con interés, habiendo indicado el Gobierno en su memoria precedente que se habrían presentado, junto a las propuestas de reforma constitucional, para la revisión de los procedimientos de firma, depósito y registro de contratos colectivos en aras de asegurar el pleno respeto a la autonomía sindical y al derecho de asociación. Asimismo, la Comisión toma nota con preocupación de las observaciones de la CSI alegando que los contratos de protección seguirían siendo una práctica habitual y que su combate por parte de los sindicatos democráticos mediante la realización de recuentos choca con oposición e irregularidades de procedimiento. Recordando que durante años la Comisión ha expresado preocupación al respecto y que además esta cuestión fue destacada en las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2015, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas legislativas y prácticas que sean necesarias para encontrar soluciones a los problemas planteados por el fenómeno de los sindicatos de protección y contratos de protección, incluido en relación al registro de sindicatos. Reiterando que la asistencia técnica de la Oficina permanece a su disposición y esperando firmemente que la implementación de la reforma constitucional brinde una oportunidad para tratar estos problemas, la Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto, también en relación a la propuesta de reforma de la LFT.

Publicación del registro de las organizaciones sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de un avance del 85 por ciento respecto a la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales por parte de las juntas de conciliación y arbitraje. El Gobierno precisa que ello implica que 24 entidades federativas, que comprenden 49 de las 57 juntas locales de los estados han publicado 23 628 registros sindicales que involucran a 1 431 100 agremiados. El Gobierno añade que con la reforma constitucional le corresponderá al organismo descentralizado de conciliación el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. Tomando debida nota de los avances indicados, la Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre la aplicación de la obligación legal de publicar los registros y estatutos sindicales, así como del impacto de la reforma constitucional y, en particular, de la creación del órgano descentralizado, sobre el procedimiento de registro sindical, incluida la referida publicación de registros y estatutos sindicales.

Artículos 2 y 3.  Posibilidad de pluralismo sindical en las dependencias del Estado y posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que desde hace años viene formulando comentarios relativos a las siguientes disposiciones: i) la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos en el seno de una misma dependencia del Estado (artículos 68, 71, 72 y 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE)); ii) la prohibición de los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se hayan afiliado (artículo 69 de la LFTSE); iii) la prohibición de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas (artículo 79 de la LFTSE); iv) la alusión a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única central sindical reconocida por el Estado (artículo 84 de la LFTSE); v) la declaración legislativa de monopolio sindical a favor de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FENASIB) (artículo 23 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución), y vi) la prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 75 de la LFTSE). En sus comentarios precedentes la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como de los usos y costumbres, las mencionadas restricciones legislativas a la libertad sindical de los funcionarios públicos no se aplican, que las disposiciones en cuestión no son operativas y que el Poder Legislativo estaba haciendo esfuerzos para actualizar la LFTSE, a través de iniciativas legislativas para modificar algunos de los artículos concernidos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su última memoria que existe una iniciativa legislativa de reforma de la LFTSE presentada en 2013 para modificar algunas de las disposiciones antes mencionadas (incluidos los artículos 69 y 72 de la LFTSE) y que la misma se encuentra pendiente de dictamen en las comisiones legislativas pertinentes. El Gobierno reitera asimismo que se respeta íntegramente lo consagrado en el Convenio e indica que se encuentran registradas cinco federaciones que agrupan a los trabajadores del Estado y que se han efectuado 148 tomas de nota de registros sindicales. Recordando la necesidad de asegurar la conformidad de las disposiciones legislativas con el Convenio, aun cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto o no se apliquen en la práctica, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar las disposiciones restrictivas mencionadas a efectos de ponerlas en conformidad con la jurisprudencia nacional y el Convenio y que le proporcione información de toda evolución al respecto.

Artículo 3.  Derecho de elegir libremente a los representantes sindicales. Prohibición de que los extranjeros formen parte de la directiva de los sindicatos (artículo 372, fracción II, de la LFT). En su anterior observación la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno de que: i) la fracción II del artículo 372 de la LFT, cuyo tenor no permite a los extranjeros formar parte de la directiva de los sindicatos, quedó tácitamente derogada con la modificación del artículo 2 de la misma ley, que prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional; ii) las autoridades registrales no exigen como requisito la acreditación de la nacionalidad mexicana de los dirigentes y que esta prohibición no se aplica en la práctica, y iii) como señaló en relación al proceso de consideración de modificaciones legislativas adicionales a la reforma laboral de 2012, desde octubre de 2015 el Gobierno espera la recepción de las opiniones de los interlocutores sociales, en cuyo marco se podrá analizar esta cuestión. La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno reitera que la restricción legislativa no se aplica. El Gobierno precisa que no se ha verificado ningún caso concreto ni queja alguna al respecto y que algunos estatutos sindicales reconocen expresamente que los extranjeros puedan participar en la directiva de sindicatos. Recordando nuevamente la necesidad de asegurar la conformidad de las disposiciones legislativas con el Convenio, aun cuando éstas hayan sido dejadas sin efecto o no se apliquen en la práctica, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la fracción II del artículo 372 de la LFT, en aras de hacer explícita la derogación tácita de la restricción en cuestión. Pide además al Gobierno que proporcione informaciones disponibles acerca del número y cargos de extranjeros que participan de las directivas de sindicatos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Montenegro

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, así como de la respuesta correspondiente del Gobierno. Recuerda que las cuestiones planteadas por la CSI fueron examinadas por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 3140, en marzo de 2016 (377.º informe) y que el Comité de Libertad Sindical está dando seguimiento a dicho caso. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Federación de Empleadores de Montenegro (MEF) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de noviembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, si bien la Ley del Trabajo proporciona protección contra los actos de discriminación directa o indirecta de los solicitantes de empleo y de las personas empleadas por motivo de su afiliación a una organización sindical (artículos 5 a 10), así como protección a los representantes sindicales contra los actos de discriminación antisindical hasta seis meses después de la finalización de sus actividades sindicales (artículo 160), no prevé multas en caso de incumplimiento de estas disposiciones. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que su programa de trabajo contempla la adopción de una nueva ley sobre la representatividad de los sindicatos a fines de 2017. El Gobierno señala que este proyecto de ley fue elaborado en un grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y los interlocutores sociales, en especial la Unión de Empleadores de Montenegro, la Confederación de Sindicatos Libres de Montenegro y la Confederación de Sindicatos de Montenegro. El Gobierno indica que esta nueva ley contemplará sanciones, incluidas las multas apropiadas, en relación con los actos de discriminación antisindical contra los sindicalistas y dirigentes sindicales por motivo de su afiliación sindical o de sus actividades sindicales legítimas. Tomando nota asimismo, de la indicación del Gobierno de que la elaboración de una nueva ley del trabajo está en curso, la Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para enmendar la legislación a fin de garantizar la imposición de sanciones suficientemente disuasivas — incluidas multas disuasivas — en caso de actos de discriminación antisindical contra los sindicalistas y dirigentes sindicales, por motivo de su afiliación sindical o de sus actividades sindicales legítimas. Solicita al Gobierno que proporcione una copia de la nueva ley sobre la representatividad de los sindicatos, una vez adoptada.

Artículo 2.  Protección adecuada contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la ausencia de una disposición explícita contra los actos de injerencia por parte de los empleadores o las organizaciones de empleadores en la constitución, el funcionamiento y la administración de los sindicatos y viceversa. La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno menciona los artículos 154 y 159 de la Ley del Trabajo, que establecen que los empleadores y los trabajadores tendrán derecho, por decisión propia, y sin autorización previa, a crear sus organizaciones y afiliarse a ellas (artículo 154), y que el empleador deberá permitir a los trabajadores ejercer libremente sus derechos sindicales, y proporcionar a las organizaciones sindicales las condiciones para la realización eficiente de las actividades sindicales (artículo 159). El Gobierno se refiere asimismo al artículo 172, 33), de la Ley del Trabajo, que prevé una sanción económica si el empleador no permite que los trabajadores ejerzan libremente los derechos sindicales o no proporciona a los sindicatos unas condiciones que permitan el ejercicio de tales derechos. La Comisión observa una vez más que las disposiciones no cubren específicamente los actos de injerencia encaminados a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por los empleadores o por las organizaciones de empleadores, o a poner las organizaciones de trabajadores bajo el control de los empleadores o de las organizaciones de empleadores a través de medios financieros o de otro tipo. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que existe una reforma de la legislación del trabajo en curso, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome medidas para adoptar disposiciones legislativas específicas que prohíban los actos de injerencia por parte de los empleadores o de las organizaciones de empleadores, tal como se definen en el artículo 2, 2), del Convenio, y que prevean expresamente vías de recurso rápidas, acompañadas de sanciones efectivas y suficientemente disuasivas.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. Convenio colectivo general. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que adoptara medidas para modificar los artículos 149 y 150 de la Ley del Trabajo, especificando que el convenio colectivo general será suscrito por la organización sindical representativa, un órgano competente de la federación de empleadores representativa, y el Gobierno, a fin de garantizar que el Gobierno sólo pueda participar en la negociación de un convenio colectivo general sobre cuestiones relacionadas con el salario mínimo (y que las cuestiones relacionadas con otras condiciones de empleo sean objeto únicamente de la negociación colectiva bipartita entre los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de la nueva ley del trabajo está en curso y de que, en este contexto, los representantes de los interlocutores sociales acordaron que el Gobierno debería participar en las negociaciones sobre la conclusión del convenio colectivo general. La Comisión también toma nota de que el convenio colectivo general cubre tanto el sector público como el privado. La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 4 del Convenio prevé la negociación colectiva entre los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores en una estructura bipartita. Como consecuencia, la participación del Gobierno sería justificable si se limita a: i) el establecimiento del salario mínimo, y ii) a su capacidad como empleador con respecto a los trabajadores del sector público, mientras que la negociación de las demás condiciones de trabajo debería tener lugar en un contexto bipartito en el que las partes gocen de plena autonomía en este sentido. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre las consultas celebradas con respecto a la participación del Gobierno en la negociación del convenio colectivo general, y que proporcione una copia de la nueva ley del trabajo, una vez adoptada.

Representatividad de las federaciones de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 161 de la Ley del Trabajo establece que una federación de empleadores se considerará representativa si sus miembros constituyen como mínimo el 25 por ciento de los trabajadores de la economía de Montenegro y participan en el producto interior bruto de Montenegro a razón, como mínimo, del 25 por ciento, y que si ninguna asociación cumple con estos requisitos, los empleadores pueden concluir un acuerdo para participar directamente en la conclusión de un convenio colectivo. La Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas para reducir sustancialmente o revocar estos requisitos mínimos. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de la nueva ley del trabajo está en curso, y de que las recomendaciones de la Comisión se presentarán a los interlocutores sociales en el grupo de trabajo.

La Comisión también toma nota de que el MEF y la OIE consideran que los umbrales establecidos son adecuados para definir la representatividad de una organización de empleadores. Las organizaciones indican además que: i) una empresa puede decidir afiliarse a una o más organizaciones de empleadores, lo que significa que el umbral del 25 por ciento no debe leerse de manera horizontal, y que más de cuatro organizaciones de empleadores pueden establecerse en el país, y ii) hay una organización representativa de los empleadores en el país (el MEF), así como otras organizaciones empresariales. Tomando debida nota de la respuesta del Gobierno y de la indicación de la MEF y la OIE, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones en relación a las consultas que se hayan llevado a cabo con los interlocutores sociales en el contexto de la elaboración de la ley del trabajo para reducir los requisitos mínimos establecidos para que una asociación de empleadores se considere representativa.

La Comisión tomó nota anteriormente de que, conforme al artículo 12 del reglamento núm. 34/05 sobre la forma y el procedimiento para registrar a los empleadores y determinar su representación, la afiliación de las asociaciones de empleadores a confederaciones regionales o internacionales de empleadores es un requisito previo para que puedan ser consideradas representativas a nivel nacional, y se solicita que se adopten medidas para modificar el reglamento. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, tras la adopción de la nueva ley del trabajo se redactarán nuevas normas y de que se tomarán en consideración las recomendaciones de la Comisión en dicho contexto. A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del MEF y la OIE de que este requisito es necesario para evitar el establecimiento de múltiples organizaciones de empleadores no independientes y que es sólo un requisito previo en cuanto a la participación en las instituciones de diálogo social tripartito, órganos nacionales tripartitos o para participar en reuniones internacionales. La OIE y el MEF destacan que organizaciones como la OIE no otorgan derechos exclusivos de membresía y que en varios países tienen diferentes organizaciones de empleadores como miembro. Recordando que una asociación de empleadores puede negociar un convenio colectivo, debería bastar con establecer que es suficientemente representativa al nivel adecuado, con independencia de su afiliación internacional o regional o de su falta de afiliación, la Comisión invita al Gobierno a que, en el contexto de la actual reforma de la ley del trabajo, prosiga celebrando consultas con los interlocutores sociales interesados a fin de garantizar que los requisitos previos para que las organizaciones de empleadores negocien a nivel nacional se ajusten a lo dispuesto en el Convenio.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede valerse, si así lo desea, de la asistencia técnica de la Oficina en relación con las cuestiones jurídicas planteadas en esta observación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mozambique

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones formuladas en 2010 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) respecto de la aplicación del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto. En relación con las observaciones de la CSI de 2008, relativas a los graves actos de violencia contra los trabajadores en huelga en el sector de las plantaciones de caña de azúcar, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones con respecto a las investigaciones llevadas a cabo sobre estas cuestiones y, en caso de confirmarse las violaciones alegadas, que adopte las medidas adecuadas para subsanarlas.

Artículo 2 del Convenio. Registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 150 de la Ley del Trabajo que otorga un plazo de cuarentaicinco días al órgano central de la administración del trabajo para proceder al registro de una organización sindical de trabajadores o de una organización de empleadores. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno, en una memoria anterior, según la cual ese plazo se estableció debido al hecho de que el país no cuenta con un sistema de comunicación moderno e informatizado, la Comisión recuerda que la duración excesiva del procedimiento de registro representa un grave obstáculo a la constitución de organizaciones y que ese plazo debería reducirse a una duración razonable, por ejemplo, no superior a los 30 días. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que inicie consultas con los interlocutores sociales con objeto de revisar el artículo 150 de la Ley del Trabajo en el sentido indicado y que comunique informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 3.  Responsabilidad penal de los trabajadores en huelga. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para revisar el artículo 268, párrafo 3, de la Ley del Trabajo, que prevé que toda violación de los artículos 199 (libertad de trabajo de no huelguistas), 202, párrafo 1, y 209, párrafo 1 (sobre los servicios mínimos), constituye una infracción disciplinaria, siendo responsables civil y penalmente los trabajadores en huelga. Al observar que la memoria del Gobierno no da respuesta a los comentarios de la Comisión sobre ese punto, la Comisión recuerda que las sanciones penales sólo pueden preverse cuando, con motivo de la huelga, se cometen actos de violencia contra las personas o los bienes u otras infracciones graves de derecho común, y en aplicación de los textos que sancionan los hechos antes mencionados. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 268, párrafo 3, de la Ley del Trabajo en el sentido indicado y que comunique informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2010, referidas una vez más a actos de discriminación antisindical en las zonas francas de exportación y a la violación constante de los convenios colectivos. Al tiempo que recuerda que ya se le habían comunicado observaciones similares y observando que el Gobierno sigue sin haber suministrado información sobre esta cuestión, la Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir sus comentarios al respecto y a velar por la aplicación de las disposiciones del Convenio en ese sector.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre el número de quejas recibidas en relación con actos de discriminación antisindical y de injerencia, así como sobre la cuantía de las multas que se hayan impuesto, con objeto de poder determinar si las sanciones previstas (de cinco a diez salarios mínimos, que pueden duplicarse en el caso de infracciones reiteradas) son suficientemente disuasorias en la práctica. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno aún no haya proporcionado informaciones a este respecto. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones detalladas acerca del número de quejas recibidas en relación con actos de discriminación antisindical y de injerencia, así como sobre la cuantía de las multas que se hayan impuesto, con inclusión de las zonas francas, las cuales, según la CSI, son las zonas más frecuentemente sujetas a la discriminación antisindical y a la injerencia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Myanmar

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación de este Convenio, así como en relación con el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (que no ha sido ratificado por Myanmar). En particular, la Comisión toma nota de que la CSI expresa preocupaciones sobre los numerosos obstáculos para el desarrollo de un movimiento sindical sólido y suministra algunos ejemplos. La Comisión toma nota adicionalmente de la respuesta detallada del Gobierno con respecto al caso planteado.

Libertades civiles. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la situación en la revisión legislativa de las reuniones pacíficas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el 4 de octubre de 2016 se adoptó una nueva Ley sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacífica, y que está en plena conformidad con los derechos de los ciudadanos y las normas democráticas, requiriendo únicamente una notificación con veinticuatro horas de anticipación, y se derogan las disposiciones relativas a las sanciones. No obstante, la Comisión observa que el capítulo sobre reglas y el capítulo correspondiente sobre delitos y sanciones aún pueden dar lugar a graves restricciones del derecho de las organizaciones al llevar a cabo sus actividades sin injerencia. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la manera en que se aplica esta ley y sobre las sanciones pronunciadas.

Procedimiento de reforma de la legislación laboral. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que proporcionara información sobre los progresos realizados en la ley de reforma laboral. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su última memoria, según la cual un proyecto de ley para modificar la Ley de Solución de Conflictos Laborales fue objeto de discusión con los interlocutores tripartitos en la reunión de 22 de julio de 2017, en el ámbito del Grupo de Trabajo Técnico-Ley de Reforma Laboral. El Gobierno añade que las sanciones legislativas están siendo examinadas y las enmiendas están en curso de elaboración. Además, se llevaron a cabo actividades sobre construcción de la capacidad. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI en el sentido de que si bien reconocen las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno para iniciar la reforma de la legislación laboral sobre la base de la consulta tripartita, expresa preocupaciones en torno a este proceso mencionando el rechazo por parte del Gobierno de textos propuestos plenamente compartidos y las graves insuficiencias. La CSI teme, además, que la posibilidad de que las enmiendas propuestas por el Gobierno puedan, en realidad, empeorar el marco legislativo actual, refiriéndose en particular a las opiniones expresadas por el Gobierno, según la cual los trabajadores informales no deberían gozar del derecho de sindicación, mientras que de hecho decenas de miles de trabajadores ya han constituido sindicatos en virtud de la Ley sobre Organizaciones Sindicales (LOL), de 2011. En vista de que el Gobierno no ha proporcionado información detallada sobre cuáles son las disposiciones de la LOL o de la Ley de Solución de Conflictos Laborales, que tiene el propósito de modificar, ni ha comunicado proyecto de texto alguno, la Comisión espera que el Gobierno tendrá en cuenta sus comentarios anteriores sobre el proceso de reforma antes mencionado y pide al Gobierno que transmita información detallada sobre los progresos realizados a este respecto en su próxima memoria.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir organizaciones. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que se requería un mínimo de trabajadores para constituir un sindicato y que además era necesario cumplir un requisito mínimo de afiliación del 10 por ciento de los trabajadores en la profesión o actividad para el establecimiento de una organización sindical de base. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para revisar, junto con los interlocutores sociales interesados, el requisito de un mínimo del 10 por ciento de afiliados con miras a enmendar el artículo 4 de la LOL a fin de que los trabajadores puedan constituir sin trabas las organizaciones que estimen convenientes. Además, pide nuevamente al Gobierno que indique el resultado de toda revisión del impacto de la estructura piramidal establecida en este artículo y de todas las medidas adoptadas para garantizar que el derecho de los trabajadores de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes no se obstaculiza en la práctica.

Artículo 3.  Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a las restricciones de la elegibilidad para desempeñar cargos sindicales establecidas en el reglamento de la LOL, incluida la obligación de haber trabajado en la misma profesión o actividad durante al menos seis meses o la obligación de los trabajadores extranjeros de haber cumplido el requisito de cinco años de residencia. La Comisión confía en que esos requerimientos se realicen en el marco del proceso de reforma legislativa en consulta con los interlocutores sociales, a fin de garantizar el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes y pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para modificar la regla 5.

Zonas económicas especiales. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI relativas a la Ley sobre Zonas Económicas Especiales, de 2014. La Comisión recuerda que la CSI señaló que los procedimientos para la solución de conflictos en las zonas económicas especiales son más complejos que los que se aplican fuera de esas zonas y que la facultad de la inspección del trabajo se delega a los órganos de gestión de las zonas económicas especiales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la inspección del trabajo puede coordinar y cooperar con los comités de gestión de las zonas económicas especiales para tener jurisdicción de conformidad con la legislación laboral y que la LOL y la Ley de Solución de Conflictos Laborales sean aplicadas en las zonas económicas especiales. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos con arreglo al Convenio a los trabajadores de las zonas económicas especiales, incluso garantizando que la Ley sobre Zonas Económicas Especiales no es incompatible con la aplicación de la LOL y la Ley de Solución de Conflictos Laborales en dichas zonas. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la manera en que se solucionan en la práctica los conflictos en las mencionadas zonas y de comunicar estadísticas pertinentes sobre la inspección del trabajo en las zonas económicas especiales, incluyendo el número de inspecciones en las zonas económicas especiales efectuadas por inspectores del trabajo, cualquier violación detectada así como el número y la naturaleza de las sanciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Namibia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que alega la violación del derecho de huelga en diversos sectores. La Comisión pide al Gobierno que formule comentarios al respecto.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal penitenciario. En su observación anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de adopción de enmiendas legislativas, a fin de asegurar que el personal penitenciario gozara de las garantías previstas en el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha establecido un comité de trabajo tripartito y que actualmente está revisando la Ley del Trabajo junto con las cuestiones relacionadas con los servicios penitenciarios; se prevé una recomendación apropiada sobre este tema. La Comisión espera firmemente que las enmiendas legislativas pertinentes se adoptarán en breve, con el fin de asegurar que el personal penitenciario tenga derecho a constituir organizaciones y a afiliarse a ellas, y a promover y defender sus intereses. Pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en las que alega violaciones del Convenio en empresas e instituciones públicas específicas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Artículos 1 y 4 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y promoción de la negociación colectiva en las zonas francas de exportación (ZFE). En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara las medidas que estaba adoptando para garantizar la plena aplicación práctica del Convenio en las ZFE, en particular mediante la promoción de la negociación colectiva y la protección efectiva contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Convenio, así como las disposiciones relativas a la libertad sindical de la Ley del Trabajo, son plenamente aplicables en las ZFE. La Comisión acoge con satisfacción el ejemplo del sector minero facilitado por el Gobierno, según el cual se ha concedido al Sindicato de Mineros de Namibia (MUN) la condición exclusiva de agente de negociación colectiva en una empresa de procesamiento de minerales establecida en las zonas francas de exportación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando ejemplos en la práctica y que indique las medidas concretas adoptadas para garantizar la protección contra la discriminación antisindical, y la promoción de la negociación colectiva en las zonas francas de exportación. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre el número de quejas de discriminación antisindical y sus resultados, y sobre el número de convenios colectivos firmados en las zonas francas de exportación y el número de trabajadores cubiertos.

Artículo 6.  Derechos del personal penitenciario. En su observación anterior, la Comisión confió en que el Gobierno tomaría medidas para garantizar que los servicios penitenciarios gocen próximamente de las garantías previstas en el Convenio, y solicitó al Gobierno que proporcionara información sobre los progresos en relación con la adopción de nueva legislación a este respecto. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) para el año 2017, en la que indica que se ha creado una Comisión de trabajo tripartita y que está revisando actualmente la Ley del Trabajo, incluida la cuestión del servicio penitenciario. La Comisión confía y espera firmemente que los comentarios que ha venido formulando a este respecto durante varios años se tomen en consideración durante la revisión legal, para garantizar que el personal penitenciario goce de los derechos consagrados en el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nepal

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2017, así como de la respuesta del Gobierno al respecto. En relación con los alegatos de la CSI sobre un ataque brutal de la policía a los trabajadores de la salud durante una manifestación a las puertas de la oficina de salud pública del distrito de Parsa, en Birgunj, la Comisión toma nota de que el Gobierno declara que la intervención de la policía fue necesaria para garantizar el suministro de medicamentos esenciales. En este sentido, la Comisión reitera que la intervención de la policía debería limitarse a los casos en los que hay una auténtica amenaza para el orden público y que los gobiernos deberían tomar medidas para garantizar que las autoridades competentes reciben las instrucciones adecuadas para evitar incurrir en el peligro de hacer uso de una excesiva violencia al tratar de controlar las manifestaciones que podrían poner en riesgo el orden público. La Comisión recuerda también que solicitó anteriormente al Gobierno que llevara a cabo una investigación sobre las cuestiones destacadas por la CSI en años anteriores en relación con los despidos antisindicales, las amenazas contra afiliados sindicales y la debilidad de la negociación colectiva, por cuanto los convenios colectivos cubren únicamente a un porcentaje muy reducido de trabajadores de la economía formal. La Comisión pide al Gobierno que comunique las conclusiones de esta investigación, así como la información sobre las eventuales soluciones adoptadas. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione sus comentarios en relación con las observaciones formuladas por la Internacional de la Educación (IE) en 2014.

Reformas legislativas. La Comisión toma nota de que, en 2015, se adoptó una nueva Constitución y que la nueva Ley del Trabajo (Ley del Trabajo, 2074 (2017)), adoptada el 4 de septiembre de 2017, ha derogado la Ley del Trabajo de 1992. La Comisión toma nota con interés que los artículos 17, 2), d), y 34, 3), de la nueva Constitución establecen que los derechos a constituir un sindicato, participar en él, y a organizar convenios colectivos son derechos fundamentales. La Comisión observa también que el artículo 8 de la nueva Ley del Trabajo reconoce el derecho a constituir un sindicato, a participar en sus actividades y adquirir la condición de miembro o la afiliación para llevar a cabo o participar en otras actividades sindicales.

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para introducir disposiciones en la legislación que prohibieran explícitamente todos los actos de discriminación antisindical contemplados por el Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de que el artículo 24 de la nueva Constitución y el artículo 6 de la nueva Ley del Trabajo prohíben la discriminación, ninguna de estas disposiciones contiene una prohibición explícita de discriminación contra los trabajadores en razón de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales. La Comisión reitera, al igual que lo ha hecho anteriormente, que el artículo 1 del Convenio garantiza a los trabajadores una protección adecuada contra todos los actos de discriminación antisindical y que las disposiciones existentes que prohíben actos de discriminación no son suficientes si no van acompañadas por procedimientos eficaces y rápidos y por sanciones suficientemente disuasorias para asegurar su aplicación (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 190). En consecuencia, la Comisión se ve obligada a repetir su petición al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para introducir en la legislación: i) una prohibición explícita de todos los actos perjudiciales cometidos contra los trabajadores en razón de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales en el momento de la contratación, durante el empleo o en el momento del despido (por ejemplo, traslados, descensos de grado, denegación de formación, despidos, etc.), y ii) sanciones eficaces y suficientemente disuasorias en los casos de violación de esta prohibición. Al tiempo que reitera la persistencia de los alegatos de actos de discriminación antisindical, la Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículo 2.  Protección adecuada contra actos de injerencia. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que señalara las medidas adoptadas o previstas para introducir en la legislación una prohibición de actos de injerencia así como procedimientos rápidos de apelación y sanciones disuasorias contra dichos actos. La Comisión toma nota de que el artículo 92, 1), de la nueva Ley del Trabajo establece que los empleadores y los sindicatos no realizarán o harán realizar ninguna práctica laboral injusta, y saluda el hecho que el artículo 92, 2), e), establece que se considerará práctica laboral injusta cualquier acto cometido por el empleador en el que intervenga o fuera causa de intervención en las actividades relativas a la formación, funcionamiento y administración de los sindicatos. La Comisión toma nota también de que el artículo 162 de la citada ley establece que cuando una persona, empleador, trabajador o funcionario cometa una infracción de la misma, la persona afectada por dicho acto o el sindicato interesado podrá presentar una queja, previo consentimiento por escrito de la persona afectada, a la autoridad competente, que tendrá la facultad de decidir al respecto dentro de un plazo de seis meses desde la comisión de dicho acto. La Comisión, al tiempo que reitera la importancia de garantizar una protección efectiva y sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de injerencia, pide al Gobierno que comunique más información sobre las sanciones aplicadas en caso de actos de injerencia, así como estadísticas sobre el número de quejas examinadas, la duración de los procedimientos y el tipo de sanciones impuestas e indemnizaciones prescritas.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el artículo 116, 1), de la nueva Ley del Trabajo establece que cualquier empresa que emplee a diez o más trabajadores contará con un comité de negociación colectiva que podrá presentar reclamaciones o demandas colectivas por escrito al empleador sobre cuestiones que sean del interés de los trabajadores. La Comisión toma nota de que este comité se compone de: a) un equipo de representantes designados para negociar en nombre del sindicato habilitado que haya resultado electo en la empresa; b) cuando no pueda celebrarse la elección de los representantes autorizados del sindicato o el plazo para dicha elección haya expirado, se designará un equipo de representantes mediante un acuerdo mutuo entre todos los sindicatos de la empresa, o c) cuando no pueda constituirse un sindicato autorizado o un equipo de representantes, éste se formará con el apoyo de las firmas de más del 60 por ciento de los trabajadores empleados en la empresa. La Comisión reitera que la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores por encima de las organizaciones suficientemente representativas, cuando existan, puede atentar contra el principio de la promoción de la negociación colectiva establecido en el Convenio. Además, la Comisión tomó nota de que en la práctica, cuando exista un sindicato representativo y sea activo en la empresa o rama de actividad de que se trate, la autorización a otro representante de los trabajadores para negociar colectivamente no sólo debilita la posición del sindicato, sino que también perjudica los derechos y principios de la OIT en materia de negociación colectiva. A fin de poder evaluar plenamente la conformidad del artículo 116, 1), de la nueva Ley del Trabajo con el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que especifique las condiciones en virtud de las cuales los sindicatos están autorizados a negociar colectivamente, y a que proporcione información sobre el número de acuerdos directos concluidos con los trabajadores no sindicados en comparación con el número de convenios colectivos firmados con los sindicatos.

La Comisión toma nota de que la nueva Ley del Trabajo contiene disposiciones especiales en materia de negociación colectiva para las asociaciones sindicales que operan en los sectores de las plantaciones de té, la fabricación de alfombras, el negocio de la construcción, las agencias proveedoras de mano de obra, el transporte y cualquier otro grupo de fabricantes o proveedores de servicios con actividades similares o afines. El artículo 123 de la ley estipula que aquellas asociaciones de sindicatos pueden, mediante la constitución de un comité de negociación colectiva, presentar reclamaciones o demandas de negociación colectiva a las asociaciones de empleadores de una determinada rama de actividad. El artículo 123, 3), establece que, en estas empresas, se prohíbe presentar reclamaciones o demandas colectivas y firmar acuerdos en virtud de los artículos mencionados del capítulo sobre solución de conflictos colectivos. La Comisión toma nota también de que, tal como se establece en el artículo 123, 4), en los casos que atañan a estas empresas, el Ministerio podrá dictar una orden para que puedan presentarse reclamaciones o demandas colectivas y negociarse dentro de un determinado plazo. La Comisión reitera que, en virtud del artículo 4 del Convenio, la negociación colectiva debe ser libre y voluntaria y debe respetar el principio de la autonomía de las partes. La Comisión reitera también que es preciso garantizar que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel y que una legislación que imponga unilateralmente el nivel de la negociación colectiva o lo fije imperativamente plantea problemas de incompatibilidad con el Convenio (véase Estudio General, párrafos 200 y 222). Destacando que cuando la negociación colectiva tiene lugar a distintos niveles podrán ponerse en marcha mecanismos de coordinación, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 123 de la nueva Ley del Trabajo de forma que se respete el principio de autonomía y que pueda desarrollarse la negociación colectiva en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional.

Arbitraje obligatorio. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores se refirió al proyecto de ley sobre la comisión nacional de trabajo, un proyecto de ley que no ha sido adoptado, así como al artículo 30 de la Ley de Sindicatos, que otorga poderes especiales al Gobierno para restringir las actividades sindicales que se consideren contrarias al desarrollo económico del país. En relación con esta última ley, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas para garantizar que no se impone el arbitraje obligatorio a iniciativa de las autoridades cuando consideren que así lo requiere el desarrollo económico del país. La Comisión observa que la nueva Ley del Trabajo contiene disposiciones relativas al arbitraje obligatorio. En relación con el artículo 117, el comité de negociación colectiva podrá celebrar consultas sobre las reclamaciones presentadas y que, si se llegara a un acuerdo, éste será vinculante para ambas partes. Por otro lado, los artículos 118 y 119, 1), establecen que, si no se llega a un acuerdo y si el conflicto no se resuelve mediante la mediación, podrá solucionarse mediante el arbitraje del modo siguiente: i) si las partes acuerdan solucionar el conflicto mediante el arbitraje; ii) si éste afecta a una empresa que presta servicios esenciales; iii) si se refiere a una empresa ubicada en una zona económica especial, o iv) si la situación consiste en la prohibición de una huelga debido a una situación de emergencia que haya sido declarada así por la Constitución. Por su parte, el artículo 119, 2), establece que, cuando el Ministerio tenga motivos para creer que puede tener lugar una crisis económica en el país como consecuencia de una huelga o un cierre patronal en curso o previsto, o crea que el conflicto debe solucionarse mediante arbitraje, el Ministerio, con independencia de la situación en que se encuentre el conflicto colectivo podrá dictar una orden para la solución del mismo mediante arbitraje. En este sentido, la Comisión recuerda que, en virtud de la promoción de un procedimiento de negociación libre y voluntaria establecido por el artículo 4 del Convenio, solamente será aceptable el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto colectivo si es a petición de ambas partes o en el caso de conflictos en los servicios públicos cuando afecten a funcionarios de la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda o parte de la población, o en caso de crisis nacional grave. La Comisión lamenta que la recientemente adoptada Ley del Trabajo no se ajuste a este principio. La Comisión pide, por consiguiente, al Gobierno una vez más que adopte las medidas necesarias para asegurar que el arbitraje obligatorio, de acuerdo con el Convenio, sólo puede tener lugar en las situaciones mencionadas anteriormente.

Composición de los órganos de arbitraje. La Comisión toma nota de que el artículo 119, 3), de la nueva Ley del Trabajo establece que, para todos los casos en los que se aplique el arbitraje, el Ministerio de Trabajo y Empleo podrá constituir un panel de arbitraje que garantice la representación de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno. La Comisión toma nota también de que el artículo 120 establece que, a efectos de mediar y arbitrar en la solución de conflictos colectivos, el Gobierno podrá constituir un tribunal independiente de arbitraje laboral, cuyas disposiciones deberán indicarse. Reiterando que los organismos de arbitraje serán plenamente independientes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada con respecto a la composición del panel y el Tribunal de Arbitraje mencionados, y en concreto, que indique el procedimiento previsto para seleccionar a los representantes del trabajador y del empleador. La Comisión pide también al Gobierno que clarifique la diferencia entre el panel de arbitraje (artículo 119, 3)) y el Tribunal de Arbitraje (artículo 120).

Medidas para fomentar la negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las medidas adoptadas o contempladas para promover la negociación colectiva, así como sobre el impacto de la Ley del Trabajo recientemente adoptada sobre negociación colectiva y acuerdos. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que comunique datos sobre el número de convenios colectivos concertados, su ámbito de aplicación, los sectores implicados y el número de trabajadores cubiertos.

Nicaragua

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años formula comentarios relativos a la necesidad de tomar medidas para modificar los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo, los cuales disponen que el conflicto colectivo será sometido a arbitraje obligatorio una vez transcurridos treinta días desde la declaración de huelga. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) se utilizan con carácter de urgencia mesas de negociación cada vez que se producen demandas de carácter socioeconómicas en un centro de trabajo, y ii) no se han producido cambios en la legislación y en la práctica nacional que permitan modificar lo establecido en los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo. La Comisión lamenta nuevamente deber tomar nota de la ausencia de avances en la revisión de las mencionadas disposiciones del Código del Trabajo. La Comisión recuerda que la imposición del arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga fuera de los casos en que la misma pueda ser limitada, e incluso prohibida, es contraria al derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se modifiquen los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo de manera que se garantice que el arbitraje obligatorio sólo sea posible en los casos en que la huelga pueda ser limitada e incluso, prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, en los servicios esenciales en el sentido estricto del término o en caso de crisis nacional aguda.

Artículo 11.  Protección del derecho de sindicación. La Comisión saluda las informaciones proporcionadas por el Gobierno acerca de distintas iniciativas dirigidas a promover el derecho de sindicación y que incluyen, entre otros, la distribución de manuales para la constitución y actualización de organizaciones sindicales, la tutela de la sindicalización de los trabajadores cuentapropistas, y la promoción de políticas de igualdad de género dentro del movimiento sindical. La Comisión toma también nota de la indicación del Gobierno de que, como resultado de las políticas de promoción y fomento de la sindicalización, se constituyeron en 2016, 62 nuevas organizaciones sindicales afiliando 2 469 personas, y se actualizaron 1 031 organizaciones sindicales que aglutinan a 71 847 trabajadores. La Comisión toma debida nota de estas informaciones y pide al Gobierno que proporcione informaciones acerca de la aplicación de las mencionadas políticas.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que remitiera información sobre el fomento de la negociación colectiva, en todos los ámbitos a nivel nacional, incluidas las zonas francas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) durante el año 2016 se han promovido prácticas de género en la negociación colectiva, específicamente a través de la firma de 57 convenios colectivos que incluyeron cláusulas para 47 609 mujeres trabajadoras; ii) en 2016 se inscribieron 73 convenios colectivos a nivel nacional que inciden en el nivel de vida de 640 536 personas; iii) con relación al régimen especial de zonas francas, el Ministerio del Trabajo ha disminuido su participación en las negociaciones de convenios colectivos dejando el diálogo directo entre las partes a través de comisiones bipartitas y sólo cuando no se logran acuerdos bipartitos es que se procede a conformar las comisiones tripartitas, y iv) el reajuste del salario mínimo de los trabajadores de ese sector se ha realizado con la participación de la Comisión Nacional Tripartita de Zonas Francas.

La Comisión toma nota con interés de las mencionadas iniciativas de fomento de la negociación colectiva y pide al Gobierno que continúe tomando medidas que profundicen la negociación colectiva en todos los ámbitos, incluidas las zonas francas. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución a este respecto, incluyendo el número de convenios colectivos firmados y vigentes en las zonas francas, así como el número de trabajadores cubiertos por los mismos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre informaciones adicionales acerca de las cláusulas de los convenios colectivos que otorgan beneficios específicos para las mujeres y que indique el número de mujeres trabajadoras cubiertas por dichos convenios colectivos.

Níger

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)

Artículo 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 191 del Código del Trabajo, que prevé que los trabajadores menores que tengan más de 16 años pueden afiliarse a sindicatos, a fin de garantizar que la edad mínima de libre afiliación a un sindicato sea la misma que la fijada por el Código del Trabajo para la admisión al empleo, a saber 14 años según el artículo 106 del Código. Tomando nota de que el Gobierno indica que se compromete a tener en cuenta esta solicitud cuando modifique la ley núm. 2012-45 relativa al Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículos 3 y 10.  Disposiciones relativas a la requisa. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que desde hace muchos años pide al Gobierno que modifique el artículo 9 de la ordenanza núm. 96-009, de 21 de marzo de 1996, por la que se fijan las condiciones de ejercicio del derecho de huelga de los agentes del Estado y de las colectividades territoriales a fin de limitar las restricciones al derecho de huelga únicamente a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o a los casos en que una interrupción del trabajo pudiera provocar una crisis nacional aguda. La Comisión tomó nota de ciertas medidas adoptadas por el Gobierno para determinar la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a través de elecciones profesionales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proceso de las elecciones profesionales, con el propósito de permitir la reanudación del mecanismo de revisión de la ordenanza, sigue su curso normal y sigue abierto a las negociaciones con los interlocutores sociales. Recordando que desde hace años la Comisión pide que se tomen acciones a este respecto, la Comisión invita al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para acelerar el proceso y le pide que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

Artículos 1, 2, 3 y 6 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. Funcionarios no adscritos a la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para adoptar disposiciones legislativas específicas que protejan de manera adecuada a los funcionarios no adscritos a la administración del Estado contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia y que previera a estos efectos sanciones y procedimientos eficaces y rápidos. La Comisión señala que el Gobierno se limita a señalar que la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva son reconocidos por el artículo 9 de la Constitución de 10 de noviembre de 2010 y que varias categorías de personal no sometidas ni a las disposiciones del Código del Trabajo ni al Estatuto General de la Administración Pública, constituyeron sindicatos. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incluir en la legislación las disposiciones que protegen a los funcionarios no adscritos a la administración del Estado contra los actos de discriminación y de injerencia antisindical y que proporcione información sobre toda evolución al respecto.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma buena nota de las indicaciones del Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores en relación con las condiciones en las que se consignan, publican y traducen los convenios colectivos, condiciones fijadas por los artículos 52 y 54 del reglamento del Código del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que son las organizaciones de empleadores y las de trabajadores las que proceden a designar a sus representantes en las comisiones de negociación mencionadas por el artículo 242 del Código del Trabajo.

Criterios de representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que suministrara informaciones sobre el desarrollo y el resultado de las elecciones profesionales con el fin determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a un documento elaborado por la Comisión Nacional de Elecciones Profesionales (CONEP), titulado Génesis de las elecciones profesionales en el Níger, del cual no ha suministrado ninguna copia. Reiterando que los procedimientos para determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben fundarse en criterios objetivos, precisos y preestablecidos y ser aplicados por un órgano independiente que tenga la confianza de las partes, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar información sobre la organización y el desarrollo de las elecciones profesionales, así como sobre los resultados de las mismas.

Artículos 4 y 6.  Derecho de negociación colectiva de los funcionarios no adscritos a la administración del Estado. En sus comentarios anteriores la Comisión tras haber tomado nota con satisfacción sobre la concertación, entre 2012 y 2014, de cuatro convenios colectivos de gran alcance que abarcan a la vez a los trabajadores del sector público y del sector privado, invitó al Gobierno a que garantizase que la legislación en vigor esté de conformidad con la práctica en materia de reconocimiento y de ejercicio del derecho de negociación colectiva en el sector público, y a que siguiera comunicando informaciones sobre el número de convenios colectivos suscritos, en los sectores interesados y los trabajadores cubiertos. La Comisión, ante la falta de nuevas informaciones del Gobierno relativas a estos dos aspectos y reiterando que no ha tenido conocimiento de ninguna disposición legislativa precisa que garantice el derecho de negociación colectiva a los funcionarios no adscritos a la administración del Estado que están sujetos a un estatuto legislativo o reglamentario particular y, en consecuencia, excluidos de la aplicación del artículo 252 del Código del Trabajo, reitera las peticiones que ha formulado anteriormente.

Nigeria

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión recuerda que anteriormente solicitó al Gobierno que comunicara sus comentarios en relación con los alegatos formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), de denegación del derecho a la afiliación sindical, la persecución masiva de dirigentes sindicales, las detenciones de afiliados y otras violaciones. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica, en general, que continúa garantizando la protección de los derechos de los trabajadores mediante el cumplimiento estricto de la Ley sobre los Sindicatos y la Ley del Trabajo, garantizando así en el país un clima laboral pacífico y que la presencia de agentes de seguridad en las reuniones obedece a los riesgos de seguridad que esas reuniones puedan haber planteado. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI y del Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC), recibidas el 1.º y el 8 de septiembre de 2017, respectivamente, que contienen alegatos similares de arrestos, represalias y despidos contra dirigentes sindicales y sindicalistas. La Comisión lamenta que el Gobierno se limite a efectuar una declaración general y pide nuevamente al Gobierno una respuesta detallada sobre cada uno de los alegatos específicos formulados por la CSI en 2015, 2016 y 2017, así como sobre las observaciones formuladas por la NLC en 2017.

Libertades civiles. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcionara información detallada sobre los resultados de los procedimientos judiciales en relación con el enjuiciamiento de los ocho sospechosos arrestados por el asesinato del Sr. Alhaji Saula Saka, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte por Carretera de la Zona de Lagos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el 5 de mayo de 2017, el Ministro Federal de Trabajo y Empleo requirió al inspector general de policía que enviara información actualizada sobre el procedimiento judicial y estaba a la espera de una respuesta. Al recordar que los hechos ocurrieron en 2010, la Comisión lamenta profundamente que no se haya llegado a ninguna resolución y, en consecuencia, insta firmemente al Gobierno a que proporcione información detallada sobre los resultados del procedimiento judicial y, en caso de condena, sobre la naturaleza y ejecución de la sentencia correspondiente.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de trabajadores de afiliarse a organizaciones que estimen convenientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el conflicto entre la Asociación de Altos Funcionarios de Nigeria (ASCSN) y del Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT) en relación con el alegato según el cual los docentes de instituciones educativas federales habrían sido obligados a afiliarse a la ASCSN y denegado el derecho de pertenecer a un sindicato profesional de su elección, fue remitido al Tribunal de Relaciones Laborales de Nigeria. La Comisión tomó nota de la sentencia del tribunal, de 20 de enero de 2016, en la que se señala: i) el derecho a afiliarse a un sindicato por propia elección no es absoluto, por cuanto el artículo 8 de la Ley sobre los Sindicatos establece que «el requisito para afiliarse a un sindicato deberá incluir una disposición para que una persona no pueda aspirar a la condición de afiliado a menos que haya realizado habitualmente actividades en el sector o industria al que el sindicato representa»; ii) sin embargo, cualquier trabajador que desee desafiliarse de la ASCSN podrá solicitar por escrito a su empleador para que suspenda la deducción de sus cuotas, y iii) el trabajador o la trabajadora pueden afiliarse al NUT si así lo desea. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación práctica del artículo 8 de la Ley sobre los Sindicatos, incluyendo información relativa a la frecuencia con la que los trabajadores deciden desafiliarse del sindicato impuesto por la ley y sobre cualquier reclamación que haya presentado al respecto, y que adopte todas las medidas necesarias que garanticen el pleno respeto de los derechos de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a ellas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, de conformidad con el artículo 12, 4), de la Ley sobre los Sindicatos y los artículos 9, 6), y 5, 3), de la Ley del Trabajo: i) la afiliación a un sindicato por parte de los trabajadores deberá ser voluntaria; ii) ningún empleado deberá ser forzado a afiliarse a algún sindicato o ser víctima de represalias por negarse a afiliarse o a seguir afiliado; iii) ningún contrato establecerá como condición de empleo que el trabajador deberá afiliarse o no a un sindicato, y iv) los trabajadores tienen derecho a desafiliarse de un sindicato por escrito. El Gobierno indica que tras la sentencia del Tribunal de Relaciones Laborales de Nigeria, algunos de los docentes en desacuerdo ejercieron su derecho de desafiliarse de la ASCSN. A la luz de la información suministrada por el Gobierno, la Comisión le solicita que siga proporcionando información sobre la aplicación práctica de las disposiciones antes mencionadas y, en particular, si los docentes de las instituciones federales de educación siguen estando automáticamente afiliados a la ASCSN (aunque con la opción de una desafiliación ulterior). Asimismo, pide al Gobierno que inicie un diálogo con las organizaciones pertinentes con miras a enmendar el artículo 8 de la Ley sobre los Sindicatos a fin de garantizar el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas.

Libertad sindical en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a las cuestiones de sindicación y de ingreso de los servicios de inspección a las ZFE, así como al hecho de que algunas disposiciones del decreto sobre la autoridad de las ZFE, de 1992, obstaculizan la afiliación sindical de los trabajadores, puesto que a los representantes de los trabajadores les resulta casi imposible acceder a las ZFE. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que se había constituido recientemente un comité tripartito bajo los auspicios del Ministerio Federal de Trabajo y Productividad, con el fin de examinar y actualizar las directrices del Ministerio Federal de Trabajo y Productividad sobre la administración del trabajo y la contratación y externalización del personal en el sector del gas y del petróleo e incorporar las tendencias emergentes en el mundo del trabajo. La Comisión expresó la esperanza de que se adopten medidas concretas con el fin de garantizar que los trabajadores de las ZFE disfrutan del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, así como otras garantías previstas en virtud del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, actualmente, los funcionarios laborales han tenido acceso a las ZFE para llevar a cabo inspecciones regulares en el ámbito laboral. Sin embargo, la Comisión lamenta que el Gobierno no proporcione información alguna sobre la revisión y actualización de las directrices relativas a las disposiciones del decreto sobre la autoridad de las ZFE (1992). La Comisión pide al Gobierno que proporcione, sin demora, información sobre la revisión y actualización de las directrices ministeriales. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite estadísticas sobre el número de sindicatos que funcionan en las ZFE y la afiliación a los mismos.

Artículos 2, 3, 4, 5 y 6. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que enmendara las disposiciones siguientes:

–el artículo 3, 1), de la Ley sobre los Sindicatos, que requiere un mínimo de 50 trabajadores para constituir un sindicato con el fin de indicar claramente que el requisito de afiliación mínima de trabajadores no se aplica al establecimiento de sindicatos a nivel de empresas (si bien esta afiliación mínima sería permisible para los sindicatos de industria, podría tener el efecto de obstaculizar la constitución de sindicatos de empresa, en particular en las pequeñas empresas);

–el artículo 7, 9), de la Ley sobre los Sindicatos, que establece que el Ministro puede revocar el certificado de registro de un sindicato, derogando la amplia autoridad del Ministro para cancelar el registro;

–los artículos 30 y 42 de la Ley sobre los Sindicatos, que imponen el arbitraje obligatorio, requieren que para convocar una huelga se obtenga el voto favorable de la mayoría de todos los afiliados registrados, definen los «servicios esenciales» de una forma demasiado amplia, contienen restricciones en relación con los objetivos de las acciones de huelga e imponen sanciones penales que incluyen penas de prisión por llevar a cabo huelgas y reuniones ilegales o huelgas que impidan que un avión realice sus vuelos o que obstruyan las carreteras, instituciones u otras instalaciones públicas, con el fin de suprimir estas restricciones al ejercicio del derecho de huelga, y

–los artículos 39 y 40 de la Ley sobre los Sindicatos, que conceden amplias facultades al encargado del registro para supervisar en todo momento las cuentas de los sindicatos, para limitar tales facultades a la obligación de presentar informes económicos periódicos, o de investigar una queja.

La Comisión saluda la indicación del Gobierno de que ha establecido un comité técnico tripartito (TTC) a los efectos de poner en conformidad las disposiciones pertinentes del proyecto sobre la ley del trabajo, el proyecto de ley sobre relaciones colectivas del trabajo, el proyecto de ley sobre instituciones laborales y el proyecto de ley sobre seguridad y salud en el trabajo, con las normas internacionales del trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno que cinco reuniones se llevaron a cabo, que las enmiendas pertinentes fueron realizadas y que la revisión propuesta del proyecto de ley del trabajo proporcionará a los interlocutores sociales la oportunidad de considerar las enmiendas a los artículos 3, 1), 7, 9), 30, 39, 40 y 42 de la Ley sobre los Sindicatos. La Comisión espera que los proyectos de ley antes mencionados se adopten en un futuro cercano y que tengan en cuenta los comentarios de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todo progreso realizado a este respecto, y que proporcione copia de los textos cuando sean promulgados.

La Comisión toma nota de que actualmente no hay propuestas para enmendar las disposiciones legislativas siguientes:

–el artículo 3, 2), de la Ley sobre los Sindicatos, que limita la posibilidad de que cuando ya existe un sindicato se puedan registrar otros sindicatos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que esta disposición tiene la finalidad de ordenar y mejorar la estructura administrativa del sindicalismo en Nigeria. Recordando que es importante que los trabajadores puedan cambiar o constituir nuevos sindicatos, tanto por motivos de independencia y eficacia como de afinidad ideológica, y que la unidad sindical impuesta por la ley, ya sea directa o indirectamente, no está de conformidad con lo establecido en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 92), la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para modificar el artículo 3, 2), de la Ley sobre los Sindicatos y que informe sobre todo progreso realizado a este respecto;

–el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, que deniega el derecho de sindicación a los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración, del Servicio Penitenciario, de la Imprenta Oficial y la Casa de Moneda de Nigeria, del Banco Central de Nigeria y de la Compañía de Telecomunicaciones de Nigeria. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que por motivos de seguridad, la parte inicial del artículo 11 de la ley no ha sido modificada, aunque se ha creado un nuevo apartado en virtud del cual se crean comités consultivos paritarios en los establecimientos mencionados que cumplen funciones similares a la de los sindicatos. La Comisión recuerda que todos los trabajadores, sin distinción alguna, deben tener derecho a constituir las organizaciones de su elección y a afiliarse a ellas, y que las únicas excepciones autorizadas son los miembros de la policía y las fuerzas armadas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 11 para ponerlo de conformidad con el Convenio, y

–el artículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), de 2005, y el artículo 1 de la Ley sobre los Sindicatos (afiliación internacional), de 1996, exigen que, para el registro de las federaciones, éstas estén integradas por 12 o más sindicatos y que la solicitud de afiliación internacional de un sindicato deberá someterse a la aprobación del Ministro. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Ley sobre los Sindicatos (afiliación internacional) establece el derecho de todo sindicato u organización laboral central a afiliarse a una organización laboral internacional y que la Organización del Trabajo de Nigeria y la Confederación de Trabajadores de Nigeria son miembros de varias organizaciones internacionales de trabajadores. Al tomar nota de esta información, la Comisión observa que esta respuesta no aborda la preocupación de la Comisión. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar el artículo 1 de la Ley sobre los Sindicatos (afiliación internacional) de 1996, a fin de garantizar que la afiliación internacional de los sindicatos no requiere autorización del Gobierno. Además, pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas para enmendar el artículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005, para establecer un número mínimo razonable de sindicatos afiliados necesarios para el registro de una federación.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las nuevas observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, sobre cuestiones legislativas y que informan de un gran número de alegatos de discriminación antisindical y de obstaculización de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que viene recibiendo, desde 2010, muchas observaciones de organizaciones sindicales con el contenido de graves alegatos de violaciones del Convenio en la práctica y lamenta tomar nota de que el Gobierno sigue sin enviar sus comentarios. Tomando nota especialmente con preocupación de la persistencia de numerosos y graves alegatos de actos de discriminación antisindical y de injerencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien garantizar que los hechos denunciados desde 2010 por las diferentes observaciones de la CSI, de la Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT), hayan sido o sean objeto de investigaciones por parte de las autoridades públicas. La Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien enviar informaciones a este respecto.

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. En consecuencia se ve obligada a renovar sus comentarios anteriores, formulados inicialmente en 2012.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que ciertos comentarios presentados por organizaciones sindicales internacionales concernían en particular al hecho de que: 1) con arreglo a la Ley sobre Conflictos Sindicales se deniega a algunas categorías de trabajadores el derecho de sindicación (como ocurre en el caso de los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración, de la Imprenta Oficial y la Casa de la Moneda de Nigeria, de los servicios penitenciarios y del Banco Central de Nigeria) que, por lo tanto, se van privados del derecho de negociación colectiva; 2) sólo los trabajadores no calificados están protegidos por la Ley del Trabajo contra la discriminación antisindical por parte de su empleador; 3) todo acuerdo sobre salarios deberá registrarse en el Ministerio de Trabajo, que decide si el acuerdo se convierte en vinculante de conformidad con las leyes sobre la Junta Salarial y el Consejo del Trabajo y con la Ley sobre Conflictos Sindicales (es un delito que un empleador conceda un aumento general o porcentual de los salarios sin la aprobación del Ministro); 4) el artículo 4), e), del decreto de 1992, sobre zonas francas de exportación dispone que los conflictos «empleador-empleado», no son asuntos de los que tengan que ocuparse los sindicatos, sino las autoridades que gestionan esas zonas, y 5) el artículo 3, 1), del mismo decreto, dificulta mucho que los trabajadores constituyan sindicatos o se afilien a los mismos, puesto que es casi imposible que los representantes de los trabajadores puedan acceder libremente a las zonas francas de exportación (ZFE).

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: en cuanto al punto 1), el proyecto de ley de relaciones colectivas se ocupa de las excepciones mencionadas en relación con los derechos de sindicación y de negociación colectiva; en lo que respecta a los puntos 3) y 4), se ha iniciado el proceso de sindicación. Se citará, por ejemplo, el caso del Sindicato Unido de Empresas Públicas, de la Administración Pública y de los servicios técnicos y de esparcimiento, que comenzó a sindicar a sus afiliados en las ZFE. La Comisión toma nota de estas informaciones.

En relación con el punto 2), la Comisión había tomado nota de un alegato similar y más reciente realizado por la CSI en 2009 respecto a que en el sector privado los derechos de negociación colectiva están restringidos debido a la exigencia de contar con la aprobación gubernamental para realizar convenios colectivos sobre salarios. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que esta práctica pretende garantizar que en una determinada industria no se produzcan problemas económicos indebidos, ya que generalmente los empleadores y los sindicatos pertinentes acuerdan un punto de referencia. A este respecto, la Comisión recuerda que las disposiciones legales que someten los convenios colectivos a la aprobación del Ministro del Trabajo por razones de política económica, de manera que las organizaciones de empleadores y de trabajadores no pueden fijar libremente los salarios, no son conformes al artículo 4 del Convenio sobre el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva voluntaria. La Comisión pide al Gobierno que garantice que las disposiciones pertinentes se modifican con miras a dar pleno efecto al principio de negociación colectiva libre.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo, que se elaboró con la asistencia técnica de la OIT, sigue ante la Asamblea Nacional y se transmitirá después de su aprobación. La Comisión espera que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo esté en plena conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de la nueva ley en cuanto se haya adoptado.

Por último, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a aceptar una misión de la OIT a fin de abordar las cuestiones pendientes.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro próximo, las medidas necesarias.

Países Bajos

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 31 de agosto de 2017 de la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), de la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y de la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP), en las que se refieren a las cuestiones que examina la Comisión, así como a alegatos de intimidación contra afiliados sindicales; alegatos de discriminación antisindical contra trabajadores, empleados a través de agencias, con contratos de cero horas o de duración determinada o como empleados por cuenta propia dependientes; y la presunta vulneración de los derechos de negociación colectiva de la FNV, autorizando los convenios colectivos aplicables a todos los trabajadores que han de concluir los sindicatos menos representativos o los sindicatos amarillos. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio. Adecuada protección contra los actos de discriminación antisindical distintos del despido. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que comunicara información detallada sobre las quejas y los procedimientos de discriminación antisindical en la contratación, así como sobre los resultados de los procedimientos. Además, tomando nota de la falta de información relativa a la protección contra los actos de discriminación antisindical durante el empleo (distintos del despido), la Comisión invitó reiteradamente al Gobierno a que diera inicio a discusiones con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, con miras a ampliar la protección contra los actos de discriminación antisindical de los afiliados sindicales y sus representantes. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno se limita a afirmar que se atiene a los medios de protección antes mencionados y que no se ha producido una nueva evolución. La Comisión también toma nota de las indicaciones de la FNV, según las cuales la discriminación antisindical en la contratación no se supervisa por separado y no se ha dado inicio a las discusiones con los interlocutores sociales. Con el fin de permitirle que evalúe si se confiere en la práctica una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en la contratación, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre el número de quejas de discriminación antisindical presentadas al Comité de Quejas del Código de Contrataciones, de la Asociación Holandesa de Gestión de Personal y Desarrollo Organizativo (NVP) a los tribunales o a otras autoridades competentes, la duración media de los procedimientos pertinentes y sus resultados, así como los tipos de correctivos y las sanciones impuestas en esos casos. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que entable un diálogo nacional con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, con miras a garantizar una protección integral de los afiliados y de representantes sindicales contra todos los actos de discriminación antisindical, incluso durante el empleo (como los traslados, la reubicación, el descenso de grado o la privación o restricción de la remuneración, de las prestaciones sociales o de la formación profesional).

Artículo 4.  Fomento de la negociación colectiva. La Comisión solicitó con anterioridad al Gobierno que comunicara información sobre los resultados del proceso judicial iniciado por una afiliada de la FNV contra el Gobierno, debido a una opinión publicada por la Autoridad de la Competencia de los Países Bajos (NMA), desalentando la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo subcontratado (esto es, el trabajo realizado por personas que no trabajan necesariamente bajo la estricta autoridad del empleador y que pueden tener más de un lugar de trabajo). La Comisión toma nota de que el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), a solicitud del Tribunal de Apelaciones de La Haya, dictó una decisión prejudicial, el 4 de diciembre de 2014, en el procedimiento FNV Kunsten Informatie en Media (KIEM), frente a State of the Netherlands. El TJE en general dictaminó que el derecho de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que únicamente quedará excluida del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, la disposición de un convenio colectivo que establezca unos honorarios mínimos para el prestador autónomo de servicios que esté afiliado a una de las organizaciones de trabajadores que celebran dicho convenio y que, a través de un contrato por obra o servicio, realice para un empresario la misma actividad que los trabajadores por cuenta ajena de éste en el supuesto de que este mismo prestador sea un «falso autónomo», es decir, un prestador que se encuentra en una situación comparable a la de esos trabajadores. Corresponde al Tribunal remitente proceder a tal apreciación. La Comisión toma nota de que el Tribunal de Apelaciones de La Haya dictó posteriormente, el 1.º de septiembre de 2015, una decisión en virtud de la cual la Ley de la Competencia no impide que un convenio colectivo requiera que un empleador aplique las disposiciones del convenio colectivo a los suplentes empleados por cuenta propia (es decir, los músicos que sustituyen a los miembros de una orquesta), como se refiere en el caso específico y, en particular, que aplique determinadas tasas (mínimas).

La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma, en este sentido, que: i) la Ley de la Competencia en los Países Bajos prevé varias excepciones a la prohibición de los cárteles, una de las cuales se relaciona con los convenios colectivos laborales, siempre que sean el resultado de negociaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores y que contribuyan directamente a la mejora del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores, y ii) el TJE dictaminó que esta excepción también se aplica a los convenios colectivos de los «falsos trabajadores autónomos» (prestadores de servicios en una situación similar a la de los empleados), dado que, según el Tribunal, no se encuentra dentro del concepto de «empresarios», en virtud de la legislación europea en materia de competencia, aun cuando se trate de genuinos trabajadores autónomos, en virtud de la legislación nacional. La Comisión observa que el Gobierno concluye, de la sentencia del TJE, que los convenios colectivos para este grupo de «trabajadores autónomos», pueden realizarse en su nombre. Por otra parte, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual este caso no ha dado lugar aún a enmiendas a la legislación o a la reglamentación. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la FNV, según las cuales su afiliada FNV-KIEM, ha obtenido en un procedimiento en contra del Gobierno un resultado favorable por parte del TJE en torno a los derechos de negociación colectiva de los empleados por cuenta propia, y de que, en el caso específico, se confirió al sindicato el derecho de negociar tarifas para una gran parte de este grupo, a saber, aquellos trabajadores por cuenta propia que trabajan codo con codo con los empleados fijos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según la FNV, la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) (ex NMA), de los Países Bajos, aún se niega a reconocer ampliamente los derechos de negociación colectiva a los trabajadores por cuenta propia que trabajan codo con codo con los empleados fijos, denegando a esos trabajadores y empleados unos ingresos justos y permitiendo o incluso promoviendo la competencia desleal; y de que el Ministerio de Asuntos Sociales sigue a la ACM, sin dar ninguna consideración a los efectos de la decisión sobre los derechos de negociación colectiva.

La Comisión recuerda que el artículo 4, establece el principio de negociación colectiva libre y voluntaria y la autonomía de las partes en la negociación respecto de todos los trabajadores y empleadores comprendidos en el Convenio. En lo que atañe a los trabajadores por cuenta propia, la Comisión recuerda que, en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 209, el derecho a la negociación colectiva también debería ser aplicable a las organizaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, la Comisión es consciente de que los mecanismos de negociación colectiva aplicados en las relaciones de trabajo tradicionales, pueden no estar adaptados a las circunstancias y condiciones específicas en las que se desempeñan los trabajadores por cuenta propia. La Comisión invita al Gobierno a que celebre consultas con todas las partes interesadas, con el objetivo de garantizar que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia, puedan entablar una negociación colectiva libre y voluntaria. La Comisión considera que dichas consultas permitirán al Gobierno y los interlocutores sociales interesados identificar las modificaciones apropiadas a introducir en relación a los mecanismos de negociación colectiva, a fin de facilitar su aplicación a los trabajadores independientes, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados al respecto.

Pakistán

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que se refieren a las cuestiones relacionadas con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y los alegados despidos antisindicales, acoso y actos de injerencia, así como de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF), recibidas el 25 de octubre de 2017, que se refieren sobre todo a las cuestiones legislativas que examina la Comisión y los alegados actos de injerencia del empleador, a través de promociones indebidas sistemáticas. Además, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya transmitido sus comentarios sobre los alegatos de la CSI, de 2015, sobre los actos de discriminación antisindical y no haya respondido totalmente a los alegatos de la CSI, de 2012, de despidos antisindicales y de actos de injerencia en los asuntos internos sindicales por parte de los empleadores (intimidación y listas negras de sindicatos y sus afiliados). Tomando nota con preocupación de la persistencia y gravedad de los numerosos alegatos de actos de discriminación e injerencia antisindical, la Comisión insta al Gobierno a que comunique sus comentarios sobre las mencionadas observaciones y a que garantice que las autoridades públicas realicen investigaciones sobre los alegatos de la CSI y de la PWF correspondientes a 2012, 2015 y 2017.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. En consecuencia, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores realizados en un principio en 2016.

La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación de Empleadores de Pakistán (EFP), incluidas en la memoria del Gobierno, sobre cuestiones que están siendo examinadas por la Comisión.

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de: i) que se había promulgado la 18.ª enmienda a la Constitución, en virtud de la cual las cuestiones relativas a las relaciones laborales y los sindicatos se habían transferido de nuevo a las provincias; ii) la adopción de la Ley de Relaciones Laborales (IRA), de 2012, que regula las relaciones laborales y la inscripción de los sindicatos y de las federaciones sindicales en el territorio de la capital, Islamabad, y en los establecimientos que cubren más de una provincia (artículo 1, 2) y 3), de la IRA), cuyo contenido no aborda la mayor parte de los comentarios anteriores de la Comisión, y iii) la adopción, en 2010, de la IRA de Balochistán (BIRA), la IRA de Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA), la IRA de Punjab (PIRA), y la Ley de Relacionales Laborales en el Sindh (en su versión renovada y enmendada), todas las cuales plantean cuestiones similares a las que plantea la IRA. La Comisión toma nota de la adopción en 2013 de la Ley de Relaciones Laborales de Sindh, 2013 (SIRA), que reemplaza la legislación anterior en materia de relaciones laborales, y de la enmienda de la BIRA en 2015. Asimismo, toma nota de que el Gobierno señala que la responsabilidad para la coordinación de las cuestiones en materia laboral y para garantizar que las leyes provinciales de trabajo se redactan con arreglo a los convenios internacionales ratificados recae en el Gobierno federal.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión había tomado nota de que la IRA, la BIRA, la KPIRA y la PIRA excluyen a numerosas categorías de trabajadores (enumeradas por la Comisión en su observación en virtud de la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)) de su ámbito de aplicación y de que la BIRA excluye a los trabajadores empleados en áreas tribales. La Comisión toma nota de que la SIRA contiene las mismas disposiciones que la KPIRA y la PIRA. También toma nota de que el Gobierno indica que las exclusiones se basan en la naturaleza peculiar de las organizaciones de trabajadores y su funcionamiento, y que la lista de exclusiones se ha reducido considerablemente en comparación con la legislación anterior. La Comisión hace hincapié en que las únicas categorías de trabajadores que pueden ser excluidas del ámbito de aplicación del Convenio son el personal de las fuerzas armadas y de la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado (artículos 5 y 6 del Convenio). La Comisión también toma nota de que en su memoria con arreglo al Convenio núm. 87, el Gobierno señala que según el Gobierno de Balochistán se están proponiendo las enmiendas necesarias a la BIRA a fin de garantizar que sólo el personal de las fuerzas armadas y de la policía está excluido de su ámbito de aplicación y permitir a los trabajadores empleados en las áreas tribales administradas por las provincias disfrutar de los derechos en materia de libertad sindical. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la BIRA, en su tenor enmendado, aún excluye las áreas tribales de su ámbito de aplicación y mantiene las exclusiones enumeradas con arreglo al Convenio núm. 87. La Comisión pide al Gobierno que garantice que, al igual que los gobiernos de las provincias, toma las medidas necesarias a fin de enmendar la legislación para garantizar que los trabajadores, con la única posible excepción de las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos de la administración del Estado, disfrutan plenamente de los derechos consagrados en el Convenio.

En lo que respecta a los funcionarios públicos, la Comisión había tomado nota de que la IRA no se aplica a los trabajadores de la administración del Estado que no sean empleados como obreros (artículo 1, 3), b)) y de que la BIRA, la KPIRA y la PIRA añaden «a los trabajadores que trabajan para el ferrocarril y el servicio de correos del Pakistán». La Comisión había pedido al Gobierno que especificara las categorías de trabajadores empleados en la administración del Estado que están excluidos del ámbito de aplicación de la legislación. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 3), ii), de la SIRA contiene la misma disposición que la BIRA, la KPIRA y la PIRA. Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que personas que trabajan en la administración del Estado significa personas que trabajan en la Secretaría Federal y en diversos departamentos adjuntos así como en el Poder Legislativo Federal, y también las personas que trabajan para las secretarías civiles provinciales así como los departamentos adjuntos y los poderes legislativos provinciales. Tomando nota de que estas exclusiones estarían de conformidad con el Convenio, la Comisión observa que el hecho de que el artículo 1, 3), b), de la BIRA, la KPIRA, la PIRA y la SIRA «no se aplicará a las personas empleadas en la administración del Estado que no trabajen para el ferrocarril y el servicio de correos del Pakistán» puede implicar que se considere que ciertas personas empleadas por empresas públicas están empleadas en la administración del Estado y excluidas del ámbito de aplicación. La Comisión recuerda que la determinación de esta categoría de trabajadores tiene que realizarse caso por caso, teniendo en cuenta los criterios relacionados con las potestades de las autoridades públicas (y en particular la de imponer normas y obligaciones a los administrados, velar por su ejecución efectiva y sancionar su incumplimiento) y que debe establecerse una distinción entre, por una parte, los funcionarios que ejercen actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo en algunos países, los funcionarios públicos de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables y el personal auxiliar) que pueden estar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio y, por otra parte, todas las otras personas empleadas por el Gobierno, empresas públicas o instituciones públicas autónomas, que deberían beneficiarse de las garantías previstas por el Convenio (por ejemplo, empleados de empresas públicas, empleados municipales y empleados de entidades descentralizadas, así como los docentes del sector público). La Comisión pide al Gobierno que indique si las personas empleadas en empresas públicas están excluidas del ámbito de aplicación de la legislación en materia de relaciones laborales, y, de ser así, que especifique las categorías específicas que se encuentran excluidas así como toda legislación en vigor o prevista que les permite disfrutar plenamente de los derechos previstos por el Convenio.

Zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión recuerda que había tomado nota de que según el Gobierno se había finalizado el proyecto de reglamento sobre las zonas francas de exportación (condiciones de empleo y servicio), de 2009, en consulta con los interlocutores sociales, que se presentaría al Gabinete para su aprobación. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no transmite más información a este respecto. La Comisión insta firmemente al Gobierno a transmitir información detallada sobre el proceso llevado a cabo para adoptar el reglamento sobre las zonas francas de exportación (condiciones de empleo y servicio), de 2009, y le pide que transmita una copia de este proyecto una vez que se haya adoptado.

Artículo 1.  Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. Sector bancario. La Comisión había previamente pedido al Gobierno que modificara el artículo 27-B de la ordenanza sobre las empresas bancarias, de 1962, que impone penas de reclusión y/o multas por el ejercicio de actividades sindicales durante las horas de trabajo. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, catorce años después de su primera observación sobre esta cuestión y después de que el Gobierno haya señalado en diversas ocasiones que se estaban adoptando medidas legislativas para derogar el artículo 27-B, el Gobierno ahora afirma que esta disposición no contraviene el Convenio. La Comisión espera que la enmienda pertinente se adopte en un futuro próximo y pide al Gobierno que transmita una copia de este texto enmendado.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. La Comisión previamente tomó nota de que según el artículo 19, 1), de la IRA y el artículo 24, 1), de la BIRA, la KPIRA y la PIRA, si un sindicato es el único presente en una empresa o grupo de empresas (o sector, según la BIRA, la KPIRA y la PIRA) pero no cuenta como mínimo con la afiliación de un tercio de los empleados en nómina no será posible llevar a cabo ninguna negociación colectiva en dichos establecimientos o sectores. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que enmendara artículos similares que figuraban en la legislación anterior en materia de relaciones laborales. La Comisión toma nota de que el artículo 24, 1), de la SIRA contiene la misma disposición que la BIRA, la PIRA y la KPIRA. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que: i) el requisito mínimo de afiliación (33,3 por ciento del total de los trabajadores) se exige para promover principios democráticos a fin de fomentar un sindicalismo saludable y popular; ii) habida cuenta de que el Pakistán tiene un sistema de relaciones laborales en el que después de haber sido elegido como agente de negociación colectiva un sindicato recibe el derecho exclusivo de representar a todos los trabajadores, los derechos de negociación colectiva no pueden otorgarse a ningún sindicato sólo sobre la base del número de afiliados si no se realiza un proceso de referéndum, y iii) el Gobierno de Balochistán y el Gobierno de Sindh han informado de que están realizando consultas con sus respectivos departamentos jurídicos provinciales. La Comisión recuerda que el establecimiento de umbrales de representatividad para designar un agente exclusivo para la negociación de convenios colectivos aplicables a todos los trabajadores de un sector o de un establecimiento, es compatible con el Convenio cuando las condiciones impuestas no constituyan en la práctica, un obstáculo para la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. A este respecto, la Comisión considera que cuando ningún sindicato de una unidad de negociación específica reúna el porcentaje de representatividad exigido para poder negociar en nombre de todos los trabajadores, las organizaciones sindicales minoritarias deberían poder negociar, de manera conjunta o separada al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que si ningún sindicato reúne el porcentaje de representatividad exigido para ser designado como agente de negociación colectiva, los derechos de negociación colectiva se otorgan a los sindicatos existentes para que puedan negociar, de manera conjunta o separada, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión subraya la importancia de que los gobiernos de las provincias adopten medidas en la misma dirección.

La Comisión había tomado nota de que: i) los delegados sindicales serán designados (por un agente de negociación colectiva), o elegidos (a falta de agente de negociación colectiva), en cada empresa que emplea a más de 50 trabajadores (25 trabajadores, en el caso de la IRA), para que actúen como enlaces entre los trabajadores y el empleador, para ayudar a la mejora de las disposiciones sobre las condiciones físicas del trabajo y para ayudar a los trabajadores a resolver esos problemas (artículos 23 y 24 de la IRA, 33 de la BIRA, 29 de la KPIRA y 28 de la PIRA); ii) los consejos de trabajo (órganos bipartitos) que se establecen en cada empresa que emplea a más de 50 trabajadores tienen múltiples funciones (artículos 25 y 26 de la IRA, 39 y 40 de la BIRA, 35 y 36 de la KPIRA y 29 de la PIRA) y sus miembros son nombrados por un agente de negociación colectiva o, a falta de agente de negociación colectiva, elegidos (PIRA) o «escogidos de la manera prescrita entre todos los trabajadores de la empresa» (IRA, BIRA y KPIRA); iii) la dirección de la empresa no debe tomar ninguna decisión relativa a las condiciones de trabajo sin el asesoramiento correspondiente de los representantes de los trabajadores, que pueden ser nombrados (por un agente de negociación colectiva) o ser elegidos (a falta de un agente de negociación colectiva) (artículo 27 de la IRA, 34 de la BIRA, 30 de la KPIRA y 29 de la PIRA), y iv) los órganos de gestión conjunta fijarán los pagos por el empleo y por la producción por piezas, planificarán la reagrupación o traslado de trabajadores, establecerán los principios de remuneración e introducirán métodos de remuneración, etc. (estas funciones las realizan los consejos de trabajo con arreglo a la PIRA) (artículos 28 de la IRA, 35 de la BIRA, y 31 de la KPIRA). La Comisión había pedido al Gobierno que garantizara que junto con los gobiernos de las provincias adoptaría las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de garantizar que la posición de los sindicatos no se vea socavada por la existencia de otros representantes de los trabajadores, especialmente cuando no existe un agente de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que los artículos 28, 29 y 30 de la SIRA contienen las mismas disposiciones que la PIRA. También toma nota de que el Gobierno indica que: i) la posición de un sindicato único que tenga menos del 33 por ciento de los trabajadores afiliados no se ve socavada por entidades de delegados sindicales, representantes de los trabajadores o de gestión conjunta; ii) los trabajadores de esas entidades son elegidos a través de una votación secreta y un sindicato puede hacer campaña entre los trabajadores para que voten por sus miembros a fin de poder tener la representación más elevada en esas entidades, y iii) además, esas entidades funcionan incluso cuando existe un agente de negociación colectiva. La Comisión considera que, cuando no existe un agente de negociación colectiva, el hecho de que el sindicato pueda intentar persuadir a los trabajadores durante las elecciones para que voten por sus miembros a fin de estar representado en las entidades antes mencionadas no elimina el riesgo de que el sindicato se vea socavado por los representantes de los trabajadores; además, en el caso del consejo laboral, sus representantes no son elegidos sino «escogidos de la manera prescrita entre todos los trabajadores de la empresa» lo cual agrava el riesgo de que el sindicato se vea socavado por los representantes de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que garantice que junto con los gobiernos de las provincias adopta las medidas necesarias para garantizar que, a falta de un agente de negociación colectiva, los representantes de los trabajadores que están en las entidades antes mencionadas no sean arbitrariamente elegidos y que la existencia de representantes electos de los trabajadores no se usa para socavar la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes.

Conciliación obligatoria. Habiendo tomado nota de que la ley exige la conciliación obligatoria en el proceso de negociación colectiva, la Comisión había observado que el conciliador será designado directamente por el Gobierno (artículos 43 de la BIRA, 39 de la KPIRA y 35 de la PIRA) o por una comisión cuyos diez miembros serán designados por el Gobierno, de los cuales tan solo uno representará a los empleadores y otro a los sindicatos (artículo 53 de la IRA). La Comisión subrayó que el sistema de nombramiento del conciliador y la composición de la comisión podrían plantear cuestiones sobre la confianza de las partes en el sistema. La Comisión toma nota de que el artículo 36 de la SIRA contiene las mismas disposiciones que la BIRA, la KPIRA y la PIRA. Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que: i) el trabajo del conciliador se inicia después de que se le remita un conflicto laboral con arreglo a la legislación en materia de trabajo y que a partir de ese momento un funcionario gubernamental que se supone que es neutral tiene que esforzarse por ayudar a las partes a encontrar una solución amistosa, y ii) incluir a cualquiera de los interlocutores sociales en el nombramiento del conciliador puede poner en entredicho la neutralidad de éste y redundar en problemas jurídicos. La Comisión considera que los procedimientos de resolución de conflictos no sólo deben ser estrictamente imparciales sino parecerlo tanto a los empleadores como a los trabajadores interesados. La Comisión pide al Gobierno que garantice que junto con los gobiernos de las provincias adopta las medidas necesarias para garantizar que existe un mecanismo imparcial de conciliación que tenga la confianza de las partes, por ejemplo asegurando que no haya oposición por parte de los interlocutores sociales en el nombramiento de sus conciliadores.

En relación con el artículo 6 de la IRA, la Comisión se refiere a los comentarios realizados en la solicitud directa con arreglo al Convenio núm. 87.

La Comisión espera que se adopten todas las medidas necesarias para poner la legislación nacional y provincial en plena conformidad con el Convenio y pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión saluda el proyecto de la OIT financiado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para apoyar a los países beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas (SPG)+ con miras a la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo dirigidas a cuatro países y, en particular, al Pakistán. La Comisión confía en que el proyecto ayude al Gobierno a abordar las cuestiones planteadas en esta observación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Federación de Rusia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión recuerda que había pedido anteriormente al Gobierno que proporcionara sus comentarios sobre las observaciones de 2012, 2014 y 2015 realizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), que se referían a casos de discriminación antisindical, a la injerencia por los empleadores en los asuntos internos de los sindicatos y a la denegación de la negociación colectiva. La Comisión lamenta profundamente tomar nota una vez más de que el Gobierno no ha suministrado información en respuesta a las numerosas alegaciones de violación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo de la Federación de Rusia (KTR), recibidas el 31 de octubre de 2017, que hacen referencia a las cuestiones planteadas por la Comisión más abajo y a numerosos casos de presunta violación del Convenio. Tomando nota con preocupación de la persistencia y gravedad de las numerosas alegaciones de actos de discriminación antisindical e injerencia, la Comisión insta al Gobierno a que formule sus comentarios sobre las observaciones mencionadas anteriormente y a que se cerciore de que las autoridades emprendan investigaciones de las alegaciones de la CSI y de la KTR de 2012, 2014, 2015 y 2017.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del artículo 136 del Código Penal, que penaliza los actos de discriminación, incluida la discriminación antisindical, y había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre el número de personas declaradas culpables y condenadas con arreglo a la disposición arriba mencionada, y sobre las sanciones impuestas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no existe dicha información. No obstante, el Gobierno hace referencia a dos casos en los que los tribunales han concluido la ausencia de discriminación antisindical. La Comisión toma nota, no obstante, de que, según la KTR, nadie ha sido declarado culpable ni condenado con arreglo al artículo 136 del Código Penal; además, no se han emprendido acciones judiciales contra nadie por violación de los derechos sindicales, incluidos actos de discriminación sindical e injerencia, en general.

En relación con esto, la Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, la Comisión había lamentado profundamente la falta de progresos en la aplicación de una propuesta elaborada por la KTR y la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR), tras una misión de asistencia técnica de la OIT en el marco del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2758, en 2011, que los representantes gubernamentales y de los empleadores habían acordado examinar en el marco de la Comisión Tripartita para la Regulación de las Relaciones Sociales y Laborales de la Federación de Rusia (RTK). La Comisión recuerda que esta propuesta hace referencia a la necesidad de redactar disposiciones legislativas concretas para que la protección contra las violaciones de los derechos sindicales, en general, y la discriminación antisindical, en particular, sea más eficaz, y propone crear un órgano con un mandato específico para que examine los casos de violación de los derechos sindicales, incluida la discriminación antisindical (dicho mandato también puede ser desempeñado por un organismo existente). La propuesta insta asimismo a impartir formación a los órganos y tribunales pertinentes en materia de libertad sindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas recomendaciones fueron examinadas en 2013 por un grupo de trabajo tripartito de la RTK y que, en diciembre de 2016, se incluyeron en el plan de acción para 2017. El Gobierno señala asimismo que se han adaptado una serie de actos jurídicos orientados a la creación de alianzas sociales, que se han enmendado varias leyes y que se han realizado una serie de actividades para promover las alianzas sociales a nivel regional. La Comisión toma nota de la indicación de la KTR de que había procurado idear junto con la Oficina del Fiscal una posible manera de afrontar las violaciones de los derechos sindicales, en particular por lo referente a la discriminación antisindical y la injerencia, en vano. La Comisión toma nota asimismo de las estadísticas recabadas por la KTR sobre las presuntas violaciones del Convenio en 2016-2017. La Comisión lamenta profundamente tomar nota una vez más de la falta de progresos en lo que respecta a la puesta en práctica de la propuesta de KTR-FNPR y, en particular, a la redacción de disposiciones legislativas específicas que protejan a los trabajadores contra la discriminación antisindical, y de la ausencia de compromiso de las autoridades competentes para abordar las cuestiones de la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que ponga en práctica, en consulta con los interlocutores sociales y sin dilación, las propuestas con las que había expresado su acuerdo anteriormente. Pide al Gobierno que proporcione información sobre la evolución a este respecto. La Comisión recuerda asimismo al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con esto.

Artículo 4.  Partes en la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 31 del Código del Trabajo, cuando el sindicato de una empresa representa a menos de la mitad de los trabajadores de dicha empresa, otros representantes no sindicados podrían representar los intereses de los trabajadores. Habida cuenta de que, en estas circunstancias, la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores, evitando las organizaciones de trabajadores suficientemente representativas, podría socavar el principio de que la negociación entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores debería alentarse y promoverse, la Comisión había tomado nota con preocupación de que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, el artículo 31 del Código del Trabajo no se había enmendado. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la elección de un órgano representativo distinto del sindicato principal es una medida extrema y ocurre únicamente cuando no existe una representación plena (más del 50 por ciento) de los intereses de los trabajadores por una organización sindical; así pues, el Gobierno estima que no es necesario enmendar el artículo 31 del Código. La Comisión recuerda que, en virtud del Convenio el derecho de negociación colectiva corresponde a las organizaciones de trabajadores de todos los niveles, y que la negociación entre los empleadores o sus organizaciones, con representantes de los trabajadores no sindicalizados, debería ser posible únicamente cuando no existan sindicatos en el nivel de que se trate. La Comisión pone énfasis en que, cuando exista un sindicato representativo que esté activo en la empresa o en la rama de actividad correspondiente, el hecho de autorizar a otros representantes de los trabajadores a que participen en la negociación colectiva no sólo debilita la posición del sindicato, sino que también atenta contra los derechos y los principios de la OIT en materia de negociación colectiva (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 239 y 240). La Comisión lamenta profundamente que, a pesar de sus numerosas solicitudes, el artículo 31 del Código del Trabajo no se haya enmendado. La Comisión espera que el Gobierno adopte medidas inmediatas y decisivas para enmendar el artículo 31 del Código del Trabajo, y le pide que proporcione información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Rwanda

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1988)

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, a constituir las organizaciones que estimen convenientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que revisara las disposiciones del decreto ministerial núm. 11 mencionado más abajo, a fin de garantizar que el procedimiento de registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores estuviera en plena conformidad con el Convenio:

–Antecedentes judiciales. En virtud del artículo 3, 5), del decreto ministerial núm. 11, de septiembre de 2010, para que una organización profesional de empleadores o de trabajadores sea registrada, debe estar en condiciones de probar que sus representantes no hayan sido nunca condenados por infracciones con penas de prisión iguales o superiores a seis meses. En opinión de la Comisión, no debe constituir un motivo de descalificación para el ejercicio de las funciones sindicales una condena por un acto que, por su naturaleza, no ponga en tela de juicio la integridad de los interesados y no presente verdaderos riesgos para el ejercicio de dichas funciones.

–Plazo de tramitación del registro. Según el artículo 5 del decreto ministerial núm. 11, las autoridades tienen un plazo de noventa días para realizar la solicitud de tramitación del registro de un sindicato. La Comisión recuerda que un largo procedimiento de registro constituye un grave obstáculo a la creación de organizaciones sin autorización previa, en virtud del artículo 2 del Convenio.

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado información sobre las medidas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en consulta con los interlocutores sociales, para modificar las disposiciones arriba mencionadas, con el fin de garantizar que el procedimiento de registro de las organizaciones de empleadores y de trabajadores esté en plena conformidad con el Convenio.

Derecho de los funcionarios a afiliarse a un sindicato que estimen conveniente. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la Ley núm. 86/2013, de 19 de septiembre de 2013, sobre el Estatuto General de la Administración Pública, cuyo artículo 51 reconoce el derecho de los funcionarios a afiliarse a un sindicato que estimen conveniente, había pedido al Gobierno que señalara si los funcionarios públicos, además del derecho a afiliarse a un sindicato, también gozaban del derecho a constituir un sindicato que estimaran conveniente, y que indicara las disposiciones legislativas pertinentes. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a dicha solicitud. En ausencia de una respuesta al respecto, la Comisión reitera su solicitud anterior.

Artículo 3.  Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y a formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 124 del Código del Trabajo, toda organización que solicite ser reconocida como la más representativa, deberá autorizar a la administración del trabajo a tener conocimiento del registro de sus afiliados y de sus bienes. A este respecto, el Gobierno había indicado previamente que estaba contemplándose la necesidad de modificar esta disposición, en consulta con los interlocutores sociales y ahora indica que una reunión tripartita ha decidido que el requisito de autorización debería permanecer. La Comisión toma debida nota de esta información.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Santa Lucía

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a ellas. Durante varios años, tomando nota de que los «servicios de protección» — que incluyen los servicios de lucha contra incendios y el personal de los establecimientos penitenciarios — estaban excluidos de la aplicación de la Ley de Registro, Estatus y Reconocimiento de Sindicatos y Organizaciones de Empleadores, 1999, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el derecho de sindicación al personal de lucha contra incendios y de los establecimientos penitenciarios. La Comisión toma nota de que el artículo 325 de la Ley del Trabajo, 2006, también excluye los «servicios de protección» (que según el artículo 2 de la ley incluyen los servicios de lucha contra incendios y los servicios correccionales) del ámbito de aplicación de las disposiciones de la nueva ley que se ocupan del derecho de sindicación. Al tiempo que toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la cuestión del derecho de sindicación del personal de lucha contra incendios y de los servicios penitenciarios se planteará al Ministro de Trabajo, y recordando que había señalado que en la práctica los trabajadores de estos servicios disfrutan de ese derecho, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique de qué manera se garantizan los derechos sindicales del personal de lucha contra incendios y de los servicios penitenciarios.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1, 2, 4 y 6 del Convenio. Desde hace varios años, tomando nota de que «los servicios de protección» — que incluyen los servicios de extinción de incendios y el personal de los servicios penitenciarios — habían sido excluidos de la Ley sobre el Registro, el Estatuto y el Reconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para conceder al personal de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios los derechos y garantías establecidos en el Convenio. La Comisión toma nota de que la Ley del Trabajo de 2006, que entró en vigor el 1.º de agosto de 2012, deroga la Ley sobre el Registro, el Estatuto y el Reconocimiento de las Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, de 1999. Toma nota, además, de que el artículo 355 de la Ley del Trabajo de 2006 excluye también a los «servicios de protección» (que, según el artículo 2 de la ley, incluyen a los servicios de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios) del ámbito de aplicación de las disposiciones que se ocupan del derecho de negociación colectiva en la nueva legislación. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el personal de lucha contra incendios y el personal de servicios penitenciarios se benefician en la práctica del derecho a la negociación colectiva, y que esta cuestión sería planteada ante el Ministerio de Trabajo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reconocer expresamente en la legislación el derecho a la negociación colectiva al personal de lucha contra incendios y al personal de los servicios penitenciarios.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2010. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2013 relativos a restricciones a la negociación colectiva en el sector minero. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Necesidad de adoptar medidas específicas acompañadas de sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias para proteger a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión había tomado nota de que la revisión de la legislación laboral, preparada con la asistencia técnica de la OIT, había sido sometida a reuniones tripartitas, que los comentarios tripartitos ya habían sido recibidos y que el documento había sido enviado a la asesoría jurídica. La Comisión había pedido al Gobierno que la mantuviese informada sobre todo progreso realizado en la preparación del proyecto final del documento y que le suministrase una copia de la legislación modificada tan pronto como la misma fuese adoptada. Tomando nota de que según la información anterior enviada por el Gobierno, la revisión de la legislación laboral fue sometida a la asesoría jurídica en 1995, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas necesarias a fin de adoptar la nueva legislación en un futuro próximo y que informe a este respecto.

Artículo 4.  La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los convenios colectivos que están en vigor en el sector de la educación y en otros sectores.

La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, acompañada de copias de todo texto relativo a la libertad sindical que se haya adoptado desde 1992 (año del proyecto de ley sobre relaciones laborales).

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Árabe Siria

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2016.

La Comisión tomó nota de las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la aplicación del Convenio y, en particular, de los alegatos de que, durante todo el año, se han reprimido protestas mediante métodos violentos, lo que ha provocado muertes y arrestos de personas, y que las autoridades han intentado sofocar la protesta recurriendo a la policía, a las fuerzas paramilitares, a arrestos, juicios y encarcelamientos de activistas políticos y defensores de los derechos humanos. La CSI alegó también que un número cada vez mayor de huelgas son reprimidas con violencia lo que provoca heridos y a menudo muertes. Al tiempo que toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno, la Comisión pide una vez más al Gobierno que suministre sus observaciones sobre estos graves alegatos.

Artículo 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 1 y 5, 1), 2) y 4) a 7), de la Ley del Trabajo núm. 17, de 2010, excluyen a determinados trabajadores del ámbito de aplicación de la ley (trabajadores independientes, funcionarios públicos, trabajadores agrícolas, trabajadores domésticos y categorías similares, trabajadores de asociaciones y organizaciones benéficas, trabajadores temporales y a tiempo parcial cuyos horarios de trabajo no superan las dos horas diarias). Reiterando que estos trabajadores están cubiertos por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno una vez más que señale si hay otras leyes que otorguen a estos trabajadores los derechos consagrados en el Convenio y, de no ser el caso, que adopte medidas para que la legislación reconozca a estos trabajadores los derechos consagrados en el Convenio.

Monopolio sindical. En sus observaciones anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que señalara las medidas adoptadas o previstas para derogar o enmendar las disposiciones legislativas que establecen un régimen de monopolio sindical (artículos 3, 4, 5 y 7 del decreto legislativo núm. 84; artículos 4, 6, 8, 13, 14 y 15 del decreto legislativo núm. 3, por el que se enmienda el decreto legislativo núm. 84; el artículo 2 del decreto legislativo núm. 250, de 1969, y artículos 26-31 de la ley núm. 21, de 1974). La Comisión tomó nota de que, desde una perspectiva organizativa, el movimiento sindical está unido en virtud de las decisiones adoptadas por las confederaciones sindicales, y que la Constitución (artículo 8) reconoce el pluralismo político. En ausencia de la memoria del Gobierno, la Comisión pide una vez más al Gobierno que señale las medidas adoptadas o contempladas para derogar o enmendar las disposiciones legislativas que establecen un régimen de monopolio sindical, de una manera que permita el pluralismo político.

Artículo 3.  Administración financiera de las organizaciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para modificar el artículo 18, a), del decreto legislativo núm. 84, en su forma enmendada, por el artículo 4, 5), del decreto legislativo núm. 30, de 1982, a fin de suprimir las facultades del Ministro para establecer las condiciones y procedimientos que reglamentan la inversión de los fondos sindicales en los servicios financieros y en el sector industrial. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indica que, con arreglo a la Constitución, los sindicatos tienen derecho a supervisar e inspeccionar sus recursos económicos sin injerencia alguna a través de un organismo de supervisión e inspección elegido directamente por los sindicatos. En ausencia de la memoria del Gobierno, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 18, a), del decreto legislativo núm. 84, en su forma enmendada, por el artículo 4, 5), del decreto legislativo núm. 30, de 1982, y a que suministre información sobre todas las medidas adoptadas o contempladas a ese respecto.

Derecho de las organizaciones a elegir libremente sus representantes. En sus observaciones anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para derogar o enmendar las disposiciones legislativas que determinan la composición del congreso de la Federación General de Sindicatos (GFTU) y de la presidencia de su mesa (artículo 1, 4), de la ley núm. 29, de 1986, que enmienda el decreto legislativo núm. 84). La Comisión recuerda que corresponde a los estatutos y reglamentos sindicales establecer la composición y la presidencia de la mesa en los congresos sindicales, y que la legislación nacional debería limitarse a establecer tan solo los requisitos formales para ello, siendo así que cualquier disposición legislativa que vaya más allá de estos requisitos formales constituye una injerencia que vulnera el artículo 3 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas adoptadas o previstas para derogar o enmendar el artículo 1, 4), de la ley núm. 29, de 1986, que enmienda el decreto legislativo núm. 84, y a que comunique información sobre cualquier novedad legislativa a ese respecto.

Derecho de las organizaciones a formular sus programas y organizar sus actividades. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que señalara los progresos realizados con respecto a la adopción de los proyectos de enmienda de las disposiciones legislativas que limitan el derecho de huelga mediante la imposición de severas sanciones que incluyen la reclusión (artículos 330, 332, 333 y 334 del decreto legislativo núm. 148, de 1949, que promulga el Código Penal). La Comisión observó además que, en el capítulo sobre conflictos colectivos laborales de la Ley del Trabajo, no se hacía referencia alguna a la posibilidad de que los trabajadores ejerzan el derecho de huelga, y observó que el Gobierno señala que la GFTU está trabajando para modificar la Ley del Trabajo con objeto de asegurar su coherencia con los artículos de la Constitución que garantizan el derecho de huelga a los trabajadores. Teniendo en cuenta que el Gobierno no facilita la memoria, la Comisión expresa una vez más la confianza de que se modificará la ley para ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio, y pide al Gobierno que transmita información sobre toda evolución a ese respecto.

Mientras que reconoce la complejidad de la situación en el terreno debido al conflicto armado y a la presencia de grupos armados en el país, la Comisión confía en que el Gobierno hará todos los esfuerzos para asegurar que su derecho y práctica sean conformes al Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Somalia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2014)

La Comisión toma nota con preocupación de que nuevamente no se ha recibido la primera memoria del Gobierno.

La Comisión tomó nota de las observaciones de 2015 de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU), alegando restricciones en el ejercicio de los derechos sindicales, en particular en los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, así como actos repetidos de acoso contra sindicalistas. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, en relación con las mismas cuestiones que, mientras tanto, han sido examinadas por el Comité de Libertad Sindical en un caso presentado por la FESTU (caso núm. 3113). A este respecto, la Comisión toma nota de que en sus últimas conclusiones el Comité de Libertad Sindical se refirió a la comunicación de septiembre de 2017 en la que el Gobierno: i) reconocía que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había solicitado el asesoramiento del Fiscal General sobre el caso y que éste escribió a los ministerios pertinentes y orientó a las autoridades interesadas para que cumplieran las recomendaciones del Comité; ii) reconocía a la FESTU, dirigida por el Sr. Omar Faruk Osman, como la organización de trabajadores más representativa del país; iii) indicaba que estaba tratando de resolver las diferencias políticas entre la FESTU y los responsables de la formulación de políticas en el seno del Gobierno, y iv) solicitaba la asistencia de la OIT para facilitar un diálogo constructivo y encontrar una solución armoniosa a este conflicto de larga data (véase 383.er informe, caso núm. 3113). La Comisión saluda el compromiso del Gobierno de intentar buscar soluciones con la asistencia de la Oficina. La Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para transmitir sin demora su primera memoria sobre la aplicación del Convenio así como información sobre progresos significativos en relación con las cuestiones planteadas por la CSI y la FESTU.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2014)

La Comisión toma nota con preocupación de que, una vez más, la primera memoria del Gobierno no se ha recibido.

La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU), de 2015, que denunciaba la injerencia de las autoridades en las actividades sindicales y el acoso de los dirigentes sindicales, en especial en el sector de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, referentes a las mismas cuestiones, que entretanto han sido examinadas por el Comité de Libertad Sindical en un caso presentado por la FESTU (caso núm. 3113). A este respecto, la Comisión toma nota de que en sus últimas conclusiones, el Comité de Libertad Sindical se refirió a una comunicación de septiembre de 2017, en la que el Gobierno: i) reconocía que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales había solicitado el asesoramiento del Fiscal General del Estado sobre el caso, y que este último había escrito a los Ministerios pertinentes y había orientado a las autoridades competentes para que cumplieran las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical; ii) reconocía que la FESTU, dirigida por el Sr. Omar Faruk Osman, era la organización de trabajadores más representativa en el país; iii) indicaba que estaba tratando de resolver las diferencias políticas entre la FESTU y los responsables de las formulaciones de políticas en el Gobierno, y iv) solicitaba la asistencia de la Oficina para facilitar un diálogo constructivo y hallar una solución a este conflicto de larga data de forma armoniosa (véase 383.er informe del Comité de Libertad Sindical, noviembre de 2017, caso núm. 3113). La Comisión acoge con agrado el compromiso del Gobierno de tratar de hallar soluciones en relación con las graves alegaciones de violación de los derechos sindicales en el sector de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación, con la asistencia de la Oficina, y confía en que el Gobierno tomará también todas las medidas necesarias para proporcionar sin demora su primera memoria sobre la aplicación del Convenio, así como información sobre los progresos significativos realizados en relación con las cuestiones planteadas por la CSI y la FESTU.

Turquía

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de Internacional de la Educación (IE) y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de la Ciencia de Turquía (EGITIM SEN), y de la respuesta del Gobierno al respecto, así como de las observaciones de la Confederación Internacional de Sindicatos (CSI) y del informe de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DİSK) adjuntas a la anterior, recibidas el 1.º de septiembre de 2017 sobre cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación y de la respuesta del Gobierno a las mismas. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TİSK) transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 31 de agosto de 2017, de la respuesta del Gobierno al respecto, y de las observaciones de la TİSK, la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), y la Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye Kamu-Sen), comunicadas con la memoria del Gobierno y la respuesta del Gobierno al respecto. Por último, la Comisión toma nota de la detallada respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2015 en las que se alegan violaciones del Convenio en la práctica.

Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicase la manera en que las organizaciones de trabajadores que representan al personal de establecimientos penitenciarios pueden participar en la negociación de los convenios colectivos que abarcan a sus miembros. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el personal penitenciario al igual que otros funcionarios públicos está amparado por los convenios colectivos concluidos en la función pública, aunque, en virtud del artículo 15 de la ley núm. 4688 no gozan del derecho de sindicación. Recordando que todos los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado deben disfrutar de los derechos consagrados en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, incluida la revisión legislativa del artículo 15 de la ley núm. 4688 con miras a garantizar que el personal de los establecimientos penitenciarios pueda ser efectivamente representado en las negociaciones colectivas que les afecten por las organizaciones que estimen conveniente.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. En el seguimiento de las conclusiones, de junio de 2013, de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, la Comisión pidió al Gobierno que estableciera un sistema de compilación de datos en materia de discriminación antisindical tanto en el sector privado como en el público. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno, según la cual, en el marco del proyecto «Mejorar el diálogo social en la vida laboral» que está aplicándose con la asistencia técnica de la Oficina, se ha previsto establecer tal sistema de datos y proporcionar acceso a la información con miras a garantizar la protección contra la discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión saluda la respuesta del Gobierno a los alegatos de discriminación antisindical planteados por la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK) en relación con el nombramiento de los directores de institutos de enseñanza, según la cual, después de que el Consejo de Estado decidió la suspensión de algunas de las disposiciones del reglamento aplicable, se adoptó un nuevo reglamento que regirá tales nombramientos. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los progresos realizados en el establecimiento de un sistema para la compilación de datos sobre la discriminación antisindical, tanto en el sector privado como en el sector público y que comunique el texto de la decisión del Consejo de Estado y del último reglamento para el nombramiento de los administradores de los institutos de enseñanza.

Artículos 1, 2 y 3.  Despidos masivos en el sector público en virtud de los decretos del estado de emergencia. La Comisión toma nota de las observaciones del EGITIM SEN y la DİSK denunciando los despidos antisindicales de un gran número de sus afiliados y dirigentes en virtud de los decretos de emergencia emitidos tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016, en los sectores de la enseñanza y en los municipios, respectivamente. Además, la Comisión toma nota de que sus afiliados han sido el blanco de medidas de suspensiones y despidos debido a su vinculación a los sindicatos afiliados a sus confederaciones (KESK y DİSK) y el EGITIM SEN alega que los directores de muchas instituciones públicas formularon acusaciones falsas contra sus afiliados y dirigentes que tuvieron como consecuencia el despido y la suspensión de los mismos, con el fin de debilitar las organizaciones sindicales favoreciendo a los sindicatos denominados «partidarios». En consecuencia, 1 959 afiliados de la DİSK Genel-İş fueron presuntamente despedidos de los municipios por decreto o decisiones de los comisarios designados para sustituir a los alcaldes destituidos, y 1 564 afiliados del EGITIM SEN, incluidos tres miembros de la junta directiva y 169 miembros de las juntas locales también habrían sido despedidos desde la declaración del estado de emergencia. Ambas organizaciones señalan que las personas afectadas no tuvieron posibilidad alguna de impugnar dichas decisiones. La Comisión también toma nota de que el DİSK indica que los tribunales administrativos y el Tribunal Constitucional se declararon incompetentes para examinar los casos contra los despidos ordenados por los decretos de emergencia, y que si bien se estableció «una comisión para examinar las prácticas del estado de emergencia», el grupo especial de trabajo constituido para examinar dichos casos carece de los recursos suficientes para examinar la gran cantidad de casos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la DİSK y del EGITIM SEN señalando que tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016, se declaró el estado de emergencia, de conformidad con la Constitución, para eliminar la amenaza contra el régimen democrático, y se dictaron los decretos de estado de emergencia para cesar a los miembros de las organizaciones vinculados o afiliados a la Organización Terrorista Fethullahist Estructura Paralela del Estado (FETO/PSS), de las instituciones estatales. El Gobierno se refiere en particular al artículo 4 del decreto-ley núm. 667 que dispone que todos los funcionarios públicos que se consideren afiliados, miembros o en conexión con organizaciones y grupos terroristas designados por el Consejo Nacional de Seguridad como participantes en actividades contra la seguridad nacional serán despedidos del servicio público de conformidad con las sanciones judiciales y disciplinarias, como una medida extraordinaria y definitiva, destinada a erradicar a las organizaciones terroristas y otras estructuras que se considera que actúan contra la seguridad nacional. El Gobierno indica, sin embargo, que se ha establecido una comisión de revisión de las medidas tomadas en virtud del estado de emergencia, a fin de examinar y evaluar, entre otros, las solicitudes de las personas destituidas o dadas de baja de sus funciones así como de sindicatos, federaciones y confederaciones disueltas directamente en virtud de los decretos del estado de emergencia. El mandato de la comisión es de dos años de duración, prorrogable un año más. Está integrada por siete miembros y tiene facultades para obtener toda documentación e información necesaria de las instituciones pertinentes, a condición de respetar el secreto de las investigaciones y secretos de Estado. Las decisiones de la comisión de revisión se adoptan por mayoría de votos. Para los despidos pronunciados por los decretos anteriores, las solicitudes deben presentarse dentro de un plazo de sesenta días a partir de una fecha fijada por el Gobierno y dentro de un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor de los futuros decretos que ordenen ulteriores destituciones. Los recursos de nulidad de las decisiones de la comisión de revisión pueden presentarse ante los tribunales administrativos de Ankara y se decidirán por el Consejo Superior de la Magistratura y de la Fiscalía. El Gobierno indica también que los miembros del Poder Judicial destituidos por las decisiones de los tribunales superiores tienen derecho a presentar un recurso ante el Consejo de Estado.

La Comisión desea subrayar que la protección contra la discriminación antisindical otorgada a los trabajadores en virtud del Convenio así como por los demás convenios fundamentales de la OIT y otros instrumentos de derechos humanos, permanece válida en todas las circunstancias políticas. Sin embargo, en circunstancias de suma gravedad, determinadas garantías pueden ser suspendidas temporalmente a condición de que toda medida que afecte la aplicación del Convenio sea limitada en su alcance a lo estrictamente necesario para hacer frente a la situación en cuestión. A este respecto, la Comisión toma nota con profunda preocupación que los despidos realizados en el marco de los decretos de emergencia no garantizaron a los trabajadores afectados el derecho a defenderse y que también equivalen a la pérdida del derecho de acceso al empleo en la función pública para los afiliados y dirigentes sindicales que resultaron afectados. Al tomar debida nota de la gravedad del contexto tras el intento de golpe de Estado, la Comisión considera que, debido a la falta de garantías de audiencia y defensa de las personas sancionadas, y de la pérdida consecutiva del derecho de acceso al empleo en la función pública, los decretos antes mencionados claramente no permiten garantizar que los despidos de los miembros y el personal permanente de los sindicatos no se hayan decidido en razón de su afiliación sindical y que no constituyen actos de discriminación antisindical en el sentido del Convenio. La Comisión observa que el Gobierno ha establecido una comisión ad hoc competente para revisar los despidos basados directamente en los decretos del estado de emergencia, que deberá tratar todos los casos en dos o incluso tres años, durante los cuales los sindicalistas despedidos seguirán estando privados de su trabajo y del derecho de acceso a la función pública. La Comisión toma nota con preocupación de dicha situación, así como de los alegatos de que, aprovechando la carencia de medios procesales para impugnar los despidos en virtud de los decretos del estado de emergencia, determinados administradores formularon falsas acusaciones contra sindicalistas con objeto de provocar su despido, y de favorecer a otros sindicatos. La Comisión desea subrayar que tales prácticas, de ser probadas, constituirían actos de injerencia en violación del artículo 2 del Convenio y no pueden justificarse por la invocación de un estado de emergencia. Al tiempo que toma debida nota del hecho de que Turquía se encontraba en un estado de crisis nacional aguda tras la tentativa de golpe de Estado, en virtud de lo antes expuesto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a garantizar que la comisión ad hoc establecida para revisar los despidos sea accesible para todos los afiliados sindicales que desean utilizarla, y de que se le asigne la capacidad, recursos y tiempo adecuado para llevar a cabo rápidamente el proceso de revisión de manera pronta, imparcial y expedita. Además, la Comisión pide al Gobierno que garantice que no recaiga exclusivamente en los sindicalistas despedidos la carga de probar que los despidos son de índole antisindical, y que se requiera a los empleadores o a las autoridades pertinentes que demuestren que la decisión de despedirlos estuvo basada en otros motivos graves. En el caso de que establezca que el despido de los sindicalistas se ha basado en motivos antisindicales, la Comisión espera firmemente que sean reincorporados a sus puestos e indemnizados con el pago de los salarios adeudados, manteniéndose sus derechos adquiridos. Habida cuenta de la renovación del estado de emergencia por quinta vez, el 16 de octubre de 2017, la Comisión pide también al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, en este contexto, no se despida a trabajadores por motivos de afiliación o por su participación en actividades sindicales. Además, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para prevenir y reparar todo posible abuso del estado de emergencia que tenga el efecto de interferir en las actividades y el funcionamiento de un sindicato y que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada en este sentido.

Artículo 4.  Promoción de la negociación colectiva. Negociación intersectorial. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que revisara el impacto del artículo 34 de la Ley núm. 6356 sobre Sindicatos y Acuerdos de Negociación Colectiva, que dispone que un convenio colectivo de trabajo puede cubrir a uno o más lugares de trabajo de la misma rama de actividad, y que considerase la posibilidad de su enmienda a fin de garantizar que no limite las posibilidades de las partes para concertar convenios regionales o nacionales con alcance intersectorial. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el sistema actual de negociación colectiva que conjuga múltiples niveles permite la concertación de convenios colectivos a niveles de lugar de trabajo, de empresa y de grupo, así como el marco de convenios a nivel de rama es producto de un sistema de relaciones laborales bien establecido desde hace largo tiempo en Turquía y no parece que los interlocutores sociales consideren que es necesario introducir modificaciones a este respecto. Además, la Comisión toma nota de la observación de la TİSK en este sentido, indicando que durante las fases de redacción y adopción de la ley núm. 6356, los interlocutores sociales llegaron al consenso de mantener el sistema que ha estado en vigor durante casi treinta años y que no existen limitaciones en cuanto a la legalidad de los acuerdos intersectoriales en la legislación de Turquía, y de que no hay limitaciones en la legislación de Turquía en cuanto a la legalidad de los convenios intersectoriales, como lo demuestra el hecho de que durante años las disposiciones principales de los convenios colectivos de las empresas públicas se han determinado mediante un protocolo marco concluido a nivel intersectorial. Al tomar debida nota de la información proporcionada por el Gobierno y la TİSK, la Comisión pide al Gobierno que indique si en virtud del marco jurídico actual es posible la negociación intersectorial en el sector privado a través de convenios regionales o nacionales.

Requisitos para ser agente de negociación. La Comisión toma nota de que el artículo 41, 1), de la ley núm. 6356 establece inicialmente los siguientes requisitos para ser agente de negociación colectiva: el sindicato debe representar como mínimo al 1 por ciento de los trabajadores de una determinada rama de actividad y más del 50 por ciento de los trabajadores empleados en el lugar de trabajo y el 40 por ciento de los trabajadores de la empresa cubierta por el convenio colectivo. La Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical se ha referido a la cuestión en los aspectos legislativos del caso núm. 3021 (véase 382.º informe, junio de 2017, párrafo 140-145) en relación con el impacto que la ley núm. 6356 tenía sobre el movimiento sindical el sistema nacional de negociación colectiva en su conjunto. La Comisión toma nota de que el Gobierno recuerda que por la ley núm. 6552, de 10 de septiembre de 2014, se rebajó el umbral de representatividad del 3 al 1 por ciento, que el artículo 1 complementario de la ley núm. 6356 que establecía que el umbral de representatividad del 1 por ciento de los miembros debía ser aumentado a un 3 por ciento para los sindicatos que están son afiliados a confederaciones miembros del Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue derogado por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, el umbral por rama del 1 por ciento es aplicable a todos los sindicatos. Asimismo, la Comisión saluda la indicación del Gobierno de que la ley núm. 6745 renovó las excepciones establecidas en la ley núm. 6645 para tres categorías de sindicatos previamente autorizados, exceptuándolos por tanto del umbral sectorial, y que diez sindicatos se benefician de esos cambios hasta el 6 de septiembre de 2018. Según las estadísticas proporcionadas en la memoria del Gobierno la tasa de sindicalización en el sector privado era del 11,96 por ciento en enero de 2016, 11,50 por ciento en julio de 2016, 12,18 por ciento en enero de 2017 y 11,95 por ciento en julio de 2017. La cobertura de los convenios colectivos disminuyó del 10,81 por ciento en 2014 al 9,21 por ciento en 2015. Recordando las preocupaciones expresadas por varias organizaciones de trabajadores en relación con la perdurabilidad del doble umbral y observando que la exención concedida a los sindicatos previamente autorizados es transitoria, la Comisión pide al Gobierno que siga examinando, en plena consulta con los interlocutores sociales, el impacto de mantener la imposición de un umbral sectorial en el movimiento sindical y en el mecanismo nacional de negociación colectiva y que, de confirmarse que el mantenimiento del umbral del 1 por ciento redunda en detrimento del mecanismo nacional de negociación colectiva, tome las medidas necesarias para revisar la ley con miras a eliminar dicho umbral.

En sus comentarios de 2013, la Comisión tomó nota de que el artículo 42, 3), de la ley núm. 6356, dispone que si se determina que no existe ningún sindicato de trabajadores que cumpla con los requisitos necesarios para ser autorizado a realizar negociaciones colectivas, esta información se notificará a la parte que ha realizado la solicitud de determinación de competencias; y el artículo 45, 1), dispone que un convenio concluido sin documento de autorización se considerará nulo y sin efecto. A este respecto, la Comisión recordó que si ningún sindicato alcanzaba el umbral requerido, los derechos de negociación debían otorgarse a todos los sindicatos para que, por lo menos, puedan negociar colectivamente en nombre de sus afiliados. La Comisión toma nota de las observaciones del TÜRK-IS indicando que el umbral del 50 por ciento de representatividad en el lugar de trabajo es difícil de alcanzar en un contexto en el que los sistemas de flexibilidad laboral se incrementan y tienen el apoyo de la legislación. En relación con el umbral de empresas, la Comisión toma nota de la indicación del TÜRK-IS de que en los casos en que ninguno de los sindicatos que organizan a los trabajadores en la misma empresa represente al 40 por ciento de los trabajadores, o de otro modo, en los casos excepcionales en que dos sindicatos obtienen el mismo umbral, ningún sindicato se considerará competente para desempeñarse como agente de negociación colectiva. La Comisión recuerda una vez más que en virtud de un sistema de designación de un agente exclusivo de negociación, si ningún sindicato representa el porcentaje requerido de trabajadores para ser declarado agente exclusivo de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían otorgarse a todos los sindicatos de la unidad, conjunta o separadamente, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión considera asimismo que en caso de que más de un sindicato obtenga el umbral de nivel de empresa, todos estos sindicatos deberían poder participar de la negociación colectiva voluntaria, al menos en nombre de sus propios miembros. A la luz de lo expuesto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar la legislación, en consulta con los interlocutores sociales, y que proporcione información a este respecto.

En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre la utilización de los artículos 46, 2), 47, 2), 49, 1), 51, 1), 60, 1) y 4), 61, 3), y 63, 3), que prevén diversas situaciones en las que el certificado para negociar puede ser retirado por las autoridades y que continuara revisando su aplicación con los interlocutores sociales interesados con miras a su modificación eventual, propiciando la negociación colectiva cuando las partes así lo deseen. La Comisión toma nota de la observación de la TİSK según la cual en la práctica esas disposiciones no tienen efecto negativo en el proceso de negociación colectiva debido a que los sindicatos son muy cuidadosos con las normas de procedimiento. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que estas disposiciones tienen la finalidad de garantizar, acelerar o acortar el procedimiento de negociación. Al tomar debida nota de la información proporcionada, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones acerca del diálogo en cuanto a la aplicación de esas disposiciones con los interlocutores sociales interesados así como sobre la utilización de dichas disposiciones.

Solución de conflictos laborales. En relación con la mediación, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las facultades de la autoridad competente para designar un mediador en el caso en que las partes no puedan alcanzar un acuerdo en un conflicto tienen la finalidad de impedir que las partes interrumpan el procedimiento de negociación colectiva obstaculizando el nombramiento de un mediador y que no existe una petición de los interlocutores sociales para modificar o derogar el sistema de mediación. La Comisión toma debida nota de esta información.

Artículos 4 y 6.  Negociación colectiva en la función pública. Ámbito material de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de las observaciones de la Türkiye Kamu-Sen, sobre la negociación colectiva en la función pública en virtud de la ley núm. 4688 en su forma enmendada en 2012, y la respuesta del Gobierno a las mismas, así como las observaciones de 2015 de la KESK en relación con la misma cuestión. La Comisión toma nota de que la Türkiye Kamu-Sen y la KESK subrayan que el artículo 28 de la ley núm. 4688 limita el alcance de los convenios colectivos a los «derechos sociales y pecuniarios» únicamente, excluyendo en consecuencia cuestiones tales como el tiempo de trabajo, ascenso y perspectivas de carrera profesional así como las sanciones disciplinarias. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica a este respecto que las enmiendas de 2012 al artículo 28 tenían por objeto aportar a la negociación colectiva un papel considerablemente más amplio para determinar los derechos económicos y sociales de los funcionarios públicos. El Gobierno añade, sin embargo, que cuando las partes en la negociación acuerdan la necesidad de una modificación legislativa, es necesario que se lleve a cabo de dicha manera debido a que la condición jurídica de los funcionarios públicos está regida por la legislación. La Comisión recuerda que los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado deberían gozar de las garantías del Convenio y, en consecuencia, tener la posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de empleo y las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el alcance de las cuestiones negociables que suelen ser incompatibles con el Convenio. Sin embargo, la Comisión desea asimismo recordar, que el Convenio es compatible con los sistemas que requieren la aprobación parlamentaria de determinadas condiciones o cláusulas económicas de los convenios colectivos relativos a la función pública, en la medida en que las autoridades respeten el acuerdo adoptado. Teniendo presente la compatibilidad con el Convenio de las modalidades especiales de negociación en la función pública, como se ha expuesto anteriormente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para suprimir las restricciones sobre las cuestiones sujetas a la negociación colectiva de manera que las cuestiones incluidas en las cuestiones de empleo no se excluyan del ámbito de la negociación colectiva en la función pública.

En relación con el marco jurídico establecido en la ley núm. 4688, en su forma enmendada en 2012, y su aplicación, la Comisión toma nota de las observaciones de la KESK y de la Türkiye Kamu-Sen que describen un sistema de negociación colectiva completamente centralizado. La Comisión toma nota de que de conformidad con el artículo 29 de la ley núm. 4688, la delegación de empleadores públicos (PED) y la delegación de sindicatos de funcionarios públicos (PSUD) son partes en los convenios colectivos concluidos en la función pública. Las propuestas para la sección general del convenio colectivo son elaboradas por los miembros de la confederación de la PSUD y las propuestas de convenios colectivos en cada sector del servicio son elaboradas por los sindicatos representativos de dicho sector en la PSUD. La Comisión toma nota de la observación de la Türkiye Kamu-Sen a este respecto, señalando que muchas de las propuestas de los sindicatos autorizados en el sector son aceptadas en tanto que propuestas relativas a la sección general del acuerdo, en el entendido de que deben ser presentadas por una confederación, de conformidad con las disposiciones del artículo 29. Según la Türkiye Kamu-Sen este mecanismo priva a los sindicatos sectoriales de la capacidad de ejercer directamente su derecho a efectuar propuestas.

Además, la Comisión toma nota de que las negociaciones sobre cuestiones generales y específicas por sector se llevan a cabo simultáneamente y en un procedimiento único durante un mes. A este respecto, la Comisión toma nota de la observación de la Türkiye Kamu-Sen, según la cual el hecho de que las cuestiones sectoriales específicas son evaluadas en el mismo proceso, como cuestiones relativas a todos los funcionarios públicos en un breve período de tiempo, es un factor que ejerce presión en la negociación colectiva. Además, toma nota de la observación de la KESK de que los acuerdos generales y los acuerdos específicos por sector deberían concluirse por separado. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a la observación de la Türkiye Kamu-Sen según la cual las propuestas de negociación para los sectores de servicio se discuten en las comisiones técnicas establecidas separadamente para cada sector, y que las labores de esas comisiones se lleven a cabo de manera independiente de las demás y que la conclusión de un acuerdo en un sector no implica que los demás están obligados también a concluir un acuerdo. Además, la Comisión también toma nota de que de conformidad con el artículo 29, al finalizar el procedimiento de negociación, un convenio colectivo único compuesto de una sección general y secciones sectoriales específicas es suscrito por la presidencia de la PED (Ministro de Trabajo) en nombre de la administración pública. En nombre de los funcionarios públicos, la presidencia de la PSUD (que representa la confederación que tiene mayoría de miembros en la función pública, en la actualidad la MEMUR-SEN, firma la parte general y los representantes de los sindicatos conexos firman las partes específicas por sector. En caso de que fracasaran las negociaciones, las mismas autoridades que tienen derecho a firmar el convenio colectivo pueden presentar un recurso ante el Consejo de Arbitraje de los Funcionarios Públicos. Las decisiones del Consejo son definitivas y tendrán el mismo efecto y vigor que el convenio colectivo. La Comisión toma nota de que la Türkiye Kamu-Sen y la KESK formulan objeciones al hecho de que si bien las tres confederaciones principales con la mayoría de los miembros participan en la negociación colectiva, únicamente el representante de la confederación mayoritaria tiene derecho a firmar el convenio colectivo y presentar un recurso ante el Consejo de Arbitraje. Asimismo, la Comisión toma nota de la observación de la KESK en el sentido de que la mayoría de los miembros del Consejo de Arbitraje de los Funcionarios Públicos son designados por los empleadores y el Consejo de Ministros, una circunstancia que genera dudas acerca de la independencia de este órgano.

La Comisión considera que cuando se establecen órganos paritarios en el marco de la conclusión de convenios colectivos y las condiciones impuestas por la ley para la participación de esos órganos es tal que impide al sindicato más representativo de la rama de actividad participar en la labor de esos órganos, se menoscaban los principios establecidos por el Convenio. En este sentido, la Comisión toma nota de que si bien los sindicatos más representativos de la rama están representados en la PSUD y toman parte en las comisiones técnicas sectoriales específicas, su papel en el ámbito de la PSUD está limitado debido a que no tienen derecho a formular propuestas de convenios colectivos, en particular cuando sus peticiones son calificadas como generales o relacionadas a más de un sector de servicios. La Comisión pide al Gobierno que, en lo relativo a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, garantice que la ley núm. 4688 y su aplicación se ajusten al Convenio para permitir que los sindicatos más representativos de cada rama puedan formular propuestas de convenios colectivos, con inclusión de las cuestiones que puedan afectar a más de una rama de servicio.

Asimismo, la Comisión toma nota de la observación de la KESK, según la cual en la rama de servicios de la administración local, las negociaciones entre el empleador directo (administración local) y los sindicatos que representan a los funcionarios públicos se llevaron a cabo durante un largo período de tiempo con anterioridad a las enmiendas de 2012 y resultaron en la conclusión de numerosos convenios colectivos de los que se beneficiaron decenas de miles de trabajadores, mientras como consecuencia de la aplicación del artículo 32, en su forma enmendada, de la ley núm. 4688, los acuerdos denominados de «compensación para el equilibrio social» han dejado de considerarse convenios colectivos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno a este respecto según la cual en virtud de la ley núm. 4688, el procedimiento para concluir un convenio colectivo para la rama de servicios de la administración local es el mismo que para otras ramas, y un convenio colectivo para esta rama debe ser concluido entre la PED y el sindicato mayoritario de la rama. La Comisión toma nota, en particular, de la observación del Gobierno, según la cual si los acuerdos de compensación para el equilibrio social se considerasen un «convenio colectivo» esto significaría que dos convenios colectivos se concluirán para los mismos funcionarios públicos y para el mismo período, una situación que no es posible autorizar. La Comisión toma nota de que si bien en la práctica la negociación colectiva entre el empleador y los sindicatos de trabajadores existían previamente en las ramas locales de la administración, el Gobierno considera que la ley núm. 4688 enmendada excluye la continuación de esa práctica. Recordando que durante varios años ha venido solicitando al Gobierno que garantice que el empleador directo participe en verdaderas negociaciones con los sindicatos que representan a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que indique si todas las cuestiones tratadas con anterioridad en negociaciones directas entre la administración local y las organizaciones representativas de los trabajadores aún pueden ser abarcadas por medio del sistema centralizado de negociación establecido en virtud de la legislación enmendada, y de qué manera las organizaciones que representan a los trabajadores de las administraciones locales tienen derecho a participar en las negociaciones con arreglo al nuevo sistema.

La Comisión pide además al Gobierno que dé respuesta a la observación de la KESK en relación con la independencia del Consejo de Arbitraje de los Funcionarios Públicos, habida cuenta de que la mayoría de sus miembros son designados por los empleadores y el Consejo de Ministros.

Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione de manera urgente la información solicitada acerca de los despidos masivos en el sector público mencionados anteriormente.

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del informe adjunto de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DİSK), que se recibieron el 1.º de septiembre de 2017, en relación con cuestiones examinadas por la Comisión en esta observación y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TİSK) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 31 de agosto de 2017, así como de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos de la Administración Pública (MEMUR-SEN) y la Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye Kamu-Sen) comunicadas junto con la memoria del Gobierno. La Comisión toma debida nota de la detallada respuesta del Gobierno a las observaciones de 2016 de la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK) y de la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ), comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma debida nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017 en relación con la aplicación del Convenio por Turquía. Toma nota en particular de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en las que se pidió al Gobierno que: garantizara que los representantes de los trabajadores en la empresa reciben protección frente a todo acto que pueda perjudicarlos, incluidos el despido y la detención en razón de su condición de representantes de los trabajadores o de sus actividades como tales, siempre que éstos actúen de conformidad con las leyes o los convenios colectivos vigentes u otros acuerdos, en particular durante las situaciones de emergencia; respondiera a los alegatos de los sindicatos relativos a despidos, detenciones y discriminación contra los representantes de los trabajadores tras la proclamación del estado de emergencia, y proporcionara a la Comisión de Expertos información detallada en respuesta a estas conclusiones para que sea examinada en su próxima reunión de noviembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Despidos masivos de funcionarios públicos. La Comisión toma nota de que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, los miembros trabajadores se refirieron al despido y la suspensión del servicio público de más de 100 000 empleados con arreglo a decretos de emergencia. Indicaron que los representantes sindicales en instituciones públicas han sido blanco, de forma sistemática, de acusaciones falsas que han conducido a su suspensión y despido; los motivos de despido siempre eran generales y se alegó que las personas despedidas eran miembros de una organización terrorista, o tenían vínculos o estaban en contacto con dicha organización, sin ninguna justificación individual ni prueba alguna y sin dar la oportunidad a las personas interesadas de defenderse. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Türkiye Kamu-Sen en las que se indica que un total de 48 representantes y 37 directores de sus sindicatos afiliados fueron despedidos a través de decretos por los que se declaraba el estado de emergencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, tras el intento de golpe de Estado de 15 de julio de 2016, el 21 de julio del mismo año el Consejo de Ministros declaró el estado de emergencia, que fue aprobado por el Parlamento. El Gobierno se refiere a la obligación de lealtad de los funcionarios públicos e indica que el despido y la suspensión de funcionarios públicos que se considera que están vinculados a organizaciones, estructuras, entidades o grupos terroristas que actúan en contra de la seguridad nacional, se realiza de acuerdo con la ley y los decretos con fuerza de ley. Además, el Gobierno hace hincapié en que el intento de golpe de Estado representó una amenaza grave y real no sólo para el orden democrático constitucional sino también para la seguridad nacional y, por lo tanto, fue necesario adoptar con carácter de urgencia medidas extraordinarias para eliminar la amenaza. En lo que respecta a la revisión de los mecanismos que tienen a su disposición los funcionarios públicos despedidos, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se estableció el comité de revisión de las medidas con arreglo al estado de emergencia en virtud del decreto núm. 685, de 2 de enero de 2017, a fin de revisar las decisiones relacionadas con el estado de emergencia. El comité examinará los despidos de los funcionarios públicos que aducen que han sido despedidos de manera improcedente utilizando un decreto con fuerza de ley. Los que fueron despedidos antes del 17 de julio de 2017 — fecha en la que el comité empezó a aceptar demandas — pueden presentar sus demandas hasta el 14 de septiembre y los funcionarios públicos despedidos después del 17 de julio tendrán sesenta días a partir de la fecha de su despido para presentarlas. Las decisiones del comité están abiertas a examen judicial por parte de los tribunales administrativos competentes de Ankara y la última instancia será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno también señala que los funcionarios públicos que fueron despedidos por decisión administrativa de las instituciones u organizaciones públicas tienen derecho a apelar ante los tribunales administrativos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha habido 35 000 casos en los que las decisiones de despido han sido revisadas o las órdenes de suspensión han sido levantadas como resultado de investigaciones en curso, pero no indica qué mecanismos de revisión se han utilizado. La Comisión también toma nota de las indicaciones que figuran en los informes de la DİSK y de Amnistía Internacional, transmitidos por la CSI, en relación con la capacidad y los recursos del comité de revisión. En particular, toma nota de que se indica que el comité tiene siete miembros y un mandato de dos años, y que para procesar la carga de trabajo en este tiempo tendrá que tomar cientos de decisiones al día.

La Comisión toma nota de que un gran número de trabajadores del sector público, incluido un número desconocido de representantes sindicales, fueron despedidos sobre la base de decretos de emergencia promulgados en julio, agosto y septiembre de 2016. Si bien algunos de esos funcionarios públicos fueron despedidos o suspendidos por decisión administrativa, que está sujeta a revisión por parte de tribunales administrativos, muchos otros fueron despedidos directamente como resultado de la publicación de sus nombres en listas adjuntas a los decretos de emergencia. Los despidos de estos últimos no podían ser revisados por los tribunales y no existía ningún mecanismo de revisión a este respecto hasta que se estableció un comité ad hoc de revisión que empezó a recibir demandas en julio de 2017. La Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio requiere la protección eficaz de los representantes de los trabajadores contra el despido por razón de sus actividades como representantes de los trabajadores o de su afiliación a un sindicato o su participación en la actividad sindical, siempre que actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. La Comisión también recuerda que el párrafo 6 de la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143) enumera las medidas que pueden adoptarse para garantizar la protección efectiva, incluido un procedimiento especial de recurso accesible a los representantes de los trabajadores que consideren que se ha puesto fin injustificadamente a su relación de trabajo, y prevé reparaciones eficaces en relación con los despidos injustificados. La Comisión recuerda que el Convenio no contiene ninguna disposición que permita invocar el estado de emergencia para justificar la exención a las obligaciones derivadas de él, y que circunstancias como un intento de golpe de Estado no justifican la violación del derecho de los representantes de los trabajadores a disfrutar de protección efectiva contra actos lesivos contra ellos, incluido el despido basado en su estatus o en sus actividades como representantes de los trabajadores o miembros de sindicatos o su participación en actividades sindicales. Sin embargo, en circunstancias de extrema gravedad, ciertas garantías pueden suspenderse temporalmente a condición de que se limite el alcance de la duración de las medidas que afecten a la aplicación del Convenio a lo que sea estrictamente necesario para hacer frente a la situación en cuestión. Una vez que se levante el estado de emergencia las medidas adoptadas con arreglo a éste deberán levantarse inmediatamente. La Comisión toma nota de que los funcionarios públicos despedidos, incluidos los representantes sindicales, fueron definitivamente apartados de la función pública, y los que fueron despedidos como resultado de la inclusión de sus nombres en las listas adjuntas a los decretos no tuvieron inicialmente acceso a ningún mecanismo de defensa ni mecanismo de revisión. Si bien toma nota de que la situación de Turquía después del intento de golpe de Estado fue de crisis nacional aguda, la Comisión considera que debido a la falta de garantías de audiencia y defensa de los representantes de los trabajadores sancionados, y de la pérdida consecutiva de su derecho de acceso al empleo en la función pública, los decretos antes mencionados claramente no permiten garantizar, de conformidad con el Convenio, que los despidos de los representantes de los trabajadores no se hayan decidido en razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical. La Comisión observa que el Gobierno ha establecido un comité ad hoc competente para revisar los despidos basados directamente en los decretos del estado de emergencia, que deberá tratar todos los casos en dos o incluso tres años durante los cuales los sindicalistas despedidos seguirán estando privados de su trabajo y del derecho de acceso a la función pública. Al tiempo que toma nota de que el carácter delicado de ciertos trabajos de la administración pública, tales como los que realizan los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, puede justificar que se tomen medidas más drásticas con carácter de urgencia, la Comisión considera que en lo que respecta a otras ramas de la administración pública deberían tomarse medidas para velar por que existan unas garantías mínimas de debido proceso. Al tiempo que toma debida nota de que Turquía estaba en estado de crisis nacional aguda tras el intento de golpe de Estado, y habida cuenta de que el 16 de octubre de 2017 se prolongó por quinta vez el estado de emergencia , la Comisión pide al Gobierno que garantice que los representantes de los trabajadores no son despedidos sobre la base de su condición o de sus actividades como representantes de los trabajadores o de su afiliación a un sindicato o su participación en actividades sindicales, siempre que actúen de conformidad con las leyes en vigor. En caso de que existan motivos para considerar que un representante de los trabajadores ha participado en actividades ilegales, la Comisión pide al Gobierno que vele por que se tengan todas las garantías de un debido proceso. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de representantes afectados por los despidos y de suspensiones con arreglo a los decretos de emergencia.

En lo que respecta al comité de revisión, la Comisión toma nota con preocupación de que deberá analizar una cantidad muy importante de casos dentro de dos años, período de tiempo que es relativamente corto. Recordando que, de conformidad con el artículo 1 del Convenio, los representantes de los trabajadores que consideran injustificada la terminación de su relación de trabajo deben tener acceso a unas vías de recurso efectivas, la Comisión pide al Gobierno que garantice que el comité de revisión sea accesible para todos los representantes de los trabajadores que desean utilizarlo, y de que se le asigne la capacidad, recursos y tiempo adecuados para llevar a cabo rápidamente el proceso de revisión de manera pronta, imparcial y expedita. La Comisión pide además al Gobierno que garantice que no recaiga exclusivamente en los representantes de los trabajadores despedidos la carga de probar que los despidos son de carácter discriminatorio, y que se requiera a los empleadores o a las autoridades pertinentes que demuestren que la decisión de despedirlos estuvo basada en otros motivos. Finalmente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de solicitudes presentadas por los representantes de los trabajadores afectados y procesadas por el comité de revisión y los tribunales administrativos, y que indique el resultado de esos procedimientos.

Arresto de representantes sindicales. La Comisión toma nota de los alegatos de arresto de representantes sindicales, tanto antes como después del intento de golpe de Estado, que realizaron los miembros trabajadores ante la Comisión de la Conferencia, que también figuran en las últimas observaciones de la CSI. La Comisión observa que estos alegatos tienen más relación con la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) e indica que los examinará en 2018 en sus comentarios sobre la aplicación de este Convenio.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 31 de agosto de 2017, relativas a las cuestiones examinadas por la Comisión en la presente observación. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a dichas observaciones, recibida el 24 de noviembre de 2017.

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara sus comentarios sobre las observaciones de la Alianza Sindical Independiente (ASI), recibidas en 2016, en relación con el proceso de inscripción de esta organización en el registro sindical. La Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Quejas presentadas en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Consejo de Administración estaba examinando una queja presentada, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, por varios delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2015, en la que se alegaba el incumplimiento de éste y otros convenios por la República Bolivariana de Venezuela. La Comisión toma nota de que el Consejo de Administración, en su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017), sumamente preocupado por la falta de progresos con respecto a las decisiones tomadas en sus reuniones anteriores y lamentando profundamente esta situación: i) instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a participar de buena fe en un diálogo concreto, transparente y productivo basado en el respeto por las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones laborales sólidas y estables; ii) instó por última vez al Gobierno a que institucionalizara, antes de finales de 2017, una mesa redonda tripartita para fomentar el diálogo social a fin de resolver todas las cuestiones pendientes, y a que invitara a tal efecto a una misión de alto nivel de la OIT, dirigida por la Mesa del Consejo de Administración para que se reuniera con las autoridades gubernamentales, FEDECAMARAS y sus organizaciones miembros y empresas afiliadas, así como con los sindicatos y dirigentes de todos los sectores sociales, y iii) suspendió la aprobación de la decisión relativa al nombramiento de una comisión de encuesta hasta recibir el informe de la misión de alto nivel en su 332.ª reunión (marzo de 2018).

La Comisión toma nota asimismo de que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración decidió dar por terminado el procedimiento relativo a la queja presentada en junio de 2016, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, por varios delegados trabajadores, en la que se alegaba el incumplimiento de éste y otros convenios por la República Bolivariana de Venezuela, y remitir al Comité de Libertad Sindical todas las alegaciones de la queja relativas al presente Convenio para su examen (caso núm. 3277).

La Comisión toma nota de las conclusiones y las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con los casos núms. 2254 y 3178, en los que las organizaciones querellantes son la OIE y FEDECAMARAS. La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones y las recomendaciones relativas al caso núm. 3172 presentado por una organización sindical.

Libertades públicas y derechos sindicales. Actos de violencia e intimidación contra organizaciones y dirigentes de empleadores y sindicales. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota con preocupación una vez más de la gravedad de las cuestiones planteadas por los actos de violencia, de los ataques verbales realizados por representantes de los órganos superiores del Estado y de diversas formas de intimidación y estigmatización dirigidas contra las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como contra sus dirigentes y miembros. La Comisión indicó asimismo al Gobierno que confiaba en que se establecería sin dilación la responsabilidad penal por el asesinato del dirigente sindical, Sr. Tomás Rangel, y en que se proporcionaría información sobre el resultado del procedimiento judicial. Además, la Comisión reiteró su invitación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que suministraran la información adicional que dispusieran sobre las alegaciones que habían formulado, tanto antiguas como recientes, haciendo particular referencia a las últimas denuncias de trabajadores heridos durante el ejercicio de sus actividades sindicales en 2016. La Comisión pidió al Gobierno que facilitara información detallada sobre los diversos alegatos de actos de violencia, detenciones, intimidación e injerencia mencionados en dicho comentario y en sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de que FEDECAMARAS afirma que persisten los mismos actos graves referidos en sus observaciones anteriores y denuncia la existencia de nuevos casos de igual gravedad, alegando que voceros gubernamentales continúan atacando FEDECAMARAS, así como sus miembros y dirigentes, intensificándose la campaña mediática continua y sistemática de estigmatización en su contra. FEDECAMARAS alega asimismo que el Gobierno sigue responsabilizándola de la grave crisis económica del país y vinculándola con la oposición política, que se han producido nuevas tomas de propiedades pertenecientes a dirigentes de FEDECAMARAS y que sigue deteniéndose a empleados y directivos del sector empresarial en el contexto de la aplicación arbitraria de los controles administrativos ejecutados por el Estado. La Comisión toma nota de que FEDECAMARAS denuncia también los siguientes actos perpetrados recientemente por el Gobierno: i) el ataque por grupos paramilitares (denominados «colectivos»), vinculados con el Gobierno contra la sede de una de sus organizaciones afiliadas, la Asociación de Ganaderos del Estado de Táchira (ASOGATA), el 18 de mayo de 2017, presumiéndose que el ataque se produjo porque ASOGATA había organizado, durante las protestas de mayo de 2017, la distribución gratuita de leche y queso a la población. FEDECAMARAS añade que el Gobernador del Estado de Táchira amenazó a los ganaderos participantes con la expropiación y los acusó de «terroristas y miembros de bandas criminales y paramilitares»; ii) la toma de tierras productivas (el fundo «El Gólgota») propiedad del presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA), Carlos Odoardo Albornoz, incumpliendo las recomendaciones de la misión tripartita de 2014; iii) la venta forzada de bienes por debajo de su precio en el sector textil y del calzado; iv) el decomiso de 4 millones de juguetes para distribuirlos a través de comités creados por el Gobierno, acompañado de la detención de los gerentes y empleados de la empresa en cuestión; v) la detención y el enjuiciamiento por tribunales militares de seis gerentes y un directivo de una empresa de crédito, debido a un fallo masivo en el punto de venta; vi) la ocupación arbitraria de las panaderías y la imposición de supervisión permanente por militantes del partido del Gobierno junto con organismos oficiales, y vii) la imposición de sanciones fiscales y administrativas por sumarse a un paro cívico. Asimismo, la Comisión toma nota de la alegación de FEDECAMARAS de que ha sido objeto de intimidación por el Presidente de la República por haber declinado la invitación a participar en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que FEDECAMARAS considera inconstitucional.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en la que indica que las aseveraciones de FEDECAMARAS están marcadas por intereses políticos que pretenden quebrantar la institucionalidad y desconocer los poderes públicos, apoyándose en argumentos que están fuera de contexto, infundados, manipuladores y tendenciosos. Asimismo, el Gobierno afirma por una parte que FEDECAMARAS es una organización históricamente golpista y, por otra, que si bien agrupa un número considerable de cámaras de comercio, no es la única organización que agrupe cámaras de comercio. El Gobierno añade que en Venezuela no existe ninguna política de agresión, exclusión o intimidación en contra de FEDECAMARAS, sus afiliados o sus dirigentes, y que éstos no han sido perseguidos, presionados amenazados o víctimas de ningún acto de violencia por motivo de su condición o del ejercicio de la actividad gremial. Respecto de la denuncia de ataques perpetrados por grupos paramilitares contra la sede de ASOGATA, el Gobierno indica que ha solicitado información al Ministerio Público, que la remitirá oportunamente, aunque considera irresponsable vincular a las autoridades con los autores de dichos actos. En relación con el fundo El Gólgota, el Gobierno indica que se trata de una medida de rescate prevista en la Ley de Tierras y que el término «expropiación» está utilizándose de manera inapropiada para estigmatizársele. Por último, el Gobierno subraya que las demás alegaciones se discutieron en el marco de la 329.ª reunión del Consejo de Administración y en la 106.ª reunión de la CIT. La Comisión expresa su profunda preocupación por las nuevas alegaciones formuladas por FEDECAMARAS, que se refieren a la persistencia de actos graves, incluidos ataques, intimidaciones, medidas arbitrarias, toma de tierras productivas, ocupación de empresas, inspecciones administrativas llevadas a cabo por militantes del partido de Gobierno, y actos de violencia y vandalismo contra FEDECAMARAS, sus afiliados y miembros. La Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan ejercer sus actividades de defensa de los intereses de sus miembros en un clima exento de violencia, intimidación y amenazas de cualquier tipo en particular contra las personas y organizaciones que defienden legítimamente los intereses de los empleadores o de los trabajadores en el marco del Convenio. La Comisión insta asimismo al Gobierno a que, en vista de las indicaciones ya proporcionadas y de otras que puedan aportar las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, así como de las investigaciones llevadas a cabo por los órganos competentes y de los respectivos procesos aplicables, facilite informaciones detalladas sobre las diversas alegaciones de actos de violencia, detenciones, intimidación e injerencia a los que se hace referencia en este comentario y en sus comentarios anteriores.

Observaciones de organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre el diálogo social. La Comisión toma nota de la afirmación de FEDECAMARAS de que sigue siendo excluida del diálogo social tripartito y de que el Gobierno continúa adoptando, sin consultarle, medidas unilaterales que afectan el desempeño empresarial y, en relación con esto, hace referencia a diversas medidas recientes: i) la imposición de afectar el 50 por ciento de la producción agroindustrial para ser adquirida por el Gobierno con miras a su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); ii) la aprobación del decreto núm. 2535, por el cual se crean los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), con el objetivo de supervisar y aprobar la producción, precisando que las altas autoridades del Gobierno han indicado que los sindicatos deben apoyarles y que los CPT son organizaciones que se crean y organizan bajo la disciplina de la unión cívico-militar; iii) la creación por parte del Presidente de la República del estado mayor de la clase obrera; iv) la creación de las brigadas femeninas laborales, y v) la exclusión institucional de FEDECAMARAS del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP). La Comisión toma nota asimismo de que FEDECAMARAS se refiere a la celebración de tres reuniones, en enero del 2017, y destaca que la primera reunión no tuvo un verdadero carácter de diálogo social tripartito, ya que se celebró en medio de acusaciones e intimidaciones. FEDECAMARAS indica que, a pesar del contexto, asistió a todas las reuniones. Respecto del contenido de las reuniones, FEDECAMARAS señala que se mencionaron temas salariales sin que se proporcionara información detallada, de que se solicitó al Gobierno que pusiera fin a los ataques intimidatorios para que el diálogo pudiera ser creíble, y de que expresó profunda preocupación por los ataques y las medidas arbitrarias contra el sector privado. FEDECAMARAS añade que, durante las reuniones, planteó la importancia de incorporar a los sindicatos independientes en el diálogo social, y que el Gobierno respondió a este respecto que el diálogo social sólo estaba previsto con la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) de Venezuela. La Comisión toma nota de que FEDECAMARAS se refiere asimismo a: i) el incumplimiento del plan de acción para el diálogo social que el Gobierno se había comprometido a llevar a cabo ante el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de 2016; ii) el incumplimiento del compromiso contraído por el Gobierno ante el Director General de la OIT, en noviembre de 2016, de incluir a FEDECAMARAS en las mesas redondas socioeconómicas que se celebrarían bajo los auspicios de la Santa Sede, y iii) la falta de consideración por el Gobierno de la agenda para el diálogo propuesta por FEDECAMARAS sobre temas relacionados con los temas laborales en general, la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, y los temas macroeconómicos y empresariales. La Comisión toma nota de la indicación de FEDECAMARAS de que, a pesar de todo esto, aceptó la invitación del Gobierno de celebrar una reunión el 13 de junio de 2017, pero que durante una reunión anterior, celebrada con motivo de la Comisión de Aplicación de Normas de la CIT en presencia del Director General de la OIT, había sido objeto de acusaciones graves e infundadas y había sido objeto de engaño en lo que respecta a la presencia de las organizaciones independientes de trabajadores, por lo que se negó a participar en la reunión celebrada el 13 de junio. Por último, la Comisión toma nota de la valoración general de FEDECAMARAS de que no ha existido un proceso de diálogo efectivo en los términos definidos por la OIT, de que la organización, sus dirigentes y afiliados han seguido siendo objeto de ataques intimidatorios y de que no se han cumplido las recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el Presidente de la República tiene plenas facultades para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y de que le resultan asombrosos los cuestionamientos formulados por FEDECAMARAS a este respecto. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a la posición de FEDECAMARAS de negarse a participar en la reunión del 13 de junio de 2017, en la que indica que la reunión se celebró en el marco de una situación de desestabilización que estaba gestándose en ese momento, y que ello propició un contexto para que se diera un golpe a la institucionalidad, así como el desconocimiento de las autoridades y el quebrantamiento de su autodeterminación. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) se celebraron varias reuniones, en septiembre y octubre de 2017, entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y FEDECAMARAS, y ii) en la reunión de octubre se acordó definir una agenda consensuada para el diálogo por medio de mesas de discusión a fin de discutir temas de interés común, tales como la política salarial, la estabilidad, la formación y la seguridad y la salud. Por último, la Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno de que se adoptará un enfoque positivo del diálogo y el entendimiento con el establecimiento de la mesa redonda tripartita y la visita de la misión de alto nivel de la OIT de acuerdo a la decisión del Consejo de Administración en su 331.ª reunión. La Comisión expresa su profunda preocupación por la persistente ausencia de diálogo social con FEDECAMARAS y con las organizaciones de trabajadores críticas con la política del Gobierno, lo cual se traduce en la falta de consulta a las mismas antes de la adopción de normas y decisiones públicas importantes que afectan los intereses económicos y sociales de sus miembros. La Comisión lamenta profundamente la ausencia de progresos a este respecto, a pesar de los reiterados comentarios de esta Comisión, del Consejo de Administración y de otros órganos de control de la OIT, y de los compromisos asumidos ante estas instancias por el Gobierno en los últimos años. La Comisión espera que, tal como afirmó el Gobierno, la mesa redonda tripartita mencionada en la decisión del Consejo de Administración, en su 331.ª reunión, se establecerá inmediatamente y, junto con la visita de la misión tripartita de alto nivel decidida por el Consejo de Administración, contribuirá a sentar unas bases sólidas para un diálogo respetuoso, sustancial y duradero con todas las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier avance a este respecto.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes y derecho de tales organizaciones de formular su programa de acción. Imposición por el Gobierno de órganos creados recientemente con la participación de representantes de las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que, en el marco del caso núm. 2254, el Comité de Libertad Sindical le ha remitido los aspectos legislativos del caso relativos a la creación de los CPT y de otras estructuras similares en las empresas, que afectan la libertad sindical (véase el 383.er informe del Comité de Libertad Sindical, de octubre de 2017, caso núm. 2254, párrafo 709). La Comisión observa que la figura de los CPT se creó en virtud del decreto núm. 2535, de 8 de noviembre de 2016, cuyo preámbulo y articulado establecen que: i) las autoridades tienen la obligación de organizar la clase obrera desde las mismas entidades de trabajo; ii) el objeto de los CPT consiste en impulsar la participación de la clase obrera como sujeto protagónico en la gestión de la actividad productiva, desde las entidades de trabajo públicas y privadas, y iii) los CPT tienen una composición preestablecida que comprende tres trabajadores de la empresa y cuatro miembros adicionales, incluidos representantes de la fuerza armada y las milicias bolivarianas. La Comisión toma nota asimismo de que, en el marco del caso núm. 2254, el Gobierno manifestó que: i) los CPT son una institución establecida en desarrollo de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) a fin de promover la participación de la clase obrera como sujeto protagónico en la gestión de la actividad productiva, y que ii) en ningún caso la creación de los CPT reemplaza los sindicatos o es contraria a los mismos, sino que éstos se conciben como una forma de participación protagónica de los trabajadores en la supervisión real y efectiva de los procesos productivos de sus entidades de trabajo.

Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno de que los objetivos de los CPT diferirían de los objetivos de los sindicatos, la Comisión considera que tanto la composición de estos nuevos órganos, que incluye la participación de representantes de las autoridades públicas, como la amplia definición de sus objetivos, pueden menoscabar el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes (artículo 2 del Convenio) e interferir considerablemente en el derecho de estas organizaciones de determinar libremente sus actividades y su programa de acción y, en último término, puede conducir a que los sindicatos independientes sean remplazados por estos nuevos órganos. De manera análoga, la Comisión considera que la creación de los CPT afecta forzosamente al desarrollo de las relaciones laborales colectivas entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores de conformidad con los diversos convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para eliminar, tanto en la legislación como en la práctica, la imposición de estructuras para la organización de los trabajadores que incluyan una participación de representantes de las autoridades públicas, tales como los CPT. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículos 2 y 3.  Disposiciones legislativas contrarias al ejercicio de los derechos sindicales, a la autonomía de las organizaciones, y a su derecho a organizar sus actividades con plena libertad. La Comisión recuerda que, desde hace varios años, pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, tome las medidas necesarias para revisar los siguientes aspectos de la legislación nacional con miras a ponerlos en conformidad con el Convenio:

–el artículo 388 de la LOTTT, a fin de que los sindicatos no tengan la obligación de comunicar la nómina de sus afiliados al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales;

–los artículos 367 y 368 de la LOTTT, con el fin de eliminar la imposición a las organizaciones sindicales de finalidades relacionadas con responsabilidades que son propias de las autoridades públicas;

–el artículo 402 de la LOTTT y otras disposiciones vigentes a fin de que: i) no permitan que una autoridad no judicial (como el Consejo Nacional Electoral (CNE)) decida los recursos relativos a las elecciones sindicales; ii) se elimine, tanto en la práctica como en la legislación, el principio de que la mora electoral inhabilita a las organizaciones sindicales para la negociación colectiva; iii) se elimine la obligación de comunicar al CNE el cronograma electoral, y iv) se elimine la obligación de publicar en la Gaceta Electoral los resultados de las elecciones sindicales como condición para ser reconocidas;

–el artículo 387 de la LOTTT, para que no se supedite la elegibilidad de los dirigentes al hecho de haber convocado en el plazo establecido elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra organización sindical;

–el artículo 395 de la LOTTT, a fin de eliminar la disposición de la ley que establece que el incumplimiento por parte de los afiliados y afiliadas a los aportes o cuotas sindicales no impedirá el derecho al sufragio;

–el artículo 403 de la LOTTT, a fin de que se elimine la imposición de determinados sistemas de votación a las organizaciones sindicales;

–el artículo 410 de la LOTTT, a fin de eliminar la figura del referéndum revocatorio de cargos sindicales.

–el artículo 484 de la LOTTT, con el fin de asegurar que una autoridad judicial o independiente determine los ámbitos o las actividades que no pueden estar sujetos a interrupciones durante una huelga por afectar el suministro de bienes o servicios esenciales cuya paralización cause daños a la población, y

–el artículo 494 de la LOTT, con miras a asegurar que el sistema para la designación de los miembros de la junta de arbitraje en caso de huelga en los servicios esenciales garantice la confianza de las partes en el sistema.

La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto, así como información completa sobre los alegados obstáculos y retrasos excesivos en el registro de organizaciones sindicales denunciados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), indicados en sus observaciones de 2016.

Yemen

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de los comentarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de fecha 29 de agosto de 2012, relativos al derecho de huelga que se tratan en el Informe General de la Comisión. La Comisión también toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 31 de julio de 2012, en los que se alega que en el contexto de la insurrección y el conflicto político que enfrenta el país, solamente existe una organización sindical, y además, la ley no es favorable a las actividades sindicales. Asimismo, la CSI se refiere a los docentes en huelga que fueron despedidos, los trabajadores de la sanidad en huelga que resultaron heridos, y los ataques a las oficinas del Sindicato de Periodistas de Yemen. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto.

La Ley sobre Sindicatos (2002).

Artículo 2 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión indicó que la referencia a la Federación General de Sindicatos del Yemen (GFTUY) realizada en los artículos 2 (definición de «Federación General»), 20 y 21, en la que se indica que «Todos los sindicatos generales establecen una Federación General que lleva por nombre Federación General de Sindicatos del Yemen» puede dar como resultado el imposibilitar el establecimiento de una segunda federación para representar los intereses de los trabajadores. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que: 1) nunca ha impuesto prohibición alguna en relación con las actividades sindicales; 2) la ley no estipula que la afiliación a la GFTUY sea obligatoria y existen muchos otros sindicatos que no están en la Federación, tales como el Sindicato de Médicos, el Sindicato de Farmacéuticos, los Sindicatos de Profesiones de la Educación, los Sindicatos de Periodistas y el Sindicato de Abogados; 3) no existe ningún monopolio de representación debido a que, en el marco del diálogo social, el interlocutor es el sindicato más representativo, y 4) en este momento, la GFTUY es la asociación más representativa de trabajadores. Tomando nota de que el Gobierno no se refiere a la posibilidad de que los sindicatos generales formen una federación diferente a la GFTUY, la Comisión recuerda que la unificación del movimiento sindical impuesta a través de la intervención estatal por medios legislativos va en contra del principio consagrado en los artículos 2 y 11 del Convenio. En estas circunstancias, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar la Ley sobre Sindicatos derogando la referencia específica a la GFTUY, a fin de permitir a los trabajadores y sus organizaciones constituir y afiliarse a la federación que estimen conveniente. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Además, la Comisión tomó nota de la exclusión del ámbito de la ley de los funcionarios de categorías superiores y de los gabinetes de ministros (artículo 4). La Comisión recordó que los funcionarios de categoría superior han de tener el derecho de crear sus propias organizaciones y que la legislación debería limitar esta categoría a las personas que ejercen altas responsabilidades de dirección o de definición de políticas (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 57) y pidió al Gobierno que indicase si las categorías de trabajadores mencionadas en el artículo 4 de la ley disfrutan del derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos. La Comisión se ve obligada a reiterar nuevamente su solicitud antes mencionada.

Artículo 3. En sus anteriores comentarios, la Comisión señaló que el artículo 40, b), dispone que una organización sindical puede organizar una huelga en coordinación con una organización sindical de nivel superior. La Comisión recordó que una disposición legislativa que establece que la decisión de un sindicato de primer nivel de llamar a la huelga a nivel regional deba ser aprobada por un órgano sindical de más alto nivel no está de conformidad con el derecho de los sindicatos a organizar sus actividades y a formular sus programas de acción. La Comisión pidió al Gobierno que aclarase si, en virtud del artículo 40, b), se requiere una autorización de un sindicato de nivel superior para organizar una huelga y, si ese es el caso, que tomase todas las medidas necesarias a fin de enmendar la legislación para ponerla de conformidad con el Convenio. La Comisión se ve obligada a reiterar nuevamente su solicitud antes mencionada.

El proyecto de Código del Trabajo. La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores tomó nota de que: 1) se estaba debatiendo un proyecto de Código del Trabajo y que algunas de sus disposiciones no estaban en conformidad con el Convenio; 2) con la participación activa de la OIT, el Gobierno está trabajando a fin de promulgar el nuevo Código del Trabajo, y 3) señala que el proyecto de Código ha sido transmitido al Ministerio de Asuntos Jurídicos, posteriormente será sometido por el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo al Consejo de Ministros, y después al Parlamento. La Comisión toma nota de que, debido a las circunstancias que imperan en Yemen desde 2011, la Cámara de Representantes no ha realizado reuniones para la discusión y aprobación de nueva legislación. La Comisión espera que el proyecto de Código del Trabajo será adoptado en un futuro próximo y que tendrá en cuenta sus comentarios relativos a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para enmendar o revisar las disposiciones siguientes:

–Artículo 2.  La Comisión se refirió a la necesidad de: 1) garantizar que los trabajadores domésticos, la magistratura y el cuerpo diplomático, excluidos del proyecto de Código del Trabajo (artículo 3B, 2) y 4)), puedan disfrutar plenamente de los derechos establecidos en el Convenio; 2) que considere la revisión del artículo 173, 2), del proyecto de Código del Trabajo a fin de garantizar que los menores de entre 16 y 18 años puedan afiliarse a sindicatos sin autorización de sus padres, y tomó nota con interés de la intención del Gobierno de hacerlo.

–La necesidad de que los extranjeros titulares de un pasaporte diplomático y los que trabajan en Yemen con visados políticos que están excluidos del ámbito de aplicación del Código, en virtud de su artículo 3B, 6) y amparados por leyes, reglamentos y acuerdos específicos de reciprocidad puedan en la práctica constituir las organizaciones que estimen conveniente y afiliarse a las mismas.

–Artículo 3.  La necesidad de proporcionar una lista de los servicios esenciales contemplados en el artículo 219, 3), del proyecto de Código, que faculta al Ministro a someter los conflictos al arbitraje obligatorio, que será publicado por el Consejo de Ministros una vez que se haya promulgado el Código del Trabajo.

–La necesidad de enmendar el artículo 211 del proyecto de Código del Trabajo, que dispone que la notificación de huelga debe incluir una indicación respecto a su duración para garantizar que un sindicato pueda declarar una huelga durante un plazo indeterminado.

–Artículos 5 y 6.  La necesidad de derogar al artículo 172 del proyecto de Código del Trabajo que parece prohibir el derecho de las organizaciones de trabajadores a afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y es incompatible con el artículo 66 de la Ley sobre los Sindicatos, que garantiza el derecho de afiliación a organizaciones internacionales, y la práctica actual.

La Comisión confía en que la actual reforma legislativa pondrá la legislación nacional en plena conformidad con el Convenio, de acuerdo con los comentarios antes mencionados, y pide al Gobierno que, en su próxima memoria, informe sobre toda evolución que se produzca a este respecto.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a repetir sus comentarios anteriores formulados en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Protección contra las prácticas antisindicales. Tomando nota de que la legislación prevé una protección adecuada contra la injerencia, la Comisión recuerda que durante varios años ha estado pidiendo al Gobierno que garantice que la legislación nacional prevea de forma expresa sanciones efectivas y suficientemente disuasorias que aseguren la protección de las organizaciones de trabajadores frente a los actos de injerencia por parte de los empleadores o de sus organizaciones en las actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de que el proceso de elaboración de nuevas enmiendas legislativas al Código del Trabajo estaba en curso y que el Gobierno se comprometería a incluir disposiciones relativas a la responsabilidad penal de los empleadores que cometan actos de injerencia en los asuntos sindicales a fin de poner la legislación de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que tendrá en cuenta su observación cuando se realicen las enmiendas a la ley sobre sindicatos y se complete el Código Penal. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia de los textos legislativos enmendados a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos cubiertos por el Convenio, tan pronto como se hayan adoptado.

Artículo 4.  Denegación del registro de un convenio colectivo sobre la base de la consideración de los «intereses económicos del país». La Comisión había pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar los artículos 32, 6), y 34, 2), del Código del Trabajo, de manera que la negativa a registrar un convenio colectivo sólo sea posible debido a faltas de procedimiento o porque no respeta las normas mínimas establecidas en la legislación del trabajo, pero no sobre la base de la consideración de los «intereses económicos del país». La Comisión había tomado nota de que el Gobierno reiteraba que había adoptado la propuesta de la Comisión con respecto a la enmienda del artículo anteriormente mencionado del Código del Trabajo. La Comisión confía en que las modificaciones legislativas que pidió en sus observaciones anteriores se reflejen plenamente en la nueva legislación y pide nuevamente al Gobierno que transmita una copia del proyecto del Código del Trabajo tan pronto como esté disponible la versión final.

Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en su comunicación de 31 de julio de 2012, según las cuales tanto en el sector público como en el sector privado no se permite que muchos sindicatos negocien convenios colectivos. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones al respecto.

En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitara estadísticas sobre el número de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos en comparación con el número total de trabajadores del país y había tomado nota de que el Gobierno señalaba que la información estadística solicitada sobre la negociación colectiva ya estaba disponible y sería enviada en sus próximas memorias. Al tiempo que toma nota de que según el Gobierno en el sector público existen sindicatos y en el sector privado recientemente se han establecido sindicatos en ciertas instituciones, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno transmita las estadísticas solicitadas, o al menos la información de la que disponga, junto con su próxima memoria.

Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones legales que garantizan el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no están al servicio de la administración del Estado.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Zambia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 2012, en relación con el despido de mineros que participaron en protestas y la decisión del Tribunal Supremo, de 30 de marzo de 2011 (documento 2006/HK/385) favorable a los trabajadores despedidos. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, recibidas el 1.º de septiembre de 2017, sobre cuestiones legislativas así como sobre nuevos alegatos de despidos antisindicales en la industria minera y el acoso de personal universitario sindicado. Recordando que los actos de acoso e intimidación perpetrados contra los trabajadores por motivo de su afiliación sindical o de sus actividades sindicales legítimas atentan gravemente contra los principios de libertad sindical consagrados en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Artículos 1 a 4 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical y promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que se había adoptado la Ley sobre Relaciones Profesionales y Laborales (enmienda) núm. 08 de 2008 (ILRA), añadiendo que la mayor parte de sus comentarios no se habían tenido en cuenta durante el proceso de revisión de la ley pero se tendrían en cuenta cuando se realizara una nueva revisión. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la última memoria del Gobierno no contiene información adicional a este respecto. Por consiguiente, la Comisión reitera sus comentarios anteriores sobre las siguientes disposiciones de la ILRA:

–El artículo 85, 3), de la ILRA dispone que el tribunal decidirá sobre la cuestión que se le plantee (incluidos los conflictos entre un empleador y un trabajador, así como las cuestiones que afecten a los sindicatos y a los derechos de negociación colectiva) dentro de un período de un año a partir del día en que la queja o la solicitud se le presente. La Comisión recordó que en lo que respecta a los alegatos de violación de los derechos sindicales tanto los órganos administrativos como los jueces competentes deberían estar facultados para dictar sentencia rápidamente. Si bien toma nota de que según la memoria del Gobierno el Poder Judicial intenta examinar los casos pendientes en el plazo de un año, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para reducir el período máximo en el que un tribunal debe examinar una cuestión y dictar la sentencia correspondiente.

–El artículo 78, 1), a) y c), y 4), de la ILRA permite, en ciertos casos, a las partes, remitir el conflicto a un tribunal o al arbitraje. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno las disposiciones de la ILRA relativas al arbitraje atienden a la participación de ambas partes. Al tiempo que toma nota de lo señalado por el Gobierno en relación a que el arbitraje es por naturaleza voluntario y consensuado, la Comisión quiere reiterar que sus comentarios se refieren específicamente al hecho de que ambas partes en un conflicto tienen que aceptar el arbitraje para que éste sea voluntario. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a recordar que, con arreglo al principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos, el arbitraje impuesto por la legislación, o a solicitud de una sola parte, sólo es aceptable en relación con los funcionarios públicos en la administración del Estado (artículo 6 del Convenio), los servicios esenciales en el estricto sentido del término y las crisis nacionales agudas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que considere la posibilidad de modificar las disposiciones antes mencionadas a fin de garantizar que, aparte de en los casos antes señalados, sólo pueda recurrirse el arbitraje a solicitud de ambas partes en el conflicto.

La Comisión espera firmemente que en un futuro muy próximo se adopten las enmiendas necesarias para poner la ley en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. Recordando que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos alcanzados a este respecto.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 11 (Rwanda, Sri Lanka); el Convenio núm. 87 (Argelia, Botswana, Cabo Verde, Camboya, República Centroafricana, Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, Ecuador, Eritrea, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guyana, Haití, Israel, Jamaica, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Libia, Lituania, Luxemburgo, República de Maldivas, Malí, Malta, Mauricio, México, República de Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Níger, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Papua Nueva Guinea, Reino Unido: Anguilla, Rwanda, Santa Lucía, Sierra Leona, Timor-Leste, Vanuatu); el Convenio núm. 98 (Angola, Barbados, Benin, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Gabón, Georgia, Guinea, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Libia, Lituania, Malawi, República de Maldivas, Marruecos, Mauritania, República de Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nueva Zelandia, Timor-Leste, Vanuatu); el Convenio núm. 135 (República Democrática del Congo, Dominica); el Convenio núm. 141 (Belice); el Convenio núm. 151 (Bosnia y Herzegovina, Túnez); el Convenio núm. 154 (Belice, Kirguistán, Santa Lucía, Túnez).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 87 (Islandia, Namibia); el Convenio núm. 98 (Letonia).

Trabajo forzoso

Angola

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1976)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de sanciones penales que entrañan la obligación de trabajar como castigo por haber expresado opiniones políticas o por oponerse al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en relación con las dificultades vinculadas con el contenido, la interpretación y la aplicación en la práctica de la legislación que regula el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la difamación o la injuria. Tomando nota de que el proyecto de nuevo Código Penal sigue previendo penas de prisión por los delitos de injurias y difamación, la Comisión recordó que el Convenio prohíbe obligar a trabajar a una persona, especialmente a realizar un trabajo penitenciario obligatorio, por haber expresado determinadas opiniones políticas o por oponerse al orden político, social o económico establecido. Por consiguiente, las penas de prisión, cuando entrañan una obligación de trabajar — como es el caso en Angola en virtud de los artículos 13 y 50, c), del reglamento del régimen progresivo, de 9 de julio de 1981 —, están en contradicción con el artículo 1, a), del Convenio desde el momento en que son impuestas para sancionar la expresión de opiniones políticas o la manifestación de una oposición al orden establecido. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que tuviera en cuenta las obligaciones derivadas de esta disposición del Convenio en el contexto del proceso de revisión del Código Penal y de aplicación de la legislación en vigor.

La Comisión lamenta tener que tomar nota de nuevo de que el Gobierno no transmite información alguna sobre progresos en la adopción del proyecto de nuevo Código Penal ni sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones penales que sancionan la difamación. La Comisión observa que, en el marco de la misión de promoción de los derechos humanos que se llevó a cabo en Angola en octubre de 2016, la delegación de la Comisión Africana de Derechos Humanos señaló su preocupación por el hecho de que el Código Penal siga tipificando como delito la difamación, lo que limita el derecho a la libertad de expresión, y por el impacto del decreto presidencial núm. 74/2015 relativo al registro de las organizaciones no gubernamentales sobre el derecho a la libertad sindical (comunicado de prensa de 7 de octubre de 2016). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas comparte su preocupación y señala que los defensores de los derechos humanos y los periodistas ejercen su labor en condiciones restrictivas y sufren acoso policial y judicial, incluidas detenciones arbitrarias (documento E/C.12/AGO/CO/4-5, de 15 de julio de 2016).

La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga en cuenta lo anteriormente expuesto con miras a garantizar la conformidad de las disposiciones del futuro Código Penal con el Convenio, especialmente en lo que respecta a las sanciones aplicables por el delito de difamación. Mientras tanto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, de conformidad con el Convenio, ninguna persona esté obligada a trabajar, en particular a realizar trabajo penitenciario obligatorio, por haber expresado determinadas opiniones políticas o por oponerse al orden político, social o económico establecido, ya sea en el marco del ejercicio de la libertad de expresión o del derecho de asociación. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre toda sentencia judicial relativa a los delitos de injurias y difamación, y que precise los hechos que han dado lugar a las condenas y las sanciones impuestas.

Artículo 1, c).  Imposición de trabajo obligatorio como medida de disciplina en el trabajo. Desde hace muchos años, la Comisión pide al Gobierno que modifique ciertas disposiciones del Código Penal y Disciplinario de la Marina Mercante que están en contradicción con el Convenio en la medida en que permiten imponer penas de prisión (que entrañan trabajo obligatorio en virtud de los artículos 13 y 50, c) del reglamento del régimen progresivo, de 9 de julio de 1981) por faltas disciplinarias cometidas en el trabajo que no ponen en peligro la seguridad del buque ni la vida o la salud de las personas a bordo. En virtud del artículo 132 del Código Penal y Disciplinario de la Marina Mercante el miembro de la tripulación que abandone el puerto de embarque será castigado con una pena de prisión de hasta un año; la pena puede ser de dos años si la deserción se produce en otro puerto. En virtud del artículo 137, el miembro de la tripulación que no ejecute una orden emanada de superiores jerárquicos en relación con los servicios que comprometen la seguridad del buque será castigado con una pena de prisión de uno a seis meses. Se puede castigar la simple negativa a obedecer una orden, seguida de la ejecución voluntaria de ésta; la sanción es de un máximo de tres meses de prisión. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre la Marina Mercante de 2012 (ley núm. 27/12) no ha tenido ningún impacto sobre las disposiciones antes mencionadas del Código Penal y Disciplinario de la Marina Mercante, en la medida en que no reglamenta el régimen jurídico de las condiciones de trabajo de la gente de mar (artículo 57), que deben ser objeto de una legislación especial. Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que las disposiciones antes mencionadas del Código Penal y Disciplinario de la Marina Mercante se deroguen o modifiquen a fin de que las infracciones a la disciplina del trabajo que no pongan en peligro la seguridad del buque o la vida o la salud de las personas a bordo no puedan ser sancionadas con penas de prisión. Sírvase transmitir copia de toda nueva legislación adoptada a este fin.

Artículo 1, d).  Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo por haber participado en huelgas. La Comisión señaló a la atención del Gobierno la necesidad de modificar las disposiciones del artículo 27, apartado 1, de la Ley sobre la Huelga (ley núm. 23/91, de 15 de junio de 1991) según las cuales los organizadores de una huelga prohibida, ilegal o cuyo ejercicio haya sido suspendido en virtud de la ley serán condenados a una pena de prisión y a una multa. De este artículo, se deriva, en efecto, que puede imponerse trabajo obligatorio (trabajo penitenciario obligatorio tras una condena a una pena de prisión) al organizador de una huelga prohibida, ilegal o suspendida. A este respecto la Comisión observó que la legislación prevé algunas restricciones al ejercicio del derecho de huelga que podrían permitir calificar de ilegal una acción que sería legítima según los principios de libertad sindical (véanse, en este sentido, los comentarios formulados por la Comisión acerca de la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)).

La Comisión lamenta tomar nota de nuevo de que el Gobierno no transmite información alguna sobre el estado actual del proceso de revisión de la Ley sobre la Huelga al que se había referido anteriormente. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para modificar la Ley núm. 23/91 sobre la Huelga a fin de garantizar que, de conformidad con el artículo 1, d), del Convenio, las personas que participan pacíficamente de una huelga no puedan ser sancionadas con una pena de prisión que pueda conllevar trabajo obligatorio.

Austria

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. Trabajo de los reclusos para empresas privadas. Desde hace varios años la Comisión examina la situación de los reclusos a los que se obliga a trabajar en talleres gestionados por empresas privadas dentro de las prisiones del Estado, con arreglo al artículo 46, 3), de la Ley sobre la Ejecución de Sentencias. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que los reclusos que trabajan en talleres gestionados por empresas privadas sólo son supervisados por personal penitenciario y son remunerados por la prisión. La Comisión ha señalado repetidamente que la práctica seguida a este respecto en Austria corresponde, en todos los aspectos, a lo que se prohíbe expresamente en el párrafo 2, c), del artículo 2, a saber, que una persona sea cedida a una empresa privada. En particular, tomó nota de que el Convenio no sólo cubre situaciones en las que los reclusos son empleados por empresas privadas o puestos en una situación de servidumbre en relación con empresas privadas sino también situaciones en las que los prisioneros son contratados por empresas privadas pero siguen estando bajo la autoridad y control de la administración penitenciaria.

La Comisión también tomó nota de que el Gobierno ha señalado repetidamente que los reclusos que trabajan para contratistas privados disfrutan de derechos y condiciones del trabajo similares a las que se garantizan en una relación de trabajo libremente aceptada. Además, el Gobierno señaló que sólo alrededor del 2,5 por ciento de las empresas que operan en las prisiones austriacas son privadas y que se vela por garantizar que los reclusos que trabajen en el recinto penitenciario lo hagan de forma libremente aceptada y con conocimiento de causa.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que el 1.º de enero de 2017 la remuneración del trabajo de los detenidos había aumentado un 46,9 por ciento del índice del salario estándar en comparación con el nivel del 1.º de marzo de 2000. Además, el Gobierno indica que se prevé que los presos que trabajan dentro de la prisión para empresas privadas también deben dar su consentimiento libre e informado. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que el artículo 46, 3), de la Ley sobre la Ejecución de Sentencias no se enmendó durante el período de memoria. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el documento titulado «Servicios penitenciarios en Austria», publicado por el Ministerio de Justicia en agosto de 2016, los presos sujetos a medidas cautelares de detención preventiva que son aptos para el trabajo están obligados por la ley a trabajar. Los presos obligados a trabajar tendrán que realizar el trabajo que se les asigne; sin embargo, no deben realizar trabajos que puedan poner en peligro su vida o que hagan peligrar seriamente su salud. El monto de la remuneración por su trabajo debe estar en consonancia con el salario de los trabajadores de la industria procesadora de metales establecido a través de la negociación colectiva. Sin embargo, el 75 por ciento de su remuneración se retiene como contribución a los gastos carcelarios. En promedio, los presos de las cárceles austriacas reciben cinco euros al día después de que se deduzca su contribución a los gastos carcelarios y al seguro de desempleo.

La Comisión señala de nuevo que, a falta de consentimiento voluntario de los presos interesados, los otros factores mencionados por el Gobierno no pueden considerarse indicadores de una relación de empleo libremente aceptada. La Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno el hecho de que el trabajo de los presos para empresas privadas sólo es compatible con el Convenio si no entraña trabajo obligatorio. Con este fin, se requiere el consentimiento formal, libre e informado de las personas interesadas además de otras salvaguardias que cubran los elementos esenciales de una relación de trabajo, tales como los salarios, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad social. Tomando nota de que el artículo 46, 3), de la Ley sobre la Ejecución de Sentencias sigue estando en vigor, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la manera en que se garantiza que en la práctica se obtiene el consentimiento libre e informado de los presos para trabajar en talleres de empresas privadas dentro de las prisiones. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el artículo 46, 3), de la Ley sobre la Ejecución de Sentencias se revisa a fin de ponerlo en conformidad con las prácticas indicadas por el Gobierno y los requisitos del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Azerbaiyán

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan trabajo obligatorio como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión llamó la atención del Gobierno sobre varias disposiciones del Código Penal, que prevén sanciones de trabajos correccionales o de prisión, que conllevan ambas la obligación de trabajar en virtud del artículo 95 del Código sobre la Ejecución de Sentencias. Además, estas disposiciones están redactadas de forma suficientemente amplia para prestarse a ser aplicadas como medio de castigo por expresar opiniones o puntos de vista opuestos al sistema político, social o económico establecido. Estas disposiciones incluyen:

–el artículo 147 relativo a la difamación, definida como «la difusión, mediante declaración pública […] o a través de los medios de comunicación de información falsa que desacredite el honor y la dignidad de una persona»;

–los artículos 169.1 y 233, considerados conjuntamente con los artículos 7 y 8 de la Ley sobre la Libertad de Reunión, relativos a «la organización o participación en una reunión pública prohibida» y «la organización de acciones en grupo que atenten contra el orden público», y

–el artículo 283.1 relativo a «la exacerbación de la hostilidad de índole racial o religiosa».

La Comisión se refirió anteriormente a dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dictadas en 2008 y 2010, según las cuales las penas impuestas en razón de lo dispuesto en el artículo 147 del Código Penal, que implican trabajo obligatorio, constituyen una infracción del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la libertad de expresión. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó enmiendas en 2013 para ampliar el ámbito de aplicación del artículo 147 del Código Penal, que introducen la responsabilidad penal por un delito de difamación cometido «mediante un dispositivo informativo exhibido públicamente en Internet» a pesar del compromiso del Gobierno de despenalizar la difamación. La primera sentencia que impone una pena de prisión por delito de difamación en línea fue dictada el 14 de agosto de 2013. Además, el TEDH dictó una sentencia el 22 de mayo de 2014 relativa a un caso de condena de prisión por «organizar desórdenes públicos» (artículo 233 del Código Penal), posteriormente sustituida por una acusación más grave de «disturbios públicos» (artículo 220.1 del Código), cuya finalidad consistía, según el TEDH, en silenciar o castigar a un político de la oposición (Ilgar Mammadov contra Azerbaiyán, solicitud núm. 151172/13).

La Comisión también tomó nota de que, tal como han subrayado un número considerable de instituciones y organismos de las Naciones Unidas y de Europa, en los últimos años ha surgido una creciente tendencia a recurrir a varias disposiciones del Código Penal como base para el enjuiciamiento de periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y otras personas que expresan opiniones críticas bajo acusaciones cuestionables que parecen responder a motivaciones políticas, lo que da lugar a penas de prisión o de trabajos correccionales, que en ambos casos implican trabajo obligatorio. En este sentido, la Comisión observó que las siguientes disposiciones del Código Penal se utilizan frecuentemente con este objetivo: insultos (artículo 148); malversación (artículo 179.3.2); negocios ilegales (artículo 192); evasión fiscal (artículo 213); actos de vandalismo (artículo 221); traición al Estado (artículo 274), y abuso de autoridad (artículo 308). Al tomar nota con profunda preocupación de esta información, la Comisión instó firmemente al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias en la legislación con el fin de garantizar que no se imponen sanciones que impliquen trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas contrarias al sistema establecido.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria relativa al artículo 147 del Código Penal, basándose en la opinión del TEDH, el Tribunal Supremo presentó una propuesta al Parlamento para que la difamación sólo pueda ser castigada con multas, y que se supriman del Código Penal las demás formas de sanción para este delito. El Gobierno indica también que, en virtud del artículo 233 del Código Penal, cuatro personas fueron condenadas en 2014, diez en 2015 y cuatro en 2016.

La Comisión también toma nota, según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a Azerbaiyán, de 20 de febrero 2017, en noviembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó las enmiendas propuestas por el Fiscal General al Código Penal, que se incorporan el artículo 148, 1) (difusión de una calumnia o insulto o mediante una información por Internet utilizando nombres, perfiles y cuentas falsas), sancionados con una pena de prisión de hasta un año, y la ampliación del artículo 323, 1) (difamar o menoscabar los honores y dignidad del Presidente mediante declaraciones públicas, productos exhibidos públicamente o en los medios masivos de comunicación) a las actividades en línea mediante la utilización de nombres de usuario, perfiles o cuentas falsos, castigados por una pena de hasta tres años de prisión (documento A/HRC/34/52/Add.3, párrafo 46). El Comité de Derechos Humanos también expresó su preocupación en sus conclusiones finales de noviembre de 2016 debido a que la pena máxima de prisión prevista en el Código de Infracciones Administrativas por delitos menores, por los que con frecuencia se acusa a los defensores de derechos humanos (por ejemplo, el vandalismo, resistencia a la autoridad policial e infracciones de tráfico) se ha incrementado de quince a noventa días. Ahora, es igual al período mínimo de detención del Código Penal, que puede ser equivalente, de hecho, a una sanción penal (documento CCPR/C/AZE/CO/4, párrafo 20). Además, las conclusiones del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, durante su misión a Azerbaiyán en mayo de 2016, indican que los defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y líderes religiosos que critican al Gobierno y sus políticas se enfrentan a restricciones en su trabajo y libertad personal. Se informa que al menos 70 de esas personas fueron objeto de acusaciones que incluyen delitos relacionados con drogas y armas, actos de vandalismo y evasión fiscal. Los abogados que prestaron su asistencia jurídica a los defensores de derechos humanos ante el TEDH fueron detenidos, acusados de evasión fiscal, negocios ilegales y abuso de autoridad (documento A/HRC/36/37/Add.1, párrafo 80).

Además, la Comisión toma nota de que el TEDH ha seguido tratando una serie de casos de Azerbaiyán relativos a las detenciones y condenas de personas por expresar opiniones que no se ajusten a las del orden político establecido, en particular en los casos siguientes: Yagublu contra Azerbaiyán, demanda núm. 31703/13, decisión de 5 de noviembre de 2015; Huseynli y otros contra Azerbaiyán, demandas núms. 67360/11, 67964/11 y 69379/11, decisión de 11 febrero de 2016; y Rasul Jafarov contra Azerbaiyán, demanda núm. 69981/14, decisión de 12 marzo de 2016, entre otros. Sin embargo, las decisiones del TEDH, referidas al Sr. Ilgar Mammadov dictada en 2014, no han sido ejecutadas por el Gobierno. Además, en su intervención en carácter de tercero en los casos examinados por el TEDH, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa concluye que se percibe una clara tendencia represiva en Azerbaiyán contra aquellos que expresan su oposición o crítica a las autoridades. Esto afecta a los defensores de derechos humanos, periodistas, blogueros y otros activistas, que pueden verse enfrentados a una serie de acusaciones penales carentes de credibilidad. Estas acciones penales constituyen represalias contra aquellos que cooperan con las instituciones internacionales (documentos CommDH(2016)6, párrafo 46, y CommDH(2016)42, párrafo 44).

Al tomar nota de la ausencia de toda mejora en la situación anteriormente expuesta, la Comisión deplora la legislación cada vez más restrictiva, así como el la multiplicación constante del número de acciones administrativas y penales por parte de las autoridades para suprimir opiniones políticas o ideológicas al orden político social o económico establecido, a pesar de los numerosos llamamientos realizados por instituciones y organismos de las Naciones Unidas y de Europa. La Comisión llama la atención del Gobierno una vez más sobre el hecho de que las garantías jurídicas al ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, la protección contra las detenciones arbitrarias, constituyen una importante salvaguardia contra la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas o como medio de coerción o de educación política (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). La Comisión, en consecuencia, insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces en la legislación y en la práctica, con el fin de garantizar que no se impongan sanciones que impliquen trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones contrarias al sistema establecido. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que garantice la enmienda de los artículos del Código Penal antes mencionados, limitando claramente el alcance de esas disposiciones a las situaciones en las que se utilice la violencia, o se incite a la violencia, o suprimiendo las sanciones que entrañan trabajo obligatorio. Además, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación en la práctica del Código Penal y del Código de Infracciones Administrativas no tengan como consecuencia un castigo que entrañe trabajo obligatorio en las situaciones previstas abarcadas por el artículo 1, a), del Convenio. Por último, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahrein

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores migrantes en condiciones de trabajo forzoso. 1. Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, en las que expresó su preocupación por las condiciones de trabajo de los trabajadores domésticos migrantes.

La Comisión toma nota de que la CSI afirma en sus observaciones que los trabajadores migrantes constituyen alrededor del 77 por ciento de la fuerza de trabajo de Bahrein, que se ocupa en diversos sectores de la economía, en particular, el trabajo doméstico, y en los sectores de la construcción y los servicios. Según la CSI el Gobierno ha mantenido repetidamente que los trabajadores migrantes de Bahrein no están sujetos al sistema de patrocinio (sistema kafala) y pueden cambiar de empleo sin necesidad del permiso de su patrocinador. No obstante, el cambio de empleo sigue dependiendo de la aprobación de la Autoridad Encargada de la Reglamentación del Mercado de Trabajo (LMRA), un órgano gubernamental dependiente del Ministerio de Trabajo. La orden ministerial núm.79, de 16 de abril de 2009, sigue autorizando a los empleadores a incluir en el contrato de trabajo un requisito por el que se limita la aprobación del traslado a otro empleador por un período especificado.

Según la CSI, en mayo de 2017, el Ministerio del Interior aprobó un plan piloto para la asignación de permisos de trabajo flexibles (FLEXI) a determinadas categorías de trabajadores migrantes en situación irregular. A raíz de dicho plan, los trabajadores migrantes en situación irregular que trabajan actualmente en Bahrein pueden trabajar sin un patrocinador siempre y cuando corran ellos con el pago de algunos gastos, como una tasa anual para el permiso de trabajo (200 dinares bahreiníes (BHD), 530 dólares de los Estados Unidos), una tasa anual por atención de salud (144 BHD, 381 dólares de los Estados Unidos) y una tasa mensual de la seguridad social (30 BHD, 80 dólares de los Estados Unidos). La CSI añade que los trabajadores que gocen de la protección de un patrocinador no tienen derecho a un permiso de trabajo FLEXI. Los trabajadores calificados y los «delincuentes en fuga», una categoría que incluye a los trabajadores que han huido de empleadores que imponen condiciones de trabajo abusivas, no tendrán derecho a acogerse a dicho régimen. Además, para obtener dicho permiso, los trabajadores deberán acompañar su solicitud con un pasaporte válido. No obstante, muchos migrantes que se encuentran atrapados en una situación irregular no pueden presentar dicho pasaporte porque les ha sido retenido por su empleador.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la iniciativa del permiso de trabajo FLEXI tiene el propósito de que cualquier trabajador migrante que trabaje en condiciones abusivas pueda solicitar un permiso para trabajar con otro empleador. En virtud de este permiso de trabajo FLEXI, la relación laboral entre las partes estará reglamentada por un contrato de trabajo y, en consecuencia, estos trabajadores migrantes se beneficiarán del régimen de protección social, incluida la atención de salud y la protección jurídica. Este sistema tiene también la finalidad de regular y proteger a los trabajadores migrantes de la explotación y la trata. La Comisión observa que el permiso de trabajo FLEXI, una iniciativa que ha surgido en 2017 (reglamento núm. 108 de 2017), es un permiso renovable de dos años que permite a su titular vivir y trabajar en el país sin un empleador (patrocinador), en cualquier tipo de trabajo, con un número indeterminado de empleadores, y a tiempo completo o parcial. Los trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo haya finalizado o expirado podrán acceder a un permiso de trabajo FLEXI siempre y cuando tengan un pasaporte válido. Además, en virtud de este permiso los trabajadores migrantes trabajarán en régimen de contratación y podrán disponer de un permiso de residencia renovable y de un visado para volver a entrar en el país. Además, la LMRA se encarga de hacer el seguimiento de esta iniciativa experimental y ofrece servicios de atención inmediata tanto a empleadores como a trabajadores migrantes para facilitar la comprensión de los nuevos procedimientos de contratación. La Comisión toma nota de que, para solicitar el permiso de trabajo FLEXI, un trabajador migrante deberá abonar la cantidad de 449 BHD (1 190 dólares de los Estados Unidos) a la LMRA. Esta cantidad incluye el cobro de las tasas por el permiso de trabajo FLEXI, la atención sanitaria, la ampliación del contrato, y el depósito único reembolsable.

La Comisión toma nota de que el permiso de trabajo FLEXI, en tanto plan experimental constituye un primer paso que podría facilitar el traslado de los servicios para los trabajadores migrantes a un nuevo empleador y, por consiguiente, permitirles rescindir libremente su contrato. En este sentido, la Comisión insta al Gobierno a que persista en sus esfuerzos de asegurar que los trabajadores migrantes no se vean expuestos a una mayor vulnerabilidad, en particular, en lo que se refiere a la confiscación de pasaportes. La Comisión pide al Gobierno que suministre más información sobre la aplicación en la práctica del permiso de trabajo FLEXI, incluidos datos sobre el número de traslados laborales que han tenido lugar recientemente tras la implementación del permiso de trabajo FLEXI.

2.  Trabajadores migrantes domésticos. La Comisión toma nota además de que, con respecto a la situación de los trabajadores domésticos, la CSI afirma que más de 105 200 trabajadores domésticos en Bahrein están excluidos de la protección de varias disposiciones de la legislación laboral, incluidos los días de descanso semanal o un máximo de horas de trabajo. No se ha estipulado ningún salario mínimo, lo que permite a los empleadores pagar salarios inferiores a 35 BDH (92 dólares de los Estados Unidos) al mes, con un promedio de 70 BDH (186 dólares de los Estados Unidos). Muchos de estos trabajadores están sometidos a turnos de diecinueve horas diarias con pausas de descanso mínimas y ningún día libre. Muchos de ellos han informado que se les impide abandonar el hogar de sus empleadores, y algunos dicen que la manutención es escasa. Funcionarios del Gobierno y de las ONG informan que los abusos físicos y el acoso sexual a las trabajadoras domésticas constituyen problemas considerables en Bahrein. Además, los servicios de la inspección del trabajo no controlan las condiciones de los trabajadores domésticos. Según la CSI, los trabajadores domésticos se encuentran también excluidos explícitamente del régimen FLEXI.

La CSI señala además que, en 2016, se informó de la realización de cinco investigaciones por trabajos forzosos y cinco relativas a trabajadores domésticos. El Fiscal General recibió denuncias de la LMRA sobre 13 agencias de contratación supuestamente implicadas en trabajos forzosos. No obstante, no se dispone de información sobre cómo se ha procedido en cada caso ni sobre las sanciones impuestas en los mismos.

La Comisión toma nota de la ausencia de información del Gobierno en relación a esta cuestión. La Comisión reitera la importancia de adoptar medidas efectivas para garantizar que el sistema de empleo de los trabajadores domésticos no incrementa la situación de vulnerabilidad de los trabajadores implicados, en particular cuando éstos se ven sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador, como la retención de sus pasaportes, el impago de sus salarios, condiciones abusivas de trabajo, la privación de su libertad y los malos tratos físicos y sexuales. Estas prácticas podrían propiciar que su relación de empleo se transforme en situaciones que podrían ser equivalentes a trabajo forzoso. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores domésticos migrantes estén plenamente protegidos de prácticas abusivas y de condiciones que podrían ser equivalentes al trabajo forzoso. La Comisión pide también al Gobierno que señale las medidas adoptadas para garantizar la prohibición de la confiscación de pasaportes y a que garantice que no se cobran tasas de contratación a los trabajadores o, si fuera así, que el empleador les reembolse posteriormente. Tomando nota de que los trabajadores domésticos migrantes están excluidos del marco legislativo nacional, la Comisión pide al Gobierno que señale las medidas legislativas y prácticas adoptadas o previstas para proporcionar protección efectiva a esta categoría de trabajadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1998)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud de las disposiciones de la legislación que figuran a continuación, pueden imponerse penas de prisión (que implican trabajo penitenciario obligatorio en aplicación del artículo 55 del Código Penal) en circunstancias que contradicen lo dispuesto en el Convenio o que son incompatibles con él:

–artículo 22 del decreto legislativo núm. 47, de 2002, por el que se regulan los sectores de la prensa, la serigrafía y la publicación: publicar o distribuir publicaciones cuya distribución no haya sido autorizada;

–artículo 68 del decreto legislativo anteriormente mencionado: actos que vayan en perjuicio o critiquen la religión oficial del Estado, sus fundamentos y principios; que critiquen al Rey o le acusen de cualquier medida adoptada por el Gobierno;

–artículo 25 de la Ley núm. 26, de 23 de julio de 2005, sobre las Asociaciones políticas: infracción de cualquier disposición de la ley para la cual no se prevea ninguna sanción concreta;

–artículo 13 de la ley núm. 32, de 2006, que enmienda el decreto legislativo núm. 18, de 5 de septiembre de 1973, por el que se rigen las asambleas públicas, las reuniones y las manifestaciones: organización de reuniones públicas, manifestaciones y otros tipos de reuniones sin notificación previa o habiendo infringido una orden que prohibía convocarlas, así como la participación en ellas; infracción de cualquier otra disposición de la ley;

–artículo 168 del Código Penal: divulgación de informaciones o declaraciones falsas, así como la producción de publicidad a fin de perjudicar la seguridad pública o dañar el interés público, y

–artículo 169 del Código Penal: publicación de informes o documentos falsificados que puedan ir en detrimento de la paz y la tranquilidad públicas o que dañen el interés superior de la nación.

La Comisión manifestó la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias, en el marco del actual proceso de revisión legislativa, para garantizar que no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio a personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresen opiniones o puntos de vista políticos opuestos al sistema político, social o económico establecido.

La Comisión toma nota de que el Código Penal fue modificado en 2015. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de las enmiendas, los artículos 168 y 169 siguen siendo prácticamente los mismos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las disposiciones mencionadas están destinadas a proteger el orden público, así como la soberanía del Estado. El Gobierno añade que no se ha pronunciado ninguna decisión judicial en virtud de estas disposiciones. No obstante, la Comisión toma nota, a este respecto, de que el ámbito de aplicación de las disposiciones mencionadas no se limita a actos de violencia o de incitación a la violencia, sino que prevén la coerción política y el castigo por la expresión pacífica de opiniones no violentas que formulan críticas a la política del Gobierno y al sistema político establecido, así como castigos por diversas acciones no violentas que afectan a la constitución o al funcionamiento de las organizaciones políticas, o la organización de reuniones y manifestaciones, con sanciones que conllevan trabajo obligatorio. La Comisión recuerda que las garantías jurídicas para el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, así como la protección contra las detenciones arbitrarias, constituyen una importante salvaguardia contra la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas como medio de coerción o de educación políticas (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias tanto en la legislación como en la práctica para asegurarse de que no se impongan sanciones que impliquen trabajo forzoso u obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas determinadas o la manifestación de oposición al orden establecido, por ejemplo, mediante la restricción clara del ámbito de estas disposiciones a situaciones vinculadas con el uso de la violencia o la incitación a la violencia, o mediante la derogación de las sanciones que conllevan trabajo forzoso u obligatorio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 1, c) y d).  Castigo por infringir la disciplina del trabajo y por la participación en huelgas en los servicios públicos. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 293, 1), del Código Penal establece penas de prisión (que entrañan trabajo penitenciario obligatorio en virtud del artículo 55 del Código Penal) cuando «tres o más funcionarios abandonen el desempeño de su trabajo, incluso renunciando a su puesto, si lo hicieran de común acuerdo y con miras a alcanzar un objetivo común». Esta disposición se aplica también a personas que no sean funcionarios pero que realicen tareas afines al desempeño público (artículo 297). Según el artículo 294, 1), podrá imponerse pena de prisión al funcionario que renuncie voluntariamente a su puesto o se niegue a cumplir con sus funciones con la intención de obstruir una actividad empresarial o cause alguna perturbación en el ejercicio de la misma. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el Código Penal está en curso de revisión.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los artículos 293, 1), y 297 tienen la finalidad de asegurar la continuidad de determinados servicios, como los servicios médicos, así como de evitar la interrupción de servicios que puedan causar molestias a la comunidad. El Gobierno señala también que no se ha pronunciado ninguna sentencia judicial en aplicación de las citadas disposiciones del Código Penal. La Comisión lamenta tomar nota de que a pesar de la modificación del Código Penal en 2015, los artículos 293, 1), y 297 siguen prácticamente sin ninguna modificación.

La Comisión reitera que la imposición de sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por participar pacíficamente en huelgas es incompatible con el Convenio. La Comisión subraya también que, con arreglo al artículo 1, c), del Convenio, sólo podrían imponerse sanciones que supongan trabajo forzoso u obligatorio como castigo por haber infringido la disciplina del trabajo cuando dichas infracciones comprometan o puedan poner en peligro el funcionamiento de los servicios esenciales, o en los casos de actos voluntarios que puedan poner en riesgo la seguridad, la salud o la vida de las personas. Al respecto, la Comisión observa que los artículos ya mencionados del Código Penal están redactados en términos suficientemente amplios para permitir la imposición de penas de prisión que conllevan trabajo forzoso u obligatorio en situaciones cubiertas por el artículo 1, c) y d), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno, por consiguiente, que adopte las medidas necesarias para poner los artículos 293, 1), 294, 1), y 297 del Código Penal en conformidad con el Convenio, y que garantice que no se impongan sanciones que conlleven trabajo forzoso u obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo ni por participar pacíficamente en huelgas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

Bangladesh

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1972)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Trata de personas. La Comisión tomó debida nota anteriormente de la adopción de la Ley sobre Disuasión y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012, cuyo artículo 6 prohíbe la trata de personas. La ley también prevé el establecimiento de un fondo de prevención de la trata de seres humanos, así como de una dirección nacional contra la trata. Además, contiene disposiciones sobre la protección y la rehabilitación de las víctimas, incluido el acceso a una compensación, a un asesoramiento legal y a una orientación psicológica. La Comisión tomó nota asimismo de la adopción del Plan nacional de acción para combatir la trata de seres humanos (2012-2014), así como de algunas otras medidas adoptadas para abordar la trata de personas, descritas en detalle en los informes de país contra la trata elaborados anualmente por el Ministerio del Interior.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria de que, en 2017, se dictaron tres decretos de aplicación de la Ley sobre Disuasión y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012, a saber, el decreto sobre prevención de la trata de seres humanos, el decreto sobre la autoridad de supresión de la trata de seres humanos y el decreto sobre el fondo de compensación de la trata de seres humanos. Se ha adoptado el Plan nacional de acción para combatir la trata de seres humanos (2015-2017), que se está aplicando en la actualidad incluyendo cinco objetivos estratégicos: prevención, protección, promoción del sistema de justicia, celebración de acuerdos de asociación y supervisión efectiva. Con arreglo a este plan, se establece en cada distrito un comité para la trata. La Comisión también toma nota de que, según las respuestas presentadas por escrito ante el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) el 21 de marzo de 2017, de 2012 a 2016 (noviembre), se registraron 2 966 casos de trata de personas, y se rescataron a 6 046 víctimas. De los casos registrados, se finalizaron 192 procedimientos judiciales pronunciándose condenas en 26 casos. Las víctimas de la trata fueron asistidas rápidamente. Luego del rescate, se les proporcionó alojamiento en centros de acogida en los cuales se les presta asistencia médica y psicológica. El Gobierno administra un centro de apoyo a las víctimas, y varias organizaciones de la sociedad civil realizan actividades para proporcionar asistencia jurídica a las víctimas de la trata (documento CMW/C/BGD/Q/1/Add.1, párrafo 42). Al tomar debida nota del aumento de las tasas de investigaciones y enjuiciamientos, así como de las medidas adoptadas para la protección de las víctimas, la Comisión expresa su preocupación por el escaso número de condenas. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos de las personas que se dedican a la trata y delitos conexos. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de condenas y sanciones específicas aplicadas, así como sobre las dificultades encontradas por las autoridades competentes para condenar a los autores. Además, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas específicas adoptadas y los resultados concretos que se hayan obtenido en relación con la protección, asistencia y readaptación de las víctimas.

2.  Práctica de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 9 de la Ley sobre Disuasión y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012, criminaliza la utilización de trabajo forzoso o el trabajo en condiciones de servidumbre. De conformidad con esta disposición, el hecho de obligar ilegalmente a una persona a trabajar en contra de su voluntad, u obligarla a proporcionar trabajo, servicios o mantener a una persona en servidumbre por deudas mediante amenazas o el uso de la fuerza para realizar cualquier trabajo o servicio será sancionado con una pena de cinco a doce años de prisión. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre su aplicación en la práctica.

La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 2017, el CMW expresó su preocupación por el hecho de que los nacionales de Myanmar indocumentados que trabajan en Bangladesh, algunos de ellos niños, son con frecuencia objeto de violencia sexual y de explotación laboral, incluido el trabajo forzoso. Los trabajadores migrantes indios son objeto de servidumbre por deudas en el sector de la producción de ladrillos (documento CMW/C/BGD/CO/1, párrafo 31). A este respecto, la Comisión lamenta tomar nota de la información del Gobierno indicando que no se han detectado casos de trabajo forzoso u obligatorio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar e investigar los casos de trabajo forzoso y que comunique información sobre los resultados obtenidos y los progresos realizados en este sentido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 9 de la Ley sobre Disuasión y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012, incluyendo el número de investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo, las condenas pronunciadas y las sanciones penales específicas aplicadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1972)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. 1. Código Penal. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación en la práctica del artículo 124A del Código Penal que dispone que todo aquel que, mediante palabras expresadas oralmente o por escrito por medio de signos o representaciones visibles o de otro modo provoque o trate de incitar al odio o al desacato, o provoque o trate de provocar descontento contra el Gobierno legalmente constituido será castigado con una pena de reclusión perpetua o por un período más breve, que puede ser acompañado por una multa o por una pena de prisión de hasta tres años o castigado con una multa solamente. Con arreglo al artículo 53 del Código Penal, las penas de reclusión rigurosa a perpetuidad conllevan trabajo forzoso, mientras que la pena de prisión simple no implica la obligación de trabajar.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Código Penal no interfiere en las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplica para imponer sanciones a las personas que recurren o incitan a la violencia o participan en los preparativos para realizar actos de violencia. En relación con el párrafo 263 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda al Gobierno que el objetivo del Convenio es asegurar que no se utilice ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio en las circunstancias especificadas en el Convenio, estrechamente vinculadas con las libertades civiles y no limitadas a las relaciones entre los empleadores y trabajadores. La Comisión recuerda que el Convenio no prohíbe que se impongan penas que conlleven trabajo obligatorio a las personas que recurren a la violencia, incitan a la violencia, o participan en los preparativos para realizar actos de violencia. Sin embargo, quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio las penas que entrañan el trabajo obligatorio cuando éstas sancionan la prohibición de expresar pacíficamente opiniones o manifestar oposición al sistema político, social o económico establecido, tanto si dicha prohibición viene impuesta por la ley o en virtud de una decisión administrativa discrecional. En este sentido, la Comisión observa que en relación con la incitación al odio o al desacato o promover el descontento hacia el Gobierno, el artículo 124A del Código Penal está redactado en términos suficientemente amplios que hacen posible su aplicación como medio de castigo por la expresión de opiniones y, en la medida en que prevén la imposición de sanciones que conllevan trabajo obligatorio, queda comprendido entre el ámbito de aplicación del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas o contrarias al sistema establecido, por ejemplo, limitando claramente el alcance del artículo 124A del Código Penal a situaciones vinculadas con el uso de la violencia o la incitación a la violencia o suprimiendo las sanciones que entrañan trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto, así como información sobre la aplicación de este artículo en la práctica, incluyendo los procesamientos llevados a cabo o las decisiones pronunciadas, con indicación de las sanciones impuestas.

2.  Ley sobre Tecnología de la Información y las Comunicaciones. La Comisión toma nota de que el artículo 57 de la Ley sobre Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de 2006, criminaliza varias formas de expresión en línea, incluida la difamación, las expresiones que perjudiquen la imagen del Estado o de una persona y las declaraciones que, entre otros, hieran los sentimientos religiosos. En su forma enmendada en 2013, las infracciones previstas en este artículo son castigadas con penas de prisión de siete a catorce años. Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 27 de abril de 2017, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la detención de al menos 35 periodistas, «blogueros laicos» y defensores de los derechos humanos en 2016 en aplicación de la Ley sobre Tecnología de la Información y las Comunicaciones de 2006 (modificada en 2013). Indicó que se trata de una ley de facto sobre la blasfemia que limita la libertad de opinión y de expresión al utilizar una terminología imprecisa y excesivamente amplia para tipificar como delito la publicación de información en línea que constituya una «ofensa a los sentimientos religiosos y de información que perjudique la imagen del Estado», delito para el que se prevé una pena de siete a catorce años de prisión (documento CCPR/C/BGD/CO/1, párrafo 27). Además, la Comisión toma nota de que con arreglo al artículo 46, 3), de la Ley Penitenciaria de 1894, todo recluso que infrinja el reglamento de prisión será castigado con una pena de trabajo forzoso durante un período no superior a siete días, incluso los detenidos que inicialmente no fueron condenados a una pena de reclusión rigurosa que implica trabajo obligatorio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se impongan en la práctica penas de prisión que impliquen un trabajo forzoso a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresen opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belarús

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de la observación del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP) recibidas el 31 de agosto de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

La Comisión toma nota de la detallada discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en mayo-junio de 2016, sobre la aplicación del Convenio por Belarús. En sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que acepte la asistencia técnica de la OIT y que colabore de manera constructiva con la OIT en los niveles más elevados para resolver estas cuestiones antes de la próxima reunión de la Comisión. La Comisión también toma nota del informe de la misión consultiva técnica de la OIT a Belarús que tuvo lugar del 19 al 23 de junio de 2017.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 2, 2), c), del Convenio. Trabajo obligatorio impuesto por la legislación nacional a determinadas categorías de trabajadores y de personas. La Comisión lamentó tomar nota anteriormente de que se introdujeron en la legislación nacional varias nuevas disposiciones, cuya aplicación podría conducir a situaciones equivalentes al trabajo forzoso, lo cual es incompatible con la obligación de suprimir el uso del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas, como exige el Convenio. En particular, la Comisión señaló a la atención del Gobierno las nuevas disposiciones que se introdujeron en la legislación nacional.

1.  Trabajo obligatorio impuesto a los trabajadores en la industria maderera. La Comisión tomó nota de la adopción del decreto presidencial núm. 9, de 7 de diciembre de 2012, sobre las medidas adicionales para el desarrollo de la industria maderera, y más especialmente el artículo 1.2, que dispone que un empleado sólo puede terminar su contrato con el consentimiento del empleador.

La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia tomó nota con interés de la explicación del Gobierno sobre las medidas adoptadas para derogar el decreto presidencial núm. 9 por el decreto presidencial núm. 182.

La Comisión toma nota con satisfacción de la información que figura en su memoria en el sentido de que, el decreto presidencial núm. 9 ha sido retirado mediante el decreto presidencial núm. 182, de 27 de mayo de 2016, una copia del cual se adjunta a su memoria.

2.  Trabajo obligatorio impuesto a las personas que han trabajado menos de 183 días el año anterior. La Comisión tomó nota de la adopción del decreto presidencial núm. 3, de 2 de abril de 2015, sobre la prevención de la dependencia de la ayuda social, por el que se requiere que los ciudadanos de Belarús, los ciudadanos extranjeros y los apátridas que residan de manera permanente en Belarús y no hayan trabajado durante al menos 183 días el año anterior, y que, por tanto, no hayan pagado los impuestos sobre el trabajo por el mismo período, paguen una tasa especial para financiar los gastos del Gobierno. El impago o el pago parcial de tal contribución está sujeto a una sanción administrativa bajo la forma de una multa o de una detención administrativa, que incluye un servicio comunitario obligatorio (artículos 1, 4 y 14 del decreto). La Comisión tomó nota de que en sus observaciones relativas a la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), recibidas el 31 de agosto de 2015, el BKDP expresó su preocupación por la utilización de servicios comunitarios obligatorios en ese sentido.

La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que comunique información adicional sobre la aplicación en la legislación y en la práctica del decreto presidencial núm. 3 y que garantice de que esté de plena conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de la observación del BKDP, según la cual el decreto presidencial núm. 1, de 2017, enmendó el decreto presidencial núm. 3. Sin embargo, las enmiendas, tales como los períodos adicionales para participar en la financiación del gasto público, no modifican la naturaleza discriminatoria del decreto presidencial núm. 3. Indica también que el decreto presidencial núm. 3 fue suspendido oficiosamente por el Gobierno como consecuencia de que diversas partes interesadas pidieran su abolición, pero éste no fue derogado. Además, en la nueva versión propuesta, el Gobierno pretende aplicar el principio según la cual «si alguien no trabaja tiene la obligación de pagar por los servicios».

La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indicó en su memoria y a la misión que el decreto presidencial núm. 3 está suspendido siguiendo una instrucción presidencial. Mientras que en 2015, 62 700 personas pagaron impuesto sobre el trabajo, en 2017, las autoridades fiscales dejaron de enviar avisos por el pago de contribuciones. Además las disposiciones que establecen la responsabilidad administrativa por falta de pago de los impuestos no se han aplicado, y, en la práctica, no se impusieron sanciones por este motivo. El Gobierno indica también que se está elaborando un nuevo marco conceptual para enmendar el decreto presidencial núm. 3, en virtud del cual se desplaza el centro de la atención sobre las medidas fiscales para dedicarla al incentivo y promoción del empleo y la reducción del empleo ilegal. Se espera que para el 1.º de octubre de 2017 se haya finalizado un proyecto de texto legislativo al respecto.

La Comisión toma nota del informe de la misión que el Gobierno ha proporcionado seguridades de que durante el proceso de elaboración de la versión enmendada del decreto presidencial núm. 3 se llevarán a cabo consultas públicas, incluidos los interlocutores sociales. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que el decreto presidencial núm. 3 sea enmendado en un futuro próximo, tras celebrar consultas con todas las partes interesadas pertinentes, especialmente los interlocutores sociales. Además pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.

3.  Personas internadas en «centros médicos de trabajo». La Comisión tomó nota de la adopción de la ley núm. 104-3, de 4 de enero de 2010, sobre los procedimientos y modalidades del traslado de ciudadanos a los centros médicos de trabajo y las condiciones de su permanencia, que dispone que los ciudadanos que padecen de alcoholismo crónico, drogadicciones o abuso de sustancias, y que enfrentan cargos administrativos por haber cometido violaciones administrativas bajo la influencia de alcohol, estupefacientes y psicotrópicos, tóxicos u otras sustancias intoxicantes, pueden ser derivados a centros médicos de trabajo como consecuencia de una petición de un tribunal de justicia presentada por el jefe de asuntos internos (artículos 4 a 7 de la ley). Esas personas son internadas en centros médicos de trabajo durante un período comprendido entre doce y dieciocho meses y tienen la obligación de trabajar.

La Comisión toma nota de que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que comunique información adicional sobre la aplicación, en la legislación y en la práctica, de la ley núm. 104-3, y que garantice que esté de plena conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria y a la misión que no todos los que padecen esos problemas pueden ser enviados a los centros, sino únicamente los que reiteradamente (tres o más veces en el curso de un año) han perturbado el orden público y han sido encontrados en un estado de intoxicación causada por alcohol, narcóticos u otras sustancias intoxicantes. Además, existe la condición adicional de que tras la comisión de esas ofensas reciban la advertencia de que se los enviará a los centros antes mencionados en caso de reincidencia pero, no obstante, cometen infracciones administrativas por violaciones similares dentro del año en que se formuló la mencionada advertencia. El Gobierno subraya que, en vista de la situación de los individuos afectados, en la práctica es imposible aplicar un programa de rehabilitación médica y social que no incluya tales medidas restrictivas. Según el Ministro del Interior, en 2016 se enviaron a centros médicos laborales 8 081 personas, de las cuales 4 388 corresponden al primer semestre de 2017. Sólo 52 personas se negaron a trabajar.

La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica en su memoria y a la misión que las personas enviadas a los centros médicos laborales deben someterse a un examen médico para determinar su nivel de adicción y posteriormente reciben servicios de readaptación médica y social, que incluyen tratamiento médico y psicológico, desarrollo personal autoeducación, así como asistencia para restablecer y mantener sus relaciones familiares. Además, se considera que el empleo es una de las herramientas más importantes para el logro de la reintegración social. A estos efectos, en los centros médicos laborales se proporciona orientación profesional, formación y readaptación profesionales, así como formación para el desarrollo de las competencias profesionales. Asimismo, el Gobierno señala que las personas afectadas son colocadas en el empleo teniendo en consideración su edad, capacidad para el trabajo, estado de salud, competencias y calificaciones. Además, reciben una remuneración, y se les otorga una licencia anual y otros tipos de licencia de conformidad con la legislación laboral. En 2014 y 2015, 870 personas siguieron programas formales de educación profesional técnica, mientras que en 2015, 387 personas recibieron formación profesional práctica en el lugar de trabajo. Además, a junio de 2017, 5 647 personas desempeñaban empleos remunerados en centros médicos laborales. Los tipos de trabajo llevados a cabo por esas personas incluyen labores en la industria maderera, trabajo agrícola y limpieza pública. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 104-3, incluyendo el número de personas colocadas en los centros médicos laborales especificando si esa colocación es consecuencia de una sentencia judicial o de una decisión administrativa.

4.  Padres privados de la guardia y custodia de sus hijos. La Comisión tomó nota anteriormente de que el decreto presidencial núm. 18, de 24 de noviembre de 2006, sobre las medidas complementarias para la protección estatal de los hijos de «familias disfuncionales», autoriza la retirada de los hijos cuyos padres llevan una «forma de vida inmoral» o son adictos crónicos al alcohol o a las drogas o de alguna otra manera, no pueden cumplir de manera adecuada las obligaciones de crianza y mantenimiento que les incumbe. Se trata de padres desempleados o que, si trabajan, no pueden reembolsar íntegramente al Estado por el mantenimiento de sus hijos en instituciones estatales de cuidado de los niños, y están sujetos a una decisión judicial relativa al empleo, que incluye la obligación de trabajar (artículo 9.27 del Código de Delitos Administrativos, y artículo 18.8 del Código de Procedimiento Ejecutivo de Delitos Administrativos). La decisión judicial de referencia es un motivo de despido de la persona afectada (artículo 44, 5), del Código del Trabajo). Los padres que no cumplan ese trabajo pueden ser penalmente responsables, en virtud del artículo 174, 2) y 3), del Código Penal, y podrá imponérseles la obligación de prestar un servicio a la comunidad o un trabajo correccional durante un período de hasta dos años, una pena de reclusión de hasta tres años, así como restricciones o privación de la libertad, todas acompañadas de trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que comunique información adicional sobre la aplicación, en la legislación y en la práctica, del decreto presidencial núm. 18 y que garantice que esté de plena conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria y a la misión que el principal objetivo del decreto presidencial núm. 18 es mejorar la situación de las «familias disfuncionales» de manera que los niños puedan volver a vivir con sus padres en seguridad. Con objeto de crear circunstancias que permitan a los padres afectados abandonar su modo de vida antisocial y, a menudo, inmoral, es importante que tengan un empleo. Sin embargo, muchos de esos padres están desempleados y han perdido durante largos períodos sus competencias profesionales; de ese modo, les es difícil encontrar trabajo sin ayuda debido a que los empleadores no tienen interés en contratar personas de esas características. En este sentido, el decreto presidencial núm. 18 establece un mecanismo, mediante el cual un tribunal puede ordenar a los padres de que se trate que acepten un empleo. En el marco de ese mecanismo, se disponen colocaciones en el empleo en lugares de trabajo determinados en coordinación con las autoridades locales, tales como agencias de empleo y de protección social, las cuales disponen de una lista de más de 6 770 empresas que proporcionan lugares de trabajo seguros para ese tipo de personas. Además, una de las condiciones en la selección del puesto de trabajo es que el nivel de remuneraciones sea suficientemente elevado, a fin de sufragar los gastos para el mantenimiento de sus hijos.

La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa a este respecto en su memoria que se comunicaron órdenes judiciales a 1 833 personas en 2014, 2 317 en 2015, 2 289 en 2016 y 1 128 en el primer semestre de 2017. Al 31 de marzo de 2017, las oficinas estatales de empleo colocaron en el empleo a 8 371personas. Además, en 2016, se enjuiciaron a 1 200 personas en virtud del artículo 174 del Código Penal, y en el primer semestre de 2017 esa cifra fue de 496 personas. Además, de 2007 a 2016 se determinó que un total de 33 832 niños necesitaban asistencia estatal, 21 021 de los cuales (más del 58 por ciento) regresaron a vivir con sus familias y sus padres. No obstante, la Comisión toma nota de la información comunicada por el BKDP a la misión de que, en un caso, los niños adoptados fueron separados de una familia debido a las opiniones políticas de sus padres adoptivos, aun cuando gozaban de buenas condiciones económicas y sociales. Al tiempo de tomar debida nota del objetivo de rehabilitación del decreto presidencial núm. 18 y de la alta tasa de niños que regresan a vivir con sus padres, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación del decreto en la práctica no vaya más allá del objetivo de rehabilitar a las familias disfuncionales, sin tratar de imponer finalidades políticas. La Comisión también alienta al Gobierno a que considere revisar las disposiciones relativas a la deducción directa de los salarios de las personas para reembolsar los gastos de mantenimiento de sus hijos en instituciones estatales para el cuidado de los niños.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1995)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota anteriormente de que la violación de las disposiciones por las que se rige el procedimiento de organización o celebración de asambleas, reuniones, marchas callejeras, manifestaciones y piquetes, establecido por la Ley sobre Actividades de Masas, núm. 114-3, de 30 de diciembre de 2007, será castigada con penas de reclusión o de limitación de la libertad por la «organización de acciones grupales que violen el orden público» (artículo 342 del Código Penal), que conllevan trabajo obligatorio en virtud de los artículos 50, 1), y 98, 1), del Código de Ejecución Penal. La Comisión también tomó nota de la adopción del artículo 369, 2), del Código Penal según el cual una persona sentenciada a detención administrativa por violación de las disposiciones por las que se rige el procedimiento de organización o la celebración de asambleas, reuniones, marchas callejeras, manifestaciones y piquetes, como define la Ley sobre Actividades de Masas (en virtud del artículo 18, 8), del Código de Procedimiento Ejecutivo en materia de Delitos Administrativos) que cometa la misma infracción dentro de un año puede ser en la actualidad condenada a una pena de reclusión de hasta dos años, que conlleve trabajo obligatorio.

La Comisión también tomó nota de que algunas otras disposiciones del Código Penal, en virtud de las cuales se aplican sanciones que conllevan trabajo obligatorio, están redactadas en términos lo suficientemente amplios como para que se presten a ser aplicadas como medio de castigo por la expresión de opiniones opuestas al orden político, social o económico establecido. Entre estas disposiciones figuran:

–el artículo 193, 1), del Código Penal, que dispone que las personas que participan en las actividades de grupos no registrados pueden ser condenadas a penas de reclusión que conlleven trabajo obligatorio;

–el artículo 339 del Código Penal, que penaliza el «vandalismo» y el «vandalismo mal intencionado» y prevé sanciones de limitación de la libertad, de privación de la libertad o de reclusión, todas la cuales conllevan trabajo obligatorio;

–los artículos 367 y 368 del Código Penal, que disponen que las personas que «difaman al Presidente» o que «insultan al Presidente» pueden ser sentenciadas a una pena privativa de libertad o condenadas a una pena de reclusión, conllevando ambas trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno reitera que el artículo 15 de la Ley sobre Actividades de Masas define la responsabilidad por infringir el procedimiento establecido para organizar y/o celebrar eventos de masas, pero no por la participación en esos eventos. El Gobierno señala que, según el artículo 18, 8), del Código de Procedimiento Ejecutivo en materia de Delitos Administrativos, las personas sujetas a detención administrativa pueden ser empleadas con su consentimiento. La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa que entre 2014 y los primeros seis meses de 2016 no se presentaron casos ante los tribunales ni éstos examinaron casos con arreglo a los artículos 193, 1), 342, 367 y 369, 2), del Código Penal. La Comisión también se refiere al informe del Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús de 21 de abril de 2017 (documento A/HRC/35/40, párrafo 6) y el informe de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia del Consejo de Europa de 6 de junio de 2017 (documento 14333, párrafo 30) indicando que los agentes del orden parecen tener instrucciones de evitar las agresiones físicas y las detenciones durante su intervención en actividades públicas y, en cambio, desde 2016 las autoridades imponen sanciones administrativas y financieras, a pesar de que sofocaron las protestas sociales pacíficas que tuvieron lugar a principios de 2017.

Al tiempo de tomar debida nota de los cambios en las prácticas a este respecto, la Comisión se ve obligada a expresar su preocupación por el hecho de que no hayan cambiado las leyes que penalizan las actividades públicas no registradas o no autorizadas, lo que puede conducir a que se impongan sanciones que conlleven trabajo obligatorio como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición al orden político, social o económico establecido. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a enmendar o derogar las disposiciones penales antes mencionadas (artículos 193, 1), 339, 342, 367, 368 y 369, 2), del Código Penal) a fin de garantizar que no se puedan imponer sanciones que conlleven trabajo obligatorio por expresar pacíficamente determinadas opiniones políticas u opiniones ideológicamente opuestas al orden establecido, por ejemplo, limitando claramente el alcance de las disposiciones a situaciones relacionadas con la utilización de violencia o la incitación a la violencia, o derogando las sanciones que conlleven trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que transmita la información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belice

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 1, c) y d), del Convenio. Sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas. A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos, en virtud del cual puede imponerse una pena de reclusión (que implica, en virtud del artículo 66 del reglamento penitenciario, la obligación de trabajar) a toda persona empleada por el Gobierno, por una autoridad municipal o por un empleador a cargo del suministro de electricidad, agua, servicios ferroviarios, servicios de salud, sanitarios o médicos, o servicios de comunicaciones o cualquier otro servicio que pueda ser considerado servicio público por proclamación del Gobernador, en caso de que tal persona rescinda voluntaria y premeditadamente el contrato de trabajo, sabiendo o pudiendo suponer que la probable consecuencia sea ocasionar un daño, un peligro o un grave inconveniente para la comunidad. La Comisión también ha tomado nota de que en el artículo 2 de la ley núm. 92, sobre la solución de conflictos en los servicios esenciales, instrumento legal núm. 92, de 1981, se declara que son servicios esenciales el servicio nacional de lucha contra incendios, el servicio postal, los servicios monetarios y financieros (bancos, tesoro público, autoridad monetaria), los aeropuertos (aviación civil y servicios de seguridad en los aeropuertos) y la autoridad portuaria (pilotos y servicios de seguridad); y por el instrumento legal núm. 51, de 1988, se declara servicio esencial el régimen de la seguridad social administrado por el Servicio de Seguridad Social.

La Comisión ha recordado al respecto que la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas, es incompatible con el Convenio. Ha tomado nota de que el artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos, se refiere, no sólo al daño o al peligro, sino también, subsidiariamente, al grave inconveniente para la comunidad y se aplica no sólo a los servicios esenciales, sino también a otros servicios, como la mayoría de los empleos gubernamentales o de la autoridad municipal y la mayoría de los servicios bancarios, postales y de transportes.

El Gobierno indica en su memoria que una de las principales tareas de la recientemente restablecida Junta Consultiva del Trabajo es la revisión de la legislación nacional, y que la Junta ha reagrupado la legislación que se revisa en seis temas, incluidos los derechos sindicales. El Gobierno también declara que, si bien no se ha aún incluido la legislación sobre los sindicatos, la intención es revisarla, a efectos de ponerla de conformidad con los Convenios internacionales del trabajo, y que se tomará definitivamente en consideración la preocupación de la Comisión en torno al artículo 35, 2), de la Ley de Sindicatos. Al tomar debida nota de esta información, la Comisión confía en que se complete en un futuro próximo el proceso de revisión de la Ley de Sindicatos, de modo de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por una participación pacífica en huelgas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Benin

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a varias disposiciones de la Ley núm. 60-12, de 30 de junio de 1960, sobre la Libertad de Prensa y de la Ley núm. 97-010, de 20 de agosto de 1997, sobre Liberación del Espacio Audiovisual y Disposiciones Penales Especiales relativas a los Delitos en materia de Prensa y de Comunicaciones Audiovisuales, en virtud de las cuales se podían imponer penas de prisión, que conllevan la obligación de trabajar en la cárcel, para castigar diversos actos o actividades relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión. La Comisión observa a este respecto que fue adoptada, el 22 de enero de 2015, la Ley núm. 2015-07 sobre el Código de Información y Comunicación en la República de Benin que deroga las dos leyes anteriormente mencionadas. La Comisión toma nota con satisfacción de que los delitos de difamación, ofensa y ultrajes cometidos por vía de prensa, impresos, carteles o cualquier otro medio moderno de comunicación de masas ya no se sancionan con penas de prisión (artículos 268 a 278).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burkina Faso

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 029-2008/AN, de 15 de mayo de 2008, relativa a la lucha contra la trata de personas y otras prácticas análogas, y que indicara si había adoptado el plan de acción nacional de lucha contra la trata y la violencia sexual contra los niños, precisando si las medidas que lleva aparejadas van destinadas también a prevenir la trata de adultos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el Plan de acción no ha podido elaborarse, pero que los temas relativos a dicho plan se han integrado en otros programas, por ejemplo el Programa nacional de lucha contra la trata de niños en las minas y canteras artesanales. El Gobierno señala asimismo que, según el informe nacional de 2015 sobre la trata de niños, 1 099 niños fueron víctimas de trata y que, según el informe de 2016 (en curso de elaboración), las cifras parciales indican que hay 1 416 niños que han sido víctimas. Además, 42 personas han sido identificadas como sospechosas según los términos definidos en la Ley contra la Trata de 2008. De estas 42 personas sospechosas, diez han sido declaradas culpables y condenadas judicialmente.

La Comisión toma nota de que la mayor parte de las informaciones proporcionadas por el Gobierno se refieren a las medidas adoptadas en el marco de la lucha contra la trata de niños y que no se ha constatado ninguna información relativa a la trata de adultos. En este sentido, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 17 de octubre de 2016, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifiesta seguir preocupado por la prevalencia de la trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso en el país (documento CCPR/C/BFA/CO/1, párrafo 35). La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para luchar contra la trata de personas (adultas), en particular, mediante la adopción de un plan de acción nacional adecuado que permitiría la aplicación en la práctica de la Ley contra la Trata núm. 029-2008/AN, de 15 de mayo de 2008. La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar las capacidades de los órganos encargados de la aplicación de la ley, incluidos los servicios de inspección del trabajo, en la lucha contra la trata de personas. Además, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas o previstas para proteger a las víctimas de trata y proporcionarles la asistencia adecuada. Por último, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre el número de enjuiciamientos incoados y condenas pronunciadas, así como las penas específicas impuestas en virtud de la ley contra la trata.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1963)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. 1. Trabajos de desarrollo comunitario obligatorios. Desde hace algunos años, la Comisión toma nota de que la ley núm. 1/016, de 20 de abril de 2005, relativa a la organización y la administración comunal, tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social de las comunas sobre bases, tanto individuales como colectivas y solidarias. Corresponde al consejo comunal establecer el programa de desarrollo comunitario, controlar su ejecución y asegurar su evaluación. La ley prevé asimismo que un texto reglamentario deberá determinar la organización, los mecanismos y las reglas de procedimiento de la mancomunidad. La Comisión también tomó nota de las observaciones que formuló la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), en varias ocasiones (2008, 2012, 2013 y 2014), indicando que los trabajos comunitarios se deciden de manera unilateral, sin que se consulte a la población y sin que se movilice a las fuerzas policiales para cerrar las calles e impedir, así, que la población se desplace durante esos trabajos.

La Comisión toma nota nuevamente de las observaciones formuladas por la COSYBU, recibidas en 2015, según las cuales debería constar expresamente en la legislación el carácter voluntario de la participación en los trabajos comunitarios. La Comisión toma nota con profunda preocupación de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre esta cuestión que viene planteando desde hace varios años. La Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para adoptar el texto que debe reglamentar la ley núm. 1/016, de 20 de abril de 2005, relativa a la organización y la administración comunal, especialmente en lo que atañe a la participación y a la organización de los trabajos comunitarios, y establecer expresamente, en esta ocasión, el carácter voluntario de la participación en esos trabajos. Mientras tanto, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar las modalidades en las que pueden exigirse a la población estos trabajos, especialmente la duración de los trabajos realizados y el número de personas concernidas.

2.  Trabajos agrícolas obligatorios. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio algunos textos que prevén la participación obligatoria en determinados trabajos agrícolas. Subrayó la necesidad de consagrar el carácter voluntario de los trabajos agrícolas derivados, por una parte, de las obligaciones relativas a la conservación y a la utilización de los suelos y, por otra parte, de la obligación de crear y mantener superficies mínimas para cultivo (ordenanzas núms. 710/275 y 710/276, de 25 de octubre de 1979), así como de derogar formalmente algunos textos relativos a los cultivos obligatorios, el acarreo y las obras públicas (decreto de 14 de julio de 1952, ordenanza núm. 1286, de 10 de julio de 1953, y decreto de 10 de mayo de 1957). La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual se derogaron estos textos, que datan de la época colonial, quedando consagrado en adelante el carácter voluntario de los trabajos agrícolas.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre esta cuestión en la memoria del Gobierno. La Comisión espera que el Gobierno se encuentre en condiciones de comunicar una copia de los textos que derogan la mencionada legislación y que consagran el carácter voluntario de estos trabajos agrícolas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como sanción por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), en las que se refirió a los procedimientos judiciales entablados contra los periodistas de radios privadas, a las limitaciones en las manifestaciones libres e independientes, así como a la detención de un militante de los derechos humanos. La Comisión tomó nota asimismo de la posibilidad mencionada por el Gobierno de revisar el decreto ministerial núm. 100/325, de 15 de noviembre de 1963, que organiza el servicio penitenciario, y cuyo artículo 40 prevé la obligación que tienen los detenidos condenados de trabajar, con objeto de excluir de su campo de aplicación a los detenidos políticos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se derogó el decreto núm. 100/325, de 15 de noviembre de 1963, que organiza el servicio penitenciario y que fue sustituido por la ley núm. 1/026, de 22 de septiembre de 2003, sobre el régimen penitenciario. Según el Gobierno, el trabajo penitenciario obligatorio y forzoso, fue abolido en todas las cárceles y centros de detención. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que, según el artículo 25 de la ley núm. 1/026, de 22 de septiembre de 2003, sobre el régimen penitenciario, el trabajo es obligatorio para los reclusos. En consecuencia la Comisión se remite nuevamente a los artículos núms. 412, 413 y 426 del decreto-ley núm. 1/6, de 4 de abril de 1981, sobre la reforma del Código Penal, que reprimen algunas formas de atentado a la seguridad interior del Estado, y en virtud de los cuales las personas podrían ser condenadas a penas de encarcelamiento que conllevan, en virtud del artículo 40 del decreto ministerial núm. 100/325, la obligación de trabajar. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe castigar a las personas que, sin recurrir a la violencia, tengan o expresen determinadas opiniones políticas o manifiesten su oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, imponiéndoles un trabajo, especialmente un trabajo penitenciario obligatorio. Destaca que, entre las actividades que en virtud de esta disposición no deben ser objeto de una sanción que conlleve un trabajo obligatorio, figuran aquellas que se ejercen en el marco de la libertad de expresión de opiniones políticas o ideológicas (verbalmente, por medio de la prensa u otros medios de comunicación) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que se sirva adoptar las medidas necesarias para armonizar la legislación con el Convenio y revisar la ley núm. 1/026, de 22 de septiembre de 2003, sobre el régimen penitenciario, de modo de garantizar, tanto de hecho como de derecho, que no se imponga ninguna pena que conlleve un trabajo obligatorio como sanción por la expresión de opiniones políticas o por la manifestación de una oposición ideológica. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camboya

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1969)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Trata de personas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno indicaba que, en el marco del Plan de acción nacional 2011-2013 sobre la supresión de la trata y de la explotación sexual, procedió a la vigilancia de lugares en los que puede tener lugar la prostitución; proporcionó asesoramiento y rehabilitación a los trabajadores del sexo; e impartió formación a más de 700 propietarios de negocios sobre cuestiones relacionadas con la explotación sexual. Asimismo, tomó medidas para informar a las agencias de contratación sobre los riesgos vinculados a la utilización de documentación falsa, así como sobre la importancia de impartir a los migrantes una formación anterior a la partida. Además, la Comisión tomó nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno sobre el número de casos de trata de personas y de explotación sexual que se llevaron ante los tribunales, así como sobre el número de víctimas identificadas y de individuos acusados. La Comisión tomó nota, en particular, de que parecía haber disminuido sustancialmente el número de víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual durante el período de aplicación del plan de acción nacional. Sin embargo, no se proporcionó información alguna sobre el número de condenas y sanciones impuestas a los autores de esos delitos ni sobre las medidas específicas adoptadas para proteger y ayudar a las víctimas.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que, en 2014, la policía arrestó a 127 sospechosos y los tribunales examinaron 74 casos y condenaron a 31 personas a penas de prisión; en 2015, la policía detuvo a 144 sospechosos y los tribunales examinaron 250 casos y condenaron a 201 personas a penas de prisión; y en 2016, la policía detuvo a 113 sospechosos y los tribunales examinaron 138 casos y condenaron a penas de prisión a 103 personas. El Gobierno también señala que, en 2016, la Comisión Nacional contra la Trata (NCCT), en colaboración con sus asociados, proporcionó asistencia a 1 362 víctimas y personas vulnerables, que incluyó exámenes médicos, consultas, alimentación y alojamiento, formación, etc. La Comisión también toma nota de la adopción del Plan de acción nacional 2014-2018. En el marco de su aplicación, en 2015 se aprobaron las directrices sobre las formas y procedimientos de identificación de las víctimas de trata de seres humanos para prestarles los servicios que correspondan. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) titulado «La trata de personas desde Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar a Tailandia», de agosto de 2017, en los últimos años se ha reducido la trata de personas de Camboya a Tailandia con fines de explotación sexual. Sin embargo, Camboya se ha convertido en un país de destino para la trata con fines de explotación sexual desde Viet Nam y con niveles altos de trata interna. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos de los autores del delito de trata de personas, y que siga proporcionando información sobre el número de procedimientos judiciales incoados, así como sobre el número de condenas y sanciones concretas impuestas. La Comisión también pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas para proteger a las víctimas de la trata y para facilitar su acceso a la asistencia y a acciones de reparación.

2.  Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a las condiciones de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota con anterioridad del informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para el Consejo de la OMC sobre el examen de las políticas comerciales de Camboya según el cual los trabajadores migrantes de Camboya son vulnerables a encontrarse en situaciones de trabajo forzoso, especialmente las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en Malasia y los hombres que trabajan en embarcaciones pesqueras en Tailandia. A este respecto, la Comisión también tomó nota de la adopción del subdecreto núm. 190 de 2011 sobre «la gestión del envío de trabajadores de Camboya al extranjero a través de agencias de contratación privadas» así como de ocho proclamaciones (prakas) que complementan el subdecreto de 2011. En lo que respecta a las medidas de cooperación internacional, el Gobierno señaló que el proyecto de memorándum de entendimiento se estaba debatiendo con el Gobierno de Malasia. Además, el Gobierno indicó que se habían nombrado empleados adicionales para gestionar los asuntos relativos a las migraciones laborales en las Embajadas de Camboya en Malasia y Tailandia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en 2016 se llevaron a cabo 40 inspecciones de agencias privadas de contratación, se presentaron y resolvieron 54 casos en relación con 187 trabajadores (129 mujeres), y se llevaron a cabo 46 sesiones de orientación previa a la partida, en las que participaron 1 740 trabajadores. La Comisión también toma nota de que, según el informe de evaluación intermedia del Plan de acción nacional 2014-2018, a finales de 2016 se firmó un memorándum de entendimiento con China. Siguen realizándose esfuerzos para finalizar un memorándum de entendimiento con Malasia y otro con Tailandia todavía es objeto de examen. Según el informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de Tailandia del Convenio, de 20 de marzo de 2017, hay 710 540 trabajadores migrantes que son ciudadanos de Camboya y un elevado número de migrantes en situación irregular que trabajan en el sector de la pesca (documento GB.329/INS/20/6, párrafo 43). A menudo estos trabajadores son engañados por intermediarios para que trabajen en este sector y no pueden dejar el trabajo debido al temor de ser arrestados y deportados, así como a la necesidad de pagar deudas (párrafo 15). La Comisión también toma nota del Migration and Development Brief núm. 28 de octubre de 2017 del Banco Mundial según el cual el Gobierno informó que ha previsto enviar 360 funcionarios a Tailandia, entre mediados de septiembre y diciembre de 2017, con miras a realizar una campaña de 100 días para ayudar a 160 000 ciudadanos camboyanos que viven en Tailandia indocumentados a regularizar su situación. Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que continúe realizando esfuerzos para garantizar que todos los trabajadores migrantes reciben protección plena frente a las prácticas y condiciones abusivas que equivalen a trabajo forzoso, y que continúe transmitiendo información a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación en la práctica del subdecreto núm. 190 de 2011 sobre las migraciones laborales y las agencias de contratación privadas y sus prakas complementarias, y que indique los resultados concretos alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión había tomado nota de que, según el artículo 41 de la Ley sobre Partidos Políticos de 1997, varios delitos relacionados con la administración o la gestión de un partido político que ha sido disuelto, o cuyas actividades han sido suspendidas por un tribunal o cuya inscripción en el registro ha sido denegada, se castigan con penas de prisión de hasta un año que conllevan trabajo forzoso en virtud del artículo 68 de la Ley sobre Prisiones de 2011. La Comisión también tomó nota de que con arreglo al Código Penal de 2009 los delitos de difamación pública e insultos (artículos 305-309) sólo se castigan con multas. Asimismo, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley sobre Manifestaciones Pacíficas de 2009 y del arresto de siete parlamentarios de la oposición en julio de 2014 durante las protestas contra la prohibición de las manifestaciones impuesta por el Gobierno en enero de 2014 después de que, a finales de 2013, se intensificara el número de manifestaciones llevadas a cabo en el país.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa de que ningún partido político ha sido disuelto por decisión judicial con arreglo a la Ley sobre Partidos Políticos de 2007. El Gobierno también indica que no puede realizarse ninguna manifestación que ponga en peligro o menoscabe el orden público, la seguridad y la protección. Además, con arreglo al Código Penal fueron detenidos los autores del delito de disturbios o de organizar disturbios.

Asimismo, la Comisión toma nota de que en 2017 se enmendó la Ley sobre Partidos Políticos de 2007 y señala que el artículo 42 de la versión enmendada contiene las mismas disposiciones que el artículo 41 de la versión anterior. Además, diversos artículos del Código Penal de 2009 que prevén penas de prisión aún pueden utilizarse en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio, incluidos los artículos 494 y 495 sobre la incitación a alterar la seguridad pública por medio de discursos, escritos, imágenes o de cualquier comunicación audiovisual dirigidos al público; el artículo 522 sobre la publicación de comentarios para presionar ilegalmente a las autoridades judiciales, y el artículo 523 en relación con desacreditar las decisiones judiciales. La Comisión también toma nota de la adopción de la Ley sobre Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales en 2015 y de la adopción de la Ley sobre Sindicatos en 2016. Además, actualmente se están redactando textos legislativos en materia de ciberdelincuencia.

La Comisión toma nota de que, según el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, de 5 de septiembre de 2016, en el caso de muchas leyes, el grado de observancia de la legislación internacional en materia de derechos humanos reside en la interpretación y en la aplicación de la ley por las fuerzas del orden y los funcionarios judiciales (documento A/HRC/33/62, párrafo 29). En su informe de 27 de julio de 2017, la Relatora Especial expresó preocupación por la gran cantidad de leyes (reguladoras de las asociaciones y las ONG, la elección de los miembros de la Asamblea Nacional, los sindicatos y las manifestaciones pacíficas) que pueden utilizarse para restringir las libertades de reunión, de asociación y de expresión (documento A/HRC/36/61, párrafo 47).

La Comisión también toma nota de que en el informe de la Relatora Especial de 2017 se indica que varios miembros destacados del Partido para el rescate nacional de Camboya, el principal partido de la oposición, han sido objeto de imputaciones y han sido condenados (párrafo 6). El senador Hong Sok Hour fue condenado a una pena de siete años de prisión, el 9 de noviembre de 2016, por falsificación e instigación en relación con una publicación en Facebook. El senador Thak Lany, que actualmente está en exilio, fue condenado en rebeldía a dieciocho meses de prisión tras ser acusado de difamación e instigación en relación con un videoclip mostrado en Facebook, que al parecer contenía comentarios sobre la muerte del activista político Kem Ley (párrafo 7). Además, en una declaración de 4 de septiembre de 2017, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por el arresto del Sr. Kem Sokha, actual presidente del Partido para el rescate nacional de Camboya. El Sr. Kem Sokha está acusado de traición en base al vídeo de un discurso que realizó en 2013, que se encuentra disponible para el público desde entonces, y si es declarado culpable puede ser condenado a una pena de prisión de entre quince y treinta años.

La Comisión también toma nota de que, según el informe de 2017 de la Relatora Especial, muchos representantes de ONG, sindicalistas y defensores de los derechos humanos todavía se ven sometidos a amenazas, acoso, detención, prisión preventiva y procesos judiciales (párrafo 45). En particular, en 2016, cinco miembros de la Cambodian Human Rights and Development Association (CHRDA) fueron detenidos y mantenidos en prisión preventiva durante más de un año. En junio de 2017 esas personas fueron puestas en libertad bajo supervisión judicial y esperan que se fijen las fechas de los juicios (párrafos 21 y 22). Además, diversos manifestantes relacionados con la campaña «lunes negro» contra el arresto de esos miembros de la CHRDA fueron detenidos y procesados por difamación, injurias públicas y diversos delitos contra el orden público en virtud del Código Penal. Entre otros, la Sra. Tep Vanny fue procesada debido a su participación en un lunes negro el 15 de agosto de 2016, acusada de «violencia deliberada con agravantes» en relación con otra protesta que había tenido lugar en 2013, y condenada a una pena de dos años y medio de prisión el 23 de febrero de 2017 (párrafo 45). Asimismo, un analista político independiente, el Sr. Kim Sok, lleva en prisión preventiva desde el 17 de febrero de 2017 acusado de difamación e incitación por haber expresado públicamente su opinión de que el partido del Gobierno era responsable del asesinato del Sr. Kem Ley (párrafo 48).

La Comisión toma nota de que, si bien con arreglo al Código Penal de 2009 los delitos de difamación e insultos públicos sólo pueden ser castigados con multas, a las diversas personas antes mencionadas se les han impuesto penas de prisión con arreglo a las disposiciones del Código Penal. La Comisión se ve obligada a expresar su profunda preocupación por la detención y enjuiciamiento de miembros del partido de la oposición, representantes de ONG, sindicalistas y defensores de los derechos humanos y recuerda que las restricciones de los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, pueden tener relación con la aplicación del Convenio si tales restricciones se hacen cumplir por medio de sanciones que conllevan trabajo obligatorio. La Comisión señala a la atención del Gobierno que las garantías jurídicas de la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación y la protección contra las detenciones arbitrarias constituyen una importante salvaguardia contra la imposición de trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas o como medio de coerción o de educación política (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar que no se puedan imponer sanciones que conlleven trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al sistema establecido, tanto en la legislación como en la práctica. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que garantice la enmienda del artículo 42 de la Ley sobre Partidos Políticos, en su tenor enmendado en 2017, así como de los artículos 494, 495, 522 y 523 del Código Penal de 2009, restringiendo claramente el alcance de esas disposiciones a situaciones relacionadas con el uso de violencia o la incitación a la violencia, o eliminando las sanciones que conllevan trabajo obligatorio. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación del Código Penal, la Ley sobre los Sindicatos, la Ley sobre Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales y la Ley sobre Manifestaciones Pacíficas no tenga como consecuencia, en la práctica, la imposición de sanciones que conlleven trabajo obligatorio en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que transmita copia de la legislación en materia de ciberdelincuencia una vez que se haya adoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Camerún

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1962)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como sanción por la expresión de opiniones políticas o por la manifestación de una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Desde 1996, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno algunas disposiciones de su legislación (Código Penal y Ley núm. 90-53, sobre la Libertad Sindical), en virtud de las cuales pueden imponerse sanciones penales que conllevan un trabajo penitenciario obligatorio. Así, en virtud del artículo 24 del Código Penal y del artículo 49 del decreto núm. 92-052, sobre el régimen penitenciario, las penas de prisión conllevan la obligación de trabajar. La Comisión subrayó que, si una persona está obligada, de la manera que sea, a realizar un trabajo penitenciario por la manifestación de determinadas opiniones políticas o por oponerse al orden político, social o económico establecido, ello no está de conformidad con el Convenio. La Comisión se refirió a las siguientes disposiciones:

–el artículo 113 del Código Penal, que prevé una pena de reclusión de tres meses a tres años a todo aquel que emita o difunda noticias engañosas cuando estas noticias puedan perjudicar a las autoridades públicas o a la cohesión nacional;

–el artículo 154, apartado 2), del Código Penal, que prevé una pena de reclusión de tres meses a tres años a todo aquel que, mediante la palabra o escritos de difusión pública, incite a la rebelión contra el Gobierno y las instituciones de la República;

–el artículo 157, apartado 1), a), del Código Penal, que prevé una pena de reclusión de tres meses a cuatro años a toda persona que, por cualquier medio, incite a resistirse a la aplicación de leyes, reglamentos u órdenes legítimas de la autoridad pública;

–el artículo 33, apartados 1) y 3), de la Ley núm. 90-53 sobre la Libertad Sindical, que prevé una pena de reclusión de tres meses a un año para los administradores o fundadores de una asociación que se mantuviera o reconstituyera ilegalmente tras una sentencia o decisión de disolución y para las personas que favorezcan la reunión de los miembros de la asociación disuelta, preservándoles el uso del local de que disponen. El artículo 4 precisa que serán nulas y sin efecto las asociaciones fundadas en una causa o con miras a un objetivo contrario a la Constitución, así como aquéllas que tengan por finalidad atentar sobre todo contra la seguridad, la integridad territorial, la unidad nacional, la integración nacional y la forma republicana del Estado. Además, el artículo 14 prevé que la disolución de una asociación no obstaculice las acciones judiciales que pudiesen eventualmente incoarse contra los responsables de esa asociación.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 2016-007, de 12 de julio de 2016, sobre el Código Penal. Sin embargo, la Comisión observa con preocupación que siguen sin cambios los artículos 113, 154, apartado 2), y 157, apartado 1), a), del Código Penal y que se difunden noticias falsas; la incitación, por medio de la palabra o por escritos, a la rebelión contra el Gobierno y las instituciones de la República; y la incitación a resistirse a la aplicación de leyes, reglamentos u órdenes legítimas de la autoridad pública, siguen siendo actos punibles con una pena de reclusión que conlleva un trabajo penitenciario obligatorio. Además, la Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 153, la ofensa al presidente y a los jefes de los gobiernos extranjeros, son punibles con una pena de reclusión que va de seis meses a cinco años.

La Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe castigar a las personas que, sin recurrir a la violencia, expresen determinadas opiniones políticas o manifiesten su oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, con sanciones que impliquen un trabajo obligatorio, especialmente un trabajo penitenciario obligatorio. Subraya que, entre las actividades que, en virtud de esta disposición, no deben ser objeto de una sanción que conlleve un trabajo obligatorio, figuran las que se ejercen en el marco de la libertad de expresión de opiniones políticas o ideológicas (verbalmente, por medio de la prensa o por otros medios de comunicación) (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que, sin demora, tome las medidas necesarias para armonizar con el Convenio las mencionadas disposiciones del Código Penal y las relativas a la Ley núm. 90-53 sobre la Libertad Sindical, de modo de garantizar que no se imponga ninguna pena de reclusión que conlleve un trabajo obligatorio como sanción por la expresión de opiniones políticas o por la manifestación de una oposición ideológica al orden político, económico y social establecido. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

República Centroafricana

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Violaciones cometidas en el marco de las hostilidades entre grupos armados. En sus comentarios anteriores, al tiempo que consideraba la complejidad de la situación en el país y los esfuerzos desplegados por el Gobierno de transición para restablecer la paz y la seguridad, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner fin a los actos de violencia perpetrados contra la población civil, en particular, las mujeres y los niños, con el fin de obligarlos a realizar trabajos forzosos, incluida la esclavitud sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que, en este período de transición, el país ha restablecido el orden constitucional y las instituciones son desde ahora operativas. Se han adoptado algunas medidas para poner fin a las violencias cometidas contra los civiles, en particular, las mujeres y los niños, entre otras: i) el Plan nacional de restablecimiento y consolidación de la paz 2017-2021; ii) el proceso de actualización del diálogo político sobre la protección social, organizada en junio de 2017 por el Ministerio de Asuntos Sociales en colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF y la OIT, y iii) el Programa de desarme, desmovilización, reinserción y repatriación.

La Comisión toma nota de que estas iniciativas tienen el objetivo de restaurar la paz y la seguridad en el país. Además, la Comisión toma nota de que la Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana observó que el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) sigue cometiendo graves abusos contra la población civil en las zonas bajo su control, en las regiones orientales de la República Centroafricana, consistentes en ataques contra aldeas, saqueos y secuestros prácticamente sistemáticos de civiles a los que somete a trabajos forzosos, reclutamiento forzoso, esclavitud sexual y violencia sexual. La División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) ha registrado más de 100 incidentes que dejaron más de 360 víctimas entre julio de 2016 y junio de 2017 (documento A/HRC/36/64, párrafo 53). La Experta ha destacado que el recrudecimiento de la violencia generalizada ha sido acompañado por un claro aumento de los actos de violencia sexual cometidos por los grupos armados (párrafo 63). Ha señalado asimismo que se ha puesto en marcha la creación de una comisión de la verdad y la reconciliación, y un tribunal penal especial, y que estas dos instituciones podrían ayudar a las víctimas a ver reconocidos sus derechos (párrafos 80 y 81). En este sentido, la Experta recordó la importancia de la seguridad y la protección de las víctimas y testigos de manera que éstos sean alentados a prestar su testimonio en casos de transgresiones graves que hayan sufrido o presenciado (párrafo 92).

Teniendo en cuenta todos estos elementos, la Comisión manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que los grupos armados sigan recurriendo al trabajo forzoso y la esclavitud sexual, así como por el número elevado de víctimas de estas prácticas. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación y la presencia de un conflicto y de grupos armados en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para poner fin a las violencias perpetradas contra los civiles con el fin de obligarlos a realizar trabajos forzosos, incluida la esclavitud sexual. Además, insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para luchar contra la impunidad y garantizar que los autores de estas violaciones graves del Convenio sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas sean indemnizadas por los perjuicios que les pudieran haber causado. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos a este respecto.

Artículo 25.  Aplicación de sanciones penales eficaces. La Comisión ha destacado anteriormente que la legislación nacional no contenía ninguna disposición que permita dar pleno cumplimiento al artículo 25 del Convenio, en virtud del cual la imposición de trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales realmente eficaces. En efecto, el Código del Trabajo prohíbe recurrir a cualquier forma de trabajo forzoso, pero no establece las sanciones aplicables, y el Código Penal establece en su artículo 151 sanciones penales únicamente por el delito de trata de personas.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. En la medida en que la definición de trabajo forzoso establecida en el Convenio es muy amplia y permite adoptar diversas prácticas que no se limitan a la trata de personas, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación contenga disposiciones que permitan a las fuerzas del orden y a las autoridades perseguir, enjuiciar y sancionar a los autores de cualquier forma de trabajo forzoso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Trabajo de interés general impuesto en el marco del servicio militar obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación relativa al servicio militar obligatorio para ponerla en conformidad con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. La Comisión tomó nota de que de conformidad con el artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 que establece la reorganización de las fuerzas armadas, en el marco del servicio militar obligatorio, los llamados a filas que son aptos para el servicio se dividen en dos grupos: el primero, cuya importancia se fija cada año por decreto, se incorpora y se dedica al servicio activo; y, el segundo permanece a disposición de las autoridades militares durante dos años y pueden ser llamado a realizar trabajos de interés general por orden gubernamental. Ahora bien, para ser excluidos del campo de aplicación del Convenio y no ser considerados como trabajo forzoso, los trabajos o servicios que se exijan en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio deben tener un carácter puramente militar. El Gobierno indica en su memoria que adoptará las medidas necesarias para poner las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformidad con el Convenio. La Comisión toma debida nota de esta información y espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza de 1991, que establece la reorganización de las fuerzas armadas, sean modificadas lo más rápidamente posible para garantizar que los trabajos impuestos en el marco del servicio militar obligatorio revistan un carácter puramente militar.

Artículo 2, párrafo 2, c).  Trabajo impuesto por una autoridad administrativa. Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14, de 13 de noviembre de 1959, por el que se autoriza al Gobierno a tomar medidas administrativas de alejamiento, internamiento o expulsión de las personas cuyos comportamientos son peligrosos para el orden y la seguridad públicos, y en virtud del cual las personas a las que se hubiese impuestos una condena penal que implique una prohibición de residencia podrán ser utilizadas para trabajos de interés público durante un tiempo cuya duración será fijada por decreto del Primer Ministro. Esta disposición permite a las autoridades administrativas imponer trabajo a las personas que son objeto de una medida de prohibición de residencia después de haber cumplido su condena. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que adoptará las medidas necesarias para modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14 de 1959 antes mencionada. Teniendo en cuenta el hecho de que esta cuestión es objeto de los comentarios de la Comisión desde hace muchos años y que el Gobierno ya se ha referido en el pasado a un proyecto de derogación de ese texto, la Comisión confía en que en su próxima memoria indicará los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

China

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (notificación: 1997)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que implican la obligación de trabajar como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota anteriormente de las siguientes disposiciones legislativas, con arreglo a las cuales pueden imponerse penas de reclusión (que implican un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 38 del reglamento de prisiones):

–por imprimir, publicar, vender, distribuir, importar, etc., publicaciones sediciosas o pronunciar palabras sediciosas (artículo 10 de la ordenanza sobre los delitos, capítulo 200);

–por diversas violaciones a la prohibición de imprimir y publicar (artículos 18, i), y 20 del registro de la ordenanza sobre periódicos locales, capítulo 268; artículos 9 y 15 del reglamento sobre el registro de las agencias noticiosas, capítulo 268A; artículos 8 y 19 del reglamento sobre el registro y distribución de periódicos, capítulo 268B; artículos 7 y 13 del reglamento sobre documentos impresos (control), capítulo 268C);

–por diversas contravenciones a la reglamentación sobre reuniones, marchas y concentraciones públicas (artículo 17A de la ordenanza sobre orden público, capítulo 245).

La Comisión tomó nota de que, en sus observaciones finales relativas al informe de Hong Kong, China, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación acerca de la aplicación en la práctica de algunos términos contenidos en la ordenanza sobre orden público, por ejemplo, «desórdenes en lugares públicos» (previstas en el artículo 17B) o «asambleas ilegales» (previstas en el artículo 18), que puede facilitar una excesiva restricción de los derechos civiles y políticos. También expresó su preocupación acerca del creciente número de detenciones de manifestantes y de procesamientos contra éstos.

La Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual la libertad de prensa, al igual que la libertad de opinión y de expresión, están protegidas por la Ley Fundamental y la ordenanza sobre la carta de derechos de Hong Kong (capítulo 383). El Gobierno indica nuevamente de que no se llevó a los tribunales ningún caso relacionado con la aplicación del Convenio.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 3 de febrero de 2016, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) expresó su preocupación por las persistentes denuncias de detenciones masivas de personas en el contexto de las manifestaciones y las presuntas restricciones impuestas a las salvaguardias legales de los detenidos. Según información proporcionada por el Gobierno al CAT, 511 personas fueron detenidas en relación con una asamblea que siguió a una marcha anual celebrada el 1.º de julio de 2014 (documento CAT/C/CHN-HKG/CO/5, párrafo 12). El CAT también expresó su preocupación por las persistentes denuncias de uso excesivo de gases lacrimógenos, porras y aspersores contra los manifestantes durante la protesta de 79 días denominada «revolución de los paraguas» o movimiento «occupy» en 2014, así como por los numerosos testimonios que coinciden en que la policía recurrió a la violencia contra más de 1 300 personas, y que aproximadamente 500 de ellas fueron ingresadas posteriormente en hospitales (párrafo 14).

La Comisión también toma nota de que el 18 de agosto de 2017 se adoptó una decisión judicial contra tres personas en relación con la manifestación masiva que tuvo lugar en 2014 por incitar a otros a participar en una asamblea ilegal, o por participación en una asamblea ilegal en virtud del artículo 18 de la ordenanza sobre orden público. En primera instancia, los tres acusados fueron condenados, respectivamente, a cumplir 80 y 120 horas de servicio comunitario, y a tres semanas de prisión acompañada de un año en libertad condicional. A petición de los fiscales para la revisión judicial del caso, el Tribunal de Apelaciones estimó que las sentencias de primera instancia eran inadecuadas y no reflejaban la gravedad de los delitos. En consecuencia, condenó a los tres acusados a penas de prisión de entre seis y ocho meses respectivamente.

La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe el castigo con sanciones que impliquen un trabajo obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio de las personas que, sin haber recurrido a la violencia, manifiesten opiniones o puntos de vista político opuestos al orden político, social o económico establecido. Asimismo, señala que la protección que ofrece el Convenio no se limita a las actividades relacionadas con la expresión o manifestación de opiniones que difieren de los principios establecidos; incluso ciertas actividades que tienen por objetivo introducir cambios fundamentales en las instituciones del Estado están cubiertas por el Convenio, siempre que no se recurra a medios violentos para obtener esos fines o se inste a utilizar dichos medios. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, que no se pueden imponer sanciones a las personas que sostengan o expresen determinadas opiniones políticas. A fin de verificar que las disposiciones antes mencionadas no sean aplicadas a actos a través de los cuales los ciudadanos intentan lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre su aplicación en la práctica, facilitando copias de las decisiones judiciales que definen o ejemplifican su alcance.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. 1. Trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad del artículo 1 de la Ley núm. 16, de 27 de agosto de 1981, sobre el Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio con el Convenio. En virtud de esta disposición, el servicio nacional es una institución destinada a permitir que todo ciudadano participe en la defensa y en la construcción de la nación, lo que conlleva dos aspectos: el servicio militar y el servicio cívico. La Comisión señaló en muchas ocasiones que los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del servicio nacional obligatorio, especialmente aquéllos que se refieren al desarrollo del país, no presentan un carácter puramente militar y están, por tanto, en contradicción con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para modificar o derogar la Ley relativa al Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio, con el fin de ponerla de conformidad con el Convenio. Sírvase comunicar informaciones sobre todo progreso realizado a tal efecto.

2.  Brigadas y campamentos de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló la indicación del Gobierno, según la cual desde 1991 cayó en desuso la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud. Esta ley establecía que el partido y las organizaciones de masas debían crear progresivamente todas las condiciones para la formación de brigadas de jóvenes y la organización de campamentos juveniles (la naturaleza de los trabajos realizados, el número de personas afectadas, la duración y las condiciones de su participación, etc.). La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para derogar formalmente la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud.

Artículo 2, párrafo 2, d). Movilización de personas para realizar trabajos de interés público que van más allá de los casos de fuerza mayor. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad de la ley núm. 24-60, de 11 de mayo de 1960, que permite movilizar a personas para realizar trabajos de interés público fuera de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio; a las personas movilizadas que se nieguen a trabajar podrá imponérseles una pena de reclusión de un mes a un año.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual esta ley cayó en desuso y puede considerarse como derogada, dado que el Código del Trabajo (artículo 4) y la Constitución (artículo 26), que prohíben el trabajo forzoso, derogan todas las disposiciones nacionales que estén en contradicción con los mismos. El Gobierno precisa que, para evitar toda ambigüedad jurídica, se publicará un texto que permita distinguir claramente los trabajos de interés público, que no han de confundirse con el trabajo forzoso prohibido por el Código del Trabajo y la Constitución. El Gobierno indica asimismo que ha dejado de existir la práctica que consiste en movilizar a las poblaciones para trabajos colectivos, en base a las disposiciones del artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo (PCT). Las tareas de desmalezado, saneamiento, etc., son realizadas por asociaciones, por agentes del Estado y por colectividades locales con carácter voluntario y, por consiguiente, no obligatorio. Por otra parte, el carácter voluntario de los trabajos de interés colectivo será establecido en la revisión del Código del Trabajo, de modo tal que se armonice claramente la legislación nacional con las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que se adopten medidas adecuadas para clarificar la situación, tanto en el derecho como en la práctica, especialmente mediante la adopción de un texto que permita distinguir los trabajos de interés público del trabajo forzoso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Democrática del Congo

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso y esclavitud sexual en el marco del conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los diferentes informes que proceden especialmente del Secretario General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación en la República Democrática del Congo (documento A/HRC/27/42, documentos S/2014/697, S/2014/698 y S/2014/222). La Comisión señaló que estos últimos, reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para perseguir penalmente a los autores de violaciones de los derechos humanos, incluidos los funcionarios del Estado. Sin embargo, siguen manifestando su preocupación por la situación de los derechos humanos y del estado de violencia, incluso de la violencia sexual, por parte de grupos armados y de las fuerzas armadas nacionales. La Comisión subrayó asimismo los esfuerzos realizados por el Gobierno para luchar contra las violaciones masivas de los derechos humanos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual adoptó las medidas siguientes para proteger a las víctimas de violencia sexual y permitirles su reinserción. Así, las leyes sobre la violencia sexual completarán en lo sucesivo el Código Penal, que no incluye todas las incriminaciones que el derecho internacional tipificó como delito. El Gobierno indica asimismo que ha constituido tres brigadas de policía de proximidad para garantizar la protección de la población civil en las zonas de conflictos armados.

La Comisión toma nota de que, en su informe fechado en abril de 2017 sobre las violencias sexuales vinculadas con los conflictos, el Secretario General de las Naciones Unidas subrayó que, en 2016, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) comprobó 514 casos de violencia sexual vinculados con el conflicto y cometidos contra 340 mujeres, 170 niñas y un niño. La MONUSCO rescató a 40 niñas, algunas de las cuales declararon haber sido víctimas de esclavitud sexual. También fueron condenados cuatro combatientes pertenecientes al movimiento de 23 de marzo y tres combatientes nyatura, respectivamente, por violación y por esclavitud sexual (documento S/2017/249, párrafos 32 y 35).

Al tiempo que toma nota de la dificultad de la situación en el país, la Comisión debe expresar su preocupación ante los actos de violencia sexual cometidos contra los civiles, en particular las mujeres sometidas a explotación sexual. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para poner término a esos actos de violencia contra los civiles, que constituyen una violación grave del Convenio y que adopte medidas inmediatas y eficaces para que se impongan a los autores de tales prácticas las sanciones penales correspondientes, de modo que no quede impune el recurso a la esclavitud sexual y al trabajo forzoso. Además, insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la plena protección de las personas víctimas de las mismas. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos a tal efecto.

Artículo 25.  Sanciones penales. Desde hace algunos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la ausencia de sanciones penales adecuadas en su legislación para la imposición de trabajo forzoso. Con excepción de las disposiciones del artículo 174, c) y e), relativas a la prostitución forzosa y a la esclavitud sexual, el Código Penal no prevé sanciones penales adaptadas para sancionar la imposición de otras formas de trabajo forzoso. Además, las sanciones previstas por el Código del Trabajo a este respecto, no revisten el carácter disuasorio requerido por el artículo 25 del Convenio. En efecto, el artículo 323 del Código del Trabajo establece una pena de reclusión penal principal de un máximo de seis meses y una multa, o sólo una de las dos penas.

La Comisión toma nota de la ausencia de información del Gobierno sobre esta cuestión. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias con miras a la adopción, en los más breves plazos, de disposiciones legislativas adecuadas para que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, puedan aplicarse efectivamente sanciones penales eficaces y disuasorias a las personas que imponen un trabajo forzoso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2001)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que entrañan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas. Desde 2005, la Comisión señala a la atención del Gobierno las disposiciones siguientes del Código Penal y otras legislaciones que reglamentan la libertad de expresión en virtud de las cuales se pueden imponer sanciones penales (penas de reclusión) que conllevan trabajo obligatorio (artículo 8 del Código Penal) en situaciones contempladas por el artículo 1, a), del Convenio, en particular:

–Código Penal, artículos 74, 75 y 77: calumnias e injurias; artículos 136 y 137: desacato a los miembros de la Asamblea Nacional, del Gobierno y a las personas que ejerzan funciones de autoridad o a los miembros de la fuerza pública; artículos 199 bis y ter: difusión de rumores cuya índole pueda inquietar a la población; artículo 209: distribuir folletos, boletines o volantes de origen o inspiración extranjera cuya naturaleza pueda perjudicar al interés nacional; artículo 211, párrafo 3: exposición en lugares públicos de dibujos, carteles, grabados, pinturas, fotografías o imágenes que puedan perturbar la paz pública.

–Ley núm. 96-002, de 22 de junio de 1996, que establece las modalidades del ejercicio de la libertad de prensa: artículos 73 a 76 que remiten al Código Penal para la calificación y sanción de los delitos de prensa.

–Ordenanza legislativa núm. 25-557, de 6 de noviembre de 1959, relativa a las penas aplicables en caso de infracción a las medidas de orden general.

–Ordenanzas legislativas núms. 300 y 301, de 16 de diciembre de 1963, sobre la represión de los delitos contra el Jefe del Estado y Jefes de Estado extranjeros.

La Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara informaciones relativas a la aplicación en la práctica de las disposiciones antes mencionadas a fin de determinar su alcance.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el artículo 5 del Código Penal prevé, entre las sanciones, los trabajos forzosos y el artículo 5 bis precisa que la pena de trabajos forzosos puede alcanzar de uno a veinte años. El Gobierno indica también que la pena de reclusión no puede asimilarse a una pena de trabajos forzosos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que con arreglo al artículo 8 del Código Penal las personas condenadas a una pena privativa de libertad son utilizadas ya sea dentro de la institución penitenciaria o fuera de ella, para realizar algunos de los trabajos autorizados por el reglamento del establecimiento o determinados por el Presidente de la República. La Comisión subraya nuevamente que el Convenio protege a las personas contra la imposición de todo trabajo obligatorio (incluido el trabajo obligatorio impuesto en el marco de la servitud penal), y no sólo contra la imposición de trabajos forzosos, en las cinco circunstancias que enumera en el artículo 1.

Por otra parte, la Comisión toma nota de que en junio de 2017, el Consejo de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las noticias de restricciones a las libertades de reunión pacífica, opinión y expresión, violaciones del derecho a la libertad y la seguridad personales, amenazas e intimidación contra miembros de partidos políticos, representantes de la sociedad civil y periodistas, así como por los casos de detenciones arbitrarias (documento A/HRC/35/L.37).

La Comisión también toma nota de la resolución núm. 2360 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que el Consejo instó a la aplicación inmediata de las medidas que figuran en el acuerdo de 31 de diciembre de 2016 para apoyar la legitimidad de las instituciones de transición, en particular, poner término a las restricciones del ámbito político en el país, especialmente los arrestos y detenciones arbitrarias de los miembros de la oposición política y representantes de la sociedad civil, así como a las restricciones impuestas a las libertades fundamentales tales como la libertad de opinión y de expresión, incluida la libertad de prensa (documento S/RES/2360 (junio de 2017)).

La Comisión expresa su preocupación acerca de la situación actual de los derechos humanos en el país y recuerda que las restricciones a las libertades y derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, pueden incidir en la aplicación del Convenio si tales medidas se aplican por medio de sanciones que conllevan trabajo obligatorio. A este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio prohíbe recurrir al trabajo penitenciario obligatorio como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner las disposiciones antes mencionadas del Código Penal, de la ley núm. 96-002, de 22 de junio de 1996, de la ordenanza legislativa núm. 25-557, de 6 de noviembre de 1959, y de las ordenanzas legislativas núms. 300 y 301, de 16 de diciembre de 1963, de conformidad con el Convenio a efectos de garantizar que no puedan imponerse sanciones que entrañen un trabajo obligatorio (incluido el trabajo penitenciario obligatorio), por tener o expresar determinadas opiniones políticas u opiniones opuestas ideológicamente al orden político, social y económico establecido. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Dominica

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), a) y d), del Convenio. Obligaciones del servicio nacional. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que derogara o enmendara la Ley del Servicio Nacional de 1977, en virtud de la cual las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años están obligadas a cumplir el servicio nacional, que incluye la participación en proyectos de desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe mencionar el alojamiento, la construcción de escuelas, la construcción, la agricultura y la construcción de carreteras, siendo el no presentarse al servicio sancionable con multas o penas de prisión (artículo 35, 2)). La Comisión señaló que, contrariamente a la reiterada declaración del Gobierno de que el servicio nacional fue creado para hacer frente a las catástrofes nacionales, la ley no contiene ninguna referencia a las catástrofes naturales, sino que especifica los objetivos del servicio nacional, que consisten en «movilizar las energías del pueblo de Dominica para alcanzar el máximo nivel de eficacia, estructurar estas energías y orientarlas hacia la promoción del crecimiento y del desarrollo económico del Estado». La Comisión destacó que las mencionadas disposiciones no están de conformidad con el presente Convenio y con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe específicamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico».

El Gobierno indica en su memoria que el punto relativo a la enmienda a la legislación fue incluido en la Agenda del Trabajo Decente, y que se adoptarán las medidas necesarias para abordar las solicitudes en relación con el cumplimiento de los convenios, con la asistencia técnica de la OIT. Habiendo tomado nota de las indicaciones del Gobierno en sus memorias anteriores, según las cuales la Ley del Servicio Nacional, de 1977, ha sido omitida de las leyes revisadas de Dominica, de 1990, y el artículo 35, 2), de la ley no se ha aplicado en la práctica, la Comisión confía en que se adopten, en un futuro cercano, las medidas adecuadas para derogar formalmente la mencionada ley, con el fin de armonizar la legislación con los Convenios núms. 29 y 105, en que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Egipto

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1955)

Artículo 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Utilización de reclutas para fines de carácter no militar. Durante algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 1 de la Ley núm. 76, de 1973 en su forma enmendada por la Ley núm. 98, de 1975, sobre la Prestación del Servicio General (Cívico), según el cual los jóvenes (mujeres y hombres) que hayan completado sus estudios y hayan resultado excedentes de cupo con los requerimientos de las fuerzas armadas podrán ser enviados a trabajar en actividades tales como en el desarrollo de sociedades rurales y urbanas, cooperativas agrícolas y de consumidores, y en unidades de producción de las fábricas. La Comisión consideró que estas disposiciones son incompatibles tanto con el presente Convenio como con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prevé la supresión de toda forma de trabajo obligatorio como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. En este sentido, el Gobierno señaló con anterioridad que se había presentado una propuesta a la Comisión de Revisión Legislativa del Ministerio de Solidaridad Social con el fin de enmendar la ley relativa a la prestación del servicio general (civil), con el fin de que se prevea la naturaleza voluntaria del servicio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que los proyectos de enmienda a la ley núm. 76, de 1973, han sido redactados y están siendo examinados por la Comisión Legislativa del Ministerio de Trabajo con el fin de presentarlos sin demora al Parlamento. El Gobierno afirma también que no se ha impuesto ninguna sanción a jóvenes renuentes (de sexo masculino o femenino) a la prestación cívica o que se nieguen a tomar parte en la función pública. La Comisión reitera que, por lo que hace a las obligaciones a la prestación de servicio nacional impuestas al margen de los casos de fuerza mayor, sólo se excluye del ámbito del Convenio el servicio militar obligatorio, a condición de que se utilice para realizar «un trabajo que tenga un carácter puramente militar» (artículo 2, 2), a)), condición ésta que tiene concretamente por objetivo impedir la utilización de conscriptos para realizar trabajos públicos o con fines de desarrollo (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 288). La Comisión alienta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se enmiende la ley núm. 76, de 1973, a fin de que la participación de los jóvenes en el servicio general (cívico) sea voluntaria, de conformidad con los Convenios núms. 29 y 105. Pendiente de la revisión, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la mencionada legislación en la práctica, incluida la información sobre el número de personas que han presentado una solicitud de exención de tal servicio, sobre el número de solicitudes denegadas y sobre toda sanción impuesta en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Desde 1964, la Comisión ha estado señalando a la atención del Gobierno ciertas disposiciones con arreglo a las cuales pueden imponerse sanciones penales que conllevan trabajo penitenciario obligatorio (en virtud de los artículos 16 y 20 del Código Penal), en situaciones cubiertas por el artículo 1, a), del Convenio, y, en particular:

–el artículo 178, 3), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 536, de 12 de noviembre de 1953, y por la ley núm. 93, de 28 de mayo de 1995, sobre la producción o la posesión con miras a la distribución, venta, etc. de cualquier imagen que pueda perjudicar la reputación del país por ser contraria a la verdad, dando una descripción inexacta y destacando aspectos que no son adecuados;

–el artículo 80, d), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 112, de 19 de mayo de 1957, en la medida en que se aplique a la difusión intencionada en el extranjero por un egipcio de rumores tendenciosos o de información relacionada con la situación interna del país con el fin de menoscabar la buena reputación o estima del Estado, o el ejercicio de cualquier actividad que pueda ocasionar un perjuicio al interés nacional;

–el artículo 98, a) bis y d), del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, que prohíbe lo siguiente: la apología, por cualquier medio que sea, de la oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado; el estímulo de la aversión a esos principios o su desprecio; la constitución o participación en cualquier asociación o grupo que persiga cualquiera de los objetivos mencionados o que reciba una ayuda material para la prosecución de tales objetivos;

–los artículos 98, b) y b) bis, y 174 del Código Penal sobre la apología de ciertas doctrinas;

–el artículo 102 bis del Código Penal, en su tenor reformado por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, sobre la difusión o posesión de medios para la propagación de noticias, informaciones o rumores falsos o tendenciosos, o de propaganda revolucionaria que pueda perjudicar la seguridad pública, sembrar el pánico entre la gente o causar un perjuicio al interés público;

–el artículo 188 del Código Penal sobre la difusión de noticias falsas, etc., que puedan perjudicar el interés público, y

–la Ley núm. 14 de 1923 sobre Reuniones Públicas, y la Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones, que confieren facultades generales para prohibir o disolver reuniones, incluso en lugares privados.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que el incumplimiento de las disposiciones que figuran a continuación puede ser castigado con penas de prisión de hasta un año de duración que pueden conllevar la obligación de trabajar:

–el artículo 11 de la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No Gubernamentales, prohíbe que las asociaciones realicen actividades que pongan en peligro la unidad nacional o alteren el orden público, o insten a la discriminación entre ciudadanos basada en la raza, el origen, el color, el idioma, la religión o el credo, y

–los artículos 20 y 21 de la Ley núm. 96/1996 sobre la Reorganización de la Prensa prohíben los siguientes actos: atacar la religión de terceros; incitar a perjudicar o despreciar a cualquier grupo religioso de la sociedad; y atacar el trabajo de los funcionarios públicos.

Además, la Comisión tomó nota de que en su memoria de 2015 el Gobierno indicó que la Ley núm. 95 de 2003, por la que se derogó la Ley núm. 105 de 1980 sobre el Establecimiento de Tribunales Competentes en materia de Seguridad del Estado, eliminó la condena a trabajos forzosos, y, por consiguiente, se han modificado las sanciones a las que se refiere la Comisión. Asimismo, el Gobierno añadió que el artículo 41 de la Ley núm. 96/1996 sobre la Reorganización de la Prensa, enmendada por la ley núm. 1 de 2012, especifica que, cuando está pendiente una investigación de delitos relacionados con la prensa, el juez no deberá autorizar detenciones. Después de la enmienda de 2012, también se ha enmendado el artículo 20 del Código Penal a fin de establecer que, cuando el juez condene a penas de prisión de más de un año éstas irán acompañadas de trabajo penitenciario obligatorio. El Gobierno señala que, habida cuenta de que las sanciones impuestas por las infracciones citadas en el artículo 11 de la Ley núm. 84/2002 y las mencionadas en los artículos 20 y 21 de la ley núm. 96/1996, son inferiores a un año no son incompatibles con el Convenio.

En relación con las explicaciones del Gobierno sobre la abolición de la condena a «trabajos forzosos», la Comisión observó que, con arreglo al artículo 20 del Código Penal, las penas de prisión todavía conllevan trabajo penitenciario obligatorio. Asimismo, la Comisión señaló a la atención del Gobierno que la aplicación del Convenio no se limita a las penas de «trabajos forzosos» u otras formas de trabajo especialmente arduas, en oposición al trabajo penitenciario ordinario. En efecto, el Convenio no permite que se use «ninguna forma» de trabajo penitenciario obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido.

Por último, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que la Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones que confiere facultades generales para prohibir o disolver reuniones, incluso en lugares privados, sólo prohíbe las reuniones que ponen en peligro el orden público, y que las sanciones previstas en esta ley no incluyen penas de prisión a menos que las personas que se reúnen lleven armas, causen alguna muerte, o inflijan daños intencionados a los órganos o edificios públicos, lo cual implica una alteración del orden público. Además, la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas derogó la Ley núm. 14 de 1923 sobre Reuniones Públicas. Según el Gobierno, la ley núm. 107 sólo castiga los actos que infringen las normas que regulan la realización de reuniones, asambleas y manifestaciones pacíficas.

Habiendo tomado nota de las explicaciones antes mencionadas, la Comisión observó que el Parlamento Europeo y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirieron a la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, y pidieron al Gobierno que pusiera fin a todos los actos de violencia, intimidación y censura contra opositores políticos, periodistas y sindicalistas. A este respecto, la Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner la legislación antes mencionada de conformidad con el Convenio.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Por otra parte, también observa que en una comunicación conjunta de 29 de julio de 2016 (caso núm. EGY7/2016), el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (con arreglo a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos núms. 24/7, 24/5, 24/6, 25/13 y 25/18) señalaron que la ley núm. 107 de 2013, que limita gravemente el derecho de reunión y asociación pacífica, es invocado regularmente por las autoridades para tomar medidas contra los manifestantes utilizando una fuerza excesiva o innecesaria para dispersar las manifestaciones no autorizadas u otras reuniones públicas, lo cual con frecuencia da lugar a lesiones y detenciones, e incluso a veces a la muerte de manifestantes. Según el mismo documento, alrededor de 60 000 personas han sido detenidas por motivos políticos entre julio de 2013 y julio de 2016.

Asimismo, la Comisión también toma nota de que en su informe presentando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en junio de 2017, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación reiteró su gran preocupación por los hechos graves que ocurrieron el año pasado en relación con la represión de la sociedad civil independiente, incluidos defensores de los derechos humanos, abogados, sindicalistas, periodistas, opositores políticos y manifestantes, en Egipto. El Relator Especial recibió considerable información en relación con interrogatorios, acoso judicial, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias, juicios no imparciales, congelamiento de activos, prohibiciones para viajar y órdenes de clausura de organizaciones de la sociedad civil en Egipto. Expresó especial preocupación por el hecho de que las personas antes mencionadas parece que fueron objeto de represión porque llevaban a cabo sus actividades en defensa de los derechos humanos de forma pacífica así como por ejercer legítimamente sus derechos a la libertad de expresión y de libertad sindical. El Relator destacó que estos ataques pueden ser representativos del intento de las autoridades de intimidar y silenciar a los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones y defensores de los derechos humanos que trabajan en Egipto (documento A/HRC/35/28/Add.3, párrafo 548).

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión deplora que a pesar de los comentarios que ha estado realizando durante años, la Ley núm. 10 de 1914 sobre Reuniones, la Ley núm. 107 de 2013 sobre el Derecho a Realizar Reuniones Públicas y Asambleas Pacíficas, la Ley núm. 84/2002 sobre las Organizaciones No Gubernamentales, la Ley núm. 1 de 2012 sobre la Reorganización de la Prensa, así como los artículos 80, 98, 102, 174 y 188 del Código Penal, no se han modificado para ponerlos de conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda de nuevo que las limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, pueden guardar relación con la aplicación del Convenio si esas medidas se aplican mediante sanciones que conllevan trabajo obligatorio. Remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 302), la Comisión señala que, con arreglo al artículo 1, a), del Convenio, entre las actividades que deben protegerse a fin de que no se impongan sanciones que conlleven trabajo forzoso u obligatorio figuran la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas (libertad que puede ejercerse verbalmente y también por medio de la prensa y otros medios de comunicación), así como otros derechos generalmente reconocidos, como los de asociación y reunión, ejercicio mediante el cual los ciudadanos intentan lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, las cuales también pueden verse afectadas por medidas de coerción política. Por último, la Comisión hace hincapié en que la protección ofrecida por el Convenio no se limita a las actividades en las que se expresen o manifiesten opiniones que difieran de los principios establecidos; incluso si ciertas actividades tienen por objetivo realizar cambios fundamentales en las instituciones estatales, estas actividades están cubiertas por el Convenio siempre que no se recurra a medios violentos para obtener esos fines o se pida que se utilicen dichos medios. Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio a las personas que, sin recurrir a la violencia, expresen opiniones políticas o puntos de vista opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adoptarán las medidas necesarias para poner los textos legislativos antes mencionados de conformidad con el Convenio, y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Eritrea

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017, así como de la respuesta del Gobierno al respecto, recibida el 26 de octubre de 2017.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Servicio nacional obligatorio. En el marco de sus exámenes anteriores de aplicación de los convenios, tanto la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo como esta Comisión instaron firmemente al Gobierno a que modificara o derogara la Proclamación sobre el Servicio Nacional (núm. 82, de 1995) y la declaración sobre la «Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo», de 2002, a efectos de poner fin a la práctica generalizada y sistemática de imposición de trabajo obligatorio a la población, en el marco de los programas vinculados con la obligación de servicio nacional.

La Comisión tomó nota de que, en el plano legislativo, la Constitución prevé la obligación de los ciudadanos de cumplir con su deber de servicio nacional (artículo 25, 3)), precisando la Proclamación sobre el Servicio Nacional que esta obligación concierne a todos los ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y los 50 años (artículo 6). Esta obligación comprende el servicio nacional activo y el servicio en la reserva. El servicio nacional activo, que afecta a todos los ciudadanos de 18 a 40 años de edad, comprende dos períodos: seis meses de servicio nacional activo en el centro de entrenamiento del servicio nacional, y doce meses de servicio militar activo y tareas vinculadas con el desarrollo en las fuerzas militares (artículo 8). El servicio nacional se dirige a establecer unas fuerzas armadas fuertes, basadas en la población, con miras a garantizar una Eritrea libre y soberana. Tiene también los objetivos de crear una nueva generación que se caracterice por el amor al trabajo y la disciplina y que esté dispuesta a servir y participar en la reconstrucción de la nación, así como a desarrollar y reforzar la economía de la nación, «invirtiendo en el desarrollo del trabajo de la población como riqueza potencial» (artículo 5). Además, la Comisión tomó nota de que, en la práctica, la conscripción de todos los ciudadanos de 18 a 40 años de edad para un período indeterminado, quedó institucionalizado con la «Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo», que fue aprobada por la Asamblea Nacional en 2002. Al respecto, el Gobierno confirmó que, en el marco de su servicio nacional, los conscriptos pueden ser llamados a abandonar otras tareas y que, en la práctica, participaron en muchos programas, especialmente de construcción de carreteras y de puentes, de reforestación, de preservación del suelo y del agua, y de reconstrucción, así como en actividades encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria.

Tanto esta Comisión, como la Comisión de la Conferencia, señalaron que los trabajos impuestos a la población en el marco de la obligación de servicio nacional, incluyendo una amplia gama de actividades, algunas de las cuales se relacionan con el desarrollo nacional, no revisten un carácter puramente militar. En consecuencia, esos trabajos van más allá de la excepción prevista en el artículo 2, 2), a), del Convenio, en virtud de la cual los trabajos o servicios exigidos en virtud de las leyes relativas al servicio militar obligatorio, sólo están excluidos del campo de aplicación del Convenio con la condición de que revistan un carácter puramente militar. Esta condición se dirige expresamente a impedir la movilización de conscriptos para la realización de obras públicas, y a su corolario al artículo 1, b), del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe el recurso al trabajo obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». La Comisión concluyó asimismo que, a la luz de las informaciones sobre la duración y la extensión del trabajo impuesto en el marco de la obligación de servicio nacional y sobre los fines a los que recurren para el mismo las autoridades, esta obligación va más allá del poder de movilizar la mano de obra prevista en el artículo 2, 2), d), del Convenio, en la medida en que ese poder debe limitarse a las verdaderas situaciones de urgencia o de fuerza mayor, es decir, un acontecimiento repentino e imprevisible que requiera contramedidas inmediatas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la duración del servicio nacional se prolongó en razón de las incesantes amenazas que pesan en el país y del estado de beligerancia con Etiopía. La Campaña Warsai Yakaalo constituye una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza y la protección del bienestar de los ciudadanos y se dirige a lograr una política de autosuficiencia que se apoye en la dedicación de la población. Al respecto, el Gobierno se refiere a los objetivos que se establecieron para el servicio nacional, como los previstos en el artículo 5 de la Proclamación sobre el Servicio Nacional, a saber, la participación en la reconstrucción de la nación y el fortalecimiento de la economía nacional. El Gobierno indica asimismo que, a pesar de las amenazas de guerra, el Gobierno ha adoptado varias medidas para desmovilizar a los conscriptos y para reintegrarlos en la administración pública. Se estableció una escala salarial adecuada para los miembros del servicio nacional que hayan llevado a buen término sus tareas. Su estatuto de funcionario público viene a demostrar que ya no forman parte del servicio nacional, mientras el proceso de desmovilización ha sido implementado inicialmente con éxito, las fases posteriores se suspendieron debido al estado de beligerancia con Etiopía. El Gobierno reitera que no hay más opciones que la adopción de las medidas necesarias de autodefensa proporcionales a las medidas a las que hace frente Eritrea. Habida cuenta de esta situación fáctica, el Gobierno considera que el poder de movilizar la mano de obra está vinculado con una verdadera situación de fuerza mayor, en medida en que este poder está concebido para un futuro acontecimiento repentino e imprevisto, de conformidad con el artículo 2, 2), d), del Convenio.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la OIE, indica que, desde hace algunos años viene manifestando su profunda preocupación por la situación descrita por la Comisión, así como por las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por un número considerable de ONG, que dan cuenta de una práctica extendida y sistemática de imposición de trabajo obligatorio a la población, por una duración indeterminada, en el marco del servicio nacional obligatorio. La OIE subraya que debe ponerse fin, con carácter de urgencia, a esta situación, que fue criticada en algunos foros internacionales. Reiterando las preocupaciones expresadas por los miembros empleadores en la Comisión de la Conferencia en lo que atañe a la aplicación del Convenio por Eritrea, la OIE observa que, si bien se comprometió a trabajar con miras a la eliminación del trabajo forzoso, el Gobierno no ha recurrido a la asistencia técnica de la Oficina, ni ha demostrado una voluntad de cooperar con la OIT.

En respuesta a las observaciones de la OIE, el Gobierno reitera las explicaciones proporcionadas en su memoria sobre las razones por las cuales se interrumpió el proceso de desmovilización y se prolongó el servicio nacional. También enfatiza que el trabajo exigido a la población en el marco de los programas de la Campaña Varsai Yakaallo se realiza únicamente en el interés de la comunidad y no para el beneficio de empresas o individuos privados. En general, los fines perseguidos por estos programas se limitan a lo que es estrictamente necesario para responder a las exigencias de la situación en Eritrea. Por lo tanto, según el Gobierno está lejos de la verdad afirmar que la realidad en Eritrea configura una práctica sistemática de imposición de trabajo obligatorio a la población.

Por último, la Comisión comprueba que, en sus últimas memorias, tanto la comisión de investigación sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea como la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, establecidas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comprobaron la ausencia de mejoras en cuanto a la reforma de los programas de servicio militar/nacional (respectivamente, documentos A/HRC/32/47 y A/HRC/32/CRP.1, de 9 de mayo y 8 de junio de 2016, y A/HRC/35/39, de 7 de junio de 2017). La Comisión observa que estos dos informes siguen refiriéndose a la duración indeterminada y arbitraria de la conscripción, que supera los dieciocho meses previstos en la Proclamación de 1995, prolongándose con mucha frecuencia en varios años; a la utilización de conscriptos para cumplir con un trabajo obligatorio en una amplia gama de actividades económicas, incluso en la función pública o para empresas privadas, y al carácter involuntario del servicio militar cumplido más allá de la duración legal de dieciocho meses. La Comisión de investigación subraya, entre otras cosas, que «los programas actuales sirven principalmente para reforzar el desarrollo económico, para aumentar los beneficios de las empresas sostenidas por el Estado y para mantener el control de la población de Eritrea, en violación del derecho internacional». Además, la Comisión observa que la Relatora Especial reconoce que la ausencia de aplicación de la decisión de 2002 de la Comisión de Límites entre Eritrea y Etiopía, constituye un motivo de especial preocupación, pero considera no obstante que la falta de aplicación de la decisión de dicha comisión, no puede servir de justificación para la duración indeterminada y de carácter arbitrario de los programas de servicio nacional militar/civil.

La Comisión recuerda que, si el Convenio prevé expresamente un número limitado de casos en los cuales los Estados que lo han ratificado pueden imponer un trabajo obligatorio a su población — especialmente en el marco de las obligaciones cívicas normales, del servicio militar obligatorio o en situaciones de fuerza mayor —, las condiciones en las que se impone un trabajo obligatorio son muy estrictas y ese trabajo debe responder a exigencias precisas para que tal imposición no constituya un trabajo forzoso. A la luz de las consideraciones anteriores y de todas las informaciones de que dispone, la Comisión reafirma que, por su duración, su magnitud, sus objetivos (reconstrucción, lucha contra la pobreza y fortalecimiento de la economía nacional) y la amplia gama de actividades realizadas, el trabajo exigido a la población, en el marco de la obligación de servicio nacional, va más allá de las excepciones autorizadas por el Convenio núm. 29 y constituye un trabajo forzoso. Está asimismo en contradicción con el artículo 1, b), del Convenio núm. 105, que prohíbe el recurso al trabajo obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». La Comisión comprueba con profunda preocupación que no se ha realizado ningún progreso, ni en el plano legislativo, ni en la práctica, para limitar estrictamente el recurso al trabajo obligatorio a las excepciones autorizadas por el Convenio. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga a bien adoptar, en los más breves plazos, las medidas necesarias para modificar o derogar la Proclamación sobre el Servicio Nacional núm. 82, de 1995, y la declaración sobre la «Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo», de 2002, con el fin de: a) limitar el trabajo impuesto a la población en el marco de la obligación de servicio nacional a la formación militar y a las tareas que revisten un carácter puramente militar, y b) limitar la imposición de trabajo o de servicios obligatorios a la población a los verdaderos casos de urgencia o de fuerza mayor (a saber, un acontecimiento repentino e imprevisible), garantizando que la duración y la extensión de este trabajo o de estos servicios, se limiten a lo estrictamente necesario con respecto a la situación.

La Comisión recuerda que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT para contribuir a resolver las cuestiones planteadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que impliquen un trabajo obligatorio a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresan opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota efectivamente de que hay varias disposiciones de la Proclamación sobre la Prensa núm. 90/1996 que prevén restricciones a la impresión y publicación (esto es, la impresión o reimpresión no autorizadas de un periódico o una publicación de Eritrea; la impresión o la difusión de un periódico o una publicación o un periódico del extranjero cuyo ingreso a Eritrea haya sido prohibido; la publicación de noticias inexactas o de una información que perturbe el orden público (artículo 15, 3), 4) y 10)) está sujeta a penas de prisión. Por otra parte, en virtud del artículo 110 del Código Penal transitorio de 1991, las personas condenadas a una pena privativa de libertad tienen la obligación de trabajar en prisión. La Comisión tomó nota a este respecto de que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea señaló, en su informe de mayo de 2014, que sigue sin disminuir el número de vulneraciones de algunos derechos como la libertad de expresión y de opinión, de reunión de asociación y de religión.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que es bien sabido que en Eritrea no constituye delito la expresión de opiniones políticas o creencias. Desde la independencia, no se han impuesto penas de prisión a ningún ciudadano por haber manifestado sus opiniones o por haber criticado al Gobierno. Las únicas restricciones que se admiten a la libertad de expresión son los límites impuestos por el respeto a los derechos ajenos, a la moralidad a la soberanía y a la seguridad nacional. El Gobierno menciona que la Constitución de 1997 no protege únicamente libertades fundamentales tales como las libertades de expresión, de opinión, de reunión, de asociación y de religión, sino que establece asimismo recursos administrativos y judiciales en casos de vulneración de derechos. En lo que respecta a la libertad religiosa el Gobierno remite a la Proclamación núm. 73/1995 relativa a las Instituciones y Actividades Religiosas, y señala que en virtud de esta disposición no se admite ninguna injerencia en el ejercicio de los ritos o prácticas religiosas en tanto en cuanto éstas no se utilicen con fines políticos o no atenten contra el orden público o la moral. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno considera que la situación descrita en el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea no se corresponde con la realidad y que varias de las denuncias que aparecen en el informe y a las que se refiere la Comisión son falsas.

La Comisión toma nota de que, en su última resolución adoptada en junio de 2017 sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó «profunda preocupación ante las graves restricciones impuestas al derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir e impartir información, la libertad de circulación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como ante la detención de periodistas, defensores de los derechos humanos, actores de la vida política y dirigentes y miembros de los grupos religiosos en Eritrea» (documento A/HRC/RES/35/35). La Comisión toma nota asimismo de que, en el marco del Grupo de trabajo sobre el examen periódico universal, el Gobierno aceptó las recomendaciones de algunos países que lo alentaban especialmente a «reformar la legislación en el ámbito del derecho a la libertad de conciencia y de religión»; «velar por que se respeten los derechos de toda la población a la libertad de expresión, religión y reunión pacífica»; o «adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, los derechos políticos, los derechos de las personas privadas de libertad y el derecho a la libertad de expresión en el ámbito de la prensa y otros medios de comunicación» (documento A/HRC/26/13/Add.1).

La Comisión recuerda que el Convenio protege a las personas que tienen o expresan determinadas opiniones políticas o manifiestan su oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, con la prohibición de que se les impongan sanciones en virtud de las cuales tuvieran que trabajar o, en particular, penas de prisión que impliquen un trabajo forzoso u obligatorio. Las libertades de opinión, de creencia o de expresión se reflejan en el ejercicio de diversos derechos tales como el derecho de reunión, el derecho de asociación o la libertad de prensa. El ejercicio de estos derechos permite a los ciudadanos difundir sus opiniones o procurar la aceptación de las mismas o practicar su religión. Al tiempo que reconoce que estos derechos pueden ser objeto de algunas restricciones que son necesarias en aras del mantenimiento del orden público y la protección social, estas restricciones deben estar rigurosamente encuadradas en el marco de la ley. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión manifiesta su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para velar por que la legislación en vigor y cualquier otra legislación prevista relativa al ejercicio de los derechos y libertades mencionados no contenga ninguna disposición que permita sancionar la expresión de determinadas opiniones políticas, la manifestación de oposición ideológica al orden político, económico y social establecido, o la práctica de una religión, con una pena de prisión que implique un trabajo obligatorio (como es el caso de las penas de prisión en Eritrea). Entre tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las penas de prisión que se habrían impuesto por la infracción de las disposiciones de la Proclamación núm. 90/1996 sobre la Prensa, así como de las de la Proclamación núm. 73/1995 relativa a las Instituciones y Actividades Religiosas, precisando los hechos que hubieran motivado las condenas a dichas penas.

Artículo 1, b).  Servicio nacional obligatorio con fines de fomento económico. La Comisión remite a sus comentarios formulados en aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en lo que respecta al amplio abanico de actividades exigidas al conjunto de la población en el marco del cumplimiento de la obligación de prestar un servicio nacional, como el establecido por la Proclamación núm. 82/1995 sobre el Servicio Nacional y la declaración de 2002 relativa a la «Campaña de desarrollo Warsai Yakaalo». La Comisión manifiesta su profunda preocupación por la ausencia de progresos, tanto en la legislación como en la práctica, para que esta obligación de servicio se circunscriba a los límites autorizados en los dos convenios relativos al trabajo forzoso. La Comisión reitera que el principal objetivo de esta obligación de servicio nacional, a la que están sujetos todos los ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años durante un período indefinido, consiste en reconstruir el país, luchar contra la pobreza y fortalecer la economía nacional y, en consecuencia, contradice abiertamente el objetivo enunciado por el Convenio núm. 105, que en su artículo 1, b), prohíbe hacer uso de ninguna forma de trabajo obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin demora, las medidas necesarias para eliminar, tanto en la ley como en la práctica, cualquier posibilidad de recurrir al trabajo obligatorio en el contexto del servicio nacional, como método de movilización de la mano de obra con fines de fomento económico.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Estados Unidos

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Profesionales (AFL-CIO) recibidas con la memoria del Gobierno.

Artículo 1, d), del Convenio. Sanciones que conllevan trabajo obligatorio por la participación en huelgas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 12, sección 95-98.1, de la legislación general de Carolina del Norte, las huelgas de los empleados públicos son ilegales y contrarias a la política pública del estado. Con arreglo a la sección 95-99, toda violación de las disposiciones del artículo 12 se considera una falta de categoría 1. En virtud de la sección 15A-1340.23, leída conjuntamente con la sección 15A-1340.11, del capítulo 15A (Ley de Procedimiento Penal), una persona culpable de una falta de categoría 1 podrá ser condenada a una «sanción comunitaria» y de ser reincidente se la condenará a una «sanción activa», es decir a una pena de prisión. A este respecto, la Comisión tomó nota del «Compendio de programas sobre correctivos comunitarios en Carolina del Norte» (publicado por la Comisión de Sentencia y Asesoramiento en materia de Políticas de Carolina del Norte) en el que se indica que la imposición de un castigo comunitario puede incluir la asignación al Programa estatal de trabajo del servicio comunitario, que exige que la persona que ha cometido la infracción trabaje gratuitamente para organismos públicos o sin fines de lucro, en un ámbito que beneficie a la mayor parte de la comunidad. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 3 (trabajo de los reclusos), sección 148-26, del capítulo 148 (régimen penitenciario del estado) establece que en virtud de la política pública del estado de Carolina del Norte se exigirá a todo recluso físicamente apto que desempeñe con diligencia todos los trabajos que se le asignen. En respuesta, el Gobierno indicó que las observaciones de la Comisión se habían transmitido a las autoridades de Carolina del Norte y que había pedido a estas autoridades que transmitieran información sobre todas las medidas adoptadas por el gobierno del estado en relación con estos comentarios.

La Comisión toma nota de nuevo de que, en su memoria, el Gobierno indica que en los registros de los tribunales del estado no figuran casos en los que algún trabajador haya sido condenado por participar en una huelga ilegal en el sector público. El Gobierno reitera que en el improbable caso de que se condenara a un individuo la legislación de Carolina del Norte no requiere que el juez ordene que la persona que ha ido a la huelga de forma ilegal realice trabajos infringiendo de esta forma el Convenio. En vez de esto, el juez podrá decidir ordenar que el individuo condenado realice un trabajo o puede imponer sólo una multa.

Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones la AFL-CIO indica que en virtud del Convenio los estados están obligados a eliminar todas las sanciones que conlleven cualquier tipo de trabajo obligatorio que pueda ser impuesto como castigo por haber participado en huelgas, y que esta obligación debe respetarse tanto en la legislación como en la práctica. Dado que las secciones 95-98.1 y 95-99 pueden tener un efecto paralizador sobre los trabajadores del sector público que podrían de otra forma decidir realizar huelgas, estas disposiciones deberían derogarse o modificarse.

Habida cuenta de que ha estado planteando esta cuestión durante un decenio, la Comisión debe recordar de nuevo que el artículo, 1, d), del Convenio prohíbe el uso de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio como castigo por haber participado en huelgas. En relación con las explicaciones que figuran en el párrafo 315 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que, independientemente de la legalidad de la huelga, toda sanción impuesta debería ser proporcional a la infracción cometida, y que tanto en la legislación como en la práctica no deberían imponerse sanciones que conlleven trabajo obligatorio por el simple hecho de organizar o participar pacíficamente en una huelga. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner la legislación general de Carolina del Norte de conformidad tanto con el Convenio como con la práctica indicada, garantizando la derogación o modificación de las secciones 95-98.1 y 95-99 a fin de que no puedan imponerse sanciones de trabajo obligatorio (a través del programa de trabajo del servicio comunitario) por participar en una huelga. La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno pueda proporcionar información sobre los progresos alcanzados a este respecto.

Artículo 1, e).  Discriminación racial en la imposición de trabajo penitenciario obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la que se muestra la sobrerrepresentación de los afroamericanos y de los latinos e hispanos en la población reclusa de las prisiones de los Estados Unidos. Tomó nota asimismo de que las penas de prisión en los Estados Unidos conllevan por lo general la obligación de trabajar. La Comisión recordó que, aun cuando el delito cometido que ha dado lugar a la imposición de un castigo sea considerado delito de derecho común y no goce, por otra parte, de la protección del artículo 1, a), c) o d), cuando se imponen con más severidad condenas que conllevan trabajo obligatorio a algunos grupos definidos en términos raciales, sociales, nacionales o religiosos, se contraviene lo dispuesto en el Convenio. En este sentido, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que está comprometido con la erradicación de cualquier desigualdad injustificada e involuntaria que pueda existir en los procedimientos de la justicia penal. Tomó nota de que el Gobierno declara que no se ha adoptado ninguna medida legislativa en virtud de la Ley de Integridad de la Justicia, de 2011, que trata de corregir todas las diferencias injustificadas de carácter racial o étnico en los procesos penales, así como tampoco en aplicación de la Ley de Responsabilidad del Programa Byrne/JAG, en virtud de la cual los estados y administraciones locales que se benefician de subvenciones federales destinadas a hacer aplicar la ley tienen la obligación de implementar políticas y prácticas para detectar y reducir las disparidades raciales y étnicas en el sistema de justicia penal. No obstante, se han sometido al examen del Congreso otros proyectos de ley relativos a las cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión ha tomado nota asimismo de las iniciativas emprendidas a este respecto por varios Estados.

La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma, en su memoria, que sigue comprometido en garantizar que la legislación penal y la aplicación del derecho penal no discriminen por motivos de raza. La Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno de que tanto la Ley de Integridad de la Justicia como la Ley de Responsabilidad del Programa Byrne/JAG fueron sometidas de nuevo al examen de la Cámara de Representantes, en enero de 2014, pero que ninguna de ellas ha sido remitida todavía por el subcomité dedicado a la materia. El Gobierno señala que los demás proyectos de ley, relativos a la cuestiones planteadas por la Comisión siguen pendientes de aprobación por el Congreso. El Gobierno indica asimismo que continúa aplicando la Ley de justicia y prevención de la delincuencia de menores, de 2002, que obliga a los estados que participan en el Programa de subsidios basados en baremos (Formula Grants Program) del Departamento de Justicia a adoptar medidas para reducir el número desproporcionado de menores de grupos minoritarios que llegan al sistema de justicia para menores. Este programa implica determinar si hay desproporción en una jurisdicción específica, evaluar los mecanismos que contribuyen a tal disparidad, aplicar medidas de prevención de la delincuencia y medidas para mejorar el sistema, y supervisar la evolución de dicha desproporción. En 2014, 34 estados participaron en este programa.

En cuanto a las medidas prácticas y las iniciativas en materia de políticas, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en agosto de 2013, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó un informe titulado «Combatir de forma acertada la delincuencia: reformar el sistema de justicia penal en el siglo XXI» (Smart on Crime), que incluye medidas para reformar el proceso de sentencias judiciales a fin de eliminar la desigualdades arbitrarias y reducir la saturación de reclusos en las instituciones penitenciarias. El DOJ anunció asimismo un cambio en sus estrategias de imputación de delitos, de modo que los reclusos que hayan cometido infracciones penales leves y sin violencia en relación con drogas y que no estén vinculados significativamente con organizaciones a gran escala, bandas o cárteles del narcotráfico dejen de ser imputados por delitos que deben obligatoriamente sancionarse con penas mínimas elevadas. La Comisión toma nota también de la información que figura en la memoria del Gobierno de que, en abril de 2014, el Fiscal General Adjunto del DOJ anunció la concesión de una medida de gracia a fin de alentar a los delincuentes no violentos que cumplen condenas leves en las prisiones federales y que no representan una amenaza para la seguridad pública a que soliciten al Presidente una conmutación de sus penas. Con esta iniciativa se pretende determinar los candidatos apropiados para la concesión de estos indultos con arreglo a criterios precisos, de forma que el DOJ examine eficazmente sus solicitudes y formule al Presidente las recomendaciones correspondientes en el menor plazo posible. En 2014, el DOJ fomentó asimismo la elaboración del proyecto de indultos parciales (Clemency project), que reagrupa las organizaciones de justicia penal, y recluta, forma y aconseja a los fiscales que deseen prestar a título gratuito su asistencia a los reclusos que soliciten beneficiarse de esta iniciativa. Además, cuando surgen problemas sistémicos de discriminación en un departamento o jefatura de policía, o los oficiales abusan de su poder, el DOJ utiliza su autoridad legal para investigar e interponer demandas civiles para cambiar las políticas policiales discriminatorias. En los últimos años, el DOJ ha emprendido varias investigaciones en materia de prácticas policiales discriminatorias y ha interpuesto recursos eficaces en varias jurisdicciones. Por último, la Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre las diversas iniciativas que varios estados han emprendido para reducir los prejuicios raciales dentro del sistema de justicia penal. Por ejemplo, en abril de 2016, la Fundación MacArthur anunció que había concedido subvenciones por 2 años a 11 jurisdicciones por una cuantía de entre 1,5 y 3,5 millones de dólares de los Estados Unidos a fin de financiar proyectos, programas y reformas a nivel federal, local y gubernamental, destinados a reducir la población reclusa y la desigualdades de carácter racial y étnico en sus sistemas judiciales. Estas jurisdicciones son las siguientes: el condado de Charleston (Carolina del Sur), condado de Harris (Texas); condado de Lucas (Ohio); condado de Milwaukee (Wisconsin); Nueva Orleans (Luisiana); ciudad de Nueva York (Nueva York); Filadelfia (Pensilvania); condado de Pima (Arizona); condado de Spokane (Washington); el Estado de Connecticut, y el condado de St. Louis (Misuri). Cada una de estas 11 jurisdicciones aplicará planes ajustados a su contexto local que comprenden una variedad de soluciones de ámbito local, tales como alternativas al arresto y el encarcelamiento, sensibilización en materia de prejuicios implícitos orientada a los agentes encargados de aplicar la ley y otros actores del sistema, y programas para fomentar los tratamientos de base social.

La Comisión toma debida nota de las iniciativas adoptadas a nivel federal y estatal. No obstante, la Comisión observa que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de 25 de septiembre de 2014, manifestó su preocupación por que los miembros de las minorías raciales y étnicas, en particular, los afroamericanos, sigan siendo detenidos, encarcelados y sometidos a condenas más duras, y que su representación excesiva en el sistema de justicia penal se agrave por las facultades discrecionales de los fiscales, la aplicación de políticas de imposición de condenas mínimas obligatorias por delitos relacionados con las drogas y la aplicación de leyes sobre la reincidencia (documento CERD/C/USA/CO/7-9, párrafo 20).

Al tiempo que saluda las diversas iniciativas adoptadas por el Gobierno para corregir las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, como es el lanzamiento de la iniciativa «Smart on Crime», de agosto de 2013, y la iniciativa y proyecto de indultos parciales «Clemency Initiative and Proyect», de 2014, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que la discriminación racial en la etapa de pronunciamiento de la sentencia y en otras fases del proceso judicial penal no se traduzca en la imposición de penas de reclusión desproporcionadas, las cuales implican trabajo forzoso. En este sentido, la Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para velar por que se adopte la legislación federal que aborda esta cuestión. Alienta asimismo al Gobierno a que prosiga y redoble sus esfuerzos a nivel estatal para aplicar políticas y prácticas orientadas a detectar y reducir las desigualdades respecto a las minorías raciales y étnicas en el sistema de justicia penal a fin de asegurarse de que no se impongan con más severidad penas que conllevan trabajo obligatorio a algunas minorías raciales y étnicas. Pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos con ellas.

Fiji

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1974)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones de prisión que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de las disposiciones del Decreto sobre Delitos núm. 44, de 2009, pueden imponerse sanciones de prisión (que implican un trabajo obligatorio en virtud del artículo 43, 1), de la Ley Penitenciaria y Correccional, de 2006), en situaciones abarcadas por el artículo 1, a), del Convenio y, por consiguiente, esas sanciones son incompatibles con el Convenio:

–el artículo 65, 2), prevé sanciones de reclusión por: a) formular cualquier declaración o difundir cualquier informe, mediante cualquier tipo de comunicación, incluida la comunicación electrónica, o mediante signos o representaciones visibles por parte de la persona para ser leídos u oídos, que puedan: i) incitar a la aversión o al odio o al antagonismo de cualquier comunidad; o ii) promover sentimientos de hostilidad o de animadversión entre las diferentes comunidades, grupos religiosos o clases de la comunidad; o iii) de otra manera ocasionar un perjuicio a la paz pública, creándose sentimientos de antagonismo comunitario; y b) formular una declaración intimidatoria o amenazadora en relación con una comunidad o un grupo religioso diferente del de la propia persona que pueda suscitar temor, alarma o inseguridad entre los miembros de esa comunidad o grupo religioso;

–el artículo 67, b), c) y d), prevé sanciones de reclusión para toda persona que pronuncie cualquier palabra sediciosa; imprima, publique, venda, ofrezca para la venta, distribuya o reproduzca cualquier publicación sediciosa; o importe cualquier publicación sediciosa.

La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual los artículos 65, 2), y 67, a), b) y c), del decreto sobre los delitos, se dirigen a proteger la paz de todas las personas y comunidades en Fiji, especialmente respecto de las tensiones étnicas que culminaron en golpes de Estado, en 1987 y 2000. El Gobierno también declaró que nunca se acusó a personas o a grupos de personas en virtud de las mencionadas disposiciones.

La Comisión observó asimismo que el decreto de orden público (enmienda) núm. 1, de 2012, enmienda algunas disposiciones de la Ley sobre Orden Público (POA), de 1969, con el fin de fortalecer las sanciones de reclusión aplicables a las siguientes circunstancias:

–el artículo 10, que enmienda el artículo 14, b), de la POA, eleva de tres meses a tres años la sanción de reclusión por: a) utilizar palabras amenazantes, abusivas o insultantes; o comportarse con intenciones de quebrantar la paz en cualquier lugar público o en cualquier reunión, o b) haber dado, un agente de policía, cualquier instrucción para dispersarse o para impedir la obstrucción o, con el fin de mantener el orden en un lugar público, sin una excusa legal, contraviene o desobedece tal instrucción;

–el artículo 13, que enmienda el artículo 17 de la POA, establece un nuevo elemento constitutivo de delito en el marco del delito de «incitación al antagonismo racial» (difusión de un informe o formulación de una declaración que pueda socavar o sabotear o intentar socavar o sabotear la integridad económica o financiera de Fiji, artículo 17, 1), a) y v)), y eleva de uno a diez años la sanción de reclusión aplicable a toda persona que viole el artículo 17 y sus apartados.

La Comisión observó que las disposiciones del decreto sobre delitos y del decreto de orden público (enmienda) a las que se hizo antes referencia, están formuladas en términos tan generales que pueden dar lugar a la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo por la expresión pacífica de opiniones o de oposición al orden político, social o económico establecido, y que tales sanciones son incompatibles con el Convenio. Por consiguiente, solicitó al Gobierno que adoptara medidas para revisar las mencionadas disposiciones, a efectos de armonizarlas con el Convenio.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar las mencionadas disposiciones, ya sea derogándolas, limitando su ámbito de aplicación a actos de violencia o de incitación a la violencia, ya sea sustituyendo las sanciones que implican un trabajo obligatorio por otros tipos de sanciones (por ejemplo, multas), con el fin de garantizar que no pueda imponerse ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio (incluido el trabajo penitenciario obligatorio) a las personas que, sin hacer uso de la violencia o propugnar la misma, expresen determinadas opiniones políticas u oposición al orden político, social o económico establecido. Asimismo, pide al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2007. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1, párrafo 1, artículo 2, párrafo 1, y artículo 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión tomó nota de la adopción de la Ley para Combatir la Trata de Personas, de 2005, así como del comentario del Gobierno en su memoria respecto a que se ha formado a 300 voluntarios para identificar casos de trata. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcione información sobre los siguientes puntos:

–las actividades del grupo de trabajo para desarrollar y aplicar un plan nacional para la prevención de la trata de personas, al que se hace referencia en el artículo 30 de la ley antes mencionada, y que proporcione copias de todos los informes, estudios y encuestas pertinentes, así como una copia del plan nacional;

–los datos estadísticos sobre la trata que recoja y publique el Ministerio del Interior en virtud del artículo 31 de la ley;

–los procedimientos legales que se hayan incoado en aplicación del artículo 3, 1), de la ley de 2005 y que comunique copias de las decisiones pertinentes de los tribunales e indique las sanciones impuestas. Asimismo, le solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar que esta disposición se aplica estrictamente a los que cometan este tipo de delitos, tal como establece el artículo 25 del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kenya

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1964)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que entrañan un trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas. Código Penal y Ley de Orden Público. Durante muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose a algunas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Orden Público, en virtud de las cuales pueden imponerse penas de prisión como castigo por participar en determinadas reuniones y asambleas, o por publicar, distribuir o importar cierto tipo de publicaciones. Estas penas entrañan un trabajo obligatorio en virtud de la regla núm. 86 del reglamento penitenciario. La Comisión ha venido refiriéndose, en particular, al artículo 5, de la Ley de Orden Público (capítulo 56), en virtud del cual la policía está facultada para controlar y dirigir la realización de asambleas públicas y tiene amplias facultades para suspender o impedir la celebración de asambleas, reuniones y marchas públicas (artículo 5, 8)-10)), infracciones que pueden castigarse con penas de prisión (artículos 5, 11), y 17), que entrañan un trabajo obligatorio. La Comisión también ha venido refiriéndose al artículo 53 del Código Penal, en virtud del cual se castiga con penas de prisión a quienes impriman, publiquen, ofrezcan para la venta, etc., cualquier publicación prohibida; en virtud del artículo 52 del Código Penal, se podrá prohibir toda publicación cuando sea necesario en interés del orden público y de la moralidad o la salud pública.

La Comisión observa una ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. La Comisión recuerda una vez más que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe el uso de «toda forma de trabajo forzoso u obligatorio», incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En relación con el párrafo 303 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo, la Comisión destaca que el Convenio no prohíbe que se impongan penas que conlleven un trabajo obligatorio a las personas que recurren o incitan a la violencia o participan en los preparativos para realizar actos de violencia. En cambio, quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio la penas que entrañan un trabajo obligatorio, cuando éstas sancionan la prohibición de la expresión pacífica de opiniones o la manifestación de una oposición al sistema político, social o económico establecido, tanto si dicha prohibición viene impuesta por la ley como si se impone por una decisión administrativa. Esas opiniones pueden expresarse verbalmente o mediante la prensa u otros medios de comunicación, o a través del ejercicio del derecho de asociación (incluida la creación de partidos políticos o sociedades) o de la participación en reuniones y manifestaciones.

La Comisión observa que el ámbito de aplicación de las disposiciones del Código Penal y de la Ley de Orden Público, mencionadas con anterioridad, no se limita a los actos de violencia o a la incitación a la violencia, y que la aplicación de esas disposiciones puede dar lugar a la imposición de sanciones que entrañan un trabajo obligatorio como castigo por diversos tipos de acciones no violentas relacionadas con la expresión de opiniones, a través de cierto tipo de publicaciones y la participación en reuniones públicas. En consecuencia, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que se armonicen las disposiciones del Código Penal y de la Ley de Orden Público antes mencionadas, con el Convenio (por ejemplo, limitando su ámbito de aplicación a los actos de violencia o de incitación a la violencia, o sustituyendo sanciones que entrañan un trabajo obligatorio con otro tipo de sanciones, por ejemplo, multas) y que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de informar sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1977)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores domésticos migrantes a condiciones de trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación de 2013 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en la que se indicaba que existe un número estimado en 200 000 trabajadores domésticos migrantes empleados en el Líbano. Esos trabajadores están excluidos de la protección de la Ley del Trabajo, tienen un estatuto jurídico vinculado a un determinado empleador, con arreglo al sistema kafala (patrocinio), y un mecanismo de reparación legal al que no pueden acceder. Además, están sujetos a varias situaciones de explotación, que incluyen el pago retrasado de los salarios y los abusos verbales y sexuales. La Comisión también solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se adopten, en un futuro muy próximo, el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, así como el contrato tipo unificado, que regula su trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, se elaboró de conformidad con el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), habiéndose presentado el proyecto de ley al Consejo de Ministros para su discusión. El proyecto de ley otorgará algunas salvaguardias, como la cobertura de seguridad social, un alojamiento digno, el pago puntual de los salarios mediante transferencia bancaria, horas de trabajo (ocho horas al día), licencia por enfermedad y un día de descanso semanal. El Gobierno también indica que se estableció, en el Ministerio de Trabajo, un comité directivo para abordar las cuestiones relacionadas con los trabajadores domésticos migrantes, y que está compuesto por los departamentos ministeriales pertinentes, por representantes de las agencias de contratación privadas, ONG, algunas organizaciones internacionales y representantes de algunas embajadas. También participa en el comité directivo un representante del Equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente, en Beirut.

Además, el Gobierno indica que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo han adoptado una serie de medidas preventivas, que incluyen campañas de sensibilización, a través de los medios de comunicación, el establecimiento de un alojamiento «Beit al Aman» para los trabajadores domésticos migrantes que hacen frente a dificultades, en colaboración con Caritas, el nombramiento de asistentes sociales que examinan las condiciones laborales de los trabajadores domésticos migrantes en sus lugares de trabajo, la formación de inspectores del trabajo en condiciones laborales dignas y la conclusión de una serie de memorandos de entendimiento (MdE) con los países de origen, como Filipinas, Etiopía y Sri Lanka. La Comisión declara asimismo que el Ministerio de Trabajo estableció una oficina especializada para las quejas y una línea directa para brindar una asistencia jurídica a los trabajadores domésticos migrantes. Además, en virtud del decreto núm. 1/168, de 2015, sobre las agencias de contratación de los trabajadores domésticos migrantes, se prohíbe la imposición de comisiones de contratación a todos los trabajadores.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la ONU, acogió con beneplácito las diversas medidas adoptadas por el Estado parte para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes, que incluyen la expedición de contratos unificados, el requisito de los empleadores de suscribir una póliza de seguro, la regulación de las agencias de empleo, la adopción de una ley que penalice la trata de personas y la integración de esos trabajadores en la carta social, y la estrategia nacional para el desarrollo social. Sin embargo, el CEDAW expresó su preocupación ante las medidas que se revelaron insuficientes para garantizar el respeto de los derechos humanos de esos trabajadores. El CEDAW manifiesta asimismo su preocupación por el rechazo, por parte del Ministerio de Trabajo, de la solicitud de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del establecimiento de un sindicato de trabajadores domésticos, por la ausencia de un mecanismo de aplicación para los contratos de trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes, por el acceso limitado de dichos trabajadores a la asistencia sanitaria y a la protección social, así como por la falta de ratificación del Convenio núm. 189. El CEDAW también manifestó su preocupación por la elevada incidencia de abusos contra las trabajadoras migrantes y la persistencia de prácticas como la retención de pasaportes por parte de los empleadores, el mantenimiento del sistema kafala, que pone a los trabajadores en una situación de riesgo de explotación y les dificulta abandonar a los empleadores abusivos. El CEDAW manifiesta su profunda preocupación ante los perturbadores informes documentados de los trabajadores domésticos migrantes que fallecen por causas no naturales, que incluyen suicidios y caídas de edificios altos, y ante el incumplimiento por el Estado parte de realizar investigaciones sobre esos fallecimientos (documento CEDAW/C/LBN/CO/4-5, párrafo 37).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observa con preocupación que los trabajadores domésticos migrantes están sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador, como retención de pasaportes, impago de salarios, privación de la libertad y maltrato físico. Tales prácticas podrían ocasionar que su empleo se transforme en situaciones que constituyen un trabajo forzoso. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para otorgar a los trabajadores domésticos migrantes una adecuada protección legal, garantizando que se adopte en un futuro muy próximo el proyecto de ley que regula las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, y que transmita una copia de la legislación en cuanto se haya adoptado. La Comisión también insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes estén plenamente protegidos de prácticas abusivas y de condiciones laborales que constituyan trabajo forzoso.

Artículo 25.  Sanciones penales por exigir un trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la información de la CSI, se encontró que la falta de unos mecanismos de queja accesibles, unos largos procedimientos judiciales y unas políticas restrictivas en materia de visados, disuaden a muchos trabajadores de presentar o proseguir las quejas contra sus empleadores. Aun cuando los trabajadores presenten quejas, las autoridades policiales y judiciales, por lo general, no tratan como delitos determinados abusos contra los trabajadores domésticos. La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 569 del Código Penal, que establece sanciones penales contra todo individuo que prive a otro de su libertad personal, se aplica a la exigencia de trabajo forzoso. Solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todo procedimiento legal que se haya instituido sobre la base del artículo 569 para juzgar los casos de trabajo forzoso y sobre las sanciones impuestas.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones finales de 2015, el CEDAW observó que los trabajadores domésticos migrantes tienen considerables dificultades para acceder a la justicia, incluidos el temor a ser expulsados y la incertidumbre acerca de las condiciones de residencia.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el trabajo de esta categoría de trabajadores está regulado por el contrato tipo unificado y la aplicación del artículo 569 del Código Penal es competencia del Poder Judicial, cuando se detecta una violación. La Comisión también toma nota de las copias de las decisiones judiciales aportadas por el Gobierno. Observa que los casos están relacionados con el impago de los salarios, con el acoso y con las condiciones laborales de los trabajadores domésticos migrantes. En todos los casos, los empleadores fueron condenados a pagar una sanción pecuniaria para indemnizar a los trabajadores.

Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que el artículo 25 del Convenio, dispone que la exigencia de un trabajo forzoso será objeto de sanciones penales. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los empleadores que contraten a trabajadores domésticos migrantes en situaciones que constituyan un trabajo forzoso serán objeto de sanciones realmente eficaces y estrictamente aplicadas. Solicita al Gobierno que comunique información acerca de las medidas adoptadas en ese sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), recibidas respectivamente el 1.º y el 4 de septiembre de 2017, así como de las formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Esclavitud y secuelas de la esclavitud. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la memoria de la misión de contactos directos que visitó Mauritania en octubre de 2016 y solicitó al Gobierno que prosiguiera sus medidas de lucha contra la esclavitud y sus secuelas. La Comisión insistió especialmente en la necesidad de: a) reforzar la cadena penal, en particular los tres tribunales penales especiales competentes en materia de esclavitud, para garantizar la aplicación efectiva de la ley de 2015 que castiga la esclavitud y reprime las prácticas análogas a la esclavitud (en adelante «ley de 2015»); b) disponer de datos fiables sobre la naturaleza y la prevalencia de las prácticas esclavistas; c) acompañar el planteamiento multisectorial y la coordinación interministerial en la lucha contra la esclavitud con medidas que incluyan a los interlocutores y la sociedad civil en dicha lucha, y d) reforzar la protección de las víctimas para que puedan ejercer sus derechos y hacer frente a cualquier tipo de presión social.

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en junio de 2017, en la Comisión de la Conferencia, y observa que esta última instó firmemente al Gobierno a proseguir la lucha contra la esclavitud y sus secuelas. La Comisión expresó su profunda preocupación por la persistencia de la esclavitud y el escaso número de enjuiciamientos iniciados contra los autores del crimen de esclavitud. La Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que adoptara una serie de medidas que se detallan más adelante, así como que solicitara la asistencia técnica de la OIT y aceptara una misión de alto nivel.

La Comisión saluda el hecho de que el Gobierno haya aceptado recibir la misión de alto nivel en abril de 2018 y que prosigan las actividades del proyecto de cooperación técnica de la OIT para apoyar la aplicación de la ley de 2015 y reforzar las iniciativas del Gobierno para poner fin a las secuelas de la esclavitud. La Comisión saluda también que el Gobierno haya vuelto a examinar con los responsables del proyecto de cooperación técnica las actividades que deben realizarse, sin perder de vista las 12 recomendaciones formuladas por la Comisión de la Conferencia al Gobierno. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, tanto en el marco del proyecto de cooperación técnica como en el del comité interministerial encargado de la aplicación de la Hoja de ruta, para dar curso tanto a las recomendaciones de la Comisión de la Conferencia como a las formuladas por la presente Comisión.

a)   Aplicación efectiva de la legislación. En lo que se refiere a la aplicación efectiva de la ley de 2015, la Comisión destacó anteriormente que es indispensable que los tres tribunales penales especiales competentes en materia de esclavitud funcionen de manera eficaz y, en general, que se refuerce el conjunto del sistema penal. La Comisión de la Conferencia recordó también la importancia de constituir unidades especializadas en el Ministerio Público y en las fuerzas del orden para reunir pruebas y para que los procedimientos judiciales iniciados sean tramitados dentro de plazos de tiempo razonables. En su memoria, el Gobierno se refiere a la organización por el Ministerio de Justicia, con el apoyo del proyecto de cooperación técnica, de seminarios sobre la aplicación de la ley de 2015 en las diversas capitales regionales y en las tres regiones de Nouakchott. Al mismo tiempo, se han llevado a cabo consultas para evaluar los conocimientos y las necesidades en materia de formación de los funcionarios de los tribunales penales especiales, las fuerzas del orden y las autoridades administrativas y municipales en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la ley de 2015. Los módulos de formación han sido objeto de discusión con todos los actores involucrados. Además, se constituyó un grupo de expertos para elaborar módulos de formación específicos sobre gestión efectiva de las quejas, destinados a todos los actores que toman parte en los procedimientos judiciales.

La Comisión toma nota de que la CSI señala en sus observaciones que la aplicación efectiva de la ley de 2015 representa siempre un desafío considerable. Así, si bien los tribunales penales especiales de Nouakchott y Nouadhibou fueron establecidos hace dos años, no han pronunciado todavía ni un solo veredicto. El Tribunal de Nema ha dictado una primera sentencia, en mayo de 2016, en virtud de la cual se han impuesto condenas con penas muy inferiores a las previstas en la ley. La CSI añade que las organizaciones de la sociedad civil no están al corriente de la existencia de otros asuntos en marcha o ni siquiera programados en los tribunales penales especiales. Esto se debe a varios motivos: la resistencia de la policía y de las autoridades judiciales a investigar o a incoar procedimientos sobre los casos que las asociaciones señalaron a su atención; una nueva tipificación de delitos con penas menos severas; la solución informal de algunos casos, y la ausencia de mecanismos para reconocer y proteger a las víctimas antes y durante el proceso.

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 25 del Convenio, los Estados tienen la obligación de cerciorarse de que las sanciones penales impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Al tiempo que señala que los esfuerzos para difundir el conocimiento de la ley de 2015 e impulsar la formación de diversos actores de la cadena penal a este respecto, la Comisión observa que estas iniciativas no se han traducido todavía en la práctica en el examen de un cierto número de casos de esclavitud por parte de los tribunales penales especiales. Por consiguiente, la Comisión manifiesta la firme esperanza de que el Gobierno seguirá adoptando las medidas necesarias para reforzar el conocimiento y las capacidades de todos los actores del sistema penal que emana de la ley de 2015 a fin de que ningún caso de esclavitud quede impune. Recordando a este respecto que resulta primordial que estas autoridades puedan reunir pruebas, tipificar correctamente los hechos e iniciar los procedimientos judiciales correspondientes, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la creación de unidades especializadas en esta materia en el Ministerio Público y en las fuerzas del orden. Por último, la Comisión reitera su petición de información sobre el número de casos de esclavitud denunciados ante las autoridades, el número de éstos que han llevado a interponer acciones judiciales, y el número y la naturaleza de las condenas pronunciadas. La Comisión le pide que tenga a bien señalar asimismo si las víctimas de esclavitud han sido indemnizadas por los perjuicios sufridos, de conformidad con el artículo 25 de la ley de 2015.

b)   Evaluación de la situación de la esclavitud en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la misión de contactos directos consideró que «la esclavitud y sus secuelas son dos fenómenos que no cubren las mismas situaciones y que no tienen la misma amplitud, y que, por consiguiente, requieren medidas diferentes». La Comisión señaló asimismo que «un estudio cualitativo y/o cuantitativo debería plantear de manera concreta y objetiva las cuestiones objeto de debate, lo cual contribuiría a moderar el debate y desmitificarlo tanto a nivel nacional como internacional». Tanto la presente Comisión como la Comisión de la Conferencia vienen subrayando la necesidad de llevar a cabo un estudio que ha sido destacado desde hace varios años tanto por la presente Comisión como por la Comisión de la Conferencia, que ha solicitado al Gobierno, en junio de 2017 que elabore un análisis completo de la naturaleza y la incidencia de la esclavitud a fin de que puedan precisarse las acciones necesarias para la erradicación de esta lacra social. La Comisión celebra que el Gobierno señale, en una comunicación de 27 de septiembre de 2017, que se elaborarán y validarán los términos de referencia de un estudio cualitativo sobre esta materia en el marco de una mesa redonda que será organizada a finales de año, en acuerdo con los servicios competentes de la OIT. El estudio efectuará un balance de las modalidades de contratación, las condiciones de trabajo y los factores de vulnerabilidad que permiten provocar una relación de explotación, lo que permitirá así evaluar la situación de riesgo que entraña el trabajo forzoso.

La Comisión recuerda que la relación existente entre las víctimas y sus victimarios tienen múltiples dimensiones. La misión de contactos directos subrayó, a este respecto, que la dependencia económica, social y psicológica para las víctimas se manifiesta en diversos grados y genera una amplia gama de situaciones. La Comisión confía en que el Gobierno adopte las medidas necesarias para concluir rápidamente, con la asistencia de la OIT, el estudio programado, y que éste permitirá disponer de datos fiables sobre la naturaleza y la prevalencia de las prácticas esclavistas en Mauritania. A este respecto, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que vele por que la situación de dependencia económica, social y psicológica de las víctimas sea tenida en cuenta en el momento de evaluar si el consentimiento para trabajar de una persona se expresa de forma libre e informada y está realmente exento de amenaza o presión. La Comisión llama también la atención del Gobierno sobre la necesidad de implicar lo antes posible al conjunto de los actores involucrados y, en particular, los interlocutores sociales en el proceso de realización de este estudio (mandato, definiciones, aplicación).

c)   Medidas inclusivas y coordinadas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el enfoque multisectorial y la coordinación interministerial que se han previsto para luchar contra la esclavitud y sus secuelas, a través de la adopción de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Observó que la aplicación de las recomendaciones de la Hoja de ruta correspondía a un Comité Interministerial presidido por el Primer Ministro, y que el 70 por ciento de las recomendaciones que figuran en la misma ya se habían aplicado. La Comisión manifestó la esperanza de que, tras la aplicación de las 29 recomendaciones previstas en la Hoja de ruta, el Comité técnico interministerial procedería a la evaluación del impacto de las medidas adoptadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señaló en la Comisión de la Conferencia que la evaluación tuvo lugar en abril de 2017. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado informaciones más precisas sobre la evaluación realizada y las conclusiones a las que ha llegado. Reiterando que la lucha contra la esclavitud requiere la participación de todos en el marco de una acción coordinada y dirigida al más alto nivel, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que suministre informaciones sobre las conclusiones de la evaluación de la aplicación de la Hoja de ruta, precisando los resultados obtenidos y los obstáculos detectados. Le pide asimismo que precise las decisiones adoptadas por el Comité Interministerial en esta materia. La Comisión pide al Gobierno que señale las nuevas medidas que se requiere adoptar y que precise cómo se han asociado al conjunto de este proceso a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil que operan en el ámbito de la lucha contra la esclavitud y sus secuelas.

d)   Identificación, protección y reinserción de las víctimas. La Comisión subrayó anteriormente que las víctimas de la esclavitud se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad que requiere medidas específicas por parte del Estado. Tanto la presente Comisión como la Comisión de la Conferencia pidieron al Gobierno que garantice que las víctimas que hayan sido reconocidas y que denuncien su situación sean protegidas contra todo tipo de represalias o de presión social, que se beneficien de medidas de inserción social y económica; y que obtengan su indemnización por los daños sufridos. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas a este respecto sobre las actividades emprendidas en el marco del proyecto de cooperación técnica. En lo que se refiere a la identificación de las víctimas, la Dirección General del Trabajo, en estrecha coordinación con la Inspección del Trabajo, elabora una propuesta técnica para un mecanismo de reconocimiento de las víctimas. Se está estudiando asimismo la adaptación de la lista de indicadores de trabajo forzoso de la OIT al contexto nacional. En cuanto a la sugerencia de la misión de contactos directos de instaurar un mecanismo de atención a las víctimas, el Gobierno destaca que la Agencia Tadamoun (Agencia nacional para la lucha contra secuelas de la esclavitud) y las organizaciones de la sociedad civil cumplen esta función con el apoyo de subvenciones del Estado. En lo que se refiere a la reinserción de las víctimas, el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo y la Agencia Tadamoun trabajan en una iniciativa conjunta destinada a promover los medios de subsistencia de las víctimas, cuyos dos pilares serán la formación profesional y la consolidación de su capacidad de emprendimiento. Por último, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas en relación con las actividades realizadas por la Agencia Tadamoun en los ámbitos de la construcción de infraestructuras de base (en el ámbito escolar, suministro de alimentos y de agua, alojamientos sociales) y la lucha contra la pobreza (modernización de medios de producción de los agricultores, microproyectos de actividades generadoras de ingresos). La Comisión toma nota de las medidas específicas adoptadas por el Gobierno para reducir la gran pobreza en la que se encuentra una parte de la población. La Comisión considera que estas actividades contribuyen a reducir el riesgo de que estas personas se encuentren en una situación de dependencia económica y social que pudiera conducir a su explotación. La Comisión alienta al Gobierno a proseguir con este tipo de medidas preventivas.

Sin embargo, en lo que se refiere a las víctimas de esclavitud, la Comisión observa que sigue siendo un reto identificarlas y asumir con eficacia la atención que se les debe prestar. Prueba de ello es la falta de informaciones sobre el número de víctimas reconocidas por las autoridades públicas, el número que se ha beneficiado de atención jurídica y asistencia social, y las que han obtenido indemnización. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que se imparta formación al conjunto de las autoridades competentes sobre el reconocimiento de las víctimas y su protección y para que cooperen con las organizaciones de la sociedad civil a estos efectos. La Comisión pide al Gobierno que señale el número de casos en los que la Agencia Tadamoun ha actuado como parte civil, y el número de víctimas que han sido acompañadas por la agencia en la fase de investigación y de procedimiento judicial. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la asistencia prestada a las víctimas de esclavitud con miras a su reinserción económica y social.

e)   Sensibilización y lucha contra la estigmatización. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CGTM subraya que la sensibilización sobre este problema constituye uno de los principales métodos para erradicar con eficacia la esclavitud, un problema muy enraizado. La CGTM se refiere a la necesidad de superar los obstáculos que suponen la ignorancia, el conservadurismo y el escaso nivel de progreso social. La CSI señala además que las personas a las que se considera pertenecientes a la casta de los esclavos pero que ya han dejado de vivir como tales, son víctimas de estigmatización y de discriminación y son marginadas tanto desde el punto de vista económico como político. Por último la Comisión señala que tanto la CGTM como la CSI han denunciado el acoso y las detenciones de las que son víctimas algunos militantes en razón de sus actividades para denunciar la esclavitud. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas en el ámbito de la sensibilización social, como son la organización de una nueva campaña de sensibilización: la selección y formulación de mensajes claves en torno a la Hoja de ruta; la organización de eventos durante el Día nacional contra las secuelas de esclavitud.

La Comisión confía en que el Gobierno siga fomentando las acciones no solamente para sensibilizar sobre la ley de 2015 sino también para deslegitimar la esclavitud y para luchar contra la estigmatización y la discriminación de la que son víctimas los esclavos y sus descendientes. La Comisión pide al Gobierno que se refiera a los comentarios que formula en relación con la aplicación por Mauritania del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). Además, la Comisión pide firmemente al Gobierno que se asegure de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil que denuncian la esclavitud y llevan a cabo acciones pacíficas en esta materia no sean objeto de ninguna medida de intimidación.

Pakistán

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Nacional de Sindicatos de Pakistán (APFTU), recibidos el 9 de diciembre de 2016.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. I. Servidumbre por deudas. 1. Marco legislativo. La Comisión había tomado nota de la información que figura en el informe de misión del taller tripartito interprovincial llevado a cabo en mayo de 2013, en el marco del proyecto de la Cuenta de Programas Especiales, según la cual la adopción de legislación provincial sobre la erradicación del trabajo en servidumbre, para finales de 2013, está incluida en los planes de acción de duración determinada de las provincias. La Comisión instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción de legislación a fin de eliminar el trabajo en servidumbre.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que la Ley Federal sobre el Sistema de Trabajo en Condiciones de Servidumbre (abolición), de 1992, sigue siendo aplicable en el territorio de la capital, Islamabad, y en la provincia de Baluchistán. La Comisión toma nota con satisfacción de que la provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha promulgado la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Condiciones de Servidumbre (abolición) de Khyber Pakhtunkhwa, 2015, y la provincia de Sindh ha promulgado la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Condiciones de Servidumbre (abolición) de Sindh, 2015, y de que ambas leyes contienen disposiciones por las que se prohíbe el trabajo en servidumbre, se condonan las deudas pendientes, y se prevén sanciones penales en caso de infracciones. Asimismo, la Comisión toma nota de que la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil en los Hornos de Fabricación de Ladrillos del Punjab, 2016, también regula el empleo de adultos al requerirse contratos por escrito (artículo 3), los cuales deberán especificar el monto de los salarios, la cuantía de los anticipos y el calendario de reembolso de los anticipos proporcionados. Los propietarios o los arrendatarios de los hornos de ladrillos también tienen que enviar una copia del contrato al inspector del área de que se trate. Además, cualquiera de las partes puede dar por terminados estos contratos con un preaviso por escrito de treinta días. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por la APFTU, a pesar de que la ley prohíbe el trabajo en servidumbre esta práctica persiste en los hornos de ladrillos debido a la falta de una aplicación efectiva. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar la aplicación efectiva en la práctica de la recientemente adoptada legislación provincial en materia de abolición del trabajo en servidumbre, y a proporcionar información a este respecto.

2.  Programas de acción. La Comisión había tomado nota de que tanto la provincia de Sindh como la provincia de Punjab habían adoptado un plan provincial de acción para combatir el trabajo en servidumbre. El Gobierno también indicó que en la provincia de Punjab se estaba llevando a cabo el proyecto «Eliminación del trabajo en servidumbre en los hornos de ladrillos». Además, en 2010 se inició el proyecto de la OIT titulado «Refuerzo de las medidas relativas al cumplimiento de la ley y acciones contra la trata interna y el trabajo en servidumbre en las provincias de Sindh y Punjab», a fin de conseguir que los propietarios de las fábricas de ladrillos introduzcan prácticas con miras a la erradicación del trabajo en servidumbre y que los trabajadores de los hornos de ladrillos beneficien del sistema de seguridad social.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que los gobiernos provinciales están implementando diversos proyectos de desarrollo para erradicar el trabajo en servidumbre. En el Punjab, en el marco de un programa para el período 2012-2018 centrado en los hornos de ladrillos que se lleva a cabo en cuatro distritos, actualmente están en funcionamiento 196 centros de educación informales en los que se han matriculado 6 131 personas (3 143 hombres y 2 988 mujeres). Además, 1 423 trabajadores de los hornos de ladrillos han obtenido documentos nacionales de identidad informatizados, y se ha registrado el nacimiento de 2 590 niños en los respectivos consejos municipales. La provincia de Punjab también ha puesto en marcha un proyecto integrado de eliminación del trabajo infantil y en servidumbre, que tiene por objetivo la rehabilitación de los niños que trabajan en hornos de ladrillos y el empoderamiento económico de sus familias. Además, la provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha aprobado un programa de desarrollo que prevé el establecimiento de una unidad de trabajo infantil y trabajo en servidumbre. La Comisión toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y lo insta a continuar sus esfuerzos para combatir y eliminar el trabajo en servidumbre, y a seguir adoptando medidas a fin de apoyar la liberación de los trabajadores en servidumbre. Pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las medidas específicas aplicadas tanto en la provincia de Punjab como en otras provincias, así como información sobre los resultados concretos de estas iniciativas, incluido el número de trabajadores en servidumbre y los trabajadores liberados de dicho régimen que se benefician de esas medidas.

3.  Comités de vigilancia de distrito. La Comisión había tomado nota de los alegatos de diferentes federaciones nacionales e internacionales de trabajadores respecto a que la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Servidumbre (abolición) (BLSA) no se aplicaba adecuadamente y los comités de vigilancia de distrito, establecidos en virtud de la BLSA, no llevaban a cabo sus funciones de identificar y liberar a los trabajadores en servidumbre. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que el Gobierno señalaba que los comités de vigilancia de distrito se habían establecido. En particular, con arreglo a una decisión del Tribunal Supremo del Pakistán se reactivaron los comités de vigilancia de distrito del Punjab. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que figura en el informe de misión del taller tripartito interprovincial en relación a que los planes de acción elaborados por las provincias de Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa y Punjab incluían la reconstitución de los comités de vigilancia de distrito para mediados de 2014. Además, la Comisión tomó nota de que los planes de acción de duración determinada incluyen: diversas iniciativas provinciales para reforzar la supervisión, incluso llevando a cabo redadas para detectar casos de trabajo en servidumbre; el establecimiento de una unidad en materia de trabajo en servidumbre en el Departamento de Trabajo, y el establecimiento de una fuerza para combatir el trabajo en servidumbre. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno indicaba que la policía local registró 370 casos relacionados con el trabajo en servidumbre.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los comités de vigilancia de distrito funcionan en todo el Punjab y que durante los seis primeros meses de 2016 se llevaron a cabo 93 reuniones de esos comités (en 36 distritos) bajo la supervisión de los respectivos funcionarios de coordinación de distrito. La Comisión también toma nota de que en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Sindh se han promulgado nuevas leyes sobre el trabajo en servidumbre, con arreglo a las cuales se reestablecerán los comités de vigilancia de distrito con arreglo a las reglas formuladas. La provincia de Baluchistán también indica que los comités de vigilancia de distrito entrarán pronto en funcionamiento, y que la administración de distrito está actualmente aplicando la Ley sobre el Sistema de Trabajo en Condiciones de Servidumbre (abolición) de 1992. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que es imposible controlar el trabajo en servidumbre a través del procedimiento normal de inspección. Por consiguiente, con arreglo a las leyes provinciales en materia de trabajo en servidumbre se están estableciendo comités de vigilancia de distrito. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que con arreglo a las nuevas leyes los comités de vigilancia de distrito se restablezcan pronto en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Sindh y se pongan en funcionamiento en Baluchistán. Asimismo, le pide que transmita información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto. También pide al Gobierno que proporcione información sobre el funcionamiento de los comités de vigilancia de distrito, incluidas copias de los informes de supervisión o evaluación. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique si se han iniciado acciones judiciales contra las personas que emplean a trabajadores en servidumbre, y que transmita información sobre el número de procedimientos realizados y condenas y sanciones concretas impuestas, así como copias de las sentencias judiciales pertinentes.

4.  Medidas de compilación de datos para averiguar la naturaleza y el alcance actuales del trabajo en servidumbre. La Comisión había expresado la firme esperanza de que el Gobierno realizaría una encuesta estadística sobre el trabajo en servidumbre en el país. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que las encuestas provinciales sobre el trabajo en servidumbre se incluyen en el Plan de acción provincial para combatir el trabajo en servidumbre tanto en Sindh como en el Punjab, y que en esas provincias se está trabajando en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para realizar dicha encuesta utilizando una metodología válida.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que según los gobiernos provinciales la cuestión se debatirá en las próximas reuniones del comité consultivo tripartito provincial. El Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos también tiene previsto debatir esta cuestión en la próxima reunión del comité consultivo tripartito federal. Además, la Comisión toma nota de que la unidad de normas internacionales del trabajo del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos ha evaluado casos de trabajo forzoso y en servidumbre y ha recomendado que se incluyan algunas cuestiones a este respecto en la encuesta sobre la fuerza de trabajo, en particular, los contratos de trabajo, los salarios, las horas de trabajo, las condiciones de trabajo y el derecho a dejar el empleo. El Ministerio ha presentado esta solicitud a la Oficina de Estadística. Además, la provincia de Khyber Pakhtunkhwa ha indicado que tiene previsto llevar a cabo un estudio sobre el trabajo en servidumbre en los hornos de ladrillos de los distritos de Peshawar y Nowshera. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a continuar sus esfuerzos para garantizar que en un futuro próximo se realice una encuesta sobre el trabajo forzoso en cada provincia del país, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y otros interlocutores pertinentes. Pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre los progresos realizados a este respecto, así como copias de las encuestas una vez que se hayan finalizado.

II.  Trata de personas. La Comisión tomó nota anteriormente de la información del Ministerio del Interior, presentada junto con la memoria del Gobierno, en la que se señalaba que con arreglo a la ordenanza sobre prevención y control de la trata de seres humanos, de 2002, en 2012 se dictaron 12 condenas y 14 sobreseimientos, y en la primera mitad de 2013 ocho condenas y cuatro sobreseimientos. En 2012, había 440 casos pendientes, y 475 en junio de 2013. La Comisión también tomó nota de la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en relación a que el Pakistán es un país de origen, tránsito y destino de hombres y mujeres víctimas de trata con fines de trabajo forzoso y explotación sexual, y en el que la trata con fines de trabajo forzoso está más extendida.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que tiene previsto hacer frente a las cuestiones de trata interna enmendando la legislación penal. La Comisión también toma nota de que la Ley de Enmienda de la Legislación Penal, 2015, introduce un nuevo artículo 369A en el Código Penal del Pakistán, de 1860, que castiga la trata de seres humanos con penas de prisión de entre cinco y siete años o multas de entre 500 000 y 700 000 rupias del Pakistán. Además, la Agencia Federal de Investigación dispone de 27 unidades de aplicación de la legislación en materia de lucha contra la trata a nivel federal, provincial y local que investigan los casos de trata y tráfico de seres humanos. La Comisión también toma nota de que, en 2015, la provincia de Punjab informó de 947 investigaciones, 928 enjuiciamientos y 22 condenas por trata con fines de explotación sexual, así como de 5 113 investigaciones, 1 956 enjuiciamientos y 60 condenas por explotación sexual. La provincia de Khyber Pakhtunkhwa informó de 27 investigaciones, 27 enjuiciamientos y ninguna condena por trata con fines de explotación sexual y, por separado, informó de 156 investigaciones, 83 enjuiciamientos y ninguna condena por secuestro de mujeres con fines de explotación sexual. La provincia de Sindh informó de que no se había realizado ninguna investigación ni ningún enjuiciamiento ni se había impuesto ninguna condena por trata con fines de explotación sexual. El Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Azad Jammu y Cachemira, y Gilgit-Baltistan informaron de que se habían realizado 21 investigaciones y 15 enjuiciamientos y se había impuesto una condena por trata con fines de explotación laboral. La provincia de Sindh informó de que no se había realizado ninguna investigación ni ningún enjuiciamiento ni se había impuesto ninguna condena por trata con fines de explotación laboral. El Gobierno también indicó que en 2015 se investigó a 158 supuestos traficantes, se enjuició a 59 de éstos y se impusieron 13 condenas a este respecto con arreglo a la ordenanza sobre prevención y control de la trata de seres humanos, en comparación con 70 investigaciones, 50 enjuiciamientos y 17 condenas en 2014. Asimismo, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en seguimiento de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 26 de noviembre de 2015, respecto a que la revisión del proyecto de ley para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 2013, se está estudiando a nivel federal (documento CEDAW/C/PAK/CO/4/Add.1, párrafo 27). La Comisión toma nota con preocupación de que, en comparación con el número de investigaciones y enjuiciamientos que se realizan, el número de condenas que se imponen es significativamente reducido. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que, en la práctica, se imponen sanciones lo suficientemente adecuadas y disuasorias a las personas que cometen delitos de trata. A este respecto, pide al Gobierno que continúe transmitiendo estadísticas sobre el número de casos de trata registrados, así como sobre el número de enjuiciamientos realizados y condenas y sanciones concretas impuestas con arreglo a la legislación pertinente. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción del proyecto de ley para prevenir y combatir la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1960)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que entrañan trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas. Partidos políticos. En los comentarios que ha realizado durante muchos años, la Comisión se ha referido a la Ley de Partidos Políticos de 1962 (artículos 2 y 7), que confieren a las autoridades amplias facultades discrecionales para ordenar la disolución de asociaciones, con sujeción a la imposición de penas de prisión que pueden conllevar trabajo obligatorio. La Comisión también tomó nota de que se estaban considerando propuestas de enmienda de ciertas leyes, entre las cuales la Ley de Partidos Políticos de 1962. La Comisión toma nota con satisfacción de que la Ley de Partidos Políticos de 1962 ha sido derogada por el decreto sobre los partidos políticos de 2002 que no contiene disposiciones que prevén sanciones para los individuos.

Artículo 1, a), c), d) y e). Sanciones que entrañan trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas, como medida de disciplina en el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas o como medio de discriminación religiosa. La Comisión se había referido a los artículos 10 a 13 de la Ley de Seguridad del Pakistán, de 1952, a los artículos 5, 26, 28 y 30 de la ordenanza de prensa, periódicos, agencias de noticias y registro de libros, de 2002, al artículo 32, 2) y 3), de la ordenanza sobre la autoridad reglamentaria de los medios electrónicos, de 2002, y a los artículos 8 y 9 de la Ley sobre la Lucha contra el Terrorismo, de 1997, que prevén limitaciones a la expresión de opiniones políticas y penas de prisión que entrañan trabajo obligatorio. La Comisión también se refirió a los artículos 298B, 1) y 2), y 298C del Código Penal, introducidos por la ordenanza núm. XX de 1984 relativa a las actividades antiislámicas del grupo Quadiani, del grupo Lahori y de la comunidad Ahmadi (prohibición y castigo), en virtud de los cuales toda persona de esos grupos que utilice epítetos, nomenclaturas y títulos islámicos podrá ser condenada a penas de prisión (que entrañan trabajo obligatorio) por un período que puede extenderse a tres años. Asimismo, la Comisión tomó nota de ciertas disposiciones de la Ley de Servicios Esenciales (mantenimiento) del Pakistán, de 1952, y de las correspondientes leyes provinciales, por las cuales se prohíbe que los trabajadores dejen su empleo sin consentimiento del empleador, o que vayan a la huelga, todo ello sujeto a sanciones de reclusión que pueden conllevar trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota con interés de que en su memoria el Gobierno señala que el Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos ha presentado una propuesta al Ministerio de Derecho y Justicia para que considere las siguientes opciones a fin de poner las leyes antes mencionadas de conformidad con el Convenio en diferentes niveles:

–en el ámbito de los derechos y libertades civiles y sociales cuando, en particular, las actividades políticas y la expresión de opiniones políticas, la manifestación de oposición ideológica, las infracciones de la disciplina laboral y la participación en huelgas no se sancionan penalmente;

–en lo que respecta a las sanciones que pueden imponerse cuando éstas se limiten a multas u otro tipo de sanciones que no conllevan la obligación de trabajar, y

–en el ámbito del sistema penitenciario cuando la ley confiere un estatus especial a los presos condenados por ciertos delitos políticos, con arreglo al cual están exonerados del trabajo penitenciario que se impone a los delincuentes comunes, aunque pueden trabajar si así lo solicitan.

Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para poner las leyes antes mencionadas de conformidad con el Convenio en un futuro próximo, y que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Perú

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) el 1.º de septiembre de 2016.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Lucha contra el trabajo forzoso. Desde hace años, la Comisión examina las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra las diferentes formas de trabajo forzoso que existen en el Perú (prácticas de servidumbre por deudas a las que se ven sometidas las comunidades indígenas en el sector de la explotación forestal, las situaciones de trabajo forzoso en las minas artesanales, la trata de personas o la explotación de trabajadores domésticos). La Comisión había pedido al Gobierno que adoptara medidas para: fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso (CNLCTF); poner en práctica los diferentes ejes del segundo Plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso (PNLCTF-II), y completar la legislación nacional adoptando una disposición penal que tipifique específicamente como delito el trabajo forzoso y defina sus elementos constitutivos a fin de cubrir el conjunto de las prácticas de trabajo forzoso que existen en el país. La Comisión toma nota de la adopción, el 5 de enero de 2017, del decreto legislativo núm. 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. La Comisión toma nota con satisfacción de que este decreto introduce en el Código Penal ciertas disposiciones que tipifican como delito las prácticas de trabajo forzoso: los artículos 153-B y 153-C que definen los elementos constitutivos de la «explotación sexual» y de la «esclavitud y otras formas de explotación» estableciendo penas de prisión de entre diez y quince años; y el artículo 168-B que tipifica como delito el «trabajo forzoso», y lo define como el hecho de someter u obligar a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea remunerado o no, y prevé penas privativas de libertad de entre seis y doce años.

a)   Plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso (PNLCTF). La Comisión tomó nota de que el segundo Plan nacional para la lucha contra el trabajo forzoso (PNLCTF-II) tenía por objetivo erradicar el trabajo forzoso para 2017, a través de tres objetivos estratégicos: la formación y la sensibilización en materia de trabajo forzoso; el establecimiento de un sistema integral de identificación, protección y reinserción de las víctimas, y la definición y reducción de los factores de vulnerabilidad al trabajo forzoso. La Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre las evaluaciones realizadas en el marco del mecanismo de seguimiento y evaluación de la aplicación del PNLCTF-II y sobre la asignación de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.

En su memoria, el Gobierno indica que no puede dar información sobre la consecución de los objetivos del plan ya que las diferentes entidades que integran la CNLCTF han transmitido información sin respetar el formato previsto a este efecto. El Gobierno precisa que las personas que trabajan en esas entidades recibirán una formación a este respecto. Añade que una de las prioridades de la CNLCTF es crear comisiones regionales, en particular en las zonas a riesgo, y elaborar planes regionales de lucha contra el trabajo forzoso. A este respecto, la Comisión toma nota de que la CNLCTF expresa su preocupación por el hecho de que la falta de financiación no permite implementar las medidas previstas en el PNLCTF-II ni reforzar las capacidades de la CNLCTF tanto a nivel nacional como regional. Asimismo, la CATP lamenta la falta de comisiones regionales de lucha contra el trabajo forzoso, en particular en las regiones en las que están las zonas de más riesgo.

La Comisión confía que en su próxima memoria el Gobierno pueda comunicar información completa sobre los avances relativos a los tres objetivos estratégicos del PNLCTF-II y sobre la evaluación que se haya realizado de las medidas adoptadas en este marco. Alienta nuevamente al Gobierno a reforzar las capacidades de la CNLCTF, tanto a nivel nacional como regional. Recordando que es indispensable reforzar la presencia del Estado en las regiones en donde hay más trabajo forzoso, la Comisión espera que se hayan podido elaborar planes regionales de lucha contra el trabajo forzoso, que tengan en cuenta las especificidades de las situaciones de trabajo forzoso que pueden existir en las diferentes regiones del país.

b)   Diagnóstico. La Comisión insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para realizar un estudio cualitativo y cuantitativo que complete la información ya disponible sobre las diferentes prácticas de trabajo forzoso, tal como lo prevé el PNLCTF-II. A este respecto, señala que en marzo de 2017 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la OIT firmaron un acuerdo de cooperación a fin de recopilar información estadística para conocer la dimensión real del problema del trabajo forzoso en las zonas más «vulnerables» del país. La Comisión espera que se adopten todas las medidas necesarias para poder recopilar rápidamente estos datos a fin de que puedan ser analizados y puestos a disposición de las autoridades competentes para permitir que éstas orienten mejor sus acciones, y garantizar que los recursos humanos y los medios financieros se utilizan bien y que las víctimas son identificadas.

c)   Inspección del trabajo. La Comisión había señalado la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del nuevo Grupo especial de inspección del trabajo contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil (GEIT). A este respecto, el Gobierno indica que este grupo está constituido por 15 inspectores del trabajo que desarrollan sus funciones en la intendencia de Lima y que disponen de los mismos medios financieros y materiales que los otros inspectores del trabajo de esta intendencia. El Gobierno transmite estadísticas sobre las visitas de inspección y asesoramiento realizadas entre 2014 y 2016 en relación con el trabajo infantil y el trabajo forzoso. De estos datos se desprende que el GEIT centra la mayor parte de sus visitas en el control del trabajo infantil. No se ha transmitido información alguna sobre las conclusiones que se han extraído de las visitas de inspección, las regiones en las que se centran esas visitas, ni sobre la naturaleza de las infracciones detectadas y las sanciones que hayan podido imponerse. Asimismo, el Gobierno indica que, habida cuenta de los resultados obtenidos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha iniciado un proceso de reestructuración del GEIT. Además, en abril de 2016, se adoptó el Protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso, preparado por la SUNAFIL. Este protocolo contiene directrices mínimas con miras a una acción articulada y eficaz del sistema de inspección del trabajo en el ámbito de la prevención y erradicación del trabajo forzoso (orientaciones sobre la preparación de las intervenciones, indicadores que permiten identificar las situaciones de trabajo forzoso, cuestiones tipo, etc.). Por último, la SUNAFIL realiza diferentes tipos de actividades a fin de sensibilizar, prevenir y formar en la lucha contra el trabajo forzoso, tanto a nivel nacional como regional.

La Comisión señala que en sus observaciones la CATP se refiere a las dificultades financieras que enfrenta la SUNAFIL, mientras que las regiones en las que se sospecha que existe trabajo forzoso están alejadas y son peligrosas, y la recopilación de datos y las visitas de inspección resultan muy onerosas. La CATP considera que el Gobierno debería, por lo tanto, solicitar que se asigne el presupuesto necesario para realizar las actividades de inspección.

La Comisión toma nota de esta información y recuerda la función esencial de la inspección del trabajo en la lucha contra el trabajo forzoso. Pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos y adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el GEIT dispone de los recursos humanos y materiales adecuados para desplazarse de forma rápida y eficaz en todo el territorio nacional. Considerando que las inspecciones realizadas por el GEIT no sólo permiten identificar y liberar a los trabajadores que se encuentran en situaciones de trabajo forzoso, y también entregar a la justicia los documentos que servirán para iniciar procedimientos civiles y penales contra los autores de estas prácticas, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el número de inspecciones realizadas, infracciones detectadas y sanciones administrativas impuestas.

Artículo 25.  Aplicación de sanciones penales eficaces. La Comisión subrayó anteriormente la necesidad de completar la legislación penal tipificando como delito específicamente el trabajo forzoso y definiendo de forma más precisa los elementos que lo constituyen, a fin de que las autoridades competentes sean más capaces de realizar investigaciones adecuadas, iniciar procedimientos judiciales y sancionar a los que imponen diferentes formas de trabajo forzoso. Asimismo, señaló que a fin de reducir el trabajo forzoso es indispensable que se impongan sanciones penales lo suficientemente disuasorias a los autores de estas prácticas, de conformidad con el artículo 25 del Convenio. La Comisión saluda las disposiciones que se han introducido en el Código Penal y las penas previstas. La Comisión espera que la adopción de estas disposiciones vaya acompañada de medidas apropiadas a fin de reforzar la capacidad de las autoridades encargadas de aplicar la ley para garantizar una mejor identificación de las situaciones que constituyen trabajo forzoso, identificar a las víctimas y proporcionarles la protección necesaria. Sírvase transmitir información detallada sobre las medidas adoptadas a este fin así como sobre las investigaciones realizadas, los procedimientos judiciales entablados y las sanciones pronunciadas sobre la base de las nuevas disposiciones de los artículos 168-B, 153-B y 153-C del Código Penal.

La Comisión confía en que el Gobierno siga haciendo todo lo posible para prevenir y luchar eficazmente contra todas las formas de trabajo forzoso que existen en el país. Espera que la asistencia técnica de la Oficina de la que sigue beneficiándose el Gobierno, especialmente a través del proyecto Bridge Perú que tiene por objetivo contribuir a reforzar las políticas públicas nacionales de lucha contra el trabajo forzoso, ayude a obtener progresos tangibles a este respecto y a presentar información concreta sobre las medidas adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Polonia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión detallada que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, sobre la aplicación del Convenio por Polonia.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores migrantes respecto de la imposición de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota con anterioridad de las observaciones del Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc», según las cuales en Polonia ha existido una explotación de ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para el trabajo forzoso. En 2011, 239 trabajadores de la RPDC fueron llevados legalmente a Polonia, al tiempo que ese número se elevó a 509, en 2012. Según se informa, tuvieron que devolver al régimen una gran parte de sus ingresos legítimos. Solidarnosc expresó su preocupación respecto de las condiciones laborales de esos trabajadores, que podrían asimilarse a las de trabajo forzoso. La Comisión también tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en 2016, se llevaron a cabo en todo el país controles exhaustivos en entidades seleccionadas que se sabe emplean a ciudadanos de la RPDC. No se detectaron casos de empleo ilegal, pero se notificaron algunas infracciones de las disposiciones de la Ley sobre Promoción del Empleo y de las disposiciones de la legislación laboral. En particular, no hubo casos de falta de pago, ni de pago de una cuantía más baja que la establecida en los permisos de trabajo de los extranjeros, en base a las pruebas de los pagos, presentadas por los empleadores, como transferencias bancarias y nóminas, con firmas de los ciudadanos de la RPDC.

La Comisión también tomó nota de que, según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, los nacionales de la RPDC son enviados al extranjero por su Gobierno para trabajar en condiciones que podrían constituir trabajo forzoso. Unos 50 000 trabajadores de la RPDC trabajan en países como Polonia y, sobre todo, en la minería, en la tala y en las industrias textil y de la construcción. Como ejemplos de las condiciones laborales, los trabajadores no conocen las cláusulas de su contrato de trabajo y ganan un promedio situado entre 120 y 150 dólares de los Estados Unidos al mes, mientras que los empleadores de hecho pagan sumas significativamente más elevadas al Gobierno de la RPDC (los empleadores depositan los salarios a los trabajadores en cuentas controladas por empresas de la RPDC). Los trabajadores son forzados a trabajar algunas veces hasta veinte horas al día, con sólo uno o dos días de descanso al mes, y las raciones de alimento que se les suministra a diario son insuficientes. Están sometidos a una constante vigilancia por parte del personal de seguridad y su libertad de movimientos se ve indebidamente limitada. Los mismos agentes de seguridad confiscan los pasaportes de los trabajadores.

La Comisión toma nota de que, en su conclusión adoptada en junio de 2017, la Comisión de la Conferencia hizo un llamamiento al Gobierno para que redoblara sus esfuerzos a efectos de garantizar que los trabajadores migrantes estuviesen plenamente protegidos de prácticas y condiciones abusivas que constituyan trabajo forzoso; de comunicar a la Comisión de Expertos información sobre las medidas adoptadas para identificar los casos de trabajo forzoso, prestando especial atención a la situación de los trabajadores de la RPDC; de adoptar medidas inmediatas y eficaces para que se procesara a los autores de esas prácticas, en caso de que ocurrieran, y se impusieran sanciones disuasorias, y de garantizar que las víctimas de trabajo forzoso identificadas tuviesen acceso a una protección y a unas vías de reparación adecuadas.

La Comisión toma nota de la declaración de la OIE, según la cual es esencial evaluar plena y objetivamente si las condiciones de vida y de trabajo de esos trabajadores están de conformidad con las normas fundamentales del trabajo. Si se detectaran prácticas de trabajo forzoso, debería identificarse y protegerse a las víctimas. Además, debería identificarse a los beneficiarios de esas prácticas ilegales y, tras un juicio justo, deberían imponerse castigos que fuesen proporcionales a la gravedad de los delitos.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual las autoridades de Polonia, incluida la Embajada de Polonia en Pyongyang, no intervienen en el proceso del empleo de ciudadanos de la RPDC, ni realizan actividades promocionales en este sentido. Su empleo tiene lugar sólo en el marco de una relación entre entidades individuales. Los trabajadores extranjeros, incluidos los de la RPDC, están sujetos, en principio, a la misma legislación laboral que los ciudadanos polacos. El Gobierno indica que, en 2016 y 2017, no se expidió ninguna nueva visa a los ciudadanos de la RPDC. Desde el 1.º de enero de 2017, son 400 los ciudadanos de la RPDC en Polonia con permisos de residencia válidos, incluidos 368 con permisos de residencia temporales y 31 con permisos de residencia de larga duración de la UE, si bien no todos ellos están empleados. En respuesta a las informaciones reveladas en 2016, la inspección nacional del trabajo y los guardias de fronteras realizaron actividades de control que abarcaron a todas las entidades que emplean ciudadanos de la RPDC, y al parecer las infracciones no se relacionaban con el trabajo forzoso. Sin embargo, el Gobierno indica que puede observarse una falta de cooperación entre las personas potencialmente afectadas y las autoridades de control, lo cual puede obstaculizar una evaluación objetiva.

La Comisión también toma nota de la información del Gobierno, según la cual se observaron violaciones de las disposiciones de la Ley sobre Promoción del Empleo, así como de los reglamentos que se sitúan en el ámbito de aplicación de la legislación laboral. Entre los ejemplos de inspecciones relativas a los ciudadanos de la RPDC, la Comisión toma nota de que se detectó que en una obra de construcción en Varsovia, 51 personas realizaban un trabajo remunerado. Estaban empleados por una empresa de la RPDC con contratos de trabajo que se regían por la legislación de la RPDC y fueron asignados a trabajar en Polonia, pagándose sus salarios a sus cónyuges en la RPDC. En otra obra de construcción, se detectó a 60 trabajadores asignados allí por la misma empresa de la RPDC. Si bien no se detectó ningún incumplimiento de las normas laborales mínimas en Polonia, un representante de esa empresa retenía los pasaportes de todos los trabajadores de la RPDC. También entregaron sus tarjetas de residencia al representante de la empresa una vez concluida la inspección. Además, siempre estuvo presente un representante como intérprete durante la inspección. La Comisión observa que las mencionadas prácticas, como el pago indirecto de los salarios y la retención de documentos de identidad, pueden incrementar considerablemente la dependencia de los trabajadores afectados por el control de la entidad de la RPDC, y esto, a su vez, contribuye a su vulnerabilidad. La Comisión recuerda la importancia de la adopción de medidas eficaces para garantizar que el sistema de empleo de los trabajadores migrantes no coloque a los trabajadores afectados en una situación de mayor vulnerabilidad, en particular cuando están sujetos a prácticas abusivas por parte de los empleadores, como la retención de pasaportes, el impago o el pago indirecto de los salarios y la privación de la libertad. Tales prácticas pueden dar lugar a que su empleo se transforme en situaciones que constituyen un trabajo forzoso. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar que los trabajadores migrantes, especialmente los de la RPDC, estén plenamente protegidos de prácticas y condiciones abusivas que sean equivalentes a la imposición de un trabajo forzoso. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para permitir que los trabajadores migrantes se presenten a las autoridades competentes y obtengan una reparación, en caso de una violación de sus derechos o de abusos, sin temor a represalias. Asimismo, pide al Gobierno que comunique información estadística sobre el número de violaciones de las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que se detectaron recientemente y que registraron los inspectores del trabajo, y que indique las sanciones impuestas por tales violaciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rwanda

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1962)

Artículo 1, a), del Convenio. Penas de prisión que entrañan trabajo obligatorio impuestas como castigo por expresar opiniones políticas. La Comisión tomó nota anteriormente de que, de conformidad con el artículo 50, 8), de la Ley núm. 34/2010, de 12 de noviembre de 2010, sobre el Establecimiento, Funcionamiento y Organización del Servicio Penitenciario de Rwanda, la principal obligación, entre otras, de las personas encarceladas es realizar actividades laborales para el desarrollo del país, de sí mismas y del establecimiento penal. Asimismo, la Comisión tomó nota del informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación quien realizó una visita oficial a Rwanda, en enero de 2014 (documento A/HRC/26/29/Add.2). El Relator Especial tomó nota con preocupación de la persistente hostilidad de sus críticas hacia las iniciativas de paz y la existencia de un marco jurídico destinado a silenciar la disidencia. A este respecto, el Relator Especial se refirió a disposiciones del Código Penal que establecen penas de prisión para las personas que expresan sus opiniones políticas (artículos 116, 136, 451, 462, 463, 468 y 469 del Código Penal). Al tomar nota de que se ha eliminado del Código Penal el trabajo penitenciario obligatorio, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para armonizar el Código de Procedimiento Penal a estos efectos. La Comisión también pidió al Gobierno que suministrara una copia del proyecto de orden ministerial sobre la naturaleza de las actividades generadoras de ingresos que pueden llevar a cabo los reclusos.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria de que la ley núm. 30/2013, de 24 mayo de 2013, relativa al Código de Procedimiento Penal, ha suprimido la referencia al trabajo penitenciario obligatorio. Sin embargo, la Comisión observa que el artículo 50, 8), de la ley núm. 34/2010, en virtud del cual la persona encarcelada puede ser obligada a trabajar para el desarrollo del país, de sí misma y del establecimiento penal, sigue en vigor. El Gobierno también considera que los artículos 116, 136, 451, 462, 463, 468 y 469 del Código Penal son compatibles con el Convenio, sin añadir explicaciones complementarias, e indica que no existen decisiones judiciales a este respecto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Rwanda, de 2 de mayo de 2016, por el procesamiento de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos como medio para disuadirlos de expresar libremente su opinión (documento CCPR/C/RWA/CO/4, párrafos 39 y 40).

La Comisión recuerda nuevamente que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe hacer uso de trabajo forzoso, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno que los artículos antes mencionados del Código Penal están redactados en términos suficientemente amplios para permitir su aplicación como castigo por expresar opiniones políticas pacíficamente y, en la medida en que se ejecuten mediante penas de prisión que entrañen trabajo obligatorio, pueden entrar en el ámbito de aplicación del Convenio. Además, la Comisión toma nota de que no se adjunta el proyecto de orden ministerial sobre la naturaleza de las actividades generadoras de ingresos que pueden llevar a cabo los reclusos, como indicó el Gobierno en su memoria. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que garantice que no se puedan imponer sanciones penales que entrañan trabajo obligatorio a las personas que expresan pacíficamente sus opiniones políticas, por ejemplo, modificando el artículo 50, 8), de la ley núm. 34/2010, tras la adopción de la ley núm. 30/2013. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de los artículos 116, 136, 451, 462, 463, 468 y 469 del Código Penal en la práctica, incluyendo todo procedimiento judicial que defina o ejemplifique su alcance. Por último, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione una copia del proyecto de orden ministerial sobre la naturaleza de las actividades generadoras de ingresos que pueden llevar a cabo los reclusos.

Sierra Leona

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1, párrafo 1, y artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Trabajo agrícola obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 8, h), de la Ley sobre los Consejos de Tribu (capítulo 61), en virtud del cual se pueden imponer a los «indígenas» trabajos de cultivo obligatorio. En varias ocasiones, el Gobierno señaló que esta disposición sería enmendada. El Gobierno señaló también que el artículo 8, h), no es aplicable en la práctica y, puesto que contraviene el artículo 9 de la Constitución, seguiría siendo inaplicable.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, en el momento de la ratificación, los jefes con autoridad administrativa imponían a sus comunidades trabajo forzoso o comunitario, pero que se han adoptado medidas para erradicar esta práctica, incluyendo el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos en Sierra Leona. Sin embargo, el Gobierno afirma que, a pesar de la prohibición de trabajo forzoso u obligatorio, siguen cometiéndose infracciones de carácter menor. En este sentido, el Gobierno informa que se ha presentado un informe ante la Comisión de Derechos Humanos en relación con la realización de trabajos comunitarios por parte de un pueblo. Teniendo en cuenta que el Gobierno había anunciado anteriormente su intención de modificar esta ley, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para derogar el artículo 8, h), de la Ley sobre los Consejos de Tribu, a fin de ponerla de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. Solicita al Gobierno que siga suministrando información sobre la aplicación de esta ley en la práctica en relación con la imposición de trabajo obligatorio, incluyendo información sobre los informes presentados a este respecto ante la Comisión de Derechos Humanos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Árabe Siria

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situaciones de trabajo forzoso derivadas del conflicto armado. Trata de personas y esclavitud sexual. En relación con sus comentarios anteriores sobre la misma cuestión, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2016 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su misión a la República Árabe Siria, informaciones verosímiles indican que las mujeres y las niñas atrapadas en zonas de conflicto que se encuentran bajo el control del Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) son víctimas de trata y de esclavitud sexual. Ciertos grupos étnicos son particularmente vulnerables, como los yazidíes y los provenientes de comunidades étnicas y religiosas objeto de ataques por parte del EIIL (documento A/HRC/32/35/Add.2, párrafo 65). La Comisión también toma nota de que según el informe de 2017 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, miles de mujeres y niñas yazidíes que fueron capturadas en el Iraq en agosto de 2014 y llevadas por tratantes a la República Árabe Siria siguen sometidas a la esclavitud sexual, y se sabe que más mujeres y niños han sido trasladados por la fuerza desde el Iraq a la República Árabe Siria desde que comenzaron las operaciones militares en Mosul (documento S/2017/249, párrafo 69).

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que, según la Ley de Prevención de la Trata de Personas, de 2010, se creó un departamento para combatir la trata de Personas. Sin embargo, desde el surgimiento del conflicto, la trata de personas y la esclavitud sexual han aumentado debido a la presencia de grupos terroristas en el país. La Comisión se ve obligada a expresar su profunda preocupación porque, después de casi seis años de conflicto, la trata de personas y la esclavitud sexual son prácticas que siguen ocurriendo a gran escala en el terreno. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner fin inmediatamente a estas prácticas que constituyen una grave violación del Convenio y a que garantice que se proteja plenamente a las víctimas de dichas prácticas abusivas. La Comisión recuerda la vital importancia que reviste imponer sanciones apropiadas a los responsables de estos actos para que el recurso a la trata o a la esclavitud sexual no quede impune. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y efectivas a este respecto, y a que proporcione información sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajos obligatorios impuestos como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Durante años la Comisión ha señalado a la atención del Gobierno ciertas disposiciones con arreglo a las cuales pueden imponerse sanciones penales que conlleven trabajo penitenciario obligatorio en virtud de los artículos 46 y 51 del Código Penal (ley núm. 148, de 1949) en situaciones cubiertas por el Convenio, en particular:

–el Código Penal: artículo 282 del Código Penal (insulto a un Estado extranjero); el artículo 287 (noticias distorsionadas tendientes a menoscabar el prestigio de un Estado); el artículo 288 (participación en una asociación política o social de carácter internacional sin autorización), y los artículos 335 y 336 (reunión sediciosa y reuniones que pueden perturbar la tranquilidad pública), y

–la Ley de Prensa núm. 156, de 1960: los artículos 15, 16 y 55 (publicación de un diario sin la autorización previa del Consejo de Ministros).

La Comisión también tomó nota anteriormente de que las disposiciones antes mencionadas prevén penas de prisión de hasta un año de duración, que entrañan la obligación de trabajar en la cárcel.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que la Ley de Prensa, de 1960, había sido derogada por la Ley sobre los Medios de Comunicación núm. 108, de 2011, en virtud de la cual la pena de prisión había sido reemplazada por una multa. El Gobierno indica también que se ha preparado un proyecto de Código Penal, el cual está en curso de adopción. La Comisión expresó la firme esperanza de que, durante el proceso de adopción del nuevo Código Penal, el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que expresen opiniones o una oposición al orden político, social o económico establecido gocen de la protección acordada por el Convenio, y de que, en cualquier caso, no pueda imponérseles sanciones penales que conlleven trabajo penitenciario obligatorio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sri Lanka

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1950)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. 1. Sanciones y aplicación de la ley. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración de la Federación Nacional de Sindicatos (NTUF) según la cual, si bien la Oficina de Empleo en el Exterior de Sri Lanka (SLBFE) está llevando a cabo medidas para erradicar la trata de personas, las sanciones impuestas a los traficantes no son lo suficientemente severas para servir como factor disuasorio. La Comisión tomó nota también de la aclaración del Gobierno de que, desde 2009, el Departamento de Investigaciones Penales ha iniciado 61 investigaciones relativas a casos sospechosos de trata, cuya resolución sigue pendiente. La Oficina del Niño y la Mujer de la policía llevó a cabo asimismo 38 investigaciones entre marzo 2012 y abril de 2013. Además, la Oficina del Fiscal General recibió 191 expedientes de casos sospechosos de trata desde 2009, como consecuencia de los cuales 65 personas fueran procesadas en los tribunales.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su informe, según la cual, en octubre de 2016, el departamento de policía creó la «Unidad contra la trata de seres humanos», destinando a ella a 13 oficiales para investigar casos sobre trata de seres humanos. Bajo la autoridad de la SLBFE se ha creado asimismo una unidad especial encargada de investigar los casos de trata a raíz de las denuncias que se presenten. La Comisión toma nota asimismo de que la Oficina del Fiscal General ha remitido un total de 35 expedientes de imputación a los tribunales superiores en 2016, de los cuales diez se refieren a trata de personas en virtud del artículo 360C, 1), del Código Penal. Tres de estos expedientes se refieren a casos de trabajos forzosos y siete a explotación sexual. Además, la Oficina del Fiscal General ha dictado 25 autos de acusación en virtud del artículo 360A del Código Penal. El Gobierno señala también que ya están en curso 41 enjuiciamientos, que se encuentran en diversas fases judiciales en los tribunales de todo el país, en al menos 15 de los cuales se conocerá la sentencia a finales de 2017, según ha previsto la Oficina del Fiscal General. Se han dictado alrededor de 61 autos de acusación contra sospechosos durante el período de instrucción. En 2016-2017 los tribunales competentes condenaron a seis personas por trata de seres humanos, a los cuales han impuesto penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los cinco años, y multas que oscilan entre 100 000 y 500 000 rupias de Sri Lanka (LKR). El Gobierno señala que el principal problema para la supresión de la trata de personas estriba en obtener pruebas de las víctimas y en investigar los casos allí donde la credibilidad de la víctima se pone en tela de juicio. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que los autores de trata de personas sean objeto de procesamientos rigurosos e investigaciones exhaustivas, y que las sanciones que se les impongan sean suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones pertinentes del Código Penal, incluido el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas, así como de las sanciones específicas aplicadas.

2.  Protección de las víctimas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno ofreció asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas de trata, en colaboración con las ONG. El Ministerio para el Desarrollo del Niño y Asuntos de la Mujer, ha establecido, en virtud de la dirección del grupo de trabajo dependiente del Ministerio de Justicia, un centro gubernamental de protección para las víctimas de trata.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, en el centro de acogida del Ministerio de Desarrollo del Niño y Asuntos de la Mujer, se proporciona asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas de trata. En relación con las víctimas de trata por explotación sexual, el Gobierno señala que la Oficina del Fiscal General ha concluido que, en varios casos, el contratista o mediador utilizó la vulnerabilidad de mujeres empleadas en la industria del sexo para inducirlas a ejercer la prostitución, que es uno de los «métodos» tipificados en el artículo 360C, 1), del Código Penal y utilizado como fundamento para reconocer la condición de víctima de la persona en cuestión y no atribuirle la comisión de ningún delito. La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe del Gobierno al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 2015, las divisiones de la policía comunicaron que, en 2011, 29 de un total de 44 víctimas fueron mujeres; en 2012, 2 de un total de 6; ninguna en 2013; y 4 de un total de 12 en 2014 (documento CEDAW/C/LKA/8, párrafo 43). La Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas para velar por que las víctimas de trata cuenten con la protección y los servicios adecuados, y a que comunique información sobre el número de personas que se benefician de estos servicios.

3.  Programa de acción. La Comisión toma nota de las respuestas por escrito del Gobierno a la lista de cuestiones planteadas por el CEDAW de 2017, de que el Plan estratégico nacional para vigilar y combatir la trata de personas para el período comprendido entre 2015 y 2019 fue adoptado en febrero de 2016. Una comisión de alto nivel presidida por el Primer Ministro y el Grupo nacional de tareas de lucha contra la trata se ocupa de vigilar la aplicación del Plan estratégico (documento CEDAW/C/LKA/Q/8/Add.1, párrafos 116-118). La Comisión pide, en consecuencia, al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del Plan estratégico para 2015-2019, incluidas las actividades realizadas y los resultados obtenidos con el mismo.

Artículos 1, 1), y 2, 1).  Situación vulnerable de los trabajadores migrantes a la imposición de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Oficina de Empleo en el Exterior de Sri Lanka gestionó la creación de un centro de acogida provisional para trabajadores migrantes con objeto de proporcionarles a éstos asistencia médica y alojamiento tan pronto les sean remitidos por la policía aeroportuaria al regresar a su país de origen. La Comisión tomó nota también de que el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), tomó nota, en sus observaciones finales, de las medidas adoptadas por el Gobierno para salvaguardar los derechos de los trabajadores migrantes incluido el memorando de entendimiento (MoU) y los acuerdos bilaterales con los principales países receptores de mano de obra, el plan obligatorio de inscripción por el que se les exige registrarse antes de ir a buscar empleo al extranjero, la creación de contratos con arreglo a las normas y los salarios mínimos establecidos para los trabajadores migrantes domésticos, y el nombramiento de funcionarios encargados de velar por el bienestar de los trabajadores en el extranjero. No obstante, el CMW expresó también su preocupación por los informes de abusos y malos tratos a los trabajadores migrantes de Sri Lanka en los países de acogida.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se han adoptado varias medidas para sensibilizar más a los trabajadores migrantes acerca de sus derechos y obligaciones, como la aplicación de los programas de sensibilización Safe Migration y los programas integrales de información y orientación. El Gobierno señala que la Oficina de Empleo en el Exterior ha firmado 22 memorandos de entendimiento con los principales países de acogida de trabajadores, sobre la protección de los derechos de éstos, que serán revisados anualmente por comisiones técnicas paritarias compuestas de representantes de alto nivel de ambas partes. El Gobierno ha participado activamente también en los procesos regionales de consulta, como el proceso de Colombo y el diálogo de Abu Dhabi. La Comisión toma nota también de que se presta asistencia consular por medio de las misiones diplomáticas en 16 principales países de destino de trabajadores y que se han previsto 11 centros provisionales de acogida para trabajadoras migrantes que han sido víctimas de abusos o explotación. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el CMW considera preocupante que los trabajadores migrantes de Sri Lanka sigan siendo víctimas de numerosas vulneraciones de sus derechos en los países de empleo, como la privación de su derecho a abandonar el lugar de trabajo, la falta de pago de su salario, la retención de su pasaporte, el hostigamiento, la violencia, las amenazas, unas condiciones de vida inadecuadas, la dificultad para acceder a la atención de la salud y, en algunos casos, incluso la tortura (documento CMW/C/LKA/CO/2, párrafo 50). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que siga realizando esfuerzos para velar por que los trabajadores migrantes se encuentren plenamente protegidos de las prácticas y condiciones abusivas equivalentes a la imposición de trabajo forzoso. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas en este sentido, así como información sobre los esfuerzos de cooperación internacional emprendidos para apoyar a los trabajadores migrantes en los países de destino, así como sobre las medidas específicamente diseñadas para hacer frente a las circunstancias difíciles que atraviesan esos trabajadores, y prevenir y responder a los casos de abuso de los que son víctimas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una en solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sudán

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Abolición de las prácticas de trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en regiones del país en las que existen conflictos armados, se produjeron secuestros y trabajo forzoso de miles de mujeres y niños. La Comisión tomó nota de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según los cuales siguen existiendo graves problemas respecto de los secuestros con fines de trabajo forzoso, así como la indemnización a las víctimas de trabajo forzoso. La Comisión también tomó nota de que, en su informe de 2013, el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, indicó que, en las tres zonas de Abyei, Kordofan del Sur y Nilo Azul, estallidos de enfrentamientos condujeron a violaciones extendidas de los derechos humanos y a desplazamientos masivos de población. El experto independiente destacó que siguen produciéndose violaciones masivas de los derechos humanos y desplazamientos a gran escala de civiles, debido a la persistencia de las hostilidades entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y los grupos de oposición armados, en la región de Darfur (documento A/HRC/24/31, párrafos 11 y 13). Además, la Comisión tomó nota de la información del Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), de 14 de octubre de 2013, según la cual, entre el 1.º de abril y el 30 de junio de 2013, se produjeron 21 secuestros de los que fue blanco la población civil local, teniendo lugar diez de esos secuestros entre el 1.º de julio y el 30 de setiembre de 2013 (documento S/2013/607, párrafo 26). Al respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas urgentes, de conformidad con las recomendaciones de los organismos y agencias internacionales pertinentes, para poner fin a todas las violaciones de los derechos humanos y a la impunidad.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual no se encontraron pruebas en relación con los casos de secuestro. Sin embargo, la Comisión toma nota del informe de 2016 del experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán, según el cual durante el período que se examina (de octubre de 2015 a junio de 2016), la situación de la seguridad en Darfur estuvo marcada por una escalada de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el movimiento de liberación Abdul Wahid del Sudán. El experto independiente manifestó su preocupación por los efectos perjudiciales del conflicto en los civiles, a la luz de los alegatos de violaciones de los derechos humanos y graves violaciones del derecho humanitario internacional, incluidos asesinatos indiscriminados, destrucción e incendio de aldeas, secuestro y violencia sexual contra las mujeres, así como desplazamientos de civiles a gran escala. Además, durante los primeros cinco meses de 2016, hubo, al parecer, aproximadamente 80 000 nuevos desplazados a lo largo de Darfur. Habrían sido también desplazadas unas 142 000 personas más (documento A/HRC/33/65, párrafos 41 y 42). A la luz de lo anterior, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner fin inmediato a los casos de secuestro para la imposición de prácticas de trabajo forzoso y para garantizar que las víctimas sean plenamente protegidas de tales prácticas abusivas. La Comisión también reitera la necesidad de que el Gobierno adopte medidas urgentes, de conformidad con las recomendaciones de los organismos y agencias internacionales pertinentes, para poner fin a todas las violaciones de derechos humanos y a la impunidad, lo cual contribuiría a asegurar la plena observancia del Convenio. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las medidas adoptadas en este sentido.

Artículo 25.  Sanciones por exigir trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que se establecieron tribunales especiales en algunas regiones en conflicto para erradicar toda actividad que entrañara un trabajo forzoso, y de que se nombró un fiscal especial para los delitos en Darfur. La Comisión también tomó nota de que, en su informe de 2013, el experto independiente manifestó su preocupación acerca del ritmo lento del procesamiento de los delitos relacionados con el conflicto en Darfur (documento A/HRC/24/31, párrafo 43). La Comisión pidió al Gobierno que indicara el número de procesamientos incoados por el Fiscal especial para Darfur, que se relacionan con los secuestros con fines de imposición de trabajo forzoso, así como el número de condenas y la naturaleza de las sanciones aplicadas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, respecto de la información estadística sobre el número de procesamientos incoados por el Fiscal especial para Darfur, ninguno de los procesamientos se vinculó con casos de secuestro con fines de trabajo forzoso. El Gobierno también indica que existen en la actualidad varias instituciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Superior de la Infancia. Recordando la importancia de la imposición de sanciones penales adecuadas a los autores, de modo que no quede impune el recurso a prácticas de trabajo forzoso, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas inmediatas y eficaces en ese sentido. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información estadística sobre el número de procesamientos incoados por el Fiscal especial para Darfur relativos a secuestros para la imposición de trabajo forzoso, así como el número de condenas y de sanciones específicas aplicadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1970)

Artículo 1, a), del Convenio. Castigo por expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que pueden imponerse penas de prisión (que entrañan una obligación de realizar un trabajo penitenciario), en virtud de los artículos 50, 66 y 69 de la Ley Penal (cometer un acto con la intención de desestabilizar el sistema constitucional, publicar noticias falsas con la intención de dañar el prestigio del Estado y cometer un acto dirigido a perturbar la paz y la tranquilidad públicas). La Comisión también tomó nota de que el informe de 2013 del experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, indica que partes del marco jurídico nacional, incluida la Ley Penal, infringen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que persisten las restricciones a los derechos civiles y políticos y la limitación de la libertad de expresión y de prensa (documento A/HRC/24/31, párrafo 13). Según el experto independiente, se estableció una comisión para estudiar la reforma de algunas leyes, incluida la Ley de Procedimiento Penal y la Ley Penal. Esta comisión presentó sus recomendaciones al Gobierno para su consideración (párrafo 18). La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se deroguen o enmienden los artículos 50, 66 y 69 de la Ley Penal.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión y de protesta pacífica, son derechos garantizados universalmente, pero este ejercicio está sujeto a restricciones, de conformidad con la legislación nacional y las obligaciones del Estado en virtud de los convenios internacionales de derechos humanos. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2014, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, manifestó su preocupación por las numerosas alegaciones que indican que los funcionarios públicos han limitado el pleno y efectivo goce del derecho de libertad de expresión, entre otras cosas, cerrando periódicos sin órdenes judiciales, confiscando ediciones enteras de periódicos y sometiendo a los periodistas a intimidación y acoso. El CDH manifestó también su preocupación acerca de las obligaciones impuestas a los periodistas por la Ley de Prensa y Publicaciones de 2009, y acerca de los procesamientos por la difusión de «falsas noticias». Por último, el CDH también manifestó su preocupación ante las alegaciones que indican que los funcionarios públicos han sometido a los opositores y a los considerados opositores al Gobierno, a los defensores de los derechos humanos y a otros activistas, a acoso, intimidaciones, detenciones y arrestos arbitrarios, y a torturas y malos tratos (documento CCPR/C/SDN/CO/4, párrafo 21).

Además, la Comisión toma nota de que, en su informe de 2016, el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Sudán destacó que la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Penal de 1991 y la legislación paralela específica para Darfur, como las leyes de excepción, siguen infringiendo los derechos y las libertades fundamentales. Por otra parte, persisten las restricciones a los derechos civiles y políticos y la limitación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como a la libertad de prensa. Las crecientes demandas de reformas democráticas por parte de los grupos políticos de oposición, de las organizaciones de la sociedad civil y de los estudiantes, debieron hacer frente a medidas represivas de las autoridades sudanesas, incluidos arrestos y detenciones. Los defensores de los derechos humanos, los opositores políticos y los periodistas siguen siendo un blanco de ataque y la impunidad sigue siendo un problema recurrente (documento A/HRC/33/65, párrafo 63).

La Comisión recuerda una vez más que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe todo recurso al trabajo obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como medio de coerción política o como castigo por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. También destaca que la protección conferida por el Convenio no se limita a las actividades que expresan o manifiestan opiniones divergentes de los principios establecidos; aunque determinadas actividades se dirijan a introducir cambios fundamentales en las instituciones estatales, tales actividades están protegidas por el Convenio, siempre que no recurran a medios violentos o se valgan de los mismos para tales fines. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se deroguen o se enmienden los artículos 50, 66 y 69 de la Ley Penal, de modo que no pueda imponerse ninguna pena de prisión (que entrañe un trabajo obligatorio) a las personas que, sin utilizar o defender la violencia, expresen determinadas opiniones políticas o manifiesten una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en este sentido. Pendiente de la adopción de esas enmiendas, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 50, 66 y 69 de la Ley Penal. Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique copias de las enmiendas a la Ley de Procedimiento Penal, de 20 de mayo de 2009, así como una copia de la Ley de Prensa y Publicaciones, de 2009.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tailandia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio.

I.     Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en el sector pesquero al trabajo forzoso y la trata de personas

La Comisión toma nota de que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito encargado de examinar la reclamación presentada por la CSI y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), en la que se alega el incumplimiento del Convenio por parte de Tailandia.

La Comisión observa que en la reclamación se plantean dos grandes grupos de alegatos en relación con la observancia del Convenio. El primero se refiere a la situación de los trabajadores a bordo de embarcaciones de pesca tailandesas, en particular de los migrantes, los cuales según se alega pueden verse expuestos al trabajo forzoso y trata de personas. El segundo guarda relación con la responsabilidad del Estado de garantizar que la prohibición del trabajo forzoso se haga cumplir estrictamente a través de sanciones penales eficaces y adecuadas. La Comisión también observa que el comité tripartito examinó los alegatos formulados por la CSI y las explicaciones del Gobierno sobre las medidas adoptadas para combatir el trabajo forzoso y la trata en el sector de la pesca, especialmente en relación con: a) prácticas de contratación, y b) prácticas de empleo.

a)    Prácticas de contratación

La Comisión toma nota de que el comité tripartito examinó varias cuestiones relativas a: i) intermediarios y comisiones de contratación; ii) la cuestión de la sustitución de contratos, y iii) la cuestión de la corrupción y la trata de personas.

i)  Intermediarios y comisiones de contratación. La Comisión observa que el comité tripartito constató que la Ley de Contratación y Protección de los Solicitantes de Empleo (1985) es el principal instrumento legislativo que reglamenta las prácticas de contratación de las agencias de colocación privadas; que dicha ley no contiene disposiciones concretas sobre la protección de los trabajadores migrantes durante el proceso de contratación; que no prevé procedimientos para regular la actividad de los intermediarios, las agencias de subcontratación y las agencias de empleo que proporcionan trabajadores migrantes; y que la ley tampoco regula el pago de comisiones de contratación por los trabajadores. El comité tripartito hizo referencia a la indicación del Gobierno de que adoptase un nuevo real decreto relativo a la contratación de trabajadores migrantes con objeto de garantizar una mejor prevención, cuyo objetivo es prevenir la contratación ilegal de trabajadores migrantes.

La Comisión toma nota con interés del Real decreto sobre la gestión del empleo de los trabajadores migrantes B.E. 2560 (23 de julio de 2017) (Real decreto B.E. 2560). Según indica el Gobierno, este decreto tiene tres objetivos principales: penas más rigurosas para los infractores, responsabilidades más claras de los empleadores y de las agencias de contratación autorizadas, y la posibilidad de que las ONG utilicen el Fondo de gestión de los trabajadores migrantes para prestar asistencia y proteger a los trabajadores contra la explotación. Además, en virtud del Real decreto de 2015 relativo a la solicitud de permiso de trabajo B.E. 2559, la contratación de trabajadores migrantes sin permiso de trabajo es un delito sancionado con una pena de prisión de hasta tres años o una multa de 200 000 a 600 000 baht (6 000 a 18 000 dólares de los Estados Unidos).

Además, la Comisión toma nota de que la CSI señala en sus observaciones que, en enero de 2016, la organización Greenpeace denunció que algunos migrantes y trabajadores de nacionalidad tailandesa debieron pagar a los intermediarios, para trabajar en determinados buques de pesca, comisiones de hasta 742 dólares de los Estados Unidos. Además, indicaron no haber recibido información alguna sobre las condiciones de trabajo, el pago de los salarios o el período de tiempo en el mar, con anterioridad al embarque. El sistema de pago consiste en un anticipo de salarios enviados al domicilio del trabajador mediante transferencias no documentadas realizadas a través de los intermediarios y la promesa del pago de sumas fijas a los trabajadores una vez que finalicen su trabajo en el mar.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual ha prohibido que se impongan a los trabajadores migrantes comisiones por concepto de contratación, excepto para determinados gastos tales como el costo de preparación de documentos y gastos de transporte (artículo 42 de la notificación del Departamento de Empleo (DOE) sobre la identificación de la lista de trabajadores extranjeros y la tasa de honorarios por servicios y gastos de contratación y el costo de hacer ingresar a trabajadores extranjeros para trabajar con empleadores en el Reino, de 14 de noviembre de 2016). En caso de infracciones, el empleador puede ser castigado con una pena de prisión de seis a doce meses.

La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que ha venido trabajando estrechamente con los países de origen (Myanmar, Camboya y la República Democrática Popular Lao) a través de consultas regulares y reuniones bilaterales destinadas a elaborar memorandos de entendimiento relativos a las prácticas de contratación equitativas. Por ejemplo, ha acordado con el Gobierno camboyano la contratación de trabajadores de esa nacionalidad en el sector pesquero a través de un proyecto piloto de gobierno a gobierno, según el cual el Gobierno de Tailandia ha convenido en garantizar un salario mínimo mensual de 12 000 baht, el pago de salario mediante transferencia bancaria, alojamiento y alimentación adecuada, así como seguro de salud y cobertura en caso de accidente. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también colabora en el mencionado proyecto. Además, se ha alcanzado un acuerdo para establecer un centro de migración camboyano para finales de 2017. El centro estará encargado de la formación previa a la partida, facilitar la documentación legal exigida para los trabajadores migrantes, y asistir a las víctimas de trabajo forzoso o de trata. La Comisión pide al Gobierno que siga intensificando sus esfuerzos para garantizar que los trabajadores migrantes del sector pesquero no vayan a estar expuestos a prácticas que puedan aumentar su vulnerabilidad, en particular en relación con el pago de comisiones de contratación y subcontratación por parte de intermediarios ilegales. Además, pide al Gobierno que transmita mayor información sobre la aplicación en la práctica del Real decreto sobre la gestión del empleo de los trabajadores migrantes B.E. 2560 (2017), incluyendo el número y la naturaleza de las infracciones observadas y las sanciones impuestas en caso de infracción.

ii)   Sustitución de contratos. La Comisión toma nota de que el comité tripartito observó que los trabajadores migrantes aún se ven confrontados a la práctica de la sustitución de contratos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual es obligatoria la firma de un contrato formal entre el empleador y el trabajador (artículos 14/1 y 17 de la Ley de Protección de los Trabajadores B.E. 2541 (1998) y el artículo 6 del reglamento ministerial relativo a la protección de los trabajadores en el sector de la pesca marítima B.E. 2557 (2014)) y que el contrato de empleo debe suscribirse en dos ejemplares de manera que el trabajador conserve un ejemplar. En virtud del Memorando de Entendimiento acordado con los países de origen, existe un contrato tipo aprobado por el Departamento de Bienestar y Protección Laboral (DLPW). Los contratos deben estar redactados en idioma thai y en el idioma del trabajador migrante (actualmente se dispone de contratos en jemer, birmano, laosiano e inglés). El contrato deberá estipular el monto de los salarios pagados mensualmente por transferencia bancaria y la comisión por la transferencia es sufragada por el empleador. Este contrato debe ser examinado por un inspector laboral del Ministerio de Trabajo.

Además, en la Ley sobre Industria Pesquera B.E. 2560, de 2017, debe expedirse un documento de identidad (denominado libreta de embarque) para todo trabajador migrante en el sector de la pesca, cuando el propietario de una embarcación de pesca haya firmado un contrato tipo con un trabajador. A junio de 2017, el Departamento de Pesca había expedido 50 033 libretas de embarque a los trabajadores migrantes, entre ellos 30 661 originarios de Myanmar, 18 050 de Camboya, 1 201 de la República Democrática Popular Lao, 31 de Viet Nam, y 90 para personas apátridas. El empleo de un trabajador en una embarcación de pesca sin documento de identidad, o sin autorización, estará sujeto al pago de una multa (de 400 000 baht (12 000 dólares de los Estados Unidos)). La Comisión pide al Gobierno que siga intensificando sus esfuerzos para garantizar que, en la práctica, la prohibición de la sustitución del contrato de trabajo sea aplicada efectivamente. A este respecto, alienta al Gobierno a velar por que las autoridades competentes registren y verifiquen que el contrato firmado corresponde al ofrecimiento original de empleo aceptado por el trabajador. Por último, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información estadística sobre el número de pescadores migrantes a quienes se les ha expedido libretas de embarque, así como el número de infracciones observadas que se hayan registrado a este respecto.

iii)   Corrupción y trata de personas. La Comisión toma nota de que el comité tripartito considera que la corrupción de los funcionarios públicos puede crear un clima de impunidad que agudice la situación de vulnerabilidad de los pescadores migrantes y entorpezca seriamente la identificación de las víctimas de trabajo forzoso y trata.

La Comisión también toma nota de que la CSI señala en sus observaciones que, en 2016, la División para asuntos de trata de personas del Tribunal Penal de Bangkok declaró a 62 personas culpables del delito de trata de personas, incluidos algunos altos funcionarios condenados a prisión perpetua. La CSI añade que los funcionarios de policía o los altos funcionarios gubernamentales amenazan frecuentemente a testigos, intérpretes o a otros funcionarios policiales.

La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, según las cuales de 2014 a 2017 se registraron 12 casos y 53 funcionarios gubernamentales investigados por su participación en la trata de trabajadores migrantes en el sector de la pesca. En 2017, la Comisión de lucha contra la corrupción en el sector público investigaba a diez funcionarios policiales. En 2016, la Oficina contra el Blanqueo de Capitales (AMLO) informó de nueve casos de trata de personas (casos de trabajo forzoso y trata con fines sexuales) incautándose bienes de los autores.

El Gobierno señala que de los problemas más importantes a los que se enfrentan los equipos multidisciplinarios de inspección de las embarcaciones de pesca durante el procedimiento de identificación de las víctimas es proporcionar albergue a las víctimas o a los testigos. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana (MSDHS) está encargado de proporcionar albergue a las víctimas de la trata. La Real Policía Tailandesa también tiene la responsabilidad de proporcionar alojamiento y protección a las personas sometidas a juicio. Además de la creación del Sistema de localización de buques (VMS), el Centro de comando para combatir la pesca ilegal (CCCIF) estableció el Sistema de vigilancia electrónica de mensajes y el Sistema electrónico de notificación (EM y ERS) que reforzarán la capacidad para controlar los transbordos ilegales en el mar y ayudar a detectar los casos de trata de personas. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas proactivas para garantizar que los funcionarios gubernamentales cómplices con los traficantes sean enjuiciados y que se impongan en la práctica sanciones efectivas y suficientemente disuasorias por violación de la legislación. La Comisión alienta al Gobierno a seguir suministrando la formación adecuada a los órganos encargados de hacer cumplir la ley con objeto de que pueda mejorar su capacidad para identificar los casos de trata de personas.

b)    Prácticas en materia de empleo

i)   Retención de los documentos de identidad de la gente de mar. La Comisión toma nota de que el comité tripartito subrayó que la retención de los documentos de identidad de la gente de mar es un problema grave en el sector pesquero de Tailandia y que no existe una prohibición concreta en la legislación de un delito de esa índole.

Además, la Comisión toma nota de que la CSI señala en sus observaciones que los tribunales nacionales y las autoridades públicas, tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia no han reconocido que la retención de los DIM puede exponer a los trabajadores a la explotación y considera que la retención de documentos de identidad no necesariamente entraña un medio de coacción para trabajar. En cambio, las autoridades judiciales estiman que la retención de los documentos de identidad se justifica debido a que facilita la inspección de esos documentos.

La Comisión toma nota de que en virtud del artículo 131 del Real decreto B.E. 2560, de 2017, la retención de documentos de identidad será castigada con una pena de prisión de hasta seis meses o una multa. El artículo 68 dispone también que el permiso de trabajo siempre debe conservarse por el trabajador durante su período de trabajo. Según indica el Gobierno, el establecimiento de 32 centros de control portuario de entradas y salidas de embarcaciones en 22 provincias costeras ha incrementado la eficacia y efectividad de la aplicación de la ley. Durante el período del 1.º al 31 de agosto de 2017, se inspeccionaron 412 embarcaciones de pesca y se controlaron a 4 995 pescadores (1 490 tailandeses, 1 836 birmanos, 1 633 camboyanos y 36 laosianos). No se registró retención de documentos de identidad y libretas de embarque, no se presentaron quejas relativas al impago de los salarios, y no se detectaron casos de trabajo forzoso o de trata. La Comisión recuerda que la práctica de la retención de los documentos de identidad es un problema grave que puede aumentar la vulnerabilidad de los pescadores migrantes frente al abuso, al dejarlos indocumentados, reducir su libertad de circulación e impedir que den término a una relación de empleo. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar que el Real decreto B.E. 2560, de 2017, sea aplicado efectivamente, y que se impongan penas suficientemente disuasorias a los empleadores que infringen la legislación mediante la retención de los documentos de identidad.

ii)   Retenciones salariales. La Comisión observa que el comité tripartito alentó al Gobierno a seguir intensificando sus esfuerzos para abordar la cuestión del impago de los salarios y garantizar la aplicación efectiva del reglamento ministerial de 2014 relativo a la protección de los trabajadores en el sector de la pesca marítima B.E. 2557 (2014). La Comisión toma nota de que la CSI indica en sus observaciones que la retención de los salarios sigue siendo una práctica común en Tailandia, y que una aplicación de la ley poco rigurosa y un limitado acceso a la justicia no permiten garantizar el pago de los salarios.

La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia al artículo 8 de la reglamentación ministerial B.E. 2557, de 2014, que dispone que el empleador está obligado a preparar una declaración salarial que incluya la licencia paga, en tailandés. El artículo 11 prohíbe claramente al empleador la retención de los salarios. Si el empleador retrasa intencionalmente el pago del salario hasta siete días después de la fecha de pago acordada inicialmente, deberá pagar un monto adicional del 15 por ciento de la cuantía retenida. En mayo de 2015, el DLPW, en cooperación con los equipos multidisciplinarios de inspección en las embarcaciones pesqueras y funcionarios de la embajada de Myanmar, prestó asistencia a 13 trabajadores de una embarcación pesquera de Myanmar para que recuperaran sus salarios atrasados. Además, en 2017, el DLPW prestó asistencia a un trabajador de Myanmar de 17 años para obtener el pago de 20 días de salarios adeudados; el propietario del buque fue acusado de dar empleo a un menor de edad y de trata de personas. La Comisión pide al Gobierno que garantice que la aplicación efectiva de la reglamentación ministerial B.E. 2557, de 2014, de forma que los salarios se paguen puntualmente y en su totalidad, y que se impongan sanciones disuasorias por el impago de los salarios.

iii)   Maltrato físico. La Comisión toma nota de que el comité tripartito hizo hincapié en la situación vulnerable de los trabajadores de la pesca que pueden ser víctimas de actos de violencia física, que en algunos casos pueden resultar en asesinatos. La Comisión toma nota de que en sus observaciones, la CSI proporciona varios ejemplos de trabajadores pesqueros que han sido objeto de malos tratos. Por ejemplo, en enero de 2016, seis pescadores camboyanos y tailandeses, tripulantes de dos embarcaciones de Tailandia, perdieron la vida y otros 32 sufrieron problemas de salud. Los sobrevivientes fueron privados de alimentos durante varios días, y obligados a trabajar hasta tres días sin interrupción alguna.

La Comisión toma nota de la explicación del Gobierno, según la cual, la modificación de la Ley contra la Trata núm. 2 B.E. 2558, de 2015, aumentó las sanciones a 20 años de prisión cuando el delito provoque graves lesiones a la víctima o víctimas, y reclusión perpetua o pena de muerte cuando provoque la muerte de la víctima. La enmienda de la Ley contra la Trata núm. 3 B.E. 2560, de 2017, contiene disposiciones más explícitas, incluyendo: i) la revisión de la definición de «explotación» para abarcar la esclavitud, y ii) la revisión de la definición de «trabajo o servicio forzoso» para abarcar la retención del documento de identidad y la servidumbre por deudas.

Al tiempo de tomar nota de las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su profunda preocupación por los casos de trabajadores pesqueros que han sido víctimas de maltrato físico o lesiones y, en algunos casos, han sido víctimas mortales. Recordando la naturaleza especial del trabajo de los pescadores, en parte consecuencia de su aislamiento en el mar, la Comisión subraya la importancia de adoptar medidas eficaces para garantizar que esta categoría de trabajadores no sea colocada en una situación en la que aumenta su vulnerabilidad, especialmente cuando son víctimas de violencias físicas. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la Ley contra la Trata, en su forma enmendada, se aplique de forma efectiva, controlada regularmente por los órganos encargados de hacer cumplir la ley, para investigar los casos de maltrato físico. Además, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se impongan sanciones adecuadas a los empleadores que infrinjan la legislación.

II.   Control del cumplimiento de la ley y acceso a la justicia

La Comisión toma nota de que el comité tripartito señaló que la prohibición del trabajo forzoso exige que las sanciones impuestas por la ley sean adecuadas, proporcionadas con las infracciones y estrictamente aplicadas. A tal efecto, el comité tripartito subrayó la importancia de: a) reforzar los organismos de la inspección del trabajo, y b) proporcionar acceso a la justicia y protección a las víctimas.

a)    Inspección laboral y aplicación de sanciones penales

La Comisión toma nota de que el comité tripartito señaló que el Gobierno estableció equipos multidisciplinarios de inspección de las embarcaciones de pesca con la función de entrevistar a los trabajadores para impedir que resulten víctimas de servidumbre por deudas y de trata de personas en el sector de la pesca.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que en la actualidad hay 1 506 inspectores del trabajo. Esta cifra se ha incrementado en 29,71 por ciento desde la presentación de la última memoria sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma debida nota de las estadísticas transmitidas por el Gobierno sobre una serie de cursos de formación impartidos a los inspectores del trabajo, incluyendo: i) en mayo de 2017, en el marco del proyecto denominado Derechos de los trabajadores desde el buque a la costa se impartió formación a 28 funcionarios gubernamentales sobre indicadores en materia de trabajo forzoso, técnicas de entrevistas, cuestiones de servidumbre por deudas, retención de documentos de identidad, y Ley contra la Trata; ii) el DOE impartió formación en junio de 2017 a 80 funcionarios a nivel de dirección sobre técnicas de investigación y enjuiciamiento penal de los traficantes de personas, y iii) en septiembre de 2017, se impartió formación a oficiales superiores del MOL, el MSDHS, el DOE, la policía marítima y la Marina Real de Tailandia sobre técnicas de entrevistas con trabajadores del sector de la pesca.

La Comisión también toma nota de que se emplearon coordinadores de idiomas para facilitar la comunicación entre trabajadores migrantes y funcionarios gubernamentales (anuncio de la oficina del Primer Ministro, de noviembre de 2016). Se designaron 70 coordinadores de idiomas para desempeñarse en 22 oficinas provinciales del DLPW y en 32 centros de control, y 10 coordinadores de idiomas están trabajando en el Centro de Asistencia a los Trabajadores Migrantes en diez provincias.

La Comisión toma nota del número de inspecciones llevadas a cabo en el mar a bordo de las embarcaciones entre 2015 y 2017. La Comisión toma nota de que en 2016, 1 859 trabajadores migrantes, incluyendo 1 675 de Myanmar, 81 de la República Democrática Popular Lao y 103 de Camboya recibieron las prestaciones a que tenían derecho. La Comisión también toma nota de que la ordenanza núm. 22/2017, relativa a la aplicación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) (cuarto suplemento) entró en vigor en abril de 2017. En virtud de esta disposición, todo funcionario autorizado que advierta prácticas ilegales a la legislación sobre pesca, tendrá derecho a detener la embarcación e informar al Departamento de Marina dentro de las 24 horas. Entre abril y junio de 2017, 135 buques pesqueros fueron detenidos como consecuencia de la aplicación de la orden núm. 22/2017.

Según el Gobierno, se registraron 319 casos de trata de personas que fueron detectados e investigados en 2016 en el sector de la pesca, incluyendo 244 casos de explotación sexual, 32 casos relativos al empleo y 43 casos de trata de trabajadores en el sector de la pesca. En 2016, 600 infractores fueron detenidos y acusados en virtud de la Ley contra la Trata, y 268 condenados a penas de entre dos y diez años de prisión. En septiembre de 2017, 85 casos eran examinados por la Fiscalía, y 13 casos por los tribunales. La Comisión alienta al Gobierno a seguir adoptando medidas para reforzar la capacidad de los inspectores del trabajo para detectar las prácticas de trabajo forzoso y trata de personas, y que siga proporcionando información estadística sobre el número de casos de trabajo forzoso o trata relativos a los trabajadores pesqueros migrantes que han sido registrados recientemente por los inspectores del trabajo, así como sobre el número y naturaleza de las sanciones impuestas.

b)    Acceso a la justicia y asistencia a las víctimas

La Comisión toma nota de que el comité tripartito observó que, si bien la legislación prevé la implantación de diversos mecanismos de queja, existen algunos obstáculos que dificultan su utilización efectiva por los trabajadores, como la duración de los procedimientos de tramitación, las barreras lingüísticas y la ausencia de información sobre las medidas destinadas a impedir que las víctimas de trata vuelvan a ser sometidas a esas prácticas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que existen centros especiales para prestar asistencia a los trabajadores migrantes (resolución del Gabinete, de julio de 2016). En relación con los trabajadores migrantes del sector de la pesca, la Comisión toma nota de que se han establecido numerosos centros, tales como los centros de coordinación de los trabajadores del sector de la pesca y el centro de apoyo a la vida de los trabajadores del sector de la pesca. En 2016, estos centros proporcionaron asistencia a 15 camboyanos que trabajaban en el sector de la pesca. Estos centros tienen las siguientes funciones, entre otras: i) promover el empleo en el sector pesquero que esté en conformidad con la legislación; ii) proporcionar protección y asistencia jurídica a los trabajadores migrantes del sector de la pesca, y iii) aumentar la sensibilización de los propietarios de empresas pesqueras y otras partes interesadas pertinentes para mejorar la colaboración en la lucha contra la trata de personas en el sector de la pesca. Además, la Comisión toma debida nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno en relación con los tipos de asistencia suministrada a los pescadores migrantes. La Comisión observa que 15 370 trabajadores migrantes fueron transferidos a otros empleadores; 241 recibieron los salarios adeudados, y 372 fueron transferidos a organizaciones conexas para que recibieran asistencia. Asimismo, el Gobierno hace referencia al establecimiento de una línea de asistencia durante 24 horas accesible a los trabajadores migrantes en su propio idioma, así como el sistema de presentación de quejas para los trabajadores migrantes que opera a través de Internet. La Comisión también toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno sobre el número de víctimas de la trata de personas que han recibido esa asistencia. Por ejemplo, entre enero y julio de 2017, el MSDHS suministró asistencia a 224 víctimas de la trata de personas, incluyendo a 78 trabajadores víctimas de trabajo forzoso en las embarcaciones de pesca. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se han firmado memorandos de entendimiento para combatir la trata de personas con los países de origen de la trata, a saber, República Democrática Popular Lao, Myanmar y Viet Nam. En junio de 2017, el Gobierno de Tailandia y el Gobierno de Myanmar firmaron un acuerdo relativo a la aplicación del procedimiento de repatriación y reintegración de las víctimas regido por el concepto de repatriación segura, recepción segura y no revictimización: el procedimiento de aplicación contiene reglas uniformes de repatriación y reintegración, con inclusión de un sistema mejorado de compilación de datos y directrices claras. En 2016, el Gobierno llevó a cabo la repatriación segura de 243 víctimas en estrecha coordinación con los países de origen. La Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas para asegurar una mejor protección y asistencia a los trabajadores migrantes del sector de la pesca, de manera que no sean víctimas de situaciones de trabajo forzoso o de trata de personas. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de trabajadores migrantes del sector de la pesca que recurrieron a la asistencia jurídica de los centros de asistencia antes mencionados. Por último, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre el número de trabajadores migrantes del sector de la pesca que han presentado quejas a través del mecanismo de presentación de quejas que funciona a través de Internet.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1969)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas. Durante algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el artículo 112 del Código Penal que indica, que quien difame, insulte o amenace al Rey, a la Reina, al Príncipe heredero o al Regente, será castigado con una pena de prisión de entre tres y quince años, así como los artículos 14 y 15 de la Ley de Delitos Informáticos, de 2007, que prohíbe el uso de ordenadores para cometer delitos con arreglo a las disposiciones del Código Penal en materia de seguridad nacional (incluido el artículo 112 del Código Penal), delitos que podrán ser sancionados con penas de cinco años de prisión. La Comisión tomó nota de que, en virtud de la Ley Penitenciaria B.E. 2479 (1936), las penas de prisión entrañan la obligación de realizar trabajo penitenciario. Asimismo observó que, según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión, en los últimos tiempos se ha registrado un aumento de los delitos de lesa majestad perseguidos por la policía y los tribunales.

La Comisión toma nota de que, en relación con el aumento de los delitos de lesa majestad, el Gobierno indica en su memoria que según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión los procedimientos relativos a dichos casos se llevan a cabo respetando las normas del debido proceso legal. El Gobierno también señala que hacer cumplir el artículo 112 no contraviene la legislación internacional en materia de derechos humanos y la existencia de la figura jurídica del delito de lesa majestad es un medio adecuado para proteger a la monarquía tailandesa como ente unificador y estabilizador de la Nación. Las personas condenadas por delitos de lesa majestad tienen los mismos derechos que las personas condenadas por otros delitos penales.

A este respecto, la Comisión observa que en sus observaciones finales de 2017, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el hecho de que la crítica y la disidencia respecto de la familia real se castiguen con penas de entre tres y quince años de prisión, por la información de que el número de personas detenidas y enjuiciadas por ese delito ha aumentado enormemente desde el golpe de Estado militar y por la aplicación de penas excesivas, en algunos casos de decenas de años de prisión (documento CCPR/C/THA/CO/2, párrafo 37).

Además, la Comisión toma nota de que según el Gobierno los artículos 14 y 15 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 se han elaborado y se aplican para limitar las actividades ilegales y la difusión de información falsa, y tratar la cuestión del riesgo de aprovechar la conexión inmediata para acosar y difamar a otros individuos. Además, la legislación no permite el trabajo obligatorio como forma específica de castigar a las personas que han sido condenadas tras haber sido procesadas con arreglo al artículo 112 del Código Penal y los artículos 14 y 15 de la Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, la Comisión observa que, en sus observaciones finales, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias de restricciones arbitrarias y graves al derecho a la libertad de opinión y de expresión en la legislación del Estado parte, entre otros en el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (2007). El Comité también señaló su preocupación por las actuaciones penales, especialmente los cargos penales por difamación contra defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras personas en virtud de las disposiciones jurídicas mencionadas, así como por la información sobre la represión de los debates y la realización de campañas y la imputación de cargos penales a determinadas personas durante el período previo al referéndum constitucional de 2016. Por último, la Comisión toma nota de que el Comité recomendó al Gobierno que considerara la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, de reservar la aplicación de la ley penal para los casos más graves, teniendo presente que la privación de libertad no es nunca un castigo adecuado para la difamación (párrafos 35 y 36).

La Comisión también toma nota con profunda preocupación de que las penas de prisión que conllevan trabajo penitenciario obligatorio, que se contemplan en la Ley Penitenciaria de 1936, se mantienen en las enmiendas de 2017 a esa misma ley.

A este respecto, la Comisión se ve obligada a recordar que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe hacer uso de sanciones penales que conlleven trabajo obligatorio como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas, o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Además, indica que la protección otorgada por el Convenio no se limita a las actividades relacionadas con la expresión o manifestación de opiniones que discrepen con los principios establecidos; incluso si ciertas actividades tienen el objetivo de conseguir cambios fundamentales en las instituciones estatales, esas actividades están cubiertas por el Convenio siempre que no se inste a la utilización de medios violentos o se recurra a esos medios para conseguir tales fines (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 302). A la luz de las consideraciones que anteceden, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica, para garantizar que no puedan imponerse sanciones que conlleven trabajo obligatorio por la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al sistema establecido, por ejemplo limitando claramente el alcance de esas disposiciones a situaciones relacionadas con el uso de violencia o la incitación a la violencia, o suprimiendo las sanciones que entrañan trabajo obligatorio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Unida de Tanzanía

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1962)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. Sanciones y aplicación de la ley. La Comisión había tomado nota de la adopción de la Ley contra la Trata de Personas núm. 6, de 2008. Con arreglo al artículo 4 de esta ley, la trata de personas es un delito que puede ser castigado con una multa de entre 5 y 100 millones de chelines tanzanos (aproximadamente entre 3 172 y 63 577 dólares de los Estados Unidos), o a una pena de prisión de no menos de dos años y no más de diez años, o pueden imponerse ambas sanciones. Con arreglo al artículo 5 de la ley toda persona que promueve, lleva a cabo o facilita la trata de personas comete un delito y puede ser castigada con una multa de entre 2 y 50 millones de chelines tanzanos (aproximadamente entre 1 272 y 31 083 dólares de los Estados Unidos) o a una pena de prisión de entre uno y siete años, o pueden imponérsele ambas sanciones. El Gobierno señaló que se imparte formación sobre la trata de seres humanos a los funcionarios a cargo de los distritos así como a los funcionarios encargados de la investigación penal responsables de las cuestiones de trata de personas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de la ley en la práctica.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que en 2016 se investigaron alrededor de 100 casos de trata de seres humanos, 23 acusados fueron enjuiciados y se impusieron condenas a 19 de ellos por el delito de trata. De éstos, un traficante fue condenado a diez años de prisión, dos a siete años de prisión y tres a cinco años de prisión. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según las respuestas del Gobierno a la lista de preguntas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de febrero de 2015, un ciudadano indio implicado en la trata de ocho niñas nepalíes fue condenado a cumplir diez años de prisión o pagar una multa de 15 millones de chelines tanzanos. El acusado pagó el importe de la multa y fue puesto en libertad (documento CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1, párrafo 84). Remitiéndose al párrafo 319 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que cuando las sanciones consisten sólo en una multa o una pena de prisión de corta duración no pueden considerarse eficaces, si se tiene en cuenta la gravedad de la infracción y la necesidad de que las sanciones tengan carácter disuasorio. La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el CEDAW expresó su preocupación por la persistencia de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas en el país y las denuncias de trata de niñas con fines de trabajo doméstico y explotación sexual (documento CEDAW/C/TZA/CO/7-8, párrafo 24). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la Ley contra la Trata de Personas de manera que se impongan penas de prisión lo suficientemente eficaces y disuasorias en todos los casos. La Comisión también pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación de dicha ley, incluyendo el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Turquía

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), recibidas el 8 de agosto de 2016.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. 1. Medidas de aplicación de la ley. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en la que se señala que la mayor parte de los casos de trata que se producen en el país están relacionados con la prostitución de mujeres procedentes de Europa Oriental y con el trabajo forzoso de personas de Asia Central. La Comisión también tomó nota de que la TISK indicaba que se habían realizado progresos en lo que respecta a llevar a los traficantes ante los tribunales y reducir la tasa de absolución. Además, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la aplicación del artículo 227, 3), del Código Penal (que prohíbe enviar a una persona al país o fuera del país con fines de prostitución) en la que se señala que en virtud de 177 sentencias dictadas en 2011 y 2012 fueron condenadas 23 personas. El Gobierno también indicó que en los 166 casos juzgados en 2011 y 2012, en virtud del artículo 80 del Código Penal (trata de seres humanos) relativos a 912 sospechosos, 70 personas fueron condenadas a penas de prisión. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el hecho de que sólo en unos pocos casos de trata de seres humanos se hayan realizado investigaciones y enjuiciamientos y se hayan dictado sentencias.

La Comisión toma nota de que en su comunicación la TISK señala que en 2016 el Gobierno ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. La TISK también indica que Turquía ha firmado protocolos de cooperación en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos con Belarús, Georgia, Kirguistán, República de Moldova y Ucrania.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que en virtud del artículo 80 del Código Penal, en 2013, fueron absueltos 331 de los 564 sospechosos juzgados en 126 casos; en 2014 fueron absueltos 292 de los 394 sospechosos juzgados en 91 casos; en 2015 fueron absueltos 330 de los 514 sospechosos juzgados en 119 casos, y en el primer trimestre de 2016, fueron absueltos 118 de los 148 sospechosos juzgados en 28 casos. La Comisión también toma nota de que, con arreglo al artículo 227, 3), del Código Penal, en 2014 se impusieron condenas en diez de las 52 decisiones judiciales dictadas, mientras que en 2013 se pronunciaron condenas sólo en tres de las 18 decisiones judiciales dictadas. El Gobierno también indica que la policía nacional turca (Dirección General de Seguridad) y la Comandancia General de la Gendarmería han establecido en sus respectivas estructuras organizativas un departamento especial para «combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos», y que este tema se incluye en los programas de formación de su personal y de las personas recientemente contratadas. La Comisión también toma nota de que el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) en sus observaciones finales de 31 de mayo de 2016 expresó preocupación por la limitada capacidad y coordinación interinstitucional en cuanto a las medidas de lucha contra la trata (documento CMW/C/TUR/CO/1, párrafo 83). La Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar del número significativo de casos que se llevan ante la justicia, el número de condenas en materia de trata de personas es reducido. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar que todas las personas que se dedican a la trata son objeto de enjuiciamiento y en la práctica se les imponen penas de prisión suficientemente eficaces y disuasorias. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluso en relación con la formación y la creación de capacidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como sobre los resultados alcanzados. La Comisión pide también al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el número de enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones específicas impuestas con arreglo a los artículos 80 y 227, 3), del Código Penal.

2.  Protección y asistencia para las víctimas. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por la CSI respecto a que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no utilizan suficientemente los procedimientos de identificación de las víctimas de trata por lo que muchas de esas víctimas son detenidas y deportadas. La CSI también indicó que el Gobierno no tiene centros de acogida para las víctimas de trata y no proporciona recursos suficientes a los centros pertenecientes a organizaciones no gubernamentales que ofrecen ese tipo de asistencia y servicios. La Comisión tomó nota de que en la comunicación de la TISK se señala que el Gobierno ha adoptado un enfoque centrado en las víctimas para abordar la trata, tomando medidas legislativas y administrativas para combatir este delito. La TISK indicó que hay centros de acogida de víctimas de trata de seres humanos en Ankara y Estambul, y un hostal con este fin en Antalya. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores había proporcionado financiación a estos centros para el período 2014-2016. El Gobierno también señaló que las víctimas de trata de seres humanos reciben visas humanitarias para un período de seis meses. Se garantiza el retorno seguro y voluntario de las víctimas a sus países a través de la cooperación entre la policía, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los organismos de enlace en los países de origen y organizaciones no gubernamentales.

La Comisión toma nota de que, en su comunicación, la TISK indica que se llevan a cabo operaciones conjuntas en el marco de la cooperación entre el Ministerio del Interior y países de los que proceden víctimas de trata de personas. La TISK también señala que la Dirección General de Seguridad del Ministerio del Interior ha firmado protocolos de cooperación bilateral con organizaciones de la sociedad civil en relación con la identificación de las víctimas y el proceso de seguimiento.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los procedimientos de identificación de las víctimas se han sistematizado nuevamente debido a la promulgación de la Ley núm. 6458, de 2013, de Extranjería y Protección Internacional. Además, en 2016 se adoptó el reglamento de lucha contra la trata de seres humanos y protección de las víctimas, en el que se enuncian los procedimientos y principios para la prevención de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, independientemente de su nacionalidad. En consecuencia, se proporcionan permisos de residencia de seis meses, que se pueden ampliar a tres años, a las víctimas extranjeras y las que quieren abandonar Turquía son repatriadas a sus países de origen o a un tercer país seguro con arreglo al «Programa de retorno seguro y voluntario». Asimismo, se proporcionan servicios de apoyo como, por ejemplo, centros de acogida o casas refugio, servicios de salud, ayuda psicosocial y asistencia jurídica a través de «programas de apoyo a las víctimas». La Comisión toma nota de que un comité de coordinación de la lucha contra la trata de seres humanos y los comités provinciales afiliados son los mecanismos de seguimiento con arreglo al reglamento de 2016. La Comisión también toma nota de que entre el 1.º de enero y el 14 de julio de 2016 se identificaron 102 víctimas, mientras que en 2015 se identificaron 108 víctimas. Además, entre el 1.º de enero y el 14 de julio de 2016 se dio albergue a 87 víctimas y en 2015 a 69 víctimas, ya sea en casas de acogida especiales de la Dirección General de Gestión de la Migración para las víctimas de trata de seres humanos, o en refugios ubicados en provincias administrados por el Ministerio de Familia y Política Social. Al tomar nota del número de víctimas de trata identificadas en el país y de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para protegerlas, la Comisión saluda la promulgación de nuevas leyes a este respecto y pide al Gobierno que transmita información sobre su aplicación en la práctica en lo que respecta a la identificación de víctimas y a prestar protección y asistencia a esas víctimas, incluida información sobre el número de personas que se benefician de los servicios relacionados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a las siguientes disposiciones de la legislación nacional, con arreglo a las cuales pueden imponerse sanciones penales que conllevan un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 62 del reglamento de prisiones:

–la Ley núm. 20, de 1967, sobre Orden Público y Seguridad, que faculta al Poder Ejecutivo para restringir el derecho de asociación o de comunicación de una persona con otras, independientemente de que haya cometido un delito y so pena de sanciones que conllevan un trabajo obligatorio, y

–los artículos 54, 2), c), 55, 56 y 56, A), del Código Penal, que facultan al ministro competente para declarar que la reunión de dos o más personas constituye una asociación ilícita, de tal modo que cualquier discurso, publicación o actividad que se haya realizado en nombre de dicha asociación o en su apoyo, es ilegal y punible con penas de prisión (que entrañan la obligación de trabajar).

La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se enmendaran o derogaran las mencionadas disposiciones, con el fin de garantizar la compatibilidad de la legislación con el Convenio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual, tanto la Ley sobre Orden Público y Seguridad como el Código Penal, están en conformidad con el Convenio.

Sin embargo, la Comisión toma nota de las declaraciones formuladas por algunos gobiernos en el Informe de 2016 relativo al Grupo de Trabajo sobre la Revisión Periódica Universal (informe al Consejo de Derechos Humanos), en las que se recomienda la enmienda de la Ley sobre Mantenimiento del Orden Público, de 2013, a efectos de garantizar el pleno respeto de la libertad sindical y las manifestaciones pacíficas (documento A/HRC/34/10, párrafos 115.101, 117.8, 117.18 y 117.52). Además, la Comisión toma nota de que, en su informe de 2017, el CDH observó que algunos grupos de interés lamentan que Uganda haya incumplido totalmente sus compromisos relativos a la primera revisión periódica universal sobre libertad de expresión y reunión y asociación pacíficas. Asimismo, expresó su preocupación por las agresiones física a periodistas y el acoso de activistas políticos y defensores de los derechos humanos, e instó a que se incorporaran reformas al Código Penal, a la Ley sobre Prensa y Periodistas y a la Ley sobre Mantenimiento del Orden Público, de 2013 (documento A/HRC/34/2, párrafos 688, 692, 693 y 694).

La Comisión toma nota asimismo con preocupación de que pueden imponerse penas de prisión (que conllevan un trabajo penitenciario obligatorio), con arreglo a las siguientes disposiciones de la Ley sobre Mantenimiento del Orden Público, de 2013: el artículo 5, 8) (desobediencia de la obligación legal, en caso de organizarse una reunión pública sin una excusa razonable); y el artículo 8, 4) (desobediencia de las órdenes lícitas durante reuniones públicas).

En este sentido, la Comisión se ve obligada a recordar que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe todo recurso a sanciones penales que conlleven un trabajo obligatorio como medio de coerción política o como castigo por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. También destaca que la protección que confiere el Convenio no se limita a las actividades relacionadas con tener o expresar opiniones que difieran de los principios establecidos; incluso si algunas actividades tienen por objetivo realizar cambios fundamentales en las instituciones estatales, esas actividades están comprendidas en el Convenio, siempre que no se recurra a medios violentos para tales fines o se pida que se utilicen dichos medios. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se enmienden o deroguen las mencionadas disposiciones de la Ley núm. 20, de 1967, sobre Orden Público y Seguridad, el Código Penal y la Ley sobre Mantenimiento del Orden Público, de 2013, con el fin de garantizar que no pueda imponerse una pena de prisión que entrañe un trabajo obligatorio a las personas que, sin utilizar la violencia o defenderla, expresen determinadas opiniones políticas o su oposición al orden político, social o económico establecido. La Comisión pide al Gobierno que comunique información acerca de las medidas adoptadas a este respecto.

Artículo 1, d).  Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por participación en huelgas. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley de Arbitraje y Resolución de Conflictos Laborales, de 2006, contiene disposiciones relativas a la resolución de conflictos laborales que podrían dar lugar a la imposición del arbitraje obligatorio, declarando la ilegalidad de las huelgas u otras acciones colectivas. Las huelgas pueden ser declaradas ilegales, por ejemplo, en los casos en que el Ministro o el funcionario del trabajo remita un conflicto al Tribunal del Trabajo (artículo 28, 4)) o en que el Tribunal del Trabajo dicta un laudo que ha entrado en vigor (artículo 29, 1)). La huelga en estas circunstancias se castiga con penas de prisión (que implican trabajo penitenciario obligatorio), de conformidad con los artículos 28, 6), 29, 2) y 3), de la Ley, y por consiguiente, la Comisión recordó al Gobierno que dichas sanciones no estaban en conformidad con el Convenio. Además, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 34, 5), de la Ley (de Arbitraje y Resolución) de los Conflictos Laborales, de 2006, el Ministro puede remitir al Tribunal del Trabajo los conflictos laborales producidos en los servicios esenciales, y por lo tanto, haciendo ilegal cualquier retiro colectivo de trabajadores en dichos servicios y previendo que la violación de esta prohibición sea castigada con una pena de prisión (que conlleva la obligación de trabajar) (artículo 33, 1) y 2), de la Ley). La Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner las disposiciones antes mencionadas de la Ley (de Arbitraje y Resolución) de los Conflictos Laborales, de 2006, en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de la falta de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner las disposiciones antes mencionadas de la Ley de Arbitraje y Resolución de Conflictos Laborales, de 2006, en conformidad con el Convenio, ya sea suprimiendo la imposición de penas de prisión que conllevan trabajo obligatorio, o limitando su ámbito de aplicación a los servicios esenciales en el estricto sentido del término (a saber, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de toda la población o parte de ella), o a las situaciones de crisis nacional grave. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 29 (Albania, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, República Checa, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Egipto, Eritrea, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Finlandia, Francia: Polinesia Francesa, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Kenya, República Democrática Popular Lao, Líbano, República de Maldivas, Nicaragua, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rwanda, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Uruguay, Vanuatu, Yemen); el Convenio núm. 105 (Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Chad, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Egipto, Eritrea, Fiji, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Islas Salomón, Kenya, Kirguistán, Líbano, República de Maldivas, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Serbia, Sierra Leona, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Turquía, Vanuatu, Yemen).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 29 (Antigua y Barbuda, China: Región Administrativa Especial de Macao); el Convenio núm. 105 (China: Región Administrativa Especial de Macao, Santo Tomé y Príncipe).

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

Afganistán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2010)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de la aplicación de las diversas medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales, Mártires y Discapacitados (MoLSAMD) para prevenir el trabajo infantil, que incluyen: la estrategia nacional sobre el trabajo infantil, 2012, seguida por un plan nacional de acción para prevenir el trabajo infantil en los hornos de ladrillos; una estrategia nacional para la protección de los niños en situación de riesgo, y una estrategia nacional para los niños que trabajan en la calle, 2011. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que hay niños en Afganistán que realizan trabajo infantil y a menudo trabajan en condiciones peligrosas, en particular en la agricultura, el tejido de alfombras, el trabajo doméstico, el trabajo en las calles y la fabricación de ladrillos. Asimismo, el 27 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años (2,7 millones de niños) realizan trabajo infantil, siendo los varones los más afectados (65 por ciento). De éstos, el 46 por ciento son niños de entre 5 y 11 años. Al menos la mitad de todos los niños que trabajan lo hacen en condiciones peligrosas ya que están expuestos al polvo, los gases, los humos, el frío extremo, el calor o la humedad. Además, el 56 por ciento de las personas que fabrican ladrillos en los hornos afganos son niños y la mayoría de éstos tienen 14 años o menos.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información nueva a este respecto. La Comisión toma nota una vez más con preocupación de que un número significativo de niños menores de 14 años realizan trabajo infantil, de los cuales, al menos la mitad trabajan en condiciones peligrosas. La Comisión insta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar la progresiva eliminación del trabajo infantil en todas las actividades económicas, del sector formal e informal, y le pide que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto así como sobre los resultados alcanzados.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación. La Comisión tomó nota de que en virtud de sus artículos 5 y 13, leídos junto con la definición de «trabajador», la Ley del Trabajo se aplica sólo a las relaciones de trabajo contractuales y, por consiguiente, no parece que sus disposiciones cubran el empleo de niños fuera del marco de una relación de trabajo formal, por ejemplo, a los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal.

Tomando nota de que en la memoria del Gobierno no se proporciona información a este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio se aplica a todos los sectores de actividad económica y cubre todas las formas de empleo y trabajo, se trate o no de relaciones de empleo contractual. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños, incluidos los niños que trabajan fuera del marco de una relación formal de trabajo, como, por ejemplo, los niños que trabajan por cuenta propia o en el sector informal, se benefician de la protección prevista por el Convenio. A este respecto, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a revisar las disposiciones pertinentes de la Ley del Trabajo a fin de colmar esas lagunas y a tomar medidas para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo y ampliar su alcance a la economía informal con miras a garantizar la protección en este sector.

Artículo 7, 1) y 3).  Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros y determinación de esos trabajos. La Comisión había tomado nota de que el artículo 13, 2), de la Ley del Trabajo prevé que la edad mínima para realizar trabajos ligeros en las industrias es de 15 años y el artículo 31 establece que la semana de trabajo de los jóvenes de 15 a 18 años será de 35 horas. Observó que la edad mínima de 15 años para la realización de trabajos ligeros es más elevada que la edad mínima de 14 años de admisión al empleo o al trabajo especificada por Afganistán.

Tomando nota de que el Gobierno no proporciona información a este respecto, la Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno que el artículo 7, 1), del Convenio es una cláusula de flexibilidad que prevé que la legislación nacional puede permitir el empleo o el trabajo de personas de entre 13 y 15 años de edad en trabajos ligeros que no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo, y que no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto y recuerda de nuevo que el artículo 7, 4), autoriza a los Estados Miembros que hayan especificado una edad mínima general de admisión al empleo o al trabajo de 14 años a sustituir la edad mínima usual de 13 a 15 años por la edad mínima de admisión a los trabajos ligeros de 12 a 14 años (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 389 a 391). Habida cuenta del elevado número de niños de menos de 14 años que realizan trabajo infantil en el país, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que regule los trabajos ligeros para los niños de 12 a 14 años con el fin de garantizar una mejor protección a los niños que trabajan a pesar de no haber alcanzado la edad mínima para hacerlo. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para determinar los trabajos ligeros que pueden realizar los niños de entre 12 y 14 años de edad y que establezca el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho trabajo, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2010)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017, y de la discusión en profundidad sobre la aplicación del Convenio por el Afganistán que se realizó en la 106.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebró en junio de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

Artículos 3, a), y 7, 2), b), del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y medidas efectivas y en un plazo determinado. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados y prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley sobre la Prohibición del Reclutamiento de Niños Soldados penaliza el reclutamiento de menores de 18 años para que entren a formar parte de las fuerzas de seguridad afganas. La Comisión también tomó nota de que en 2015 se documentaron un total de 116 casos de reclutamiento y utilización de niños, incluida una niña. De esos casos, 13 se atribuyeron a las fuerzas nacionales de defensa y seguridad afganas; cinco a la policía nacional afgana; cinco a la policía local afgana; y tres al ejército nacional afgano; mientras que la mayoría de los casos verificados se atribuyeron a los talibanes y a otros grupos armados que utilizan a los niños para el combate y para cometer atentados suicidas. Las Naciones Unidas verificaron 1 306 incidentes que causaron 2 829 víctimas infantiles (733 muertos y 2 096 heridos); un promedio de 53 niños murieron o resultaron heridos cada semana. En 2015, un total de 92 niños fueron secuestrados en 23 incidentes.

A este respecto, la Comisión tomó nota de las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno:

–el Gobierno del Afganistán suscribió un plan de acción con las Naciones Unidas para prevenir y acabar con el reclutamiento y la utilización de niños por parte de las fuerzas nacionales de defensa y seguridad afganas, incluida la policía nacional afgana y el ejército nacional afgano, el 30 de enero de 2011;

–una hoja de ruta para acelerar la implementación del plan de acción recibió el respaldo del Gobierno el 1.º de agosto de 2014;

–el Gobierno avaló las directrices de evaluación de la edad para prevenir el reclutamiento de menores, y

–en 2015 y principios de 2016 se establecieron tres unidades adicionales de protección de los niños en Mazar e Sharif, Jalalabad y Kabul, con lo cual ya hay siete unidades de este tipo. Estas unidades están integradas en los centros de reclutamiento de la policía nacional afgana y han logrado prevenir el reclutamiento de cientos de niños.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia recomendó que el Gobierno adoptara medidas con carácter de urgencia para velar por la plena e inmediata desmovilización de todos los niños y para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños en las fuerzas armadas y los grupos armados. Asimismo, recomendó al Gobierno que adoptara medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes en relación con las personas que reclutan por la fuerza a niños para su utilización en el conflicto armado, y que se imponen en la práctica sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias. Por último, la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que adoptara medidas efectivas y en un plazo determinado para la rehabilitación y reintegración social de los niños que se ven obligados a incorporarse a los grupos armados.

La Comisión toma nota de que la OIE indica que hay niños que participan en el conflicto armado del Afganistán. La Comisión también toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el representante gubernamental indicó que, en 2017, la Ley sobre la Prohibición del Reclutamiento de Niños Soldados (2014), junto con otros instrumentos conexos, ha ayudado a impedir el reclutamiento de 496 niños en las filas de la policía nacional y local. Además, el Ministerio del Interior, en cooperación con los organismos competentes del Gobierno, ha estado aplicando con eficacia el decreto presidencial núm. 129 que prohíbe, entre otras cosas, la utilización o reclutamiento de niños en las filas de la policía. En Kabul y en algunas provincias se han establecido comisiones interministeriales que se ocupan de prevenir el reclutamiento de niños en la policía nacional y local y centros de ayuda a la infancia en 20 provincias, y se están realizando esfuerzos para establecer centros similares en las demás provincias. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Dirección Nacional de Seguridad ha promulgado recientemente la orden núm. 0555 de prohibición del reclutamiento de menores, que está siendo aplicada por todas las instituciones de seguridad y supervisada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo que reconoce la complejidad de la situación en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos tomando medidas inmediatas y eficaces para poner fin, en la práctica, al reclutamiento de menores de 18 años por parte de grupos armados, fuerzas armadas y autoridades policiales, así como medidas para velar por la desmovilización de los niños involucrados en el conflicto armado. Insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes en relación con las personas que reclutan por la fuerza a menores de 18 años para su utilización en el conflicto armado y que en la práctica se imponen sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias. Por último, pide al Gobierno que tome medidas efectivas y en un plazo determinado para sacar a los niños de los grupos armados y fuerzas armadas y garantizar su rehabilitación e integración social, y que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.

Artículos 3, b), y 7, 2), b).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución y prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. La Comisión había tomado nota de que seguía habiendo preocupación por la práctica cultural del bacha-bazi («niños bailarines») que entraña la explotación sexual de niños varones por hombres que ocupan cargos de poder, incluidos los comandantes de las fuerzas nacionales de defensa y seguridad afganas. Asimismo, tomó nota de que hay muchos niños víctimas de esta práctica, especialmente niños de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años que han sido objeto de explotación sexual durante largos períodos de tiempo. La Comisión también tomó nota de que algunas familias venden a sabiendas a sus hijos para practicar la prostitución forzada, incluso como bacha-bazi.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia recomendó al Gobierno que adoptara medidas inmediatas y eficaces para eliminar la práctica del bacha-bazi. Asimismo, recomendó al Gobierno que tomara medidas efectivas y en un plazo determinado para la rehabilitación e integración social de los niños que son víctimas de explotación sexual.

La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el representante gubernamental indicó que la Ley de Protección de los Niños, que convierte la práctica del bacha-bazi en un delito criminal, se había sometido al Parlamento para su aprobación. La Comisión también toma nota de la nueva Ley para Combatir la Trata de Seres Humanos y el Tráfico Ilícito de Migrantes de 2017 (Ley sobre Trata de Seres Humanos, 2017). Toma nota de que el artículo 10, 2), de esta ley prevé que se condenará al culpable del delito de trata a ocho años de prisión cuando la víctima es un niño o la víctima es objeto de explotación con fines de danza. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la prohibición que figura en el artículo 10, 2), de la Ley sobre la Trata de Seres Humanos, 2017. Pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados alcanzados en lo que respecta a eliminar efectivamente la práctica del bacha-bazi, librar a los niños de esta peor forma de trabajo infantil y proporcionar asistencia para su rehabilitación e inserción social. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre la adopción de la Ley de Protección de los Niños y su aplicación efectiva.

Artículo 7, 2). Apartados a) y e). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y tener en cuenta la situación especial de las niñas. Acceso a la educación básica gratuita. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno señalaba que los niños y los jóvenes son los que se han visto más afectados por las tres últimas décadas de conflicto, inseguridad y sequía, y que la mayor parte de esos niños y jóvenes no reciben educación y formación adecuadas. La Comisión también tomó nota de que el Afganistán es uno de los países con peores resultados en lo que respecta a proporcionar suficiente educación a su población. En 2013, muchos niños y niñas de 16 de las 34 provincias no podían ir a la escuela debido a los ataques de los insurgentes y a las amenazas que conducen a la clausura de las escuelas. Además de los problemas derivados de la inseguridad que hubo durante todo 2015, ciertos elementos antigubernamentales restringieron deliberadamente el acceso de las niñas a la educación, incluso clausurando escuelas de niñas y prohibiendo la educación de éstas. En 2015, más de 369 escuelas fueron cerradas parcialmente o completamente lo cual afectó al menos a 139 048 estudiantes y más de 35 escuelas fueron utilizadas con fines militares. Por último, la Comisión tomó nota de la escasa tasa de matriculación de niñas en las escuelas, especialmente en la escuela secundaria, y su alta tasa de abandono escolar, particularmente en las zonas rurales, debido principalmente a la falta de seguridad en sus trayectos a la escuela, y del incremento de los ataques a las escuelas de niñas y las amenazas por escrito de grupos armados no estatales en las que se advierte a las niñas de que dejen de asistir a la escuela.

La Comisión toma nota de que el representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia señaló que muchas familias responden a la pobreza sacando a sus hijos de las escuelas y obligándoles a trabajar. El Gobierno indica que el trabajo infantil no es sólo una cuestión de aplicación de la ley sino un problema fundamental que requiere una comprensión amplia y un mecanismo de respuesta firme. Con miras a proporcionar apoyo preescolar a los niños de menos de seis años, el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales, Mártires y Discapacitados (MoLSAMD) ha establecido más de 366 guarderías locales con capacidad para más de 27 000 niños. El Gobierno también señala que está tomando medidas firmes contra los explotadores así como contra las familias que obligan a sabiendas a sus niños a prostituirse, y espera que en los próximos años esta práctica se reduzca mucho. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la quema de escuelas y la imposición de prohibiciones en las áreas controladas por los talibanes impiden que las jóvenes y las niñas asistan a la escuela. Al tiempo que reconoce la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para sensibilizar a las familias respecto a que la educación contribuye a impedir que los niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil. Además, recordando que la educación contribuye a impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, insta firmemente de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y garantizar el acceso a la educación básica gratuita, incluidas medidas para incrementar la matriculación en las escuelas y las tasas de finalización de los estudios, tanto a nivel primario como secundario, especialmente de las niñas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Albania

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de la amplia discusión que tuvo lugar en la 104.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, relativa a la aplicación del Convenio por Albania.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 3, a), del Convenio. Venta y trata de niños para la explotación sexual comercial. La Comisión observó con anterioridad que, si bien la trata de niños para la explotación laboral o sexual está prohibida por ley, sigue constituyendo un asunto de preocupación en la práctica. Tomó nota de la información del Gobierno sobre la Estrategia nacional contra la trata, así como de las diversas medidas aplicadas para impedir la trata de niños. No obstante, la Comisión expresó su preocupación ante la continua prevalencia de la trata de niños menores de 18 años en Albania.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre sus recientes medidas adoptadas en el marco de la Estrategia nacional contra la trata, que incluye el establecimiento de procedimientos operativos estándar sobre la identificación y la derivación de las víctimas potenciales de trata, que se aprobaron en 2014 y que permiten la coordinación y una identificación completa, la derivación y la protección de las víctimas de trata. El Gobierno indica que la aplicación de los procedimientos determinó una mayor capacidad del personal encargado de hacer cumplir la ley, de los prestadores de seguridad social y de la Inspección Estatal del Trabajo a este respecto.

La Comisión toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 10347, de 11 de abril de 2014, que prohíbe la venta y la trata de niños, en virtud de los artículos 3, e), y 24. El Gobierno indica que, en virtud de esta ley, y a efectos de lograr los objetivos de su Plan de acción para los niños (2012-2015), se estableció la Unidad de Protección del Niño (CPU) y está colaborando con los inspectores del trabajo en municipios y comunas para reforzar las sanciones por violaciones, así como para conseguir una mayor capacidad de los inspectores del trabajo de identificar a los niños en situación de riesgo. Por último, la Comisión toma nota de la ley núm. 144, de 2 de mayo de 2013, que ha modificado el Código Penal para endurecer las penas por delitos contra los niños, incluidos los delitos relacionados con la trata.

La Comisión toma debida nota de las medidas legislativas y programáticas del Gobierno para proteger a los niños de la trata. Sin embargo, toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales sobre los segundo a cuarto informes periódicos combinados de Albania (documento CRC/C/ALB/CO/2-3, párrafos 17 y 82), en 2012, expresó una gran preocupación por que Albania siga siendo un país de origen para los niños que son objeto de trata sexual y señaló la falta de datos disponibles sobre esos niños. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos, en el marco de la Estrategia nacional contra la trata y la aplicación de los procedimientos, para combatir la trata de personas menores de 18 años de edad, y para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y procesamientos enérgicos de las personas que cometen este delito y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione los datos sobre el número de niños que son objeto de trata con fines de explotación sexual, desglosados, en la medida de lo posible, por edad y por sexo.

Artículo 3, c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. En relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la Ley núm. 10347, de 11 de abril de 2014, sobre la Protección de los Derechos de los Niños, que, en virtud del artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 3, prohíbe la implicación de los niños menores de 18 años de edad en la utilización, la producción y el tráfico de drogas y narcóticos. La Comisión pide al Gobierno que solicite informaciones sobre la aplicación en la práctica de esta nueva ley, que incluya el número y la naturaleza de las infracciones detectadas.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños de la calle y niños de grupos minoritarios. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que un número significativo de niños y niñas albaneses están ocupados en la mendicidad, comenzando a edades muy tempranas, a los 4 o 5 años, y la mayoría de los niños implicados pertenecen a las comunidades romaní o egipcia. Tomó nota asimismo de la declaración del Gobierno, según la cual los grandes asuntos respecto de la comunidad romaní son los bajos niveles de educación (con un elevado analfabetismo y un número bajo de alumnos matriculados), pésimas condiciones de vida, pobreza y elevados niveles de trata y prostitución y, si bien adoptó medidas para aumentar la asistencia de los niños romaníes a la escuela, aún no se aplicó plenamente la posibilidad de enseñar el idioma romaní en las escuelas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre una iniciativa interinstitucional de 2014, titulada «Apoyo a las familias y a los niños que viven en la calle», que se dirige a garantizar la protección de los niños contra todas las formas de abuso, explotación y abandono. La Comisión toma nota asimismo de las referencias del Gobierno al Plan de acción para los niños (2012-2015) y al Plan de acción para el decenio de la inclusión de los romaníes (2010-2015), que se dirigen a, entre otras cosas, registrar e incrementar la asistencia y la participación de los niños romaníes en la enseñanza preescolar y en la enseñanza obligatoria. En relación con esto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno contenida en su respuesta por escrito al CRC sobre los segundo, tercero y cuarto informes periódicos combinados (documento CRC/C/ALB/2-4), de 2012, que enumera las diversas reformas legislativas e institucionales que se llevaron a cabo en torno a la admisión y la asistencia de los niños romaníes, así como su programa de cooperación con el UNICEF, con miras a brindar incentivos para que los niños romaníes asistan a centros educativos. La Comisión toma nota asimismo de la información estadística del Gobierno, que indica que, en el año escolar 2012-2013, 664 niños romaníes asistieron al preescolar, 3 231 niños romaníes asistieron a centros de enseñanza obligatoria y se reembolsó totalmente a todos los niños romaníes el importe de sus libros de texto.

Al tiempo que toma debida nota de las medidas en el Gobierno para proteger a los niños de vivir en la calle y para brindar mayores oportunidades de que los niños romaníes asistan a centros educativos, la Comisión también toma nota de que el CRC, en sus observaciones finales (documento CRC/C/ALB/CO/2-3, párrafo 70), señaló que, contrariamente a la ley, los niños de las minorías y en particular los niños romaníes, tienen una posibilidad limitada de que se les enseñe en su propio idioma y aprendan su historia y cultura en el marco del Plan nacional de enseñanza, e hizo un llamamiento al Gobierno para que imparta una enseñanza en el idioma de las minorías, especialmente en el caso de los niños romaníes. Toma nota asimismo del informe de evaluación de 2012 llevado a cabo por la Inspección Nacional de Enseñanza Preuniversitaria (IKAP), con la asistencia del UNICEF, sobre la aplicación del programa «La segunda oportunidad» para la educación de los estudiantes que han abandonado la escuela, según el cual, a pesar de los programas del Gobierno para elevar la asistencia escolar, aún siguen siendo muy bajas las cifras de los niños romaníes que asisten a la escuela. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado, incluso en el marco del Plan de acción para los niños (2012-2015), del Plan de acción para el decenio de la inclusión de los romaníes (2010-2015), y en cooperación con el UNICEF, para garantizar la protección de los niños romaníes contra las peores formas de trabajo infantil, especialmente la trata, la mendicidad forzosa y el trabajo en las calles. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la iniciativa «Apoyo a las familias y a los niños que viven en la calle», incluidos los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Angola

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 7, párrafo 2, del Convenio. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión tomó nota de la información de la UNESCO según la cual, a pesar de los desafíos que surgen de una larga y sangrienta guerra, Angola ha logrado triplicar el número de niños que asisten a la escuela primaria, pasando de 2 a 6 millones de 2002 a 2013. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de las tasas muy bajas de escolarización en todos los niveles y de las tasas elevadas de abandono escolar en la enseñanza primaria (el 30 por ciento), en particular de las niñas, así como del acceso limitado a una educación de calidad en las zonas rurales. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información nueva a este respecto. Sin embargo, también toma nota de que en el informe presentado en 2016 por el Gobierno al Comité de los Derechos del Niño se indica que la tasa neta de matriculación en la enseñanza secundaria aumentó entre 2013 y 2014, pasando de un 48,7 por ciento a un 51,8 por ciento, y que se estima que en 2015 era del 54,8 por ciento y en 2016 del 57,5 por ciento (documento CRC/C/AGO/57, pág. 31). Tomando nota del aumento de la tasa de escolarización en la enseñanza secundaria, la Comisión recuerda que la educación es uno de los instrumentos más importantes para impedir que los niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil y, por lo tanto, pide de nuevo al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y favorecer el acceso a la educación básica gratuita, de calidad, especialmente de los niños que pertenecen a familias pobres, los niños de zonas rurales y las niñas. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, en particular en lo que respecta a la progresión de las tasas de escolarización y de finalización de la escolaridad, y la reducción de las tasas de abandono escolar en la enseñanza primaria. En lo posible, esta información debería ser desglosada por edad y por género.

Artículo 7, párrafo 2.  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Niños huérfanos a causa del VIH y el sida y otros niños vulnerables. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno en la que se daba cuenta de un aumento del número de otros niños vulnerables en el país. Asimismo, había tomado nota de que el Gobierno señalaba que se estaba preparando un plan nacional de acción para ayudar a esos niños, que preveía un reforzamiento de las capacidades de las familias, las comunidades y las instituciones para responder a las necesidades de los niños, así como una ampliación de los servicios y mecanismos de protección social que les conciernen. Sin embargo, también había tomado nota de que según lo que indicaba el Gobierno en su informe nacional de progreso, presentado a la sesión especial sobre el sida de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sólo el 16,8 por ciento de los hogares con niños vulnerables recibe un apoyo externo básico.

La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene información alguna a este respecto. Toma nota de que, según las estimaciones realizadas por el ONUSIDA en 2016 en relación con Angola, el número de niños de hasta 17 años huérfanos a consecuencia del VIH y el sida era aproximadamente de 130 000. La Comisión recuerda que los otros niños vulnerables son los que más peligro corren de ser víctimas de las peores formas de trabajo infantil, y por este motivo insta al Gobierno a adoptar medidas eficaces e inmediatas, en el marco del Plan de acción nacional para ayudar a los otros niños vulnerables, para proteger a los niños huérfanos como consecuencia del VIH y el sida y a los otros niños vulnerables de estas peores formas de trabajo. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, en particular en lo que respecta al porcentaje de hogares que tienen otros niños vulnerables que se benefician de ayudas en forma de servicios y asignaciones.

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de una declaración del Gobierno según la cual en Angola hay niños que están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, como es el caso de los que realizan trabajos peligrosos (en las minas de diamantes y en la pesca), los que trabajan en la calle o los que son objeto de explotación sexual con fines comerciales. El Gobierno añadió que debido a su frontera especialmente extensa y difícil de controlar con la República Democrática del Congo, hay niños angoleños que son secuestrados en la capital para ser trasladados a la República Democrática del Congo, y a la inversa, hay niños congoleses que son secuestrados en Kinsasa para ser enviados a Angola.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. La Comisión expresa de nuevo su profunda preocupación por la situación de los menores de 18 años que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, insta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos a fin de garantizar en la práctica la protección de los niños contra esas peores formas de trabajo, en particular contra la trata de niños, su explotación sexual con fines comerciales y su utilización en actividades ilícitas o en trabajos peligrosos. Asimismo, le pide que adopte las medidas necesarias para garantizar que se tienen datos suficientes en relación con esas situaciones y que transmita información sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil, así como sobre el número de niños cubiertos por las medidas que dan efecto al Convenio. En la medida de lo posible toda la información debería estar desglosada por género y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajos. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indica que los sindicatos y la federación de empleadores fueron consultados respecto de las actividades y ocupaciones que deberían prohibirse a los menores de 18 años de edad. Tomó nota de que, si bien se realizó una recomendación, ésta no fue presentada a la Junta Nacional del Trabajo, dado que el objetivo del Gobierno era reformar la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había señalado que se habían presentado al Gabinete las enmiendas propuestas a las disposiciones del Código del Trabajo que contiene las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero no se han adoptado aún. Tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno según la cual se ha solicitado asistencia técnica con miras a la elaboración de legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo nueva y específica.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que actualmente la Junta Nacional del Trabajo está examinando la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno declara que ha tomado nota de los comentarios de la Comisión y actuará en consecuencia. La Comisión lamenta tomar nota de que la lista de trabajos peligrosos para los niños menores de 18 años todavía no ha sido adoptada. Por consiguiente, la Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que el artículo 3, 1), del Convenio prevé que la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo, que por su naturaleza o las condiciones en las que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a los 18 años. También recuerda al Gobierno que, con arreglo al artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o trabajo peligrosos serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Observando que el Convenio fue ratificado por Antigua y Barbuda hace más de treinta años, la Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que en un futuro próximo se adopte una lista de actividades y ocupaciones prohibidas a los menores de 18 años de edad, con arreglo al artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Alienta al Gobierno a continuar sus esfuerzos a este respecto realizando enmiendas a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y le pide que proporcione información sobre los progresos realizados. Por último, solicita al Gobierno que transmita copia de las enmiendas a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo una vez que se hayan adoptado.

Argelia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1984)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, el 25 de diciembre de 2008, se presentó oficialmente un Plan nacional de acción (PNA) para el período 2008-2015 que tiene por tema «una Argelia digna de los niños». El PNA instaba, en particular, al desarrollo y actualización de la legislación relativa a la protección del niño, así como al fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de aplicación de la legislación en vigor.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual se ha promulgado la ley núm. 15-12, de 15 de julio de 2015, relativa a la protección del niño. En aplicación de esta ley, se estableció, en 2017, un Órgano nacional de la protección y promoción de los derechos del niño (OPPDE). El OPPDE, que tiene el objetivo de velar por la protección y la promoción de los derechos del niño, está presidido por el delegado nacional que, entre otras, tiene la misión de velar por el establecimiento y la evaluación periódica de programas nacionales y locales de protección y promoción de los derechos del niño (artículo 13).

Además, en virtud de los artículos 21 a 31 de la ley núm. 15-12, la protección social de los niños en el ámbito local está encomendada a los «servicios en medio abierto», en razón de un servicio por wilaya (división administrativa) como mínimo. Los servicios de medio abierto se encargan del seguimiento de la situación de los niños en peligro y prestan asistencia a sus familias. Ahora bien, en virtud del artículo 2 de la ley núm. 15-12, se entiende por «niño en peligro» «el niño cuya salud, moralidad, educación o seguridad están en peligro o son susceptibles de estarlo o cuyas condiciones de vida o el comportamiento pueden exponerlos a un peligro eventual o que comprometa su futuro, o cuyo entorno pueda exponer al peligro su bienestar físico, psicológico o educativo». Entre las situaciones que se consideran exponen al niño al peligro se incluyen, en particular, las que atentan contra su derecho a la educación, y la explotación económica del niño, en particular, su empleo u obligación a realizar un trabajo que le impida continuar sus estudios o sea perjudicial a su salud y a su bienestar físico y/o moral. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil de los niños menores de 16 años que es la edad mínima de admisión al trabajo en Argelia. En este sentido, pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas concretas adoptadas por el OPPDE para la eliminación del trabajo infantil y sobre los resultados obtenidos. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de niños menores de 16 años detectados por los servicios de medio abierto en «situación de peligro» a causa de su empleo o de su obligación a realizar un trabajo y que hubieran podido beneficiarse de la protección prevista por la ley núm. 15-12, teniendo en cuenta que la edad mínima para los trabajos peligrosos, según el Convenio, es de 18 años.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que las disposiciones de la legislación argelina — entre ellas las de la ley núm. 90-11 relativas a las condiciones de trabajo, de 21 de abril de 1990, y de la ordenanza núm. 75-59, de 26 de septiembre de 1975, por la que se establece el Código de Comercio — no reglamentan todas las actividades económicas que un niño menor de 16 años puede efectuar en la economía informal o por cuenta propia y que estén cubiertas por el Convenio, por ejemplo, en los sectores agrícola y doméstico, en los que la explotación económica de niños es más frecuente. A este respecto, la Comisión tomó nota de que alrededor de 300 000 niños menores de 16 años trabajaban en Argelia. Además, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño señaló con preocupación que en Argelia no se respeta el principio de la edad mínima de admisión al empleo sobre todo en el caso de los niños que trabajan en el sector de la economía informal.

La Comisión toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno relativas a las investigaciones llevadas a cabo por la inspección del trabajo en diversas empresas y explotaciones desde 2002, de las cuales las más recientes figuran a continuación:

–en 2014, en 14 201 organismos de empleadores del sector privado que comprendían a 79 063 trabajadores, se encontraron 32 trabajadores menores de 16 años;

–en 2015, en 15 093 organismos empleadores del sector privado que comprendían a 98 327 trabajadores, se encontraron 79 trabajadores menores de 16 años, y

–en 2016, en 11 575 organismos empleadores del sector privado que comprendían a 100 608 trabajadores, se encontraron 12 trabajadores menores de 16 años.

No obstante, la Comisión señala que esas estadísticas no se refieren al sector de la economía informal y lamenta nuevamente que la memoria del Gobierno no contiene información sobre la cuestión de los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica, formal o informal, y cubre todos los tipos de empleo o de trabajo, se efectúen o no sobre la base de una relación de trabajo subordinada, y sean o no remunerados. En este sentido, y refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 407) en el que se señala que es especialmente problemático el hecho de que la inspección del trabajo no pueda realizar controles del trabajo infantil fuera de un área determinada, especialmente cuando el trabajo infantil se concentra en una rama de actividad fuera del ámbito de su control, la Comisión subraya la necesidad de velar por que el sistema de la inspección del trabajo controle efectivamente a los niños que trabajan en todas las esferas y sectores de actividad. Además, la Comisión se refiere al párrafo 347 del Estudio General de 2012 en el cual se describe los diversos programas y medidas que los Estados han puesto en marcha para combatir el trabajo infantil en la economía informal. Estos programas pueden incluir medidas específicas para retirar a los niños del trabajo en la economía informal y, en muchos casos, van acompañados por iniciativas para que se reintegren a la escuela. Para subvenir a las necedades de los niños que trabajan o corren el riesgo de trabajar en la economía informal, también sería menester adoptar medidas de protección social, o integrar la cuestión del trabajo infantil en la economía informal en sus planes de acción nacionales para combatir el trabajo infantil. Por lo tanto, la Comisión alienta a los gobiernos a que adopten o, en su caso, que sigan adoptando medidas programáticas con el fin de garantizar que los niños que trabajan en la economía informal disfruten en la práctica de la protección que les brinda el Convenio. También pide al Gobierno reforzar la capacidad de la inspección del trabajo con el fin de que pueda vigilar el trabajo infantil en la economía informal, de manera que los inspectores de trabajo puedan detectar todos los casos de trabajo de niños menores de 16 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre los progresos realizados en este sentido. Además, pide al Gobierno que continúe facilitando informaciones sobre la ejecución en la práctica de las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo en el ámbito del control del trabajo infantil comunicando informaciones relativas al número de casos de infracciones registradas y extractos de informes de los inspectores del trabajo.

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño observó con preocupación los progresos limitados en la creación, en el ámbito nacional, de un sistema completo y centralizado de compilación de datos relativos a la protección de los niños. El Comité expresó su preocupación, en particular, por la falta total de datos desglosados por regiones geográficas, situación socioeconómica y grupos de niños vulnerables y por el hecho de que a menudo las autoridades recurran a estadísticas nacionales poco fiables para evaluar la situación y elaborar y formular políticas dirigidas a tratar los problemas de esos niños, especialmente de los que trabajan en el sector informal de la economía.

La Comisión lamenta la falta de información a este respecto en la memoria del Gobierno. No obstante, la Comisión observa que, en virtud del artículo 13 de la ley núm. 15-12, de 15 de julio de 2015, relativa a la protección del niño, el delegado nacional debe establecer un sistema nacional de información sobre la situación de los niños en Argelia en coordinación con las administraciones e instituciones pertinentes. La Comisión vuelve a instar firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, sea por intermedio del sistema nacional de información que debe establecer el delegado nacional o por otros medios, para garantizar que se dispongan de datos estadísticos suficientes sobre el trabajo de los menores de 16 años en Argelia, en particular en lo concerniente a los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluidas las estadísticas e informaciones sobre la naturaleza, el alcance y la evolución del trabajo infantil. En la medida de lo posible, todas esas informaciones deberían desglosarse por edad y por género.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3 y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 301 bis, 4), de la ley núm. 09-01, de 25 de febrero de 2009, prohíbe la trata de personas, especialmente con fines de explotación económica y sexual y de que se pueden imponer penas de prisión de cinco a quince años y multas de 500 000 a 1 millón y medio de dinares argelinos, e incluso penas más severas, a los autores de delitos de trata de niños, artículo 303 bis, 5). Sin embargo, la Comisión tomó nota con inquietud de que el Comité de los Derechos del Niño observase con especial preocupación que no se haya investigado ni enjuiciado ningún caso de trata, ni se haya impuesto condena o sanción alguna por el delito de trata y que, incluso, algunos traficantes cuentan al parecer con la complicidad de miembros de la policía argelina. Asimismo, tomó nota de que los niños víctimas de trata pueden ingresar en prisión por actos ilícitos cometidos de resultas de la prostitución, debido a que son víctimas de la trata o a la falta de documentación de inmigración.

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no facilita información alguna en su memoria a ese respecto. No obstante, toma nota de que se llevaron a cabo talleres de formación en Argelia sobre las investigaciones y enjuiciamientos de casos de trata de personas, así como la protección de las víctimas en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Los talleres de formación reunieron a representantes de diversos departamentos que forman parte del Comité nacional de prevención y lucha contra la trata de personas, establecido en virtud del decreto presidencial núm. 16249, de 26 de septiembre de 2016, y de funcionarios encargados de la aplicación de la ley. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre impacto de esos talleres de información en la eliminación, en la práctica, de la venta y trata de niños menores de 18 años. Asimismo, pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los niños víctimas de la trata sean considerados como víctimas más que como infractores y que proporcionen informaciones sobre los progresos realizados en ese sentido. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para velar por que se lleven a término investigaciones exhaustivas y el procesamiento eficaz de las personas que se dedican a la venta y trata de niños, incluidos los funcionarios del Estado de los que se sospecha su complicidad y que se les impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión insta al Gobierno a que facilite informaciones sobre el número de infracciones observadas, investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo y condenas y sanciones penales impuestas, desglosadas por edad y género de las víctimas.

Apartado c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota en varias oportunidades, y ello desde sus primeros comentarios publicados en 2004, de que, si bien la legislación nacional prevé penas severas por la posesión, la utilización o el tráfico de drogas ilegales, ninguna disposición legislativa prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la producción y el tráfico de estupefacientes.

La Comisión lamenta tomar nota nuevamente de que la memoria del Gobierno no contiene nuevas informaciones y sigue sin haber subsanado esta laguna en la aplicación del Convenio. La Comisión recuerda una vez más que en virtud del artículo 3, c), del Convenio, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular, la producción y el tráfico de estupefacientes, constituyen algunas de la peores formas de trabajo infantil. Además, en virtud del artículo 1 deberán adoptarse medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, la prohibición, la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, y que prevea sanciones suficientemente eficaces y disuasorias para estos delitos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 4, 1).  Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que la cuestión de la determinación de los tipos de trabajos peligrosos se había tenido en cuenta en el marco de la elaboración en curso del nuevo Código del Trabajo y que la lista de trabajos peligrosos debería elaborarse por vía reglamentaria. La Comisión tomó nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación por el hecho de que, a pesar de que miles de niños continúan siendo víctimas de esas peores formas de trabajo infantil, especialmente en el sector agrícola o trabajando como vendedores ambulantes, Argelia no ha definido aún los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no incluye nuevas informaciones a este respecto. Sin embargo, la Comisión toma nota del anteproyecto del Código del Trabajo de octubre de 2015, el cual dispone, en su artículo 48, que los trabajadores menores de edad y los aprendices de menos de 18 años, no pueden ser empleados en trabajos que puedan perjudicar a su integridad física, mental y a su moralidad. Este mismo artículo dispone que la lista de tipos de trabajos peligrosos será determinada por vía reglamentaria. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que, en virtud del artículo 4, 1), del Convenio los tipos de trabajo peligrosos deberían ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y esto con carácter de urgencia. Señalando que ha venido planteando esta cuestión desde hace varios años, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a que, con carácter de urgencia, adopte medidas inmediatas para garantizar la adopción del anteproyecto del Código del Trabajo y de la reglamentación estableciendo la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años. La Comisión insta al Gobierno a que en su próxima memoria comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 6.  Programas de acción. Venta y trata de niños. La Comisión toma nota de que, según el informe mundial de la ONUDD sobre la trata de niños de 2016, en octubre de 2015 se elaboró un plan nacional de acción de lucha contra la trata de personas con el objetivo, en particular, de prevenir y reducir la incidencia de la trata de personas mejorando la legislación relativa a la trata de personas, reforzando la capacidad nacional en materia de detección e identificación de las víctimas e incrementando la cooperación internacional. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 3 del decreto presidencial núm. 16249, de 26 de septiembre de 2016, el Comité nacional de prevención y lucha contra la trata de personas, integrado por 20 miembros procedentes de diversos ministerios e instituciones gubernamentales debe velar, en particular, por la aplicación de dicho plan de acción. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias en un plazo determinado en el marco del Plan de acción nacional de lucha contra la trata de personas a fin de luchar contra la trata de niños menores de 18 años para su explotación económica o sexual. Pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niñas en las peores formas de trabajo infantil, y prestar la asistencia necesaria para retirar a los niños de estas peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata de niños. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño señaló que le preocupa especialmente observar que el Gobierno aún no haya creado alberges públicos para las víctimas de la trata y que incluso prohíbe a la sociedad civil establecer albergues de estas características bajo penas de sanciones penales por la acogida de migrantes en situación irregular. Además, la Comisión tomó nota de que Argelia tampoco brinda asistencia médica a los niños para su recuperación física y psicológica y su reintegración social.

La Comisión lamenta que la memoria del Gobierno sigue sin incluir información alguna a este respecto. Recuerda al Gobierno que en virtud del artículo 7, 2), del Convenio, el Gobierno deberá adoptar sin demora medidas efectivas en un plazo determinado para erradicar la venta y la trata de niños para su explotación económica y sexual. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas efectivas en un plazo determinado para establecer servicios para liberar a los niños de la venta y la trata para asegurar su rehabilitación e inserción social. Pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, de las observaciones de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. Aplicación práctica e inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la CGT RA, los empleadores no aplican en la práctica la legislación sobre el trabajo infantil, principalmente en los sectores agrícola y textil, y se realizó una amplia campaña de sensibilización y de inspección dirigida específicamente a las empresas y a los empleadores infractores. Además, la Comisión tomó nota del Plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil (2011-2015), cuyos objetivos se orientan especialmente a elaborar un sistema nacional de recolección de datos estadísticos sobre el trabajo infantil y a promover la introducción de esas informaciones en las medidas adoptadas por el Gobierno, así como a favorecer la cooperación técnica entre la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), sobre la formación y la integración de los objetivos a nivel local.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CTA de los Trabajadores, según las cuales el trabajo infantil está lejos de ser erradicado, y reitera la necesidad de fortalecer el sistema de inspección, especialmente en el interior del país, para garantizar la aplicación efectiva de la legislación. La CTA de los Trabajadores plantea el problema de la ausencia de estadísticas gubernamentales sobre la situación del trabajo infantil en el país. La CTA de los Trabajadores indica asimismo que la Inspección del Trabajo no dictó ninguna condena por delito de trabajo infantil, a pesar de las 231 denuncias penales. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CGT RA, según las cuales el Gobierno adoptó un Plan nacional para la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente (2017-2021). Sin embargo, la CGT RA indica que este Plan nacional tiene algunas lagunas, especialmente en cuanto al funcionamiento no homogéneo de las COPRETI. La Comisión toma nota asimismo de que, según la CGT RA, falta una coordinación entre las instancias de detección del trabajo infantil y aquéllas encargadas de la atención de los casos detectados. La CGT RA sugiere que el Plan nacional comprende un plan de formación de agentes judiciales para mejorar sus intervenciones tras la detección de casos de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual trabaja con las fuerzas de seguridad y con otros actores clave para sensibilizarlos y formarlos en las cuestiones relativas al trabajo infantil. El Gobierno indica asimismo que sigue brindando una asistencia técnica a las COPRETI, con el objetivo de elaborar protocolos de detección de trabajo infantil y de restitución de sus derechos. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, se establecieron diversas medidas preventivas, que incluyen: i) centros de adolescentes (CEA); ii) programas de centros de promoción de los derechos; iii) apoyos técnicos y financieros de las provincias, de los municipios y de las organizaciones no gubernamentales, y iv) otros proyectos específicos para prevenir y erradicar el trabajo infantil. El Gobierno da cuenta asimismo de muchas actividades realizadas entre 2014 y 2017, sobre todo la elaboración de manuales de información destinados a los empleadores, para informarles del derecho en vigor y prevenir el trabajo infantil. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de que, según la publicación de UNICEF/OIT, titulada: «Trabajo infantil en la Argentina: políticas públicas y desarrollo de experiencias sectoriales y locales», entre 2004 y 2012, el porcentaje de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años disminuyó en el 66 por ciento y en el 38 por ciento en el caso de los jóvenes de 14 a 15 años. Además, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, está en curso una encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA, 2017) de carácter nacional. Tendrá como objetivo comprender las características y la extensión del trabajo infantil en el país. Por último, el Gobierno indica que, de 2015 a 2017, la inspección del trabajo comprobó 102 casos de trabajo infantil en las edades de 10 a 15 años. La Comisión toma nota de que estos datos están desglosados por edad, género y actividad económica, pero el Gobierno no indica las sanciones impuestas. La Comisión toma debida nota de la reducción del trabajo infantil en el país y solicita al Gobierno que tenga a bien proseguir sus esfuerzos para eliminar progresivamente el trabajo infantil. Le solicita que se sirva comunicar informaciones detalladas sobre el Plan nacional 2017-2021 y sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir los datos estadísticos actualizados compilados tras la EANNA, 2017, especialmente los datos sobre la naturaleza, la extensión y la evolución del trabajo de niños y adolescentes menores de 16 años que trabajan. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar la naturaleza y el número de las condenas pronunciadas, así como el contenido de las sanciones impuestas por la Inspección del Trabajo, cuando se detectaron casos de trabajo infantil. En lo posible, esta información debería ser desglosada por edad y por género.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Determinación de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del decreto núm. 1117/2016, que elabora la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. La Comisión toma nota de que esta lista comprende: las actividades subterráneas o realizadas debajo del agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados; la manipulación de determinadas máquinas e instrumentos peligrosos o pesados; la exposición a sustancias químicas peligrosas; las actividades que exponen a los niños o adolescentes a ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones, elevadas concentraciones de humedad o a componentes peligrosos; las actividades que implican una exposición a agentes biológicos peligrosos; el trabajo nocturno y las horas extraordinarias; el trabajo en las construcciones o cualquier manipulación de asfalto; las actividades realizadas con electricidad; el trabajo en la producción o la venta de alcohol; y los trabajos de modelaje que erotizan la imagen de niños y adolescentes. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre la aplicación en la práctica del decreto núm. 1117/2016, especialmente sobre las infracciones observadas y las sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Azerbaiyán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1992)

Artículo 2, 1), del Convenio. 1. Ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión observó previamente que, aunque las disposiciones del Código del Trabajo relativas a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo no parecían aplicarse al trabajo realizado sin un contrato de trabajo, incluido el trabajo por cuenta propia o el trabajo en el sector informal, el Gobierno había señalado que el Convenio forma parte de la legislación laboral del país, por lo que debe ser aplicado por todos los empleadores y particulares. La Comisión tomó nota asimismo de la declaración realizada por el Gobierno durante las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2011, de que, en enero de 2011, 20 000 niños estaban trabajando en la agricultura, de los cuales 5 000 trabajaban por cuenta propia. En relación con esto, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara medidas concretas para asegurar que la protección prevista por el Convenio se brindara a los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. La Comisión tomó nota de que, durante el período 2012-2013, el Servicio de Inspección del Trabajo inspeccionó 16 887 empresas en todos los sectores de la economía, incluidas 431 empresas agrícolas, con independencia de su propiedad y de su forma jurídica, y detectó cinco casos de violaciones de los derechos de trabajadores menores de 18 años de edad, lo que condujo a la imposición de una multa total de 5 000 nuevos manat azerbaiyanos (aproximadamente 6 374 dólares de los Estados Unidos) a los empleadores declarados culpables. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno de que el Ministerio de Trabajo y Protección Social y la Comisión Estatal de la Familia, la Mujer y la Infancia firmaron un plan de acción conjunto con el fin de prevenir la utilización del trabajo infantil para el período 2013-2015, que se llevó a cabo en cooperación con los órganos estatales competentes, las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores sociales. Sin embargo, la Comisión tomó nota del número considerable de niños involucrados en trabajo informal en los sectores agrícolas del té, el tabaco y el algodón, también en situaciones peligrosas. Tomando nota de la falta de información a este respecto en la memoria del Gobierno, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de los servicios de inspección del trabajo con el fin de controlar mejor a los niños que trabajan en la economía informal, especialmente en las plantaciones de algodón, tabaco y té. Pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las violaciones relacionadas con el empleo de niños y adolescentes detectadas por la inspección del trabajo, en particular en la agricultura, y sobre el número de personas enjuiciadas y de penas impuestas. Por último, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas en el marco del plan de acción conjunto a fin de eliminar el trabajo infantil.

2.  Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, tras la ratificación del Convenio, se especificó que la edad mínima es de 16 años, de acuerdo con el artículo 2, 1), del Convenio. Sin embargo, tomó nota de que el artículo 42, 3), del Código del Trabajo permite a una persona que ha alcanzado la edad de 15 años ser parte de un contrato de trabajo, y que el artículo 249, 1) especifica que «no se empleará, bajo ninguna circunstancia, a personas menores de 15 años de edad». A este respecto, la Comisión tomó nota de que, en el marco de la asistencia técnica de la OIT, se ha elaborado un proyecto, titulado: «Acerca de las enmiendas y ajustes a algunos actos jurídicos de la República de Azerbaiyán para velar por el cumplimiento del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), de la OIT» (proyecto de enmiendas a la legislación laboral), que propuso enmendar el artículo 249, 1), del Código del Trabajo con el fin de elevar la edad mínima de admisión al empleo de los 15 a los 16 años. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona ninguna nueva información a este respecto. Por consiguiente, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro cercano, de las enmiendas a la legislación laboral que establecerán una edad mínima de 16 años para la admisión al empleo o al trabajo en todos los sectores. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto, y que proporcione una copia de las enmiendas, una vez hayan sido adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahamas

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó la esperanza de que se elabore, en un futuro próximo, una política nacional sobre el trabajo infantil.

La Comisión lamenta tomar nota de una ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este asunto. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir un política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte, sin retrasos, una política nacional sobre el trabajo infantil y que comunique información sobre la evolución a este respecto.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión observó con anterioridad que la edad mínima de admisión al empleo, establecida en virtud del artículo 50, 1), de la Ley de Empleo de 2001, sólo se aplica a empresas en las que la mayoría de los niños trabaja en la economía informal. En este sentido, tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual dio inicio al proceso de contratar inspectores del trabajo adicionales para realizar la inspección requerida sobre el trabajo infantil en los lugares de trabajo. Tomando nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno en este punto, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas para adaptar y fortalecer los servicios de inspección del trabajo, a efectos de garantizar que se asegure la protección establecida por el Convenio a los niños que trabajan en todos los sectores, incluidos los niños que trabajan por su cuenta o en la economía informal.

Artículo 2, 2) y 3).  Elevar la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo y la edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo, especificada por las Bahamas, en el momento de ratificación, fue de 14 años. También tomó nota de que el artículo 7, 2), de la Ley de Protección del Niño, establece una edad mínima de 16 años para la admisión al empleo o al trabajo. Además, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 22, 3), de la Ley de Educación, la edad en que cesa la obligación escolar, es de 16 años. Tomando nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique si tiene intención de elevar la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo, de los 14 años (especificada inicialmente) a los 16 años, de conformidad con la Ley de Protección del Niño, y con arreglo a la edad en que cesa la obligación escolar, en virtud de la Ley de Educación. De ser así, la Comisión señala a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio, que dispone que todo Miembro que haya ratificado este Convenio puede posteriormente notificar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante una nueva declaración, que elevó la edad mínima que había especificado con anterioridad. La Comisión pide al Gobierno que considerara la posibilidad de enviar a la Oficina una declaración de esta naturaleza.

Artículo 3, 2).  Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que una delegación de las Bahamas asistió al Taller Subregional de la OIT sobre la Erradicación del Trabajo Infantil Peligroso para países seleccionados del Caribe, que se celebró en octubre de 2011, y cuyo objetivo era mejorar las competencias para la preparación de una lista de trabajos peligrosos, a través de consultas y colaboraciones internas.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual los interlocutores sociales tripartitos aprobaron el proyecto de reglamento, en virtud de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluye disposiciones que determinan los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de reglamento sobre la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a las personas menores de 18 años de edad. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en este sentido, así como que transmita una copia de la lista, en cuanto se haya adoptado.

Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 7, 3), a), de la Ley de Protección del Niño, dispone que un niño menor de 16 años de edad puede ser empleado por sus padres o tutores en trabajos ligeros domésticos, agrícolas u hortícolas. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se comprometería a comunicar información a la Comisión sobre las medidas adoptadas o previstas respecto de las disposiciones o reglamentos que determinaran las actividades relativas a los trabajos ligeros y las condiciones en las que tal empleo o trabajo puede ser realizado por jóvenes a partir de los 12 años de edad.

La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de haber venido planteando esta cuestión desde 2004, el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre las medidas adoptadas o previstas en ese sentido. La Comisión recuerda que el artículo 7,

1) y 4), del Convenio, dispone que la legislación o la reglamentación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas a partir de los 12 años de edad en trabajos ligeros, que: a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo, y b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. La Comisión recuerda también que, según el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará qué constituye un trabajo ligero y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. La Comisión insta al Gobierno a que adopte, sin retrasos, las medidas necesarias para armonizar la legislación nacional con el Convenio, determinando las actividades de trabajos ligeros que puedan permitirse a los niños mayores de 12 años de edad y las condiciones en las que podrán llevar a cabo tal empleo o trabajo. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre la forma en que se aplica el Convenio en la práctica. Tomando nota de la información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión le solicita una vez más que comunique información sobre la forma en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo, por ejemplo, datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes, especialmente en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas y las sanciones impuestas. En la medida de lo posible, esta información debería estar desglosada por edad y sexo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los apartados a), c) y d), del artículo 7 de la Ley sobre Delitos Sexuales sólo prohíben la trata de personas con fines de explotación sexual. Instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para prohibir la trata de menores de 18 años con fines de explotación laboral, y a establecer sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias.

La Comisión toma nota con satisfacción de que Bahamas promulgó la Ley de Prevención y Supresión de la Trata de Personas en 2008 (Ley sobre la Trata de Personas). Asimismo, la Comisión toma nota de que con arreglo al artículo 3, 4), de dicha ley una persona que recluta, transporta, trasfiere, alberga o recibe a un menor de 18 años con fines de explotación (que incluye la explotación sexual comercial, el trabajo forzoso, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre (artículo 2)), comete el delito de trata de personas. La Comisión también toma nota de que, con arreglo al artículo 8, 1), c), de la Ley sobre la Trata de Personas, el hecho de que las víctimas de trata sean menores de 18 años constituye una circunstancia agravante que da lugar a la imposición de penas de prisión de hasta diez años. La Comisión toma nota de que según el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 5 de junio de 2014 (informe de la Relatora Especial), las niñas, especialmente procedentes de la República Dominicana, Jamaica y Haití son víctimas de trata hacia las Bahamas para su explotación sexual comercial. Por último, la Comisión toma nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de agosto de 2012, expresó preocupación por la no aplicación efectiva de la ley de prevención y supresión de la trata de personas y por el hecho de que desde la entrada en vigor de esta ley no se hayan incoado procedimientos ante los tribunales (documento CEDAW/C/BHS/CO/1-5, párrafo 25, a)). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la ley de prevención y supresión de la trata de personas de 2008, en particular, garantizando que se realizan investigaciones exhaustivas y procesos judiciales eficaces en relación con las personas que se dedican a la venta y trata de niños, y que se les imponen sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias.

Apartado c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión había tomado nota de que la ley de drogas peligrosas no tipifica específicamente los delitos relacionados con la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción y el tráfico de estupefacientes. Pidió al Gobierno que tomara medidas inmediatas y eficaces para prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de estupefacientes, y que adoptara medidas lo suficientemente eficaces y disuasorias.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre esta cuestión. Asimismo, toma nota de que según el documento sobre la Estrategia nacional de lucha contra los estupefacientes 2012-2016, durante más de cuatro décadas el abuso de drogas y el tráfico ilícito de éstas han sido objeto de grave preocupación para las Bahamas y el tráfico ilícito de drogas hacia y dentro de las Bahamas representa un desafío constante para el país. La Comisión solicita al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la utilización, el reclutamiento y la oferta de menores de 18 años para actividades ilícitas, incluidas la producción y el tráfico de estupefacientes y que establezca sanciones adecuadas. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 4, 1).  Determinación del trabajo peligroso. En lo que respecta a la adopción de la lista de tipos peligrosos de trabajo prohibidos para los niños menores de 18 años de edad, la Comisión pide al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados formulados en el marco del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículo 5.  Mecanismos de control. Tráfico. La Comisión toma nota de la información que figura en la respuesta del Gobierno, de 11 de junio de 2014, al informe de la Relatora Especial, en la que se señala que el Comité interministerial sobre la trata de personas y el Grupo de trabajo nacional se encargan de coordinar y ejecutar las actividades a fin de prevenir la trata de personas, incluso ocupándose de cuestiones que abarcan temas que van de la identificación de las víctimas de trata al enjuiciamiento de los supuestos traficantes, y que la policía real de las Bahamas se encarga de investigar los casos de trata de personas. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe de la Relatora Especial la policía real de las Bahamas ha establecido un módulo de formación para el personal recién contratado, que incluye la sensibilización sobre la trata de personas y la identificación de las víctimas y de las víctimas potenciales. Según el informe, más de 240 personas han recibido esta formación. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de casos de trata de niños identificados por la policía real de las Bahamas así como de investigaciones y enjuiciamientos realizados y sanciones aplicadas. También pide al Gobierno que transmita información sobre las actividades emprendidas con el Comité interministerial y el Grupo de trabajo nacional para combatir la trata de niños y sobre los resultados logrados.

Artículo 6.  Programas de acción. Plan nacional de acción para combatir la trata de personas. La Comisión toma nota de que según el informe de la Relatora Especial se está ultimando un plan nacional de acción para combatir la trata de personas que se centra en la prevención y la asistencia. La Comisión expresa la esperanza de que el plan nacional de acción para combatir la trata de personas se adopte y lleve a cabo en un futuro próximo. Solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto. También pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de este plan en la eliminación de la trata de menores de 18 años para su explotación laboral o sexual.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Niños que están especialmente expuestos a riesgos. Turismo sexual infantil. La Comisión había tomado nota de que los niños que realizan ciertas actividades relacionadas con el turismo corren el riesgo de ser víctimas de las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo de la explotación sexual con fines comerciales.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el CEDAW expresó preocupación por el número de niños explotados en actividades de prostitución y pornografía infantil y la falta de medidas tendientes a sensibilizar a los agentes directamente relacionados con la industria turística sobre la situación de los niños, y sobre todo de las niñas, que se dedican a determinadas actividades relacionadas con el turismo y se encuentran por ello en riesgo de convertirse en objeto de explotación sexual con fines comerciales (documento CEDAW/C/BHS/CO/1-5, párrafo 25, c)). Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto, la Comisión le pide que adopte medidas eficaces y en un plazo determinado para proteger a los niños, especialmente a las niñas, para que no se conviertan en víctimas de explotación sexual con fines comerciales en el sector turístico. También solicita al Gobierno que adopte medidas para aumentar la sensibilización de los actores directamente relacionados con la industria turística, tales como asociaciones de propietarios de hoteles, operadores turísticos, asociaciones de taxistas y propietarios de bares y restaurantes y sus empleados, sobre el tema de la explotación sexual con fines comerciales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre este punto. Considerando que no parece que exista un mecanismo de examen de la situación del trabajo infantil en las Bahamas, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para determinar la magnitud del trabajo infantil en el país y, en particular, de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que suministre copias o extractos de documentos oficiales, incluidos estudios y encuestas, y que transmita información sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil y sobre el número de niños cubiertos por las medidas que dan efecto al Convenio. En la medida de lo posible, toda la información proporcionada debería estar desglosada por edad y sexo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Bangladesh

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley núm. 3 sobre Prevención y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012 (Ley sobre la Trata), dispone que el delito de trata de niños menores de 18 años de edad con fines de explotación sexual y laboral, se castiga con penas de prisión rigurosas no inferiores a cinco años y con una multa de 50 000 takas (aproximadamente 603 dólares de los Estados Unidos). La Comisión tomó nota de que la Ley sobre la Trata prevé el establecimiento de un Tribunal del Delito de Trata contra Seres Humanos, a nivel de distrito, en el que se juzgarán los delitos en virtud de esta ley.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que para aplicar eficazmente la Ley sobre la Trata se dictaron tres reglamentos en 2017: el reglamento de prevención de la trata de seres humanos; el reglamento de la autoridad de supresión de la trata de seres humanos, y el reglamento del fondo de compensación de la trata de seres humanos. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual en julio de 2017, 2 663 casos de trata estaban pendientes de juzgamiento y se investigaban 540 casos. Si bien la Comisión observa que el Gobierno no suministra estadísticas relativas al número de sanciones impuestas a las personas encontradas culpables específicamente del delito de trata, toma nota de que, según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2016 (UNODC), 232 niños víctimas de la trata fueron identificados por la policía entre mayo de 2014 y abril de 2015.

Sin embargo, en la lista de cuestiones de 14 de febrero de 2017 en relación con el informe inicial presentado por Bangladesh en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos señaló que, al parecer, en los casos de trata de personas se han dictado numerosos sobreseimientos en relación con el número de enjuiciamientos (de hecho, el Gobierno indica que en 820 casos iniciados contra los traficantes, sólo 15 personas fueron condenadas a cumplir una pena de reclusión perpetua en 2014 y 2015) (documento CCPR/C/BGD/Q/1/Add.1, tema 12). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que, en la práctica, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos de las personas ocupadas en la trata de niños, y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. En este sentido, pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas por el Tribunal de Delitos de Trata contra Seres Humanos por el delito de trata de personas menores de 18 años, de conformidad con las disposiciones de la Ley sobre la Trata.

Artículo 5.  Mecanismos de vigilancia. Inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE), se ha ampliado mediante contratación de 262 inspectores adicionales y, de ese modo, el número total de inspectores ascendía a 575 en 2014.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno indicando que en 2006, se presentaron por el DIFE 95 denuncias contra empleadores que empleaban niños en violación del artículo 34, 1), de la Ley del Trabajo de Bangladesh, de 2006 (en su forma enmendada en 2013), que prohíbe el empleo de los niños menores de 14 años de edad. La Comisión toma nota de que, en su memoria relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Gobierno proporciona información detallada sobre las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad de los inspectores del trabajo del DIFE, entre las que cabe mencionar la organización de programas de formación, seminarios y talleres. El Gobierno indica también que los inspectores del DIFE realizan visitas de inspección en el sector de la confección de prendas de vestir y mantiene una base de datos relativos a 4 808 fábricas del mencionado sector, que incluye información básica de los trabajadores empleados en esos establecimientos. Además, la Comisión toma nota de que en respuesta a la lista de cuestiones de 14 de febrero de 2017 en relación con el informe inicial de Bangladesh en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento CCPR/C/BGD/Q/1/Add.1, tema 14), el Gobierno indica que los funcionarios del DIFE también realizan regularmente visitas de inspección en los sectores de camarones y peces frescos, el sector de la construcción, los hornos de ladrillos y las curtidurías.

La Comisión toma nota, no obstante, de que según la encuesta nacional sobre el trabajo infantil llevada a cabo en 2013 y publicada en 2015, 1,28 millones de niños de 5 a 17 años de edad estaban ocupados en trabajos peligrosos. La encuesta muestra que el trabajo infantil peligroso, definido como tal por estar incluido en uno de los tipos de trabajo enumerado como peligrosos por la ley o por trabajar durante más de 42 horas semanales, se observa más frecuentemente en el sector de la fabricación (39 por ciento); los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca (21,6 por ciento); el sector de venta al por mayor y menor (10,8 por ciento); la construcción (9,1 por ciento), y el transporte y almacenamiento (6,5 por ciento). La encuesta indica también que se han detectado realizando trabajos peligrosos incluso a niños de 6 años de edad: se encontraron 32 808 niños entre 6 y 11 años de edad trabajando en condiciones peligrosas en los sectores de la fabricación, la agricultura, la construcción, la venta al por mayor y otras actividades de servicios.

Considerando el número particularmente elevado de niños que trabajan en condiciones peligrosas, la Comisión reitera su preocupación por el escaso número de casos detectados por los inspectores del trabajo del DIFE, y por el hecho de que entre esos casos no se incluye a los niños menores de 18 años de edad ocupados en trabajos peligrosos. Remitiéndose a su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 632), la Comisión recuerda que es fundamental fortalecer la capacidad de los inspectores del trabajo para que puedan identificar a los niños que realizan trabajos peligrosos, especialmente en los países en que, en la práctica, los niños realizan trabajos peligrosos pero la inspección del trabajo no ha detectado ninguno de esos casos (o sólo un pequeño número de ellos). En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para fortalecer la capacidad y competencia profesional de los inspectores del trabajo del DIFE para detectar a todos los niños menores de 18 años de edad ocupados en trabajos peligrosos, y que comunique información sobre los progresos alcanzados a este respecto. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las inspecciones llevadas a cabo y el número y naturaleza de las infracciones detectadas tanto por el DIFE como por otras unidades de la inspección del trabajo que implican a niños menores de 18 años en todos los sectores en los que existen las peores formas de trabajo infantil.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión tomó debida nota anteriormente de las medidas adoptadas por el Gobierno en virtud de las cuales se adoptó una Política de Educación Nacional, de 2010, con el fin de garantizar la enseñanza primaria obligatoria hasta el octavo grado, con posibilidades de educación profesional, así como para garantizar la inscripción y la retención de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, con objeto de alcanzar los objetivos de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y conseguir que la tasa de inscripción en la enseñanza primaria y secundaria a los cuales adhirió el Gobierno al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el séptimo plan quinquenal (2016-2020), prosigue sus esfuerzos y poniendo en práctica diversas políticas y actividades. Cabe mencionar, entre ellas, la nacionalización (pasando a un control de Estado) de 26 193 escuelas primarias privadas, el acceso a la enseñanza primaria gratuita, la distribución de libros de texto en la enseñanza primaria y secundaria y la construcción de diversas instalaciones de infraestructura esenciales para la educación. La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual la tasa neta de inscripciones en la enseñanza primaria aumentó del 94,8 por ciento en 2010 al 97,94 por ciento en 2016 (97,10 por ciento para los niños y 98,82 por ciento para las niñas).

Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que si bien la tasa de abandono escolar en la enseñanza secundaria disminuyó de 55,31 por ciento en 2010 a 38,47 por ciento en 2016, la inscripción en la enseñanza secundaria se redujo considerablemente, y descendió de 72,95 por ciento en 2010 al 54,50 por ciento en 2016. Además, la Comisión observa que en sus observaciones finales, de 30 de octubre de 2015, el Comité de los Derechos del Niño, si bien acogió favorablemente la Política Nacional de Educación, de 2010, expresó su preocupación por la limitada aplicación de dicha política debido a la falta de recursos suficientes; la calidad de la educación que no se ajusta a los niveles nacionales; y la persistencia de la tasa de abandono escolar como consecuencia de los derechos de matriculación y otros gastos, por ejemplo, para adquirir libros de texto y uniformes, así como por la violencia y el acoso en el camino de ida y vuelta a la escuela y en la propia escuela, y la falta de instalaciones de saneamiento, que son distintas para las niñas y los niños (documento CRC/C/BGD/CO/5, párrafo 66). Además, si bien encomia al Estado parte por haber logrado la paridad entre los géneros en la educación primaria y secundaria, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observa con preocupación la reducción a la mitad del número de niñas escolarizadas entre la educación primaria y la educación secundaria, debido entre otros motivos, al matrimonio infantil, el acoso sexual, el escaso valor que se otorga a la educación de las niñas, la pobreza imperante y la larga distancia que separa las escuelas de las comunidades rurales y marginadas (documento CEDAW/C/BGD/8, párrafo 28, a)). Considerando que la educación es uno de los medios más efectivos para impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar el acceso a la enseñanza básica gratuita de todos los niños, y especialmente de las niñas, garantizando así la inscripción y la retención de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando datos estadísticos actualizados sobre las tasas de inscripción y las tasas de abandono escolar, desglosados por edad y por género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bélgica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1988)

Artículo 3, 3), del Convenio. Admisión a los trabajos peligrosos a partir de los 16 años de edad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 8 del Real decreto relativo a la protección de los jóvenes en el trabajo, de 3 de mayo de 1999 (Real decreto de 1999), está prohibido emplear a jóvenes de menos de 18 años en los trabajos peligrosos previstos en el apartado 2 del artículo 8 del decreto, a saber: los trabajos que implican una exposición a agentes tóxicos y cancerígenos y que ocasionan alteraciones genéticas hereditarias, con efectos nocivos para el feto durante el embarazo o cualquier otro efecto perjudicial crónico en el ser humano. Sin embargo, el artículo 10 del decreto prevé que los «jóvenes en el trabajo», es decir, todo trabajador de 15 a 18 años de edad, que ya no esté sujeto a la obligación escolar a tiempo completo, los aprendices, los pasantes, los alumnos y los estudiantes (artículo 2), pueden realizar trabajos peligrosos en las condiciones de seguridad previstas en el artículo.

La Comisión tomó nota de que está en proceso de adopción un nuevo Código sobre el bienestar en el trabajo. Tomó nota de que ese nuevo código debe consolidar los reales decretos relativos al bienestar de los trabajadores, incluyendo el Real decreto de 1999, que debe modificarse de modo que se eleve a 16 años la edad mínima del joven en el trabajo, garantizando, así, que en adelante los jóvenes sólo puedan estar ocupados en trabajos peligrosos a partir de los 16 años de edad. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que se postergó nuevamente la adopción del código sobre el bienestar en el trabajo. El Gobierno indica que, con el fin de ponerse de conformidad con las prescripciones del Convenio, la Dirección General de Humanización del Trabajo, elaboró un proyecto de real decreto que modifica el Real decreto de 1999 — al margen de la finalización del código sobre el bienestar en el trabajo, pero que posteriormente sería integrado en el mismo —, de modo que este decreto pueda firmarse y publicarse más rápidamente. Se previó especialmente la modificación del artículo 10 de este decreto, de manera que se eleve la edad mínima para realizar trabajos peligrosos, a los 16 años.

La Comisión toma nota con satisfacción de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Real decreto de 1999 fue modificado por el Real decreto de 31 de mayo de 2016. Así, en su nueva lectura, el artículo 10, apartado 1, del Real decreto de 1999, prevé que los jóvenes mayores de 16 años de edad en el trabajo puedan realizar trabajos peligrosos en las condiciones de seguridad previstas en el artículo, de conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Nacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo e inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la observación presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación con la adopción por el Gobierno del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente de 17 de julio de 2014, por el que se modifica el artículo 129 del Código anterior reduciendo la edad mínima para trabajar de los niños de los 14 a los 10 años para actividades laborales por cuenta propia y a los 12 años para quienes tengan una relación laboral por cuenta ajena, siempre que se den circunstancias excepcionales. La CSI señaló que esas excepciones a la edad mínima establecida en 14 años son incompatibles con las excepciones previstas en el artículo 7, 4), del Convenio sobre la edad mínima autorizada para realizar trabajos ligeros que no autoriza el trabajo de los niños menores de 12 años. La Comisión también tomó nota de la declaración de la CSI, según la cual permitir que los niños trabajen a partir de los 10 años de edad irá en menoscabo del período de escolaridad obligatoria de éstos, que en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una duración de doce años, es decir hasta, por lo menos, los 16 años de edad. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que las nuevas excepciones a la edad mínima de 14 años, establecidas en virtud del artículo 129 del citado Código, se establecen y autorizan únicamente a condición de que estas actividades no atenten contra el derecho a su educación, salud, dignidad o desarrollo integral.

Durante la 104.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, celebrada en junio de 2015, el representante gubernamental manifestó que las excepciones a la edad mínima de admisión al empleo prevista por el nuevo Código son transitorias, con miras a superar ese problema de ahora al año 2020. Afirmó que el Gobierno no contraviene el Convenio, sino que busca ampliar la protección de los niños que trabajan y es una medida excepcional para contribuir a la aplicación de políticas públicas destinadas a eliminar el trabajo infantil. En este sentido, menciona la adopción de medidas de protección de los niños trabajadores, tales como el derecho a un salario igual al salario mínimo nacional y el derecho a la seguridad social, la promoción del derecho a la educación y una semana laboral de treinta horas para el trabajo por cuenta ajena de los menores entre 12 y 14 años, destinándose dos horas de la jornada laboral al estudio. Por otra parte el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se encarga de la aplicación del Convenio a través de las inspecciones móviles integradas e intersectoriales realizadas de oficio o a raíz de denuncias formuladas por los servicios de defensa de los niños y adolescentes para señalar los casos de trabajo de niños menores de 14 años. La Comisión tomó nota de que la Comisión de la Conferencia, al tiempo de tomar debida nota de los resultados positivos de las políticas económicas y sociales puestas en práctica por el Gobierno, lo instó a que derogue las disposiciones de la legislación que establecen la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, y que elabore sin tardanza una nueva ley, en consulta con los interlocutores sociales, por la que se aumente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de conformidad con el Convenio. Además, pidió al Gobierno que proporcione a la inspección del trabajo mayores recursos humanos y técnicos necesarios, y en materia de formación de la inspección del trabajo, para así dar un enfoque más eficaz y concreto a la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y de la CEPB según las cuales el nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente es consecuencia de una aplicación incorrecta del Convenio núm. 138. En ellas se indica que esta modificación se ha efectuado sin consultar previamente a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y que es incompatible con la edad mínima de admisión al trabajo, de 14 años, especificada por el Gobierno al ratificar el Convenio núm. 138. Además, la OIE y la CEPB señalan que la magnitud del nivel alcanzado por la economía informal en el país (70 por ciento), que no está sometida a la vigilancia de la inspección del trabajo, resulta favorable al trabajo infantil. Se añade que no existe trabajo infantil en el sector del empleo formal. Por último, se indica que es necesario que el Gobierno refuerce los servicios de la inspección del trabajo en los sectores formales e informales.

La Comisión deplora profundamente la indicación del Gobierno en su memoria en la que reitera que las enmiendas aportadas al artículo 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente, que permiten a la autoridad competente autorizar la actividad laboral por cuenta propia de niños y adolescentes de 10 a 14 años y, por cuenta ajena, de niños y adolescentes de 12 a 14 años, y que estas disposiciones permanecerán en vigor en tanto que disposiciones transitorias. La Comisión subraya nuevamente que el objetivo del Convenio consiste en eliminar el trabajo infantil y alentar la elevación de la edad mínima de admisión al trabajo, pero no autoriza su reducción una vez establecida. La Comisión recuerda que el Estado Plurinacional de Bolivia había especificado una edad mínima de 14 años al ratificar el Convenio, y que la derogación de ésta en virtud del artículo 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente no está en conformidad con esta disposición del Convenio. Además, la Comisión toma nota con profunda preocupación de la distinción que se hace entre fijar la edad mínima a los 10 años para los niños que realizan una actividad laboral por cuenta propia, y fijarla a los 12 años para los que la realizan por cuenta ajena. Tal como señaló en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 550 y 551), la Comisión sostiene que los gobiernos deberían tomar medidas para garantizar como mínimo la misma protección legislativa a los niños que trabajan por cuenta propia, dado que muchos de ellos trabajan en la economía informal en condiciones peligrosas. Por último, la Comisión observa que el Gobierno indica que dispone de 90 inspectores del trabajo (cuatro más que en 2012). En este sentido, la Comisión recuerda nuevamente, que según el Estudio General de 2012 (párrafo 345), el número limitado de inspectores del trabajo no les permite cubrir la totalidad de la economía informal y la agricultura. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas de carácter inmediato para garantizar la enmienda del artículo 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, que fija la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, incluido el trabajo por cuenta propia, a fin de poner esta edad en conformidad con la edad especificada en el momento de la ratificación del Convenio y de conformidad con las disposiciones de éste, es decir, a los 14 años, como mínimo. La Comisión también pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la Inspección del Trabajo, especialmente el aumento del número de inspectores y su competencia técnica en materia de trabajo infantil, para asegurar que la protección prevista por el Convenio se garantice también a los niños que trabajan en el sector informal.

Artículo 7, 1) y 4).  Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota de que los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, permiten trabajar a los niños menores de 14 años si cuentan con la debida autorización de la autoridad competente, siempre que las condiciones en que se ejecute limiten su horario laboral y no sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen del niño, niña y adolescente o no atenten contra su libertad de menor de acceso a la educación. La Comisión también tomó nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia en el sentido de que estas enmiendas también permiten a los niños menores de 14 años realizar trabajos ligeros sin establecer una edad mínima para trabajar.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los artículos 131, 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente permiten trabajar a los niños de 10 a 18 años, con la debida autorización de la autoridad competente y de sus padres y tutores, con sujeción a condiciones que limiten su horario laboral, no sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen del niño, niña o adolescente o no atenten contra la libertad de acceso a la educación. Si bien el Gobierno indica que el Código mencionado establece una edad mínima para la ejecución de trabajos ligeros, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que se fija a los 10 años de edad. La Comisión recuerda una vez más que en virtud de la cláusula de flexibilidad prevista en el artículo 7, 1) y 4), del Convenio, las leyes o reglamentos nacionales podrán autorizar el empleo o el trabajo de personas de 12 a 14 años, y no de 10 años de edad para realizar trabajos ligeros que no resulten nocivos para su salud o desarrollo, y que no constituyan un obstáculo para su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente ni para su capacidad de beneficiarse de la instrucción recibida. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a que adopte medidas de carácter inmediato para garantizar la enmienda de los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, a fin de fijar la edad mínima de admisión al empleo para trabajos ligeros a los 12 años, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 7, 1) y 4), del Convenio.

Artículo 9, 3).  Registro de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 138 del Código del Niño, Niña y Adolescente, es necesario contar con registros de los niños y adolescentes trabajadores con el fin de obtener autorizaciones de trabajo. La Comisión observó que estos registros incluyen la autorización para trabajar de los niños con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la resolución ministerial núm. 71/2016 dispone la creación del Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescente (SINNA) que registra y contiene información especializada sobre los derechos de la niña, niño y adolescentes, incluidas las informaciones relativas a los niños que trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena. La Comisión lamenta tomar nota de que la resolución núm. 434/2016 prevé la inscripción en un registro de los menores de 14 años que realizan una actividad laboral. En este sentido, señala nuevamente a la atención del Gobierno sus propios comentarios formulados en virtud del artículo 2, 1), según los cuales no debería concederse la autorización para trabajar a los niños con edades inferiores a los 14 años. Además, recuerda al Gobierno que, según el artículo 9, 3), del Convenio, la legislación nacional prescribirá los registros que el empleador deberá llevar y tenerlos a disposición de la autoridad competente, en los cuales se indicarán el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados, de todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen para él. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner esta disposición del Código del Niño, Niña y Adolescente de conformidad con el Convenio sobre estas dos cuestiones y que suministre información estadística reciente sobre el trabajo infantil, desglosada por edad y por género, en particular, sobre los niños de 10 años, el de los de 10 a 12 años y de 12 a 14 años.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT con objeto de poner su legislación y práctica de conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Empleadores Privados de Bolivia (CEPB) recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículos 3, a), y 7, 2), a) y b), del Convenio. Servidumbre por deudas y trabajo forzoso u obligatorio en las explotaciones de la caña de azúcar y de la castaña, y medidas efectivas y adoptadas en un plazo determinado. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librarlos de las mismas y asegurar su rehabilitación e inserción social. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que subsistían las condiciones de explotación de los niños que trabajan en condiciones peligrosas en la cosecha de caña de azúcar y de castaña. La Comisión tomó nota del programa gubernamental de incentivos para las empresas «Triple Sello» que impone como requisito previo para la concesión de algunas prestaciones a la empresa la demostración de que ésta no practique ninguna forma de trabajo infantil, tampoco en trabajos vinculados a la cosecha de castañas. La Comisión tomó nota también de que atendiendo al Programa de acción del programa del país 2013-2017 con el UNICEF se puso en marcha un programa en 17 municipios bolivianos que producen castañas y caña de azúcar para suministrar asistencia educativa a los niños, y que 3 400 niños y niñas se han reincorporado a la educación básica.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual no se registró en el sector de la producción de la caña de azúcar ningún caso de trabajo infantil. En relación con el sector de la producción de castañas, el Gobierno indica que ha firmado un acuerdo tripartito con los representantes de los empleadores y de los trabajadores del sector, en el que se ha incluido una cláusula que prohíbe el trabajo infantil. Según el Gobierno, durante el período de cosecha, los inspectores del trabajo realizan visitas para evaluar las condiciones de trabajo y también elaboran un registro especial de los casos de niños que trabajan en el sector. El Gobierno señala que esos inspectores tienen facultades para imponer sanciones cuando verifican infracciones a las normas laborales. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no hace referencia al número de infracciones registradas ni de sanciones impuestas. La Comisión también lamenta que no se haya proporcionado información sobre las medidas efectivas y adoptadas en un plazo determinado para impedir que los niños sean víctimas de servidumbre por deudas o de trabajo forzoso. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas eficaces en un plazo determinado para impedir que los niños sean víctimas de servidumbre por deudas o de trabajo forzoso en la explotación de la caña de azúcar y la recolección de castañas, así como para librar a los niños de esta peor forma de trabajo infantil y garantizar su readaptación e inserción social. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tenga a bien explicar cómo garantiza que las personas que utilizan el trabajo de los menores de 18 años en la industria de la caña de azúcar y la recolección de castañas, en condiciones de servidumbre o de trabajo forzoso sean enjuiciadas efectivamente y se les impongan realmente sanciones disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que indique el impacto concreto que el acuerdo tripartito firmado en el sector de la producción de castañas tendrá sobre el trabajo de los niños, y que prevea una copia de dicho acuerdo.

Artículos 3, d), y 7, 2), a) y b). Trabajos peligrosos. Niños que trabajan en las minas. Medidas efectivas y adoptadas en un plazo determinado para la prevención, asistencia y liberación de estos niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que más de 3 800 niños trabajan en las explotaciones mineras de estaño, zinc, plata y oro del país. Además, tomó nota de que se habían puesto en práctica medidas de sensibilización e información y que se ofrecieron alternativas económicas a las familias de los niños que trabajan en las minas. La Comisión tomó nota de la información estadística del Gobierno, según la cual únicamente el 8 por ciento de las inspecciones efectuadas en las explotaciones mineras revelaron la existencia de niños menores de 12 años que trabajaban en ellas. No obstante, la Comisión tomó nota, además, de que en 2013 se identificó a aproximadamente 2 000 niños que realizaban actividades laborales en explotaciones mineras artesanales en los municipios de Potosí y Oruro. La Comisión tomó nota además de que en junio y julio de 2014, se detectaron 145 jóvenes de menos de 18 años de edad trabajando en las explotaciones mineras de Cerro Rico. Por último, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual tenía el propósito de elaborar una política nacional destinada a erradicar el trabajo infantil en el plazo de los próximos dos años.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la OIE y de la CEPB, según las cuales es necesario que el Gobierno adopte un plan nacional para la eliminación del trabajo infantil, previa consulta con los interlocutores sociales.

La Comisión toma nota de que según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo inició acciones destinadas a los empleadores del sector minero para desalentarlos de que recurran al trabajo infantil. Así, el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo ha establecido Oficinas Móviles Integrales en las zonas alejadas en las que se sospecha la práctica de las peores formas de trabajo infantil, con inclusión de las zonas mineras. La Comisión lamenta tomar nota de que aún no se ha adoptado la política nacional de erradicación del trabajo infantil. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la política nacional de erradicación del trabajo infantil sea adoptada sin demora, y que proporcione informaciones a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que indique en qué medida la acción de las Oficinas Móviles Integrales ha sido eficaz para impedir que los niños realicen trabajos peligrosos en las minas, para librar a los niños de ese trabajo y asegurar su rehabilitación.

Artículo 5.  Mecanismos de vigilancia y aplicación en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de la falta de recursos en materia de inspección del trabajo y de las dificultades encontradas por los inspectores del trabajo para llegar a las plantaciones de la región del Chaco. La Comisión tomó nota asimismo de que las últimas informaciones proporcionadas por el Gobierno se limitaban a repetir los datos estadísticos ya facilitados, indicando que sólo el 5 por ciento de las inspecciones realizadas permitieron detectar el trabajo de niños menores de 14 años.

La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la inspección del trabajo incluye seis inspectores especializados en la erradicación progresiva del trabajo infantil. Indica que los inspectores realizan una labor de supervisión de las normas del trabajo relativas a todos los derechos fundamentales. El Gobierno señala también que en las zonas alejadas, en las que no existen oficinas del Ministerio de Trabajo, estableció Oficinas Móviles Integrales compuestas de inspectores del trabajo competentes para vigilar las normas del trabajo de manera exhaustiva. La Comisión toma nota de que en 2015, se realizaron 265 inspecciones en trabajo infantil, y todas fueron realizadas por las Oficinas Móviles Integrales. Por otra parte, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), según la cual ha realizado encuestas y diagnósticos relativos a la situación de los niños que trabajan en el servicio doméstico, las minas, por cuenta propia, en las plantaciones de caña de azúcar y los que realizan trabajos peligrosos, aunque toma nota de que el Gobierno no proporciona los resultados de esos estudios. El Gobierno indica que las encuestas y diagnósticos contribuyen a la elaboración de un plan de acción que estará coordinado por los municipios y departamentos gubernamentales. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones estadísticas actualizadas sobre los resultados de las inspecciones regulares y de las realizadas sin previo aviso, incluso las inspecciones efectuadas por los inspectores especializados en el trabajo infantil. Asimismo, pide al Gobierno que vele por que esas estadísticas indiquen claramente la naturaleza, la amplitud y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil, en particular en la cosecha de la caña de azúcar y de la castaña, así como en el sector minero. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la adopción del plan de acción antes mencionado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bosnia y Herzegovina

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1993)

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. 1. Federación de Bosnia y Herzegovina (FBiH). La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno de que una nueva ley del trabajo estaba en vías de adopción.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual, en virtud del artículo 57 de la nueva ley del trabajo de la FBiH, no podrá asignarse a un menor de edad un trabajo que requiera esfuerzo físico, se realice bajo tierra o bajo el agua, ni cualquier otro trabajo que entrañe algún tipo de peligro o un riesgo mayor para su vida, su salud, su desarrollo físico y su integridad moral, teniendo en cuenta sus características físicas y mentales. Se adoptará un reglamento para definir los tipos de trabajo a los que se hace referencia en el artículo 57. No obstante, el Gobierno señala que dicho reglamento no ha sido adoptado todavía. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, con arreglo al artículo 57 de la nueva ley del trabajo y de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, se adoptará una lista de actividades y ocupaciones prohibidas a menores de 18 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

2.  República Srpska. La Comisión expresó anteriormente su confianza en que el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para garantizar la inclusión, en la nueva ley del trabajo, de una disposición que autorice a las autoridades competentes a redactar una lista de tipos de trabajo peligrosos prohibidos a menores de 18 años de edad y a garantizar la adopción de esta lista.

La Comisión toma nota de que el artículo 103, 1), de la nueva Ley del Trabajo de la República Srpska, que entró en vigor en enero de 2016, establece que no podrán asignarse a menores de 18 años de edad trabajos que supongan un riesgo mayor o un esfuerzo físico, se realicen bajo el agua o la tierra, ni ninguna otra actividad que represente un mayor riesgo para su vida, su salud o su desarrollo físico o psicológico. En virtud del párrafo 2 del artículo 103, las actividades a las que se refiere el párrafo 1 deberán determinarse por el Ministerio en un reglamento. La Comisión toma nota con satisfacción de que el reglamento sobre los trabajos que no pueden asignarse a trabajadores jóvenes será adoptado y entrará en vigor el 18 de octubre de 2016.

3.  Distrito de Brčko. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el artículo 41 de la Ley del Trabajo establece que no podrán asignarse a menores de edad trabajos peligrosos o físicamente penosos, que se realicen bajo tierra o bajo el agua, así como tampoco ninguna otra tarea que represente un riesgo o un peligro para su vida, su salud o su integridad física o moral, y que estos tipos de trabajo deberán regularse por los convenios colectivos. El Gobierno señala además que está en vías de adoptarse una nueva ley del trabajo en el Distrito de Brčko, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en la adopción de listas de tipos de trabajo prohibidos a niños y jóvenes menores de 18 años, así como los tipos de trabajo proscritos por los convenios colectivos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita copias de estas listas tan pronto como hayan sido determinadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Botswana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 4, 1), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, el Consejo Consultivo Laboral Tripartito había preparado un proyecto de lista de tipos de trabajos peligrosos, que se había transmitido a los ministerios pertinentes para su aprobación. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los jóvenes aún no se ha finalizado. La Comisión expresa la firme esperanza de que la lista, que determina los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad, se adoptará en un futuro próximo. Solicita al Gobierno que transmita una copia de dicha lista una vez que se haya adoptado.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños víctimas de explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que se estaban realizando esfuerzos para impedir la explotación sexual comercial de niños y retirar a los niños de esta práctica, y que se había contratado a dos organismos de aplicación, a saber, Humana People to People y Childline Botswana, para trabajar en esta esfera. La Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para, en colaboración con la OIT/IPEC, proporcionar la asistencia directa necesaria y apropiada para liberar a los niños víctimas de explotación sexual comercial, y garantizar su rehabilitación y reintegración social.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud de la Ley de la Infancia de 2009, los niños víctimas de explotación sexual comercial son considerados niños que necesitan protección. Asimismo, toma nota de que, en virtud del artículo 54 de dicha ley, el ministro debe elaborar programas y adoptar medidas de rehabilitación (por ejemplo, el asesoramiento comunitario y otras formas de apoyo psicológico) para la reintegración social de los niños que han sido víctimas de abusos o de explotación. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para liberar a los niños víctimas de explotación sexual comercial, y que proporcione la asistencia directa necesaria y apropiada a los niños y jóvenes que han sido víctimas de esta peor forma de trabajo infantil, con arreglo al artículo 54 de la Ley de la Infancia. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre el número de niños víctimas de explotación sexual comercial que han sido efectivamente retirados de estas prácticas, rehabilitados y reintegrados en la sociedad gracias a las medidas aplicadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Burkina Faso

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la última Encuesta nacional sobre el trabajo infantil (ENTE), el trabajo infantil afecta al 41,1 por ciento de los niños de 5 a 17 años de edad en Burkina Faso, es decir, 1 658 869 niños trabajadores. Cerca del 30 por ciento de los niños de 5 a 9 años y el 47,6 por ciento de los niños de 10 a 14 años, trabajan en sectores económicos variados. Al respecto, la Comisión tomó nota de que la mayoría de los niños que trabajan en la agricultura y la cría de ganado, y los grupos más expuestos, ejercen sus actividades como aprendices en la economía informal, en las minas de oro artesanales y, especialmente, en el caso de las niñas, como trabajadoras domésticas, vendedoras o aprendices. La Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó, el 15 de febrero de 2012, el Plan de Acción Nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil en Burkina Faso, 2011-2015 (PAN/PFTE), elaborado en colaboración con la OIT/IPEC, cuyo objetivo general es el de reducir la incidencia del trabajo infantil para 2015.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales, en el marco de la aplicación del PAN/PFTE, en 2013 se realizaron 126 controles en materia de trabajo infantil, 104 de los cuales tuvieron lugar en las minas de oro artesanales, 10 en los campos y 12 en el sector de la economía informal. Estos controles permitieron censar a 1 411 niños en situación laboral, 1 195 de los cuales se encontraban en el sector de las minas de oro artesanales y 215 en la economía informal (carpintería, mecánica, costura, pequeño comercio, etc.). El Gobierno también indica que, en 2013, tuvieron lugar 50 sesiones de creación de capacidad de los actores que intervienen en materia de lucha contra el trabajo infantil; se organizaron 107 encuentros de sensibilización que permitieron llegar a alrededor de 30 000 personas; y se creó el Comité Nacional de Coordinación (CNC) del PAN/PFTE. Además, el Gobierno indica que emprendió algunas acciones dirigidas a la creación de la capacidad de la inspección del trabajo en materia de inspección del trabajo de los niños, entre las que se encuentran la elaboración y validación de un módulo sobre el trabajo infantil con miras a su integración en los programas de formación de los inspectores y controladores del trabajo, y la creación de un plan de formación para los inspectores del trabajo, que abordan diversos aspectos, incluido el de la lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el PAN/PFTE ya no está en vigor. Sin embargo, toma nota de las informaciones del Gobierno comunicadas en su memoria presentada en relación con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), según las cuales el nuevo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PNDES), otorga un lugar destacado a la lucha contra el trabajo infantil. Entre otras cosas, el objetivo estratégico 4 del PNDES, prevé «promover el empleo decente y la protección social para todos, en particular para los jóvenes y los niños», siendo uno de los resultados esperados el de «reducir la proporción de los niños de 5 a 17 años implicados en las actividades económicas del 41 por ciento en 2006, al 25 por ciento en 2020». La Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien proseguir sus esfuerzos para garantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil. Al respecto, pide al Gobierno que se sirva comunicar informaciones detalladas sobre el impacto del PNDES y sobre cualquier otra medida relativa al número de niños trabajadores menores de 15 años que hayan podido, así, gozar de la protección otorgada por el Convenio, en particular en lo que atañe a los niños que trabajan en la economía informal. Además, la Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas dirigidas a la creación de capacidad de la inspección del trabajo, con el fin de que pueda vigilar el trabajo infantil, especialmente en el sector de la economía informal. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se disponga de datos actualizados suficientes sobre la situación del trabajo infantil, como las estadísticas recientes desglosadas por género y por grupo de edad y relativas a la naturaleza, la extensión y la evolución del trabajo de niños y adolescentes que trabajan no alcanzando la edad mínima especificada por el Gobierno en el momento de la ratificación, y extractos de los informes de los servicios de inspección.

Artículos 3, 2), y 9, 1).  Determinación de los trabajos peligrosos y sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según los resultados de la ENTE, el 39,3 por ciento de un total de 1 658 869 niños que trabajan en Burkina Faso están obligados a realizar actividades perjudiciales, y el 35,8 por ciento de los mismos están ocupados en actividades consideradas peligrosas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó el decreto núm. 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN, de 28 de mayo de 2009, sobre la determinación de la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual desde entonces se procedió a la revisión de la lista de los trabajos peligrosos, y se adoptó, con fecha 9 de junio de 2016, el nuevo decreto núm. 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF, que determina la lista de los trabajos peligrosos en Burkina Faso (decreto núm. 2016-504). De conformidad con el artículo 8 de este decreto, los autores de infracciones constitutivas de peores formas de trabajo infantil, son sancionados de conformidad con el artículo 5 de la Ley núm. 029-2008/AN, de 15 de mayo de 2008, sobre la Lucha contra la Trata de Personas y Prácticas Análogas, que prevé la reclusión penal de diez a veinte años, en caso de condena. Tomando nota con preocupación del importante número de niños ocupados en trabajos peligrosos en Burkina Faso, la Comisión pide al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del decreto núm. 2016-504 en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones concretas al respecto, comunicando especialmente estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, el número y la naturaleza de los accidentes y las lesiones, y las sanciones penales impuestas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, a) y d), y 7, 1), del Convenio. Trabajos peligrosos, venta y trata de niños, y sanciones. 1. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la gran importancia de la trata interna y transfronteriza de niños para la explotación de su trabajo. La Comisión también notó que, en sus observaciones finales de 2013 en aplicación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la escasez alarmante del número de procesamientos relativos, en particular, a la práctica de la «confiage» (colocación de los niños que viven en el campo en hogares en la ciudad, especialmente para que realicen tareas domésticas), que se asemeja con frecuencia a la venta de niños. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se impusieran sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra las personas declaradas culpables de trata de niños.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales 42 personas fueron identificadas como sospechosas, en virtud de la ley núm. 029-2008/AN, de 15 de mayo de 2008, sobre la lucha contra la trata de personas y prácticas análogas. De estos 42 sospechosos, diez fueron declarados culpables y condenados a penas impuestas por los tribunales. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 17 de octubre de 2016, el Comité de los Derechos Humanos sigue manifestando su preocupación por el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso en Burkina Faso (documento CCPR/C/BFA/CO/1, párrafo 35). Al respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria presentada en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), según la cual el informe nacional de 2015 sobre la trata de niños deja constancia de 1 099 niños presuntos víctimas de trata, dando cuenta las cifras parciales del informe nacional de 2016, en curso de elaboración, de 1 416 niños víctimas de trata. La Comisión nota que según la información proporcionada por el Gobierno, el número de procesos y condenas sigue siendo reducido. En consecuencia, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que se aplique con eficacia la ley núm. 029-2008/AN de 15 de mayo de 2008, sobre la lucha contra la trata de personas y prácticas análogas. Al respecto, solicita encarecidamente al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para fortalecer las capacidades de los organismos encargados de la aplicación de las leyes en la lucha contra la venta y la trata de niños menores de 18 años, incluso con formaciones y recursos adecuados. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los autores de actos de trata de niños sean objeto de investigaciones exhaustivas y de acciones judiciales rigurosas, y que se impongan en la práctica penas suficientemente eficaces y disuasorias. Además, solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones detalladas sobre el número de investigaciones iniciadas, de acciones judiciales, de condenas y de sanciones penales impuestas a este respecto.

Artículo 6.  Plan de acción y aplicación del Convenio en la práctica. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de que se suspendió la elaboración del Plan de acción nacional de lucha contra la trata y la violencia sexual que se infligen a los niños en Burkina Faso (PAN-LTVS), que define estrategias claras de lucha contra la trata y la explotación sexual de niños, a la espera de los resultados de un estudio de evaluación nacional de la lucha contra la trata de niños, que está en curso de finalización.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se han producido aún variaciones en la elaboración del PAN-LTVS y en la realización del estudio de evaluación nacional. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, en los más breves plazos, las medidas necesarias para garantizar la realización del estudio de evaluación nacional de lucha contra la trata de niños, así como la elaboración y la adopción del PAN-LTVS, y a que comunique informaciones sobre los progresos realizados al respecto, incluidos los resultados del estudio y los de la aplicación del PAN-LTVS.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y ayuda directa para librar a los niños de estas peores formas de trabajo y rehabilitarlos e insertarlos socialmente. 1. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno, a través del Ministerio de Acción Social y Solidaridad Nacional (MASSN), realizó actividades de sensibilización ante los principales agentes interesados por la venta y la trata de niños, y de que las víctimas de trata son alojadas en centros de tránsito y gozan de una asistencia alimentaria, médica, psicosocial, indumentaria y, en caso de necesidad, psicológica.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se realizaron en Burkina Faso acciones de prevención, protección, reinserción y represión, lo que dio lugar a la interceptación y al acompañamiento de 1 099 niños identificados como víctimas, presuntas víctimas o en riesgo de trata, entre los que se encontraban 563 niños y 536 niñas. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para impedir que los niños menores de 18 años se conviertan en víctimas de trata con fines de explotación económica o sexual y para librar a los niños víctimas de la venta y de la trata, y rehabilitarlos e insertarlos socialmente. Pide al Gobierno que siga comunicando informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

2.  Niños que trabajan en las minas de oro artesanales en África Occidental. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del proyecto elaborado conjuntamente con el UNICEF, sobre el trabajo infantil en las minas y canteras artesanales, en cuyo marco se realizó un estudio sobre el trabajo infantil en los sitios de las minas de oro y las canteras artesanales, en cinco regiones del país. Este estudio reveló que aproximadamente un tercio de la población de los 86 sitios de minas de oro artesanales, son niños — es decir, un total de 19 881 niños, un 51,4 por ciento de niños y un 48,6 por ciento de niñas — utilizados en todos los niveles de la producción de minerales, como el descenso en las galerías, el dinamitado de rocas, el pilado, la trituración, el cribado, la restauración, la venta de agua y el porteo de minerales a los almacenes.

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna información relativa a las medidas adoptadas para luchar contra el trabajo infantil en las minas de oro artesanales de Burkina Faso y al número de niños que hayan podido ser librados del trabajo en esas minas. Recordando que, en virtud del artículo 1 del Convenio, el Gobierno debe adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que se sirva adoptar medidas en un plazo determinado para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil en las minas de oro artesanales y garantizar su rehabilitación e inserción social. Insta firmemente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones concretas y detalladas sobre los progresos realizados al respecto y sobre los resultados obtenidos.

Apartado d).  Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos. Niños en situación de calle. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, en las observaciones finales de 17 de octubre de 2016, el Comité de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la magnitud y la persistencia de explotación de niños para la mendicidad (documento CCPR/C/BFA/CO/1, párrafo 35). Además, la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se realizó, en diciembre de 2016, en los 49 municipios urbanos del país, un censo del público destinatario, que permitió identificar a 9 313 niños y jóvenes en situación de calle, de los cuales 7 564 eran niños y 1 749 niñas. El Gobierno indica que está en curso de elaboración un programa de asistencia y que, mientras tanto, se realizan actividades de reinserción en la familia o de comienzo de un aprendizaje. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos y le solicita que siga comunicando informaciones sobre el número de niños en situación de calle que hayan podido ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil, y rehabilitados e insertados socialmente en el marco de las diversas medidas adoptadas a tal efecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique todas las demás medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado, para impedir que los niños menores de 18 años se conviertan en víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, como la mendicidad, y liberarlos de tales situaciones, asegurando su rehabilitación e inserción social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 2, 1), del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicó que el trabajo infantil constituye un grave problema en Burundi, especialmente en la agricultura y en las actividades informales en el medio urbano. La Comisión tomó nota de que las disposiciones del artículo 3 del Código del Trabajo, leídas conjuntamente con las del artículo 14, prohíben el trabajo infantil de los menores de 16 años de edad en las empresas públicas y privadas, incluidas las explotaciones agrícolas, cuando este trabajo se realiza por cuenta de un empleador y bajo su dirección. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual la cuestión relativa a la extensión de la aplicación de la legislación del trabajo al sector informal, debería discutirse en un marco tripartito, durante la revisión del Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre esta cuestión en la memoria del Gobierno. Sin embargo, observa que viene planteando esta cuestión desde 2005. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para extender el campo de aplicación del Convenio a los trabajos realizados al margen de una relación laboral, especialmente en el sector informal y en la agricultura. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones a este respecto.

Artículo 2, 3).  Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de las indicaciones de la CSI, según las cuales la guerra ha debilitado el sistema educativo, debido a la destrucción de numerosas escuelas y al fallecimiento o al secuestro de un gran número de docentes. Además, la Comisión tomó nota de que, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de 2004, sobre los datos relativos a la educación, el decreto-ley núm. 1/025, de 13 de julio de 1989, sobre la reorganización de la enseñanza en Burundi, no prevé una enseñanza primaria gratuita y obligatoria. El acceso a la enseñanza primaria se realiza a la edad de 7 u 8 años y dura seis años. Los niños finalizan, en consecuencia, la enseñanza primaria hacia los 13 o 14 años, debiendo pasar a continuación un examen de ingreso para acceder a la enseñanza secundaria. La Comisión tomó nota asimismo de que, desde la adopción de la Constitución de 2005, la educación básica ha pasado a ser gratuita y se triplicó el número de niños escolarizados. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, así como las disposiciones legislativas que prevén esta edad.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre esta cuestión en la memoria del Gobierno. La Comisión observa que el Gobierno adoptó un Plan sectorial de desarrollo de la educación y de la formación (2012-2020), que recomienda la mejora de la educación preescolar, a través del apoyo a las comunidades y del desarrollo de la enseñanza profesional, mediante el establecimiento de centros de enseñanza de oficios. Toma nota también del informe «PASEC2014 performances du système éducatif burundais», según el cual se produjo, también en la enseñanza primaria, un gran aumento de efectivos, pasando de 740 850 alumnos, en 2000, a 2 117 397, en 2014.

Por otra parte, la Comisión toma nota de la Ley núm. 1/19, de 10 de septiembre de 2013, sobre la Organización de la Enseñanza Básica y Secundaria, que reforzó la enseñanza fundamental, que pasó de seis a nueve años de escolaridad, a partir de los 6 años de edad. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según el artículo 35 de la ley de 2013, un niño que comienza a ir a la escuela a la edad de 6 años, completa su escolaridad obligatoria a la edad de 15 años, un año antes de la edad mínima de admisión al empleo, que es de 16 años (artículos 3 y 14 del Código del Trabajo). En consecuencia, la Comisión recuerda que es necesario vincular la edad de admisión al empleo o al trabajo con la edad en la que finaliza la instrucción obligatoria. Si la escolaridad termina antes de que los adolescentes puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). Por consiguiente, la Comisión considera que es importante elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria para hacerla coincidir con la edad mínima de acceso al empleo, como prevé el párrafo 4 de la Recomendación núm. 146. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar una educación gratuita y obligatoria a todos los niños hasta la edad mínima de acceso al empleo, que es de 16 años, como medio de combatir y prevenir el trabajo infantil. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas dirigidas a elevar las tasas de asistencia escolar de los niños menores de 16 años de edad y comunicar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en su comunicación, la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) indicó que la extrema pobreza en la que se encuentra la población, fuerza a los padres a autorizar que sus niños se dediquen a la prostitución. Tomó nota de que, si bien la legislación nacional prohíbe esta peor forma de trabajo infantil, sigue constituyendo un problema la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución. La Comisión se refirió asimismo a la Comisión de Aplicación de Normas que, en sus conclusiones de 2010, observó que, si bien la ley prohíbe la explotación sexual comercial de niños, ésta continúa siendo un tema de gran preocupación en la práctica (artículos 512 y 519 del Código Penal). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas y de las sanciones penales impuestas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su informe, según la cual se establecieron algunas medidas para luchar contra la ocupación de niños en la prostitución, incluyendo: i) el establecimiento de una política para la protección de los menores y en las costumbres, y ii) la gratuidad de la escolaridad en la enseñanza primaria y la instauración de comedores escolares. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Empleo, en colaboración con el UNICEF, encargó un estudio titulado «Evaluación rápida sobre la explotación sexual y comercial de los niños». Tomando nota de que el Gobierno no proporciona datos más recientes, la Comisión toma nota con preocupación de que, según esta encuesta, los niños de las zonas de pesca, especialmente en el sur del país, en Rumonge y en Makamba, son ocupados en la prostitución por los adultos (pág. 20). Toma nota asimismo de que, según este estudio, los cabarés, las fondas y otros establecimientos similares pululan en todas las localidades. Brindan a «los depredadores» un marco para los reencuentros y habitaciones. Las zonas fronterizas, especialmente las que existen con la República Unida de Tanzanía, son sitios en los que florece el turismo sexual que implica a niños. En el marco de este estudio, se señalaron casos de turismo sexual por visitantes (camioneros) o por ciudadanos de otros países (págs. 64 y 69). Al respecto, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que se sirva adoptar, con carácter de urgencia, medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se persiga a las personas que utilizan, reclutan u ofrecen niños menores de 18 años de edad para la prostitución, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas y de las sanciones penales impuestas.

Artículo 7, párrafo 2.  Medidas efectivas que deben adoptarse en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y su inserción social. Explotación sexual con fines comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre el número de niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales, que fueron efectivamente librados de esta situación y rehabilitados e insertados socialmente, especialmente tras la aplicación del Plan de acción nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (PAN), elaborado con colaboración con la OIT/IPEC, para el período 2010-2015.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el (mencionado) estudio de 2012 señaló que los niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales (ESC) o con riesgo de pasar a serlo, son sobre todo las niñas huérfanas y aquellas separadas de sus familias que van a la ciudad para ser contratadas como trabajadoras domésticas. El Gobierno indica asimismo que, de 307 niños interrogados, 92 (el 30 por ciento) declararon ser víctimas de ESC, mientras que 215 (el 70 por ciento) afirmaron ser testigos de ello. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que la encuesta realizada en el marco del estudio de 2012, revela que son víctimas de ESC los niños que pertenecen a todas las categorías específicas (niños en las cárceles y en situación de calle, niños trabajadores domésticos, niños en la escuela, niños desplazados o refugiados) (pág. 50). Según la encuesta, los implicados son, en su mayoría, personas que ofrecen una contrapartida económica o material, especialmente los comerciantes, los explotadores de minas, los extranjeros en tránsito y los militares. La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, el estudio recomienda al Gobierno la adopción de algunas medidas, que incluyen: i) el establecimiento de campañas de sensibilización y de formación de los miembros de la carrera judicial y el gran público, al igual que los docentes, los trabajadores sociales, el personal médico, los policías y los militares; ii) la lucha contra la impunidad, reforzando la función de los comités de protección del niño, y iii) la elaboración de programas de educación rápida que favorezcan el retorno a la escuela de las niñas-madres y de los niños víctimas de ESC. La Comisión pide firmemente al Gobierno que redoble sus esfuerzos para identificar y proteger a los niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales, y que adopte las medidas necesarias para asegurar que las víctimas identificadas sean orientadas hacia los servicios idóneos, con miras a su rehabilitación y reinserción en la sociedad. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camboya

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para coordinar planes de acción y cooperar con los interlocutores sociales a fin de eliminar el trabajo infantil en el país. Sin embargo, también tomó nota de que con arreglo a la Encuesta sobre la fuerza de trabajo y el trabajo infantil en Camboya de 2012, de un número estimado de 755 245 niños económicamente activos, el 56,9 por ciento, a saber 429 380 niños, estaba ocupado en el trabajo infantil en violación del Convenio, y el 55,1 por ciento de éstos, a saber 236 498 niños, realizaba trabajos peligrosos. Aproximadamente el 5,3 por ciento de los niños que realizaban trabajos peligrosos tenían entre 5 y 11 años, el 15,8 por ciento entre 12 y 14 años y el 42 por ciento entre 15 y 17 años. La Comisión expresó su preocupación por el número significativo de niños que no alcanzan la edad mínima para la admisión al empleo que trabajan en Camboya, incluso en trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que el Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo, Formación Profesional y Rehabilitación de los Jóvenes (MoSALVY) está intensificando sus esfuerzos para combatir todas las formas de trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno informa de la adopción de un nuevo Plan nacional de acción para la reducción del trabajo infantil y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016-2025 (NPA-WFCL). También toma nota de que el Gobierno señala que el NPA-WFCL, junto con el Programa de Trabajo Decente por País 2016-2018 y otras políticas nacionales, constituyen la Hoja de ruta para la eliminación de todas las formas de trabajo infantil. El Gobierno añade que el Comité Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil (NCCL), recientemente establecido, cuyo mandato va más allá del mandato del Subcomité nacional de lucha contra el trabajo infantil, es un eficaz órgano interministerial dirigido por el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional (MoLVT) que se ocupa de la supervisión de la aplicación efectiva de políticas y leyes, y de incrementar la sensibilización de la población en relación con las cuestiones relacionadas con el trabajo infantil.

Por último, la Comisión toma nota de que el proyecto de ampliación de la base de conocimientos empíricos y de reforzamiento de la investigación en materia de políticas a fin de incrementar y acelerar las medidas de lucha contra el trabajo infantil 2010-2017 (proyecto de recopilación de datos sobre el trabajo infantil), llevado a cabo en colaboración con la OIT, tiene por objetivo promover la generación de datos sobre el trabajo infantil y el uso eficaz de esos datos para elaborar y revisar las amplias políticas y programas nacionales a fin de hacer frente al trabajo infantil mejorando los medios de vida. La Comisión insta al Gobierno a continuar intensificando sus esfuerzos, incluso en el marco del NPA-WFCL y el Programa de Trabajo Decente por País, para eliminar el trabajo infantil, especialmente el trabajo peligroso, y le pide que proporcione información sobre los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo la información estadística actualizada sobre el empleo de los niños y los jóvenes que se obtenga a través del proyecto de recopilación de datos sobre el trabajo infantil.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. 1. Niños que trabajan en la economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había elaborado enmiendas a la legislación laboral camboyana a fin de garantizar la aplicación de una edad mínima para la admisión a todos los tipos de trabajo fuera de una relación de empleo, incluido el empleo por cuenta propia. Asimismo, tomó nota de que el MoLVT había elaborado nuevas órdenes administrativas (prakas) sobre el trabajo infantil en los sectores del tabaco y otros sectores agrícolas. El Gobierno también indicó que el MoLVT estaba buscando asistencia técnica y financiera para realizar investigaciones sobre los costos y beneficios de aplicar la edad mínima para trabajar en los sectores de la economía informal.

La Comisión toma nota de que, en relación con la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo, en su memoria el Gobierno señala que la Ley del Trabajo se aplica a todos los niños que trabajan, excepto a los que lo hacen en el sector doméstico, independientemente de si tienen una relación de empleo formal o informal. Sin embargo, la Comisión observa que el artículo 1 de la Ley del Trabajo establece que la ley «rige las relaciones entre empleadores y trabajadores resultantes de los contratos de trabajo». El artículo 3 dispone que un trabajador es una persona «que ha firmado un contrato de trabajo para trabajar a cambio de una remuneración y que trabaja bajo la dirección de otra persona». Por consiguiente, la Comisión observa que la Ley del Trabajo no se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. Sin embargo, la Comisión toma nota de que según el Gobierno, en 2015, el MoLVT creó una comisión (comisión jurídica del MoLVT) que se encarga de redactar textos legislativos y enmendar las leyes y los reglamentos en materia laboral. La Comisión está adoptando medidas para recopilar información sobre la aplicación de las leyes y los reglamentos en materia laboral en vigor, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una mejor protección de los niños en el mercado laboral.

La Comisión recuerda que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y cubre todos los tipos de empleo o de trabajo, exista o no una relación de trabajo contractual y tanto si el trabajo está remunerado como si no lo está. A este respecto, remitiéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 407), la Comisión subraya la importancia de garantizar que el sistema de inspección del trabajo controle efectivamente a los niños que trabajan en todas las esferas y sectores. Por consiguiente, la Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que el MoLVT ha establecido directrices normalizadas de inspección, es decir, ha adoptado una lista de control de la inspección del trabajo para incrementar la eficacia de la aplicación de la legislación en materia de trabajo infantil y centrarse en la supervisión y la inspección de casos de trabajo infantil. La Comisión espera que, al reforzar la capacidad de los inspectores del trabajo con miras a aumentar su eficacia en materia de supervisión del trabajo infantil, se cubra también la situación de los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que continúe adaptando y reforzando los servicios de inspección del trabajo a fin de velar por que la protección prevista por el Convenio se garantice a los niños que trabajan en esos sectores, y que trasmita información sobre los resultados alcanzados.

2.  Niños trabajadores domésticos. La Comisión había tomado nota de que, en virtud de su artículo 1, e), la Ley del Trabajo no se aplica a los trabajadores domésticos o sirvientes del hogar, que se definen como trabajadores que son contratados para cuidar al propietario de una casa o su propiedad a cambio de una remuneración. Tomó nota de que necesitan protección los niños especialmente las niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 17 años que trabajan en el servicio doméstico en casas de terceros donde pueden tener que realizar trabajos peligrosos. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) había financiado un proyecto a fin de ampliar la protección del Convenio a los trabajadores domésticos y sirvientes del hogar que no alcanzan la edad mínima para trabajar.

La Comisión toma nota con preocupación de que la edad mínima para el empleo o el trabajo aún no se aplica a los trabajadores domésticos y sirvientes del hogar. También toma nota de que el Gobierno indica que cree firmemente que, gracias a la creación de la comisión jurídica del MoLVT, se adoptarán y promulgarán nuevos instrumentos legales a fin de proporcionar protección plena y eficaz a todos los niños que trabajan. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, a través de la comisión jurídica del MoLVT o de otra forma, para ampliar la protección del Convenio a los trabajadores domésticos y empleados del hogar que no alcanzan la edad mínima de admisión al trabajo. Pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2, 3).  Escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación a que «la escolaridad es obligatoria durante nueve años y la escuela primaria y secundaria son gratuitas» (artículo 68 de la Constitución y Real decreto núm. NS/RKT/0796/52, de 26 de julio de 1996). La Comisión también tomó nota de que, con arreglo al sistema educativo de Camboya, los niños empiezan la escuela a los 6 años de edad y finalizan su escolaridad a los 15 años de edad.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, si bien los niños empiezan a asistir a la escuela a los 6 años de edad y la educación básica dura nueve años, las disposiciones de la Ley de Educación de 2007 indican que la educación básica es gratuita pero no es obligatoria. La Ley de Educación provee que los ciudadanos tienen derecho a una educación gratuita durante al menos nueve años (artículo 31) y los padres sólo tienen la obligación de matricular a sus hijos en el grado 1 del programa general de educación a la edad de 6 años (artículo 36). Remitiéndose al Estudio General de 2012 (párrafo 369), la Comisión recuerda que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil. Así, destaca la importancia de adoptar una legislación que prevea la obligatoriedad de la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, ya que en ausencia de disposiciones jurídicas que establezcan dicha obligatoriedad hay más probabilidades de que los niños de edades inferiores a la edad mínima sean ocupados en alguna forma de trabajo infantil. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para establecer la obligatoriedad de la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños y sanciones. La Comisión había tomado nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló que en Camboya los niños están expuestos a la trata con fines de explotación sexual y laboral. Hay niñas camboyanas y de etnia vietnamita de zonas rurales que son objeto de trata para que trabajen en burdeles, salas de masajes y salones, y niños vietnamitas, muchos de los cuales son víctimas de servidumbre por deudas, que viajan a Camboya y son obligados a prostituirse. Además, la corrupción a todos los niveles que afecta al Gobierno de Camboya continúa limitando mucho la aplicación efectiva de la Ley sobre la Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual. La Comisión tomó nota de que, en sus conclusiones adoptadas en la 104.ª reunión de la Conferencia, celebrada en junio de 2015, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia instó al Gobierno a aplicar efectivamente la legislación de lucha contra la trata.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que está adoptando medidas para garantizar que todas las personas que participan en la trata de niños, incluidos los funcionarios gubernamentales cómplices, son objeto de investigaciones y enjuiciamientos. El Gobierno también indica que, según el informe anual de 2016 sobre la lucha contra la trata de seres humanos, se detectaron seis casos de secuestro ilegal de menores en relación con los cuales se procedió al arresto de cinco sospechosos y a la liberación de 30 víctimas, y se detectaron 25 casos de explotación sexual de niños, en relación con los cuales se procedió al arresto de 25 sospechosos y a la liberación de 61 víctimas. Además, el Gobierno señala que todos los casos de trata de niños condujeron a la realización de procedimientos jurídicos y juicios. Si bien el Gobierno informa que se realizaron 138 juicios sobre casos de trata de seres humanos en los que se impusieron condenas y penas de prisión a 103 sospechosos, no transmite estadísticas específicas sobre la trata de niños. La Comisión insta firmemente al Gobierno a continuar adoptando medidas a fin de garantizar que la Ley sobre la Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual se aplique efectivamente. Asimismo, insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de los organismos de aplicación de la ley, incluso asignándoles recursos financieros y formaciones adecuadas, para combatir la venta y la trata de menores de 18 años, y le pide que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto. También pide al Gobierno que transmita información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones penales impuestas, concretamente en los casos de trata de niños para su explotación sexual o laboral.

Artículos 3, d), 4, 1), y 5.  Trabajo peligroso y mecanismos de control. 1. Trabajo peligroso en los sectores de las prendas de vestir y del calzado. La Comisión había tomado nota de los alegatos realizados por la CSI en relación a que hay niños (especialmente niñas) que realizan turnos largos, incluso durante la noche, a menudo manejando máquinas peligrosas, en las fábricas de confección de prendas de vestir y del calzado. A este respecto, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, en sus conclusiones adoptadas en junio de 2015, instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para impedir que los niños estén expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluso aumentando las inspecciones del trabajo tanto en la economía formal como en la economía informal.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que ha adoptado medidas concretas para impedir que los menores de 18 años realicen trabajos peligrosos y ofrecerles protección. El Gobierno también señala que los inspectores del trabajo llevan a cabo un control regular y especial de los lugares en los que está prohibido que los niños realicen trabajos peligrosos. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional (MoLVT), en cooperación con la OIT, ha elaborado y aplicado directrices para realizar inspecciones eficaces y regulares en materia de trabajo infantil. Según el informe anual para 2016 del MoLVT, 57 fábricas de prendas de vestir emplean a 635 niños de entre 15 y 18 años en condiciones legales que respetan la legislación laboral. El Gobierno también indica que el MoLVT trabaja en estrecha colaboración con todos los interlocutores sociales, incluida la OIT, para llevar a cabo inspecciones en relación con supuestos casos de trabajo infantil. Además, el Gobierno señala que, como resultado de ello, se han reducido los casos de niños que realizan trabajos peligrosos, que han pasado de 34 en 2014 a siete en 2015 y a cuatro en 2016. La Comisión también toma nota de que esta tendencia general se ve confirmada por el informe de síntesis, de junio de 2016, de Mejores Fábricas para Camboya (BFC), que es un programa llevado a cabo en colaboración con la OIT y la Corporación Financiera Internacional en el cual se realizan evaluaciones independientes sobre las condiciones de trabajo en las fábricas de prendas de vestir desde 2001. Según este 33.er informe de síntesis, si bien se detectó trabajo infantil en el 2 por ciento de las fábricas, en las que el BFC confirmó la presencia de trabajadores menores de edad (generalmente de entre 12 y 15 años), el número confirmado de casos de trabajo infantil se redujo de 65 en 2013 a 28 en 2014 y 16 en 2015. El BFC pudo trabajar con la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Camboya a fin de que estos trabajadores menores de edad fueran remitidos a centros de formación profesional. Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo insta a continuar sus esfuerzos para proteger a los menores de 18 años de los trabajos peligrosos en los sectores de las prendas de vestir y del calzado, y le pide que continúe proporcionando información sobre los resultados alcanzados.

2.  Trabajos peligrosos en el sector de la caña de azúcar. La Comisión había tomado nota de los alegatos de la CSI respecto a que en Camboya hay niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura, especialmente en las explotaciones de caña de azúcar y manejando y asperjando pesticidas y herbicidas, y cortando, atando y transportando cargas pesadas de caña de azúcar.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las inspecciones provinciales del trabajo continúan adoptando medidas preventivas y recomendando que los niños no deben realizar trabajos peligrosos en las explotaciones de caña de azúcar. Sin embargo, toma nota de que según la evaluación rápida del trabajo infantil en el sector de la caña de azúcar en áreas seleccionadas de Camboya de 2015, realizada por el Instituto de Estudios del Desarrollo de Camboya, en todos los campos de caña de azúcar en los que se realizó la evaluación se encontraron niños trabajando, algunos de los cuales con tan sólo 7 años de edad. Los resultados de la evaluación pusieron de relieve que el 54 por ciento de esos niños trabajan más horas de las permitidas. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los niños que trabajan en plantaciones comerciales, ya que el 82 por ciento de éstos trabajan superando las horas permitidas por las normas camboyanas. Además, se detectó que tanto el entorno laboral como las tareas realizadas por los niños, tales como trabajar con las hojas filosas de las plantas de caña de azúcar, en condiciones excesivamente calurosas y húmedas, cortando caña de azúcar y utilizando tractores manuales, eran extremadamente peligrosos y difíciles. Por consiguiente, se constató que el trabajo realizado por niños en el sector de la caña de azúcar puede calificarse de peligroso. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para proteger a los menores de 18 años de edad de los trabajos peligrosos tanto en los campos de caña de azúcar comerciales como en los que pertenecen a sus familias. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los progresos realizados y sobre el número de infracciones detectadas.

Artículo 8.  Cooperación internacional. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para incrementar la cooperación internacional en la lucha contra la trata de niños y le pidió que intensificara sus esfuerzos a este respecto.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el MoLVT ha estado trabajando en estrecha colaboración con Tailandia y los países de la subregión del Mekong, sobre la base de diversos memorandos de entendimiento y del Plan Subregional de Acción 2015-2018 de la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata (COMMIT SPA IV), con miras a reforzar la cooperación en materia de lucha contra la trata de seres humanos y ayudar a las víctimas. El Gobierno también indica que, según el informe anual de 2016 del MoLVT, 360 000 migrantes indocumentados estaban regularizando su situación a través del Plan bilateral de acción entre Camboya y Tailandia (2016-2018), y 517 niños (de los cuales 230 eran niñas) que fueron encontrados trabajando en la construcción y en fincas donde se cultiva la mandioca de Tailandia fueron devueltos a sus familias e integrados en comunidades a través del mecanismo nacional de derivación para apoyar a las víctimas de trata. Además, a través del COMMIT SPA IV, los países de la subregión del Mekong intercambiaron conocimientos, información y competencias en materia de creación de capacidades, y llevaron a cabo cursos de formación sobre identificación de las víctimas y procedimientos operativos estándar.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) titulado «Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailand», de agosto de 2017, si bien en los últimos años la trata de personas desde Camboya a Tailandia con fines de explotación sexual se ha reducido, Camboya se ha convertido en un país de destino para la trata con fines de explotación sexual desde Viet Nam y sufre niveles altos de trata interna. La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas para mejorar la cooperación internacional en materia de lucha contra la trata de niños, especialmente en lo que respecta a identificar, proteger y prestar asistencia a los niños víctimas de trata procedentes de Viet Nam. También pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto del COMMIT SPA IV en lo que respecta a cuántos niños víctimas de trata se han encontrado, han recibido ayuda y han sido devueltos a sus países de origen.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camerún

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

Artículos 1 y 2, 1), del Convenio. Política nacional, edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión comprobó que el Código del Trabajo se aplica únicamente en el marco de una relación de empleo y no protege a los niños que efectúan un trabajo sin una relación de empleo contractual. Ahora bien, la Comisión tomó nota de que más de 1 500 000 niños menores de 14 años trabajan en Camerún y más de una cuarta parte de los niños de 7 y 8 años están ocupados en una forma de trabajo económica (27 y 35 por ciento, respectivamente) y corren graves riesgos (abusos, lesiones y enfermedades) en el lugar de trabajo, en razón de su muy temprana edad. Además, 164 000 niños de 14 a 17 años están obligados a realizar un trabajo peligroso. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual los niños ejercen esencialmente sus actividades en la economía informal.

La Comisión tomó nota de que los recursos asignados a la inspección del trabajo no bastan para realizar encuestas eficaces y ésta no realiza inspecciones en el sector de la economía informal. Tomó nota de la adopción del Plan de Acción Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (PANETEC), 2014-2016, en el marco del cual el fortalecimiento de los medios de intervención de los inspectores del trabajo y la extensión de su campo de intervención, constituyen prioridades de acción. En consecuencia, se destinarán recursos (en materia de logística, transportes, presupuesto de funcionamiento y de operaciones) a los servicios de inspección del trabajo para permitirles ampliar con eficacia sus intervenciones contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil, inscribió las actividades vinculadas con la lucha contra el trabajo infantil en el programa y presupuesto del Estado. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de la indicación del Gobierno según la cual aún no se adoptó el PANETEC, lo cual frena la eficacia de su aplicación. La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica, formal o informal, y que comprende todos los tipos de empleo o de trabajo, sean o no realizados sobre la base de una relación de trabajo subordinada y sean o no remunerados. En relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 345), la Comisión observa nuevamente que, en algunos casos, el limitado número de inspectores del trabajo no permite abarcar a toda la economía informal. Es por ello que invita a los Estados parte a reforzar las capacidades de la inspección del trabajo.

La Comisión debe expresar nuevamente su profunda preocupación ante el número considerable de niños que trabajan en Camerún, incluidos los trabajos peligrosos. La Comisión vuelve a instar firmemente al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar la erradicación efectiva del trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, incluso en los trabajos peligrosos, velando especialmente por que se refuerce la inspección del trabajo en el sector informal. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto. Pide también al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre la ejecución en la práctica de las inspecciones realizadas por la inspección del trabajo en materia de control del trabajo infantil, comunicando informaciones sobre el número de casos de violaciones registrados y extractos de los informes de los inspectores del trabajo. Por último, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en los más breves plazos, el PANETEC.

Artículo 2, 3).  Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la tasa de asistencia escolar de los niños que trabajan es netamente inferior a la de los niños que no trabajan, con independencia de la edad de éstos. La tasa de escolarización es del 70 por ciento en los niños de 6 a 14 años que trabajan, pero se sitúa en el 86 por ciento en los niños que no trabajan.

La Comisión toma nota de que el sistema educativo de Camerún se rige por la ley núm. 98/004, de 14 de abril de 1998, de orientación de la educación en Camerún. En virtud del artículo 9 de esta ley, en Camerún es sólo obligatoria la educación primaria. Ahora bien, ésta comienza a la edad de 6 años (tras dos años de enseñanza preescolar) y se desarrolla en un período de seis años (artículo 16). Esto significa que en Camerún la enseñanza obligatoria finaliza a los 12 años de edad, es decir, dos años antes de la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo (14 años). En relación con el Estudio General de 2012, la Comisión observa que, si la escolaridad obligatoria terminara antes de que los niños puedan trabajar legalmente, podría producirse un vacío que lamentablemente dejaría abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (párrafo 371). Por consiguiente, la Comisión considera que es conveniente elevar la edad de finalización de la escolaridad para que coincida con la edad mínima de admisión al empleo, como prevé el párrafo 4 de la Recomendación núm. 146. Recordando que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se haga obligatoria la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir, los 14 años.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), 5 y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños, mecanismos de vigilancia y sanciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de que según las estimaciones del estudio desarrollado conjuntamente por el Gobierno y el programa «Entendiendo el trabajo infantil» de 2012, en el Camerún entre 600 000 y 3 millones de niños son víctimas de trata. Tomó nota de que la ley relativa a la trata y el trabajo infantil núm. 2005/015 fue derogada y sustituida por la adopción de la ley núm. 2011/024, cuyo campo de aplicación se amplió. La Comisión tomó nota asimismo de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales señaló que el Gobierno procedió a diez investigaciones sobre la trata de niños en 2013, lo que difícilmente puede ser considerado como una respuesta adecuada ante la magnitud del fenómeno. En el marco de la Comisión de Aplicación de Normas, en la 104.ª Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2015, el representante gubernamental del Camerún en la Comisión de la Conferencia subrayó que el escaso número de investigaciones debe estar relacionado con el escaso número de denuncias presentadas.

La Comisión toma nota de que las disposiciones de la ley núm. 2011/024, fueron integradas al nuevo Código Penal, adoptado por la ley núm. 2016/007 (artículo 342-1). También toma nota de las informaciones del Gobierno en su memoria, según las cuales todos los agentes implicados en la lucha contra el trabajo infantil, especialmente los responsables de los servicios descentralizados de las administraciones sectoriales, fueron sensibilizados sobre la lacra que significa la trata y que se les recomendó denunciar sistemáticamente todo caso comprobado de práctica de tráfico y de explotación de niños con fines comerciales. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no responde a las preocupaciones de la Comisión en lo que atañe a la escasez de investigaciones y de acciones judiciales relativas a la trata de niños en el Camerún.

La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno, que en virtud del artículo 5 del Convenio, los Estados Miembros deben establecer o determinar mecanismos idóneos para controlar la aplicación de las disposiciones que dan efecto a este instrumento, con independencia de las denuncias presentadas por las víctimas. Además, en relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión señala que las sanciones establecidas sólo serán eficaces si se aplican en la práctica, lo que supone la existencia de procedimientos que permitan acudir a las autoridades judiciales en caso de violación, y que estas autoridades sean vivamente alentadas a aplicar tales sanciones (párrafo 639). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para velar por que los mecanismos de vigilancia sean suficientemente adecuados para detectar los casos de venta y trata de niños. Le solicita asimismo que adopte las medidas necesarias para que se realicen investigaciones exhaustivas y se lleve a término el enjuiciamiento firme de las personas que se dedican a la venta y a la trata de niños menores de 18 años, especialmente reforzando la capacidad de los órganos encargados de la aplicación de las disposiciones del artículo 342-1 del nuevo Código Penal y de la ley núm. 2011/024, y que garantice que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Por último, solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto, así como sobre los resultados obtenidos, desglosadas, en lo posible, por edad y por género de las víctimas.

Artículo 3, b) y c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y para la realización de actividades ilícitas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley relativo al Código de Protección del Niño y el relativo al Código de la Familia, se han integrado a la ley sobre el Código Civil en revisión (cuya finalización está en curso), y deben tener en cuenta los aspectos vinculados con la utilización y el reclutamiento de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de actividades ilícitas, especialmente la producción de estupefacientes. Además, la Comisión tomó nota de que la Comisión de la Conferencia solicitó encarecidamente al Gobierno que adoptara y aplicara el Código de Protección del Niño, pendiente desde hace aproximadamente diez años, con el fin de prohibir la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños para los fines mencionados.

La Comisión toma nota con preocupación de la indicación del Gobierno según la cual el Código Civil sigue en proceso de revisión. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Código Penal reprime todas las actividades ilícitas. Al respecto, la Comisión observa, además, que el Camerún adoptó un nuevo Código Penal mediante la ley núm. 2016/007, cuyos artículos 344 y 346 prohíben la corrupción de la juventud y los actos de indecencia grave en presencia de una persona menor. Sin embargo, la Comisión observa que, ni estas disposiciones, ni las disposiciones que reprimen las actividades ilícitas prohíben de manera adecuada la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, o para la realización de actividades ilícitas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el hecho de que prospere la solicitud de asistencia técnica, permitirá la obtención de las competencias necesarias para abordar esta cuestión. Tomando nota de que esta cuestión viene siendo planteada por la Comisión desde hace más de diez años, la Comisión vuelve a instar firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la legislación del Camerún prohíba, en los más breves plazos, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de actividades ilícitas, ya sea mediante la adopción del Código de Protección de la Infancia, ya sea mediante la adopción de cualquier otro texto legislativo que incluya las disposiciones pertinentes. Además, deben adoptarse asimismo, con carácter de urgencia, las sanciones suficientemente disuasorias que correspondan a las mencionadas infracciones.

Artículo 4, 3).  Examen periódico y revisión de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la CSI, según las cuales aproximadamente 164 000 niños con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, ejercen actividades peligrosas en el Camerún. La Comisión comprobó que la orden núm. 17, relativa al trabajo infantil, de 27 de mayo de 1969 (orden núm. 17) — adoptada hace más de 48 años —, no prohíbe el trabajo bajo el agua, ni los trabajos a alturas peligrosas, como ocurre en el caso de los niños que trabajan en la pesca o en la cosecha del banano. Al respecto, la Comisión tomó nota de que la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a que revisara, con carácter de urgencia, y en consulta con los interlocutores sociales, la lista de los trabajos peligrosos establecida mediante la orden núm. 17, con el fin de impedir que los niños menores de 18 años estén ocupados en actividades peligrosas, incluso en los trabajos realizados bajo el agua y a alturas peligrosas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se prevé, para 2018, la revisión de la lista de los trabajos peligrosos, que será realizada con los interlocutores sociales. A tal efecto, el Gobierno indica que la Oficina de la OIT en Yaundé contrató a un consultor que dio inicio al proceso de revisión de esta lista. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar, en los más breves plazos, la adopción de la lista revisada y adaptada de los trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, en consulta con los interlocutores sociales. Pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados al respecto.

Artículo 7, 2).  Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. Huérfanos del VIH y el sida. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según las estimaciones del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida (ONUSIDA), aproximadamente 310 000 niños quedaron huérfanos a causa del VIH y el sida, en 2014, en el Camerún. La Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales esta problemática es objeto de debates y de profundas reflexiones por parte de los miembros del Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil, que es el órgano que se estableció en 2014 para aplicar el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de las Peores formas de Trabajo Infantil (PANETEC), 2014-2016. El Gobierno indicó que se prevén, en el marco del PANETEC, acciones dirigidas a la continuación de la labor de acondicionamiento de las estructuras de acogida de los huérfanos a causa del VIH y el sida, especialmente aplicadas por los representantes de los Ministerios de Salud Pública y de Asuntos Sociales. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, si bien el PANETEC fue validado técnicamente, no se adoptó oficialmente.

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, no sólo sigue sin adoptarse el PANETEC, sino que, según las estimaciones de ONUSIDA para 2016, el número de niños huérfanos a causa del VIH y el sida llegó a 340 000. Recordando que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida son niños que corren especialmente un mayor riesgo de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que adopte medidas eficaces e inmediatas para proteger a los niños huérfanos a causa del VIH y el sida contra estas peores formas de trabajo. Le pide nuevamente que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto y sobre los resultados obtenidos, así como sobre el número de niños huérfanos del VIH y el sida que hayan sido recibidos por las estructuras de acogida establecidas para su beneficio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículos 1 y 2, 1), del Convenio. Política nacional, ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo establece que sus disposiciones no se aplican a los trabajadores independientes (artículo 2), sino que regulan únicamente las relaciones profesionales entre los trabajadores y los empleadores derivadas de un contrato de trabajo (artículo 1). En este sentido, la Comisión observó con preocupación que el 57 por ciento de los niños entre 5 y 14 años ejercían una forma de trabajo en el país (44 por ciento de los niños y 49 por ciento de las niñas) y que un número todavía más elevado de estos niños trabajan en la economía informal, a menudo en trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que se está elaborando una política nacional destinada a la erradicación progresiva del trabajo infantil. Además, señaló que se han realizado actividades en colaboración con el UNICEF con miras a sensibilizar a los operadores económicos sobre la protección de los niños que trabajan en la economía informal y en trabajos peligrosos, ya que el Gobierno, debido a dificultades financieras, no se encuentra en condiciones de fortalecer las capacidades de los servicios de la inspección del trabajo para garantizar que estos niños puedan gozar de la protección del Convenio.

Habida cuenta del número considerable de niños menores de 14 años que trabajan en el país, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno señala en su memoria que esta política nacional no ha logrado hacerse realidad por falta de financiación. La Comisión, no obstante, señala que, según las informaciones del Gobierno, el impacto de las actividades de sensibilización realizadas en colaboración con el UNICEF se refleja en la reducción del número de niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal, la incorporación de los niños en las familias de acogida o en su propia familia, o en la atención que reciben del Ministerio de Asuntos Sociales o de las ONG instaladas en el país. Al tiempo que observa que el Gobierno recuerda que se viene adoptando desde hace muchos años una política nacional destinada a erradicar de forma efectiva el trabajo infantil, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas inmediatas para elaborar y poner en práctica dicha política a la mayor brevedad. Insta firmemente al Gobierno también a que adopte medidas para garantizar que los niños que trabajan en el sector informal gocen de la protección prevista en el Convenio, y a que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3, 1) y 2).  Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 261 del Código del Trabajo dispone que un decreto conjunto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública, previo dictamen del Consejo Nacional Permanente del Trabajo, determinará la naturaleza de los trabajos y las categorías de las empresas en las que se prohíbe trabajar a los niños, así como la edad límite a la que se aplica dicha prohibición. Según el Gobierno, es inminente la adopción de este decreto.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Dirección General del Trabajo y la Protección Social ha presentado una petición al UNICEF, en el mes de noviembre de 2016 para que elabore una lista con los trabajos que constituyen las peores formas de trabajo infantil, pero que no se ha dado curso a dicha petición. La Comisión toma nota por tanto con preocupación de que la República Centroafricana sigue sin contar con una lista en la que se especifiquen los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, a pesar del hecho de que el Código del Trabajo fue adoptado en 2009, hace casi diez años. Recordando que, en virtud del artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de trabajos peligrosos deben ser determinados en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para asegurar que la lista de empleos o trabajos prohibidos a los niños y adolescentes menores de 18 años sea adoptada a la mayor brevedad. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 9, 3).  Registro del empleador. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 331 del Código del Trabajo prevé que algunas empresas o establecimientos, así como determinadas categorías de empresas o establecimientos, mediante decreto del Ministerio de Trabajo, previa consulta al Consejo Nacional Permanente del Trabajo, pueden estar eximidas de la obligación de mantener un registro del empleador debido a su situación, su escasa importancia o la naturaleza de su actividad. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 9, 3), del Convenio no prevé tales excepciones.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala nuevamente que ha tenido en cuenta la observación de la Comisión en la que le invita a procurar poner la legislación pertinente en conformidad con esta disposición del Convenio. La Comisión observa con profunda preocupación que viene planteando este punto desde 2003 y que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para poner su legislación en consonancia con lo dispuesto en el Convenio en este punto, a pesar de haber tenido la ocasión de hacerlo durante la adopción de un nuevo Código del Trabajo en 2009. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para velar por que su legislación esté en consonancia con lo dispuesto en el Convenio, garantizando a la mayor brevedad que ningún empleador esté exento de cumplir con la obligación de mantener un registro de los menores de 18 años que trabajan a su servicio.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, a), del Convenio. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de la adopción del Código del Trabajo de 2009, que prohíbe el reclutamiento forzoso obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, los niños siguen vinculados con distintos grupos armados y milicias de autodefensa locales. De hecho, sigue habiendo niños alistados en el ejército y luchando en los distintos grupos armados. La Comisión tomó nota de que la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana no ha cesado de agravarse a largo de 2013 con la multiplicación de grupos armados y el cambio de alianzas entre ellos: numerosos grupos armados que han propiciado el surgimiento de la coalición Séléka o que están más o menos vinculados a la antigua coalición Séléka; por otra parte, las milicias antibalaka, una milicia de defensa local aparecida durante el segundo semestre del año para responder a los ataques sistemáticos perpetrados por la antigua coalición Séléka contra la población civil. Las milicias antibalaka al igual que la coalición Séléka se han dedicado sistemáticamente a reclutar y utilizar niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la situación de la seguridad en la República Centroafricana sigue estando entre las preocupaciones principales del Gobierno. El Gobierno señala que, en el marco del documento de estrategia de Recuperación y Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (2017-2021) (RCPCA), y su principal epígrafe titulado «Mantener la paz, la seguridad y la reconciliación», el Gobierno ha puesto en marcha el proceso de desarme, desmovilización, reinserción y repatriación, así como la reforma del sector de la seguridad, con miras a pacificar el país. El Gobierno señala que esta situación de seguridad permitirá la reorganización de la administración en el conjunto del territorio, así como la restauración de la autoridad del Estado con miras a llevar a cabo investigaciones judiciales y enjuiciar a los autores de reclutamiento forzoso de niños.

Además, la Comisión toma nota de que, según informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, sobre la suerte que corren los niños en épocas de conflicto armado en la República Centroafricana, de 12 de febrero de 2016 (informe del Secretario General), se firmó en Brazzaville, el 23 de julio de 2014 un acuerdo de cesación de las hostilidades, que condujo al restablecimiento gradual de la calma en Bangui, y fijó las reglas básicas para la conclusión del proceso de transición: entre otras la celebración de elecciones, el proceso de desarme, la desmovilización y reintegración, y la reconciliación nacional (documento S/2016/133, párrafo 12). El Secretario General señala además que el Foro de Bangui sobre la reconciliación nacional, celebrado en mayo de 2015, y las consultas populares en todo el país que lo precedieron, culminaron en la firma de un acuerdo sobre los principios del desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación, y la integración de los elementos armados en las fuerzas militares centroafricanas. El 5 de mayo de 2015, diez grupos armados, incluidas facciones de la antigua Séléka y grupos antibalaka, firmaron un acuerdo para detener y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y otras violaciones graves cometidas contra los niños (párrafo 14). La Comisión toma nota además de que, según la descripción del programa de país propuesta por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sometida al Consejo de Administración del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 10 de agosto de 2017, la República Centroafricana sale paulatinamente de la inestabilidad institucional y sociopolítica con la promulgación de una nueva Constitución, en marzo de 2016, y la organización de elecciones presidenciales democráticas y transparentes a principios de 2016 y de elecciones legislativas en abril de 2016. No obstante, los grupos armados siguen controlando los recursos naturales del país, lo cual amenaza la cohesión social y el acceso a los servicios básicos (documento E/ICEF/2017/P/L.27, párrafo 1).

La Comisión toma nota, sin embargo, de que, según el informe del Secretario General, un estudio auspiciado por el UNICEF de 2014 calculó que entre 6 000 y 10 000 niños estaban vinculados a grupos armados, un aumento atribuido al recrudecimiento de la actividad de los grupos armados antibalaka desde 2013, (documento S/2016/133, párrafo 17). Según el informe del Secretario General, los niños no sólo sufrieron abusos al ser usados en los combates y como esclavos sexuales, sino que también fueron obligados a realizar diversas funciones de apoyo, incluso como informantes. A partir de 2014, los niños se han utilizado cada vez más para cometer violaciones contra los civiles. El Secretario General señala que, en 2015, 39 niños (28 niños y 11 niñas) habían sido reclutados, la mayoría (21 niños) por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), y también por facciones de la antigua Séléka, como la Unión para la Paz en Centroáfrica (UPC) (13 niños). Sin embargo, durante el estallido de violencia que tuvo lugar el 26 de septiembre, se vieron cientos de niños ocupando puestos de control o erigiendo barricadas en Bangui (párrafo 22). Además, según el informe de la Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, de 28 de julio de 2017 (informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana), la Oficina de la Coordinación de asuntos humanitarios considera que quedarían aún entre 4 000 y 5 000 niños alistados (documento A/HRC/36/64, párrafo 69).

A pesar de los avances realizados en lo que concierne la estabilidad del país, la Comisión expresa su profunda preocupación por la situación actual, por cuanto la práctica del reclutamiento lleva aparejada otras violaciones de los derechos de los niños, tales como el rapto, el asesinato y la violencia sexual. La Comisión reitera nuevamente que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados está considerado como una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas de carácter inmediato y eficaz para garantizar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con toda urgencia. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de un conflicto y de grupos armados en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por parte de los grupos armados del país. Además, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y se persiga eficazmente a las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión le ruega que comunique informaciones sobre el número de investigaciones realizadas, procedimientos incoados y condenas pronunciadas en aplicación de lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Artículo 7, 2).  Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados b) y c). Ayuda directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y garantizarles el acceso a la educación y la formación profesional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno ha adoptado medidas, en cooperación con el UNICEF, para prever una ayuda directa e idónea para sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social. No obstante, la Comisión observó que el aumento de la inseguridad había provocado que los niños volvieran a alistarse, y que la inseguridad había limitado la ayuda humanitaria en una gran parte del país. No obstante, la Comisión tomó nota de que el Gobierno de transición procedió a la revisión de la estrategia nacional de desarme, desmovilización y reintegración y que la ONU trabajaba en estrecha colaboración con las autoridades de transición sobre esta cuestión, con el objetivo de dedicar a este asunto las disposiciones pertinentes en la estrategia nacional en relación con el desarme, la desmovilización y la reintegración de los niños.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General, de enero de 2014 a diciembre de 2015, el equipo de tareas de supervisión y presentación de informes retiró a 5 541 niños (4 274 niños y 1 267 niñas), de los grupos armados. Pese a todo, el equipo de tareas pudo documentar que un total de 715 niños, entre ellos 114 niñas, habían sido nuevamente reclutados y utilizados (documento S/2016/133, párrafo 17). Según el informe del Secretario General, desde diciembre de 2013 y a lo largo de 2014, el equipo de tareas verificó 464 casos de nuevos reclutamientos, incluidos 446 niños por las milicias antibalaka (360 niños y 86 niñas) y 18 niños por la antigua Séléka. Además, se identificó y verificó la presencia de 2 807 niños (2 161 niños y 646 niñas) entre los grupos armados incluidas las milicias antibalaka (2 347 niños), diferentes facciones de la antigua Séléka (446 niños), el LRA (13 niños) y un niño fue separado de Révolution et justice (párrafo 20). Por otra parte, según la descripción del programa de país propuesta por el UNICEF y sometida al Consejo de Administración del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, el 10 de agosto de 2017, de los 9 449 niños que fueron liberados de los grupos armados entre enero de 2014 y marzo de 2017 (el 30 por ciento de los cuales son niñas), sólo 4 954 se han beneficiado de programas de reinserción (documento E/ICEF/2017/P/L.27, párrafo 8).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las acciones prioritarias del Gobierno van encaminadas a luchar contra los flagelos sociales que atentan contra los derechos humanos. Con este fin, se ha puesto en práctica un conjunto de acciones, como la protección de los derechos de la mujer y el niño, el desarrollo de acciones humanitarias y el crecimiento económico por una paz duradera. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana, de 2 de junio de 2017, el UNICEF ha prestado su apoyo para la reintegración de 420 niños liberados de los grupos armados, y 239 niños (de los cuales 55 niñas) han sido separados de los grupos antibalaka (documento S/2017/473, párrafo 36). Además, en el marco de los esfuerzos destinados a poner fin a la presencia de niños entre los grupos armados, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), desplegada en septiembre de 2014 para reemplazar la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana, bajo dirección africana, organizó una campaña de una semana en febrero de 2017, en colaboración con los interlocutores locales, para sensibilizar a los grupos armados, los miembros de la comunidad y las autoridades de cinco localidades sobre la repercusión de los conflictos armados en los niños. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y de la dificultad de la situación en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para prever una ayuda directa y adecuada a fin de sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social de modo que se garantice su desmovilización de forma duradera y definitiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados en el Chad, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafos 45 y 46), a pesar de los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011 sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, y, aunque el ejército nacional del Chad no reclutó a niños como cuestión de principio, el equipo de tareas en el país verificó 34 casos de reclutamiento de niños por el ejército durante el período sobre el que se informa. Los 34 niños parecían haber sido reclutados en el marco de la campaña que había tenido lugar a tal efecto en febrero y marzo de 2012 y en el curso de la cual el ejército había conseguido 8 000 nuevos reclutas. A este respecto, la Comisión toma nota de la nueva Hoja de ruta, de mayo de 2013, adoptada como consecuencia de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de acción sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, con objeto de conseguir que se respete íntegramente el plan de acción de 2011 por el Gobierno del Chad y el equipo de tareas de las Naciones Unidas. La Comisión observó que, en el marco de esta Hoja de ruta, una de las prioridades consiste en acelerar la adopción del anteproyecto del Código de Protección de la Infancia, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de personas menores de 18 años en las fuerzas nacionales de seguridad y prevé sanciones a estos efectos. Por otra parte, se han previsto para 2013 procedimientos de quejas transparentes, eficaces y accesibles en los casos de reclutamiento y utilización de niños, así como la adopción de medidas destinadas a investigar de forma inmediata e independiente todas las denuncias de reclutamiento y utilización de niños dignas de crédito, e iniciar acciones penales y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes.

La Comisión toma nota de las informaciones que figuran en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, publicado el 15 de mayo de 2014, sobre la suerte de los niños en época de conflicto armado (documento A/68/878-S/2014/339). Según este informe, el despliegue de efectivos chadianos en el marco de la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) imprimió una nueva dinámica a la aplicación acelerada del Plan de acción firmado en junio de 2011 para prevenir y eliminar el reclutamiento de menores en el ejército nacional del Chad, y las autoridades del país reafirmaron su compromiso de colaborar constructivamente con las Naciones Unidas para acelerar la aplicación del Plan de acción. El Gobierno del Chad, en colaboración con las Naciones Unidas y otros asociados, ha adoptado importantes medidas para cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, en octubre de 2013, se aprobó una directriz presidencial por la que se confirmó que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y de seguridad era de 18 años. Esta directriz establece asimismo procedimientos de verificación de la edad y prevé sanciones penales y disciplinarias contra quienes violen esas órdenes. La directriz se distribuyó a los jefes de las ocho «zonas de defensa y seguridad» entre otras cosas, en el contexto de varias misiones de capacitación y verificación. Además, el 4 de febrero de 2014 se tipificó por decreto presidencial, como delito, el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados.

No obstante, el Secretario General afirma que, si bien los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir todas las obligaciones en el marco del plan de acción se tradujeron en importantes avances, persisten sin embargo algunos problemas por resolver para asegurar la sostenibilidad y la prevención efectiva frente a las violaciones que atenten contra los derechos de los niños. El Chad debería llevar a cabo un proceso amplio y exhaustivo de inspección y capacitación de sus fuerzas armadas y de seguridad para seguir previniendo la presencia de niños en sus filas, en particular, teniendo en cuenta la participación creciente del país en operaciones de mantenimiento de la paz. Aunque las Naciones Unidas no documentaron ningún nuevo caso de reclutamiento de niños en 2013 ni se encontraron niños en las inspecciones llevadas a cabo de forma conjunta con las autoridades chadianas, en las entrevistas concertadas se confirmó que, en el pasado, soldados menores de 18 años procedentes de grupos armados se habían integrado en el ejército nacional del Chad. Según el Secretario General, las autoridades del país deben seguir dando prioridad al fortalecimiento de los procedimientos operativos, en particular, los que atañen a la verificación de la edad, de forma que los culpables de estos delitos respondan de sus actos. Por último, el Secretario General invitó a la Asamblea Nacional a proceder, en el plazo más breve posible, al examen y la aprobación del Código de Protección de la Infancia, que reforzará aún más la protección de los niños en el Chad. La Comisión pide al Gobierno, por tanto, que intensifique sus esfuerzos para eliminar, en la práctica, el reclutamiento forzoso de los menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados, y a que proceda a la desmovilización inmediata y completa de todos los niños. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que se inicien investigaciones y acciones judiciales contra los infractores y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias a las personas declaradas culpables de haber reclutado y utilizado a niños menores de 18 años en los conflictos armados. Por último, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción del Código de Protección de la Infancia, en el plazo más breve posible.

Artículo 7, párrafo 2.  Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños reclutados y utilizados en un conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafo 49), se señaló que pese a ser alentadoras, las disposiciones adoptadas por el Gobierno para obtener la liberación de los niños movilizados, prestarles atención de inmediato y reunificarlos con sus padres o tutores no están aún en consonancia con los compromisos contraídos en el marco del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011, sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad. La Comisión tomó nota de que una de las prioridades que figuran en la Hoja de ruta de 2013 consiste en la liberación y el apoyo a la reinserción de los niños.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General, de 15 de mayo de 2014, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ocho «zonas de defensa y seguridad» se han establecido dependencias de protección de los niños para coordinar el seguimiento y la protección de los derechos de los niños y poner en práctica actividades de sensibilización. Entre agosto y octubre de 2013, el Gobierno y las Naciones Unidas llevaron a cabo actividades conjuntas de inspección y verificación de la edad de unos 3 800 efectivos del ejército nacional del Chad en las ocho zonas. Previamente, en un taller organizado por las Naciones Unidas en julio, se habían elaborado las normas de verificación de la edad. Además, entre agosto y septiembre de 2013, 346 miembros del ejército nacional del Chad asistieron a un programa de formación de instructores sobre protección de los niños. Desde julio de 2013, los efectivos del ejército nacional del Chad que se desplegarían en Malí comenzaron a recibir capacitación previa al despliegue sobre la protección de los niños y el derecho internacional humanitario, incluidos 864 efectivos de dicho ejército que asistieron, en diciembre, a un curso de capacitación sobre protección de los niños en el centro de capacitación de Loumia. La Comisión invita al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos y continúe colaborando con las Naciones Unidas para evitar el reclutamiento de los niños en los grupos armados y mejorar la situación de los niños víctimas de reclutamiento forzoso utilizados en los conflictos armados. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para que los niños soldados separados de las fuerzas y grupos armados se beneficien de la asistencia adecuada en materia de readaptación e integración social, incluida su reintegración en el sistema de enseñanza y, en su caso, en la formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que facilite, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Chile

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile), recibidas el 3 de noviembre de 2017.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Política nacional, trabajos peligrosos y aplicación del Convenio en la práctica. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), de 2012, que fue llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la OIT/IPEC. Tomó nota de que según la EANNA, el 6,6 por ciento de los menores de entre 5 y 17 años realizaban trabajo infantil y de éstos el 90 por ciento estaban ocupados en trabajos peligrosos. Por último, la Comisión también toma nota del Protocolo de detección y atención integral de niños, niñas y adolescentes en trabajo agrícola peligroso, que reconoce la extensión del trabajo infantil en este sector y prevé un plan para luchar contra él estructurado en cuatro etapas.

La Comisión toma nota de la observación de la CUT-Chile en la que se indica que, después de la EANNA de 2012, no se ha realizado ninguna otra encuesta para evaluar la extensión y la naturaleza del trabajo infantil en el país y que se necesitarían datos actualizados.

Asimismo, la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno menciona la Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, 2015-2025, «Crecer felices», cuyo objetivo principal es la eliminación duradera del trabajo infantil. Además, el Gobierno indica que, en 2015, en el marco del Programa contra el trabajo infantil y el Observatorio social contra el trabajo infantil se iniciaron dos estudios cualitativos, uno sobre trabajo infantil en el sector agrícola en las regiones del Maule, Biobío y Araucanía y el otro sobre trabajo infantil en el sector comercial en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. El Gobierno señala que estos estudios, que se realizaron en 2016, ponen de relieve que los adolescentes se incorporan precozmente al mundo laboral y que, en las zonas más rurales, los profesores desempeñan una función muy importante para que los niños permanezcan en la escuela. Asimismo, la Comisión toma nota con interés de que, según el Gobierno, en el marco del Protocolo de detección y atención integral de niños, niñas y adolescentes en trabajo agrícola peligroso, el decreto núm. 2, de 13 de enero de 2017, modificó y actualizó el decreto núm. 50, de 11 de septiembre de 2007, que establece la lista de las actividades consideradas peligrosas para el desarrollo y la salud de los menores de 18 años.

Por último, la Comisión toma buena nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las denuncias recibidas por la Dirección del Trabajo sobre infracciones en materia de trabajo infantil durante 2015 y 2016, así como sobre el número y la naturaleza de las sanciones impuestas. La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos, especialmente en el marco de la estrategia y el protocolo antes mencionados, para garantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil, incluidos los trabajos peligrosos. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información estadística actualizada sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias del trabajo de los niños y adolescentes que no han alcanzado la edad mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio, y que continúe transmitiendo información sobre el número y la naturaleza de las infracciones constatadas y de las sanciones impuestas.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación. La Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo no se aplica a las relaciones de trabajo que no se derivan de un contrato formal, tales como el trabajo infantil por cuenta propia. Sin embargo, también tomó nota de que los niños que realizan este tipo de trabajos estaban cubiertos por el programa Puente. Este programa apoyaba a las familias a condición de que los menores de 18 años no abandonasen la escuela para trabajar y no realizaran actividades peligrosas ni estuvieran ocupados en alguna de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma buena nota de la ley núm. 20595, de 2013, que crea el subsistema de Seguridades y Oportunidades y el programa Ingreso Ético Familiar (IEF). El Gobierno indica que, como el IEF ayuda a las familias en situación de extrema pobreza sin aplicar las condiciones del programa Puente, ha puesto fin a este último. Sin embargo, indica que dicho programa ha beneficiado a un total de 347 135 familias. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos, en el marco del programa IEF, para garantizar que ningún menor de 15 años realice trabajo infantil, incluso en el sector informal. Pide al Gobierno que transmita información a este respecto.

Artículo 8.  Espectáculos artísticos. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 16 del Código del Trabajo prevé que la autorización para que los menores de 15 años puedan realizar espectáculos artísticos puede ser concedida por un representante legal o por el tribunal de familia. Observó que, si el tribunal de familia es la autoridad competente para conceder autorizaciones para participar en representaciones artísticas, la autorización del representante legal del menor, por ejemplo de los padres, los abuelos o los tutores, por sí sola no resulta suficiente para cumplir las exigencias del Convenio.

La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley núm. 20821, de 18 de abril de 2015, modifica el artículo 16 del Código del Trabajo haciendo que la posibilidad de que los menores de 15 años participen en representaciones artísticas dependa de la doble condición de obtener el permiso expreso del representante legal y del tribunal de familia.

China

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 3, 1), del Convenio. Trabajos peligrosos realizados en el marco de programas de trabajo y estudio. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno indicó que el Ministerio de Educación ha reiteradamente promulgado circulares e impulsado sus labores de inspección con miras a garantizar un buen desarrollo de estos programas. Asimismo, el Gobierno indicó que los programas de trabajo y estudio deben formar parte de los programas normales de enseñanza y respetar su desarrollo, y no pueden, por ejemplo, conducir a modificaciones de las horas de trabajo sin permiso previo. Además, indicó que las escuelas que organizan programas de trabajo y estudio deben garantizar la seguridad de los estudiantes mediante la prohibición de que éstos realicen actividades peligrosas que les lleven a estar expuestos a sustancias tóxicas, o trabajos que rebasen sus capacidades físicas. La Comisión tomó nota, sin embargo, del informe de 2014 sobre la protección del trabajo de los aprendices en las empresas textiles y de prendas de vestir chinas, elaborado con la asistencia de la OIT, según el cual el 52,1 por ciento de los aprendices continúa trabajando en condiciones por debajo de los estándares nacionales mínimos de protección del trabajo, y el 14,8 por ciento realiza trabajos que no ha elegido y por coacción. Por consiguiente, la Comisión tomó nota con preocupación de que un número significativo de niños en edad escolar continúa realizando trabajos peligrosos en el contexto de los programas de trabajo y estudio. Además, recordó que las misiones de asistencia técnica llevadas a cabo en el contexto del proyecto de la Cuenta de Programas Especiales (SPA) en 2013, abordaron las formas en que podría plantearse el fortalecimiento del marco jurídico para proteger a los jóvenes que participan en los programas de trabajo y estudio.

La Comisión toma nota de la ausencia de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, la Comisión observa que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Recursos Humanos y Protección Social (MoHRSS), la Administración Estatal de Seguridad en el Trabajo y la Comisión Reguladora de Seguros de China, emitieron conjuntamente, en 2016, un reglamento de gestión del aprendizaje y enseñanza profesional. El artículo 15 dispone que los estudiantes menores de 16 años de edad no serán ocupados ni podrán participar en programas de pasantías y aprendizaje en el empleo, y que los estudiantes menores de 18 años de edad no deberán ser ocupados en labores prohibidas por el reglamento de protección especial de los trabajadores menores de edad. El artículo 16 del reglamento prohíbe el trabajo de los estudiantes durante los días festivos, el trabajo nocturno y la realización de horas extraordinarias de trabajo. Asimismo, el reglamento de gestión dispone la concertación de acuerdos de aprendizaje (artículo 12), el pago de la remuneración (artículo 17) y disposiciones relativas al seguro obligatorio con cobertura para la totalidad del período de aprendizaje (artículo 35). De conformidad con el artículo 27, la participación de los estudiantes menores de 16 años de edad en programas de pasantías o aprendizaje serán investigados y sancionados con arreglo a la reglamentación que prohíbe el trabajo infantil. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el reglamento de gestión de la formación profesional de los estudiantes se aplique eficazmente en la práctica, y que proporcione informaciones estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, así como las sanciones penales específicas aplicadas.

Artículo 8.  Representaciones artísticas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 13, 1), del reglamento sobre la prohibición del trabajo infantil de 2002, establece que las organizaciones de representaciones artísticas y deportivas pueden contratar artistas y atletas profesionales menores de 16 años con el consentimiento de sus padres o representantes legales. Según el informe de la misión de 2013 de la SPA, en 2012 hubo 2,01 millones de representaciones en China, en las que participaron 13 000 grupos de representaciones registrados, la mitad de los cuales incluyen a niños. En el informe se indicó que las unidades de empleo son responsables de la salud y protección de los niños, y que los solicitantes de permisos para que los niños puedan trabajar tienen que presentar pruebas de que éstos siguen la educación obligatoria. Según el informe, el representante gubernamental indicó que no existe un sistema de permisos individuales, que había existido en el pasado pero fue suprimido en 2002 por el reglamento sobre la prohibición del trabajo infantil. Por último, la Comisión tomó nota de que la OIT y el MoHRSS están de acuerdo en que la cuestión de los niños y jóvenes que participan en representaciones artísticas tiene que regularse con medidas legislativas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que, según las reglas de funcionamiento de las escuelas de enseñanza artística (ordenanza núm. 13, de 2002, del Ministerio de Educación), ninguna entidad o escuela estará autorizada a organizar estudiantes para participar en cualquier actividad artística comercial o en actividades de celebración de carácter comercial. Además, las organizaciones de estudiantes que participan en actividades competitivas o artísticas organizadas por grupos sociales, sectores culturales u otras organizaciones sociales deberán poner esa participación en conocimiento de las autoridades superiores (artículo 11). Sin embargo, el Gobierno indica que, al tratarse de reglas internas de funcionamiento del sector de la educación, este documento normativo carece de efectos jurídicos generales, y el Ministerio de Educación realiza esfuerzos para incorporarlo al proceso legislativo. Asimismo, el Gobierno señala que la participación de niños y adolescentes en representaciones de carácter comercial afecta principalmente a las actividades artísticas de interés público o para promoción del turismo local, así como a otras actividades especialmente organizadas para los niños. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 8 del Convenio, los niños que no alcanzan la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 16 años, pero llevan a cabo actividades artísticas, deben obtener los permisos que otorga la autoridad competente. Además, los permisos así concedidos limitarán el número de horas de empleo o trabajo y prescribirán las condiciones en que pueden llevarse a cabo. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para promulgar la legislación nacional que esté en conformidad con el artículo 8 del Convenio, especificando que los niños que no alcanzan la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 16 años, pero llevan a cabo actividades artísticas, deben obtener los permisos que otorga la autoridad competente. Además, al tomar nota de la ausencia de información, pide una vez más al Gobierno que transmita información sobre el número de niños que participan actualmente en representaciones artísticas de carácter comercial y actividades deportivas profesionales, con arreglo a la excepción prevista por el artículo 13, 1), del reglamento sobre la prohibición del trabajo infantil de 2002.

Artículo 9, 1).  Inspección del trabajo y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente de las dificultades que existen para estimar la extensión del trabajo infantil debido a la falta de notificaciones oficiales de los casos y la ausencia de transparencia en materia de estadísticas. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno ha empleado a consejeros sobre seguridad laboral de sindicatos y otras instituciones para supervisar el cumplimiento por los empleadores de las leyes y reglamentos nacionales en materia laboral. El Gobierno indicó que la inspección del trabajo aplica las disposiciones de legislación nacional que prohíbe el trabajo infantil y supervisan de manera regular su aplicación concreta a través de inspecciones rutinarias e inspecciones ad hoc, la investigación de las quejas y la verificación de los casos notificados por denunciantes, así como a través de solicitudes escritas y otras formas de supervisión y aplicación de la ley.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual, a finales de 2016, el sistema de la inspección del trabajo estaba compuesto por 4 672 departamentos de inspección en materia de seguridad del trabajo, en los que trabajaban 26 000 inspectores sobre seguridad en el trabajo a tiempo completo, 26 700 inspectores a tiempo parcial y 72 100 asistentes de inspección. La inspección del trabajo lleva a cabo actividades de control de cumplimiento de la legislación relativa al trabajo infantil juntamente con los departamentos de seguridad pública, industria y comercio, administración de seguridad en el trabajo y salud pública. El Gobierno señala que la utilización ilegal de trabajo infantil no es frecuente, y hasta la fecha no se ha encontrado caso alguno relativo a la complicidad de los inspectores del trabajo en este sentido.

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno declara que los datos relativos a las investigaciones y sanciones sobre el trabajo infantil se consideran confidenciales y no pueden divulgarse. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, de conformidad con las medidas sobre las importantes violaciones a las normas laborales (orden núm. 29 de MoHRSS, de 2016), el Departamento de recursos humanos y seguridad social publicará los casos más importantes de violaciones de la normativa laboral, investigados y cerrados, incluidas las violaciones al reglamento que prohíbe el trabajo infantil, entre otros (artículo 5, 5)). Además, la información publicada deberá incluir el nombre y domicilio de los autores, la naturaleza de las violaciones y las decisiones formuladas por la autoridad competente (artículo 6). La Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 9, 1), del Convenio establece que el Gobierno tome todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del Convenio y que la parte V del formulario de memoria relativa al Convenio requiere que el Gobierno proporcione información sobre los datos estadísticos relativos al empleo de niños y adolescentes, extractos de los informes de los servicios de inspección, precisiones sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, etc., que brindan una indicación general sobre la manera en que se aplica el Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se ponga a disposición suficiente información actualizada sobre la situación de los niños trabajadores en China, incluyendo, por ejemplo, datos sobre el número de niños y jóvenes que llevan a cabo actividades económicas sin haber alcanzado la edad mínima para trabajar, y estadísticas en relación con la naturaleza, alcance y tendencias de su trabajo. Asimismo, pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas por la inspección del trabajo, el número de personas enjuiciadas y las sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a) y b), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que China es un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional de mujeres y niños y que, a pesar de diversos proyectos y planes nacionales, el fenómeno de la trata con fines de trabajo forzoso y prostitución está empeorando y, al parecer, aumenta la trata transfronteriza. La Comisión también tomó nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con el Plan de acción contra la trata de seres humanos (2013-2020), así como sobre la Reunión Interministerial Conjunta para Combatir la Trata (IMJM) del Consejo de Estado, que implica la coordinación de la aplicación de diversos planes de acción contra la trata de personas, la sanción de los delitos de trata y la mejora de los mecanismos de lucha a largo plazo contra la trata a través de la prevención, la asistencia y la rehabilitación. Además, la Comisión tomó nota de que, entre junio de 2010 y mayo de 2014 se enjuiciaron a 12 752 personas, en 6 154 casos por secuestro y tráfico de mujeres y niños, en virtud del artículo 240 del Código Penal, y de las 1 122 personas condenadas, 286 casos lo fueron por compra de mujeres y niños víctimas de trata, en virtud del artículo 241 de la disposición antes mencionada.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, según la cual la enmienda IX de la Ley Penal entró en vigor en noviembre de 2015, y el artículo 241 dispone que «toda persona que compre una mujer o niño que haya sido secuestrado» comete un delito y puede ser sancionado con una pena de prisión no mayor de tres años. El Gobierno indica que, de junio de 2014 a junio de 2017, los tribunales pronunciaron decisiones en 2 519 casos de mujeres y niños objeto de trata, en los que participaron 3 944 infractores, y en 173 casos por la compra de mujeres y niños secuestrados en los que participaron 456 infractores. La Comisión toma nota de que, el Tribunal Supremo emitió interpretaciones judiciales sobre la aplicación de las leyes relativas a la trata de mujeres y niños en diciembre de 2016 (núm. 28 de 2016), con objeto de facilitar la aplicación efectiva de esa legislación en la práctica. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 9 de la interpretación judicial núm. 28 de 2016 define a los niños en los artículos 240 y 241 del Código Penal, indicando que se trata de personas menores de 14 años de edad. La Comisión observa entonces que los varones de 14 a 18 años de edad parecen no estar protegidos en virtud de las disposiciones que tipifican el delito de trata personas. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para proteger de la trata a los varones entre 14 y 18 años de edad. Además, la Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar la realización de investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de las personas que se dedican a la trata de niños, y que proporcione información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas, así como sobre las sanciones específicas impuestas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Región Administrativa Especial de Macao

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (notificación: 2002)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 3, b), de la Ley núm. 10/78/M sobre la Venta, Exhibición y Exposición de Material Pornográfico y Obsceno prohíbe toda venta a niños menores de 18 años, o comercialización por intermedio de niños menores de 18 años, de material pornográfico u obsceno, mientras que el artículo 166, 4), b), del Código Penal criminaliza la utilización de niños menores de 14 años para la producción de pornografía. El Gobierno indica que la ley núm. 10/78/M estaba en curso de revisión y se esperan sugerencias del público. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la utilización, el reclutamiento o la oferta de un niño menor de 18 años de edad para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota con satisfacción de la información del Gobierno en su memoria según la cual la ley núm. 8/2017 (enmienda al Código Penal) añade el artículo 170, a), al Código Penal, que prohíbe la utilización de niños menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, o introducirlos para participar en tales actividades, con una pena de hasta ocho años de prisión. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información relativa a la aplicación del artículo 170, a), del Código Penal en la práctica, incluyendo sobre el número de investigaciones, procesamientos y condenas, así como las sanciones impuestas.

Colombia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 30 de agosto de 2017, y de las de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 31 de agosto de 2017, de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. Habida cuenta de la finalización de la Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil (2008-2015) (ENETI), el Gobierno señaló anteriormente que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) había realizado una evaluación de la aplicación de la estrategia que habría que tener en cuenta para remodelar la política pública para la prevención y la erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores (2016-2026).

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la CUT y la CTC, en las que éstas señalan que 869 000 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años trabajan, y que el trabajo infantil sigue siendo un problema grave, en particular en las zonas rurales. Ambas confederaciones sindicales señalan también que el 4,2 por ciento de los niños entre 5 y 14 años trabajan; y en el caso de los niños de 15 a 17 años, el 19,8 por ciento. La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y la ANDI, en las que se indica que el trabajo infantil se ha reducido del 9,1 por ciento en 2015 al 7,8 por ciento en 2016. La CGT explica que una gran parte de los niños participan en actividades económicas del ámbito familiar y que, por ese motivo, el Gobierno debería prestar su ayuda a las familias, por ejemplo a través de subvenciones, para evitar que los niños tengan necesidad de trabajar.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria, que se han realizado 20 jornadas de trabajo con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el DNP y la OIT, con el fin de elaborar un nuevo documento de política pública para la prevención y la erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores (2016-2026). Durante la elaboración de esta política pública, se han celebrado asimismo 13 seminarios para recabar la opinión consultiva de niños y adolescentes.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el trabajo infantil ha disminuido un 2,4 por ciento desde 2015 a 2016. Además, el Gobierno señala que, en 2016, se concedieron 2 746 permisos de trabajo a jóvenes menores de 18 años, se rechazaron 202 solicitudes de permisos, se revocaron 129 permisos y se efectuaron 1 870 visitas de control. La Comisión toma debidamente nota de la reducción del trabajo infantil en el país y pide al Gobierno que persista en sus esfuerzos de eliminar progresivamente el trabajo infantil en particular en áreas rurales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que señale si ha finalizado y adoptado la política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores (2016-2026), y le pide también que proporcione informaciones destalladas sobre el contenido de la misma, así como sobre su aplicación. La Comisión pide además al Gobierno que siga suministrando informaciones estadísticas actualizadas sobre el empleo de niños y adolescentes así como todos los informes de la inspección del trabajo.

Artículo 2, 3).  Escolaridad obligatoria. El Gobierno señaló anteriormente que, en cooperación con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, se han tomado medidas para censar al conjunto de la población y procurar la integración de todos los niños en el sistema educativo, en particular, colaborando con las familias para detectar a los niños marginados del sistema educativo.

La Comisión tomó nota de las medidas del Gobierno destinadas a aumentar la tasa de asistencia escolar en el marco de la ENETI (2008-2015). Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el índice de escolarización registrado en la enseñanza primaria ha sido del 90 por ciento para las niñas y los niños y, en la enseñanza secundaria, el 78,7 por ciento para las niñas y el 73,3 por ciento para los niños.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CTC y la CUT, según las cuales el 29,8 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años no asisten a la escuela porque trabajan. La Comisión toma nota asimismo de que la CGT señala que las medidas adoptadas por el Gobierno en apoyo de la educación no han sido eficaces porque la escolarización de los niños en la enseñanza primaria ha disminuido en 85 005 alumnos en relación a 2015.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de educación ha colaborado con algunos socios estratégicos, como el Departamento de Administración para la Prosperidad Social, con objeto de que la oferta educativa llegue a los niños y adolescentes más pobres y vulnerables. En este contexto, el Ministerio de Educación elaboró a principios de 2016 un protocolo para la puesta en marcha de unas jornadas de investigación activa en las ciudades de Medellín, Cali y Cartagena, donde se han llevado a cabo actividades destinadas a detectar a niños y adolescentes no escolarizados y ayudarlos a matricularse. Además, el Gobierno ha puesto en marcha diversas estrategias para luchar contra el abandono escolar, por medio de: 1) la aplicación de modelos educativos flexibles (MEF); 2) un programa de alimentación escolar (PAE); 3) ayuda al transporte escolar; 4) la inversión de fondos públicos en ayudas a la educación, y 5) un sistema de vigilancia para la prevención y el análisis de las causas del abandono escolar. Además, la Comisión toma buena nota de la adopción de la ley núm. 1753 de 2015, relativa a la creación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND 2014-2018), uno de cuyos tres pilares es la educación. La Comisión toma nota de que, en el marco del PND 2014-2018, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) ha permitido la creación de 3 243 nuevas aulas, lo que ha redundado en beneficio de 129 720 niños y adolescentes; y se están construyendo 2 533 aulas adicionales, de las que se beneficiarán supuestamente 101 320 niños y adolescentes. La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que todos los niños estén sujetos a la escolaridad obligatoria al menos hasta la edad de 15 años, en particular los niños y adolescentes más pobres. La Comisión pide al Gobierno que suministre información estadística sobre la tasa de escolarización en el país. En la medida de lo posible estas informaciones deberían estar desglosadas por edad y por género.

Artículo 9, 1).  Sanciones. La Comisión tomó anteriormente nota de que, si bien el Gobierno señala que cualquier infracción de la legislación relativa a los menores estará sujeta a una multa cuyo monto podrá equivaler a una décima parte del salario mínimo, no ha suministrado ningún detalle sobre el contenido de la legislación en esta materia.

El Gobierno se refiere a la ley núm. 1610 de 2013, que regula algunos aspectos de la inspección del trabajo, y señala que los artículos 1 y 2 de esta ley otorgan competencia a los inspectores del trabajo para supervisar asuntos de ámbito individual y colectivo en los sectores privado y público en materia del ejercicio de derecho del trabajo y las normas de la OIT ratificadas por Colombia. La Comisión toma nota de que el artículo 7 de la ley establece que los inspectores del trabajo tendrán la autoridad para sancionar con penas que van de una a 5 000 veces el salario mínimo mensual en función de la gravedad de la infracción cometida. Los artículos 8 a 11 establecen la posibilidad de que los inspectores impongan otras sanciones, como la clausura de los locales, la realización de pruebas, la imposición de un período probatorio o la suspensión de los trabajos. Además, el Gobierno señala que, en 2015, se impusieron 11 sanciones por infracción de la legislación en materia de menores (por un valor total de 50 891 350 pesos colombianos) y que, en 2016, los inspectores del trabajo han impuesto nueve sanciones (por un valor de 40 677 836 pesos colombianos). La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación práctica de la ley núm. 1610 de 2013, señalando en particular el número y la naturaleza de las infracciones cometidas y las sanciones impuestas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 5 de septiembre de 2017, de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, así como de las de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 31 de agosto de 2017.

Artículo 3, a) y b), del Convenio. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual comercial, y utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el país para luchar contra la trata de niños, pero ha manifestado su preocupación por el aumento del ya de por sí elevado número de niños víctimas de explotación sexual y trata y por el desigual control en la aplicación de la ley. La Comisión toma nota de las observaciones de la CUT, de la CTC y de la CGT, que afirmaron que la trata de niños, en particular con fines de explotación sexual comercial y turismo sexual, seguía siendo una práctica muy extendida en el país. La Comisión tomó nota de las diversas medidas adoptadas por el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas en materia de prevención, asistencia y protección, así como de cooperación internacional, investigación y sanciones. El Gobierno describió las iniciativas adoptadas por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de luchar contra esta práctica. No obstante, la Comisión tomó nota de que la mayor parte de estas medidas nacionales expuestas en la memoria del Gobierno se refieren a la trata de personas en general y no parece que conlleven disposiciones específicas para la protección y la liberación de los niños que se encuentran en las situaciones descritas. Por otra parte, la Comisión tomó nota de que Colombia es el país de origen de la mayor parte de las víctimas de trata, especialmente de los niños, en Sudamérica.

La Comisión toma nota de la indicación de la CTC y la CUT, según la cual el 7,1 por ciento de las personas que trabajan en la prostitución comenzaron a ejercer esta actividad antes de los 15 años y que el 17,4 por ciento comenzaron entre los 15 y los 17 años. La Comisión toma nota asimismo de la afirmación de la CGT de que las medidas y las leyes adoptadas por el Gobierno no han sido eficaces en tanto en cuanto un número significativo de niños siguen siendo víctimas de explotación sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su memoria, que el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) ha tomado numerosas medidas para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes víctimas de explotación sexual con fines comerciales. Entre estas medidas, cabe citar que el ICBF ha colaborado con el Ministerio del Trabajo, la policía de turismo y otras entidades públicas para llevar a buen puerto la Estrategia nacional de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, cuyo objetivo consiste en sensibilizar a los diversos actores de los servicios turísticos a fin de prevenir el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El ICBF ha elaborado asimismo y publicado un documento titulado «Diagnóstico para la construcción de la política pública sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia – 2015», con el fin de obtener un análisis de la situación que se acerque más a la realidad. El Gobierno señala que este Diagnóstico permitirá poner de manifiesto las causas de la explotación sexual comercial de los niños y niñas, así como adoptar medidas para prevenir esta lacra social. Además, el Gobierno señala que el ICBF ha elaborado una estrategia de seguimiento de casos a través del Centro Operativo Antitrata de Personas (COAT) y se ha construido un programa para garantizar la detección y el seguimiento de cada caso de trata, incluidos los casos de explotación sexual de niños y niñas. La Comisión toma nota asimismo de la apertura de una línea telefónica especializada para la prevención y la vigilancia de actos de violencia sexual. El Gobierno señala que a través de esta línea telefónica especializada, en 2015 se efectuaron 175 denuncias sobre casos de explotación sexual comercial y se presentaron 23 denuncias en lo que concierne a la trata de personas con fines de explotación sexual. Por otra parte, la Comisión toma nota de que en 2016 se celebraron diez sesiones de trabajo con la OIT y el UNICEF, entre otras instituciones, para elaborar una política pública encaminada a la prevención y la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La Comisión toma nota asimismo de la adopción del decreto núm. 87, de 2017, mediante el que se reglamenta el funcionamiento de los fondos bajo la administración del ICBF contra la explotación sexual de niños y niñas. Por último, el Gobierno señala que el procedimiento de formulación de la política pública para la prevención y la erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) ha experimentado un notable avance a finales de 2016 y principios de 2017. La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno y le pide que siga adoptando medidas para proteger a los jóvenes menores de 18 años de la explotación sexual comercial y de la trata con este mismo fin. La Comisión le pide asimismo que proporcione informaciones sobre los resultados obtenidos por el programa «Diagnóstico para la construcción de la política pública sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Colombia – 2015». La Comisión pide también al Gobierno que señale los progresos alcanzados con la formulación del programa de prevención de la ESCNNA y que comunique informaciones detalladas sobre el contenido de la misma cuando esta política pública haya sido adoptada.

Artículos 3, a), y 7, 1).  Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. Sanciones penales. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de que la legislación nacional prohíbe el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños con miras a utilizarlos en conflictos armados y de las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar esta cuestión, los niños siguen siendo forzados a unirse a grupos armados al margen de la ley. La Comisión tomó nota de las observaciones de la CTC y de la CUT en relación con la ausencia de sanciones disuasorias aplicables a los autores de estos delitos y a la escasa formación de los responsables de aplicar estas leyes. La Comisión tomó nota de los numerosos casos de reclutamiento de niños por la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La Comisión tomó nota asimismo de la creación de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (Comisión Intersectorial) para impedir que los grupos armados recluten y utilicen a los niños o ejerzan algún tipo de violencia sexual sobre ellos. La Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han señalado asimismo que el ICBF ha ayudado a 5 000 niños víctimas a que pudieran escapar de estos grupos armados.

Además, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno de que, en 2013, se realizaron 2 641 investigaciones sobre casos de reclutamiento ilícito, de los cuales 1 849 siguen abiertos. El Gobierno señaló que, entre 2013 y 2014, la Fiscalía General de la Nación recibió 189 informes relacionados con casos de reclutamiento de niños y utilización de éstos en conflictos armados y violencia sexual. En relación con las medidas adoptadas para reforzar las investigaciones y los enjuiciamientos de los responsables de estos delitos, el Gobierno señaló que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial está sistematizando las sentencias de ámbito nacional en materia de reclutamiento ilícito. Hasta mayo de 2014, la Secretaría técnica había impuesto sanciones en 54 casos de reclutamiento ilegal de niños, de los cuales cinco afectaban a 511 víctimas.

La Comisión toma nota con interés del acuerdo final para poner fin al conflicto y para la construcción de una paz estable y duradera (acuerdo final de paz), firmado el 24 de noviembre de 2016 por el Gobierno y las FARC-EP, y aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes los días 29 y 30 de noviembre de 2016. La Comisión toma nota, no obstante, de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones sobre las investigaciones realizadas y las sanciones impuestas a las personas que hayan reclutado o utilizado niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados. Al tiempo que se felicita del acuerdo final de paz concertado entre el Gobierno y las FARC-EP, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las encuestas realizadas y las sanciones penales impuestas a los autores de tales delitos, y que las sanciones impuestas sean lo suficientemente efectivas y disuasorias contra todas las personas declaradas culpables de reclutar y utilizar a menores de 18 años en un conflicto armado.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños soldados. La Comisión recuerda su comentario anterior relativo a las medidas adoptadas por el ICBF para la protección de niños y jóvenes desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley, que incluyen cuatro fases: identificación y diagnóstico, tratamiento, consolidación, y control y seguimiento. La Comisión tomó nota asimismo del modelo integral de asistencia psicosocial creado por el ICBF para responder a las necesidades de los niños en función de su edad, género y origen étnico y de la naturaleza del delito del cual han sido víctimas, y en el cual participaron 800 profesionales. La Comisión toma nota, además, de que había aumentado el número de niños desmovilizados de los grupos armados tras su alistamiento, pasando de 195 en 2012 a 332 en 2014.

La Comisión tomó nota de la indicación de la CUT y la CTC en la que afirman que el ICBF desempeña un papel importante, a pesar de lo cual el Ministerio de Trabajo no le asigna los recursos necesarios para el buen cumplimiento de su misión. La Comisión toma nota de que la CGT señala que la utilización de niños en las fuerzas armadas sigue siendo un problema en Colombia a pesar del acuerdo de paz. La CGT añade que, si bien las cifras proporcionadas por el Gobierno muestran que ha disminuido el número de niños utilizados en conflictos armados (72 niños en 2017 frente a 203 en 2016), estas estadísticas son demasiado generales y deberían estar desglosadas por género y edades e incluir el número de niños desmovilizados. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el decreto núm. 891, de 28 de mayo de 2017, añade un párrafo de transición al artículo 190 de la ley núm. 1448, de 2011, sobre el procedimiento de restitución de los derechos de los niños y los adolescentes al cuidado del ICBF que hayan sido desmovilizados tras la firma del acuerdo final de paz. La Comisión toma nota con interés de que dicho párrafo de transición prevé la posibilidad de que los niños y adolescentes permanezcan en los lugares provisionales de acogida previstos a estos efectos hasta que el ICBF haya verificado su edad. El artículo 190 de la ley núm. 1448, de 2011, establece que todos los niños víctimas de reclutamiento forzoso u obligatorio podrán reclamar una indemnización por daños o lesiones y sobre el ICBF recae la responsabilidad de garantizar la restitución de sus derechos. Además, el Gobierno señala que el ICBF y la empresa Comunidad de Juristas Akubadaura han firmado un acuerdo de asociación núm. 1557, de 2016, para poner en marcha un programa de regreso a la armonía que asegure a los niños y adolescentes desmilitarizados un regreso digno y les garantice sus derechos. En el marco de este acuerdo de asociación, el Gobierno ha concentrado sus actividades en los pueblos de Awá, Nasa, Wounaan y Embera, donde ha organizado reuniones de concertación, talleres comunitarios y reuniones interculturales destinados a la reinserción de los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso. Además, el Consejo Nacional para la Reincorporación (CNR), creado por el decreto núm. 2027, de 2016, tiene la finalidad, entre otras, de prever medidas especiales de atención y protección de los niños, niñas y adolescentes desmilitarizados y garantizar el seguimiento del programa de reincorporación a la vida civil. Por último, el Gobierno señala que el punto 1.3.3.5 del acuerdo final de paz prevé la organización de campañas de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil y la adopción de medidas inmediatas para luchar contra las peores formas de trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando y aplicando medidas eficaces en un plazo determinado para retirar a los niños víctimas de reclutamientos ilícitos y garantizar su reincorporación a la vida civil. Al tiempo que toma nota de la falta de informaciones proporcionadas a este respecto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre el número de niños menores de 18 años que han sido readaptados, rehabilitados y reintegrados en sus comunidades como resultado de estas medidas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Comoras

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1978)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1978)

Con el fin de proporcionar una visión global de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre el examen médico de los menores, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 77 y 78 en un único comentario.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC), recibidos el 16 de agosto de 2016 y el 25 de julio de 2017.

Artículo 6 de los Convenios núms. 77 y 78. Orientación profesional y readaptación física y profesional de los menores declarados inaptos para el trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el nuevo Código del Trabajo de Comoras se adoptó en 2012 de conformidad con la ley núm. 12-167. En virtud del artículo 130 del Código, el inspector del trabajo y de las leyes sociales puede exigir el examen de los menores por un médico autorizado, con miras a verificar si el trabajo que realizan no es superior a sus fuerzas; el menor no puede ser mantenido en dicho trabajo, y debe ser asignado a un empleo conveniente o, si esto no es posible, se debe rescindir su contrato y pagársele una indemnización por despido. El Gobierno también indicó que, en 2014, se publicó un decreto relativo a la naturaleza de las categorías de empresas y de los trabajos que están prohibidos para los menores. Según el Gobierno, el artículo 17 de este decreto dispone que los menores que realizan trabajos que están prohibidos para ellos deben ser asignados a trabajos que sean convenientes para ellos. No obstante, la Comisión recordó al Gobierno que el artículo 6 del Convenio exige que la autoridad competente deberá dictar medidas apropiadas para la reorientación profesional y la readaptación física y profesional de los menores cuyo examen médico haya revelado una ineptitud para ciertos tipos de trabajo, anomalías o deficiencias. La Comisión subrayó que este tipo de situación puede observarse en los trabajos que no están generalmente prohibidos para los menores, pero en los cuales se verifica que los menores son aptos para ejercer un trabajo que en otro caso sería admisible.

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona nueva información sobre este tema. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas concretas para la reorientación profesional y la readaptación física y profesional de los menores cuyo examen médico haya revelado una ineptitud para ciertos tipos de trabajo, anomalías o deficiencias, de conformidad con el artículo 6, 1). Insta al Gobierno a que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7, 2), del Convenio núm. 78. Ámbito de aplicación y control de la aplicación del sistema de examen médico de la aptitud de los menores empleados, por cuenta propia o por cuenta de sus padres. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el Código del Trabajo de 1984 no parecía cubrir a los aprendices, ni a los menores dedicados por su cuenta al comercio ambulante o cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público (para estos últimos, el artículo 7, 2), preveía además medidas de identificación determinadas por la legislación nacional para garantizar la aplicación del sistema de examen médico. Además, la Comisión tomó nota de la observación de la CTC de que los trabajos industriales están totalmente fuera del control de la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno de que se examinarían todas las medidas necesarias con el fin de armonizar la legislación con las disposiciones del Convenio en el marco de la revisión de la legislación nacional del trabajo. La Comisión expresó la firme esperanza de que el proyecto de ley relativo a la revisión del Código del Trabajo se adoptara próximamente y de que sus disposiciones aplicaran el artículo 7 del Convenio.

La Comisión toma nota con interés de que, en virtud del artículo 129, 2), del nuevo Código del Trabajo de 2012, está prohibido para los menores de 15 años de edad trabajar por cuenta propia. Además, la Comisión toma nota de que, con arreglo al artículo 130 del Código del Trabajo, el inspector del trabajo y las leyes sociales pueden exigir el examen de los menores por un médico autorizado, con miras a verificar si el trabajo que realizan es superior a sus fuerzas. Este requerimiento puede provenir de los interesados.

En cambio, la Comisión toma nota de las observaciones de la CTC según las cuales, a pesar de que los textos legislativos prevén exámenes médicos de los menores, la inspección del trabajo no ha tomado ninguna medida de control en la práctica con relación a ese asunto. Además, la CTC expresa su pesar por que la problemática de los exámenes médicos de los menores dista mucho de tener una solución habida cuenta de la inexistencia de un servicio en el ministerio que se encargue de este tema, y de que esto no representa una prioridad para la administración. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7), 2), a), del Convenio, la legislación nacional determinará las medidas de identificación que deberán adoptarse para garantizar la aplicación del sistema de exámenes médicos de aptitud a los menores dedicados, por cuenta propia o por cuenta de sus padres, al comercio ambulante o a cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público. Conformemente a lo dispuesto en el artículo 7, 2), b), la legislación determinará asimismo los demás métodos de vigilancia que deban adoptarse para garantizar la estricta aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se establezca un control de la aplicación del sistema de examen médico de la aptitud de los menores empleados, por cuenta propia o por cuenta de sus padres, al comercio ambulante o a cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público. Insta al Gobierno a que proporcione información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2004)

Artículo 2, 3), del Convenio. Escolaridad obligatoria y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el trabajo infantil es evidente en el país, especialmente en razón de la pobreza y de la baja tasa de escolarización de algunos niños. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la capacidad de acogida de los establecimientos escolares es muy limitada y algunos de estos establecimientos, especialmente en los niveles primarios y secundarios, se ven obligados a denegar la inscripción a algunos niños en edad de escolarización. En consecuencia, una gran cantidad de niños, sobre todo en familias pobres y de medios desfavorecidos, se encuentran privados de educación.

La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual la paridad niñas-niños tuvo una evaluación positiva y se situaba en el 0,87 por ciento en el nivel de la enseñanza primaria; sin embargo, es menos satisfactoria a nivel de la enseñanza secundaria, en la que es importante el descenso de niñas escolarizadas. Según el Gobierno, la problemática de la educación de las niñas se plantea en términos de acceso tardío, de tasas de repetición muy elevadas — del orden del 30 por ciento, en enseñanza primaria, y del 23 por ciento, en la enseñanza secundaria — y de una alta tasa de abandono, completando el ciclo primario sólo el 32 por ciento de los alumnos.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual realiza esfuerzos para reducir las diferencias entre la escolarización de las niñas y la de los niños. El Gobierno indica que en el Ministerio de Educación está en curso de revisión el mapa de límites de los distritos escolares en colaboración con los comisionados de educación y el UNICEF, con miras a fortalecer la cobertura escolar para brindar un mejor acceso a la educación a los niños que viven en las zonas rurales; además, la Comisión toma nota de que para el período 2015-2019 se ha adoptado un programa de país del UNICEF, destinado, principalmente, a respaldar los esfuerzos del Gobierno para reforzar el derecho de los niños a la educación. Uno de los objetivos principales de ese programa es asegurar que todos los niños reciban y adquieran una educación primaria inclusiva y de calidad con un enfoque en la equidad y los resultados obtenidos en la enseñanza.

La Comisión toma nota en cambio de que en virtud del artículo 2 de la ley de orientación núm. 94/035/AF, de 20 de diciembre de 1994, la escolaridad sólo es obligatoria entre los 6 y los 12 años de edad, es decir, una edad inferior a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, a los 15 años de edad. En relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión observa que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (párrafo 371). En consecuencia, la Comisión estima que sería conveniente elevar la edad de terminación de la educación obligatoria para que coincida con la edad mínima de admisión al empleo, como se prevé en el párrafo 4 de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). Recordando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias a fin de que la enseñanza sea obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir, a los 15 años de edad. Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien reforzar las medidas para aumentar la tasa de frecuentación escolar y disminuir la tasa de abandono escolar, en particular en las niñas, con el fin de impedir que trabajen los menores de 15 años; la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que a pesar del elevado número de niños con una vida económica activa, no se ha adoptado ninguna política nacional al respecto. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que ningún informe de la inspección del trabajo menciona el empleo supuesto o efectivo de niños en las empresas congolesas a lo largo del período cubierto por la memoria. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según las estadísticas del UNICEF, el 25 por ciento de los niños congoleses están afectados por el trabajo infantil.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno sigue sin incluir información sobre la adopción de una política nacional dirigida a procurar la abolición efectiva del trabajo infantil. La Comisión observa además que, según las observaciones finales de 2014 del Comité de Derechos del Niño, el trabajo y la explotación económica de los niños sigue siendo un fenómeno muy extendido, en particular, en las grandes ciudades (documento CRC/C/COG/CO/2-4, párrafo 74). Al expresar su profunda preocupación por el importante número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima en el país, y ante la ausencia de una política nacional dirigida a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para velar por la adopción y la aplicación de tal política a la mayor brevedad. La Comisión le solicita que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones detalladas acerca de las medidas adoptadas al respecto.

Artículo 3, 2) y 3).  Determinación de los tipos de trabajo peligrosos y de la edad mínima de admisión en trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 4 del decreto núm. 2224, de 24 de octubre de 1953, que fija las excepciones al empleo de los trabajadores jóvenes, así como en la naturaleza de los trabajos y de las categorías de empresas prohibidas a los jóvenes y la edad límite a la que se aplica la prohibición, prohíbe emplear a los trabajadores jóvenes menores de 18 años en determinados trabajos peligrosos e incluye una lista de esos tipos de trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 2224 ha dejado de estar en vigor. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 68, d), de la Ley núm. 4-2010, de 14 de junio de 2010, sobre Protección del Niño, prohíbe los trabajos que, por su naturaleza o las condiciones en las que se ejercen, puedan resultar perjudiciales para la salud, la seguridad o la moral del niño. El artículo establece además que la lista y la naturaleza de los trabajos y las categorías de empresas prohibidas a los niños y la edad límite a la que se aplica dicha prohibición se fijarán en una lista previa consulta de la Comisión nacional consultiva del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas necesarias para garantizar, a la mayor brevedad, la adopción del decreto mediante el cual se fija la lista de tipos de trabajos peligrosos en virtud del artículo 68, d), de la Ley núm. 4-2010 sobre Protección del Niño.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2008. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, en la que se indicaba la existencia de trata de niños entre Benin y Congo, para hacerlos trabajar en Pointe-Noire, en el comercio y en los trabajos domésticos. Según el Gobierno, esos niños son forzados a trabajar todo el día en condiciones penosas, y están sometidos a todo tipo de privaciones. La Comisión había tomado nota de que los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, prevén sanciones para las personas declaradas culpables de rapto o de corrupción de personas, entre las que se encontraban niños menores de 18 años. Había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar en qué medida se habían aplicado en la práctica los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de la aplicación en la práctica de los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, comunicando, especialmente, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las encuestas realizadas, los procedimientos judiciales, las condenas y las sanciones penales aplicadas.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Venta y trata de niños. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de la información del Gobierno, en la que reconocía que la trata de niños entre Benin y el Congo, cuyo objetivo era el de hacerlos trabajar en Pointe-Noire en el comercio y en los trabajos domésticos, está en contradicción con los derechos humanos. Había tomado nota asimismo de que el Gobierno había adoptado algunas medidas para detener la trata de niños, entre las que se encontraba: a) la repatriación de niños por parte del Consulado de Benin, que son, ya sea reintegrados por la policía nacional, ya sea retirados de algunas familias; b) la exigencia en las fronteras (aeropuertos) de la autorización administrativa de salida del territorio de Benin exigible a los menores (edades inferiores a los 18 años). La Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas en cuanto a la rehabilitación y a la reinserción social de los niños, tras su retirada del trabajo. Había tomado nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas en un plazo determinado para librar a los niños menores de 18 años de esta peor forma de trabajo infantil y garantizar su rehabilitación e inserción social. Además, solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca del impacto de estas medidas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que, según las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el informe inicial del Congo, de octubre de 2006 (documento CRC/C/COG/CO/1, párrafo 85), deberá realizarse en el país un estudio sobre las causas profundas y las repercusiones de la trata. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones acerca de los resultados de este estudio y transmitir una copia del mismo en cuanto se haya elaborado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Costa Rica

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 3, a) y b), del Convenio. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual comercial, y utilización, reclutamiento u oferta de niños con fines de prostitución. Decisiones judiciales. La Comisión había tomado nota de que la trata de niños con fines de explotación sexual y la introducción clandestina de migrantes, incluidos niños, seguían siendo un problema grave en el país, incluso en el sector turístico, y de que la práctica consistente en adquirir servicios sexuales proporcionados por niños seguía siendo socialmente aceptable. La Comisión tomó nota de que según las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Ley núm. 9095 contra la Trata de Personas de 2013 por la que se crea la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) aún no había sido aplicada y, en consecuencia, los niños víctimas de trata seguían estando en peligro. El Gobierno se refirió a la Hoja de ruta 2010-2020 para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, elaborada en colaboración con la OIT/IPEC, que tiene por objetivo luchar contra la trata de niños con fines de explotación comercial sexual, que es una de las peores formas de trabajo infantil, responsabilidad que entra en el marco de competencias del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y de la Dirección Nacional de Migraciones y Extranjería (DNME). La Comisión tomó buena nota de la ley núm. 9095 cuyo artículo 2, g), reconoce expresamente que debe prevalecer el interés superior de las personas menores de edad víctimas de trata y cuyo artículo 37, 1), señala que los menores víctimas de trata tienen derecho, además de los derechos que les corresponden a todas las víctimas de delitos, a su reintegración familiar o comunitaria, si ha sido considerada de interés superior. La Comisión también tomó nota de que el artículo 42 de esta ley contiene disposiciones específicas relativas a los jóvenes, incluidos los apartados g) y h), que prevén procedimientos de investigación y judiciales especiales, y de que los artículos 74 y 75 revisan el Código Penal con objeto de aumentar las sanciones relativas a la trata de personas menores de edad.

La Comisión toma nota de que, según la CCTD, a pesar de los progresos alcanzados en materia de protección de los niños y adolescentes los esfuerzos realizados por el Gobierno son insuficientes, habida cuenta del escaso número de condenas en casos de trata de niños con fines de explotación sexual o comercial, especialmente en lo que concierne a la población migrante.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que, en 2016, se presentaron ante los tribunales 95 casos de trata de personas, diez de los cuales dieron lugar a condenas penales en aplicación del artículo 172 del Código Penal que prohíbe la trata de personas, pero no precisa el número de casos en los que las víctimas eran menores de 18 años. El Gobierno también indica que muchos de los casos de trata detectados dan lugar a condenas por otros motivos, por ejemplo por proxenetismo agravado o relación sexual remunerada con menores. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de julio de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer observó con preocupación que en las zonas costeras del Pacífico el riesgo de tráfico de mujeres y niños con fines sexuales, especialmente de mujeres y niñas migrantes, es mayor (documento CEDAW/C/CRI/CO/7, párrafo 20). La Comisión pide al Gobierno que continúe redoblando sus esfuerzos para garantizar que se realizan investigaciones en profundidad y se llevan a cabo enjuiciamientos firmes de las personas que cometen estos delitos, velando por que en todos estos casos se proporcione asistencia a los niños. Tomando nota de la falta de información a este respecto, la Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para aplicar específicamente las disposiciones de la ley núm. 9095 relativas a los niños víctimas de trata, así como el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas pronunciadas y la duración de las sanciones impuestas a este respecto.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y c). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y garantizar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños que hayan sido librados de estas peores formas de trabajo infantil. La Comisión recuerda su comentario anterior en el que tomó nota de que «Avancemos» es un programa de transferencia monetaria condicionada que contribuye en parte a favorecer el acceso a la educación y la universalización de la enseñanza secundaria y que en 2013 este programa benefició a 133 212 adolescentes de entre 12 y 17 años de edad y permitió que 95 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueran librados de las peores formas de trabajo infantil. También tomó nota de las observaciones de la CTRN que, haciendo hincapié en la reducida tasa de asistencia a la escuela secundaria, más pronunciada en las zonas rurales, afirmó que ni el programa «Avancemos» ni el Fondo Nacional de Becas (FONABE) han conseguido que aumente efectivamente la asistencia a la escuela. Por último, la Comisión tomó nota de que la Hoja de ruta tiene, entre otros, los siguientes objetivos: i) conseguir que el número de niños de entre 5 y 17 años que trabajan pase de 113 523 en 2002 a 27 811 en 2015, y después a cero en 2020, y ii) conseguir que la tasa de asistencia a la escuela secundaria pase del 85 por ciento en 2008 al 95 por ciento en 2015 y después al 100 por ciento en 2020. El Gobierno destacó que el número de niños ocupados en trabajo infantil había disminuido, pasando de 49 229 en 2002 a 16 160 en 2011.

La Comisión toma nota de que, según las observaciones de la CCTD, en las zonas rurales continúa habiendo casos de abandono de la enseñanza obligatoria. La CCTD también indica que ni el programa «Avancemos» ni el FONABE tienen previstas estrategias para resolver de forma definitiva el problema del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que gracias al Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se realizan transferencias monetarias a jóvenes menores de 18 años en situación de pobreza o de extrema pobreza a condición de que permanezcan en el sistema educativo. Asimismo, la Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno relativa a la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha puesto en marcha el programa «Yo me apunto», basado en la promoción de la permanencia en el sistema escolar, la reintegración y el éxito escolar, para luchar contra el abandono escolar. El objetivo del programa es disponer de un instrumento para aplicar la Hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que continúe redoblando sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo a través de los programas «Avancemos» y «Yo me apunto» y para incrementar las tasas de asistencia escolar y de finalización de los estudios. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los resultados obtenidos en el marco de los programas «Avancemos» y «Yo me apunto» así como del FONABE, incluida información acerca del número de niños que han sido librados de las peores formas de trabajo infantil y reinsertados en el sistema educativo gracias a estos programas, desglosada por edad y por género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el gran número de niños que trabajan en el país. También señaló que, según el informe inicial presentado por el Gobierno al Comité de los Derechos del Niño, en razón de la coyuntura económica, muchos padres permiten que sus hijos ejerzan profesiones que les están prohibidas o les envían a realizarlas. La Comisión observó que casi uno de cada dos niños de 5 a 14 años de edad se encuentra en situación de trabajo infantil, especialmente en las zonas rurales (el 46 por ciento en las zonas rurales y el 34 por ciento en las zonas urbanas).

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el Plan de acción nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (PAN) se adoptó en 2015. La Comisión observa, no obstante, que según la segunda encuesta demográfica y de salud (EDS-RDC II, 2013-2014), el 38 por ciento de los niños de 5 a 17 años de edad encuestados trabajaron la semana anterior a la encuesta, el 27,5 por ciento de ellos en condiciones peligrosas (págs. 336-337). La Comisión expresa su profunda preocupación por el número de niños expuestos al trabajo infantil, también en condiciones peligrosas. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para asegurar la eliminación del trabajo infantil. Le pide que proporcione información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular estadísticas, desglosadas por género y por franja de edad, sobre el empleo de menores, así como extractos de informes de los servicios de inspección.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la ley núm. 015/2002, de 16 de octubre de 2002, contentiva del Código del Trabajo se aplica únicamente a una relación de trabajo. Además, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el elevado número de niños que trabajan en la economía informal y que a menudo no están cubiertos por las medidas de protección previstas por la legislación nacional. La Comisión ha recordado al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y que abarca todos los tipos de empleos o de trabajos, con independencia de que se efectúen sobre la base de una relación de trabajo o de que sean remunerados. El Gobierno indicó a este respecto que redoblaría sus esfuerzos para que el trabajo de los inspectores sea más eficaz. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que las recomendaciones de la Comisión relativas al trabajo infantil en la economía informal se tendrán en cuenta en la puesta en marcha del PAN.

La Comisión toma nota de la falta de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Observa que el PAN menciona que la inspección del trabajo se enfrenta a un desafío particularmente difícil en el contexto de la aplicación del Código del Trabajo en ciertos sectores en los que hay una concentración del trabajo infantil, como el sector urbano informal o el sector agrícola (pág. 22). A este respecto, el Gobierno prevé elaborar e implantar un programa para que los agentes estatales encargados del control de la aplicación de las leyes colaboren en la vigilancia y la prohibición del trabajo infantil. Prevé asimismo establecer un mecanismo comunitario de vigilancia del trabajo infantil que colabore con la inspección del trabajo, y elaborar un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales (véase el PAN, línea 1, acción 1.1.2 y acción 1.2). En relación con esto, remitiéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 407), en el que se indica que el hecho de que la inspección del trabajo no pueda realizar controles fuera de un área determinada es especialmente problemático cuando el trabajo infantil se concentra en regiones o sectores que se encuentran fuera del ámbito abarcado por la inspección del trabajo, la Comisión subraya la necesidad de velar por que el sistema de inspección del trabajo vigile efectivamente el trabajo infantil en todas las zonas y en todas los sectores de actividad. Recordando que el Convenio se aplica a todas las formas de trabajo o empleo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas, en el marco del PAN, para adaptar y fortalecer los servicios de inspección del trabajo, a fin de garantizar la vigilancia del trabajo infantil en la economía informal y de asegurar que estos niños se beneficien de la protección prevista por el Convenio. Le pide que, en su próxima memoria, suministre información sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la inspección del trabajo relativas al trabajo infantil.

Artículo 2, 3).  Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la información disponible en el sitio web del Senado, durante el período extraordinario de sesiones que tuvo lugar en marzo de 2013, había sido adoptado un proyecto de ley sobre principios fundamentales relativos a la enseñanza nacional. Además, la Comisión tomó nota de las estadísticas detalladas sobre la educación proporcionadas en la memoria del Gobierno. Observó que la tasa de finalización de la enseñanza primaria rondaba el 65 por ciento a nivel nacional. No obstante, se tomó nota de las grandes disparidades existentes entre las regiones: el 78,5 por ciento en la región de Kinshasa frente al 56,2 por ciento en Kivu del Sur. Además, entre los menores que finalizaban la enseñanza secundaria, los niños eran más numerosos que las niñas (el 73,8 por ciento frente al 54,7 por ciento, respectivamente). En cuanto a la enseñanza secundaria, la tasa bruta de admisión el primer año apenas alcanza el 47 por ciento a nivel nacional. La Comisión tomó nota asimismo de que, según el Informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2012 publicado por la UNESCO, si bien los resultados obtenidos de las encuestas de hogares indican que, entre 2001 y 2010, el porcentaje de menores no escolarizados se redujo un 25 por ciento, es probable que la población no escolarizada siga superando con creces los 2 millones de niños, por lo que la República Democrática del Congo figura entre los cinco países del mundo que cuentan con más niños no escolarizados.

La Comisión toma nota de la ley marco núm. 14/004, de 11 de febrero de 2014, de la enseñanza nacional, que introduce una educación básica de ocho años de duración. Toma nota asimismo de la adopción de la Estrategia sectorial de educación y la formación 2016-2025. Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para lograr que los niños que no hayan alcanzado la edad mínima de admisión al empleo, establecida en 14 años, se incorporen al sistema educativo, prestando particular atención a las niñas. Le pide que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y los programas de acción establecidos a este respecto, así como sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 30 de agosto de 2017, y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, y de la amplia discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, sobre el tema de la aplicación del Convenio por la República Democrática del Congo.

Seguimiento dado a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009, prevé, en su artículo 187, la imposición de una pena de entre diez y veinte años de prisión por el enrolamiento o la utilización de menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados y en la policía. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) no reclutan a menores de 18 años en sus filas. No obstante, la Comisión subrayó que, según la información suministrada en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, de 2011, un gran número de niños siguen siendo reclutados para las filas de las FARDC y continúan estando asociados con las mismas. En el informe se indicaba que los grupos armados y las FARDC eran autores de numerosas violaciones graves contra los niños, incluida la violencia física y sexual, asesinatos y mutilaciones.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales las graves violaciones cometidas por las FARDC no han dado lugar a que se emprendan acciones penales. La CSI indica además que muchos testigos han formulado alegaciones que ponen en entredicho a los oficiales de las FARDC que han participado activamente en el enrolamiento de niños, y que el Gobierno dispone de suficiente información para realizar investigaciones y entablar acciones judiciales contra los presuntos autores de estas atrocidades. Por último, la CSI subraya las acciones contradictorias del Gobierno, que por una parte emprende reformas para impedir nuevos reclutamientos y que, por otra, permite a la policía y a las fuerzas armadas enrolar a niños y utilizar la violencia física y sexual contra ellos.

La Comisión toma nota asimismo de la indicación de la OIE de que la adopción de leyes es insuficiente si no se aplican de manera eficaz.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que en 2012 se adoptó un Plan de acción para luchar contra el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados, así como contra otras violaciones graves de los derechos del niño cometidas por las fuerzas armadas y los servicios de seguridad de la República Democrática del Congo. El Gobierno indica asimismo que una de las medidas adoptadas en el marco de este plan fue el nombramiento, en 2015, de la Consejera Especial del Jefe de Estado encargada de la lucha contra la violencia sexual y el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que se han establecido 17 tribunales para niños, los cuales están operativos. Observa que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, de 20 de abril de 2016 (documento A/70/836-S/2016/360) (informe del Secretario General de 2016), se establecieron tres nuevos grupos de trabajo técnicos conjuntos a nivel provincial para acelerar la puesta en práctica del Plan de acción (párrafo 54). La Comisión toma nota a este respecto de que, según la información de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), en la República Democrática del Congo, en 2017, se establecieron un total de siete grupos de trabajo técnicos conjuntos en las provincias (Goma, Bukavu, Kisangani, Lubumbashi, Kalemie, Bunia y Katanga), además del grupo nacional. La Comisión toma nota igualmente, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, de 24 de agosto de 2017 (documento A/72/361-S/2017/821) (informe del Secretario General de 2017), de la validación de los procedimientos operativos estándar para la verificación de la edad y la aprobación de una directriz del Ministerio de Defensa para la difusión de estos procedimientos entre las FARDC y la verificación de los antecedentes de los nuevos reclutas. El informe indica además que las Naciones Unidas documentaron la detención de al menos 15 oficiales de las FARDC y de cinco agentes de la Policía Nacional Congolesa (PNC), entre otras cosas por delitos de reclutamiento y utilización de niños cometidos antes de 2016, y que 41 personas (23 de las FARDC y 11 de la PNC) fueron sentenciadas a penas de entre tres años de prisión y la pena de muerte por haber agredido sexualmente a niños. El Gobierno indicó que se había sentenciado a los autores de actos de violencia sexual contra niños en 129 casos (párrafo 71).

Al tiempo que toma nota de estas medidas, la Comisión observa, no obstante que, según el informe del Secretario General de 2017, durante el año 2016, las Naciones Unidas confirmaron que 492 niños (de los cuales 63 niñas) habían sido reclutados y utilizados por grupos armados, en el 82 por ciento de los casos en Kivu del Norte. En el momento de su reclutamiento, 129 niños tenían menos de 15 años (párrafo 63). Además, el informe indica que al menos 124 habían sido asesinados y 116 mutilados (párrafo 65). También se había confirmado la violación de 170 niñas y de un niño, en 64 casos por las FARDC y en 12 por la PNC (párrafo 66). La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe del Secretario General de 2016, en 2015 se había verificado el reclutamiento nuevo de 488 niños, en el 89 por ciento de los casos en Kivu del Norte, por parte de grupos armados, y el reclutamiento de diez niños por las FARDC (párrafo 45). El informe menciona además 254 casos de niños víctimas de violencia sexual, en 68 casos por las FARDC, en 19 por la PNC y en dos por el Organismo Nacional de Información. Por último, menciona que 68 personas, incluidos oficiales de alto rango, fueron detenidas, de éstas 37 fueron condenadas a penas de hasta veinte años de prisión por delitos de violencia sexual contra las niñas (párrafo 55).

La Comisión observa asimismo que el informe del Secretario General sobre la MONUSCO, de 9 de marzo de 2016 (documento S/2016/233) menciona que el Comandante General de las Escuelas Militares (CGEM) hizo una revisión de los nuevos reclutas de las FARDC y encontró a 84 niños entre las filas que, posteriormente, fueron separados de las FARDC. El CGEM pidió al Estado Mayor Conjunto de las FARDC que impusiera sanciones a los miembros del equipo de reclutamiento (párrafo 48).

La Comisión toma nota asimismo, tras la lectura del informe del Secretario General sobre la MONUSCO, de 30 de junio de 2017 (documento S/2017/565), que entre enero y marzo de 2017, la MONUSCO contabilizó 28 nuevos casos de reclutamiento de niños por la milicia de Kamuina Nsapu, en las provincias de Kasaï, donde actualmente se dan innumerables casos de violencia. También ha documentado la muerte de al menos 59 niños, incluidas 25 niñas, y la mutilación de 44, de los cuales cuatro eran niñas (párrafo 48). La Comisión toma nota además de que, según el informe de la MONUSCO titulado: «Rescapées invisibles: les filles dans les groupes armés en République démocratique du Congo de 2009 à 2015», desde la adopción de la ley relativa a la protección del niño, en 2009, que penaliza el reclutamiento de niños, 8 546 niños, 600 de ellos niñas, han sido reclutados por grupos armados en la República Democrática del Congo (hasta mayo de 2015). Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, de 28 de febrero de 2017, (documento CRC/C/COD/CO/3-5), el Comité de los Derechos del Niño toma nota de que, pese a ciertas mejoras, la información disponible muestra la implicación de niños en las actividades de las fuerzas armadas nacionales y una colaboración entre estas últimas y grupos armados conocidos por enrolar o utilizar niños soldados (párrafo 47). La Comisión observa además, tras la lectura del informe de la MONUSCO y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos titulado: «Lutte contre l'impunité pour les violations ou abus des droits de l'homme en République démocratique du Congo: accomplissements, défis et recommandations» (1er janvier 2014 – 31 mars 2016)», que el número de condenas de miembros de los grupos armados sigue siendo mínimo. El informe explica que esto obedece en particular al contexto de seguridad volátil de las zonas en cuestión, lo que complica las investigaciones, especialmente en relación con la identificación de las víctimas y de los presuntos autores individuales de delitos (párrafo 47). El informe describe además los obstáculos, tales como consideraciones políticas o la inmunidad de facto de que gozan ciertos presuntos autores debido a su poder consuetudinario. Añade que la adopción de acciones judiciales contra los miembros de grupos armados transmitiría un mensaje claro a nivel nacional y tendría un fuerte impacto en el saneamiento de las fuerzas de seguridad, condena que impediría a la persona en cuestión formar parte de las fuerzas estatales (párrafos 54 y 55). A este respecto, la Comisión indica que, según el informe del Secretario General sobre la MONUSCO, de 30 de junio de 2017, la MONUSCO se ha dirigido a la Fiscalía militar para que se enjuicie a los autores de violaciones graves de los derechos del niño (párrafo 48).

La Comisión expresa su profunda preocupación ante el elevado número de niños que siguen siendo reclutados por grupos armados, especialmente porque la persistencia de esta peor forma de trabajo infantil conlleva otras violaciones de los derechos del niño, tales como el asesinato y la violencia sexual, cometidos igualmente por las fuerzas armadas. Reconociendo la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de un conflicto y de grupos armados en el país, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas con carácter urgente para proceder a la separación inmediata y total de todos los niños reclutados por las FARDC, y a que ponga fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de menores de 18 años en los grupos armados. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se emprendan acciones judiciales contra las personas, incluidos los oficiales de las fuerzas armadas regulares, que reclutan o han reclutado por la fuerza a menores de 18 años para su utilización en un conflicto armado, y a que les sean impuestas medidas suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica, de conformidad con la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009, incluidos por los 17 tribunales establecidos a tal efecto. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de investigaciones llevadas a cabo, de acciones judiciales emprendidas, de condenas pronunciadas contra estas personas y las sanciones impuestas.

Apartados a) y d).  Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo infantil en las minas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical del Congo (CSC), según las cuales los menores de 18 años son empleados en las canteras de minerales en las provincias de Katanga y de Kasaï Oriental. Observó que la Relatora Especial de las Naciones Unidas había señalado que los grupos militares reclutaban a niños con el fin de someterlos al trabajo forzoso para la extracción de recursos naturales. La Comisión puso de relieve que, aunque la legislación esté de conformidad con el Convenio sobre este punto, el trabajo infantil en las minas constituía un problema en la práctica. La Comisión tomó nota de las estadísticas del UNICEF, que indican que casi 50 000 niños trabajan en las minas de la República Democrática del Congo, 20 000 de ellos en la provincia de Katanga (sudoriental), 12 000 en Ituri (nororiental) y 11 800 en Kasaï (central).

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, según las cuales un informe de Amnistía Internacional de 2016 subrayó que los niños trabajan en las minas hasta doce horas al día, inclinándose sobre rocas, a cambio de una remuneración que no excede de 1 ó 2 dólares de los Estados Unidos por día. En el informe se menciona asimismo que los niños trabajan a cielo abierto, expuestos a temperaturas sofocantes o a la lluvia, sin equipo de protección y en contacto prolongado con grandes concentraciones de cobalto. La CSI menciona además que el clima de impunidad que prevalece en torno al empleo de menores en el sector minero está directamente relacionado con la ineficiencia y la incompetencia de la inspección del trabajo. Añade que las penas aplicables en caso de recurso al trabajo forzoso siguen siendo mínimas y no tienen un efecto disuasorio.

La Comisión toma nota además de que el miembro trabajador de la República Democrática del Congo en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia hizo referencia a un informe de Amnistía Internacional en cinco yacimientos mineros de Katanga, de 2015, según el cual los niños que trabajan en las minas están expuestos a riesgos para la salud, en particular una enfermedad pulmonar potencialmente mortal, una sensibilización de las vías respiratorias, crisis de asma, disnea y un debilitamiento de las funciones pulmonares.

La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la OIE, según las cuales, si los recursos humanos encargados del control de la aplicación de la legislación son escasos, los ingresos provenientes de estas provincias y del sector minero deben reinvertirse en la contratación de efectivos necesarios, en pro del país y de los niños.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la economía de la República Democrática del Congo se basa esencialmente en la explotación de recursos naturales, en particular las actividades de extracción, forestales y de extracción de hidrocarburos, consideradas todas ellas peligrosas. Añade que, en la explotación minera artesanal, los niños de 16 a 18 años de edad son los más expuestos a trabajos peligrosos. La Comisión toma nota del decreto ministerial núm. 0058/CAB.MIN/MINES/01/2012, de 29 de febrero de 2012, que establece los procedimientos de calificación y validación de los yacimientos mineros auríferos y estanníferos en las provincias de Katanga, Maniema, Kivu del Norte y Kivu del Sur y en la Provincia Oriental, anexo a la memoria del Gobierno. El artículo 8 de este decreto estipula como indicador la consideración de la situación socioeconómica en la región de los Grandes Lagos en general y en el país en particular, asegurando que no se emplee en los yacimientos mineros a los menores de 18 años (artículo 8). La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual en 2016 se estableció una comisión interministerial encargada del seguimiento de la problemática del trabajo infantil en las minas y yacimientos mineros. Indica que la misión de esta comisión es: 1) asegurar la coordinación y facilitar las medidas de las diferentes iniciativas encaminadas a luchar contra el trabajo infantil en las minas y los yacimientos mineros; 2) desempeñar la función de órgano de asesoramiento, de control y de seguimiento del Gobierno ante los ministerios y servicios competentes, y 3) sensibilizar a terceros. El informe menciona además que la Comisión ha elaborado un Plan de acción trienal 2017-2020 que tiene como objetivo general coordinar las medidas en el terreno para acabar con la presencia de niños en las actividades de explotación minera de aquí a 2020. Este plan contiene cinco objetivos concretos, a saber: i) seguir y evaluar la adopción de medidas para combatir el trabajo infantil en las minas y los yacimientos mineros; ii) controlar la situación de la presencia de niños; iii) reforzar la aplicación de medidas encaminadas a retirar a los niños de las cadenas de suministro de minerales, principalmente en los yacimientos mineros «3TG» (tungsteno, tantalio, estaño y oro) y en el sector de la minería de oro; iv) adoptar en el terreno medidas correctivas propuestas por los ministerios y servicios competentes, y v) elaborar una estrategia de comunicación. La Comisión toma nota por último de que, según la información recopilada por la OIT en la República Democrática del Congo, se ha elaborado y discutido un proyecto de estrategia sectorial durante un taller organizado en septiembre de 2017, que actualmente está pendiente de su adopción final. El objetivo principal de esta estrategia es la retirada progresiva de los niños de las minas artesanales y de los yacimientos mineros artesanales, garantizándoles una reinserción social adecuada en su comunidad nacional. Además, retoma los objetivos del Plan de acción trienal añadiendo asimismo un objetivo de lucha contra la impunidad. La Comisión toma nota de que esta estrategia prevé que deberá elaborarse sin dilación un plan operativo. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa nuevamente su profunda preocupación por el elevado número de niños que trabajan en las minas en condiciones peligrosas. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para eliminar con carácter urgente el trabajo forzoso o el trabajo peligroso de los menores de 18 años en las minas. En relación con esto, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se emprendan acciones judiciales eficaces contra los infractores, y que se impongan sanciones efectivas y suficientemente disuasorias en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el marco del establecimiento del Plan de acción trienal 2017-2020 y de la Estrategia sectorial de 2017-2025 tras su validación oficial.

Artículo 7, 2).  Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil y librarles de estas peores formas y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Niños soldados. En seguimiento a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que se esfuerza por consolidar datos relativos a los niños que se han beneficiado de programas de separación y de rehabilitación social y económica. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de 2017, de 24 de agosto de 2017 (documento A/72/361-S/2017/821), 1 662 niños (de los cuales 177 niñas) fueron retirados de grupos armados en 2016 (párrafo 149). En 2015, se retiró a un total de 2 045 menores de los grupos armados y a diez niños de las FARDC (informe del Secretario General, de 2016, documento A/70/836-S/2016/360, párrafo 53). La Comisión toma nota igualmente de que, según el informe del Secretario General sobre la MONUSCO, de 10 de marzo de 2017 (documento S/2017/206), de enero a marzo de 2017, 61 niños y nueve niñas fueron separados o escaparon de los grupos armados (párrafo 33). Asimismo, toma nota de que, según el informe del Secretario General sobre la MONUSCO, de 30 de junio de 2017 (documento S/2017/565), entre marzo y junio de 2017, al menos 269 niños fueron separados o escaparon de los grupos armados, incluidas 14 niñas (párrafo 47). La Comisión toma nota además de que en el informe de la MONUSCO titulado: «Rescapées invisibles: les filles dans les groupes armés en République démocratique du Congo de 2009 à 2015» se pone de relieve la dura realidad a la que se enfrentan las niñas, la mitad de las cuales son objeto de violencia sexual y a menudo quedan rezagadas dentro de los grupos armados por temor a ser víctimas de estigmatización. En relación con esto, la Comisión toma nota de que, según las observaciones finales de 2017 del Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/COD/CO/3-5), los recursos humanos y financieros destinados a la separación y a la rehabilitación y reinserción de los niños soldados son limitados, lo que penaliza de manera desproporcionada a las niñas, que representan hasta el 30 por ciento de los niños asociados a las fuerzas y grupos armados (párrafo 47, e)). La Comisión menciona asimismo que las niñas soldados son objeto de estigmatización y rechazo por sus comunidades y que, por ese motivo, en algunas ocasiones se ven obligadas a reincorporarse a los grupos armados (párrafo 47, f)). La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones finales, de 28 de febrero de 2017 sobre la venta de niños, la prostitución de niños y la pornografía infantil (documento CRC/C/OPSC/COD/CO/1), el Comité de los Derechos del Niño expresa su preocupación por el elevado número de niñas que los grupos armados siguen sometiendo a la explotación sexual y al trabajo forzoso (párrafo 40), y por la inexistencia de un procedimiento claramente definido y de servicios de orientación encaminados a brindar protección y asistencia a los niños víctimas de explotación sexual (párrafo 36). En este sentido, la Comisión toma nota de que, en 2016, el UNICEF prestó apoyo médico, psicosocial, económico y jurídico a 100 000 niños que habían sido víctimas de violencia sexual por motivo de género (UNICEF, informe anual de la República Democrática del Congo, pág. 1). La Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos y adopte medidas eficaces en un plazo determinado para librar a los niños de las fuerzas y grupos armados, del trabajo forzoso y de la explotación sexual, y para asegurar su rehabilitación e inserción social, prestando particular atención a la separación de las niñas. Además, la Comisión insta al Gobierno a que proporcione información sobre el número de niños soldados a los que se ha librado de las fuerzas y grupos armados y se ha reinsertado a través de una asistencia apropiada en materia de rehabilitación y de inserción social.

2.  Niños que trabajan en las minas. La Comisión tomó nota anteriormente de que estaban llevándose a cabo varios proyectos encaminados a la prevención del trabajo infantil en las minas y a la reinserción de estos niños a través de la educación, dirigidos a un total de 12 000 niños, 4 000 de ellos con fines de prevención y 8 000 para librarlos de tal trabajo con miras a su reinserción a través de la formación profesional. El Gobierno indicó asimismo en su memoria que se había retirado a más de 13 000 niños de tres yacimientos mineros y de canteras en Katanga, Kasaï oriental e Ituri en el marco del proyecto de las ONG Save the Children y Solidarity Center. A continuación, se había incluido a estos niños en estructuras de educación formal y no formal, así como en programas de aprendizaje. No obstante, en la memoria se indicó asimismo que, habida cuenta de la persistencia del problema, era preciso seguir desplegando esfuerzos. Además, la Comisión tomó nota de que las niñas congolesas eran víctimas de prostitución forzosa en lugares de prostitución improvisados y en los campos, así como en las proximidades de las explotaciones mineras y en los mercados.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para impedir que los niños no trabajen en las minas y en otros sectores peligrosos, y a que prestara la asistencia directa necesaria y apropiada para librarlos de estas peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la falta de información en la memoria presentada por el Gobierno sobre el número de niños librados del trabajo en las minas. Observa, no obstante, que el eje 5 de la Estrategia sectorial de lucha contra el trabajo infantil en las minas — a saber, la protección y el cuidado de los niños — establece que el enfoque previsto es alejar a los niños de las minas y atender sus necesidades en términos de protección y de reinserción socioeconómica. A este respecto, las medidas previstas son identificar el número de niños que trabajan en las minas artesanales, implantar soluciones alternativas y sostenibles en el ámbito educativo y socioeconómico, y reforzar los mecanismos comunitarios de prevención, protección y promoción de los derechos del niño y de la mujer. La Comisión toma nota además de que se ha adoptado un proyecto de plan de salida de los niños en la cadena de suministro del sector minero artesanal. La Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para impedir que los menores de 18 años trabajen en las minas y sean víctimas de prostitución en las explotaciones mineras. Le pide que prevea la asistencia directa necesaria y apropiada para librarlos de estas peores formas de trabajo infantil y lograr su rehabilitación y reinserción social. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas en el marco del Plan de acción trienal para 2017-2020 y de la Estrategia sectorial para 2017-2025 tras su validación oficial, así como sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional destinada a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del Programa de Trabajo Decente por País de Djibouti 2008-2012 (PTDP) cuya prioridad era la mejora de las condiciones de trabajo para la promoción de las normas nacionales e internacionales del trabajo, haciendo especial hincapié en el trabajo infantil. Asimismo, la Comisión tomó nota de la adopción del Plan estratégico nacional para la infancia en Djibouti (PSNED) 2011-2015, para el establecimiento de un entorno protector que favorezca el respeto de los derechos fundamentales de los niños. La Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la ejecución del PTDP y el PSNED así como sobre los resultados obtenidos en materia de eliminación progresiva del trabajo infantil. Además, solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta a la elaboración de una política nacional específica de lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, según el UNICEF, en el período 2002-2012 en Djibouti el 7,7 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años realizaron actividades consideradas como trabajo. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que, habida cuenta de que los estudios realizados siguen siendo proyectos, no puede comunicar los resultados obtenidos a través del PSNED. Asimismo, el Gobierno indica que debido a una falta de entendimiento con los sindicatos el PTDP no se ha podido adoptar y que espera que, con la ayuda de la Oficina, se reanude el diálogo social para la adopción y la ejecución del PTDP en un futuro próximo. Además, la Comisión toma nota del Anuario estadístico de Djibouti anexo a la memoria del Gobierno y de que el Gobierno indica que la Dirección de Estadística y Estudios Demográficos (DISED) no ha efectuado ninguna encuesta en materia de trabajo infantil. La Comisión expresa la firme esperanza de que el diálogo social se reanude sin demora y pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la ejecución efectiva del PTDP y el PSNED. Le pide que transmita información sobre los resultados obtenidos en materia de eliminación progresiva del trabajo infantil y sobre los progresos realizados en lo que respecta a la elaboración de una política nacional específica de lucha contra el trabajo infantil. Por último, solicita de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que en un futuro próximo se realicen estudios sobre la extensión y la naturaleza del trabajo infantil en Djibouti y para que los resultados de esos estudios sean comunicados a la Oficina.

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota de que en virtud del artículo 1 de la ley núm. 133/AN/05/5.ª por la que se establece el Código del Trabajo (en adelante «Código del Trabajo»), parece que el Código sólo se aplica a las relaciones de trabajo. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicó que el respeto del artículo sobre la edad mínima de acceso al trabajo es efectivo en la economía formal pero no lo es en los sectores de la economía informal. Además, la Comisión tomó nota de que, a pesar de que la nueva ley núm. 199/AN/13/6.ª que completa la ley núm. 212/AN/07/5.ª por la que se crea la Caja Nacional de Seguridad Social extiende las prestaciones del régimen de asistencia médica a todos los trabajadores independientes que trabajan en la economía informal, el Gobierno ha reconocido que la falta de estructuración de la economía informal le impide tener una visión clara de los problemas de los jóvenes trabajadores de este sector.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que espera presentar la cuestión del trabajo informal al Consejo Nacional del Trabajo inspirándose especialmente en la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica, formal o informal, y cubre todos los tipos de empleo o de trabajo, se efectúen o no sobre la base de una relación de trabajo subordinada, y sean o no remunerados. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar la protección prevista en el Convenio a los menores de 16 años que trabajan en la economía informal, especialmente adaptando y reforzando la inspección del trabajo a fin de mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo de identificar los casos de trabajo infantil. Pide al Gobierno que comunique información a este respecto así como sobre los resultados obtenidos.

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 4 de la ley núm. 96/AN/00/4.ª, que establece la orientación del sistema educativo de Djibouti, el Estado garantiza la educación a los niños de 6 a 16 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, en 2006, la tasa neta de escolarización en la enseñanza primaria era del 66,2 por ciento y del 41 por ciento en la enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de que, a pesar de las mejoras que se han producido en materia de asistencia a la escuela, Djibouti sigue siendo un país con una baja tasa de escolarización de los niños y que el objetivo, inscrito en el PSNED, de alcanzar una tasa de escolarización del 100 por ciento para los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años en 2015 no se ha alcanzado. En efecto, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2014 la tasa de asistencia a la escuela primaria era del 67,39 por ciento y la tasa de asistencia a la escuela secundaria del 46,35 por ciento. Recordando que la escolarización obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para adoptar medidas que permitan a los niños seguir la enseñanza básica obligatoria o introducirse en un sistema escolar informal. A este respecto, también le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas recientemente para aumentar la tasa de escolarización, tanto a nivel primario como secundario, a fin de impedir que los menores de 16 años trabajen. Sírvase transmitir estadísticas recientes sobre las tasas de asistencia a la escuela primaria y secundaria en Djibouti.

Artículo 3, párrafo 1. Edad de admisión a los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 112 del Código del Trabajo, las mujeres o los «jóvenes» de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años no pueden tener un empleo que, a solicitud de un inspector del trabajo, un médico acreditado haya considerado que es superior a sus fuerzas. Sin embargo, la Comisión observó que en la legislación nacional no parece existir disposición alguna que especifique una edad mínima de 18 años para la admisión a todo tipo de empleos o trabajos que por su naturaleza o las condiciones en que se realicen puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, tal como se exige en el artículo 3, 1), del Convenio. Tomando nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto, la Comisión le pide que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar que ningún menor de 18 años esté autorizado a ejercer un trabajo peligroso, con arreglo al artículo 3, 1). También solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los tipos de empleos o trabajos peligrosos. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 110 del Código del Trabajo, el trabajo de los jóvenes está formalmente prohibido en empleos domésticos y en hoteles, bares y cafeterías, a excepción de los empleos estrictamente relacionados con la restauración, y que un decreto propuesto por el Ministro del Trabajo y el Ministro de la Seguridad Social previa consulta con el Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (CONTESS), en aplicación del artículo 111 de dicho Código, establece la naturaleza de los trabajos y las categorías de empresas prohibidos a las mujeres en general, a las mujeres embarazadas y a los jóvenes, y la edad límite a la que se aplica esa prohibición. La Comisión pidió al Gobierno que adoptara este decreto sobre los trabajos y empresas prohibidos a los jóvenes.

La Comisión toma nota de nuevo de que el Gobierno indica que el decreto en cuestión ha sido elaborado y que se compromete a someter su adopción al CONTESS. También señala que hasta la fecha la inspección del trabajo no ha llevado a cabo ningún control de los trabajos peligrosos realizados por jóvenes. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para que en un futuro próximo se adopte el decreto que establece la naturaleza de los trabajos y las categorías de empresas prohibidos a los jóvenes menores de 18 años en aplicación del artículo 111 del Código del Trabajo.

Tomando nota de que el Gobierno ha señalado que está interesado en obtener la asistencia técnica de la Oficina, la Comisión le invita a recurrir a esta asistencia a fin de facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 3, b), y 7, 2), del Convenio. Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución y medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño había expresado de nuevo su preocupación por el elevado número de niños, en particular niñas, que se prostituyen y por la falta de estructuras que proporcionen servicios a los niños víctimas de explotación sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no dispone de datos actualizados sobre la cuestión. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado para retirar a los niños de la prostitución y asegurar un seguimiento con miras a su readaptación e integración social. Además, pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículos 3, c), y 4, 1).  Trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajos. En lo que respeta a la prohibición de que los menores de 18 años realicen trabajos que, por su naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañen su salud, seguridad o moralidad, tal como se exige en el artículo 3, d), del Convenio, así como en relación con la adopción de una lista de trabajos peligrosos, la Comisión se remite a sus comentarios detallados sobre el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículo 6.  Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. La Comisión había tomado nota de que en el marco de las actividades del Programa de Trabajo Decente por País de Djibouti (PTDP, 2008-2012), una de cuyas prioridades es la mejora de las condiciones de trabajo para la promoción de las normas nacionales e internacionales del trabajo, haciendo especial hincapié en el trabajo infantil, uno de los logros previstos era que los mandantes de la OIT y los interlocutores sociales actúen conjuntamente para eliminar y prevenir las peores formas de trabajo infantil. A este respecto, se había previsto elaborar y ejecutar un plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el PTDP no se ha adoptado debido a la falta de entendimiento entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, pero que espera que, con la ayuda de la Oficina, el diálogo social se reanude y el plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se adopte y ejecute. La Comisión expresa la firme esperanza de que el diálogo social se reanude lo antes posible. Pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que el plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se elabora, adopta y ejecuta a la mayor brevedad y que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto.

Artículo 7, 2), d).  Identificación de los niños especialmente expuestos a riesgos. 1. Niños huérfanos a causa del VIH y el sida. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a los huérfanos y niños vulnerables, el número de huérfanos a causa del VHI y el sida está aumentado (y ha alcanzado la cifra de 8 800).

La Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información alguna sobre las medidas adoptadas para evitar que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que, según la publicación del UNICEF titulada Estado mundial de la infancia 2016: Una oportunidad justa para cada niño, en 2014, 6 000 niños quedaron huérfanos debido al VIH y el sida. Asimismo, toma nota de la elaboración por el Ministerio de Salud de un Plan nacional de desarrollo sanitario (2013-2017) en el que se indica que, en el marco de la Asociación del Cuerno de África para la lucha contra la vulnerabilidad al VIH y la migración transfronteriza, el Gobierno se ha comprometido de nuevo a intensificar y reforzar la colaboración interministerial a nivel nacional y subregional a fin de frenar la propagación del VIH y el sida e invertir la tendencia actual de esta lacra. Recordando que los huérfanos a causa del VIH y el sida corren un riesgo mayor de estar ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que comunique información sobre el impacto de las medidas, las políticas y los planes ejecutados para evitar que los niños huérfanos a causa del VIH y el sida sean ocupados en las peores formas de trabajo infantil y que transmita información sobre los resultados obtenidos.

2.  Niños que viven en la calle. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual los niños que viven y trabajan en la calle, en general, son de origen extranjero y se dedican a la mendicidad o trabajan como limpiabotas. Asimismo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño seguía expresando su preocupación por el número muy elevado de niños que viven en la calle y por el hecho de que estos niños sigan siendo vulnerables a la prostitución, las infecciones sexualmente transmisibles, como por ejemplo el VIH y el sida, la explotación económica y sexual y la violencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información alguna a este respecto. Sin embargo, también toma nota de que en un documento titulado Acción humanitaria para la infancia, publicado por el UNICEF en 2016, se indica que 200 niños que viven en la calle han recibido ayuda social gracias a la acción humanitaria llevada a cabo por el UNICEF, con la colaboración del Gobierno. Recordando que los niños de la calle están especialmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para protegerles de las peores formas de trabajo infantil y garantizar su readaptación y reintegración social, y le pide que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño observó que las investigaciones realizadas en los ámbitos de la pobreza, la educación y la salud presentaban lagunas, y que los medios existentes que permitían centralizar y analizar los datos sobre la población eran insuficientes. La Comisión toma nota de que el Gobierno quiere recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para establecer estadísticas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas a fin de garantizar que se dispone de estadísticas sobre la naturaleza, la amplitud y la evolución de las peores formas de trabajo infantil, desglosadas por edad y sexo, así como sobre el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio.

Habida cuenta de que el Gobierno ha manifestado interés en la asistencia técnica, la Comisión le invita de nuevo a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para facilitar la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Dominica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 2, 2), del Convenio. Elevar la edad inicialmente especificada para la admisión al empleo o al trabajo. Al tomar nota de que el Gobierno especificó inicialmente una edad mínima de 15 años, sujeta a ratificación, la Comisión observa que la Ley sobre la Educación de 1997 prevé una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años. A este respecto, la Comisión aprovecha la oportunidad de señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio en la que se establece que todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó inicialmente. Esto permite que la edad especificada por la legislación nacional sea armonizada con la prevista en el plano internacional. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien considerar el envío a la Oficina de una declaración de esa naturaleza.

Artículo 3, 1).  Edad mínima de admisión al trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que, de conformidad con el artículo 7, 1), de la Ley sobre el Empleo de las Mujeres, los Jóvenes y los Niños, ningún joven (menor de 18 años) podrá tener un empleo o trabajo nocturno en cualquier empresa pública o privada, con la excepción de la empresa en que sólo trabajan los miembros de la misma familia. No obstante, la Comisión observa que no existe otra disposición que prohíba el empleo de los jóvenes en un trabajo que pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores. A este respecto, la Comisión ruega al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se prohíba a todas las personas menores de 18 años de edad la realización de trabajos peligrosos.

Artículo 3, 2).  Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que en 2009 se consultará a los interlocutores sociales para la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos. Al recordar que, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o de trabajo peligrosos serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado en relación con la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos que han de prohibirse a las personas menores de 18 años.

Artículo 7, 3).  Determinación de los tipos de trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que mientras el artículo 46, 3), permite el empleo durante las vacaciones escolares de los niños a partir de los 14 años de edad (por ejemplo, en trabajos ligeros), observa que no parece existir una determinación de los tipos de trabajos ligeros autorizados para esos niños. A este respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades que se consideren trabajos ligeros y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada o prevista para determinar las horas y las condiciones en las que el trabajo ligero podrá ser realizado por niños a partir de los 14 años de edad durante las vacaciones escolares, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.

Artículo 9, 3).  Mantenimiento de registros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 8, 1), de la ordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños dispone el mantenimiento de registros o listas de jóvenes menores de 16 años de edad. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 9, 3), del Convenio requiere el mantenimiento de tales registros para incluir a todas las personas menores de 18 años de edad. Al tomar nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los empleadores lleven y tengan a disposición el registro de todas las personas menores de 18 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria presentada en virtud del Convenio núm. 182 en 2009 que se adoptaran medidas para ampliar el mandato actual de la inspección nacional del trabajo a fin de abarcar los asuntos relativos al trabajo infantil, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos estadísticos sobre el empleo de niños y adolescentes, extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas que afectan a niños y adolescentes.

La Comisión alienta al Gobierno a que tome en consideración sus comentarios relativos a las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT para poner esta legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Dominicana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota del Plan nacional de acción 2012-2016 que establece, entre sus prioridades, la mejora de la calidad de la educación básica y del acceso a ésta y el descenso del índice de abandono escolar en la enseñanza secundaria. Asimismo, tomó nota de que a partir del período 2006-2016 el índice neto de asistencia a la escuela primaria pasó de un 88 por ciento para las niñas y un 84 por ciento para los niños a un 91 por ciento y 93,3 por ciento, respectivamente; y, en la enseñanza secundaria, de un 39 por ciento para las niñas y un 27 por ciento para los niños a un 66,5 por ciento y un 57,7 por ciento, respectivamente.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que el 4 por ciento del PIB se destina a la educación. Asimismo, el Gobierno indica que el decreto núm. 546-12 tiene por objetivo eliminar el analfabetismo de 938 000 personas en dos años. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en los dos próximos años se crearán 25 000 nuevas aulas y 3 776 centros educativos para acoger a más de 1 008 417 estudiantes. El Gobierno también se refiere al Plan decenal de educación 2008-2018 que tiene por objetivo mejorar la oferta educativa y hacer aumentar la asistencia a la escuela. La política núm. 7 de este Plan pretende promover la educación para todos, aportando ayudas a los alumnos que proceden de medios desfavorecidos, especialmente a través de un servicio de comidas escolares y de uniformes, mochilas y otro material escolar. Al tiempo que toma nota del aumento considerable de la tasa de asistencia escolar en la enseñanza secundaria y del Plan decenal de educación 2008-2018, la Comisión observa que sigue habiendo grandes diferencias entre la asistencia a la escuela secundaria y la asistencia a la escuela primaria. Por consiguiente, pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para aplicar, de forma efectiva, el Plan decenal de educación 2008-2018 a fin de que todos los niños puedan finalizar la escolaridad obligatoria, nivel secundario incluido, y por lo tanto estén escolarizados como mínimo hasta la edad de 14 años.

Artículo 3, 3).  Autorización del empleo de menores en trabajos considerados peligrosos a partir de la edad de 16 años. La Comisión tomó nota de que el artículo 251 del Código del Trabajo, que prohíbe que los menores de 16 años de edad realicen un trabajo peligroso e insalubre, es vago y no establece las condiciones en las que los menores que superan los 16 años pueden realizar un trabajo peligroso, ni los requisitos para su protección y formación profesional, como requiere el artículo 3, 3), del Convenio.

El Gobierno se refiere a la resolución núm. 52/2004 sobre trabajos peligrosos e insalubres para personas menores de 18 años. El párrafo 1 de la resolución enuncia el principio según el cual se prohíben en general los trabajos peligrosos a todos los jóvenes menores de 18 años y el párrafo 2 establece una lista detallada de los trabajos y tareas prohibidos. La Comisión toma nota con interés de que el párrafo 3 de la resolución autoriza a los jóvenes de 16 y 17 años a realizar ciertas tareas prohibidas en el párrafo 2 a condición de que: i) estos trabajos sean indispensables para el desarrollo de un contrato de aprendizaje dentro del proceso de formación profesional, y ii) se garantice la protección de la seguridad y la salud del menor y el trabajo se realice bajo la supervisión y control de una persona competente que pertenezca al centro que imparta la formación. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de la resolución núm. 52/2004 sobre trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para personas menores de 18 años, en particular información estadística sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas y las sanciones impuestas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota de que los sectores de actividad económica en los que hay más trabajo infantil son las actividades de servicios en las zonas urbanas y las actividades agrícolas en las zonas rurales y que la aplicación de la legislación en materia de trabajo infantil parecía difícil, con lo cual en la práctica el trabajo infantil continuaba representando un problema para el país. También tomó nota de que, en el marco del Programa de duración determinada (PDD) sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT/IPEC, el Gobierno estaba llevando a cabo diversos programas de acción a fin de eliminar el trabajo infantil en el sector agrícola y en las actividades de servicios realizadas en las zonas urbanas y adoptó el Plan estratégico nacional (PEN) para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2006-2016), cuyo objetivo era garantizar la protección de los derechos fundamentales de niños y jóvenes para 2016 y la eliminación del trabajo infantil para 2020. Además, el Plan tenía por finalidad incorporar 200 000 nuevas familias de bajos ingresos al programa «Progresando con solidaridad» al que pueden acceder las familias a condición de que no hagan trabajar a ningún niño. Asimismo, el Gobierno se refirió a la Hoja de ruta para hacer de la República Dominicana un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, iniciativa concebida para reforzar los objetivos del Plan estratégico a fin de erradicar el trabajo infantil para 2020.

Sin embargo, la Comisión tomó nota de que alrededor de 304 000 niños de entre 5 y 17 años trabajaban (a saber, un 12 por ciento de este grupo de edad), de los cuales 212 000 (a saber, el 8 por ciento del mismo grupo de edad) realizaban actividades consideradas peligrosas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha establecido alianzas con iglesias, municipios, gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales para luchar más eficazmente contra todas las formas de trabajo infantil. El Gobierno también indica que las inspecciones del trabajo se llevan a cabo teniendo en cuenta la prohibición de emplear a jóvenes menores de 18 años en trabajos peligrosos. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere de nuevo al PEN y a la Hoja de ruta pero no transmite información detallada sobre su aplicación ni sobre los resultados obtenidos. También toma nota de que la Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR) 2009-2010 no ha actualizado los datos estadísticos sobre la situación del trabajo de niños y adolescentes en el país. Además, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de marzo de 2015, expresó su preocupación por el hecho de que la prevalencia del trabajo infantil sea elevada en el país y las medidas adoptadas para hacer frente al trabajo doméstico infantil sean insuficientes (documento CRS/C/DOM/CO/3-5, párrafo 65). La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva del PEN y de la Hoja de ruta y que transmita información detallada sobre los resultados obtenidos a fin de avanzar hacia la eliminación del trabajo infantil para 2020. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre la manera en que el Convenio se aplica en la práctica, en particular información estadística sobre el empleo de niños y adolescentes compilada gracias a la ENHOGAR, extractos pertinentes de los informes de los servicios de inspección y datos sobre el número y la naturaleza de los delitos cometidos contra niños y adolescentes.

La Comisión plantea otra cuestión en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños para su explotación sexual comercial y sanciones. La Comisión tomó nota de que la República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial y de trabajo forzoso y de que, a pesar de las importantes sanciones previstas en la legislación nacional para la trata de personas, el problema sigue estando extendido. La Comisión también tomó nota del desarrollo del Sistema Nacional de Control e Información sobre el Trabajo Forzoso (INFOSITI), proyecto que recibió asistencia de la OIT/IPEC a través de un proyecto financiado por España. Asimismo, el Gobierno indicó que estaba elaborando un sistema para que la inspección del trabajo compile datos sobre el trabajo infantil así como protocolos para la gestión de información y de respuesta interinstitucional. A pesar de estas medidas, la Comisión toma nota del elevado número de niños haitianos víctimas de trata en la República Dominicana.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que se ha creado una unidad de investigación criminal para investigar sobre los casos de trata, bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Está compuesta por 41 miembros formados por la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América (FBI). Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica de nuevo que se ha iniciado una revisión del Código Penal con miras a reforzar las sanciones previstas para castigar la venta y trata de niños y su explotación sexual comercial. El Gobierno añade que está realizando un estudio para investigar los casos de trata de mujeres dominicanas hacia el extranjero que se produjeron entre 2009 y 2015. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores, la República Dominicana registró 17 casos de explotación sexual, seis casos de explotación sexual comercial y dos casos de pornografía infantil. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de marzo de 2015, el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación por que la explotación sexual todavía sea percibida como una cuestión privada, lo que contribuye a un alto grado de impunidad en este ámbito (documento CRC/C/DOM/CO/3-5, párrafos 33 y 35). Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a instar de nuevo firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos a fin de reforzar las capacidades de los órganos encargados de la aplicación de la ley para que los autores de hechos constitutivos de trata de niños con fines de explotación sexual o de explotación laboral sean efectivamente enjuiciados y sancionados con penas disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos, en particular, sobre la formación de la unidad de investigación criminal. Además, pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre el desarrollo del INFOSITI así como estadísticas compiladas en este marco, en particular sobre el número de infracciones señaladas, investigaciones entabladas, enjuiciamientos realizados y condenas y sanciones penales impuestas en los casos de infracción de las disposiciones legales que sancionan la venta y trata de niños. Por último, solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en la modificación del Código Penal.

Artículo 6.  Programas de acción. Explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del proyecto de la OIT/IPEC titulado «Hoja de ruta para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de trabajo infantil», proyecto que debía recibir la asistencia prevista por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) dirigido a los niños víctimas de explotación sexual comercial. Asimismo, la Comisión tomó nota de que la prevención y la erradicación del trabajo infantil estaba incluida en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), 2012-2016.

El Gobierno indica que se ha iniciado la campaña «No hay excusas», destinada a prevenir la explotación sexual de niños y adolescentes, que cuenta con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En esta campaña, a la que se ha dado mucha difusión a través de los medios de comunicación, han participado personalidades de los medios artísticos del país. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación por la falta de programas de atención y rehabilitación adecuados para los niños víctimas de explotación sexual (documento CRC/C/DOM/CO/3-5, párrafo 33). El Comité de los Derechos del Niño también señaló que le preocupa en particular que el CONANI realice una supervisión inadecuada de las instituciones (párrafo 41). Tomando nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que intensifique sus esfuerzos de lucha contra la explotación sexual comercial de niños. Habida cuenta de que el Gobierno no transmite información a este respecto, la Comisión le solicita que transmita información sobre el impacto de la Hoja de ruta y de la campaña «No hay excusas» en este ámbito, incluso el nombre de niños a los que ha llegado ésta. En lo posible, esta información debe ser desglosada por edad y por género.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Explotación sexual comercial en la industria del turismo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el proyecto regional de la OIT/IPEC contra la explotación sexual comercial de niños prevé el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales. Asimismo, tomó nota de que se promovió una importante coordinación institucional mediante la asistencia técnica especializada concedida a la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, y con la ayuda de los poderes locales ha elaborado un plan piloto y de esta forma ha establecido 18 células de vigilancia principalmente en zonas turísticas tales como Boca Chica, Juan Dolio y Guayacanes. El Gobierno añade que se está llevando a cabo un proceso de sensibilización de los actores de la economía del turismo, en particular, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR). Sin embargo, la Comisión también toma nota de que el Gobierno no transmite información alguna sobre los medios utilizados en el marco del proceso de sensibilización para prevenir eficazmente la explotación sexual comercial de niños. Por último, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la alta incidencia de explotación sexual por turistas extranjeros, que afecta en particular a los niños de ascendencia haitiana (documento CRC/C/DOM/CO/3-5, párrafo 33). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos y transmita información sobre el trabajo y las medidas adoptadas o previstas para sensibilizar directamente a los actores de la industria turística. Asimismo, le pide que transmita más información sobre el trabajo y las funciones de las células de vigilancia así como sobre las actividades del CESTUR. Además, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre la ejecución del proyecto regional contra la explotación sexual comercial en lo que respecta a la prevención de la explotación sexual comercial de niños.

Apartado b).  Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Explotación sexual comercial. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto «caso a caso» financiado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), crea un espacio para orientar a los niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Asimismo, toma nota de que el Gobierno señala que uno de sus mayores éxitos ha sido establecer el primer hogar de acogida para víctimas de trata y de explotación sexual. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que falta información detallada sobre el número de niños acogidos en el hogar y sobre las medidas adoptadas para garantizar su rehabilitación e inserción social. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información más amplia en relación con el hogar de acogida establecido en el marco del proyecto «caso a caso», y que precise el número de niños acogidos en él. Le pide asimismo que indique si se han previsto y se ejecutan programas específicos de seguimiento médico-social para los niños víctimas de explotación sexual comercial.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Egipto

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional sobre la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según las conclusiones de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil, de 2010, realizada por la OIT y el Organismo Central de Movilización Pública y Estadística, se estima que, de los 17,1 millones de niños de Egipto, 1,59 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años de edad están ocupados en el trabajo infantil (aproximadamente el 9,3 por ciento), el 21 por ciento de los cuales son niñas y el 79 por ciento niños. Casi la mitad de los niños empleados están ocupados en trabajos peligrosos y no remunerados, en su mayoría como trabajadores familiares no remunerados, aproximadamente el 9 por ciento de los niños que trabajan entre las edades de 5 y 9 años, están ocupados en trabajos peligrosos remunerados, al tiempo que la proporción aumenta de manera constante con la edad, llegándose al 48 por ciento en el caso de los niños entre 15 y 17 años de edad y al 28 por ciento en el caso de las niñas entre 15 y 17 años de edad. La mayoría de los niños trabaja en la agricultura (el 63,8 por ciento), seguido del 17,7 por ciento que trabaja en el sector industrial y el 18,5 por ciento en los servicios.

La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en relación con las medidas adoptadas para combatir el trabajo infantil en Egipto. El Gobierno indica que, como consecuencia del proyecto aplicado en colaboración con la OIT y el Programa Mundial de Alimentos «Combatir las peores formas de trabajo infantil mediante el refuerzo de la respuesta política y la promoción de medios de vida sostenibles y oportunidades educativas en Egipto», 2010-2014 (CWCLP), se llevaron a cabo varias actividades de sensibilización dirigidas a los niños expuestos al trabajo infantil y sus familias; se realizó una evaluación de necesidades en 1 365 escuelas comunitarias en 16 gobernaciones; se readaptaron 156 escuelas para que pudieran integrar a los niños con necesidades educativas, y se retiraron 110 000 niños del mercado de trabajo. El Gobierno indica también que se firmó un memorándum de entendimiento con la OIT, que se llevaron a cabo dos talleres para la elaboración de un plan nacional en junio de 2014, y se elaboró un primer proyecto de un plan nacional, que se encuentra en curso de examen con objeto de elaborar e implementar su versión definitiva. A este respecto, la Comisión toma nota de que la OIT continúa su labor de apoyo a los mandantes nacionales para combatir el trabajo infantil a través de un proyecto destinado a reforzar la capacidad del Gobierno egipcio, organizaciones de trabajadores y de empleadores de 2016 a 2017. Entre los resultados que se esperan del proyecto cabe mencionar la finalización del Plan Nacional de Acción para Combatir las Peores Formas de Trabajo Infantil (NAP-WFCL) en Egipto y prestar asistencia a los mandantes y principales interlocutores para su aplicación; la promoción de un sistema de aprendizaje perfeccionado para niñas y niños en edad de trabajar; y el incremento de la sensibilización sobre el trabajo infantil entre los mandantes, las instituciones y la sociedad.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe del UNICEF de 2016 titulado «Niños en Egipto, 2016: una recopilación estadística», el 7 por ciento de los niños de 5 a 17 años de edad fueron ocupados en el trabajo infantil en 2014. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión se ve obligada a expresar su preocupación por la situación y número de niños trabajadores en Egipto. En consecuencia, la Comisión alienta al Gobierno a que continúe intensificando sus esfuerzos para garantizar la progresiva eliminación del trabajo infantil. Pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en términos del número de niños que son efectivamente retirados del trabajo infantil, en particular mediante la aplicación del NAP-WFCL, una vez adoptado.

Artículo 6.  Aprendizaje. La Comisión toma nota de que el Gobierno elaboró un proyecto de Código del Trabajo, para el que solicitó la asistencia técnica de la OIT. La Comisión observa que los artículos 26 y 58 del proyecto de Código del Trabajo establecen que la edad mínima para la admisión al aprendizaje o formación es a partir de los 13 años de edad. La Comisión recuerda que el artículo 6 del Convenio prevé que las actividades de formación o aprendizaje que se llevan a cabo en las empresas sólo se autorizarán a las personas de por lo menos 14 años de edad, siempre que dicho trabajo sea parte integrante de un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una escuela o institución de formación; un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente, o un programa de orientación destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de formación. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los artículos 26 y 58 del proyecto de Código del Trabajo sean enmendados para elevar la edad mínima de admisión al aprendizaje o formación de los 13 a los 14 años de edad, de conformidad con el artículo 6 del Convenio.

Artículo 7.  Determinación de los tipos de trabajo ligero. La Comisión tomó nota anteriormente de que las disposiciones del artículo 64 de la Ley sobre el Niño permite el trabajo de los niños entre los 12 y 14 años de edad, por decreto del gobernador competente, con el acuerdo del Ministro de Educación realizar un trabajo de temporada que no sea perjudicial para su salud, su desarrollo o no interrumpa su escolaridad. La Comisión tomó nota entonces, de que la edad mínima para el empleo o trabajo en Egipto era de 14 años de edad, aunque desde esa fecha se aumentó a los 15 años de edad, de conformidad con el artículo 2, 2), del Convenio.

La Comisión observa que, en relación con las condiciones y situación del empleo de niños de diferentes grupos de edades, el artículo 59 del proyecto de Código del Trabajo remite a las disposiciones de la Ley sobre el Niño, que incluye el artículo 64 sobre el trabajo ligero. La Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 7, 1), del Convenio, el trabajo ligero sólo se autoriza a las personas de 13 a 15 años de edad, habida cuenta de que Egipto ha establecido que la edad mínima de admisión al empleo o trabajo es 15 años de edad. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el artículo 64 de la Ley sobre el Niño sea enmendado para modificar la edad mínima de admisión al trabajo ligero, fijándola a los 13 años de edad, de conformidad con el artículo 7, 1), del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), 6 y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños, programas de acción y sanciones. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Gobierno adoptó y aplicó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, 2011-2013 (NAP-HT) con el objetivo de impedir la trata de seres humanos, proteger y asistir a las víctimas de la trata, asegurar sanciones efectivas para los traficantes, y promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para el logro de esos objetivos. La Comisión observó que el Comité Nacional de Coordinación había previsto proseguir sus actividades contra la trata en el marco del segundo NAP-HT (2013-2015), entre las que cabe mencionar el establecimiento de una unidad especializada en la lucha contra la trata de niños (Unidad TIC) en el marco del Consejo Nacional de la Infancia y la Maternidad (NCCM). La Comisión también tomó nota de las diversas medidas adoptadas para impartir formación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la manera de tratar a las víctimas y para fortalecer las capacidades de los oficiales de policía, los primeros que intervienen e investigan los casos de trata de seres humanos. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el proyecto de 2011 de investigación para el estudio de las pautas de trata en la sociedad egipcia, realizado por el Centro Nacional de Investigación Social y Criminológica (informe de estudio de NCSCR), identificó las formas predominantes de trata de seres humanos en Egipto, tales como la trata de niños para su explotación laboral y sexual, y la trata de niños de la calle para su explotación sexual y la mendicidad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que ha aplicado el NAP-HT (2013-2015) en colaboración con varios organismos bajo la dirección del Consejo Nacional de Coordinación contra la Trata de Seres Humanos, el Ministerio del Interior, la Oficina del Fiscal General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Solidaridad Social, el Ministerio de Salud y Población, órganos de las Naciones Unidas, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La Comisión toma nota de que se adoptó un tercer NAP-HT para los años 2016-2021, cuyo objetivo es mantener los mecanismos de referencia, impartir formación a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y combatir la trata de los niños de la calle.

Sin embargo, al tomar nota de las medidas adoptadas, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre el número de investigaciones y procesamientos en los casos de trata para la explotación laboral o sexual. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones efectivas y el procesamiento riguroso de los autores de la trata de niños para la explotación laboral o sexual, y que transmita información sobre las sanciones aplicadas. Además, pide al Gobierno que siga comunicando información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el marco del NAP-HT (2016-2021).

Artículo 3, b).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión tomó nota anteriormente de que si bien la memoria del Gobierno proporcionaba información sobre las sanciones impuestas a las personas que vulneran el derecho del niño a la protección contra la explotación sexual con fines comerciales en virtud del artículo 291 del Código Penal (en su forma modificada), este artículo no trata la cuestión de la responsabilidad penal del niño víctima de este delito. La Comisión tomó nota de que, según el texto de la Ley sobre la Infancia de 2008, el artículo 94 prevé que la responsabilidad penal de los niños comienza a partir de los 7 años de edad. La Comisión observó que si bien el artículo 111 de la misma ley prohíbe dictar sentencias penales que impliquen una sentencia de muerte, la reclusión perpetua o el trabajo forzoso contra los niños menores de 18 años de edad, dispone que podrá aplicarse a los niños entre los 15 y 16 años de edad penas de encarcelamiento durante un período no inferior a tres meses o las medidas previstas en el artículo 101. A este respecto, la Comisión tomó nota de la referencia al artículo 101 de la Ley sobre la Infancia, que establece que un niño menor de 15 años de edad que haya cometido un delito, será objeto de las siguientes sanciones: amonestación; estar institucionalizado; seguir un curso de formación y rehabilitación; cumplir deberes específicos; cumplir deberes específicos; comparecer como testigo; realizar trabajos de interés público que no sean peligrosos; internamiento en un hospital especializado o en instituciones de bienestar social. Además, la Comisión observó que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con la venta niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de julio de 2011, tomó nota con especial preocupación de la información según la cual los niños mayores de 15 años de edad que entran en la prostitución por su propia voluntad, son considerados responsables a efectos de la aplicación de la legislación nacional que penaliza la prostitución (documento CRC/C/OPSC/EGY/CO/1, párrafo 35).

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la protección de los derechos de los niños víctimas y testigos se garantiza a través de las directrices de las Naciones Unidas sobre la protección de los niños víctimas de la trata, cuya finalidad es ofrecer recursos a los niños que son víctimas de un delito para que sean tratados como víctimas y no como delincuentes. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que las disposiciones de la Ley sobre la Infancia y del Código Penal protegen a los niños, la Comisión estimó anteriormente que esas disposiciones eran insuficientes para proteger a los niños menores de 18 años de edad que son utilizados, reclutados u ofrecidos para prostitución debido a que permiten que los niños víctimas de la prostitución mayores de 15 años de edad sean considerados penalmente responsables. La Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 3, b), del Convenio prohíbe el reclutamiento, la oferta o la utilización de niños para la prostitución, y que el consentimiento de un niño a un acto sexual no excluye ese acto de la prohibición (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 508 y 509). Asimismo, los niños de 15 a 18 años de edad que están implicados en la prostitución «por su propia voluntad», siguen siendo víctimas de explotación sexual comercial. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños víctimas de prostitución menores de 18 años de edad sean tratados como víctimas y no como delincuentes. A estos efectos, la Comisión insta firmemente al Gobierno a modificar el artículo 111 de la Ley sobre la Infancia para garantizar que los niños menores de 18 años de edad víctimas de la prostitución no puedan ser penalizados o encarcelados.

Apartado d).  Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños en situación de calle. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el número de niños de calle en Egipto es superior a un millón. Además, tomó nota de que según el informe del estudio del NCSCR, al menos el 20 por ciento de los niños en situación de calle, la mayoría de los cuales se encuentran en el grupo de edad de 6 a 11 años, son víctimas de trata explotados por un tercero con fines sexuales y para la mendicidad. Casi el 40 por ciento de los niños de calle no comenzaron la enseñanza formal, al tiempo que el 60 por ciento adquirió una educación mínima a través de la enseñanza primaria y preparatoria.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno relativa a las medidas para proteger a los niños menores de 18 años de edad de la trata, la explotación sexual comercial y la mendicidad, entre las cuales se puede mencionar la elaboración y aplicación en la práctica de actividades de prevención destinadas a reducir la trata de niños en Egipto, el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de los ministerios pertinentes, organismos gubernamentales y ONG que se ocupan de los niños expuestos a esos peligros, y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil así como de las organizaciones regionales e internacionales. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información sobre el impacto que esas medidas han tenido hasta la fecha en la reducción del fenómeno de la trata de niños en Egipto. Recordando que los niños de la calle están particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños menores de 18 años que viven y trabajan en las calles, sean protegidos de las peores formas de trabajo infantil, especialmente de la trata, la explotación sexual comercial y la mendicidad. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el impacto de las medidas adoptadas, con inclusión del número de niños que han sido retirados de la calle, se les ha prestado asistencia y fueron integrados socialmente en la educación o en la formación profesional.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la trata de personas con fines de explotación sexual, en particular en las redes de prostitución forzosa que implican a niños, constituye un grave problema en el país, y los niños víctimas de esa trata proceden de México, Guatemala y otros países de la región y se les destina a la prostitución. También tomó nota de la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto del bajo nivel de enjuiciamientos y condenas por los delitos relacionados con la trata en relación con los casos denunciados.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno relativa a las investigaciones realizadas y a las condenas dictadas en relación con la venta y la trata de personas. Sin embargo, como tomó nota en su comentario anterior, esta información no aporta estadísticas desglosadas indicando si las víctimas son adultos o menores de 18 años de edad; en su lugar, el Gobierno proporcionó un caso de muestra de una condena penal por la trata de 11 víctimas entre las edades de 11 y 16 años. Además, la Comisión toma nota de que, sin especificar ninguna edad, el Gobierno indica que las autoridades públicas identificaron a 32 niños víctimas de trata de personas en 2013. Por último, la Comisión entiende que la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, realizó un estudio y elaboró el proyecto de ley especial contra la trata de personas, que impondrá, entre otras cosas, sanciones más elevadas para los delitos cometidos contra los niños.

La Comisión también toma nota de la adopción, en 2012, de una política nacional contra la trata de personas. Sin embargo, toma nota asimismo de las observaciones finales de 2014 del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (documento CMW/C/SLV/CO/2, párrafo 44), en las que se expresa la preocupación respecto de las pocas sentencias dictadas por el delito de trata de personas. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosas de las personas que se dedican a la venta y trata de niños menores de 18 años de edad para su explotación sexual. También solicita al Gobierno que garantice que se adopte el proyecto de ley especial contra la trata de personas. También solicita al Gobierno que comunique información estadística sobre las investigaciones y condenas dictadas en relación con la venta y la trata de niños menores de 18 años de edad.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de ese trabajo. Explotación sexual comercial y trata de niños a esos fines. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a su política nacional para combatir la trata de personas establecida en virtud del decreto núm. 450, de 2012, que define los términos «trata de personas», que incluyen la trata con fines de explotación sexual y de turismo sexual. El plan nacional prevé la protección, la reinserción y la restitución de las víctimas de trata y prevé programas que han de desarrollarse para proteger a las víctimas y repatriarlas, en caso de necesidad. La Comisión toma nota asimismo de la creación de un consejo nacional contra la trata de personas, cuyo mandato es una nueva formulación, coordinación y evaluación de la política nacional, así como, entre otras cosas, el establecimiento de un plan de acción nacional que aplique los principios enunciados en la política nacional. La política nacional y el plan de acción nacional serán evaluados cada tres años para determinar las acciones de seguimiento adecuadas y se distribuirán informes públicos para comunicar información sobre su cumplimiento y aplicación.

La Comisión también toma nota de la información del Gobierno sobre las medidas adoptadas para suministrar asistencia a niños y adolescentes, incluida la sensibilización en los centros escolares para 919 niños y 854 niñas sobre prevención de la trata con fines de explotación sexual comercial y la formación de 290 funcionarios sobre los derechos de los niños en temas tales como las migraciones, la trata y la explotación sexual. El Gobierno también indica que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aplicó un plan para erradicar la explotación sexual comercial, la trata de personas, el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil, como parte del Plan Estratégico Institucional (PNC).

La Comisión toma debida nota de las medidas programáticas del Gobierno para combatir la trata de personas. Sin embargo, también toma nota de que, si bien el plan nacional y el mandato del Consejo Nacional se centran en general en la trata de personas, no contiene disposiciones específicas para los niños víctimas menores de 18 años de edad. También toma nota de que, según la información estadística del Gobierno, en enero de 2014, eran 14 los casos de explotación sexual comercial, que la Comisión cifra en aproximadamente 15 casos de tal explotación notificados en enero de 2013, que pueden indicar que se requiere una intensificación de los esfuerzos del Gobierno para que descienda la incidencia de la trata de niños. Recordando que los niños menores de 18 años de edad son especialmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual comercial, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y efectivas en un plazo determinado para prevenir, librar y rehabilitar a los niños víctimas, específicamente en el contexto del plan nacional

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Eritrea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su preocupación por la extensión del trabajo infantil en Eritrea y la falta de información y de medidas globales para garantizar la protección de los niños frente a la explotación económica. Asimismo, la Comisión recuerda las observaciones finales, de 2008, del Comité de los Derechos del Niño (CRC) (documento CRC/C/ERI/CO/3, párrafos 12 y 13), en las que se recomendó al Gobierno que adoptara un plan nacional de acción para la infancia y se le pidió que, con el apoyo de la OIT, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales, elaborara un amplio estudio de evaluación y un plan de acción para prevenir y combatir el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha compilado información con miras a formular una política nacional y está a la espera de un documento amplio de política nacional sobre los niños para fundamentar los esfuerzos a fin de proporcionar servicios sostenibles a los niños.

Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de estas medidas preliminares y de la prevalencia del trabajo infantil en el país, la memoria del Gobierno describe pocas medidas concretas para combatirlo. A este respecto, la Comisión toma nota de los informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (documentos A/HRC/26/L.6 y A/HRC/26/45) de 2014, que continúan haciendo hincapié en el trabajo infantil en el país, incluido el reclutamiento militar obligatorio, así como el trabajo en actividades peligrosas tales como las cosechas y la construcción. Además, la Comisión toma nota con preocupación de que, en su cuarto informe periódico al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 22), el Gobierno indica que, debido a que no se ha presentado ningún caso en materia de trabajo infantil a los tribunales de Eritrea, los esfuerzos del Gobierno para controlar el trabajo infantil deben haber sido eficaces. Tomando nota con profunda preocupación de que el trabajo infantil, con inclusión de las actividades peligrosas, continúa extendiéndose en Eritrea, la Comisión insta firmemente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para aplicar medidas concretas, por ejemplo adoptando un plan nacional de acción para eliminar el trabajo infantil de una vez por todas, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y a reforzar la capacidad del sistema de inspección del trabajo. Asimismo, la Comisión insta firmemente al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Artículo 2, 3) y 4).  Edad de finalización de la educación obligatoria y edad mínima de admisión al empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la educación es obligatoria durante ocho años (cinco años de educación primaria y tres años de educación de ciclo medio), lo que implica que la educación obligatoria finalizará a los 14 años de edad. Sin embargo, la Comisión señaló su preocupación por las bajas tasas de matriculación en la escuela y el número significativo de niños que dejan la escuela antes de finalizar la educación primaria.

La Comisión toma nota de las medidas descritas en la memoria del Gobierno para proporcionar educación gratuita hasta el ciclo medio a todos los niños en edad escolar así como de la información sobre sus políticas, en particular la política educativa para poblaciones nómadas, destinadas a que la educación llegue a todos los niños. Además, el Gobierno indica que está haciendo esfuerzos para ampliar la educación de ciclo medio y conseguir que haya escuelas que impartan este tipo de educación más cerca de las zonas rurales. Asimismo, la Comisión toma nota del documento del UNICEF del Programa para el país para Eritrea 2013-2016 (documento E/ICEF/2013/P/L.1), en el que se hace hincapié en ciertas medidas que el Gobierno ha adoptado para mejorar la educación básica, con inclusión de la educación elemental gratuita y los proyectos para la educación de las poblaciones nómadas.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno así como de que, según la información estadística que contiene el proyecto de Acuerdo Marco de Asociación Estratégica (SPCF) para 2013-2016 entre el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas, la tasa neta de matriculación descendió de un 52,5 por ciento en 2005 a un 49,6 por ciento en 2010, con disparidad por lugar y género. Además, la Comisión toma nota de la información que contiene el cuarto informe periódico del Gobierno al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 301 y cuadro 28), según la cual, en 2009-2010, la tasa de matriculación en la escuela elemental descendió un 9 por ciento y la matriculación de niñas y jóvenes un 8 por ciento. Tomando nota de que aumentar el acceso a la educación básica de calidad es una de las prioridades del SPCF 2013-2016, así como del Programa para el país para Eritrea del UNICEF, la Comisión solicita al Gobierno que continúe cooperando con los organismos de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y el acceso a él a fin de incrementar las tasas de matriculación en la escuela y reducir las tasas de abandono escolar, al menos hasta la edad de finalización de la educación obligatoria, en particular, en lo que se refiere a las niñas.

Artículo 3, 2).  Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión recuerda que desde 2007 el Gobierno se ha estado refiriendo a que pronto se iba a adoptar una lista de actividades peligrosas prohibidas a los empleados jóvenes en virtud del artículo 69, 1), de la Proclamación del Trabajo. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno indica de nuevo que se adoptará esta lista, también señala que las disposiciones en virtud del actual artículo 69 de la Proclamación del Trabajo, que se han especificado, son suficientes porque incluyen una lista de actividades peligrosas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 69 simplemente autoriza, mediante reglamento, al ministro a promulgar dicha lista. Por consiguiente, en sus propios términos, no se dispone de un reglamento ministerial porque la lista que se menciona en el artículo 69 sigue siendo hipotética. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que, sin demora, finalice el reglamento ministerial para promulgar la lista de actividades peligrosas prohibidas a las personas de menos de 18 años de edad.

Artículo 9, 3).  Registros de los empleadores. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicó que la exigencia de que los empleadores lleven un registro de las personas empleadas que tienen menos de 18 años se abordaría a través de un nuevo reglamento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha señalado recientemente que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social aún está realizando estudios para elaborar este reglamento. Tomando nota de que el Gobierno ha estado reiterando su intención de adoptar leyes de aplicación desde 2007, la Comisión le insta a que, sin mayor demora, tome las medidas necesarias para adoptar el reglamento en relación con los registros llevados por los empleadores y transmita una copia una vez que se haya finalizado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), 5 y 7, 1), del Convenio. Trata de niños. Mecanismos de control y sanciones. La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual el artículo 12 de la Ley sobre la Protección de la Infancia (enmendada en 2013), prohíbe la venta y la trata de niños, además de las disposiciones pertinentes del Código Penal. La Comisión también toma nota de la información del Gobierno, según la cual, en 2014, 18 personas fueron acusadas de trata de niños, todas las cuales fueron condenadas, al tiempo que en 2015, seis personas fueron acusadas de trata de niños, habiendo sido todas condenadas.

La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las instituciones públicas de protección social de los niños en situación de riesgo realizaron una formación destinada a los representantes de los servicios profesionales para la prevención de la trata de seres humanos, en la que participaron 14 empleados de cuatro instituciones. Además, se realizó otra formación para funcionarios policiales y trabajadores sociales, con 75 participantes, centrándose en la identificación y en la atención a las víctimas potenciales de trata de seres humanos. Además, se impartió una formación para familias de acogida, para diez cuidadores, sobre la asistencia y la protección directas de las víctimas de trata de niños. La Comisión toma nota también de que la Comisión Nacional para Combatir la Trata de Seres Humanos lleva una base de datos sobre todos los tipos de explotación de víctimas de la trata de seres humanos. En 2015, se identificaron tres víctimas de trata de seres humanos que fueron objeto de explotación sexual y explotación laboral, dos de las cuales eran niños. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para combatir la trata de niños y que continúe aportando información sobre el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas a este respecto. También solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que se otorgue a las víctimas de trata de niños una protección y unos servicios adecuados. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a que continúe con sus esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de los mecanismos establecidos, a efectos de garantizar el control eficaz y la identificación de los niños víctimas de trata.

Artículo 3, c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la Ley sobre Protección de la Infancia no penaliza a los adultos que utilizan niños para la producción ilegal y el tráfico de estupefacientes. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual las instituciones gubernamentales pertinentes están adoptando las medidas necesarias para proteger a los niños del uso indebido y de otros tipos de abuso respecto de la producción ilícita y del comercio de estupefacientes. Solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se prohíba la utilización de niños para actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 12 de la Ley sobre Protección de la Infancia, que fue enmendada en 2015, prohíbe toda actividad ilícita y la utilización de trabajo infantil para la producción y el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 12 de la Ley sobre la Protección de la Infancia, incluyendo el número y la naturaleza de las infracciones, investigaciones, persecuciones, condenas y sanciones que se aplicaron.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños en situación de calle. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según los datos del Ministerio de Trabajo y Política Social (MLSP), en el país existen aproximadamente 1 000 niños de la calle, 95 por ciento de los cuales son romaníes, un fenómeno al que ha contribuido la explotación laboral y la mendicidad. La Comisión tomó nota asimismo de la información del Gobierno sobre las medidas adoptadas para proteger a los niños de la calle, incluida la expansión de la red de centros de atención diurna para los niños de la calle. El Gobierno también indicó que, en 2012, se creó una línea de atención telefónica urgente a nivel nacional destinada a atender las llamadas de los ciudadanos que quisieran informar sobre los niños de la calle.

La Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el problema de los niños en situación de calle es cada vez más frecuente. El MLSP es competente en la adopción de medidas para reducir el número de niños de la calle. Hasta el momento, el MLSP abrió cuatro centros de atención diurna para los niños de la calle en Skopje, Bitola y Prilep, así como un centro de tránsito de 24 horas, en Ohrid. Además, el MLSP apoyó económicamente a un centro de atención diurna gestionado por una asociación civil, en Shuto Orizari. La Comisión también toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual es frecuente que los padres utilicen a sus hijos para mendigar con ellos o los envíen a mendigar. De este modo, las enmiendas a la Ley de la Familia, de 2014, estipulan que, inducir a un niño a la mendicidad o utilizar un niño para la mendicidad, será considerado como abuso o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones parentales, en lo que intervendrá el Centro de Trabajo Social. Dependiendo de la situación, las medidas pueden incluir: asesoramiento profesional, supervisión constante, tutela temporal de los niños afectados por parte del Centro de Trabajo Social y diligencias para suspender los derechos parentales, o la presentación de una denuncia penal ante el tribunal competente. Al tiempo que toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que continúe con sus esfuerzos orientados a proteger a los niños de la calle de las peores formas de trabajo infantil, y le solicita una vez más que comunique información sobre el número de niños retirados de las calles y que se han beneficiado de medidas de rehabilitación e integración social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Fiji

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado e). Tener en cuenta la situación particular de las niñas. Niños víctimas de explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del grave problema de la prostitución infantil, especialmente del turismo sexual en el país, y tomó nota de la preocupación expresada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la explotación de niñas menores de edad en actividades de comercio sexual. La Comisión tomó nota de la referencia del Gobierno a un subcomité de grupo de trabajo del Comité Nacional de Coordinación para la Infancia (NCCC), integrado por «Hogares de Esperanza», la OIT y la ONG «Empower Traffic», que trabaja con el Departamento de la Mujer y Bienestar Social (DOW) en la gestión y la intervención en los casos relativos a los derechos de los niños. El Gobierno declaró que el Departamento de Policía interviene si el DOW recibe denuncias sobre niños víctimas de prostitución o de abuso sexual. La Comisión tomó nota asimismo del compromiso del Gobierno de garantizar que los niños que son librados de esas situaciones, queden bajo la tutela del Estado y tengan acceso a programas de rehabilitación antes de su reintegración a los programas de enseñanza o de formación profesional. También tomó nota de los esfuerzos del Gobierno de seguir intensificando su red de conexiones interministeriales, especialmente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, junto con organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas, a efectos de garantizar la atención y la protección de los niños. La Comisión tomó debida nota de los esfuerzos del Gobierno para combatir la explotación sexual comercial de los niños. Sin embargo, tomó nota de la información contenida en el informe «Trabajo infantil en Fiji – Un estudio de la explotación sexual comercial de los niños que trabajan en la calle, en las comunidades agrícolas, en asentamientos informales e ilegales y en escuelas» (Informe sobre el trabajo infantil en Fiji), elaborado por la Oficina de Países de la OIT para los Países Insulares del Pacífico Sur y la OIT/IPEC, respecto de que continúa la explotación sexual comercial de niños y el turismo sexual infantil. La Comisión expresó su preocupación por la persistencia de la explotación sexual comercial, incluido el turismo sexual infantil, y solicitó al Gobierno que adoptara medidas efectivas y en un plazo determinado, y que comunicara información a este respecto.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en este sentido en la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de que, según sus observaciones finales de 2014, el Comité de los Derechos del Niño señala, con la mayor preocupación, que la explotación sexual y el abuso de niños predomina en Fiji, incluso a través de redes de prostitución infantil organizadas y burdeles (documento CRC/C/FJI/CO/2-4, párrafo 32). El Comité de los Derechos del Niño manifiesta asimismo su gran preocupación por Fiji por ser un país de origen de niños sometidos a la trata sexual y al trabajo forzoso, con niños víctimas de trata que son explotados en burdeles, hoteles locales, casas privadas y otras zonas rurales y urbanas (párrafo 69). La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta la especial situación de las niñas. La Comisión también solicita nuevamente al Gobierno que comunique información concreta sobre las estrategias de intervención y los programas de rehabilitación dirigidos a brindar una asistencia directa a los niños víctimas de explotación sexual comercial, y sobre el número de esos niños que han sido efectivamente rehabilitados e insertados socialmente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, d), del Convenio. Trabajos peligrosos en las explotaciones de cacao. La Comisión tomó nota con anterioridad de las actividades del Gobierno, en el marco del Programa nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en la industria del cacao (NPECLC), y su Plan de Acción para 2010-2011. Acogió asimismo con beneplácito la elaboración del manual para los agentes de cambio en las comunidades de Ghana, que se preparó en 2014, con la asistencia de la OIT/IPEC, con el fin de, entre otras cosas, erradicar el trabajo infantil en los trabajos peligrosos, en las explotaciones de cacao de Ghana. Sin embargo, tomó nota de los datos estadísticos contenidos en el manual, según los cuales la mayoría de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que trabajan en el país, lo hacen en el sector agrícola, con un 23,3 por ciento de niños cubiertos (1 846 126) que realizan al menos una actividad peligrosa y con un 10 por ciento ocupados en actividades peligrosas en la industria del cacao. La Comisión toma nota con preocupación del número significativo de menores de 18 años que realizan trabajos en condiciones peligrosas en el sector agrícola, incluida la industria del cacao, y solicitó al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para erradicar esta peor forma de trabajo infantil.

La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este asunto. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para eliminar los trabajos peligrosos de los menores de 18 años de edad en las explotaciones de cacao, y solicita al Gobierno que comunique información sobre toda iniciativa tomada en ese sentido y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 4, 3).  Revisión de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual prevé la revisión y la actualización, cuando sea necesario, del artículo 91 de la Ley de los Niños, incluida la lista de los tipos de trabajos peligrosos, con el fin de dar cumplimiento al Convenio. La Comisión tomó nota de que se finalizó una nueva lista de trabajos peligrosos en el sector del cacao, en el marco del NPECLC. La Comisión también tomó nota de que el Plan de acción nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Ghana (NPA) (2009-2015), identificó la necesidad de ampliar la lista de actividades peligrosas, a efectos de identificar claramente las tareas o actividades peligrosas en virtud de la Ley de los Niños. Tomó nota asimismo de que «la evaluación inter pares» de las actividades de eliminación del trabajo infantil por parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) efectuada en abril de 2014 con la asistencia técnica de la OIT, describe el marco de actividades del trabajo infantil peligroso, que se elaboró en 2012 y que sería difundido en 2014. La Comisión tomó nota también de que, según la primera memoria del Gobierno presentada en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el comité directivo nacional de la Unidad de Trabajo Infantil (CLU) validó una lista de los tipos de trabajo peligrosos, con arreglo al marco de actividades del trabajo infantil peligroso, titulado «Lista del trabajo infantil peligroso en Ghana (GHAHCL)», si bien el Gobierno indica que aún no había pasado a ser una legislación nacional.

La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de información a este respecto. Tomando nota de que la lista de los tipos de trabajo peligrosos, con arreglo al marco de actividades del trabajo infantil peligroso, se viene elaborando y validando desde 2012, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte en un futuro próximo. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en ese sentido.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas en un plazo determinado. Cláusulas a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Trata. La Comisión tomó nota anteriormente de que la OIT/IPEC da su apoyo a un programa nacional que se centra, entre otras cosas, en las peores formas del trabajo infantil en la pesca tradicional. La Comisión también tomó nota del Estudio analítico sobre el trabajo infantil en la pesca en el Lago Volta de Ghana, que se llevó a cabo en 2013, con la asistencia de la OIT/IPEC, detectándose que hay niños que trabajan en actividades pesqueras peligrosas y en malas condiciones laborales. De los niños ocupados en actividades pesqueras, el 11 por ciento tiene entre 5 y 9 años de edad, y el 20 por ciento, entre 10 y 14 años. Además, según el estudio, el 47 por ciento de los niños ocupados en la pesca en el Lago Volta han sido víctimas de trata, el 3 por ciento, de servidumbre, el 45 por ciento de trabajo forzoso y el 3 por ciento de esclavitud sexual. La Comisión expresó su profunda preocupación ante la prevalencia de niños víctimas de trata o vendidos para las actividades pesqueras, o que están ocupados de otra manera en actividades pesqueras peligrosas en la región del Lago Volta.

La Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, la Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a la lista de las cuestiones relativas al informe inicial sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 13 de junio de 2016, según las cuales el Gobierno aplica el pacto de protección infantil, dirigido a combatir la trata de niños, la esclavitud infantil y el trabajo infantil en las regiones de Gran Accra, Volta y Central. En la actualidad, se desarrollan procedimientos operativos estándar y la base de datos de la trata de personas, a efectos de identificar a las víctimas de trata y de hacer un seguimiento de las diversas intervenciones de asistencia (documento CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1, párrafo 74). La Comisión también toma nota de que existen dos albergues de propiedad estatal, en Osu y Madina en Accra, que se renovarán pronto (párrafo 75). La Comisión también toma nota de que se está aplicando, en Kpondo Torkor, el proyecto del Sindicato General de Trabajadores Agrícolas (GAWU) para eliminar la trata y el trabajo infantil en el sector pesquero (Lago de Volta). El proyecto se centra en las comunidades para proteger a los niños y enviarlos a la escuela. Además, se puso en marcha, en abril de 2015, una lancha rápida para asistir a los voluntarios en las actividades de control en el lago para detener a los responsables y rescatar a los niños en el lago (párrafo 76). Al tiempo que toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que estos niños sean librados de las peores formas de trabajo infantil y para brindarles unos servicios de apoyo idóneos para su rehabilitación e inserción social. También solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en este sentido, incluido el número de niños víctimas de trata que fueron librados y rehabilitados, como consecuencia de las medidas adoptadas.

2.  Sistema trokosi. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para librar a los niños del trokosi (un ritual en el que las adolescentes realizan un período de servicio en un templo local para expiar los pecados de otro miembro de la familia), la situación sigue siendo muy habitual en el país. La Comisión también tomó nota de que, con arreglo al NPA, el Gobierno se dirige a aplicar programas orientados a facilitar un cambio de actitud respecto de las prácticas tradicionales hacia los derechos de los niños.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no comunica ninguna nueva información sobre estas medidas programáticas para impedir y librar a los niños del sistema trokosi. También toma nota de que el Comité de Derechos Humanos, en sus observaciones finales, de 9 de agosto de 2016 (documento CCPR/C/GHA/CO/1, párrafo 17), manifiesta su preocupación ante la persistencia de algunas prácticas nocivas, a pesar de que la ley lo prohíbe, incluido el sistema trokosi. La Comisión toma nota con profunda preocupación de la prevalencia de la práctica trokosi que afecta a los niños del país. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para impedir la ocupación de niños en la servidumbre ritual trokosi y para poner fin, con carácter de urgencia, a esta práctica tradicional. Pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas en este sentido y los resultados obtenidos teniéndose en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número de niños menores de 18 años de edad que son afectados por el trokosi en el país, y sobre el número de niños que son librados de este sistema y rehabilitados. En la medida de lo posible, esta información debería ser desglosada por edad y por género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las medidas indicadas por el Gobierno en su memoria, entre las que cabe mencionar la elaboración y adopción de una política nacional de protección social con el establecimiento de un parlamento infantil y la creación, en el ámbito de la Dirección Nacional del Empleo, de una división que tiene a su cargo la lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota, sin embargo, de la indicación del Gobierno según la cual hasta la fecha no se ha elaborado una política nacional destinada a la abolición del trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que, según las estimaciones que figuran en el informe «El doble desafío del trabajo infantil y la marginación escolar en los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)» elaborados por el programa Comprender el trabajo infantil (informe UCW 2014), el 35,2 por ciento de los niños de 5 a 14 años de edad trabajan, es decir 1 010 729 niños en términos absolutos, de los cuales el 33 por ciento comprende niños de 5 a 11 años de edad y el 41,3 por ciento niños de 12 a 14 años de edad (esta última cifra excluye los niños que realizan trabajos ligeros) (pág. 16, cuadro 4). El informe UCW 2014 también indica que, en Guinea, el 76,2 por ciento de los niños trabajadores de 10 a 14 años de edad se encuentran en el sector agrícola, uno de los sectores más peligrosos y donde están expuestos a graves riesgos, con inclusión de la utilización de equipos peligrosos, la exposición a pesticidas, cargas pesadas y esfuerzos físicos importantes (pág. 23, párrafo 29 y cuadro 10). Al comprobar una vez más que es considerable el número de niños que trabajan, de edades inferiores a la edad mínima de 16 años, especialmente en condiciones peligrosas, insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar la adopción de una política nacional destinada a la erradicación del trabajo infantil y que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto. Además, pide al Gobierno que comunique informaciones sobre el impacto de otras medidas adoptadas por el Gobierno sobre la erradicación del trabajo infantil, en particular en relación con la división encargada de la lucha contra el trabajo infantil.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión señaló anteriormente que el 6 por ciento de los niños de 5 a 17 años que realiza actividades laborales en Guinea, es decir aproximadamente 91 940 niños, eran trabajadores independientes. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual, el Código del Niño (ley núm. L/2008/011/AN), adoptado el 19 de agosto de 2008, protege a la totalidad de los niños, incluidos los que no están vinculados por una relación de trabajo. No obstante, la Comisión ha comprobado que el artículo 412 dispone que se prohíbe a un empleador permitir a un menor de 16 años trabajar sin haber obtenido previamente el consentimiento del titular de la autoridad parental. En consecuencia, la Comisión observó que el Código del Niño sólo parece imponer una edad mínima de admisión al empleo a los empleadores, sin ocuparse de las situaciones en que un niño trabaja por cuenta propia. La Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y que abarca todos los tipos de empleo o de trabajo, se efectúen o no sobre la base de una relación de empleo y sea o no remunerado. La Comisión pidió al Gobierno que comunique informaciones relativas a la manera en que los niños que trabajan por cuenta propia se benefician de la protección del Convenio.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, con la ayuda de los interlocutores sociales, se fortalecerán los medios disponibles de la inspección del trabajo para vigilar eficazmente la situación de los niños que trabajan por cuenta propia. En este sentido, la Comisión observa que en la memoria presentada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Gobierno indica la adopción de medidas para proporcionar a los servicios de la inspección del trabajo los recursos humanos, materiales y económicos necesarios e indispensables para su funcionamiento normal para lo cual ha puesto a disposición a varios jóvenes funcionarios. Asimismo, el Gobierno indica que ha establecido un programa de formación para los inspectores del trabajo contratados recientemente, una de cuyas fases de ejecución se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2017 con la asistencia de la OIT. Además, el Gobierno ha elaborado y adoptado, con la asistencia de la OIT, una guía metodológica de inspección.

En relación con el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 407), la Comisión subraya la necesidad de asegurarse de que el sistema de la inspección del trabajo controle efectivamente el trabajo de los niños en todas las regiones y todas las ramas de actividad. En consecuencia, la Comisión alienta al Gobierno a seguir reforzando la capacidad de la inspección del trabajo para que pueda vigilar a los niños que trabajan por cuenta propia y a comunicar informaciones sobre el impacto de esas medidas en la detección de esos niños. Asimismo, pide al Gobierno que comunique informaciones sobre el cumplimiento en la práctica de las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo en materia de control del trabajo infantil proporcionando informaciones sobre el número de infracciones registradas y extractos de los informes de los inspectores del trabajo.

Artículo 2, 3).  Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual la escolaridad es obligatoria únicamente para la enseñanza primaria, es decir, hasta los 13 años de edad. Sin embargo, la Comisión observó que la edad mínima de admisión al trabajo especificada por Guinea en el momento de la ratificación del Convenio es de 16 años. La Comisión señaló que a pesar de los importantes progresos realizados en el ámbito de la escolarización y de la equidad en la esfera educativa, es considerable el número de niños que sin haber alcanzado todavía la edad mínima de admisión al empleo no asistían o dejaron de asistir a la escuela y que, paralelamente, la proporción de niños económicamente activos aumentaba con la edad.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales reitera que la edad de finalización de la escolaridad obligatoria es de 13 años, pero que al ampliar la educación básica al primer ciclo de la secundaria (décimo año), y en consecuencia para todos los niños de 6 a 16 años, el Gobierno desea eliminar el trabajo infantil a través de la escolaridad obligatoria. Sin embargo, la Comisión toma nota de que si bien la educación básica puede en adelante incluir el primer ciclo de la enseñanza secundaria, sigue sin modificarse el hecho de que la escolaridad obligatoria finaliza a los 13 años.

A este respecto, la Comisión toma nota con preocupación de que, según el informe UCW 2014, la divergencia entre las tasas de asistencia escolar entre los niños que trabajan y los que no lo hacen es especialmente pronunciada en Guinea (22 puntos porcentuales) (párrafo 45). En efecto, en relación con el Estudio General de 2012 (párrafo 371), la Comisión observa que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños. Recordando que la escolarización obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que la educación sea obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo, es decir hasta los 16 años. Asimismo, pide al Gobierno que comunique una copia de la legislación nacional aplicable en materia de educación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional para la eliminación del trabajo infantil y plan nacional de acción. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el Gobierno reiteró su compromiso de adoptar una política nacional diseñada para garantizar la efectiva abolición del trabajo infantil en el país, desde 2001. La Comisión también tomó nota de que, si bien el Gobierno ha venido emprendiendo algunas medidas en materia de políticas dirigidas a abordar el trabajo infantil, a través de programas de educación, en particular con arreglo al proyecto de la OIT/IPEC, titulado «Combatir el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE), siguió indicando que se estaba desarrollando un Plan Nacional de Acción para los Niños (NPAC). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información a ese respecto. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para finalizar el NPAC y a que transmita una copia del mismo en un futuro muy próximo. Además, tomando nota de la indicación anterior del Gobierno, según la cual el Comité Directivo Nacional sobre el Trabajo Infantil — que dio inicio y redactó un plan nacional de acción para eliminar y prevenir el trabajo infantil —, ya no está funcionando, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada acerca de las medidas adoptadas o previstas para finalizar este proceso.

Artículo 3, 3).  Autorización de trabajar en empleos peligrosos a partir de la edad de 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el artículo 6, b), de la Ley núm. 9, de 1999, sobre el Empleo de Jóvenes y Niños (en adelante, ley núm. 9 de 1999), confiere al Ministro un poder discrecional para autorizar, a través de reglamentos, la contratación de jóvenes entre las edades de 16 y 18 años en trabajos peligrosos. La Comisión también observó que, si bien los artículos 41 y 46 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), de 1997, se dirige a impedir que los jóvenes realicen una actividad laboral que pudiese afectar su salud física o su desarrollo emocional, el Gobierno identificó dificultades en el control y el fortalecimiento de estas disposiciones. En consecuencia, el Gobierno indicó que la ley núm. 9, de 1999, sería enmendada para garantizar que las protecciones conferidas en virtud de la ley se extendieran a todos los jóvenes menores de 18 años de edad.

La Comisión tomó nota de que la memoria anterior del Gobierno no contenía ninguna nueva información y simplemente establecía que no se habían dictado reglamentos ministeriales, y que las disposiciones de la OSHA garantizan que los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años que están empleados en trabajos peligrosos, reciban una formación profesional específica adecuada. Sin embargo, la Comisión tomó nota de las medidas inadecuadas adoptadas para controlar y fortalecer las disposiciones de la OSHA y de que, no obstante el número significativo de niños implicados en trabajos peligrosos, sólo se notificaron tres de esos casos al mecanismo de presentación de informes del Gobierno.

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información sobre el proceso de enmienda de la ley núm. 9, de 1999, a pesar de su reiterado compromiso, a lo largo de los años, de llevarlo a cabo. Señala una vez más a la atención del Gobierno el párrafo 381 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, que destaca el cumplimiento del artículo 3, 3), del Convenio, que requiere que todo trabajo peligroso realizado por personas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, sólo sea autorizado con la condición de que se protejan plenamente la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes interesados y de que éstos hayan recibido, en la práctica, una formación profesional específica y adecuada. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas para enmendar, en un futuro próximo, la ley núm. 9, de 1999, con el fin de garantizar la conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio, confiriendo una protección adecuada a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad, y a que comunique una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado. Además, recordando la indicación del Gobierno, según la cual están en curso esfuerzos con los interlocutores tripartitos para incluir áreas adicionales de trabajo en la lista de trabajos peligrosos, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de esta lista enmendada en cuanto se dispusiera de la misma.

Artículo 9, 3).  Llevar los registros. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el artículo 86, a), de la OSHA, capítulo 99:10, prevé la obligación de que los empleadores de establecimientos industriales registren, y lleven en un registro, los datos prescritos de todos los empleados menores de 18 años de edad. La Comisión solicita al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones que establecen la misma obligación para el empleo de los jóvenes menores de 18 años de edad en empresas no industriales.

Inspección del trabajo y aplicación práctica del Convenio. La Comisión tomó nota con anterioridad de los resultados de la Encuesta agrupada de indicadores múltiples, donde se identifica un elevado porcentaje de niños que trabajan en el país. La Comisión también tomó nota de la indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual los inspectores de trabajo no dan cumplimiento efectivo a la legislación aplicable, siendo el trabajo infantil especialmente prevalente en la economía informal.

En su respuesta, el Gobierno se limita a indicar que sus inspectores del trabajo realizan, de manera rutinaria, inspecciones en los lugares de trabajo y que no existen pruebas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión tomó nota de un programa trienal destinado, entre otras cosas, a fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales en la formulación, la aplicación y la ejecución del marco legal del trabajo infantil y que incluiría un enfoque en el trabajo infantil en la economía informal. Tomando nota de la ausencia de información a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil, incluso en la economía informal, y que comunique información acerca de los resultados obtenidos a este respecto. Además, recordando que el Gobierno está estableciendo una encuesta de referencia sobre el trabajo infantil, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los resultados de la encuesta.

Haití

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP) recibidas el 30 de agosto de 2017 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de que se ha adoptado la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la Lucha contra la Trata de Personas.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, en los últimos años se ha constatado una nueva tendencia por lo que se refiere a la cuestión de los niños empleados como trabajadores domésticos (denominados en lengua criolla restavèks), que consiste en que determinadas personas contratan a niños en zonas rurales para hacerlos trabajar como sirvientes en hogares de zonas urbanas, y en los mercados. Según la Relatora Especial, son muchas las personas que describen este fenómeno como trata ya que los padres confían a sus hijos a personas desconocidas mientras que antes los confiaban a parientes. La Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación a que la trata y el tráfico de niños persisten, en particular hacia la República Dominicana. La CSI ha recogido testimonios de graves abusos sexuales y violencia, incluso con resultado de homicidio, perpetrados contra mujeres jóvenes y niñas víctimas de trata, en particular por militares dominicanos. La CSI expresó su preocupación por el hecho de que no parezca existir ley alguna que ponga a los responsables de estos delitos en manos de la justicia y señaló que el Parlamento tenía que adoptar un proyecto de ley.

La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley núm. CL/2014-0010, de 2 de junio de 2014, sobre la Lucha contra la Trata de Personas. Esta ley establece que la trata de niños, que significa la facilitación, alistamiento, traslado, transporte, alojamiento o recepción de niños con fines de explotación, constituye una circunstancia agravante por la que se imponen penas de cadena perpetua (artículos 11 y 21). Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2014 (documento CCPR/C/HTI/CO/1, párrafo 14), el Comité de Derechos Humanos sigue expresando su preocupación por la persistente explotación de los niños restavèks y la ausencia de estadísticas y de resultados de las investigaciones sobre los responsables de la trata de seres humanos. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2015 del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití (documento A/HRC/28/82, párrafo 65, en relación con el documento A/HRC/25/71, párrafo 56), el fenómeno de los restavèks es consecuencia de la debilidad del Estado de derecho y a esos niños se les impone sistemáticamente trabajo forzoso, no se les paga y están expuestos a violencia física y/o verbal. En 2012, el UNICEF estimó que había 225 000 restavèks. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva de la ley núm. CL/2014-0010, y, en particular, para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos eficaces de las personas que cometen el delito de trata de menores de 18 años. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información estadística sobre la aplicación de la legislación en la práctica, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas, las investigaciones y los enjuiciamientos realizados y las condenas y sanciones penales impuestas.

Apartados a) y d).  Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo doméstico de los niños. En sus observaciones anteriores, la Comisión destacó la situación de cientos de miles de niños restavèks que son a menudo objeto de explotación en condiciones semejantes al trabajo forzoso. Tomó nota de que, en la práctica, muchos de estos niños que no sobrepasan la edad de cuatro o cinco años son víctimas de explotación y se ven obligados a trabajar largas jornadas sin remuneración, sometidos a discriminación y a maltratos de todo tipo, mal alojados, mal alimentados y a menudo víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Además, muy pocos de ellos son escolarizados. La Comisión toma nota igualmente de la derogación del capítulo IX del título V del Código del Trabajo, relativo a niños en servicio, por parte de la Ley de 2003, relativa a la Prohibición y Erradicación de toda Forma de Abuso, Violencia, Malos Tratos o Vejaciones contra los Niños (ley de 2003). Tomó nota de que la prohibición a la que se refiere el artículo 2, 1), de la ley de 2003 tiene por objeto la explotación de niños, incluida la servidumbre, el trabajo forzoso u obligatorio, los servicios forzosos así como los trabajos que por su naturaleza o las condiciones en las que se ejercen sean susceptibles de perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños, pero no establece ninguna sanción en caso de infracción de estas disposiciones. La Comisión tomó nota de que, entre las disposiciones derogadas, figura el artículo 341 del Código del Trabajo, que permite confiar un niño a partir de la edad de 12 años a una familia para realizar trabajos domésticos. La Comisión observó, no obstante, que el artículo 3 de la ley de 2003 establece que «podrá confiarse un niño a una familia de acogida en el marco de una relación de ayuda y solidaridad».

La Comisión tomó nota de que la Relatora Especial se manifiesta, en su informe, sumamente preocupada por la imprecisión de la noción de ayuda y solidaridad que figura en la ley de 2003 y estima que las disposiciones de ésta permiten la perpetuación de la práctica del restavèk. Según el informe de la Relatora Especial, el número de niños que trabajan como restavèks oscila entre 150 000 y 500 000 (párrafo 17), lo que representa alrededor de uno de cada diez niños haitianos (párrafo 23). Tras entrevistarse con los niños restavèks, la Relatora Especial confirma que todos ellos consideraban que sus familias de acogida les asignaban una pesada carga de trabajo, a menudo incompatible con su desarrollo y su salud física y mental (párrafo 25). Además, la Relatora Especial constató que estos niños suelen ser objeto de maltrato y víctimas de violencia física, psicológica y sexual (párrafo 35). Los representantes del Gobierno y de la sociedad civil han recordado que los casos de agresiones físicas y quemaduras se daban con frecuencia (párrafo 37). La Comisión tomó nota de que, en vista de estos hechos, la Relatora Especial calificó el sistema restavèk como una forma contemporánea de esclavitud.

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales el terremoto de 12 de enero de 2010 condujo a un brusco deterioro de las condiciones de vida de la población haitiana y a una creciente precarización de sus condiciones de trabajo. Según la CSI un número creciente de niños trabajan como restavèks y es muy probable que sus condiciones se han deteriorado más. Los numerosos testimonios recogidos por la CSI ponen de manifiesto que las condiciones de trabajo son sumamente penosas, y que la explotación se alía a menudo con condiciones de trabajo degradantes, jornadas muy largas, ausencia de vacaciones y explotación sexual y situaciones de extrema violencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que el servicio doméstico de los niños restavèks se asimila al trabajo forzoso. Expresa nuevamente su profunda preocupación por la explotación del trabajo doméstico del que son objeto los niños menores de 18 años, ejercido en condiciones análogas a la esclavitud, o perjudiciales para su salud o seguridad. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 3, a) y d), del Convenio, el trabajo o empleo de niños menores de 18 años en condiciones análogas a la esclavitud o peligrosas constituye una de las peores formas de trabajo infantil y debe ser, en razón del artículo 1, eliminada con carácter de urgencia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar, en la legislación y en la práctica, que los niños menores de 18 años no puedan trabajar como empleados domésticos en condiciones análogas a la esclavitud o en condiciones peligrosas teniendo en cuenta la situación particular de las niñas. A este respecto la Comisión insta con firmeza al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para enmendar las disposiciones de la legislación nacional, en particular el artículo 3 de la ley de 2003, que permiten la perpetuación de la práctica del restavèk. Además, la Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se realicen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos efectivos de las personas que hayan sometido a menores de 18 años a trabajos domésticos forzosos o a trabajos domésticos peligrosos, y que se les impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasivas en la práctica.

Artículo 5.  Mecanismos de control. Brigada de Protección de Menores. La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales en Haití existe una brigada de protección de menores que patrulla las zonas de frontera. Sin embargo, la CSI también señala que no se ha erradicado la corrupción de los funcionarios a ambos lados de la frontera y que las vías de trata de personas evitan las cuatro aduanas oficiales y se desplazan por lugares alejados, donde se producen probablemente las situaciones más graves de atentado contra la vida y la integridad de los migrantes.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales la brigada de protección de menores es una unidad especializada de la policía con la función de detener a los traficantes para ponerlos a disposición de la justicia. Sin embargo, el Gobierno señala que durante los procedimientos judiciales, son las cuestiones de procedimiento las que ofrecen a menudo una puerta de salida a las personas inculpadas. La Comisión debe expresar su preocupación ante la debilidad de los mecanismos de control para impedir el fenómeno de la trata de niños con fines de explotación. La Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad de la brigada de protección de menores para controlar y combatir la trata de menores de 18 años e inculpar a los culpables. Ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social. Venta y trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Informe Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la trata de personas, de febrero de 2009, no existe ningún sistema para atender o prestar asistencia a las personas víctimas de la trata ni un centro de acogida alguno para alojar a las víctimas. La Comisión tomó nota también de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 de febrero de 2009, párrafo 26), observa con preocupación la falta de refugios para mujeres y niñas víctimas de trata.

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI según los cuales existe un sistema público de atención y asistencia a las personas víctimas de trata. Los testimonios recogidos por la CSI relatan que las víctimas se dirigen a los funcionarios de policía, quienes los remiten al Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), para que los distribuya en los centros de acogida.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se había previsto un programa piloto de protección social, pero que el terremoto del 12 de enero de 2010 ha desbaratado la aplicación del mismo. La Comisión insta con firmeza al Gobierno a adoptar medidas eficaces para prever ayuda directa necesaria y adecuada para liberar a los niños víctimas de la venta y de la trata, y asegurar su readaptación y reintegración social. A este respecto, ruega al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de menores de 18 años víctimas de trata que han podido ser colocados en centros de acogida con la ayuda de los miembros de la policía y del IBESR.

Apartado d).  Identificar los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños restavèks. En sus observaciones precedentes, la Comisión tomó nota de la existencia de programas de reinserción de niños restavèks que ha puesto en marcha el IBESR en acuerdo con distintos organismos internacionales y no gubernamentales. Tomó nota de que estos programas privilegian la reinserción en el marco familiar a fin de favorecer el desarrollo psicosocial de los niños que participan en ellos. Sin embargo, tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales, se declara profundamente inquieto por la situación de los niños restavèks que trabajan en el servicio doméstico, y en particular, recomienda al Gobierno que se asegure con carácter de urgencia de que los restavèks disponen de servicios para su recuperación física y psicológica así como para su reintegración social (documento CRC/C/15/Add.202, 18 de marzo de 2003, párrafos 56 y 57).

La Comisión toma nota de los alegatos de la CSI por los que ha conocido las iniciativas de reinserción de niños restavèks, especialmente con el apoyo del UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones. La CSI, al tiempo que se congratula de estas iniciativas, pide al Gobierno que se sigan incluyendo en estos programas medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias de origen de estos niños.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el IBESR se ocupa de los casos de maltrato de niños menores en el servicio doméstico, y se encarga de colocarlos en familias para su readaptación física y psicológica. Sin embargo, el Gobierno reconoce que estos casos siguen siendo poco numerosos. La Comisión insta con firmeza al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños restavèks disponen de servicios para su readaptación física y psicológica, así como para su reintegración social, en el marco de los programas de reinserción de niños restavèks o por medio del IBESR.

Artículo 8.  Cooperación internacional. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Ministerio de Asuntos Sociales y de Trabajo, en acuerdo con el Ministerio del Exterior, ha estudiado el problema de las personas explotadas en la República Dominicana en las plantaciones de caña de azúcar, así como de los niños sometidos a mendicidad, y tiene el propósito de iniciar discusiones bilaterales para dar solución a estos problemas. La Comisión observó igualmente que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus conclusiones finales (documento CEDAW/C/HTI/CO/7, 10 de febrero de 2009, párrafo 27), alentó al Gobierno «a investigar las causas profundas de la trata y a reforzar su cooperación bilateral y multilateral con los países vecinos, en especial con la República Dominicana, para prevenir la trata y poner a los responsables de estos delitos a disposición de la justicia».

La Comisión observa una vez más que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Ruega nuevamente al Gobierno que comunique información sobre los progresos de las conversaciones directas con la República Dominicana encaminadas a la adopción de un acuerdo bilateral, y que tenga a bien hacerlo en su próxima memoria.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kirguistán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según estimaciones de la Encuesta Nacional sobre el trabajo infantil (CLS), 2007, son económicamente activos 672 000 de 1 467 000 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años en Kirguistán (el 45,8 por ciento). La prevalencia del empleo entre los niños aumenta con la edad: del 32,7 por ciento de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 11 años; al 55 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años; y el 62,3 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

La Comisión toma nota de que, en el marco del proyecto OIT/IPEC, titulado «Combatir el trabajo infantil en Asia Central: El compromiso traducido en acción» (PROACT CAR Fase III), que se dirige a contribuir a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, se realizó una amplia gama de acciones para combatir el trabajo infantil, incluidas sus peores formas, en Kirguistán. Estas incluyen la adopción del Código de los Niños, de 31 de mayo de 2012, cuyo artículo 14 prohíbe la utilización de trabajo infantil; la elaboración, en 2012, de la legislación y las políticas sobre trabajo infantil y empleo juvenil, en Kirguistán, cuyo objetivo es identificar el vínculo entre la eliminación del trabajo infantil y la promoción del empleo juvenil; la finalización de las directrices sobre la vigilancia del trabajo infantil en Kirguistán; así como un número de programas de acción encaminados a establecer zonas libres de trabajo infantil y a establecer sistemas de vigilancia del trabajo infantil en varias regiones del país. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos hacia la progresiva eliminación del trabajo infantil, en el marco del proyecto PROACT CAR Fase III, de la OIT/IPEC, y a que comunique información sobre los resultados obtenidos, en particular respecto de la reducción del número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima (16 años) y en trabajos peligrosos.

Artículo 2, párrafo 1. Campo de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información del Gobierno, según la cual el Fiscal General de la República de Kirguistán y la Inspección del Trabajo del Estado son responsables de la aplicación y de la ejecución de la legislación del trabajo. Tomó nota de las disposiciones relativas a la edad mínima aplicadas al trabajo realizado en el hogar o en una empresa, el trabajo doméstico, el trabajo contratado, la agricultura comercial y la agricultura familiar y de subsistencia. Sin embargo, tomó nota de la declaración que figura en un informe de 2006 de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (en la actualidad, Confederación Sindical Internacional), según la cual muchos niños trabajan en empresas familiares, servicios domésticos, agricultura (tabaco, algodón, arroz), ganadería, venta de gasolina, lavado de coches, limpieza de zapatos, venta de productos al borde de la carretera y ventas al por menor de tabaco y alcohol. La Comisión también tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el trabajo infantil está extendido en establecimientos agrícolas, empresas privadas, actividades empresariales individuales y empleo por cuenta propia.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Código del Trabajo, en virtud de su artículo 18, se aplica a las partes implicadas en relaciones laborales contractuales, esto es, el trabajador y el empleador. Sin embargo, toma nota de que, según la CLS, una aplastante mayoría de los niños que trabajan (el 96 por ciento), lo hacen en la agricultura o en la producción doméstica, y en términos de estatuto laboral, la abrumadora mayoría (el 95 por ciento) son trabajadores familiares no remunerados. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños que trabajan por cuenta propia, los niños que están en la economía informal y los niños que trabajan en granjas familiares, gocen de la protección establecida en el Convenio. En este sentido, solicita una vez más al Gobierno que indique toda medida adoptada o prevista para fortalecer la inspección del trabajo, en particular en los mencionados sectores. Por último, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita información sobre la manera en que la Inspección del Trabajo del Estado y el Fiscal General aplican las disposiciones legislativas específicas que dan efecto al Convenio.

Artículo 7.  Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según el artículo 18 del Código del Trabajo, los alumnos que llegaron a la edad de 14 años pueden concluir un contrato de trabajo con el consentimiento por escrito de sus padres, tutor o curador para realizar un trabajo ligero fuera de las horas escolares, siempre que no dañe su salud y no interfiera en su educación. La Comisión tomó nota de que, según los artículos 91 y 95 del Código del Trabajo, las horas de trabajo para los trabajadores de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, no superarán las 24 horas a la semana, y las horas de trabajo diarias no superarán cinco horas. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara de qué manera se garantiza la asistencia a la escuela de los niños que trabajan cinco horas al día. También solicitó al Gobierno que indicara las actividades en las que puede permitirse un trabajo ligero a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años.

La Comisión toma nota de la información que figura en la CLS de 2007, según la cual, a pesar del elevado ratio de empleo en los niños, la asistencia escolar es también muy elevada, con el 98,9 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años y el 89,2 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, que asisten a la escuela. Sin embargo, también se observó que los niños que trabajan tienen unas tasas de asistencia escolar ligeramente más bajas que los niños que no trabajan. Entre los niños que no trabajan con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, la tasa de asistencia escolar se estima en el 97,4 por ciento, en comparación con el 94,5 por ciento de los niños que trabajan con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, una diferencia que se traduce principalmente en una asistencia escolar más baja en el caso de los niños con más edad que trabajaban. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar que los niños menores de 14 años de edad no estén ocupados en un trabajo o empleo. Con respecto a los niños mayores de 14 años de edad ocupados en trabajos ligeros, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se vea perjudicada su asistencia a la escuela. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que indique las actividades en las que pueden permitirse los trabajos ligeros a los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años. Si estas actividades aún no fueron determinadas por la ley, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para adoptar una lista de los tipos de actividades de trabajos ligeros que pueden permitirse a los niños mayores de 14 años de edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Democrática Popular Lao

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2005)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo y determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 102 de la Ley de Enmienda de la Ley del Trabajo de 2013, la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad se especificará de manera separada. La Comisión toma nota con satisfacción de que el decreto ministerial sobre la lista de trabajos peligrosos para los jóvenes se adoptó en 2016. Su artículo 3 contiene una lista exhaustiva de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, tales como los trabajos en los que se manejan sustancias químicas y venenosas, los trabajos en los que se corre el riesgo de infección de enfermedades transmisibles, los trabajos con útiles cortantes, los trabajos en la industria del tabaco y otros. Además, la Comisión toma nota de que, con arreglo a su artículo 6, los individuos o entidades jurídicas que infrinjan este decreto serán considerados responsables tanto en los procedimientos civiles como en los procedimientos penales, en función de la gravedad de la infracción. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del decreto ministerial sobre la lista de tipos de trabajos peligrosos para los jóvenes, incluida información sobre el número y la naturaleza de las infracciones relacionadas con jóvenes que realizan trabajos peligrosos, así como sobre las sanciones impuestas.

Artículo 7.  Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que, con arreglo al artículo 101 de la Ley de Enmienda de la Ley del Trabajo de 2013, los niños de entre 12 y 14 años de edad pueden ser empleados para realizar trabajos ligeros que no tengan un impacto negativo sobre su salud física y mental y no perjudiquen su asistencia a la escuela o su participación en programas de formación profesional. También tomó nota de que en un reglamento separado se establecería una lista de tipos de trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el decreto ministerial sobre la lista de los trabajos ligeros para los jóvenes se adoptó en 2016. Con arreglo a sus artículos 1 y 2, los niños de entre 12 y 14 años pueden realizar trabajos ligeros que no sean nocivos para su desarrollo físico, moral o mental, ni para su educación. En su artículo 3 figura una los lista exhaustiva de los tipos de trabajos ligeros permitidos en los servicios, la industria, la artesanía y la agricultura. El artículo 4 establece que los niños no pueden trabajar más de dos horas al día durante los días escolares ni más de seis horas al día durante las vacaciones. Además, los niños no deberán realizar horas extraordinarias, trabajos entre las 18 y las 6 horas ni otros tipos de trabajos especificados en el artículo 5.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General de los Trabajadores Libaneses (CGTL) comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 2, 1) y 2), del Convenio. Examen médico preliminar por un médico calificado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de que el artículo 22 del Código del Trabajo, modificado por la ley núm. 536, de 24 de julio de 1996, hace obligatorio el examen médico antes del empleo de los jóvenes de 14 a 18 años de edad. La Comisión tomó nota de que, además de las disposiciones examinadas en sus comentarios anteriores, el artículo 21 del proyecto de enmienda al Código del Trabajo, que fue preparado por la comisión tripartita establecida por la orden núm. 210/1 de 2000 del Ministerio de Trabajo, prohíbe el empleo o la contratación de menores antes de que se hayan sometido a un examen médico minucioso, que podría incluir pruebas clínicas, de laboratorio y radiografías, si fuera necesario, y que muestre su aptitud para el trabajo de que se trate. La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que había sometido el proyecto de enmienda al Código del Trabajo al Consejo de Ministros para su examen y aprobación, pero que esto se había retrasado debido a un cambio de gobierno. El Gobierno declaró que, tan pronto como se constituyera un nuevo gobierno, los proyectos de enmienda se someterían nuevamente al Consejo de Ministros para su nuevo examen.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que no ha habido ningún cambio con respecto a este proyecto de enmienda al Código del Trabajo, ya que sigue siendo objeto de examen. Toma nota, a raíz de las observaciones de la CGTL, de que el proceso de enmiendas al Código del Trabajo, incluido el artículo 22, ha comenzado. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de enmienda al Código del Trabajo, que data de 2000, se adopte lo antes posible, y a que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículos 3, 2), y 4, 1).   Repetición del examen médico de aptitud para el empleo de las personas menores de 18 años y para el empleo de personas de menos de 21 años en trabajos que entrañen grandes riesgos para la salud. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 22 de la ley núm. 536, de 24 de julio de 1996, hace referencia al examen médico realizado tras el comienzo del empleo para los menores de 18 años, y de que el artículo 1 de la orden núm. 157/1, de 2 de agosto de 2000, prevé la continuación del examen médico de los jóvenes hasta la edad de 21 años, para aquellos que realizan trabajos que entrañan riesgos para su salud. La Comisión tomó nota de que el proyecto de enmienda al Código del Trabajo prevé la repetición del examen médico de los menores de 18 años a intervalos más cortos que anualmente, con el fin de asegurar una supervisión eficiente de su situación médica con respecto a los riesgos para su trabajo. También tomó nota de la indicación del Gobierno de que, durante sus visitas de inspección, la inspección del trabajo técnico no identificó a ningún menor de 18 años que trabajara, por lo que no fue necesario realizar exámenes médicos periódicos. Sin embargo, la Comisión recordó que el artículo 4, 1), del Convenio exige la realización de exámenes médicos de aptitud para el empleo y su repetición periódica hasta la edad de 21 años como mínimo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que está preparándose un nuevo proyecto de decisión que determinará los intervalos para la repetición de los exámenes médicos. Al tiempo que expresa la esperanza de que la nueva decisión que determina los intervalos para la repetición de los exámenes médicos incluya la determinación de los intervalos a los que deben repetirse los exámenes médicos para los jóvenes de 18 a 21 años de edad que realizan trabajos que entrañan grandes riesgos para su salud, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para cerciorarse de que esta nueva decisión se adopte lo antes posible, y que proporcione información sobre los progreso realizados a este respecto.

Artículo 6.  Orientación profesional y readaptación de los menores cuyo examen médico haya revelado una ineptitud para el trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Asuntos Sociales recurrió al sector no gubernamental para que prestara una serie de servicios a los jóvenes. Observó, no obstante, que no se habían adoptado medidas con respecto a la orientación profesional o a la readaptación física o profesional de los niños y menores respecto de los cuales un examen médico hubiera revelado ineptitud para el trabajo, o discapacidades o limitaciones físicas. La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de que los comentarios de la Comisión sobre el artículo 6 del Convenio se someterían al Consejo Superior para la Infancia, integrado por representantes de los Ministerios de Trabajo, Asuntos Sociales, Justicia, Salud Pública, Educación y Educación Superior, Asuntos Exteriores, Cultura, Interior y Municipios, Finanzas, Juventud y Deportes, e Información, para su examen. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno, junto con la colaboración del Consejo Superior para la Infancia, adopte las medidas necesarias, lo antes posible, para asegurar la aplicación efectiva del artículo 6 del Convenio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que envió una carta al Ministerio de Asuntos Sociales y al Consejo Superior para la Infancia a este respecto. Al tiempo que observa que viene planteando este asunto desde 2000, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva del artículo 6 del Convenio. Pide al Gobierno que proporcione información en su próxima memoria sobre cualquier progreso realizado al respecto.

Artículo 7, 2).  Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporcionó información sobre las medidas adoptadas para aplicar el Convenio. Toma nota de la indicación del Gobierno de que comunicará la información pertinente cuando esté disponible. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre cualquier otra medida adoptada o prevista para asegurar la estricta aplicación del Convenio.

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1977)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que ciertas categorías de menores empleados, a cambio de un salario o de una ganancia directa o indirecta, en trabajos no industriales que no sean los trabajos considerados por las autoridades competentes como industriales, agrícolas o marítimos, están excluidas de la aplicación de las disposiciones del Convenio en virtud del artículo 7 del Código del Trabajo. Se trata de las categorías siguientes de trabajos:

1)trabajo doméstico en casas privadas;

2)en empresas agrícolas que no tienen relación con el comercio o la industria; estarán sujetos a una legislación especial;

3)en establecimientos en los que sólo trabajan miembros de la familia bajo la dirección del padre, la madre o el tutor, y

4)en servicios gubernamentales y municipales en relación con los trabajadores y los asalariados que realizan trabajos temporales o diarios y no disfrutan de la condición de funcionarios públicos; estarán cubiertos por una legislación especial.

En lo que respecta al trabajo doméstico, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a que las leyes actuales prohíben emplear a menores de 18 años como trabajadores domésticos, lo cual hace innecesario prever su examen médico en virtud de este Convenio. En relación con los empleados que trabajan en la administración pública, el Gobierno indicó que el decreto núm. 5883, de 3 de noviembre de 1994, concierne a las normas aplicables a esos empleados y que los trabajadores municipales están sujetos a las normas adoptadas por cada municipio.

La Comisión tomó nota de que según el Gobierno el proyecto de enmienda del Código del Trabajo, preparado por el comité tripartito establecido en virtud de la orden núm. 210, de 20 de diciembre de 2000, se ocupa de las tres primeras excepciones en lo que respecta a la aplicación del Código del Trabajo antes mencionadas. El Ministerio de Trabajo estaba revisándolo a fin de poner sus disposiciones más en conformidad con las disposiciones de los convenios ratificados pertinentes.

La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno indica que los comentarios de la Comisión se tendrán en cuenta cuando se reexamine el proyecto de enmienda al Código del Trabajo. Tomando nota de que ha venido planteando este punto desde el año 2000, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional se pone en conformidad con las disposiciones del Convenio en lo que respecta a su aplicación a todas las ocupaciones que no sean consideradas industriales, agrícolas y marítimas en el Líbano. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de enmienda al Código del Trabajo, que data de 2000, se adopta lo más pronto posible.

Artículo 7, 2).  Aplicación del Convenio a los niños que se dedican a la venta ambulante o a cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno tenía la intención de que las autoridades competentes, a saber los ministerios pertinentes, examinaran el control de la aplicación del sistema de examen médico de aptitud para el empleo de los menores que trabajan por su cuenta o para sus padres en la venta ambulante o en cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público. La Comisión recordó al Gobierno que, incluso cuando parece que no hay menores que trabajen por cuenta propia o para sus padres en la venta ambulante o en cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público, el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que en el futuro se aplicará el sistema de examen médico de aptitud para el empleo a los niños que puedan trabajar en esas circunstancias.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, habida cuenta de que debido al desplazamiento de los sirios en el Líbano ha aumentado el número de niños de la calle, necesita realizar estudios en profundidad, en coordinación con las organizaciones internacionales y los departamentos nacionales, a fin de atender a la solicitud de la Comisión. La Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prever el control de la aplicación del sistema de examen médico de aptitud para el empleo de los jóvenes que trabajan por cuenta propia o para sus padres en la venta ambulante o en cualquier otro trabajo ejercido en la vía pública o en un lugar público y le pide que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo sólo se aplica al trabajo realizado con arreglo a una relación de empleo (en virtud de los artículos 1, 3 y 8 del Código). La Comisión recordó que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y comprende todos los tipos de empleo o de trabajo, se lleven o no a cabo en base a una relación de empleo y sean o no remunerados. La Comisión también tomó nota de que, en virtud del capítulo 2, artículo 15, de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, pareciera que el empleo o el trabajo de los jóvenes también incluiría las formas no tradicionales de relación de empleo. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo.

La Comisión toma nota de una ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este punto. Considerando que el Gobierno ha venido refiriéndose a los proyectos de enmienda al Código del Trabajo durante algunos años, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopten, en un futuro próximo, las enmiendas al Código del Trabajo relacionadas con los niños que trabajan por cuenta propia en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de las nuevas disposiciones, en cuanto se hayan adoptado.

Artículo 2, 2).  Elevación de la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el momento de la ratificación del Convenio, el Líbano declaró en 14 años la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo y que la ley núm. 536, de 24 de julio de 1996, que enmienda los artículos 21, 22 y 23 del Código del Trabajo, prohíbe el empleo de jóvenes antes de los 14 años. La Comisión también tomó nota de la intención del Gobierno de elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 15 años de edad y de que los proyectos de enmienda al Código del Trabajo incluirían una disposición en este sentido (artículo 19). La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo sobre la edad mínima para el empleo o el trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se han tenido en cuenta los comentarios de la Comisión en los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. Los proyectos también se presentaron al Consejo de Ministros para su examen. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en la adopción de las disposiciones de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo respecto de la edad mínima para el empleo o el trabajo.

Artículo 2, 3).  Educación obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la edad límite para la educación obligatoria es de 12 años de edad (ley núm. 686/1998 relativa a la educación primaria gratuita y obligatoria). La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se remitió al Consejo de Ministros para su examen un proyecto de ley dirigido a elevar la edad mínima de la educación obligatoria a los 15 años. La Comisión solicitó al Gobierno que indicara los progresos realizados en este sentido.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo tuvo en cuenta los comentarios de la Comisión insertados en los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifiesta su preocupación ante el número de niños, especialmente de niños refugiados, que no asisten a la escuela o que han abandonado la escuela, debido a la capacidad insuficiente de la infraestructura educativa, la falta de documentación, la presión para trabajar a efectos de ayudar a sus familias, entre otras razones (documento E/C.12/LBN/CO/2, párrafo 62).

A este respecto, la Comisión recuerda la necesidad de vincular la edad de admisión al empleo con la edad límite para la educación obligatoria. Si las dos edades no coinciden, pueden surgir varios problemas. Si la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo es inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria, es posible que los niños se vean animados a abandonar los estudios, ya que los menores obligados a asistir a la escuela también pueden trabajar legalmente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 370). Tomando nota de que la intención del Gobierno es elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a los 15 años, la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que, en virtud del artículo 2, 3), del Convenio, la edad mínima de admisión al empleo (en la actualidad, 14 años) no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 15 años, y a que prevea la educación obligatoria hasta esta edad mínima, en el marco de la adopción de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de las nuevas disposiciones, en cuanto se hayan adoptado.

Artículo 6.  Formación profesional y aprendizaje. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual los proyectos de enmienda al Código del Trabajo (artículo 16) fijan la edad mínima para recibir una formación profesional con arreglo a un contrato, en los 14 años. La Comisión expresó la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, una disposición con arreglo a los proyectos de enmienda.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se adoptará el artículo 16 junto con los proyectos de enmienda al Código del Trabajo. El Gobierno también indica que el Centro Nacional para la Formación Profesional se ocupa de llevar a cabo la formación profesional y el aprendizaje. La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el artículo 16 de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, que fija una edad mínima de 14 años para el ingreso en el aprendizaje, de conformidad con el artículo 6 del Convenio.

Artículo 7.  Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 19 de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, el empleo o el trabajo de jóvenes en trabajos ligeros, puede autorizarse a partir de los 14 años de edad en determinadas condiciones (excepto en los diferentes tipos de trabajo industrial en los que no está autorizado el empleo o el trabajo de jóvenes menores de 15 años de edad). La Comisión también tomó nota de que las actividades laborales ligeras se determinarían mediante una orden del Ministerio de Trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todo progreso realizado en ese sentido.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual solicitó que se incluyeran los trabajos ligeros en el proyecto de la OIT/IPEC en curso, «Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon» (proyecto CLEAR), y se celebraron algunas reuniones al respecto. Una vez iniciado el proyecto CLEAR, el Gobierno indica que podrá preparar un texto legislativo sobre los trabajos ligeros, de conformidad con las normas internacionales pertinentes. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la formulación y la adopción de un estatuto que determine las actividades laborales ligeras, incluyéndose el número de horas durante las cuales pueden realizarse trabajos ligeros y en qué condiciones. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos logrados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, 7, 1) y 2), b), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil, sanciones y asistencia directa para la rehabilitación e inserción social. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Trata. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley contra la Trata núm. 164, de 2011. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación de la ley en la práctica.

La Comisión toma nota de la información estadística relacionada con la trata de niños aportada por el Gobierno en su memoria. Toma nota de que, en 2014, se identificó a cinco niños víctimas de trata para su explotación laboral (mendicidad callejera), y a un niño víctima de trata para su explotación sexual. Según la indicación del Gobierno, todos los niños víctimas identificados fueron derivados a centro sociales y de rehabilitación, como el centro de acogida «Beit al Aman» en colaboración con Cáritas. El Gobierno también indica que, en 2014, el Consejo Superior de la Infancia elaboró un proyecto de plan de acción sectorial sobre la trata de niños, que se encuentra aún en la fase de consulta con los grupos de interés pertinentes.

La Comisión también toma nota de que, en sus observaciones finales de 2015, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, recomendó al Gobierno que brindara a jueces, fiscales, policía de fronteras, autoridades de inmigración y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una capacitación obligatoria que tuviera en cuenta las cuestiones de género, a efectos de garantizar la estricta aplicación de la ley núm. 164 para combatir la trata, enjuiciando sin demora todos los casos de trata de mujeres y niñas (documento CEDAW/C/LBN/CO/4-5, párrafo 30, a)). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de plan de acción sectorial sobre la trata de niños y que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación en la práctica de la ley núm. 164, de 2011, incluyéndose la información estadística sobre el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas por el delito de trata de niños. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada para impedir la trata de niños, así como las medidas adoptadas para garantizar que se brinde a los niños víctimas de trata los servicios de rehabilitación y reinserción adecuados.

Apartados b) y c).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 33, b) y 33, c), de los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas y para actividades ilícitas está sancionado por el Código Penal, además de las sanciones impuestas por el Código del Trabajo. También tomó nota de que el artículo 3 del anexo núm. 1, del decreto núm. 8987, de 2012, sobre los trabajos peligrosos, prohíbe esas actividades ilícitas para los menores de 18 años de edad. La Comisión tomó nota de la información estadística, desglosada por género y edad, comunicada por el Gobierno sobre el número de niños dedicados a la prostitución, de 2010 a 2012.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Inspección del Trabajo es el organismo responsable de la supervisión de la aplicación del decreto núm. 8987. La Comisión toma nota con preocupación de que, según la indicación del Gobierno, no se detectó, hasta el momento, ningún caso relacionado con la aplicación del decreto. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar la aplicación en la práctica de las disposiciones del decreto núm. 8987, de 2012, que prohíben la ocupación de niños en la prostitución o con fines pornográficos o para actividades ilícitas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información estadística sobre los enjuiciamientos iniciados y condenas pronunciadas respecto de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

En cuanto a los proyectos de enmienda al Código del Trabajo, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, sin demora, las medidas necesarias para garantizar la adopción de las disposiciones que prohíben la utilización, el reclutamiento o la oferta de personas menores de 18 años de edad para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas, y la utilización, el reclutamiento o la oferta de personas menores de 18 años de edad para actividades ilícitas, así como de la adopción de las disposiciones que establecen las sanciones correspondientes.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. 1. Niños refugiados. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas dentro del programa de trabajo de NAP-WFCL para los niños palestinos que trabajan, a efectos de protegerlos de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se adoptó ninguna nueva medida, debido a la situación política y de seguridad del país. La Comisión también toma nota de que, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de 2016, titulado Missing out: Refugee Education in Crisis, son más de 380 000 los niños refugiados de edades entre 5 y 17 años registrados en el Líbano. Se estima que menos del 50 por ciento de los niños de escolaridad primaria tienen acceso a escuelas primarias públicas y menos del 4 por ciento de los adolescentes tienen acceso a escuelas secundarias públicas. El informe destaca que, desde 2013, el Gobierno ha venido introduciendo un sistema de dos turnos en las escuelas públicas, para impulsar la inscripción de los niños refugiados. Aproximadamente, 150 000 niños entraron en este sistema. También toma nota del informe de la OIT titulado «ILO response to the Syrian Refugee crisis in Jordan and Lebanon», de marzo de 2014, según el cual muchos niños refugiados trabajan en condiciones peligrosas en el sector agrícola y en el sector urbano informal, en la venta ambulante o en la mendicidad. Al tiempo que reconoce la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proteger a los niños refugiados (en particular, sirios y palestinos) de las peores formas de trabajo infantil y para brindar la asistencia directa necesaria y adecuada para librarlos y para su rehabilitación e inserción social. Solicita al Gobierno que comunique información sobre el número de niños refugiados que se han beneficiado de algunas iniciativas tomadas en ese sentido, en lo posible, desglosado por edad, género y país de origen.

2.  Niños en situación de calle. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Asuntos Sociales adoptó una serie de medidas para abordar la situación de los niños de la calle, que incluyen: i) actividades de sensibilización, a través de la educación, de los medios de comunicación y de campañas publicitarias; ii) formación de algunos actores/agentes de la protección social que trabajan en instituciones de protección de los niños; iii) actividades de rehabilitación para algunos niños de la calle y su reinserción en sus familias, y iv) en el marco de la Estrategia de reducción de la pobreza (2011-2013), se eligió a 36 575 familias para que se beneficiaran de los servicios básicos sociales gratuitos, como el acceso a la educación pública obligatoria y gratuita, y de los servicios médicos. El Gobierno también indica que aún no se aplicó el proyecto de 2010 «Strategy for Protection, Rehabilitation and Integration of Street Children», pero que se encuentra en el proceso de revisión.

La Comisión toma nota de que el estudio de 2015 «Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude» (OIT-UNICEF, Save the Children International) aporta información estadística detallada sobre el fenómeno de los niños en situación de calle en 18 distritos del Líbano. La Comisión también toma nota de que el informe comprende algunas recomendaciones, que incluyen: i) la aplicación de la legislación pertinente; ii) la reinserción de los niños en situación de calle en la educación y el suministro de servicios básicos, y iii) la intervención en el plano de los hogares para la realización de actividades de prevención. La Comisión observa asimismo que, a pesar de que el trabajo en la calle de los niños es una de las formas más peligrosas de trabajo infantil, en virtud del decreto núm. 8987 sobre formas peligrosas de trabajo infantil, de 2012, sigue siendo aún prevalente, habiéndose detectado que 1 510 niños en total viven o trabajan en las calles. Además, La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, recomendó que el Gobierno aumentara los recursos, con el fin de suministrar los servicios preventivos y de rehabilitación necesarios para los niños de la calle y de aplicar la legislación vigente dirigida a combatir el trabajo infantil (documento E/C.12/LBN/CO/2, párrafo 45). Recordando que los niños de la calle son especialmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a estos niños, y a que prevea su rehabilitación y reinserción social. La Comisión insta asimismo al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para aplicar activamente el proyecto de estrategia de 2010 titulado «Strategy for Protection, Rehabilitation and Integration of Street Children», en cuanto se haya revisado, y a que informe sobre los resultados obtenidos. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de niños de la calle a quienes se han brindado oportunidades educativas y servicios de reinserción social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Madagascar

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), recibidas el 4 de septiembre de 2014, y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la comunicación de la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (CGSTM), de 27 de agosto de 2012.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio y parte V del formulario de memoria. Examen médico para el empleo o el trabajo subterráneo en las minas de personas menores de 21 años y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota anteriormente de que el artículo 82 de la resolución núm. 58-AR, de 8 de mayo de 1958 sobre la fijación de las reglas de seguridad aplicables en las minas y canteras, establece que ningún obrero podrá ser destinado a trabajos subterráneos sin haber sido reconocido previamente como apto por un examen médico. La Comisión tomó nota asimismo de que los artículos 7, 8 y 9 de la orden núm. 2806, de 8 de julio de 1968, relativos a la medicina de empresa, establecen, en particular, que el empleador deberá efectuar visitas sistemáticas para realizar exámenes médicos periódicos y que todo trabajador deberá someterse obligatoriamente a un examen médico que lleve aparejado una radiografía pulmonar antes de ser contratado o, como muy tarde, dentro del mes siguiente. Además, la Comisión tomó nota con interés de que, en virtud del artículo 8 del decreto núm. 2003-1162, de 17 de diciembre de 2003, que regula la salud en la empresa, todo trabajador, antes de su contratación o a más tardar en el mes siguiente, «deberá someterse obligatoriamente a un examen médico que conlleve al menos una radiografía pulmonar». En virtud de los artículos 7 y 9 del mismo decreto, son igualmente obligatorios los reconocimientos médicos periódicos, entendiendo por ello «la realización de exámenes médicos especiales de los trabajadores expuestos a riesgos de enfermedad profesional».

La Comisión toma nota de los alegatos de la CGSTM según los cuales ha tenido conocimiento de que, en Madagascar, han dejado de existir las empresas mineras que ejercen formalmente la explotación subterránea y emplean a adolescentes, según los términos definidos en el Convenio. Sin embargo, el problema se plantea para las explotaciones familiares e informales, por ejemplo, en las minas de zafiros en la región de Ilakaka, en las cuales los trabajadores mineros adolescentes bajan a 50 metros de profundidad sin condiciones de seguridad adecuada ni aireación suficiente. La CGSTM informa que, a falta de una legislación adecuada, estos mineros no pasan exámenes médicos previos de aptitud para el empleo ni exámenes médicos sistemáticos. Por último, la CGSTM señala que, hasta el momento, no se ha emprendido ninguna acción gubernamental para resolver este problema.

La Comisión observa que, al parecer, los niños ocupados en estas explotaciones familiares e informales escapan a la legislación en materia de exámenes médicos. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, para el empleo o trabajo subterráneo en las minas o personas menores de 21 años se deberá exigir un examen médico completo de aptitud y posteriormente exámenes periódicos a intervalos que no excedan de un año, tanto si este trabajo se realiza en la economía formal o informal como si tiene por base una relación de trabajo o no. La Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas para asegurarse de que todos los niños y jóvenes menores de 21 años gozan de la protección prevista en el Convenio, en particular aquellos y aquellas que trabajan en minas y canteras que son objeto de explotación familiar y dentro del marco de la economía informal. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones a este respecto en su próxima memoria, en particular, estadísticas sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones que exigen un examen médico previo y exámenes periódicos ulteriores para los jóvenes menores de 21 años que trabajan en explotaciones subterráneas familiares dentro del marco de la economía informal.

Artículo 4, párrafos 4 y 5. Registro de las personas que están empleadas menores de 21 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno según las cuales el empleador deberá llevar un registro en el que figurarán las siguientes tres partes: información personal, datos característicos del trabajador respecto a la empresa y un apartado aparte reservado a las autorizaciones, observaciones y advertencias de la inspección del trabajo a la empresa. La Comisión constató que, pese a que la copia de este registro, enviada por el Gobierno con su memoria, muestra que en ella figura claramente la fecha de nacimiento del trabajador, no constan en ella datos sobre la naturaleza de la ocupación ni figura ningún certificado que atestigüe la aptitud para el empleo, según exige el artículo 4, párrafo 4, del Convenio. La Comisión tomó nota, no obstante, de que en virtud del artículo 6 del decreto núm. 2007-563 relativo al trabajo infantil, el empleador deberá llevar un registro en el que figure la identidad completa, la naturaleza de la ocupación, el salario, el número de horas de trabajo, su estado de salud, los datos sobre la escolaridad y la situación de los padres de cada niño menor de 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está todavía en vigor la orden núm. 129-IGT, de 5 de agosto de 1957, que fija el modelo del registro del empleador, en aplicación del artículo 252 del Código del Trabajo. El Gobierno indica que esta orden necesita una revisión con miras a adaptarla al contexto actual y que las recomendaciones de la Comisión se comunicarán al Consejo Nacional del Trabajo, órgano tripartito de consulta. La Comisión toma nota, por consiguiente, de que los registros de los empleadores no parecen cumplir con la obligación de contener un certificado de aptitud para el empleo en lo que respecta a los trabajos subterráneos de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. La Comisión ruega nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los empleadores tengan la obligación de llevar un registro que indique la fecha de nacimiento, debidamente certificada cuando sea posible, indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación y un certificado que atestigüe la aptitud para el empleo, para todas las personas cuya edad esté comprendida entre 18 y 21 años que trabajen bajo tierra, y de poner dicho registro a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten. La Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto, en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malawi

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 3 y 7 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 179, 1), de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) dispone que una persona que participa en una transacción que implique la trata de niños puede ser condenada a cadena perpetua. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que según el artículo 2, d), de la misma ley, un «niño» significa una persona de menos de 16 años de edad. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, se requiere de los Estados Miembros que prohíban la venta y la trata de todos los niños menores de 18 años de edad.

La Comisión observa que el Gobierno indica que ha tomado nota de esta observación y que esta cuestión será examinada en la Comisión Jurídica de Malawi. El Gobierno indica también que facilitará información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia) en memorias futuras, debido a que esta ley ha entrado en vigor recientemente. La Comisión también toma nota de que, según las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2012, al examinar los informes presentados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (documento CCPR/C/MWI/CO/1, párrafo 15), Malawi ha redactado un proyecto de ley contra la trata que debería ser examinado en breve por el Parlamento. Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), sea enmendada para extender la prohibición de venta y trata a todos los niños menores de 18 años de edad, con carácter de urgencia, que asegure que el proyecto de ley contra la trata prohíbe la venta y la trata de niños menores de 18 años, y que sea adoptado tan rápidamente como sea posible. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información acerca de la aplicación en la práctica de esta Ley, así como del proyecto de ley contra la trata, una vez que éste sea adoptado, incluyendo, en particular, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las violaciones denunciadas, las investigaciones y enjuiciamientos realizados, y las condenas y sanciones penales impuestas.

Apartado b).  Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en su informe al Comité de los Derechos del Niño (CRC), de 17 de julio de 2008, de que, si bien no existen datos disponibles sobre el número de niños implicados en la explotación sexual, incluidas la prostitución y la pornografía, se trata de problemas reconocidos en el país (documento CRC/C/MWI/2, párrafo 323). A este respecto, tomó nota de que el artículo 87, 1), d), de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), dispone que el funcionario de bienestar social que tenga motivos razonables para creer que un niño está siendo utilizado para la prostitución o para prácticas inmorales, puede librarlo de esta situación y ubicarlo temporalmente en un lugar seguro. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 3, b), del Convenio, requiere de los Estados Miembros que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de los niños menores de 18 años para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno se esfuerza en incluir la prohibición de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas en la revisión en curso de la legislación laboral. El Gobierno indica también que, el Consejo de Censura hace todo lo que está a su alcance para censurar la pornografía. Sin embargo, la Comisión debe expresar nuevamente su profunda preocupación por la continua falta de reglamentación destinada a prohibir la explotación sexual comercial de los niños, y señala de nuevo a la atención del Gobierno la obligación que le incumbe en virtud del artículo 1 de adoptar medidas inmediatas para prohibir las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para garantizar la adopción de la prohibición en la legislación nacional de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas menores de 18 años de edad para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, e incluya sanciones suficientemente eficaces y disuasorias en esta legislación. Ruega al Gobierno a que, en su próxima memoria, comunique información acerca de los progresos realizados al respecto.

Artículo 7, párrafo 2.  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a los niños de estos tipos de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños ocupados en trabajos peligrosos en la agricultura comercial, especialmente en fincas tabacaleras. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 27 de marzo de 2009, expresó su preocupación por que muchos niños de entre 15 y 17 años realicen trabajos considerados peligrosos, especialmente en las plantaciones de té y tabaco, que siguen siendo una fuente importante de trabajo infantil (documento CRC/C/MWI/CO/2, párrafo 66). La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó que se realizaron inspecciones de trabajo en el sector del tabaco, de que se retiraron niños que posteriormente fueron rehabilitados e incorporados al sistema educativo. Asimismo tomó nota de que, como se indica en el Plan nacional de acción (NAP) sobre el trabajo infantil se indica que el sector agrícola, incluidas las plantaciones de tabaco y las granjas familiares, constituye una de sus prioridades sectoriales, dado que representa el 53 por ciento del trabajo infantil en el país.

La Comisión toma nota de que, según encuestas llevadas a cabo en 2011 en Mzimba, Mulanje y Kasungu, el trabajo infantil sigue predominando en el sector agrícola. En Mzimba, el 36,6 por ciento de los niños entrevistados trabajan en la agricultura; y en Mulanje y Kasungu, el 23 y el 20,4 por ciento de los niños entrevistados, respectivamente, trabajaron en una plantación, granja o en jardinería. Las tres encuestas evidenciaron que estos niños a menudo trabajan en condiciones peligrosas, sin usar indumentaria de protección y con equipo peligroso, por ejemplo cuchillas, arados, sierras, hoces, pangas, cortadoras y pulverizadores. Al expresar su preocupación por el número de niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a los niños de los trabajos peligrosos en este sector, en particular, en las plantaciones de tabaco, a través de medidas adoptadas en el marco del NAP en relación con el trabajo infantil. A este respecto, solicita una vez más al Gobierno que comunique información concreta sobre el número de niños a los que, de esta forma, se ha impedido que realicen este tipo de trabajo peligroso o han sido retirados del mismo para proceder a su rehabilitación e inserción social.

Apartado e).  Situación particular de las niñas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, según la Encuesta de trabajo infantil de 2002 realizada en Malawi, todos los niños víctimas de explotación sexual comercial eran niñas. La mitad de esas niñas había perdido a sus padres, al tiempo que el 65 por ciento de éstas no asistía a la escuela después de su segundo año. La Comisión también tomó nota de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en sus observaciones finales de 5 de febrero de 2010, expresó su preocupación por la magnitud de la medida en que mujeres y niñas están implicadas en la explotación sexual comercial, incluida la prostitución, y por los datos estadísticos limitados en relación con estos asuntos (documento CEDAW/C/MWI/CO/6, párrafo 24). Por consiguiente, solicitó al Gobierno que comunicara información acerca de las medidas adoptadas para proteger a las niñas menores de 18 años de la explotación sexual comercial.

La Comisión insta de nuevo al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para impedir que las niñas menores de 18 años de edad pasen a ser víctimas de explotación sexual comercial, y a que aparte y rehabilite a las víctimas de esta peor forma de trabajo infantil, en el marco del NAP sobre trabajo infantil o de otra manera. Solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas en ese sentido, así como información acerca del impacto de esas medidas. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería estar desglosada por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Myanmar

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1921)

Artículo 2, 1), del Convenio. Prohibición de emplear durante la noche a menores de 18 años de edad en empresas industriales. La Comisión señaló con anterioridad que de conformidad con el artículo 79, 1), a), de la Ley sobre las Fábricas, de 1951 (núm. LXV), ningún niño (persona de menos de 15 años en virtud del artículo 2, a), puede ser empleado o autorizado para trabajar en ninguna industria entre las 18 y las 6 horas. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno relativa a que una persona joven de entre 15 y 18 años de edad (adolescentes, de conformidad con el artículo 2, b)) considerada apta para trabajar como un adulto en fábricas puede ser empleada por la noche. Además, tomó nota de la información del Gobierno sobre el proceso de enmienda del artículo 79, 1), de la Ley sobre las Fábricas que se está llevando a cabo para ponerlo en conformidad con este Convenio.

La Comisión toma nota, según la memoria del Gobierno de que se han modificado las disposiciones de la Ley sobre las Fábricas relativas a los menores de 18 años. La Comisión toma nota con preocupación de que, si bien las disposiciones modificadas prohíben el trabajo nocturno de los menores hasta la edad de 16 años, quienes tienen entre 16 y 18 años pueden ser declarados como aptos para el trabajo por un médico registrado y se les puede permitir trabajar entre las 18 y las 6 horas (artículo 79, 3), de la Ley sobre las Fábricas modificada). La Comisión recuerda que el artículo 2, 1), del Convenio prohíbe el trabajo de todos los menores de 18 años durante la noche en cualquier empresa pública o privada o en cualquier rama, salvo que sea una empresa en la cual sólo los miembros de la familia están empleados. En virtud del artículo 3, 1), del Convenio, el término «noche» significa un período de once horas consecutivas, incluido el intervalo entre las 22 y las 5 horas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el artículo 79 de la Ley sobre las Fábricas, en su tenor enmendado, se modifique nuevamente para prohibir el trabajo nocturno de todos los menores de 18 años durante un período de once horas consecutivas, incluido el período entre las 22 hasta las 5 horas. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Nicaragua

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1981)

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de las medidas adoptadas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, en particular la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria, y de la adopción de una estrategia nacional de educación (2010-2015). Habida cuenta de que la Ley de Educación de 2006 prevé que la escolaridad sólo es obligatoria hasta los 12 años, la Comisión alentó encarecidamente al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para vincular la edad de finalización de la escolaridad obligatoria con la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años.

La Comisión lamenta tomar nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las medidas adoptadas para vincular la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años. La Comisión toma nota de que, si bien el artículo 121 de la Constitución de Nicaragua prevé que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, el artículo 19 de la Ley de Educación de 2006 precisa que la educación sólo es obligatoria hasta el sexto grado de primaria (a saber, hasta aproximadamente los 12 años). A este respecto, la Comisión se ve obligada a recordar de nuevo que si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 371). Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la escolaridad obligatoria hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 14 años. También pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos a fin de aumentar las tasas de asistencia escolar y reducir las tasas de abandono escolar a fin de impedir que los niños menores de 14 años trabajen. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a) y b), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños; utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de material pornográfico o de espectáculos pornográficos, y sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las disposiciones del Código Penal que prohíben y sancionan la venta y trata de niños; la explotación sexual de niños y la producción de material pornográfico o de espectáculos pornográficos. El Gobierno indicó que el Ministerio Público había impulsado acciones penales sobre 19 delitos contra la libertad sexual de los niños, 12 delitos de trata con fines de explotación sexual y seis delitos de pornografía y actos sexuales remunerados con menores. La Comisión también tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar las capacidades de los órganos encargados de hacer cumplir la ley que alcanzaron a 1 500 funcionarios públicos. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Ministerio Público, la policía y el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) llevaron a cabo investigaciones conjuntas en bares, cantinas, clubes nocturnos y hoteles de zonas fronterizas y regiones turísticas para prevenir y detectar casos de explotación sexual de niños, iniciar procesos penales contra los explotadores y enviar a los niños y niñas víctimas a albergues especiales. Además, el INTUR organizó una campaña de sensibilización para agentes de viajes y empresarios turísticos a fin de prevenir el turismo pedófilo.

La Comisión toma nota con interés de la adopción en 2015 de la Ley contra la Trata de Personas. El artículo 1 de la ley establece que ésta tiene por objeto la prevención de la trata de personas y la sanción de este delito, así como la definición de los mecanismos específicos y efectivos para la salvaguarda de las víctimas, en particular los niños y adolescentes. El artículo 3 prevé que la ley se aplicará a quienes cometan el delito de trata de personas, dentro o fuera del ámbito nacional. Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 7 crea una coalición nacional contra la trata de personas, para la formulación e implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección de las víctimas. Además, la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que en el período 2015-2016 se llevaron a cabo procedimientos en 17 casos que resultaron en 14 sentencias condenatorias por explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago. El Gobierno también indica que en 11 procedimientos se dictaron sentencias condenatorias por el delito de trata de personas sin precisar el número de casos en los que las víctimas eran menores de 18 años. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de la Ley contra la Trata de Personas así como sobre las actividades de la coalición nacional contra la trata de personas en lo que concierne a la lucha contra la trata de niños y la protección de las víctimas. Asimismo, pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el número de infracciones señaladas, investigaciones realizadas, procedimientos entablados, condenas pronunciadas y sanciones impuestas en virtud del Código Penal.

Artículo 3.  Peores formas de trabajo infantil. Apartado d). 1. Trabajos peligrosos en la agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el 70,5 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años trabajan en la agricultura. Asimismo, tomó nota de la adopción del acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10, de 19 de agosto de 2010, que prohíbe los trabajos peligrosos a los niños y adolescentes menores de 18 años y que contiene una lista detallada de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión también tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para dar efecto al acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10, relativo a los servicios especiales de inspección, haciendo especial hincapié en la protección de los niños que trabajan en las canteras de cal. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que se habían realizado inspecciones en 1 272 establecimientos de todos los sectores de la economía, en las cuales se habían identificado 236 niños que trabajaban en condiciones peligrosas y que, después de estas inspecciones, 1 758 adolescentes habían recibido protección en lo que concierne a sus derechos como trabajadores. El Gobierno señaló que ha llevado a cabo planes de inspección específicos en materia de trabajo infantil en los departamentos de Jinotega y Matagalpa, caracterizados por su elevada producción de café.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se detectaron 194 infracciones en el sector agrícola y de producción animal. Asimismo, toma nota de que se entregaron 2 831 certificados a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, con arreglo al acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10 sobre la prohibición de los trabajos peligrosos a los niños y adolescentes. Sin embargo, la Comisión toma nota de nuevo de que la memoria no contiene información sobre el número de infracciones registradas y de sanciones impuestas. La Comisión pide al Gobierno que continúe intensificando sus esfuerzos para velar por que los menores de 18 años que trabajan en el sector agrícola no sean ocupados en trabajos peligrosos. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la aplicación del acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10, de 19 de agosto de 2010, en la práctica, y en particular sobre el número de visitas efectuadas, de infracciones registradas y de sanciones impuestas.

2.  Trabajo doméstico peligroso de los niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con la aplicación de la ley núm. 666, de 4 de septiembre de 2008, que protege a los adolescentes que trabajan como empleados de hogar, estableciendo las condiciones de contratación y de trabajo y las sanciones aplicables en caso de maltrato, violencia o humillación de esos trabajadores. La Comisión también tomó nota de que según el Gobierno se realizaron 1 999 visitas de inspección en los hogares durante las cuales se identificaron 17 adolescentes que trabajaban como domésticos. Como seguimiento del registro de niños y adolescentes ocupados en el trabajo doméstico, el Gobierno señaló que en los departamentos de Esteli, Nueva Segovia, Madriz, Masaya y Managua, se organizaron cinco seminarios destinados a proporcionar información sobre los derechos en el trabajo y becas escolares, a los que asistieron 149 adolescentes.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han realizado inspecciones especiales en el marco de la aplicación del acuerdo ministerial núm. JCHG-08-06-10. De esta forma, se han detectado 39 casos de adolescentes que trabajaban como domésticos. El Gobierno informa que, a través de una resolución administrativa, se ha ordenado a los empleadores que cesen de cometer estas infracciones. La Comisión pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para garantizar la protección consagrada en la ley núm. 666, de 4 de septiembre de 2008, a los niños y adolescentes domésticos, y que siga transmitiendo información sobre el número de inspecciones efectuadas. Tomando nota de las infracciones detectadas, la Comisión pide al Gobierno que indique si se han impuesto sanciones a los autores de estas infracciones.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Ministerio de Educación había registrado la matriculación de 1 635 000 niños y adolescentes en los establecimientos de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, tomó nota de que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, aunque continuaba siendo bajo el porcentaje de niños que cursaban enseñanza secundaria había aumentado (43 por ciento de los niños y 49 por ciento de las niñas).

La Comisión toma nota del proyecto de «Documento sobre el programa del país 2013-2017» del UNICEF que indica que el Gobierno concederá una atención especial al sistema educativo autonómico regional para asegurar una educación intercultural bilingüe para que los niños indígenas y afrodescendientes tengan acceso a una educación de calidad. Según el documento, el Gobierno también continúa mejorando la infraestructura escolar en materia de agua y saneamiento en las escuelas (documento E/ICEF/2012/P/L.31, párrafos 36 y 38). La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y las tasas de asistencia escolar y de finalización de la escolaridad, concediendo una atención especial a las desigualdades en materia de acceso a la educación relacionadas con el género y a las disparidades regionales. También pide al Gobierno que provea información sobre los resultados obtenidos, desglosados por edad y por género.

Apartado b).  Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación y reinserción social. Trabajo infantil en la agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el marco del programa «Cosecha del café sin trabajo infantil», los Ministerios de Trabajo, Educación y Salud, productores de café y actores clave del sector de la agricultura habían firmado varios acuerdos tripartitos de cooperación. Asimismo, la Comisión tomó nota de que en el marco del programa «Del trabajo a la escuela», diversos niños fueron retirados del trabajo en las minas y picando piedras en los municipios de Chinandega, El Rama y El Bluff. Este programa proporciona a esos niños servicios educativos, sanitarios y de recreación.

El Gobierno indica que gracias a los diversos programas en materia de protección de los derechos de los niños y adolescentes en el sector agrícola, ha aumentado la participación de los empleadores, los productores y la población y que el modelo de diálogo y consenso entre los empleadores, los trabajadores y el Gobierno ha mejorado. Tomando buena nota de los progresos generales indicados por el Gobierno, la Comisión lo insta a continuar sus esfuerzos y le pide que transmita información sobre los resultados concretos obtenidos en el marco de los diversos programas a fin de librar a los niños y adolescentes de los trabajos peligrosos en el sector agrícola y sobre las medidas adoptadas para garantizar su readaptación e integración social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) (ratificación: 1974)

Artículo 4, 5), del Convenio. Obligación del empleador de poner a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten, las listas de las personas empleadas en un trabajo subterráneo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud del artículo 62 de la Ley del Trabajo, los empleadores deben llevar un registro de todos los jóvenes que trabajan para ellos, con información detallada sobre sus edades, la fecha en que fueron empleados y las condiciones y la naturaleza de su empleo, debiendo, siempre que un funcionario del trabajo autorizado se lo solicite, presentar dicho registro para su inspección. Tomó nota asimismo de que, en virtud del artículo 91, 1), de la misma ley, se entiende por «joven» una persona menor de 18 años y por «empresa industrial» las minas, las canteras y cualesquiera otras obras destinadas a la extracción de minerales de la tierra.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el proyecto de ley sobre las normas del trabajo de 2008 (proyecto de ley sobre las normas del trabajo), que está pendiente de tramitación en la Asamblea Nacional, ha sido retirado para una nueva revisión. La Comisión toma nota de que el artículo 10 del proyecto de ley sobre las normas del trabajo dispone que todo empleador de jóvenes llevará un registro de todo joven en su empleo, con información detallada sobre sus edades, fecha de empleo y condiciones y naturaleza de su empleo, así como otras indicaciones que puedan prescribirse, y elaborarán un registro de inspección cuando lo requiera un funcionario del trabajo. El artículo 60 define «joven» como toda persona menor de 18 años de edad. La Comisión lamenta tomar nota de que el proyecto de ley sobre las normas del trabajo no prevé que el empleador ponga a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten el registro de empleo de los jóvenes. La Comisión observa una vez más que, a lo largo de algunos años, ha venido solicitando al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio (artículo 4, 5)), en virtud del cual el empleador pondrá a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten las listas de las personas empleadas o que trabajen en la parte subterránea de la mina y cuya edad exceda en menos de dos años la edad mínima especificada por el Gobierno, que es de 16 años. Las listas deberían contener las fechas de nacimiento de los empleados y las fechas en las que estuvieron empleados o que trabajaron en la parte subterránea de la mina en la empresa por primera vez. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar el proyecto de ley sobre las normas del trabajo, para garantizar que se ponga a disposición de los representantes de los trabajadores que lo soliciten el registro de empleo de los jóvenes, con el fin de armonizar su legislación nacional con las disposiciones del artículo 4, 5), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de la adopción de una Política nacional sobre el trabajo infantil, 2013, seguido de un Plan Nacional de Acción (PNA) para la eliminación del trabajo infantil, 2013-2017. La Comisión tomó nota de que el objetivo último de la Política nacional sobre el trabajo infantil es suministrar directrices normalizadas para los actores que aplican el PNA con objeto de reducir sensiblemente la prevalencia del trabajo infantil antes de 2015 y su erradicación total en 2020. La Comisión tomó nota de que, según la memoria del Gobierno, la Política nacional sobre el trabajo infantil se aplicaría mediante medidas de rendimiento óptimo. La Comisión tomó nota además de que, según el informe titulado «El doble reto del trabajo infantil y la marginación educativa en la región de la CEDEAO» elaborado conjuntamente por el Banco Mundial, la OIT y el UNICEF en el marco del proyecto cooperación e investigación Understanding Children’s Work (Comprender el trabajo infantil), Nigeria es el Estado de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (ECOWAS) que cuenta con un mayor número de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años ocupados en trabajo infantil: 10,5 millones de niños en esa categoría de trabajo. La Comisión expresó su profunda preocupación por el elevado número de niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo que trabajan actualmente en Nigeria.

La Comisión toma nota de que, según la información del Gobierno en su memoria, ha adoptado la iniciativa de recurrir al apoyo técnico de la OIT para fortalecer la aplicación del PNA para la eliminación del trabajo infantil mediante los instrumentos de política y la legislación de Nigeria. En este sentido, el Gobierno informa que se han celebrado reuniones con diversos grupos interesados y se ha elaborado una plantilla de presentación de informes sobre trabajo infantil. El Gobierno señala además que esta plantilla servirá como mecanismo de seguimiento y evaluación mediante el cual se procurarán conciliar las distintas actividades de las partes interesadas. Además, la plantilla proporcionará un criterio para elaborar el informe anual sobre las actividades en materia de trabajo infantil en el país. La Comisión toma nota de la información de la Oficina de la OIT en Abuja, según la cual esta plantilla de presentación de informes ha sido validada por los miembros del Comité Directivo Nacional sobre Trabajo Infantil junto con las directrices para completar dichas plantillas. Estos documentos ayudarán a la Unidad de Trabajo Infantil a controlar las intervenciones en materia de eliminación del trabajo infantil a nivel nacional. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le insta a redoblar sus esfuerzos para garantizar la eliminación del trabajo infantil. Además pide al Gobierno que siga transmitiendo información detallada sobre la aplicación del PNA y los resultados obtenidos en la eliminación del trabajo infantil en el país, en particular, los resultados de la aplicación de las plantillas de presentación de informes. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la forma en que el Convenio se aplica en la práctica incluidos datos estadísticos actualizados sobre el empleo de niños y adolescentes, en particular, en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas y las sanciones impuestas. En la medida de lo posible, esta información debería desglosarse por edad y género.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación. 1. Empleo independiente y trabajo en la economía informal. La Comisión tomó nota de que, con arreglo al artículo 2 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, de 2008 (proyecto de ley sobre las normas de trabajo), la Ley del Trabajo se aplica a todos los empleados. Según el artículo 60 del proyecto de ley, el término «empleados» designa a toda persona empleada por otra en virtud de un contrato de trabajo, celebrado verbalmente o por escrito, ya se trate de un empleo permanente, a tiempo parcial u ocasional, e incluye a los trabajadores domésticos que no son miembros de la familia del empleador. La Comisión señaló que los niños que trabajan sin una relación de trabajo formal, como por ejemplo los niños que trabajan por cuenta propia en la economía informal, están excluidos de las disposiciones que dan efecto al Convenio. En este sentido, la Comisión tomó nota de que el documento relativo a la Política nacional sobre el trabajo infantil, de 2013, el trabajo infantil está más extendido en el sector informal, que incluye los oficios y el trabajo artesanal y las actividades que se realizan en general en la calle, así como en el sector semiinformal que incluye el trabajo en plantaciones agrícolas de carácter comercial, el trabajo doméstico, los servicios de hostelería, la industria del transporte y la fabricación de prendas de vestir. La Comisión tomó nota de que el representante gubernamental de Nigeria ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2016 señaló que el Gobierno ha procedido a retirar el proyecto de ley que estaba pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional a fin de someterlo a una nueva revisión. El representante gubernamental señaló además que esta revisión se realizará en consulta con los interlocutores sociales y que en ella se tendrán en cuenta las cuestiones en materia de garantías para la protección de todos los niños trabajadores, incluidos los niños que trabajan por cuenta propia y los niños que trabajan en la economía informal. La Comisión instó al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para revisar el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, a fin de garantizar la protección de todos los niños que trabajan, incluidos los que lo hacen por cuenta propia y los que trabajan en la economía informal. La Comisión pidió también al Gobierno que adopte las medidas necesarias para fortalecer la capacidad de la inspección del trabajo y la aplicación de su alcance a la economía informal con miras a garantizar esta protección también a este sector.

La Comisión toma nota de la información de la memoria del Gobierno, según la cual el proyecto de ley sobre las normas de trabajo ha sido retirado de la Asamblea Nacional y está siendo examinado por el Comité Técnico Tripartito. El Gobierno señala que este comité ha formulado las enmiendas necesarias para procurar que la definición de «empleados» abarque la protección a todos los niños que trabajan en la economía formal y en la informal. Estas enmiendas figuran en las actas del comité de partes interesadas sobre la revisión de los proyectos de ley sobre normas de trabajo, de 4 de mayo de 2017, que el Gobierno adjunta en su memoria. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, que establece la protección de todos los niños que trabajan, incluidos los niños que lo hacen por cuenta propia y en la economía informal, sea adoptado oficialmente en un futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. Asimismo pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas en relación con el reforzamiento de la capacidad de la inspección del trabajo y la ampliación de su alcance a la economía informal.

2.  Edad mínima de admisión al trabajo. La Comisión tomó nota con preocupación de que la legislación nacional establece diversas edades mínimas de admisión al trabajo, algunas de las cuales son demasiado bajas. Tomó nota de que, de conformidad con el artículo 8, 1), del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, ningún niño o niña, entendiendo por tal cualquier persona menor de 15 años de edad (artículo 60), podrá ser empleado en ninguna ocupación, salvo cuando sea empleado por un miembro de su familia para realizar un trabajo ligero de carácter agrícola, hortícola o doméstico. La Comisión observó que el artículo 8, 1), del proyecto de ley está en conformidad con el artículo 2, 1), del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la edad mínima de admisión al empleo o trabajo es de 15 años, según las actas del Comité de partes interesadas para la revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, de 4 de mayo de 2017. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se adopte en un futuro cercano el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, que establece una edad mínima de 15 años para el empleo o trabajo. Pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3, 2).  Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que según un informe titulado «Listas de trabajos peligros en Nigeria, 2013», elaborado por el Ministerio Federal de Trabajo y Productividad, se llevó a cabo un estudio para identificar y determinar las condiciones de trabajo más peligrosas a las que están expuestos los menores de 18 años en diversas ocupaciones en Nigeria. En el estudio se precisan algunos tipos de trabajos peligrosos como la agricultura (cultivo de cacao y arroz), las canteras, la minería artesanal, las técnicas de urdimbre y teñido tradicional, el procesamiento, el curtido de pieles, los servicios domésticos, la recolección y recuperación de desperdicios, el trabajo ambulante, la mendicidad y el trabajo en la construcción y el transporte. La Comisión tomó nota de que en la Comisión de la Conferencia, el representante gubernamental de Nigeria señaló que se ha adoptado la lista nacional de trabajos peligrosos realizados por niños, que establece la máxima protección para los niños expuestos a condiciones de trabajo extremadamente peligrosas. La Comisión tomó nota con preocupación de que la copia de la lista de trabajos peligrosos, a la que se refirió el representante gubernamental y que había sido enviada junto con la reciente memoria del Gobierno, no es una norma que prohíba los tipos de trabajos peligrosos sino un estudio realizado por un comité subtécnico establecido por el Comité Nacional Directivo encargado de determinar las condiciones de trabajo más peligrosas a las que se ven expuestos los menores de 18 años en Nigeria. En el informe basado en el estudio, concretamente en sus recomendaciones, se afirma que «debe darse prioridad a la urgente necesidad de prohibir que los niños realicen las tareas/actividades que se han acreditado». La Comisión tomó nota además de que, según el informe de la OIT/IPEC, la lista definitiva de trabajos peligrosos ha sido validada por el Comité Nacional Directivo y está a la espera de su aprobación oficial.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se han realizado las enmiendas necesarias para establecer la lista de trabajos peligrosos prohibidos a niños menores de 18 años. Toma nota de las actas del Comité de partes interesadas para la revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, de 4 de mayo de 2017, según las cuales, en relación con la lista de trabajos peligrosos redactada por dicho Comité Nacional Directivo, el artículo 60 de dicho proyecto de ley debería incluir en su primer anexo, artículo 7, 2) d), la «lista de trabajos peligrosos». La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para garantizar que se adopte e implemente la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años. Pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 6.  Aprendizaje. La Comisión tomó nota de que el artículo 49, 1), de la Ley del Trabajo permite que los jóvenes entre 12 y 16 años puedan realizar un aprendizaje por un período máximo de cinco años, mientras que el artículo 52, a) y e), de la misma ley prevén la facultad del ministro para elaborar reglamentos a fin de determinar los términos y las condiciones del aprendizaje. La Comisión señaló que, si bien los artículos 46 y 47 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo de 2008 establecen las condiciones para celebrar un contrato de aprendizaje, no especifican la edad mínima de admisión al mismo. La Comisión tomó nota de la declaración formulada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia de que, al revisar el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, se establecería una edad mínima de 14 años para la admisión a estos programas de aprendizaje.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el Comité de partes interesadas para la revisión del proyecto de ley sobre normas de trabajo ha acordado fijar en los 14 años la edad mínima de admisión a los programas de aprendizaje y, por consiguiente, se ha modificado el artículo 46 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo que establece una edad mínima de 14 años para los programas de aprendizaje, sea revisado y adoptado en un futuro próximo. Pide al Gobierno que transmita información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

Artículo 7, 1).  Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros. La Comisión observó con anterioridad que la Ley del Trabajo no prevé una edad mínima de admisión a los trabajos ligeros. Tomó nota asimismo de que, si bien el artículo 8 del proyecto de ley sobre las normas de trabajo autoriza el empleo de niños menores de 15 años de edad en trabajos ligeros en la agricultura, la horticultura o el servicio doméstico, no señala la edad mínima a partir de la cual estos trabajos estarán permitidos. En este sentido, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, de 2011 (UNICEF/Oficina Nacional de Estadística, Nigeria), el 47 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años fueron ocupados en el trabajo infantil. Recordó al Gobierno que, según el artículo 7, 1), del Convenio, la legislación nacional podrá autorizar que los jóvenes entre 13 y 15 años de edad realicen trabajos ligeros, a condición de que estos últimos: a) no supongan un perjuicio para su salud o desarrollo, y b) no sean tales que perjudiquen su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente ni el aprovechamiento de la enseñanza que reciban. La Comisión tomó nota de la declaración formulada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia de que, al revisarse el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, se fijaría una edad mínima de 13 años para la admisión a los trabajos ligeros.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Comité de partes interesadas para la revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo ha acordado fijar la edad mínima de 13 años para la admisión a trabajos ligeros. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adopte en un futuro próximo el proyecto de ley de las normas de trabajo que establece una edad mínima de 13 años para la admisión a trabajos ligeros.

Artículo 7, 3).  Determinación de los trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que en la Ley del Trabajo no se definen claramente las condiciones en las que pueden realizarse trabajos ligeros ni el número de horas autorizadas para realizarlos. Observó también que, de conformidad con el artículo 7, 1), b), del Convenio, el número máximo de ocho horas de trabajo al día previsto en virtud del artículo 59, 8), de la Ley del Trabajo impide necesariamente la asistencia de los menores de 15 años a la escuela o su participación en los programas de orientación o formación profesional. Tomó nota de que el proyecto de ley sobre las normas de trabajo no contiene ninguna disposición que reglamente el empleo de los niños en trabajos ligeros. La Comisión señaló a la atención del Gobierno el párrafo 13, b), de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146), que establece que, al dar cumplimiento al artículo 7, 3), del Convenio, se debería prestar especial atención a la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por día y por semana, y la prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficientemente tiempo para la enseñanza y la formación, para el descanso durante el día y para las actividades de recreo. La Comisión tomó nota de la declaración realizada por el representante gubernamental respecto a que, al revisarse el proyecto de ley sobre las normas de trabajo, se regularán los trabajos ligeros realizados por niños a partir de la edad de 13 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Comité de partes interesadas para la revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo coincide con las recomendaciones de la OIT sobre las condiciones del trabajo ligero y el número máximo de horas de trabajo, pero solicita una mayor asistencia técnica de la OIT para redactar la lista de condiciones para realizar los trabajos ligeros. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, durante la revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo, a fin de regular el empleo de los jóvenes entre 13 y 15 años en trabajos ligeros, determinando el número de horas durante las cuales pueden realizarse trabajos ligeros en la agricultura, la horticultura y el servicio doméstico, así como los tipos de actividades que constituyen trabajos ligeros. Pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión expresa su confianza en que el Gobierno siga teniendo en cuenta los comentarios de la Comisión durante su actual revisión del proyecto de ley sobre las normas de trabajo. Manifiesta además su firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de ley revisado. La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT con el fin de poner su legislación de conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Pakistán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF), recibidas el 19 de octubre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno señalaba que tras la 18.ª enmienda constitucional la facultad de legislar en temas laborales se transfirió a las provincias. La Comisión también tomó nota de que cuatro provincias elaboraron, en coordinación con el Gobierno Federal, leyes sobre la prohibición del empleo de niños, que prohíben el empleo de menores de 14 años, y que estos proyectos se presentarían pronto en las asambleas legislativas provinciales. La Comisión instó al Gobierno a garantizar que las leyes sobre la prohibición del empleo de niños se adoptaran en las cuatro provincias.

La Comisión toma nota con interés de que, en su memoria, el Gobierno señala que en 2015 se adoptó la Ley de Prohibición del Empleo de Niños de Khyber Pakhtunkhwa (Ley de Khyber Pakhtunkhwa, 2015), en la que la edad mínima de admisión al trabajo se establece en 14 años, y que en 2016 se adoptó la ordenanza del Punjab sobre la restricción del empleo de niños (ordenanza del Punjab, 2016), en la que la edad mínima se establece en 15 años. La Comisión también toma nota de que el territorio de la capital, Islamabad, y las provincias de Baluchistán y Sindh también han elaborado una legislación que contiene disposiciones similares. Recordando que, cuando ratificó el Convenio en 2006, el Pakistán especificó una edad mínima de 14 años, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que tanto en el territorio de la capital, Islamabad, como en las provincias de Baluchistán y Sindh se adoptan, en un futuro próximo, proyectos de ley sobre la prohibición del empleo de niños. También pide al Gobierno que transmita copia de la legislación pertinente una vez que se haya adoptado.

Artículo 3, 1) y 2).  Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de que con arreglo a la Ley sobre el Empleo de Niños, de 1991, no se especificaba ninguna edad de admisión a los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota también de la información de la OIT/IPEC, de octubre de 2012, en relación a que como parte del II proyecto «Combatir el trabajo infantil abusivo» comenzaría la preparación de nuevas listas provinciales de trabajo infantil peligroso. A este respecto, la Comisión tomó nota del informe de misión del taller interprovincial llevado a cabo en mayo de 2013 en el marco de un programa de asistencia técnica de la OIT (el proyecto de la Cuenta de Programas Especiales) en el que se señala que los planes de acción de algunas provincias incluían la realización, en 2013, de consultas tripartitas con miras a revisar la lista de trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota con satisfacción de que la Ley de Khyber Pakhtunkhwa, 2015, y la ordenanza del Punjab, 2016, establecen listas de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, que incluyen las ocupaciones relacionadas con el transporte ferroviario, el trabajo en minas subterráneas y canteras a cielo abierto, los trabajos con máquinas de cortar accionadas por motor, los trabajos en los que hay una exposición al polvo o a materiales tóxicos, los trabajos en yacimientos de petróleo o de gas, etc. Estas listas se establecieron en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y se debatieron en el comité consultivo tripartito provincial. La Comisión también tomó nota de que, los proyectos de ley del territorio de la capital, Islamabad, Baluchistán y Sindh también prohíben el trabajo peligroso de los menores de 18 años. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se adoptan en un futuro próximo los proyectos de ley del territorio de la capital, Islamabad, y las provincias de Baluchistán y Sindh, que prohíben el empleo de menores de 18 años en tipos de trabajos peligrosos. También pide al Gobierno que tome las medidas necesarias, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, para determinar los tipos de empleos o trabajos que se prohibirán a los menores de 18 años en el territorio de la capital, Islamabad, y las provincias de Baluchistán y Sindh, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio.

Artículo 9, 1).  Sanciones y la inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicó que los culpables de infringir la legislación en materia de trabajo infantil raras veces son enjuiciados y cuando se les enjuicia y se les declara culpables las multas impuestas en general son insignificantes. La Comisión también tomó nota de que la aplicación de la legislación en materia de trabajo infantil es deficiente debido a la falta de inspectores asignados a ese trabajo, la falta de formación y recursos, y la corrupción, y de que las sanciones impuestas por lo general son demasiado leves para tener carácter disuasorio. Asimismo, la Comisión tomó nota de que todos los departamentos provinciales de trabajo tienen centros de formación para los inspectores, y proporcionan formación en materia de trabajo infantil. Además, según el informe de misión del proyecto de la Cuenta de Programas Especiales, los participantes tripartitos en el taller indicaron que tenían dificultades para aplicar las disposiciones legislativas en materia de trabajo infantil debido, entre otras cosas, a la falta de capacitación de los inspectores del trabajo, y que era necesario que las sanciones por infracciones en materia de trabajo infantil se aplicaran de forma más efectiva.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, con arreglo a las nuevas leyes de las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab sobre la prohibición del empleo de niños, las multas máximas se han incrementado pasando de 20 000 a 50 000 rupias del Pakistán (aproximadamente 190 y 475 dólares de los Estados Unidos). Además, las multas previstas con arreglo a la Ley de Prohibición del Recurso al Trabajo Infantil en los Hornos de Fabricación de Ladrillos de Punjab, 2016, oscilan entre 50 000 y 500 000 rupias del Pakistán (aproximadamente 475 y 4 750 dólares de los Estados Unidos). La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa de que el Ministerio de Pakistaníes en el Exterior y Desarrollo de los Recursos Humanos (OPHRD) ha elaborado un documento marco para la revitalización y restructuración del sistema de inspección del trabajo. Las reformas recomendadas en este documento se llevan a cabo en el marco del programa de reforzamiento de la inspección del trabajo para promover las normas del trabajo y garantizar su cumplimiento en el lugar de trabajo, ejecutado con el apoyo de la Oficina de País de la OIT. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en la provincia de Punjab, las disposiciones relacionadas con la inspección del trabajo que figuran en la ordenanza del Punjab, 2016, reemplazan las de la Ley sobre el Empleo de los Niños, de 1991. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en 2014, se realizaron 133 973 inspecciones en la provincia de Punjab, en las que se detectaron 790 niños que realizaban trabajo infantil, y se dictaron 536 condenas, en 790 enjuiciamientos, con multas que ascendieron a 218 550 rupias del Pakistán (aproximadamente 2 076 dólares de los Estados Unidos); mientras que en 2015, se realizaron 153 418 inspecciones, se detectaron 1 446 niños víctimas de trabajo infantil, se dictaron 448 condenas, en 1 446 enjuiciamientos, con multas que ascendieron a 505 600 rupias del Pakistán (aproximadamente 4 805 dólares de los Estados Unidos). Además, la Comisión también toma nota de que en sus observaciones finales de 11 de julio de 2016 el Comité de los Derechos del Niño señaló que siguen preocupándole el número insuficiente de inspectores con formación suficiente, la vulnerabilidad a la corrupción de esos inspectores y la falta de recursos para inspeccionar los lugares de trabajo (documento CRC/C/PAK/05, párrafo 71). La Comisión toma nota de que las multas impuestas no parecen suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión le pide que continúe sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo, y que siga proporcionando información sobre el número y la naturaleza de las infracciones relacionadas con el empleo de niños detectadas por la inspección del trabajo. La Comisión también solicita al Gobierno que continúe tomando las medidas necesarias para garantizar que las personas que infringen las leyes antes mencionadas son enjuiciadas y que se les imponen sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. Sírvase transmitir información sobre la aplicación en la práctica de esas leyes, en particular sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas y las sanciones impuestas a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que se preveía llevar a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil en el marco del II proyecto «Combatir el trabajo infantil abusivo», en consulta con la Oficina Federal de Estadística. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de la información proporcionada por la OIT/IPEC, en septiembre de 2012, según la cual la encuesta se canceló posteriormente.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, con la ayuda del UNICEF, se están organizando encuestas sobre el trabajo infantil en las provincias. El gobierno del Punjab ha iniciado su encuesta provincial, en colaboración con la oficina de estadística, que se finalizará en mayo de 2017. Las provincias de Sindh y Khyber Pakhtunkhwa también incluyen en sus respectivos programas anuales de desarrollo proyectos pertinentes para realizar encuestas sobre el trabajo infantil durante el año fiscal en curso (2016-2017). Baluchistán está planeando realizar una encuesta sobre el trabajo infantil en los próximos años. Además, la unidad de normas internacionales del trabajo del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos creó el primer perfil nacional detallado sobre el trabajo infantil y el empleo de los niños utilizando la metodología de estimaciones mundiales de la OIT sobre el trabajo infantil y publicó el informe titulado «Entendiendo el trabajo infantil en el Pakistán: una visión más clara sobre los datos en materia de trabajo infantil (2010–2015) y marco jurídico» (Understanding Children’s Work in Pakistan: An Insight into Child Labour Data (2010-15) and Legal Framework) con el apoyo de la OIT. Según este informe, el número de niños de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años que realizan trabajo infantil se redujo pasando de 4,04 millones en 2010-2011 a 3,70 millones en 2014-2015, de los cuales 2,067 millones (el 55 por ciento) eran niños de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Si bien toma debida nota de que el número de niños que realizan trabajo infantil se ha reducido, la Comisión debe expresar su preocupación por el elevado número de niños que siguen trabajando sin haber alcanzado la edad mínima para hacerlo. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar el trabajo infantil, incluso a través de la cooperación continua con la OIT, y a transmitir información sobre los resultados alcanzados. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione los resultados de las encuestas sobre el trabajo infantil de las provincias una vez que estén disponibles.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF) recibidas el 19 de octubre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que provea sus comentarios a este respecto.

Artículo 3, a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión había tomado nota de que las actividades terroristas habían sido minimizadas tras las operaciones militares en las regiones afectadas del país, y que el reclutamiento de niños para que realicen actividades terroristas se había reducido. El Gobierno también indicó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en cooperación con líderes religiosos, habían llevado a cabo una campaña de sensibilización sobre el delito de reclutar niños para usarlos en conflictos armados, con resultados positivos. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que figura en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados según la cual, en 2011, se notificaron 11 incidentes de niños utilizados por grupos armados para llevar a cabo atentados suicidas, en los que participaron 10 niños, algunos de edades tan tempranas como los 13 años, e incluso una niña de 9 años de edad. En este informe también se indica que un programa de rehabilitación y reinserción llevado a cabo en Malakland para niños detenidos por las fuerzas de seguridad del Pakistán por presunta asociación con grupos armados, recibió 29 casos nuevos en 2011.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que está realizando todos los esfuerzos posibles para impedir la utilización de niños por grupos terroristas y extremistas. Se están tomando medidas sancionadoras contra los que utilizan niños para realizar actividades terroristas. En sus respuestas escritas a la lista de cuestiones del Comité de los Derechos del Niño, de 11 de abril de 2016, el Gobierno también indica que las fuerzas armadas del Pakistán no despliegan personas menores de 18 años y los terroristas no pueden reclutar legalmente a cualquier persona, incluidos los niños, porque el artículo 256 de la Constitución y la Ley sobre Organizaciones Militares Privadas (abolición y prohibición), de 1973, prohíben la formación de organizaciones militares privadas (documento CRC/C/PAK/Q/5/Add.1, párrafo 65). Sin embargo, la Comisión también toma nota de que en sus observaciones finales, de 11 de junio de 2016, el Comité de los Derechos del Niño expresó su grave preocupación por el hecho de que los grupos armados están reclutando y entrenando a niños para realizar actividades militares, que incluyen ataques suicidas con bombas y la detonación de minas terrestres, y enviándolos a la vanguardia de las zonas de conflicto (documento CRC/C/PAK/CO/5, párrafo 69). El Comité de los Derechos del Niño declara que el Gobierno no ha tomado las suficientes medidas para prevenir este reclutamiento. La Comisión se ve obligada a expresar su profunda preocupación por la situación de los niños afectados por los grupos armados en el Pakistán. Por consiguiente, insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para acabar, en la práctica, con el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización por los grupos armados y proceder a la plena e inmediata desmovilización de todos estos niños. También insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se llevan a cabo investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes de los culpables y que se les impongan sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias.

Artículos 3, a), y 7, 2), b).  Venta y trata de niños y asistencia directa a las víctimas. La Comisión tomó nota de que en virtud de la orden sobre prevención y control de la trata de seres humanos, de 2002, se prohíbe la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, esclavitud o trabajo forzoso. La Comisión tomó nota también de que el Gobierno señaló que el organismo federal de investigación del Pakistán se ocupa de la aplicación de la ordenanza sobre prevención y control de la trata de seres humanos. Asimismo, la Comisión tomó nota del informe sobre la lucha contra la trata de seres humanos aportado junto con la memoria del Gobierno en el que se indica que, hasta el 31 de octubre de 2009, se identificaron 235 niños víctimas de trata (95 niños y 140 niñas). En este informe también se señala que se realizaron 21 735 enjuiciamientos de traficantes de seres humanos, de los cuales se derivaron 3 371 condenas, así como 147 expedientes disciplinarios contra los agentes del orden por complicidad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se adoptó la Ley de Reforma del Código Penal (segunda enmienda), de 2016, que añade el artículo 369A al Código Penal, que establece penas de prisión de entre cinco y siete años o multas de entre 500 000 y 700 000 rupias del Pakistán, o ambas sanciones a la vez, por trata de seres humanos. La Comisión toma nota de las respuestas escritas del Gobierno a la lista de cuestiones en relación con el quinto informe periódico al Comité de los Derechos del Niño, de 11 de abril de 2016, en las que se señala que, durante el período considerado (a partir de 2009), 1 679 personas presuntamente implicadas en la trata de seres humanos fueron arrestadas por el organismo federal de investigación (documento CRC/C/PAK/Q/5/Add.1, párrafo 62). Sin embargo, la Comisión toma nota también de que, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Pakistán, de 11 de julio de 2016, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación en relación a que el Pakistán sigue siendo un importante país de origen, destino y tránsito para los niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual comercial y trabajo forzoso y en régimen de servidumbre (documento CRC/C/PAK/CO/5, párrafo 75). Asimismo, la Comisión toma nota de que según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas, de 2016, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) entre enero y septiembre de 2015 se identificaron 287 niños víctimas de trata interna, mientras que en 2013 y 2014 se identificaron respectivamente 571 y 402 niños víctimas. Sin embargo, entre enero de 2012 y septiembre de 2015 no se identificó ningún niño víctima del delito de trata transfronteriza. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para combatir y eliminar la trata de niños y le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto, en particular sobre el número de personas declaradas culpables y condenadas en casos cuyas víctimas son menores de 18 años. La Comisión también insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar los procedimientos de identificación de niños víctimas de trata y garantizar que esos niños son enviados a los servicios apropiados para su rehabilitación y reintegración social. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y los resultados alcanzados, incluido el número de niños que se han beneficiado de las medidas adoptadas.

Artículos 3, d), y 4, 1).  Trabajos peligrosos. En relación con la adopción de la lista de trabajos peligrosos, la Comisión remite a sus comentarios detallados con arreglo al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículo 7, 2), a) y e).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita y situación especial de las niñas. La Comisión había tomado nota de que, con arreglo al programa de reforma del sector educativo, las provincias estaban adoptando medidas, incluido el aumento de la disponibilidad de escuelas en las zonas rurales, para proporcionar libros de texto gratuitos, contratar a profesores y centrarse en la educación de las mujeres. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de la información que figura en el informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para el examen periódico universal, de 13 de agosto de 2012, en el que se señala que no menos de 7,3 millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria (de los que el 57 por ciento eran niñas) no estaban escolarizados (documento A/HRC/WG.6/14/PAK/2, párrafo 57). También toma nota de que según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2012 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aunque el Pakistán tiene el segundo número más elevado de niños no escolarizados del mundo continúa reduciendo sus gastos en educación.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Sin embargo, también toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales, de 11 de julio de 2016, expresó su preocupación por la falta de una ley de enseñanza obligatoria en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y el territorio administrativo autónomo de Gilgit-Baltistan, así como por la deficiente aplicación de las leyes de educación en aquellas provincias en que existen. Además, un gran número de niños (el 47,3 por ciento de todos los que tienen entre 5 y 16 años) no reciben educación formal, y la mayoría de ellos nunca ha asistido a la escuela. Asimismo, al parecer la tasa de abandono escolar de las niñas alcanza el 50 por ciento en Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa y el 77 por ciento en las zonas tribales de administración federal (documento CRC/C/PAK/CO/5, párrafo 61). La Comisión se ve obligada a expresar su profunda preocupación por la baja tasa de matriculación en la educación formal y las altas tasas de abandono escolar de las niñas. Considerando que la educación básica gratuita es uno de los medios más efectivos de impedir que los niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para mejorar el acceso de todos los niños a la educación básica gratuita, teniendo en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto así como información estadística sobre los resultados obtenidos, especialmente en lo que respecta a aumentar las tasas de matriculación en la escuela y reducir las tasas de abandono escolar y el número de niños que no asisten a la escuela. En lo posible, esta información debería ser desglosada por edad y por género.

Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la OIT/IPEC inició consultas con la Oficina Federal de Estadística para llevar a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según la información proporcionada por la OIT/IPEC, en septiembre de 2012, al no haberse podido alcanzar un acuerdo sobre la metodología la encuesta se canceló.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, con asistencia del UNICEF, se están organizando encuestas sobre el trabajo infantil en las provincias. La Comisión toma nota también de que la unidad de normas internacionales del trabajo del Ministerio de Pakistaníes en el Extranjero y Desarrollo de los Recursos Humanos creó el primer perfil nacional detallado sobre el trabajo infantil y el empleo de los niños, basado en la información disponible procedente de la encuesta de población activa y publicado a partir de 2010, utilizando la metodología de estimaciones mundiales de la OIT sobre el trabajo infantil. Según este perfil nacional, de los 3,7 millones de niños que realizan trabajo infantil, 2,067 millones (el 55 por ciento) pertenecen al grupo de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, mientras que el 1,641 millones restante (el 45 por ciento) pertenecen al grupo de edades comprendidas entre los 15 y 17 años y realizan trabajos peligrosos. En lo que respecta a los niños de 15 a 17 años ocupados en trabajos peligrosos, el 89 por ciento (1,47 millones) son varones. La Comisión expresa su profunda preocupación por el elevado número de niños ocupados en trabajos peligros en el Pakistán. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil, especialmente los tipos de trabajos peligrosos, y le pide que continúe proporcionando información sobre todos los progresos realizados a este respecto y sobre los resultados alcanzados. La Comisión también pide al Gobierno que continúe proporcionando información en relación con las encuestas sobre el trabajo infantil realizadas en las provincias, así como cualquier información adicional disponible sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil, y sobre el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio. En la medida de lo posible, toda la información proporcionada debería estar desglosada por género y edad, y por la naturaleza del trabajo realizado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1 del Convenio. Plan nacional de acción y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de los comentarios formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) de que el trabajo infantil tiene lugar en zonas rurales, normalmente en la agricultura de subsistencia, y en zonas urbanas, en los sectores de la venta ambulante, el turismo y el ocio. Tomó nota de que Papua Nueva Guinea era uno de los 11 países que participaron en el programa de duración determinada (PDD) de la OIT/IPEC para 2008-2012, titulado «Lucha contra el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE) destinado a contribuir a la lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), de que, dentro del marco del proyecto TACKLE, se llevó a cabo una rápida evaluación en Port Moresby que tenía por objeto a los niños que trabajan en las calles y los que son víctimas de explotación sexual con fines comerciales. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby son alarmantes y de que se cree que en otras regiones del país la situación del trabajo infantil es similar. Las conclusiones de la evaluación rápida indican que niños de cinco y seis años de edad trabajan en las calles y que alrededor del 68 por ciento de ellos lo hacen en condiciones peligrosas. En torno al 47 por ciento de los niños de la calle de entre 12 y 14 años nunca han asistido a la escuela y otro 34 por ciento la han abandonado. La Comisión expresa su profunda preocupación por la situación de los niños menores de 16 años que se ven obligados a trabajar en Papua Nueva Guinea. La Comisión insta, por consiguiente, al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar la situación de los niños menores de 16 años que trabajan y garantizar la erradicación efectiva del trabajo infantil. Tomando nota de que no existen datos concretos o dignos de confianza que reflejen la situación real de los niños en el resto del país, la Comisión insta al Gobierno a emprender una encuesta nacional sobre el trabajo infantil para garantizar la disponibilidad de suficientes datos actualizados sobre la situación de los niños trabajadores en Papua Nueva Guinea.

Artículo 2, párrafo 1. Edad mínima de admisión al empleo. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, aunque el Gobierno de Papua Nueva Guinea había establecido los 16 años como la edad mínima de admisión al empleo dentro de su territorio, el artículo 103, 4) de la Ley del Empleo establece que podrá contratarse a un niño de 14 o 15 años durante el horario escolar si al empleador no le importa que el niño deje de asistir a la escuela. La Comisión tomó nota también de que, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo), de 1972, la edad mínima para trabajar a bordo de los buques es de 15 y 14 años de edad, respectivamente.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, por medio de su unidad de prestación de servicios y asesoramiento, en estrecha consulta con la OIT/IPEC y el Departamento del Trabajo de Relaciones Laborales ha emprendido una revisión de la Ley del Empleo y que, se ha puesto en marcha un proceso de enmienda. Toma nota asimismo de que el Gobierno señala que en este procedimiento se planteará también la cuestión relativa a la edad mínima estipulada en la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo), de 1972. Tomando nota de que el Gobierno ha venido refiriéndose a la revisión de la Ley del Empleo y de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo) desde hace algunos años, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que garantice q0ue, en un futuro próximo, se adoptarán las enmiendas propuestas. A este respecto, manifiesta su esperanza de que las disposiciones enmendadas serán conformes a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 2, párrafo 3. Edad en que cesa la obligación escolar. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la educación no es ni universal ni obligatoria en Papua Nueva Guinea y de que la ley no específica una edad legal para iniciar los estudios ni una edad en que se permita a los niños abandonar la escuela. Tomó nota de que el Departamento de Educación ha elaborado un plan nacional de educación de diez años, entre 2005-2015 (NEP), a fin de permitir que se inscriban más niños en la escuela. No obstante, la Comisión observó que el NEP parecía tener el objetivo de que hubiera solamente tres años de educación obligatoria hasta la edad de 9 años. Además, la Comisión tomó nota de que, según la CSI, la tasa bruta de inscripción en la enseñanza primaria es de 55,2 por ciento, y que solamente el 68 por ciento de los niños matriculados permanece en la escuela hasta los diez años, y que menos del 20 por ciento de los niños del país reciben enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en virtud del Convenio núm. 182 de que el NEP subsiste gracias al apoyo de organismos donantes que aplican programas centrados en la educación formal y en la educación no formal, incluyendo ayudas al Banco Asiático de Desarrollo y a la Unión Europea con el fin de que la educación no formal llegue a los necesitados y a los desfavorecidos. La Comisión toma nota, no obstante, de que según las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby durante 2010-2011, aunque se han llevado a cabo reformas educativas, el 92,2 por ciento de los niños que ingresan en tercer grado abandonarán la escuela posteriormente. La Comisión expresa su profunda preocupación por el número considerable de niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo que no asiste a la escuela. En este sentido, la Comisión debe hacer hincapié en la conveniencia de asociar la edad de finalización de la educación obligatoria con la edad mínima de admisión al empleo, según establece el párrafo 4 de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146). Si la escolaridad obligatoria termina antes de que los niños puedan trabajar legalmente, puede producirse un vacío que lamentablemente deja abierta la posibilidad de que se recurra a la explotación económica de los niños (véase Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrafo 371). Por consiguiente, teniendo en cuenta que la educación obligatoria es uno de los medios más efectivos de combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, en particular dentro del marco del NEP, para establecer la educación obligatoria de niños y niñas hasta la edad mínima de admisión al empleo de 16 años. La Comisión solicita al Gobierno que establezca información sobre los progresos realizados en este sentido.

Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión al empleo y determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que aunque determinadas disposiciones de la legislación nacional prohíben el trabajo peligroso a los menores de 16 años, no existe ninguna para proteger a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad de este tipo de ocupaciones. La Comisión tomó nota asimismo de la ausencia de ningún tipo de lista de trabajos peligrosos prohibidos a niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno de que la revisión legislativa en marcha de la Ley del Empleo garantizará el cumplimiento de las disposiciones del Convenio relativas al trabajo peligroso. La Comisión expresa su firme esperanza de que la revisión de la Ley del Empleo, que incluirá una prohibición de los trabajos peligrosos para menores de 18 años, así como una determinación de los tipos de ocupaciones peligrosas que se prohíben a estos jóvenes, se adoptará en el próximo futuro. Solicita al Gobierno que suministre información sobre cualquier progreso realizado a este respecto.

Artículo 3, párrafo 3.  Admisión a los tipos de trabajos peligrosos a partir de la edad de 16 años. La Comisión había tomado nota anteriormente de que las condiciones de trabajo de los jóvenes se examinarían mediante la revisión en curso de la Ley del Empleo y que la legislación relativa a la seguridad y la salud en el trabajo va a garantizar que el trabajo peligroso no afecte negativamente a la salud y la seguridad de los trabajadores jóvenes. La Comisión expresa una vez más su firme esperanza de que la revisión de la Ley del Empleo y de la legislación relativa a la seguridad y la salud en el trabajo concluirá tan pronto como sea posible. Espera, asimismo, que las enmiendas introducidas en la legislación incluirán disposiciones que exijan la instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que están autorizados a realizar tipos de trabajos peligrosos. Solicita al Gobierno que suministre información, en su próxima memoria, sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 9, párrafo 3. Registros del empleo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Ley del Empleo no contiene ninguna disposición que exija al empleador llevar un registro y documentos de los menores de 18 años que trabajan para ellos. Tomó nota asimismo de que el artículo 5 de la Ley de la Edad Mínima (trabajo marítimo) establece la obligación de llevar y tener registros por parte de quienes tengan la responsabilidad o el mando de un buque, en los cuales deberán constar detalles tales como el nombre completo, la fecha de nacimiento y las cotizaciones de servicio de cada menor de 16 años de edad que trabaje a bordo del buque. La Comisión había solicitado al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Convenio, el cumplimiento de la obligación de los empleadores de llevar registros en los que se indique el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificado siempre que sea posible, de todas las personas menores de 18 años empleadas por ellos o que trabajen para ellos.

La Comisión toma nota una vez más de la información del Gobierno de que esta cuestión se abordará dentro del marco de la revisión de la Ley de Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo). La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, sin demora, para garantizar que la obligación de todos los empleadores de llevar un registro se amplía a todos los menores de 18 años que trabajen para ello, y de que suministrará información con respecto a los progresos legislativos realizados para garantizar que la Ley del Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo) no contraviene el artículo 9, 3), del Convenio.

La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que, durante su revisión de la Ley del Empleo y de la Edad Mínima (trabajo marítimo), se preste la debida atención a las observaciones detalladas de la Comisión sobre las discrepancias entre legislación nacional y el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información, en su próxima memoria, sobre los progresos realizados en la revisión de estas leyes, e invita al Gobierno a que estudie la posibilidad de recabar el asesoramiento técnico de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota anteriormente de que mujeres y niños son víctimas de trata dentro del país con fines de explotación sexual comercial y de servidumbre doméstica. Solicitó al Gobierno que adopte las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para adoptar la legislación que prohíbe la venta y la trata de niños y niñas menores de 18 años con fines de explotación laboral y sexual.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está afrontando esta cuestión mediante la adopción de la Ley sobre Tráfico y Trata de Personas, que modificaría el Código Penal para incluir una disposición que prohíbe la trata de seres humanos, incluidos los jóvenes menores de 18 años con fines de explotación laboral y sexual. No obstante, la Comisión toma nota de que, según una encuesta realizada en 2012, en el marco del proyecto de lucha contra la trata de personas en Papua Nueva Guinea, aplicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el país hay un elevado índice de trata de personas con fines de trabajo forzoso, explotación sexual y servidumbre doméstica, incluyendo la trata de niños. Se señala que las niñas tienen el doble de vulnerabilidad que los niños a convertirse en víctimas de trata. La Comisión toma nota además de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales de 30 de julio de 2010, expresó su preocupación por el hecho de que no haya leyes específicas relativas a los problemas relacionados con la trata ni sobre la trata transfronteriza, que engloba tanto la explotación sexual con fines comerciales como la explotación laboral (documento CEDAW/C/PNG/CO/3, párrafo 31). La Comisión insta en consecuencia al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción sin tardanza de la Ley contra la Trata y el Tráfico de Personas, garantizando que los responsables de trata de seres humanos son objeto de investigaciones rigurosas y de procedimientos judiciales firmes y que se les imponen sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que suministre una copia de la Ley contra la Trata y el Tráfico de Personas en cuanto haya sido adoptada.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado e). Tener en cuenta la situación especial de las niñas. 1. Niños víctimas de prostitución. La Comisión había tomado nota anteriormente de que el Gobierno señala que el número de niñas (algunas de incluso 13 años) dedicadas a la prostitución para sobrevivir representa un problema creciente tanto en áreas urbanas como en rurales. Además, la Comisión tomó nota también de que las leyes que prohíben la prostitución se aplican selectivamente o con escasa frecuencia, incluso en los casos en que las víctimas son niños.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas o previstas para luchar contra la explotación sexual con fines comerciales de niños. La Comisión toma nota de que, según las conclusiones de la evaluación rápida realizada en Port Moresby durante 2010-2011, hay un número creciente de niñas víctimas de explotación sexual con fines comerciales. La edad más frecuente en que estas niñas son víctimas de prostitución es 15 años (34 por ciento), mientras que en el caso de los niños, el 41 por ciento es antes de los 15 años. El informe sobre la encuesta señala además que niñas de tan sólo 10 años participan también en el comercio sexual. La Comisión manifiesta una vez más su profunda preocupación por la prevalencia de la explotación sexual con fines comerciales de niños en Papua Nueva Guinea. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para proporcionar la necesaria y adecuada asistencia directa a fin de sustraer a los niños, en particular a las niñas menores de 18 años, de la prostitución, procurarles programas de rehabilitación e integración social.

2.  Niños «adoptados». La Comisión había tomado nota anteriormente de las observaciones de la CSI según las cuales las familias endeudadas saldan a veces sus deudas enviando a los niños — por lo general niñas — a trabajar al servicio de sus prestamistas en régimen de servidumbre doméstica. La CSI señaló que los niños «adoptados» suelen tener largas jornadas, carecen de libertad de movimiento o de atención médica y no asisten a la escuela. La Comisión tomó nota también de la información del Gobierno de que la práctica de «la adopción» es una tradición cultural en Papua Nueva Guinea. La Comisión observó que estas niñas «adoptadas» suelen caer como víctimas de la explotación, ya que es difícil controlar sus condiciones de trabajo, y solicitó al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas para protegerlas.

En este sentido, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno respecto a la Ley Lukautim Pikinini, de 2009, que establece la protección de los niños con necesidades especiales. De acuerdo con la Ley Lukautim Pikinini, una persona que tenga bajo su protección a un niño con necesidades especiales y no pueda proporcionarle los servicios necesarios para su educación podrá concertar un acuerdo en materia de necesidades especiales con el Servicio de Apoyo Familiar. En virtud de estos acuerdos, podrá proporcionarse asistencia económica. En virtud del artículo 41 de la Ley Lukautim Pikinini, la definición de «un niño con necesidades especiales» incluye niños que son huérfanos, desplazados o están traumatizados como consecuencia de desastres naturales, conflictos o separaciones, o bien han sido objeto de violencia, abusos, o explotación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha suministrado ninguna información adicional sobre esta cuestión. La Comisión expresa su preocupación por la situación de los niños «adoptados» menores de 18 años que se ven obligados a trabajar en condiciones equivalentes al régimen de servidumbre o en condiciones peligrosas. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas inmediatas y efectivas para garantizar, en la legislación y en la práctica, que los niños «adoptados» menores de 18 años no son objeto de explotación en condiciones análogas al trabajo forzoso o en condiciones peligrosas, teniendo en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños «adoptados» que son objeto de explotación y trabajo peligroso y que se han visto beneficiados de los acuerdos sobre necesidades especiales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Paraguay

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77) (ratificación: 1966)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) (ratificación: 1966)

Con objeto de proporcionar una visión completa de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre el examen médico de los menores, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 77 y 78 en un único comentario.

Artículo 4, 1) y 2), de los Convenios núms. 77 y 78. Renovación del examen médico de aptitud para el empleo hasta la edad de 21 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el artículo 4 de los Convenios.

En su memoria, el Gobierno proporciona numerosas informaciones sobre las medidas adoptadas para reforzar la protección de los niños que trabajan, especialmente a través de la adopción del Plan Nacional de Salud Integral de la Niñez (2016-2021) y de la resolución C.A. núm. 099-022/16, que aprueba el reglamento que pone a cargo del empleador la obtención del certificado del examen médico. Tomando nota de estas informaciones, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas que se habrían adoptado para poner la legislación de conformidad con el Convenio. La Comisión se ve obligada a recordar una vez más que el apartado b) del artículo 121 del Código del Trabajo prevé que para el trabajo de los menores de 18 años será necesario el cumplimiento de ciertos requisitos entre los que figuran la presentación de un certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo, expedido por la autoridad sanitaria competente. No obstante, según el artículo 4 de los Convenios, para los trabajos que presentan riesgos elevados para la salud, este examen médico de aptitud para el empleo y sus renovaciones periódicas deben exigirse hasta la edad de 21 años al menos. Recuerda igualmente la necesidad de determinar los empleos o las categorías de empleos para los cuales este examen de aptitud será exigido. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para completar su legislación a fin de prever, en lo que respecta a los trabajos que entrañan riesgos elevados para la salud de los trabajadores, el carácter obligatorio del examen médico de capacidad para el trabajo y su renovación hasta la edad de 21 años, como mínimo. Además, pide al Gobierno que determine los empleos o las categorías de empleos para los que se exigirá este examen.

Artículo 6, 1), de los Convenios núms. 77 y 78. Medidas de orientación o readaptación física y profesional de los niños y adolescentes declarados ineptos para el trabajo. La Comisión toma nota de la ley núm. 5115/13 que crea el nuevo Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el párrafo 12 del artículo 4 de esta ley prevé que el MTESS es la autoridad competente para elaborar y aplicar el régimen especial para los trabajadores con discapacidad. La Comisión toma nota igualmente de que, según el Gobierno, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) ofrecen cursos gratuitos dirigidos a las personas con discapacidad sobre el acceso al empleo. Además, la Comisión toma nota de los numerosos instrumentos jurídicos que prevén la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, en especial la ley núm. 3585/08 que establece la obligación de insertar a las personas con discapacidad en las instituciones públicas. Por último, la Comisión toma nota con interés del convenio de cooperación interinstitucional concluido en 2014, entre el MTESS, el SNPP, el SINAFOCAL y la Dirección General del Empleo cuyo objetivo es lograr la inclusión efectiva en el trabajo de las personas con discapacidad en el trabajo gracias a la formación y a la inserción.

Aplicación de los Convenios en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad ha realizado numerosas actividades, entre ellas la recopilación de datos estadísticos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona detalles sobre las estadísticas mencionadas. En la medida en que, en virtud del artículo 55 del Código de la Niñez y Adolescencia, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) debe establecer un registro específico del trabajador adolescente. La Comisión pide al Gobierno que comunique los datos estadísticos relativos al número de niños y de adolescentes que trabajan en el sector industrial, el número de aquéllos que han efectuado los exámenes médicos previstos por los Convenios, así como información sobre las infracciones constatadas por la inspección del trabajo en este ámbito y las sanciones impuestas, así como toda otra información relativa a la aplicación de los Convenios en la práctica.

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) (ratificación: 1966)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) (ratificación: 1966)

Con objeto de proporcionar una visión completa de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre el trabajo nocturno de los adolescentes, la Comisión estima adecuado examinar los Convenios núms. 79 y 90 en un solo y único comentario.

Artículo 3 del Convenio núm. 79 y artículo 2 del Convenio núm. 90. Período de tiempo en el que se prohíbe trabajar de noche. En sus comentarios anteriores la Comisión solicitó al Gobierno que modificara las disposiciones del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe el trabajo nocturno de los niños con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, durante un período de diez horas, en el intervalo entre las 20 horas y las 6 horas, con el fin de armonizarlo con el Convenio y con el artículo 2 del decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, que considera el trabajo nocturno realizado entre las 19 horas y las 7 horas, es decir un período de doce horas, como un trabajo peligroso prohibido a los niños menores de 18 años. El Gobierno señaló que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia había dirigido una solicitud formal al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS) para que se realizaran las diligencias necesarias para adoptar la modificación del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta Secretaría manifestó su disposición a emprender las acciones necesarias, conjuntamente con el MTESS a estos efectos. Además, la Comisión tomó nota de que se había suscrito un Memorando de Entendimiento tripartito entre los mandantes tripartitos y la Oficina, en virtud del cual el Consejo consultivo tripartito del MTESS colaborará con la OIT para examinar y, cuando proceda llevar al Congreso, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la conformidad de la legislación con los convenios ratificados de la OIT.

La Comisión toma nota con interés de que, según la memoria del Gobierno, se ha elaborado un anteproyecto de ley que modifica el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se ha presentado al Poder Ejecutivo en 2016. El Gobierno señala que dicho anteproyecto espera el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación de la Cámara de Diputados. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el anteproyecto de ley por el que se modifica el artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia con objeto de prohibir el trabajo nocturno de los niños durante un período de doce horas consecutivas sea adoptado a la mayor brevedad.

Portugal

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1932)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 28 de agosto de 2017, y de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), recibida el 1.º de septiembre de 2017.

Artículo 2, 2), del Convenio. Excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de los menores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la revisión del Código del Trabajo de 2003, y de que el trabajo nocturno de los menores de 18 años de edad está comprendido en la actualidad en el artículo 76 del decreto legislativo núm. 7/2009 (Código del Trabajo, de 2009). La Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 76, 1), queda prohibido emplear a un menor de 16 años de edad entre las 20 horas y las 7 horas y, de conformidad con el artículo 76, 2), un menor de más de 16 años no puede trabajar entre las 22 horas y las 7 horas, excepto en las condiciones determinadas en los párrafos siguientes. En consecuencia, la Comisión tomó nota de que el artículo 76, 3), del Código del Trabajo autoriza el trabajo nocturno de los mayores de 16 años: i) en los sectores de actividad determinados por el convenio colectivo, salvo durante el período comprendido entre la media noche y las 5 horas; o ii) en actividades culturales, artísticas, deportivas o publicitarias cuando existen motivos objetivos para hacerlo y con la condición de que se otorgue a la persona un período de descanso compensatorio igual al número de horas de trabajo. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para especificar las actividades en las que puede autorizar el trabajo nocturno a niños mayores de 16 años de edad.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CGTP-IN, según las cuales el Gobierno no ha modificado la legislación en el sentido de lo solicitado por la Comisión. La Comisión toma nota nuevamente de los alegatos formulados por la CGTP-IN reiterando sus observaciones anteriores, según las cuales la legislación nacional no establece expresamente los sectores de actividad en los que se autoriza el trabajo nocturno de los menores de 16 años de edad. La CGTP-IN alega asimismo que esta tarea se está dejando a la negociación colectiva, lo cual conduciría a una generalización o a una costumbre extendida en la práctica y no permitida por el Convenio. La Comisión también toma nota de la declaración de la UGT formulada con anterioridad indicando que se observaba un aumento de la participación de menores de 18 años en actividades artísticas y estimó importante que ese trabajo se lleve a cabo de una manera que no afecte el desarrollo físico y psicológico de los menores.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, en el sentido de que deberían tomarse en cuenta las regulaciones relativas a la protección de los menores que realizan trabajos peligrosos. En relación con la participación laboral de niños en representaciones artísticas, la Comisión se remite al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), ratificado por Portugal en 1998, cuyo artículo 8 autoriza el trabajo en esas representaciones con sujeción a determinadas condiciones. Por lo que respecta al artículo 76, 3), del Código del Trabajo, en virtud del cual se autoriza el trabajo nocturno de los menores de entre 16 y 18 años de edad en sectores determinados mediante un convenio colectivo, la Comisión recuerda nuevamente que, de conformidad con el artículo 2, 1), del Convenio, queda prohibido emplear durante la noche a personas menores de 18 años en empresas industriales, con excepción de las empresas en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia y en los casos enumerados en el artículo 2, 2), del Convenio, en trabajos que, por razón de su naturaleza deban necesariamente continuarse día y noche. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para especificar las actividades en las que puede autorizarse el trabajo nocturno a niños mayores de 16 años de edad, tal como establece el artículo 76, 3), a), del Código del Trabajo de 2009, con el fin de ponerlo de conformidad con el artículo 2, 1) y 2), del Convenio.

Samoa

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2008)

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 20 de la Ley de Educación de 2009 establece que no se permitirá que los niños en edad de escolaridad obligatoria se dediquen a la venta ambulante o realicen cualquier tipo de trabajo durante el horario escolar. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 2 de dicha ley, se consideran niños en edad de escolaridad obligatoria aquellos entre 5 y 14 años de edad que no hayan finalizado el período de ocho años de escolarización. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que las disposiciones para elevar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria a 15 años se incorporarían a la Ley de Educación previa consulta con la Oficina del Fiscal General.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MESC) ha iniciado consultas con la Oficina del Fiscal General sobre la redacción del proyecto de enmienda de la Ley de Educación, 2016, a fin de introducir un cambio en la edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión expresa la firme esperanza de que el proyecto de enmienda de la Ley de Educación, que elevará la edad de finalización de la escolaridad obligatoria para ponerla de conformidad con la edad mínima de admisión al trabajo, que es de 15 años, se finalice y adopte en breve. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3, 2).  Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según el artículo 83, 2), b), de la Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo, de 2013, podrá adoptarse una reglamentación para determinar los trabajos insalubres, peligrosos o gravosos, así como la edad mínima de admisión al empleo en esas actividades.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que existe un proyecto de lista para determinar los tipos de trabajos que se prohíbe que realicen los menores, que se presentará al Foro tripartito nacional de Samoa para su aprobación. La Comisión expresa la firme esperanza de que la lista de tipos de trabajos peligrosos que se prohíbe que realicen los menores de 18 años de edad se finalizará y adoptará en un futuro próximo. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7, 1) y 3).  Edad mínima de admisión a los trabajos ligeros y determinación de las actividades consideradas trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 32, 1), de la Ley de Trabajo y Empleo, de 1972, permite que los menores de 15 años realicen trabajos seguros y ligeros adaptados a sus capacidades. Asimismo, tomó nota de que parece que la Ley de Educación, de 2009, permite que los niños que están en edad de escolarización obligatoria realicen algunos tipos de trabajos que no se tengan que llevar a cabo durante las horas escolares y no impidan o interfieran en la asistencia a la escuela, la participación activa en actividades escolares o el desarrollo educativo de los niños. Sin embargo, la Comisión también observó que parece que no existe una edad mínima para la realización de dichos tipos de trabajos ligeros. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que el Ministerio de Trabajo adoptaría las medidas necesarias para abordar esta cuestión así como para determinar los tipos de trabajos ligeros que se permiten a los niños de entre 13 y 15 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que, con arreglo al artículo 51, 1), de la nueva Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo de 2013, «no se podrá emplear a menores de 15 años, excepto en trabajos seguros y ligeros adecuados a sus capacidades y en las condiciones que pueda determinar el Director General». Sin embargo, la Comisión toma nota de nuevo de que esta disposición no establece una edad mínima para la realización de dichos trabajos ligeros. También toma nota de que el Gobierno señala que actualmente está en curso de revisión una lista de trabajos ligeros que pueden realizar los menores de 15 años con arreglo al artículo 51 de la Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo de 2013, que se presentará al Foro tripartito nacional de Samoa para su aprobación. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el Convenio permitiendo únicamente el empleo en trabajos ligeros de los jóvenes que han alcanzado la edad de 13 años, con arreglo al artículo 7, 1), del Convenio. Pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto. Asimismo, expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para regular los trabajos ligeros de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.

Artículo 9, 3).  Establecimiento de registros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 83, 2), a), de la Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo, de 2013, prevé que pueden establecerse reglamentos que requieran que los empleadores lleven registros de las personas que trabajan en sus empresas, y la forma y contenido de estos registros. Además, la Comisión tomó nota de que el artículo 16 de la Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo de 2013 prevé que el director general del Ministerio de Trabajo deberá tener la facultad de exigir a un empleador que presente sus libros, registros y otros documentos relacionados con el trabajo de sus empleados.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo envió a los empleadores una carta de intención para recordarles sus obligaciones y obtener información sobre el empleo de los menores de 18 años. Sin embargo, la Comisión recuerda al Gobierno que, con arreglo al artículo 9, 3), del Convenio, la legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente sobre todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen para él. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que tome medidas efectivas con arreglo al artículo 83, 2), a), de la Ley sobre Relaciones de Trabajo y Empleo, de 2013, a fin de adoptar reglamentos que requieran que los empleadores lleven registros de todas las personas empleadas por ellos que tengan menos de 18 años, de conformidad con el artículo 9, 3), del Convenio y a que transmita la información obtenida por los empleadores en respuesta a la carta de intención y los reglamentos adoptados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2008)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión había tomado nota de que ni la ordenanza de delitos de 1961 ni la ordenanza de publicaciones indecentes de 1960 parecían abordar de manera específica la cuestión de la producción de materiales indecentes o la utilización, reclutamiento u oferta de menores de 18 años de edad para la producción de esos materiales. La Comisión tomó nota de que con arreglo al artículo 82 de la Ley de Delitos de 2013 se castigará a toda persona que venda, entregue, exhiba, imprima, publique, cree, produzca o distribuya cualquier material indecente que represente a un niño ocupado en conductas sexuales explícitas. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que a los fines de ese artículo un niño es definido como una persona menor de 16 años. La Comisión recordó al Gobierno que en virtud del artículo 3, b), del Convenio se prohibirán la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años de edad para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el Ministerio de Policía indicó que la legislación nacional debería revisarse a fin de poner la definición de niño de conformidad con el Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años para la producción de materiales indecentes también se prohíbe de forma efectiva.

Artículo 4, 1).  Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En relación con la adopción de una lista en la que se determinen los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, la Comisión remite al Gobierno a sus comentarios detallados con arreglo al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138).

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Entrar en contacto con los niños que están especialmente expuestos a riesgos. Niños que trabajan como vendedores callejeros. La Comisión tomó nota de que el artículo 20 de la Ley de Educación de 2009 prohíbe de manera específica la ocupación de niños en edad de escolarización obligatoria vendiendo en la calle durante las horas de clase, y prevé el nombramiento de funcionarios de asistencia escolar, responsables de la identificación de los niños que están fuera de la escuela durante las horas lectivas y de hacer regresar a los niños a la escuela. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que en la política nacional de los niños se indica que a pesar de las medidas encaminadas a aumentar la asistencia a la escuela siguen viéndose niños vendedores operar día y noche alrededor de Apia central. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información proporcionada respecto a que los niños que trabajan como vendedores callejeros son aquéllos enviados por sus padres después de la escuela a vender mercancías para su propio sustento. El Gobierno también indicó que los funcionarios de asistencia escolar identifican a los niños en edad de escolarización obligatoria que no están en la escuela en horas de clase, y que la policía es la autoridad encargada de detectar a esos niños y retirarlos de la calle después de las horas de clase.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la cuestión de los niños que trabajan como vendedores callejeros se aborda en el Plan del Sector Comunitario 2016-2021 (CSP). Según el Gobierno, el CSP incluye la promoción de un programa de crianza positiva como «enfoque preventivo». A este respecto, el Ministerio de la Mujer, Cultura y Desarrollo Social (MWCSD) contrató a un funcionario de protección de los niños para dirigir la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño mediante una planificación, supervisión y evaluación eficaces. El Gobierno también indica que el MWCSD realizó una evaluación de las necesidades de diez familias con un niño que trabaja como vendedor callejero, e informa de que el CSP ofrece una plataforma para desarrollar un plan de intervención que responderá a las necesidades de los niños vulnerables y sus familias. Se prevé que ese grupo piloto se amplíe a nivel nacional y se convierta en un componente del CSP más amplio. El Gobierno también informa de que los programas de protección social en el marco del MWCSD pueden ampliarse y adaptarse a los niños en riesgo, incluidos los niños vendedores callejeros, para ofrecer capacidades básicas de supervivencia y organizar programas de sensibilización.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno con arreglo al Convenio núm. 138, la mayor parte de los casos relacionados con niños vendedores callejeros son recopilados por la Unidad de Participación Comunitaria en colaboración con el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura (MESC) y el MWCSD. El Gobierno también indica que el MESC realiza una investigación preliminar que luego envía a la policía para que investigue a los padres implicados, que, cuando proceda, serán acusados. El Gobierno indica también que la policía realiza patrullas en la calle una vez a la semana para controlar la presencia de niños. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el informe de 2017 de la OIT de la evaluación rápida de los niños que trabajan en las calles de Apia, Samoa: Un estudio piloto (Report of the Rapid Assessment of Children working on the streets in Apia, Samoa: A Pilot Study) la mayor parte de los 106 niños entrevistados empezaron a trabajar en las calles debido a que sus familias necesitaban ingresos (pág. 36). Hay niños, incluso de 7 años, que venden comida, jugos caseros y cuchillas de afeitar. Para vender sus productos, estos niños pueden trabajar muchas horas (más de entre cinco y doce horas al día), en entornos peligrosos y en condiciones climáticas adversas. La mayor parte de esos niños trabajan para su propia familia y desconocen la existencia de servicios sociales de apoyo que les pueden ayudar. La Comisión se ve obligada a expresar su preocupación por el hecho de que haya niños que continúan trabajando como vendedores callejeros, a menudo en condiciones peligrosas. Considerando que los niños que trabajan en las calles son especialmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para identificar a los niños que se dedican a la venta ambulante y protegerlos de las peores formas de trabajo infantil. También pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños vendedores callejeros que han sido librados de esta peor forma de trabajo infantil, que se han beneficiado de asistencia y han sido reintegrados socialmente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 3, apartado d), y 4, párrafo 1, del Convenio. Trabajo peligroso. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la Ley de Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños (Ley EWYPC) no contenía ninguna prohibición general de empleo de niños menores de 18 años en trabajos peligrosos salvo la prohibición del trabajo nocturno en cualquier establecimiento industrial (artículo 3, 2)), así como tampoco ninguna determinación de los tipos de trabajo peligroso que se prohíben a los niños menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que pronto comenzará las consultas con las partes interesadas en relación a los tipos de trabajo peligrosos, y que se elaborará un proyecto de informe a finales de 2013. La Comisión expresa su firme esperanza de que se celebrarán, en un próximo futuro, consultas con las partes interesadas, incluyendo los interlocutores sociales, y que se adoptará pronto legislación relativa a la prohibición sobre trabajos peligrosos a los niños menores de 18 años de edad, así como reglamentación para determinar los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre cualquier novedad legislativa a este respecto.

Artículo 7, párrafo 1. Sanciones. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de las sanciones establecidas en la Ley de Trata de 2011 por delitos relativos a la venta y trata de niños, así como por la utilización, el reclutamiento y la oferta de niños con fines de prostitución y de pornografía infantil.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2011)

Artículo 2, 1), del Convenio. Campo de aplicación. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 129 de la Ley de 2007 sobre los Derechos del Niño, las disposiciones relativas al empleo de niños se aplican al empleo en la economía, tanto formal como informal. No obstante, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley de 1960 sobre los Empleadores y los Trabajadores, los niños menores de 15 años de edad no pueden estar ocupados, ni trabajar en una empresa industrial, pública o privada, o en una sucursal de esta empresa o en un buque, con excepción de las empresas o de los buques en los que sólo están ocupados los miembros de la misma familia.

La Comisión toma nota, en la memoria del Gobierno, de la ausencia de información sobre este punto. Tomando nota de las divergencias en la aplicación de las disposiciones relativas a la edad mínima, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que haga lo necesario para armonizar las disposiciones de la Ley sobre los Empleadores y los Trabajadores y las de la Ley sobre los Derechos del Niño, con el fin de que los niños que trabajan en todos los sectores de la actividad económica, incluidas las empresas familiares, gocen también de la protección prevista en el Convenio.

Artículo 3, 2).  Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 128, 3), de la Ley sobre los Derechos del Niño, los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años son especialmente los siguientes: el trabajo en el mar; el trabajo en las minas y en las canteras; el trabajo que implique el transporte de cargas pesadas; el trabajo en las industrias manufactureras que producen o utilizan productos químicos; el trabajo en lugares en los que se utilizan máquinas, y, sobre todo, el trabajo en bares, hoteles y lugares de diversión en los que una persona corre el riesgo de quedar expuesta a una conducta inmoral. La Comisión también tomó nota de que el artículo 126 de la Ley sobre los Derechos del Niño y el artículo 48 de la Ley sobre los Empleadores y los Trabajadores, prohíben el trabajo nocturno de las personas menores de 18 años de edad. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confeccionó una lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, previa consulta con los interlocutores sociales, los organismos de protección de la infancia y las organizaciones de la sociedad civil. Esta lista fue validada y espera la aprobación del Gabinete en su calidad de instrumento legal complementario.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que la lista de los tipos de trabajo peligrosos aún espera la aprobación del Gabinete. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que el Gobierno tome las medidas necesarias para que se adopte próximamente la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. Pide al Gobierno que comunique informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículo 3, 3).  Admisión a los trabajos peligrosos a partir de la edad de 16 años. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 54, 2), de la Ley sobre los Empleadores y los Trabajadores, permite que las personas de sexo masculino que hayan alcanzado la edad de 16 años efectúen trabajos subterráneos en las minas, con la condición de presentar un certificado médico de aptitud para este tipo de trabajo. Sin embargo, parece que ninguna disposición obliga a garantizar que los jóvenes de 16 a 18 años de edad que realizan trabajos peligrosos reciban una instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente, como exige el artículo 3, 3), del Convenio.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre ese punto. Recuerda nuevamente al Gobierno que, de conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio, la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrá autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años a condición de que estos jóvenes hayan recibido una instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto de las condiciones establecidas en el artículo 3, 3), del Convenio.

Inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de las disposiciones del artículo 132 de la Ley sobre los Derechos del Niño, un funcionario del trabajo de distrito, deberá efectuar la investigación que considere necesaria para garantizar que se respeten estrictamente las disposiciones de la parte VIII de la ley relativa el empleo de los niños y los jóvenes en la economía informal. A los fines de este artículo, toda persona puede ser interrogada por el funcionario del trabajo de distrito. Además, cuando ese funcionario esté razonablemente convencido de que no se respetan las disposiciones de esta parte, deberá avisar a la policía, la que deberá investigar y adoptar las medidas que correspondan para perseguir al autor de la infracción. La Comisión tomó nota asimismo de que disposiciones análogas figuran en el artículo 133 de la Ley sobre los Derechos del Niño, en lo que respecta a la aplicación por el Consejo de distrito de las disposiciones federativas relativas al empleo de niños en la economía informal. La Comisión también tomó nota de la información del Gobierno, a saber, que la Unidad del trabajo infantil, instituida dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se encarga asimismo de controlar el trabajo infantil en los lugares de trabajo. En su memoria, el Gobierno también indicó que las inspecciones realizadas en la economía informal concluyeron que no existía el trabajo infantil. Sin embargo, se realizaron pocas inspecciones en la economía informal y, en consecuencia, no se dispuso de datos pertinentes sobre el trabajo infantil en ese sector. Además, el Gobierno indicó en su memoria que los inspectores del trabajo, los investigadores y las demás entidades principales encargadas de la aplicación de la ley, aún funcionan en el marco de legislaciones antiguas y no tienen la formación necesaria para controlar el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que, en sus comentarios de 2013 acerca de la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), tomó nota de que la inspección del trabajo en Sierra Leona era prácticamente inoperante. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para reforzar el funcionamiento de la inspección del trabajo, a efectos de que pueda controlar efectivamente el trabajo infantil en la economía formal e informal. La Comisión también solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el funcionamiento de las unidades de trabajo infantil, en lo que atañe a las inspecciones relativas al trabajo infantil realizadas y sobre el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de la información publicada por la OIT, el 12 de junio de 2008, en la que se indicaba que más de la mitad de todos los niños de edades comprendidas entre los 7 y 14 años eran niños trabajadores. Al tiempo de tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su preocupación por el elevado número de niños que no alcanzan la edad mínima legal que están ocupados en el trabajo infantil en Sierra Leona. La Comisión también toma nota del informe sobre el proyecto TACKLE (combatir el trabajo infantil mediante la educación) de la OIT, según el cual en el marco del TACKLE y del Programa de Información Estadística y de Seguimiento en materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) se realizó en Sierra Leona, una Encuesta nacional sobre el trabajo infantil en 2010-2011, cuyo informe aún no ha sido publicado.

La Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionó los resultados de la Encuesta nacional de 2011 sobre el trabajo infantil en sus respuestas escritas a la lista de cuestiones en relación con el tercer, cuarto y el quinto informe periódico, de septiembre de 2016, presentados al Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, anexo II) conforme a los cuales el 45,9 por ciento de los niños de edades entre los 5 y los 17 años estaban ocupados en el trabajo infantil. En especial, el 31 por ciento de los niños de entre 5 y 14 años de edad estaban ocupados en el trabajo infantil, y el 22 por ciento de los niños de entre 5 a 17 años de edad realizaban trabajos peligrosos. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el Estado mundial de la infancia 2014 (UNICEF), más de una cuarta parte (26 por ciento) de los niños de entre 5 y 17 años efectuaban trabajos peligrosos. La Comisión expresa su profunda preocupación por el elevado número de niños ocupados en el trabajo infantil y en trabajos peligrosos. La Comisión insta firmemente al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para prevenir y eliminar el trabajo infantil en el país. También pide al Gobierno que proporcione información sobre la forma en que se aplica el Convenio en la práctica, incluidos datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Árabe Siria

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de que el conflicto actual en la República Árabe Siria ha tenido un impacto alarmante en los niños. Tomó nota de que el número de niños afectados por el conflicto armado en Siria se ha duplicado con creces, al pasar de 2,3 millones a 5,5 millones, de que el número de niños desplazados dentro de Siria ha superado los 3 millones.

La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno sobre las disposiciones de la legislación nacional que dan cumplimiento a las disposiciones del Convenio. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe del UNICEF de 2015 titulado «Small Hands, Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce», después de cuatro años y medio de crisis, como consecuencia de la guerra, muchos niños participan en actividades económicas que son mental, física o socialmente peligrosas, y que limitan o deniegan su derecho básico a la educación. El informe indica que no faltan pruebas de que la crisis está empujando a un número cada vez mayor de niños hacia la explotación en el mercado de trabajo. Unos 2,7 millones de niños sirios no están escolarizados actualmente, cifra incrementada por el hecho de que se obliga a trabajar a los niños en su lugar. Los niños sirios estaban contribuyendo a los ingresos familiares en más de tres cuartas partes de los hogares encuestados. Según el informe, la crisis siria ha creado obstáculos para la aplicación de las leyes y políticas nacionales encaminadas a proteger a los niños contra el trabajo infantil, en particular, debido a que existen muy pocos inspectores del trabajo. Además, a menudo existe una falta de coherencia entre las autoridades nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil en lo que respecta a la función que desempeña cada uno de ellos, lo que conduce a la incapacidad de los mecanismos nacionales para combatir el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su quinto informe periódico presentado ante el Comité de los Derechos del Niño, publicado el 10 de agosto de 2017 (documento CRC/C/SYR/5, párrafo 203), según la cual el Ministerio de Asuntos Sociales y Laborales, en colaboración con la Autoridad Siria para los Asuntos de la Familia y la Población (SAFPA) y en cooperación con otras autoridades interesadas, elaboró un Plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (NPA-WFCL). El Gobierno indica asimismo que, en colaboración con el UNICEF, la SAFPA realizó una encuesta sobre las peores formas de trabajo infantil en dos ciudades industriales, a saber, Hassia en Homs y Haouch el Blas en Damasco.

Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión debe expresar nuevamente su profunda preocupación por la situación de los niños en la República Árabe Siria que se ven afectados por el conflicto armado y a quienes se obliga a estar involucrados en trabajo infantil, incluidas sus peores formas. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces en el marco de la aplicación del NPA-WFCL a fin de mejorar la situación de los niños en Siria y de protegerles contra el trabajo infantil e impedir que se vean involucrados en él. Pide al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos, así como sobre los resultados de las encuestas realizadas en Hassia y Haouch el Blas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. La Comisión tomó nota anteriormente de que la República Árabe Siria había adoptado una serie de reformas legislativas, tales como la ley núm. 11/2013, que penaliza todas las formas de reclutamiento y la utilización de niños menores de 18 años de edad por fuerzas armadas y grupos armados. Sin embargo, tomó nota de que, al parecer, muchos grupos armados en Siria, incluidos grupos afiliados al Ejército Sirio Libre (FSA), las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), Ahrar al-Sham, el Estado Islámico del Iraq y Al-Sham y Levante (ISIS/EIIL) y otros grupos armados, reclutaban y utilizaban a niños para la logística, el manejo de municiones, los puestos de control y como combatientes.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que grupos terroristas armados reclutan a niños para que participen en la violencia y los explotan sexualmente. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria, de 9 de junio de 2016 (documento A/70/919, párrafos 50-52), desde principios de 2015, el UNICEF verificó 46 casos de reclutamiento (43 niños, una niña, dos no identificados): 21 fueron atribuidos al EIIL, 16 a grupos armados no estatales de la oposición, cinco a grupos armados afines al Gobierno, dos (incluida una niña) a las YPG, y dos a las fuerzas gubernamentales. El UNICEF informó de que los grupos armados no estatales reclutaban a niños cada vez más jóvenes (algunos de hasta 7 años de edad). La participación de los niños en combates era generalizada, y algunos grupos armados de la oposición obligaban a niños a cometer graves abusos de los derechos humanos, incluidas ejecuciones y torturas, y las fuerzas gubernamentales sometían a niños a trabajos forzados o los utilizaban como escudos humanos. El Secretario General también hace referencia a informes del ACNUDH, según los cuales el EIIL confirmó públicamente, el 11 de diciembre de 2015, algo que ya era conocido, a saber, que tenían una sección de niños en sus filas, denominada «Cachorros del Califa». El ACNUDH también había recibido denuncias conforme a las cuales el EIIL alentaba a los niños de entre 10 y 14 años de edad a alistarse, e impartía entrenamiento militar a niños para el combate.

La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 20 de abril de 2016 (documento A/70/836-S/2016/360, párrafos 148-163), se verificaron un total de 362 casos de reclutamiento y utilización de niños (el Secretario General indica que las cifras no reflejan la magnitud real de las violaciones graves cometidas por todas las partes en el conflicto), atribuidos al EIIL (274), el Ejército Sirio Libre y grupos afiliados (62), Liwa’ al-Tawhid (11), comités populares (5), las YPG (4), Ahrar al-Sham (3), el Frente Al-Nusra (2) y el Ejército del Islam (1). En el 56 por ciento de los casos verificados, se trató de niños menores de 15 años, lo que representa un aumento significativo frente a las cifras de 2014. El Secretario General indica asimismo que el EIIL siguió reclutando y utilizando niños de manera masiva, y que existían centros en Deir Ezzor y en las zonas rurales de Aleppo y Ar-Raqqa en los que se impartía adiestramiento militar a por lo menos 124 niños de entre 10 y 15 años. La cantidad de casos verificados de niños utilizados como combatientes extranjeros también aumentó considerablemente, entre ellos 18 casos de niños de apenas 7 años. Asimismo, también se comprobó el reclutamiento y la utilización de niños de tan sólo 9 años por el Ejército Sirio Libre, así como el reclutamiento por Liwa’ al-Tawhid de 11 niños sirios refugiados en países vecinos, y que las YPG seguían reclutando niños y niñas de tan sólo 14 años con fines de combate. Se comprobó que grupos gubernamentales habían reclutado y utilizado niños, entre ellos cinco varones reclutados por el Comité Popular de Tallkalah (Homs) para trabajar como guardias y realizar patrullas. Además, se denunció que las fuerzas gubernamentales apostaban niños en puestos de control.

La Comisión lamenta profundamente una vez más la utilización de niños en conflictos armados en Siria, en particular dado que conlleva otras violaciones de los derechos del niño, como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Recuerda nuevamente que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados se considera una de las peores formas de trabajo infantil y que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter urgente. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación en el terreno y la presencia de grupos armados y de un conflicto armado en el país, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas para garantizar la desmovilización total e inmediata de todos los niños, utilizando todos los medios disponibles, y a que ponga fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años de edad en fuerzas y grupos armados. La Comisión insta también firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que se emprendan investigaciones y acciones judiciales contra todos aquellos que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años de edad para su utilización en conflictos armados, y que se impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica, de conformidad con la ley núm. 11 de 2013. Pide al Gobierno que suministre información sobre el número de investigaciones llevadas a cabo, de acciones judiciales emprendidas y de condenas pronunciadas contra estas personas.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la educación básica gratuita. La Comisión tomó nota anteriormente de que la fuerte caída de la educación infantil a raíz de la destrucción de unas 5 000 escuelas en la República Árabe Siria seguía suscitando una gran preocupación entre la población. La Comisión tomó nota asimismo de que más de la mitad de los niños sirios en edad escolar, que ascendían a 2,4 millones, no estaban escolarizados como consecuencia de la ocupación, la destrucción y la inseguridad de las escuelas.

La Comisión toma nota de que, según el informe de 2016 del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (párrafo 157), más de 6 500 escuelas habían sido destruidas, parcialmente dañadas o utilizadas como refugios para los desplazados internos, o se habían tornado inaccesibles por algún otro motivo. El informe hace referencia a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, según la cual 571 estudiantes y 419 maestros habían resultado muertos en 2015, e indica que las Naciones Unidas habían verificado 69 ataques contra instalaciones y personal educativos, en los que habían muerto y sufrido mutilaciones 174 niños. La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su misión a la República Árabe Siria, de 5 de abril de 2016 (documento A/HRC/32/35/Add.2, párrafos 50-53), otros 400 000 niños corrían el riesgo de abandonar la escuela como consecuencia directa del conflicto, la violencia y el desplazamiento. Si bien existían instalaciones de educación básica en los centros de desplazamiento visitados por el Relator Especial, dichos centros, que a menudo utilizaban edificios escolares, sólo tenían instalaciones educativas limitadas.

Según el mismo informe, el UNICEF está colaborando con asociados locales para llegar a unos 3 millones de niños y ha llevado a cabo un programa de educación informal encaminado a reducir el número de niños que no están escolarizados. La iniciativa interinstitucional «No Lost Generation» (ninguna generación perdida) es un programa de autoaprendizaje que pretende llegar a 500 000 niños que han perdido años de escolarización. En las zonas en las que existe un gran número de niños desplazados, el UNICEF también está rehabilitando 600 escuelas dañadas y creando aulas prefabricadas para albergar a otros 300 000 niños. La Comisión toma nota asimismo de que, según el informe anual del UNICEF sobre la República Árabe Siria, de 2016, las intervenciones del UNICEF en el ámbito de la educación, centradas en la calidad, el acceso y el fortalecimiento institucional, contribuyeron a que, entre 2014-2015 y 2015-2016, el número de niños escolarizados aumentara de 3,24 millones (el 60 por ciento de la población en edad escolar) a 3,66 millones (el 68 por ciento). Estos esfuerzos también condujeron a que el número de niños no escolarizados cayera de 2,12 millones (el 40 por ciento) en 2014-2015 a 1,75 millones (el 32 por ciento) en 2015-2016.

No obstante, la Comisión toma nota de que, en su informe, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos declara que el desafío de proporcionar incluso acceso a la educación básica a muchos niños desplazados internamente es enorme, y que muchos miles de niños probablemente sigan sin estar escolarizados en un futuro cercano (documento A/HRC/32/35/Add.2, párrafo 53). Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a expresar nuevamente su profunda preocupación por el gran número de niños que se ven privados de educación debido al clima de inseguridad que impera en el país. Al tiempo que reconoce la situación particularmente difícil en el país, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos y adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país y facilitar el acceso a la educación básica gratuita para todos los niños sirios, especialmente en las áreas afectadas por el conflicto armado y prestando particular atención a la situación de las niñas. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto.

Apartados a) y b).  Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librándoles de dichas peores formas y asegurando su rehabilitación e inserción social. 1. Niños afectados por conflictos armados. La Comisión tomó nota anteriormente de que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados en Siria habían sido frecuentes y de que los niños reclutados eran entrenados, armados y utilizados en combate.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que las autoridades competentes en Siria tratan de asistir a los niños reclutados para su utilización en conflictos armados y de ayudarles a reanudar una vida normal. Sin embargo, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que la situación en Siria no ha cambiado y de que no sólo no existen indicaciones de niños que hayan sido alejados de las fuerzas y grupos armados en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 2016, sino que, según este informe, sigue reclutándose y utilizándose a niños para utilizarlos en conflictos armados. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para prevenir el reclutamiento de niños en conflictos armados y para rehabilitar y reinsertar a niños excombatientes. Insta una vez más al Gobierno a que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre el número de niños rehabilitados e insertados socialmente.

2.  Esclavitud sexual. La Comisión tomó nota anteriormente de que el EIIL raptó a cientos de mujeres y niñas yazidíes, la mayoría de las cuales fueron vendidas como «botín de guerra» o donadas como «concubinas» a los combatientes del EIIL, y de que docenas de niñas y mujeres fueron transportadas a diversos lugares de Siria, con inclusión de Al Raqqah, Al Hasakah y Deir Ezzor, donde fueron mantenidas en situación de esclavitud sexual.

La Comisión lamenta tomar nota de la falta de información sobre este tema en la memoria del Gobierno. Toma nota de que, según el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, de 15 de junio de 2016, titulado «They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis» (documento A/HCR/32/CRP.2), el EIIL ha procurado destrozar a los yazidíes a través de graves violaciones de derechos humanos tales como asesinatos, la esclavitud sexual, la esclavización, la tortura y los daños mentales. El informe indica que más de 3 200 mujeres y niños todavía se encuentran retenidos por el EIIL. La mayoría de ellos están en Siria, donde las niñas yazidíes siguen estando sexualmente esclavizadas y los niños yazidíes son adoctrinados, entrenados y utilizados en conflictos. El informe revela que las mujeres y las niñas yazidíes capturadas de más de 9 años de edad se consideran propiedad del EIIL y son vendidas en mercados de esclavos o, más recientemente, en subastas en línea, a los combatientes del EIIL. Cuando están retenidas por estos últimos, son objeto de violencia sexual brutal y se les obliga regularmente a trabajar en sus hogares, en muchos casos como sirvientes del combatiente y de su familia. La Comisión lamenta profundamente que los niños yazidíes continúen siendo víctimas de esclavitud sexual y de trabajo forzoso. Al tiempo que reconocen la difícil situación que impera en el país, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para liberar a los niños yazidíes menores de 18 años de edad que son víctima de trabajo forzoso y de explotación sexual, y a que asegure su rehabilitación y su inserción social. Pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto, y sobre el número de niños librados de la explotación sexual y rehabilitados.

Apartado d).  Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños internamente desplazados. La Comisión tomó nota anteriormente de que, a principios de 2013, había 3 millones de niños desplazados y necesitados de asistencia en la República Árabe Siria.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su misión a la República Árabe Siria, de 5 de abril de 2016 (documento A/HRC/32/35/Add.2, párrafo 67), la magnitud del conflicto y del desplazamiento ha tenido un impacto masivo en los niños, muchos de los cuales han experimentado violencia física de primera mano y/o violencia extrema, incluido el asesinato de familiares y/o la separación de familiares. El Relator Especial indica que siguen notificándose preocupaciones y cuestiones relacionadas con la protección de los niños, incluido el trabajo infantil derivado de la pérdida de ingresos de los padres, la violencia sexual y de género, y el matrimonio precoz y forzoso. Los niños también han sido reclutados y utilizados por diferentes partes en el conflicto, tanto en combates como desempeñando funciones de apoyo. Al tiempo que observa con preocupación que los niños internamente desplazados corren un mayor riesgo de estar ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno una vez más a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de proteger a estos niños contra las peores formas de trabajo infantil. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sri Lanka

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 2, 2), del Convenio. Elevación de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información del Gobierno, según la cual el Ministerio de Relaciones Laborales y Empleo Exterior está considerando la posibilidad de extender la edad de admisión al empleo a los 16 años, habiéndose presentado en este sentido las enmiendas legislativas al Fiscal General para su aprobación, que se presentarían a continuación al Parlamento para su adopción.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el Ministerio de Trabajo y Relaciones Sindicales (MoLTUR) se encuentra en la actualidad en el proceso de enmendar la legislación laboral pertinente, como la Ley núm. 47, de 1956, sobre el Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños, la Ley núm. 15, de 1954, sobre los Empleados de Tiendas y Oficinas, la ordenanza núm. 45, de 1942, sobre las fábricas, y la Ley núm. 15, de 1958, sobre el Fondo de Previsión de los Empleados, con el fin de elevar la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo a los 16 años. El Gobierno afirma que ya ha comenzado el proceso de enmienda de la Ley sobre el Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños. La Comisión confía en que se adopten, en un futuro próximo, las enmiendas relativas a la elevación de la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años. En ese sentido, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio, que dispone que todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente. La Comisión agradecería que el Gobierno considerara la posibilidad de enviar a la Oficina una declaración de esta naturaleza, en caso de que se hubiera introducido alguna enmienda a la legislación nacional para la elevación de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 16 años.

Artículo 2, 3).  Escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual el Gabinete de Ministros aprobó el memorando presentado por el Ministerio de Educación en el que elevaba la edad límite superior de la educación obligatoria de los 14 a los 16 años y se presentaron las enmiendas correspondientes al Fiscal General para su aprobación.

La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se adoptó el reglamento núm. 1, de 2015, sobre la asistencia obligatoria de los niños a la escuela y se prevé la educación obligatoria de los 5 a los 16 años de edad. Sin embargo, la Comisión señala que, si la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo es inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria, es posible que los niños se vean animados a abandonar los estudios, ya que los menores obligados a asistir a la escuela también pueden trabajar legalmente (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 370). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para elevar la edad mínima general, a efectos de vincularla con la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, de conformidad con el Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno, según la cual el Departamento de Trabajo (DoL) no escatima ningún esfuerzo en la aplicación de la ley contra el trabajo infantil, no habiéndose observado en la economía formal ninguna incidencia del trabajo infantil. La Comisión tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual uno de sus distritos llamado Ratnapura, está previsto que se convierta en una zona libre de trabajo infantil en 2015, y el Gobierno está tratando de ampliar este concepto también a otros distritos. Según la memoria del Gobierno, el principal aspecto de este concepto es que cuenta con el apoyo de todos los programas gubernamentales relacionados con la educación, la formación profesional, el alivio de la pobreza y otros regímenes de bienestar social, así como el apoyo del sector privado y de organizaciones no gubernamentales, en la eliminación del trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión tomó nota de los comentarios formulados por la Federación Nacional de Sindicatos (NTUF), según los cuales el número de niños empleados estaba mucho más elevado que el indicado por el Gobierno, dado que la mayoría de los niños están empleados como trabajadores domésticos donde no tienen acceso las personas externas.

La Comisión toma nota de que, según la encuesta de actividades infantiles 2015-2016, la población infantil total de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, ocupados en el trabajo infantil, descendió del 2,5 por ciento en 2009, al 2,3 por ciento, el 0,9 por ciento de los cuales está ocupado en trabajos peligrosos (frente al 1,5 por ciento de 2009). La Comisión toma nota de que el 66,7 por ciento de los niños que trabajan son varones, el 33,3 por ciento son niñas y el 73 por ciento se encuentra en el grupo de edad comprendido entre los 15 y los 17 años. Cerca del 59,3 por ciento está ocupado en trabajos familiares sin remuneración (en comparación con el 80,8 por ciento de 2009); el 36,2 por ciento está empleado el 4,6 por ciento trabaja por cuenta propia.

La Comisión toma nota asimismo de la declaración del Gobierno, según la cual fue un éxito la implementación de la zona libre de trabajo infantil en el distrito de Ratnapura, reproduciéndose en la actualidad en otros distritos. Uno de los resultados más importantes del programa es que establece un sistema mediante el cual se adoptan medidas inmediatas cada vez que se notifican los casos de trabajo infantil. El Gobierno indica que la detección de trabajo infantil se incluye en las inspecciones generales de la inspección del trabajo. En consecuencia, se recibieron 147 casos, 54 de los cuales fueron desestimados y 93 están siendo investigados. Se presentaron tres casos al Tribunal de Magistrados, habiéndose concluido un caso con sanciones impuestas. El Gobierno también indica que se preparó una política nacional de eliminación del trabajo infantil, que espera su adopción por el Gabinete de Ministros. Por último, se aplica en la actualidad, con el apoyo de la OIT, el «Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour» (CLEAR). Tomando debida nota del descenso del trabajo infantil en el país, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar la progresiva abolición del trabajo infantil y a que comunique información sobre los resultados obtenidos a través de la implementación de su Zona Libre de Trabajo Infantil en todos sus distritos, la política nacional sobre eliminación del trabajo infantil y la participación del CLEAR. Tomando nota de que el trabajo infantil en el país se da sobre todo en el sector informal, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo para mejorar el seguimiento de los niños que trabajan en el sector informal, incluidos los trabajadores domésticos. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluida la información de la inspección del trabajo sobre el número y la naturaleza de las infracciones registradas, las violaciones detectadas y las sanciones impuestas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión tomó nota anteriormente de que los artículos 360A, 360B y 288A del Código Penal, en su forma enmendada, prohíben una amplia gama de actividades relacionadas con la prostitución, incluida la prohibición de la utilización, reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la prostitución. La Comisión también tomó nota de la elevada incidencia de explotación de aproximadamente 40 000 niños en la prostitución, la no disponibilidad de datos generales sobre la explotación sexual infantil y no haberse establecido un organismo central que supervise la investigación y el enjuiciamiento de los casos de explotación sexual infantil. En un esfuerzo para solucionar esas cuestiones, el Gobierno señaló que se tomaron varias iniciativas y medidas contra la explotación sexual de los niños y del establecimiento de un servicio de policía para la mujer y el niño en el ámbito del distrito, constituido por oficiales de policía especialmente formados para abordar los casos de explotación sexual infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que, en 2015, se notificaron nueve casos y siete condenas de explotación sexual de niños con fines comerciales; y que en 2016, se notificaron cuatro casos y una condena. La Comisión toma nota con preocupación del escaso número de condenas teniendo en cuenta la elevada incidencia de la explotación de niños en la prostitución. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que los autores sean llevados ante la justicia, que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de las personas que cometen este delito, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. Solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de enjuiciamientos, condenas y sanciones que se imponen a los delincuentes en los casos relacionados con la explotación sexual comercial de niños.

Apartado d) y artículo 4, 1).  Trabajo peligroso. El Gobierno señaló con anterioridad de que se llevaban a cabo anualmente alrededor de 65 000 inspecciones del trabajo y que no se detectaron casos de trabajo peligroso de los niños en la economía formal. No obstante, la Comisión observó que, según una encuesta de actividad del niño, de una población infantil de 107 259 niños que, según se informa, están ocupados en trabajo infantil, 63 916 niños (1,5 por ciento) de entre 5 a 17 años de edad, realizan trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual a fin de proteger a los niños del trabajo peligroso en sus diversas formas, se han efectuado actividades de promoción destinadas a padres y empleadores. Además, observa que, según los resultados de la Encuesta de actividad del niño, de 2015-2016, el 2,3 por ciento de los niños entre las edades de 5 y 17 años están ocupados en trabajo infantil, de los cuales el 0,9 por ciento realiza un trabajo peligroso (una disminución con respecto al 1,5 por ciento registrado en 2008). Sin embargo, el Gobierno indica que se planificaron y llevaron a cabo inspecciones laborales en lugares de trabajo en los que se realizan trabajos peligrosos (388 inspecciones en 2016) y que esas inspecciones no detectaron casos de trabajo infantil en la economía formal. El Gobierno indica también que el Comisionado General del Trabajo ha designado una comisión para revisar, de conformidad con las normas internacionales, la lista de trabajos peligrosos. Asimismo, toma nota de que en el Programa de Trabajo Decente con la OIT de Sri Lanka (PTDP 2013-2017) se incluyen, entre otras prioridades, la reducción de las peores formas de trabajo infantil (resultado 3.2). En el marco del PTDP 2013-2017, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y el Niño colaboró con el Equipo de Trabajo Decente de la OIT para ejecutar cinco programas de sensibilización acerca de las formas peligrosas de trabajo infantil, destinados a escolares, directores de escuela, maestros y padres. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar la protección de los niños de los trabajos peligrosos, incluso en el sector de la economía informal y que comunique información sobre las medidas adoptadas en este sentido y sobre los resultados obtenidos. Además, pide al Gobierno que comunique información sobre la adopción de la nueva lista de trabajos peligrosos y que proporcione una copia una vez que ésta haya sido adoptada.

Artículo 6.  Programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Explotación sexual comercial de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de que Sri Lanka sigue siendo un destino habitual para el turismo sexual infantil, con un elevado número de niños explotados sexualmente por turistas. La Comisión tomó nota de que, según el documento titulado «Hoja de ruta de Sri Lanka de 2016 sobre las peores formas de trabajo infantil: del compromiso a la acción», una de las estrategias de la Hoja de ruta de 2016 es la promoción de un turismo seguro para los niños. El documento también indica que el Marco de Desarrollo con Perspectiva Decenal 2006-2016, Mahinda Chintana, que aborda de manera rigurosa muchas de las causas profundas del trabajo infantil, tiene la finalidad de reforzar la seguridad contra los delitos vinculados al turismo, incluida la lucha contra el turismo sexual infantil, mediante programas de vigilancia policial estricta y de sensibilización. Sin embargo, la Comisión tomó nota del mismo documento, según el cual el fenómeno del «chico de la playa», junto con la cuestión de la pedofilia, se conocen desde hace ya mucho tiempo a lo largo de la franja costera sudoccidental de Sri Lanka. La Comisión tomó nota asimismo de los comentarios formulados por la Federación Nacional de Sindicatos (NTUF), según la cual la explotación sexual comercial de niños tiene lugar, sobre todo en los balnearios de la costa y, debido a la naturaleza muy reservada de estos delitos, disminuyen las denuncias al respecto u obstaculiza que los hechos salgan a la luz.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala la ejecución de los programas de sensibilización entre el público y los turistas en sectores turísticos a fin de promover un turismo no perjudicial para los niños. En este sentido, se impartió formación a 360 empleados de hoteles a los fines de su sensibilización para la protección de los niños. La Comisión alienta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para combatir el turismo sexual infantil. Al tomar nota de la falta de información comunicada en este sentido, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de las estrategias de la Hoja de ruta de 2016 en la promoción de un turismo no perjudicial para los niños, así como las medidas adoptadas en el marco del plan Mahinda Chintana para combatir el turismo sexual infantil.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sudán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el marco del proyecto TACKLE (combatir el trabajo infantil mediante la educación), la unidad de trabajo infantil está tomando la iniciativa en el desarrollo de la lista de los tipos de trabajo peligrosos. En enero de 2012, el Comité directivo nacional aprobó una lista de actividades peligrosas y se espera para esa lista un decreto ministerial.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se enviará a la Comisión una copia de la lista de actividades peligrosas, en cuanto se haya adoptado. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o trabajo peligrosos serán determinados por la legislación o la reglamentación nacional, o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Tomando nota de que el Gobierno ha venido refiriéndose, desde 2006, a la adopción de la lista de actividades peligrosas, la Comisión insta al Gobierno a que adopte sin retrasos las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro muy próximo, de las disposiciones legales que determinan los tipos de trabajo peligrosos que han de prohibirse a las personas menores de 18 años de edad. También solicita al Gobierno que transmita una copia de la lista, en cuanto se haya adoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3 y 7, 1), del Convenio. Peores formas del trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud. 1. Secuestros e imposición de trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las diversas disposiciones jurídicas de la legislación sudanesa que prohíben el trabajo forzoso de niños (y secuestros a ese fin), incluidos el artículo 30, 1), de la Constitución de 2005, el artículo 32 de la Ley del Niño de 2004 y el artículo 312 del Código Penal. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de los alegatos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en relación con casos de secuestro de mujeres y niños por parte de la milicia Janjaweed. Asimismo, la Comisión tomó nota de que en diversos informes de órganos de las Naciones Unidas, tales como el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, se han señalado casos de secuestros de niños con fines de explotación laboral en Abyei, Nilo Azul y Kordofan del Sur.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se han creado tribunales especiales para eliminar la práctica de los secuestros y que se proporciona apoyo psicológico y social, educación, oportunidades de trabajo y formación profesional a los niños que han sido víctimas de secuestro. Asimismo, se proporcionó formación a 78 especialistas de los ministerios de asuntos sociales, educación y otros interlocutores que trabajan en la rehabilitación psicológica y social, y la sociedad participa en el proceso de reintegración y rehabilitación.

En lo que respecta a las sanciones impuestas a los infractores que secuestran a niños para obligarles a realizar trabajo forzoso, la Comisión también toma nota de que en su memoria con arreglo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), el Gobierno indica que entre los procedimientos incoados por el Fiscal Especial para Darfur, ninguno está relacionado con casos de secuestro con fines de trabajo forzoso. La Comisión también toma nota de que según el informe de 2016 sobre los niños y los conflictos armados del Secretario General de las Naciones Unidas (documento A/70/836-S/2016/360, párrafo 147), si bien la impunidad por las violaciones graves sigue siendo un motivo de preocupación, se observaron avances como, por ejemplo, las detenciones por casos de violencia sexual y muerte y mutilación de niños. El Secretario General exhortó al Gobierno a velar por que se exija la rendición de cuentas por todas las violaciones graves. La Comisión insta firmemente al Gobierno a continuar intensificando sus esfuerzos para erradicar los secuestros y la imposición de trabajo forzoso a los menores de 18 años, y le pide que transmita información sobre las medidas efectivas y en un plazo determinado adoptadas a este fin. La Comisión también insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas con carácter inmediato para garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos eficaces de los infractores y que en la práctica se les imponen sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique si el Comité para la Erradicación del Secuestro de Mujeres y Niños (CEAWC), mencionado en sus memorias anteriores, sigue siendo operativo, y que transmita información sobre las actividades que actualmente está llevando a cabo.

2.  Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de que hay niños que están siendo reclutados y forzados a unirse a los grupos armados ilegales o a las fuerzas armadas nacionales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación, incluidas la Ley del Niño, la Ley sobre la Policía, y la Ley sobre la Administración Pública, especifica que ningún menor de 18 años será reclutado en las fuerzas armadas, y prevé la imposición de sanciones en caso de reclutamiento. El Gobierno señala también que se organizó una campaña nacional para apoyar los derechos de los niños, llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Infancia. A nivel nacional se llevaron a cabo diferentes talleres y simposios, además de la preparación y distribución de pósteres de sensibilización y orientación en apoyo de las cuestiones en materia de protección de los niños, y se prestó especial atención a la cuestión del reclutamiento de niños en las fuerzas armadas. Además, el Consejo Nacional para la Infancia, en colaboración con la Unidad de Derechos de los Niños del Ministerio de Defensa, llevó a cabo una serie de cursos de formación para los oficiales y otros miembros de las fuerzas armadas sobre los derechos de los niños y la protección en conflictos armados, además de cursos de formación sobre los derechos de los niños y la protección transfronteriza.

No obstante, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 2014, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación por los informes que indican que sigue habiendo casos de niños reclutados y utilizados en conflictos armados, y por la insuficiencia de los esfuerzos realizados para controlar esta práctica. El Comité de Derechos Humanos también recomendó que el país redoble sus esfuerzos para detectar y erradicar el reclutamiento y el uso de niños soldados, así como para asegurar sin demora su desarme, desmovilización y reintegración. Por último, el Comité recomendó que los presuntos autores sean llevados ante la justicia y se les castigue debidamente si son declarados culpables (documento CCPR/CSDN/CO/4, párrafo 24). Asimismo, la Comisión observa que, en su informe de 2016 sobre los niños y los conflictos armados del Secretario General de las Naciones Unidas (documento A/70/836-S/2016/360, párrafos 133, 134, 139 y 146), en el período comprendido entre enero y diciembre de 2015 se documentaron cuatro casos de niños reclutados y utilizados por las fuerzas armadas sudanesas. Dos niños fueron reclutados por el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N) en asentamientos de refugiados ubicados en el Sudán del Sur, y también se documentaron 28 incidentes de muerte y mutilación, de los que fueron víctimas 43 y 38 niños, respectivamente. Asimismo, se documentó el secuestro de ocho niños, cinco de ellos en Abyei. Los niños fueron liberados y se reunieron con sus familias gracias a la mediación de las Naciones Unidas. Además, el equipo de tareas sobre vigilancia y presentación de informes en el país verificó que las fuerzas armadas sudanesas reclutaron a cuatro niños varones en Darfur Occidental, entre ellos un niño que, según se informa, participó en los combates que tuvieron lugar entre la facción Abbas del Movimiento por la Justicia y la Igualdad y las fuerzas armadas sudanesas. El Secretario General de las Naciones Unidas también señaló que la Representante Especial para la cuestión de los niños y los conflictos armados, durante su visita de marzo de 2016, estuvo en contacto con 21 niños que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad mantenía detenidos desde abril y agosto de 2015. Al parecer los niños habían sido reclutados en Kordofan del Sur y Sudán del Sur y utilizados en combate en Darfur y Sudán del Sur. La Represente Especial abogó por que los niños pudieran mantener más contacto con las Naciones Unidas y porque fueran liberados y pudieran volver a reunirse con sus familias. Por último, la Representante Especial destacó que en marzo de 2016 el Sudán firmó un Plan de acción para poner fin y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad. Tomando nota de ciertas medidas adoptadas por el Gobierno para sensibilizar sobre la cuestión de los niños y el conflicto armado, la Comisión expresa profunda preocupación por la persistencia de esta práctica, especialmente debido a que conduce a otras violaciones de los derechos de los niños en forma de secuestros, asesinatos y mutilaciones. A este respecto, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y efectivas, en colaboración con los órganos de las Naciones Unidas que trabajan en el país, para acabar en la práctica con el reclutamiento obligatorio de niños para que los grupos armados y las fuerzas armadas los usen en el conflicto armado. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el Plan de acción para poner fin y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad firmado en 2016 con las Naciones Unidas se aplicará rápida y efectivamente.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e integración social. Niños soldados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que se había establecido la Unidad de Niños Soldados para mejorar la situación de los niños vinculados con las fuerzas armadas. Sus esfuerzos habían dado como resultado la desmovilización y reintegración de un número considerable de niños en el Sudán. La Unidad había establecido una base de datos de niños soldados con información relacionada con su registro, reintegración y seguimiento. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno había tenido ciertas dificultades para financiar la Unidad de Niños Soldados.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Comisión de Desarme, Desmovilización y Reintegración ha adoptado el concepto de plena reintegración de los niños que fueron reclutados por grupos y movimientos armados, basado en el trabajo social. La Comisión lleva a cabo su labor en todas las regiones del país donde hay «niños vagabundos», a saber, en el Nilo Azul, Al Qadarif, Kassala, Port Sudán y Al-Junaynah. Esta labor consiste en proporcionar apoyo moral y psicológico así como en sensibilizar sobre el impacto del reclutamiento a los grupos de niños, y también en proporcionar servicios a los niños en zonas de conflicto y situaciones de emergencia. A este respecto, en 2015, se inició el Programa de normas mínimas sobre la protección de niños en situaciones de crisis y emergencia. La Comisión insta al Gobierno a continuar tomando medidas efectivas y en un plazo determinado para librar a los niños del conflicto armado y garantizar su rehabilitación e integración social. Asimismo, pide al Gobierno que indique si la Unidad de Niños Soldados sigue estando en funcionamiento y que proporcione información sobre sus actividades recientes. Por último, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de niños soldados liberados de las fuerzas y grupos armados y reintegrados a través de las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Desarme, Desmovilización y Reintegración.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Swazilandia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. La Comisión tomó nota anteriormente de los alegatos realizados por la Federación de los Sindicatos de Swazilandia (SFTU) en relación al hecho de que no existiera una política nacional o un programa de acción para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y de que el Gobierno no tuviera voluntad política para abordar los asuntos legislativos y las cuestiones políticas relacionadas con el trabajo infantil. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el Consejo Consultivo del Trabajo (LAB) había finalizado la nueva redacción del proyecto de ley de empleo y del Programa de acción nacional sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (NAP-WFCL), y que ambos textos se presentarían próximamente al Consejo de Ministros para su adopción y publicación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la adopción del NAP-WFCL y del proyecto de ley de empleo se retrasó de 2013 a 2015 debido al hecho de que no estaban funcionando las estructuras tripartitas del país, incluido el LAB. En 2015 volvieron a establecerse de nuevo las estructuras tripartitas, lo que llevó a la adopción del NAP-WFCL por parte del LAB. En lo que se refiere al proyecto de ley de empleo, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de la OIT para la redacción del texto antes de tramitarlo por vía legislativa. No obstante, la revisión de la Ley de Empleo fue aplazada por el Gobierno porque había otras leyes que requerían ser modificadas con carácter prioritario, tales como la Ley de la Función Pública, la Ley de Terrorismo y la Ley de Orden Público. El Gobierno señala que cuando la consultaría haya concluido su examen definitivo, el proyecto de ley de empleo se remitirá al Fiscal General para su posterior tramitación correspondiente. Tomando nota de que el Gobierno se ha estado refiriendo al proyecto de ley de empleo desde hace varios años, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que será adoptado sin dilación, teniendo en cuenta los comentarios formulados por la Comisión, y pide al Gobierno que comunique una copia de la ley de empleo cuando haya sido promulgada. La Comisión pide, asimismo, al Gobierno que transmita una copia del NAP-WFCL así como información sobre su impacto en la eliminación del trabajo infantil.

Artículo 2, 1).  Ámbito de aplicación. Economía informal, incluidas las empresas familiares. La Comisión observó anteriormente que, en la práctica, los niños parecen ser utilizados para trabajo infantil en una amplia gama de actividades de la economía informal. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 2 de la ley de empleo, el trabajo doméstico, las empresas agrícolas y las empresas familiares no están incluidas en la definición de «empresas», en consecuencia, no están cubiertas por las disposiciones relativas a la edad mínima del artículo 97. A pesar de que la Comisión observó que el texto del proyecto de ley excluye también a las empresas familiares de las disposiciones en materia de edad mínima, tomó nota de que el Gobierno indica que, cuando el proyecto de ley de empleo sea adoptado y promulgado, incluirá a todos los trabajadores, también a los de la economía informal, a fin de estar en consonancia con lo dispuesto en el Convenio. Además, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno de que, con la asistencia técnica de la OIT, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha venido formando a inspectores del trabajo en materia de trabajo infantil y detección del trabajo infantil en todos los sectores de la economía.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que seguirá adaptando y fortaleciendo la inspección del trabajo a fin de mejorar su capacidad para detectar casos de trabajo infantil en la economía informal y garantizar la aplicación efectiva del Convenio. Además, la Comisión señala que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha investigado, tramitado y resuelto los casos de trabajo infantil. La Comisión toma nota también de la información del Gobierno de que la OIT prestó asistencia técnica para aumentar la capacidad de los inspectores del trabajo en cuestiones relativas al trabajo infantil mediante formación, lo que cubrió aproximadamente el 50 por ciento de los inspectores del trabajo.

No obstante, el Gobierno señala que desde entonces se ha empleado a nuevos inspectores que también requieren dicha formación. Además, la Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, debido al reducido número de inspectores del trabajo, los servicios de la Inspección del Trabajo no han podido llevar a cabo su labor en el sector informal de la economía, donde el trabajo infantil es muy común. La Comisión toma nota de que, en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Gobierno comparte estadísticas sobre el número de inspecciones efectuadas, infracciones detectadas y sanciones aplicadas en 2016. A pesar de que el Gobierno no ofrece ninguna información relativa a infracciones en materia de trabajo infantil, la Comisión observa que se han realizado 2 596 inspecciones durante las cuales se detectaron 76 infracciones sin que se haya impuesto sanción alguna, lo que significa que no se han impuesto sanciones por ninguna infracción de las disposiciones de la legislación que prohíben el trabajo infantil.

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión subraya la importancia de garantizar que el sistema de inspección del trabajo controle efectivamente a los niños que trabajan en todas las esferas y sectores (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 407). Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a fortalecer la adopción de las medidas necesarias para adaptar y consolidar la inspección del trabajo con el fin de mejorar la capacidad de los inspectores para detectar los casos de trabajo infantil en la economía informal, de modo que se garantice que la protección prevista en el Convenio se otorga efectivamente a todos los niños trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2, 3).  Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señala que ha promulgado la Ley sobre la Educación Primaria Gratuita, de 2010, que contiene disposiciones que requieren que los padres envíen a sus hijos a la escuela hasta que éstos finalicen el ciclo de enseñanza primaria. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que la escolaridad obligatoria termina a los 12 años, mientras que la edad mínima de admisión al empleo es de 15 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tomó debida nota de la petición de la propia Comisión para que ampliase la educación obligatoria hasta los 15 años, y que ha ampliado la educación gratuita a toda la enseñanza primaria. No obstante, la Comisión subraya que el artículo 2, 3), del Convenio exige que la edad mínima fijada de admisión al empleo o al trabajo, que es de 15 años en Swazilandia, no sea inferior a la edad en que cesa la escolaridad obligatoria. En relación al Estudio General de 2012 (párrafo 369), la Comisión reitera que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para luchar contra el trabajo infantil. Así destaca la importancia de adoptar una legislación que prevea la obligatoriedad de la educación hasta la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, ya que en ausencia de disposiciones jurídicas que establezcan dicha obligatoriedad, hay más probabilidades de que los niños de edades inferiores a la edad mínima sean ocupados en alguna forma de trabajo infantil. Teniendo en cuenta que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más efectivos para combatir el trabajo infantil, la Comisión urge una vez más de nuevo al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para hacer la educación obligatoria (y no sólo gratuita) para los estudiantes de la enseñanza primaria y del nivel inferior de la enseñanza secundaria, hasta la edad mínima de admisión al empleo, que en Swazilandia es de 15 años.

Artículo 3, 2).  Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual, con la adopción de la ley de empleo, se tomarían medidas en consulta con los interlocutores sociales para elaborar una lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños y adolescentes, tal como se prevé en el artículo 10, 2), del proyecto de ley de empleo. La Comisión recordó al Gobierno que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a niños menores de 18 años de edad serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el Comité de Trabajo Infantil, formado por múltiples partes interesadas, inició conversaciones para determinar la lista de trabajos peligrosos y que esta lista se enviará al LAB para su examen antes de ser remitido al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la adopción de la lista de trabajos peligrosos depende ahora del procedimiento de promulgación de la ley de empleo, y que mantendrá informada a la Comisión de la evolución legislativa a este respecto. Por consiguiente, la Comisión pide una vez al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la determinación de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años, y que esta lista se adoptará en un futuro próximo. Pide al Gobierno que tramita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7.  Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota de que el 9,3 por ciento de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años estaban ocupados en trabajo infantil en Swazilandia. La Comisión tomó nota de que el proyecto de ley de empleo no parecería fijar una edad mínima para los trabajos ligeros, incluidos los trabajos realizados en empresas familiares. Tomando nota de que la legislación nacional no regulaba el trabajo ligero y que un número significativo de niños por debajo de la edad mínima están ocupados en el trabajo infantil, la Comisión pidió al Gobierno que contemplara la posibilidad de adoptar medidas para reglamentar y determinar los trabajos ligeros realizados por niños de entre 13 y 15 años de edad, de acuerdo con el artículo 7 del Convenio.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que se ha incluido una disposición sobre trabajo ligero en el proyecto de ley, dentro del capítulo sobre prohibición del trabajo infantil y empleo de los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en la adopción de la ley de empleo, incluidas las disposiciones que regulan el trabajo ligero, de conformidad con el artículo 7 del Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de la información del Gobierno, según la cual debido a la escasez de recursos no estaba funcionando el sistema de gestión de la inspección del trabajo, y los datos se estaban recopilando todavía a mano. No obstante, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que se está realizando la encuesta sobre la fuerza de trabajo y que en ella se incluyen cuestiones sobre el empleo de niños. Además, el Gobierno señala que la Oficina Central de Estadística está siendo asesorada por la OIT con el fin de realizar una encuesta exhaustiva sobre trabajo infantil.

La Comisión toma nota con preocupación de la información del Gobierno de que no cuenta con estadísticas en materia de trabajo infantil porque la Encuesta integrada sobre la fuerza de trabajo 2013-2014 no cubría cuestiones relativas al empleo de niños. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las estadísticas en materia de empleo infantil sean incluidas en futuras encuestas. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que se pone a disposición suficiente información estadística actualizada sobre la situación de los niños que trabajan en Swazilandia, incluyendo por ejemplo datos sobre el número de niños y jóvenes por debajo de la edad mínima que están ocupados en actividades económicas, así como estadísticas relativas a la naturaleza, alcance y tendencias de su trabajo.

Tailandia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2004)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional, inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión señaló anteriormente que el trabajo infantil es un problema en el país y que, en las áreas rurales, los niños trabajan en plantaciones de caña de azúcar, yuca y maíz, así como en arrozales. Los niños también están empleados en la pesca, en la cría de langostinos y en el sector de procesamiento de alimentos marinos bajo condiciones que, con frecuencia, son peligrosas. En las áreas urbanas, los niños trabajan en sectores como la restauración, los mercados, las ventas ambulantes, la construcción y el entretenimiento. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que ha continuado aplicando medidas de prevención para abordar el trabajo infantil, incluida la creación de una red sobre el trabajo infantil, así como de la Comisión Nacional sobre las peores formas de trabajo infantil, presidida por el Primer Ministro, cuyo objetivo es eliminar el trabajo infantil adoptando medidas y políticas eficaces. Sin embargo, la Comisión señaló que, con frecuencia, la inspección del trabajo no logra detectar los casos de niños que realizan trabajos peligrosos, a pesar de las indicaciones de la existencia de dichos casos.

La Comisión observa que en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo, a través del Departamento de Protección y Bienestar de los Trabajadores (DLPW) realizó una serie de sesiones de formación para mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo. El Gobierno declara también que cada año se establece un plan regular para la inspección del trabajo que se centra en el trabajo infantil en industrias como el procesamiento del camarón, la caña de azúcar y la confección, así como en las pequeñas empresas o los establecimientos clandestinos de aldeas o comunidades «lejanas». Además, la Comisión observa que, según el informe de país de Tailandia sobre la estrategia para luchar contra la trata de personas (Thailand’s Anti-Trafficking Country Report) (1.º de enero a 31 de diciembre de 2016) presentado al programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, una política y un plan nacionales para eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015-2020 (NPP-WFCL II) exponen las maneras en que se pueden erradicar estas últimas de forma efectiva y con éxito. En este marco, el Ministerio de Trabajo (MOL) inició su colaboración con la OIT y la Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia (NSO) en un proyecto de veintiún meses para llevar a cabo el Estudio nacional sobre el trabajo infantil, en Tailandia, de 2017. En ese mismo informe se señala que, según las estimaciones del MOL recopiladas en cooperación con la NSO, en diciembre de 2015, había un total estimado de 10,88 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, de los cuales el 6,4 por ciento trabajaban (692 819) y el 2,9 por ciento estaban «en situación de trabajo infantil» (aproximadamente 315 520).

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el informe de país para Tailandia sobre la trata de personas también indica que durante 2016, el DPLW identificó sólo 51 casos de trabajo infantil, de los cuales 23 casos involucraban a niños menores de 15 años de edad y 28 casos implicaban a niños de entre 15 y 18 años de edad. Trece casos han sido juzgados y sancionados con multas que totalizan 582 000 bahts tailandeses, 16 629 dólares de los Estados Unidos. La Comisión observa con preocupación que el número de casos de trabajo infantil detectados por el DPLW es extremadamente bajo comparado con el número de niños que puede considerarse que están ocupados en el trabajo infantil. Por consiguiente, al tiempo que toma debida nota de las medidas adoptadas, la Comisión pide al Gobierno que prosiga e intensifique sus esfuerzos para identificar y combatir el trabajo infantil, en particular mediante el NPP-WFCL II. Pide al Gobierno una vez más que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo y de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, y del sistema de vigilancia del trabajo infantil a este respecto, y que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas y de las penas aplicadas en los casos de trabajo infantil, en particular, la detección en las plantaciones agrícolas, en las pesquerías, restaurantes, mercados, sitios de construcción y otros sectores de ocupación donde un número importante de niños trabajan. Finalmente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione los resultados del Estudio nacional sobre el trabajo infantil de 2017.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2004)

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de que, con arreglo al artículo 76, 1), de la Ley de Educación de 1966, la edad de escolarización obligatoria comprendía entre los 6 y los 12 años. La Comisión hizo hincapié en la conveniencia de vincular la edad de finalización de la escolaridad obligatoria con la edad de admisión al empleo (16 años). Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que a través del proyecto de ley de la infancia se pretendía enmendar el artículo 76, 1), de la Ley de Educación a fin de establecer la edad de escolarización obligatoria entre los 5 y los 16 años. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indicaba que la Ley de la Infancia, de 2012, incluida esa enmienda, sólo se haría efectiva una vez que se promulgase en la fecha fijada por el Presidente, con arreglo al artículo 1, 2), de la ley.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el anexo 3 de la Ley de la Infancia, de 2012, promulgado el 15 de mayo de 2015, ha enmendado el artículo 76, 1), de la Ley de Educación a fin de elevar hasta los 16 años la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, vinculándola así a la edad de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica del artículo 76, 1), de la Ley de Educación, incluyendo estadísticas actualizadas sobre las tasas de matriculación en la escuela y de abandono de la escuela de los niños menores de 16 años.

Artículo 3, 1) y 2).  Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos trabajos. En lo que respecta a la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, la Comisión se remite a sus comentarios detallados con arreglo al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartados b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas y para la realización de actividades ilícitas. La Comisión había instado al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para velar por la promulgación de la Ley de la Infancia, de 2012, a fin de prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la producción de pornografía o las actuaciones pornográficas y para la producción y tráfico de estupefacientes.

La Comisión toma nota con satisfacción de que la Ley de la Infancia, de 2012, se promulgó el 15 de mayo de 2015. El artículo 40 de esta ley prevé que una persona que facilite o permita que un niño participe en la producción de pornografía, o publique, distribuya, posea, compre o intercambie pornografía infantil, comete un delito que puede ser castigado con una multa de 30 000 dólares de Trinidad y Tabago (aproximadamente 4 400 dólares de los Estados Unidos) y con una pena de prisión de diez años. El artículo 37 de la misma ley prevé que una persona que utiliza a un niño o facilita que un niño sea utilizado como mensajero encargado de vender, comprar o repartir sustancias o drogas peligrosas comete un delito que se puede castigar, en sentencia sumaria, con una multa de 50 000 dólares de Trinidad y Tabago (aproximadamente 7 400 dólares de los Estados Unidos) y con una pena de prisión de diez años o en sentencia condenatoria, una multa de 100 00 dólares de Trinidad y Tabago (aproximadamente 14 800 dólares de los Estados Unidos) y con una pena de prisión de 20 años. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 37 y 40 de la Ley de la Infancia, de 2012, incluida información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas y sanciones penales impuestas.

Artículo 4, 1).  Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno señalaba que se habían iniciado las labores para establecer una lista de ocupaciones peligrosas. Asimismo, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno una delegación gubernamental asistió en octubre de 2011 al Taller subregional de la OIT sobre la erradicación del trabajo infantil peligroso para países seleccionados del Caribe. También tomó nota de que el informe de esta delegación contendría recomendaciones para ayudar a elaborar una lista de ocupaciones consideradas peligrosas.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que reconoce que la lista de ocupaciones peligrosas que se expone en el Convenio núm. 182 requiere consultas con las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, en particular habida cuenta de la reciente promulgación de la Ley de la Infancia, de 2012. A este respecto, continuará trabajando en la elaboración de la lista de ocupaciones peligrosas. Recordando que, con arreglo al artículo 1 del Convenio, todo miembro que ratifique el Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, y tomando nota de que desde 2004 se está trabajando en la lista de ocupaciones consideradas peligrosas para los niños, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción de esta lista en un futuro próximo, previa consulta con los interlocutores sociales. Pide de nuevo al Gobierno que transmita una copia de esta lista una vez que se haya adoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Túnez

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y trabajos peligrosos. Niños trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el número de niños que son víctimas de abusos sexuales en Túnez es elevado, especialmente aquéllos que trabajan como domésticos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual el estudio titulado «Suivi de la situation des enfants et des femmes: enquête par grappes à indicateurs multiples», realizado entre 2011 y 2012, viene a demostrar que entre los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, el 3 por ciento están implicados en un trabajo, esencialmente en trabajos de hogar. La prevalencia de los niños que trabajan, es más elevada en los de más edad, es decir, el 6 por ciento de los niños de 14 años de edad trabaja. La Comisión toma nota asimismo del estudio titulado «Étude sur les enfants travailleurs domestiques en Tunisie» (OIT, 2017). Según este estudio, si bien la ley fija la edad mínima de entrada al mercado de trabajo, en los 16 años (artículo 53 del Código del Trabajo), muchos niños, especialmente las niñas, son explotados económicamente, como trabajadores domésticos en edades inferiores a los 16 años. El 100 por ciento de éstos trabaja sin contrato escrito y no tiene ninguna cobertura social. Trabajan cerca de diez horas al día. El volumen diario es de doce horas al día en el caso de alrededor del 20 por ciento de niñas, superando las trece horas en el caso de alrededor del 14 por ciento. Cuanto más jóvenes son las niñas, más tienen que trabajar por períodos que pueden superar las diez horas al día. Una tercera parte de las niñas menores de 12 años de edad, y la mitad (52,1 por ciento) de éstas, con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, afirman haber trabajado durante más de diez horas al día, al tiempo que cerca del 75 por ciento de las niñas mayores de 16 años declara trabajar menos de diez horas al día (pág. 47). El estudio destaca que estas horas de trabajo extensivas de las niñas trabajadoras domésticas, es una práctica análoga a la explotación infantil, y no constituye un episodio breve de sus vidas. Los niños entrevistados pasan un promedio de más de dos años con el mismo empleador. Para algunos, esta explotación puede durar hasta ocho años (pág. 48). El estudio muestra, además, que los niños trabajadores domésticos son víctimas de problemas de salud vinculados con la dureza y las largas horas de trabajo, y con los eventuales peligros a los que están expuestos los niños en la ejecución de diferentes tareas del hogar y otros en el domicilio del empleador (pág. 96). Por último, el estudio subraya que la ausencia de una estrategia clara de lucha contra el trabajo doméstico infantil en Túnez, así como los obstáculos de índole jurídica, vinculados esencialmente con el acceso al lugar de trabajo de los niños, que frenan sus acciones (pág. 70).

La Comisión expresa su profunda preocupación ante la explotación del trabajo doméstico de los niños menores de 18 años, ejercido en condiciones peligrosas que podría conducir a situaciones relacionadas con el trabajo forzoso. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el trabajo doméstico realizado por niños que trabajan en condiciones relacionadas con el trabajo forzoso o ejercido en condiciones especialmente difíciles y peligrosas, constituye, en virtud del artículo 3, a) y d), del Convenio, una de las peores formas de trabajo infantil y debe eliminarse con carácter de urgencia. Al respecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno que se sirva adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar la protección completa de los niños menores de 18 años contra la explotación en trabajos domésticos, en condiciones peligrosas o en condiciones de trabajo forzoso. Pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas concretas establecidas para corregir la situación de los niños trabajadores domésticos, especialmente como seguimiento de las recomendaciones del mencionado estudio de 2017, y sobre los resultados obtenidos en este marco.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Turquía

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional establecida para garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil. La Comisión había tomado nota de que la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS) indicó que en Turquía el trabajo infantil se realiza en el sector informal urbano, el servicio doméstico y los trabajos agrícolas estacionales. Asimismo, la Comisión tomó nota de que una encuesta sobre la mano de obra infantil, realizada en 2012 por el Instituto Turco de Estadística, puso de manifiesto un aumento del número de niños de entre 6 y 14 años que trabajan e indicó que 2,5 por ciento de los niños de dicho grupo etario trabajaban. La Comisión pidió al Gobierno que continuara transmitiendo información estadística sobre el número de niños que trabajan en el país aunque no hayan alcanzado la edad mínima para hacerlo.

La Comisión toma nota de que no se ha transmitido nueva información estadística a este respecto. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que ha finalizado el Marco programático y de política nacional en un plazo determinado para la prevención del trabajo infantil (2005-2015), y que el Gobierno está trabajando para actualizarlo para la segunda fase. Con el objeto de actualizar el documento y preparar un plan adicional de acción, se ha creado un grupo de trabajo, con la participación de instituciones y organizaciones relacionadas, y se espera que los documentos antes mencionados se publiquen en octubre de 2016. La Comisión también toma nota de que, en marzo de 2016, el Ministerio de Educación adoptó la circular núm. 2016/5 «Acceso a la educación de los hijos de los trabajadores agrícolas estacionales y las familias nómadas y seminómadas», con arreglo a la cual se establecen equipos de seguimiento para encontrar a los niños que no pueden continuar su educación y matricularles en la escuela. Si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión también toma nota con preocupación del número de niños que trabajan y no han alcanzado la edad mínima para hacerlo, que es de 15 años. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por la eliminación del trabajo infantil. Asimismo, le pide que indique si se ha adoptado y publicado el Marco programático y de política nacional en un plazo determinado para la prevención del trabajo infantil y su plan adicional de acción, y que transmita información sobre la aplicación en la práctica de la circular núm. 2016/5.

Artículo 8.  Representaciones artísticas. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno señaló que en 2012 se elaboraron proyectos para modificar la Ley del Trabajo en relación con el empleo en representaciones artísticas de niños que no alcanzan la edad mínima para trabajar, con la contribución del Sindicato de Artistas, el Consejo Superior de la Radio y la Televisión, y otras instituciones y organizaciones pertinentes, pero que aún no se habían realizado progresos a este respecto. Por consiguiente, la Comisión expresó la firme esperanza de que se realizarían modificaciones con arreglo al Convenio.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 71 de la Ley del Trabajo fue enmendado por la ley núm. 6645, de 4 de abril de 2015. Con arreglo a esta modificación los niños de menos de 14 años pueden trabajar en actividades artísticas, culturales y en la publicidad si estas actividades no son nocivas para su desarrollo físico, mental, social y moral ni interfieren en la continuación de su educación. Además, para cada actividad se requieren un acuerdo por escrito y un permiso separado. El artículo 71 también prevé que los niños interesados no trabajarán más de cinco horas al día ni de treinta horas a la semana; y que los niños en edad prescolar o que asisten a la escuela no pueden trabajar más de dos horas al día ni de diez horas a la semana, y el trabajo debe realizarse fuera del horario escolar. La Comisión también toma nota de que las cuestiones relacionadas con el permiso de trabajo, las horas de trabajo y de descanso, el entorno y las condiciones de trabajo, y los principios y procedimientos de pago y otras cuestiones relacionadas con los niños que realizan esas actividades se determinarán por grupos de edad y tipos de actividad, para lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promulgará un reglamento de aplicación. Además, se ha previsto un sistema en relación con la concesión de permisos de trabajo y para hacer el seguimiento de los niños interesados. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción del reglamento de aplicación y el establecimiento del sistema de seguimiento.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de la observación de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TİSK), recibida el 28 de octubre de 2016.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota de que, según la indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Turquía es un país de tránsito y destino para la trata de niños, forzados a prostituirse y a la servidumbre por deudas. Asimismo, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno en 2010 había entre 50 y 90 niños víctimas de trata. Dieciséis personas responsables de trata de menores de 18 años de edad fueron condenadas en 2009, y cinco en 2010. La Comisión también tomó nota de que según el Gobierno entre el 1.º de junio de 2011 y el 31 de enero de 2013, 97 extranjeros fueron identificados como víctimas de trata de seres humanos, aunque entre ellos no había niños. Además, el Gobierno indicó que en el marco del segundo Plan nacional de acción para combatir la trata estaba tomando medidas para combatir la trata.

La Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación a que, el 17 de marzo de 2016, entró en vigor el reglamento para combatir la trata de seres humanos y proteger a las víctimas. Con arreglo a este reglamento, se considerará que las víctimas son niños al menos hasta que finalice el examen para determinar si realmente lo son. Además, durante la entrevista con los niños víctimas que se realizará durante el proceso de identificación deberán estar presentes psicólogos o trabajadores sociales. De los niños víctimas se ocupan las unidades pertinentes del Ministerio de Familia y Política Social. El reglamento también prevé el acceso a los servicios educativos, así como un programa de retorno voluntario y seguro. La Comisión también toma nota de que el Gobierno informa de que, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, fueron absueltos 740 de los 1 056 sospechosos juzgados en 238 causas relacionadas con la trata de personas. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los responsables de trata de menores de 18 años de edad son enjuiciados y en la práctica se les imponen sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias, y le pide que provea estadísticas sobre el número de enjuiciamientos comenzados, condenas y sanciones impuestas. También pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos para proporcionar la asistencia directa necesaria y apropiada a los niños víctimas de trata, en particular para su rehabilitación e integración social, y que transmita información sobre los resultados alcanzados.

Artículos 3, d), y 4, 1).  Trabajos peligrosos y categorías excluidas de trabajos. La Comisión había tomado nota de que con arreglo al artículo 4 de la Ley del Trabajo diversas categorías de trabajadores están excluidas de su ámbito de aplicación, incluidos los trabajadores de empresas con menos de 50 empleados del sector agrícola y forestal, las personas que realizan trabajos de construcción en relación con la agricultura dentro de los límites de la economía familiar, y los trabajadores domésticos. La Comisión también tomó nota de que el reglamento sobre los principios y procedimientos en relación con el empleo de niños y jóvenes promulgado en 2013 (reglamento sobre el empleo de niños, 2013) especifica las ocupaciones en las que pueden trabajar los niños, incluidos diez tipos de trabajos ligeros, 27 tipos de trabajos permitidos a los jóvenes de entre 15 y 18 años, y 11 tipos adicionales de trabajos que se permiten a los jóvenes de entre 16 y 18 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley SST), aplicable a todos los trabajadores, incluso a los excluidos de la legislación del trabajo. El artículo 10 de la Ley SST dispone que cuando se realiza una evaluación de los riesgos en un lugar de trabajo debe considerarse la situación de los trabajadores jóvenes.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el reglamento sobre el empleo de niños, 2013, se promulgó sobre la base del artículo 71 de la Ley del Trabajo y que, por consiguiente, no es aplicable al trabajo que no está cubierto por esta ley. El Gobierno también señala que la Ley SST contempla ciertas excepciones en lo que respecta a su ámbito de aplicación, incluidos el servicio doméstico y el trabajo por cuenta propia. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las actividades del servicio doméstico en las que pueden trabajar niños y jóvenes están cubiertas por el Código de Obligaciones núm. 6098, cuyo artículo 417, 2), prevé la obligación de los empleadores de garantizar la seguridad y salud en el trabajo y prohíbe los abusos psicológicos y sexuales. Asimismo, la Comisión toma nota de la observación de la TİSK presentada con arreglo al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) en la que se señala que, según la encuesta sobre el trabajo infantil de 2012, el número de niños empleados en la industria se redujo considerablemente, si bien se registró un importante incremento del número de los que trabajan en la agricultura y los servicios. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 549-557), la Comisión recuerda que los niños que trabajan en ciertos sectores de la economía, en particular en la economía informal, el sector doméstico y el sector agrícola, constituyen grupos de alto riesgo que normalmente se encuentran fuera del alcance normal en los controles de trabajo y son vulnerables a las condiciones peligrosas de trabajo. La Comisión recuerda al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los menores de 18 años sin excepción alguna. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se protege de los trabajos peligrosos a todos los menores de 18 años, incluidos los que trabajan fuera de una relación laboral o no se encuentran dentro del alcance normal de los controles de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas y los resultados alcanzados a este respecto.

Artículos 5 y 7, 2).  Mecanismos de control y medidas efectivas y en un plazo determinado. Niños que trabajan en la producción agrícola estacional de avellanas. La Comisión había tomado nota de que la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS) señaló que hay niños que trabajan en la cosecha de avellanas en muy malas condiciones. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicó que los niños que trabajan en la agricultura son uno de los grupos a los que se dirige el programa de duración determinada para la prevención del trabajo infantil y que estaba aplicando un plan de acción para mantener a los niños fuera de las plantaciones en las provincias en las que se cultivan avellanas. La Comisión también tomó nota de la colaboración del Gobierno con la OIT/IPEC en un proyecto para reducir el trabajo infantil en la agricultura estacional comercial para la producción de avellanas en Ordu.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por la TİSK en relación a que, en 2016, el Ministerio de Educación promulgó la circular Acceso a la educación para los hijos de trabajadores agrícolas estacionales, familias migrantes y semimigrantes, que prevé medidas concretas en lo que respecta a proporcionar educación a los niños de trabajadores migrantes y semimigrantes que trabajan en la agricultura estacional, a fin de protegerlos del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que el proyecto piloto sobre la prevención de las peores formas de trabajo infantil en la producción agrícola estacional de avellanas llevado a cabo en colaboración con la OIT se ha prolongado hasta 2018 cubriendo adicionalmente Akcakoca y Chilimli en la provincia de Duzce y Hendek en la provincia de Sakarya. Se está llevando a cabo otro proyecto piloto para aplicar a título experimental las propuestas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el ámbito de la producción de avellanas en Turquía, en cooperación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) y la OIT, entre otras partes interesadas. Este proyecto se ejecutará durante 28 meses en 1 000 campos de avellanas de las provincias de Ordu, Sakarya y Duzce a fin de prevenir el trabajo infantil en la cadena de producción. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que entre 2013 y 2016 no se llevaron a cabo actividades de inspección del trabajo que cubrieran el trabajo agrícola estacional, en particular las actividades de cosecha de avellanas. Remitiéndose a su Estudio General de 2012 (párrafo 556), la Comisión recuerda que es necesario garantizar una aplicación eficaz de la ley, en particular reforzando la inspección del trabajo, cuando hay niños que realizan trabajos peligrosos en la agricultura. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la capacidad y ampliar la cobertura de la inspección del trabajo en la agricultura. La Comisión también pide al Gobierno que continúe realizando esfuerzos, a través de la aplicación de medidas efectivas y en un plazo determinado, para garantizar que los menores de 18 años no realizan trabajos peligrosos en el sector agrícola, especialmente trabajos agrícolas estacionales en la cosecha de avellanas, y que transmita información sobre los resultados alcanzados.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. Niños sirios refugiados. La Comisión toma nota de que en el comunicado de prensa del UNICEF, de 19 de enero de 2017, se señala que Turquía acoge al mayor número de niños refugiados del mundo, de los cuales más del 40 por ciento (380 000) son niños sirios refugiados que no reciben educación. La Comisión también toma nota de que, según el informe de evaluación de la respuesta de emergencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a la entrada de refugiados sirios en Turquía para el período de enero de 2014 a junio de 2015 (informe de evaluación, documento ES/2016/03), uno de los problemas más graves en materia de protección a los que tienen que hacer frente los niños sirios refugiados, a saber el trabajo infantil, es en parte debido a la falta de educación. Al tiempo que reconoce la difícil situación que atraviesa el país, la Comisión expresa su preocupación por el gran número de niños sirios refugiados que no reciben educación. Habida cuenta de que la educación es uno de los medios más efectivos para impedir que los niños sean víctimas de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para facilitar el acceso de los niños sirios refugiados a la educación básica gratuita.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional para asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta nacional de empleo y actividades de los niños 2011-2012, publicada en julio de 2013, un total de más de 2 millones de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años (aproximadamente el 16 por ciento de todos los niños) estuvieron involucrados en trabajo infantil. Además, unos 507 000 niños entre los 5 y los 17 años realizaron trabajos peligrosos (el 25 por ciento de los niños en trabajo infantil). La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno reconoció el problema del trabajo infantil en el país y sus peligros. La Comisión tomó debida nota de que el Gobierno señala que el Plan nacional de acción para la eliminación de las peores formas del trabajo infantil en Uganda (PNA) fue iniciado en junio de 2012. El PNA consiste en un marco estratégico que sentará las bases para la movilización de los responsables de elaborar políticas y de incrementar la sensibilización a todos los niveles, así como para proporcionar los fundamentos para la movilización de recursos, la presentación de informes, el seguimiento y la evaluación de los resultados y el progreso de las intervenciones destinadas a luchar contra el trabajo infantil. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información detallada sobre la aplicación del PNA y de su impacto sobre la eliminación del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno en su memoria, según la cual el PNA está siendo examinado por el Gobierno con el apoyo de la OIT. La Comisión toma nota, asimismo de que, según la oficina exterior del Programa OIT/IPEC, un total de 335 niños (156 niñas y 179 niños) han sido retirados del trabajo infantil y se les ha facilitado formación sobre competencias y medios de subsistencia. Además, el Foro de interlocutores sociales para el desarrollo de la educación, el Foro de interlocutores sociales para frenar el trabajo infantil y otros foros nacionales dentro de los sectores de la educación y el desarrollo social han promovido el programa de lucha contra el trabajo infantil. La Comisión toma nota, por último, de que del Informe anual del UNICEF 2016 sobre Uganda se desprende que 7 226 niños entre 5 y 17 años fueron retirados del trabajo infantil (pág. 28). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión debe expresar su preocupación por el número de niños que están involucrados en trabajo infantil en el país, incluido el trabajo peligroso. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para garantizar la eliminación efectiva del trabajo infantil, especialmente en el trabajo peligroso. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre la aplicación del PNA revisado sobre eliminación del trabajo infantil en cuanto haya sido adoptado. Pide, asimismo, al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular estadísticas sobre el empleo de niños menores de 14 años de edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se prohíba el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años, que se tipifique como delito la utilización de niños y niñas menores de 18 años con fines de prostitución, y que se garantice que estos menores de 18 años utilizados, reclutados u ofrecidos con fines de prostitución sean tratados como víctimas y no como delincuentes. El director de la Oficina del Fiscal General señaló que se están llevando a cabo iniciativas para modificar la Ley sobre la Infancia, de 2000, a fin de poner sus disposiciones plenamente de conformidad con el Convenio en lo que se refiere a la prohibición, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños con fines de prostitución.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 8A de la Ley de Reforma a la Ley sobre la Infancia, de 2016, establece que no podrá emplearse a ningún niño en un trabajo o actividad que le exponga a actividades de carácter sexual, ya sean remuneradas o no. La Comisión toma nota de que los autores de este tipo de delito serán castigados con una multa no superior a 100 puntos monetarios o a un plazo de prisión no superior a cinco años.

Apartado d).  Tipos peligrosos de trabajo. Niños que trabajan en minas. La Comisión observa que, según el análisis de la situación por el UNICEF, 2015, en la región de Karamoja hay una elevada incidencia de trabajo infantil en actividades mineras en condiciones peligrosas (pág. 13). La Comisión observa asimismo que del informe anual del UNICEF para 2016 se desprende que, en el marco del plan nacional estratégico de asistencia a los niños y — a raíz del apoyo del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social —, 344 niñas y 720 niños fueron librados de las peores formas de trabajo infantil, como es el caso de la minería. Además, la Comisión toma nota de que el artículo 8 de la Ley de Reforma a la Ley sobre la Infancia, de 2016 prohíbe el trabajo peligroso de los niños y que la lista de ocupaciones y actividades peligrosas no autorizadas para el empleo de niños (primer apéndice del reglamento sobre el empleo de niños, de 2012) incluye la prohibición de que los niños trabajen en la minería. La Comisión toma nota con preocupación de la situación de los niños que trabajan en las minas bajo condiciones particularmente peligrosas. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la Ley sobre la Infancia (enmendada), de 2016 y del reglamento sobre el empleo de niños con el fin de evitar que los menores de 18 años de edad trabajen en las minas y de prestarles la asistencia directa, necesaria y adecuada para retirarlos de las mismas.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar y llegar a los niños expuestos a riesgos especiales. 1. Huérfanos y otros niños vulnerables. La Comisión tomó nota anteriormente de la información del Gobierno, según la cual una serie de factores han contribuido al problema del trabajo infantil, tales como la cantidad de huérfanos que causa la pandemia del VIH y el sida. La Comisión tomó nota de que los huérfanos y otros niños vulnerables en Uganda son reconocidos tanto por las políticas en esta materia como por el Plan nacional estratégico sobre los huérfanos y otros niños vulnerables. La Comisión tomó nota asimismo de que las políticas y actividades del Plan nacional de acción (PNA) en 2013-2017 para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en Uganda incluyeron en sus grupos destinatarios a los huérfanos y las personas afectadas por el VIH y el sida. No obstante, observando con preocupación el elevado número de niños huérfanos por causa del VIH y el sida, la Comisión instó al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para garantizar que se proteja a estos niños de las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. La Comisión, no obstante, toma nota de que, según un informe de la Comisión nacional en materia de VIH y sida con el título de Uganda país afectado por el VIH y el sida e informe de progresos, julio de 2015 – junio de 2016, entre otros logros cabe citar que 160 000 niños huérfanos y vulnerables recibieron el apoyo de los servicios sociales y se ha llevado a cabo un inventario de todos los actores que participan en este problema. La Comisión toma nota asimismo de que el Segundo plan nacional de desarrollo desde 2015-2016 hasta 2019-2020 describe someramente dos programas para apoyar a los niños huérfanos y vulnerables: programa SUNRISE (fortalecimiento de la respuesta nacional para la aplicación de los servicios destinados a niños huérfanos y vulnerables) y el programa SCORE (fortalecimiento de la respuesta de la comunidad ante los niños huérfanos y vulnerables). Al tiempo que toma debida nota de los planes estratégicos desarrollados por el Gobierno y de la disminución del número de estos niños, la Comisión toma nota con preocupación de que, según las estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida (ONUSIDA) para 2015, sigue habiendo aproximadamente 660 000 huérfanos por causa del VIH y el sida en Uganda. Reiterando que los niños que han quedado huérfanos a causa del VIH y el sida y otros niños vulnerables corren más riesgos de ser víctimas de las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para proteger a estos niños de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto, especialmente en el marco de la política sobre los huérfanos y otros niños vulnerables y del Plan estratégico nacional sobre los huérfanos y otros niños vulnerables, el programa SUNRISE, el programa SCORE, y acerca de los resultados alcanzados en todos ellos.

2.  Los niños trabajadores domésticos. La Comisión tomó nota anteriormente de que la lista de ocupaciones y actividades peligrosas prohíbe reclutar a niños menores de 18 años en varias actividades y trabajos peligrosos dentro del sector del trabajo doméstico. No obstante, la Comisión tomó nota de que, según la Encuesta nacional sobre el trabajo forzoso y las actividades de los niños (2011-2012) de julio de 2013 (NLF-CAS), aproximadamente 51 063 niños, esto es, el 10,07 por ciento del total de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años que realizan trabajos peligrosos en Uganda ejercen labores de mayordomos domésticos, limpiadores y asistentes. En este sentido la Comisión observó que los mayordomos domésticos constituyen un grupo considerado por el PNA, y pidió al Gobierno que transmita información sobre las repercusiones del PNA en materia de protección de los niños trabajadores domésticos.

La Comisión toma nota de la ausencia de información por parte del Gobierno en este sentido. Recordando que los niños que realizan trabajos domésticos son particularmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil, incluido el trabajo peligroso, la Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el impacto del PNA en la protección de los trabajadores domésticos, en particular, en el número de niños domésticos que realizan trabajos peligrosos y se han beneficiado de las iniciativas adoptadas a este respecto.

3.  Niños refugiados. La Comisión observa que, según el informe sobre la situación de Uganda del UNICEF, de 31 de mayo de 2017, de los más de 1,2 millones de refugiados en el país, 730 000 son niños. La Comisión observa también que en el marco del plan regional conjunto actualizado para la protección de los niños sudaneses y del Sudán del Sur (julio de 2015 – junio de 2017), elaborado por el ACNUR, el UNICEF y las ONG, los niños del Sudán del Sur y sudaneses refugiados son objeto de trabajo infantil en Uganda (pág. 5). La Comisión toma nota por último de que tuvo lugar en Kampala una cumbre para la solidaridad con los refugiados de Uganda, en junio de 2017, a fin de poner de relieve el modelo para la protección y gestión de refugiados de Uganda, destacar las necesidades urgentes y a largo plazo de los refugiados y movilizar los recursos correspondientes. Al tiempo que se reconoce la difícil situación de los refugiados que prevalece en el país y los esfuerzos dedicados por el Gobierno a este asunto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado con carácter de urgencia para proteger específicamente a los niños refugiados de las peores formas de trabajo infantil y establecer la asistencia directa, necesaria y adecuada para retirarlos de las mismas y su rehabilitación e integración social. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) (ratificación: 1933)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 18 de septiembre de 2017, así como de la memoria presentada por el Gobierno.

Artículos 2 y 12 del Convenio. Prohibición de emplear durante la noche a personas menores de 18 años en empresas industriales, y legislación. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 257 de la Ley Orgánica del Trabajo, de 1997, preveía que la jornada de trabajo de los menores de 18 años debía contemplarse en un horario comprendido entre las 6 horas y las 19 horas. Este mismo artículo autorizaba igualmente, por motivos especiales, excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de los menores, cuando se consideraran apropiadas, en colaboración con el inspector del trabajo, y determinadas por los organismos responsables del control de menores. Ulteriormente, la Comisión tomó nota de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, núm. 6076, de 2012, cuyo artículo 32 establece una prohibición general del trabajo de los menores de 14 años de edad, salvo cuando se trate de actividades artísticas y culturales y hayan sido autorizados por el órgano competente para la protección de menores. Este artículo 32 prevé además que el trabajo de los menores de edad sea regulado por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de 1998. Sin embargo, la Comisión ha tomado nota con preocupación de que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 2012, contrariamente a la antigua, no contiene ninguna disposición que prohíba el trabajo nocturno de menores. Además, la Comisión ha observado que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de 1998, tampoco contiene disposiciones sobre el trabajo nocturno de menores. Por consiguiente, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner su legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas formuladas por la UNETE, la CTV, la CGT y la CODESA, según las cuales el Gobierno no ha tomado ninguna medida para poner su legislación en conformidad con el Convenio, a pesar de que muchos niños trabajan en la calle a cualquier hora del día y de la noche.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no considera necesario modificar su legislación, ya que, según el artículo 23 de la Constitución, los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. La Comisión recuerda una vez más que el artículo 2, 1), del Convenio prohíbe emplear durante la noche a menores de 18 años en empresas industriales, con excepción de aquellas en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia, salvo en los casos previstos en el artículo 2, 2). Además debe recordar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Convenio, todo Miembro que ratifique el Convenio se obliga a aplicar sus disposiciones y a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas disposiciones. Por consiguiente, toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida para prohibir el trabajo nocturno de menores en las empresas industriales. Como consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el Convenio sin dilación, introduciendo en la misma una disposición que prohíba el trabajo nocturno de los menores de 18 años. En el caso de que esta disposición mencionara razones especiales por las que pudieran autorizarse excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de menores, como sucedió con el artículo 257 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, la Comisión insta al Gobierno a que proporcione información sobre estas razones especiales, así como sobre las condiciones en las que puede concederse tal autorización, indicando en particular la edad de los menores y el tipo de trabajos que están autorizados a efectuar.

Yemen

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Al tiempo que reconoce la difícil situación que predomina en el país, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional destinada a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según las conclusiones de la encuesta nacional sobre el trabajo infantil realizada en 2010 por la Oficina Central de Estadística en colaboración con la OIT/IPEC, el 21 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años tienen un empleo (a saber, el 11 por ciento de los niños de 5 a 11 años; el 28,5 por ciento de los niños de 12 a 14 años, y el 39,1 por ciento de los niños de 15 a 17 años). La mayor parte de los niños que trabajan son trabajadores familiares no remunerados (el 58,2 por ciento) seguidos por el 56,1 por ciento de niños que trabajan en el sector agrícola, y el 29 por ciento de niños que trabajan en hogares privados.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en su cuarto informe periódico al Comité de los Derechos del Niño (CDN), de 23 de octubre de 2012 (informe al CDN, 2012) respecto a que el Gobierno se ha centrado en proyectos en materia de educación, salud, asuntos sociales y juventud, haciendo hincapié en proyectos vitales para los niños, incluidas la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza (2003-2015) y la Estrategia Nacional para Niños y Jóvenes (2006-2015) (documento CRC/C/YEM/4, párrafo 23). Asimismo, toma nota de que en su informe al CDN, 2012, el Gobierno señala que está elaborando un plan nacional de acción para combatir el trabajo infantil en cooperación con la OIT y el Centro de Estudios Libaneses. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y expresa su preocupación por el gran número de niños que trabajan y aún no han alcanzado la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. Por consiguiente, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil. A este respecto, expresa la firme esperanza de que, en un futuro próximo, se desarrollará e implementará el Plan nacional de acción para combatir el trabajo infantil. Asimismo, solicita al Gobierno que transmita información sobre la forma en que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número de inspecciones que tengan por objetivo, general o parcial, abordar el trabajo infantil. También le pide que transmita información sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas relacionadas con niños.

Artículo 2, párrafo 3.  Escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de las conclusiones de la encuesta sobre el trabajo infantil efectuada en 2010, que indica que la tasa de escolarización de los niños de 6 a 14 años (período de escolaridad obligatoria) es del 73,6 por ciento. Asimismo, tomó nota de la información que figura en el Informe de seguimiento de la educación para todos, 2011, respecto a que en 2008, el Yemen era el país de la región con más niños sin escolarizar, más de 1 millón.

La Comisión toma nota de que en su informe al CDN de 2012, el Gobierno señala que ha adoptado una serie de políticas y medidas a fin de ampliar la educación básica y mejorar su eficacia a través de la Estrategia Nacional para la Educación Básica (2013-2015), la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Educación Secundaria, la Estrategia para la Educación de las Niñas, y la Visión Estratégica del Yemen 2015. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 2011, la tasa neta de matriculación en la educación primaria fue del 76 por ciento (82 por ciento de los niños y 69 por ciento de las niñas), mientras que la tasa neta de matriculación en la escuela secundaria fue del 40 por ciento (48 por ciento de los niños y 31 por ciento de las niñas). Aunque toma buena nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno, la Comisión expresa su profunda preocupación por la baja tasa de matriculación en la escuela primaria y secundaria así como por las altas tasas de abandono escolar. Habida cuenta de que la educación obligatoria es uno de los medios más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para incrementar las tasas de matriculación y asistencia de las escuelas primarias y secundarias y reducir las tasas de abandono escolar. Pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto y los resultados alcanzados.

Artículo 6.  Edad mínima de admisión al aprendizaje. La Comisión había tomado nota de que el Código del Trabajo no establece la edad mínima para el aprendizaje, y recordó que en virtud del artículo 6 del Convenio, un adolescente debe tener por lo menos 14 años de edad para iniciar un aprendizaje. Tomando nota de que la ordenanza ministerial núm. 11 tampoco contiene ninguna disposición en relación con el aprendizaje, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para adoptar disposiciones que establezcan la edad mínima para el aprendizaje de conformidad con el artículo 6 del Convenio. Pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Al tiempo que reconoce la difícil situación que predomina en el país, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión detallada que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, durante su 103.ª reunión, en junio de 2014, en relación a la aplicación por el Yemen del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o práctica análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños en conflictos armados. La Comisión tomó nota anteriormente de que el reclutamiento de niños menores de 18 años en conflictos armados por parte del ejército y de los grupos armados se había convertido en una fuente constante de grave preocupación.

La Comisión toma nota de que el representante gubernamental del Yemen, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en julio de 2014, reconoció que la situación de los niños en su país es grave debido a su participación en conflictos armados. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno sobre el plan de acción suscrito con el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, con objeto de poner fin e impedir el reclutamiento de niños por fuerzas armadas. Este plan de acción establece medidas concretas para liberar a todos los niños vinculados con las fuerzas de seguridad del Gobierno, reintegrarlos a sus comunidades e impedir que vuelvan a ser reclutados. La Comisión toma nota de que las medidas que se prevé adoptar dentro de este plan de acción incluyen las siguientes: armonizar la legislación nacional con las normas internacionales que prohíben la contratación y utilización de niños en conflictos armados; dictar y difundir órdenes militares en las que se prohíba el reclutamiento y utilización de niños menores de 18 años; investigar los alegatos de reclutamiento y utilización de niños por parte de las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen y garantizar que se hace rendir cuentas de sus actos a las personas responsables, y facilitar el acceso a las Naciones Unidas para que controlen el progreso y el cumplimiento del plan de acción. El representante gubernamental manifestó además que, del 18 de marzo de 2013 a enero de 2014, se celebró un Congreso Nacional para el Diálogo en el que se debatieron varias cuestiones relativas a la reconstrucción del Estado, entre las cuales figuran la reformulación de leyes y reglamentos con el fin de salvaguardar los derechos de los niños, entre otros, la protección contra su reclutamiento en conflictos armados.

La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas, al tiempo que toma nota de la adopción de este plan de acción, expresó su grave preocupación por la situación de los niños menores de 18 años que son reclutados y obligados a alistarse en los grupos armados o en las fuerzas gubernamentales. La Comisión instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para acabar en la práctica con el reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas armadas del Gobierno y grupos armados afines, en particular, mediante la aplicación efectiva del plan de acción recientemente adoptado.

En este sentido, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el Primer Ministro han reiterado su compromiso de aplicar las medidas convenidas en el plan de acción a fin de poner término al reclutamiento ilegal de niños por parte de las fuerzas armadas. No obstante, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, en mayo de 2014, las Naciones Unidas han documentado 106 casos de reclutamiento de niños, todos ellos con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. En el informe del Secretario General se señala también que 36 niños fueron asesinados y 154 mutilados. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir el reclutamiento de niños por parte de las fuerzas armadas en el marco del plan de acción, la Comisión se ve obligada a expresar su grave preocupación por la situación y el número de niños que toman parte en un conflicto armado. La Comisión insta, en consecuencia, al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que el plan de acción destinado a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados se aplica efectivamente con carácter de urgencia. La Comisión solicita también al Gobierno que adopte medidas inmediatas y efectivas para asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones concienzudas y enjuiciamientos firmes de las personas que reclutan a la fuerza niños menores de 18 años tras su utilización en conflictos armados y para garantizar que se les imponen sanciones, en la práctica, suficientemente disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados en este aspecto.

Artículo 5.  Mecanismos de control. La Comisión tomó nota anteriormente con preocupación de las conclusiones de la primera encuesta nacional sobre el trabajo infantil, según la cual el 50,7 por ciento de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos, la mayor parte de los cuales (95,6 por ciento) están empleados en ocupaciones peligrosas y el resto en actividades económicas peligrosas (a saber minería y construcción).

La Comisión toma nota de la declaración formulada por el representante gubernamental del Yemen ante la Comisión de Aplicación de Normas, según la cual el Gobierno del Yemen se encuentra en una situación difícil a causa de los problemas económicos, el conflicto armado y la violencia que han provocado la desestabilización del país y han llevado a la población a reclutar ilegalmente a niños y explotarlos con fines laborales. El representante gubernamental manifestó además que, si bien hasta 2010 el número de niños que trabajaban ascendía aproximadamente a 600 000, esa cifra ha alcanzado actualmente 1,5 millones. Destacó además la necesidad del país de contar con la ayuda material y asistencia moral mediante la puesta en marcha de proyectos económicos y la oferta de puestos de trabajo para los desempleados, así como mediante el apoyo a las familias para alentarlas a procurar que sus hijos vuelvan a la escuela.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia tomó nota con grave preocupación del elevado número de niños empleados actualmente en trabajo infantil en el país, la mayor parte de los cuales lo están en ocupaciones y actividades económicas peligrosas, incluyendo la agricultura, la pesca, la minería y la construcción. La Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que refuerce y amplíe la capacidad de la inspección del trabajo para aplicar la ordenanza ministerial núm. 11, de 2013, sobre trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años, también en las zonas rurales.

En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se han impuesto condenas o penas a las personas que hayan infringido estas leyes porque se ha tenido en cuenta la actual situación política del país. La Comisión toma nota también de que el Gobierno señala que aún no se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la ordenanza ministerial núm. 11, de 2013, porque la unidad de control del trabajo infantil ha tropezado con dificultades para llevar a cabo sus tareas debido a razones de seguridad así como a la falta de recursos financieros y de personal calificado. Al tiempo que reconoce la difícil situación que prevalece en el país, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para fortalecer el funcionamiento de la inspección del trabajo mediante la dotación de recursos humanos y financieros adecuados con el fin de que controle la aplicación efectiva de las disposiciones nacionales que dan cumplimiento al Convenio, en todos los sectores donde existan las peores formas de trabajo infantil. La Comisión insta también al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner en práctica la orden ministerial núm. 11, de 2013, sin dilación, y a que se asegure de que las personas que infringen las disposiciones de dicha orden sean enjuiciadas y se les impongan sanciones eficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 7, 2).  Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de estos trabajos y garantizar su rehabilitación e integración social. Niños en conflictos armados. La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas, en sus conclusiones, instó firmemente al Gobierno a que facilite el acceso a una enseñanza pública básica y gratuita para todos los niños, en particular para los niños que han sido desmovilizados de conflictos armados y para los que realizan trabajos peligrosos, con especial atención a la situación de las niñas. En este sentido, la Comisión de la Conferencia exhortó a los Estados Miembros de la OIT a que proporcionen asistencia al Gobierno del Yemen y alentó al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT con el fin de alcanzar un progreso tangible en la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre esta cuestión. La Comisión, en consecuencia, solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para garantizar que los niños soldados que hayan sido desmovilizados de grupos y fuerzas armadas y los niños que hayan sido librados de trabajos peligrosos reciban asistencia adecuada para su rehabilitación e integración social, incluida su reintegración en el sistema escolar o en la formación profesional, cuando esto sea posible y adecuado. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Tomando nota de la intención del representante gubernamental de recabar la asistencia técnica de la OIT en su empeño por luchar contra el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Zambia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1976)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la amplia discusión que tuvo lugar en la 106.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2017, relativa a la aplicación del Convenio por Zambia. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia, al tiempo que tuvo en cuenta la evolución legislativa de este caso, tomó nota con preocupación de que la legislación nacional no define la edad de escolarización ni la edad de finalización de la educación obligatoria. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para asegurar la eliminación del trabajo infantil en los sectores tanto formal como informal de la economía, incluso los trabajos realizados en condiciones peligrosas; que tomara las medidas necesarias para que la Ley de Educación modificada fije la edad de finalización de la educación obligatoria en 15 años y se aplique efectivamente en la práctica; que facilitara información detallada sobre la aplicación en la práctica del Instrumento Legislativo núm. 121, de 2013, sobre la Prohibición del Empleo de Niños y Jóvenes (trabajos peligrosos); que reforzara la capacidad de los comités de distrito sobre el trabajo infantil y de la inspección del trabajo; y que prestara especial atención a las necesidades de las niñas y otras personas vulnerables. Por fin, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que recurriera a la asistencia técnica de la OIT para asegurar la plena aplicación del Convenio, incluida la adopción de un plan de acción con plazos establecidos, y a que comunicara información sobre las medidas adoptadas al respecto para examen por la Comisión de Expertos en su reunión de 2017.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 2, 3), del Convenio. Edad de finalización de la educación obligatoria. La Comisión había tomado nota de que la Ley de Educación de 2011 no define la edad escolar ni la edad de finalización de la escolaridad obligatoria. Asimismo, había tomado nota de que según el artículo 34 de dicha ley el Ministro puede, mediante un instrumento legal, elaborar una normativa que prevea la edad escolar básica y la edad de asistencia obligatoria a la escuela.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que la Ley de Educación y la política educativa están siendo revisadas. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que en la revisión de la Ley de Educación se defina la edad escolar básica y la edad de finalización de la educación obligatoria en 15 años, a fin de vincularla a la edad mínima para el empleo en Zambia. Expresa la esperanza de que la Ley de Educación revisada se adopte en un futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 3, 2).  Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que el instrumento legislativo en materia de trabajos peligrosos estaba en fase de aprobación por el Ministro de Justicia.

La Comisión toma nota de que el Instrumento Legislativo núm. 121, de 2013, sobre la Prohibición del Empleo de Niños y Jóvenes (trabajos peligrosos) que prohíbe el empleo de menores de 18 años en trabajos peligrosos ha sido adoptado. El artículo 3, 2) de dicho instrumento legislativo contiene una lista de 31 tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños y jóvenes, incluidos: el pastoreo de animales; la fabricación de bloques o ladrillos; la combustión de carbón; el trabajo con explosivos; la exposición al polvo, los altos niveles de ruidos, la exposición al asbesto y al polvo de sílice, así como al alto voltaje, al plomo, a los productos químicos y a los gases tóxicos; la fumigación con pesticidas y herbicidas; la exposición a enfermedades o infecciones transmitidas por el agua; la exposición a abusos físicos o sexuales; la excavación/perforación; la soldadura; la trituración de piedras; los trabajos subterráneos bajo el agua; los trabajos en las alturas; la pesca; la manipulación de tabaco o algodón; el levantamiento de cargas pesadas; el manejo de máquinas y herramientas peligrosas; trabajar durante muchas horas; el trabajo nocturno; y la venta o servicio en bares. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica del Instrumento Legislativo núm. 121, de 2013, incluidas estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones notificadas y las sanciones impuestas.

Inspección del trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que según el informe conjunto de la OIT/IPEC, el UNICEF y el Banco Mundial «Entendiendo el trabajo infantil» en Zambia de 2012, aunque se había producido una reducción importante del trabajo infantil, más de un tercio de los niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años, a saber 950 000 niños, estaban trabajando, de los cuales aproximadamente el 92 por ciento trabajaban en el sector agrícola.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, una serie de provincias están ejecutando programas en materia de lucha contra el trabajo infantil, por ejemplo sensibilizando a los padres, los granjeros y los empleadores sobre el trabajo infantil y el trabajo peligroso. Los comités de distrito sobre el trabajo infantil (DCLC) de los distritos de Kaoma y Nkeyama en la provincia occidental, en colaboración con Japan Tobacco International (JTI) y Winrock International, están eliminando progresivamente el trabajo infantil en las comunidades donde se cultiva el tabaco, centrándose en la educación. El Gobierno también indica que según el examen anual del proyecto para reducir el trabajo infantil con el apoyo de la educación (ARISE), que es una iniciativa conjunta de la OIT, JTI y Winrock International llevada a cabo con la participación de gobiernos nacionales, interlocutores sociales y comunidades que cultivan tabaco, alrededor de 5 322 niños han sido retirados del trabajo infantil e inscritos en escuelas; 11 570 miembros de las comunidades y docentes han recibido formación acerca del trabajo infantil, y 797 hogares han mejorado sus ingresos para cuidar de sus niños. La Comisión también toma nota de que en su memoria en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) el Gobierno señala que se ha establecido un comité nacional permanente interministerial sobre trabajo infantil a fin de coordinar las diversas intervenciones relacionadas con el trabajo infantil, y que en varios distritos se ha contratado a más funcionarios del trabajo a fin de impulsar la inspección y mejorar la aplicación de la legislación del trabajo. En consecuencia, gracias a las inspecciones llevadas a cabo por los inspectores del trabajo se ha comprobado que existe trabajo infantil peligroso en la minería a pequeña escala, la agricultura, el trabajo doméstico y los sectores comerciales, y en general en toda la economía informal. La Comisión también toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que según los resultados del Informe sobre el Trabajo Infantil de 2012 se estima que 1 215 301 niños realizaban trabajo infantil, lo que representa un aumento en relación con los 825 246 niños que se estimaba que trabajaban en 2005. La Comisión toma nota con preocupación de que un gran número de niños realizan trabajo infantil, incluso en trabajos peligrosos, en el país. Tomando nota de las medidas que el Gobierno ha adoptado, la Comisión lo insta a redoblar sus esfuerzos para velar por que, en la práctica, los niños que no hayan alcanzado la edad mínima de 15 años no realicen trabajo infantil. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que refuerce las actividades de los comités de distrito sobre el trabajo infantil (DCLC) a fin de reducir el trabajo infantil y que fortalezca las capacidades y amplíe el alcance de la inspección del trabajo para que pueda controlar el trabajo infantil, especialmente en la economía informal. Solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto y los resultados alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 5 (Santa Lucía); el Convenio núm. 59 (Líbano, Paraguay); el Convenio núm. 77 (España, Haití, Líbano, Perú, Tayikistán, Ucrania); el Convenio núm. 78 (España, Haití, Líbano, Perú, Tayikistán, Ucrania); el Convenio núm. 79 (Tayikistán); el Convenio núm. 90 (México, Swazilandia, Tayikistán); el Convenio núm. 123 (Mongolia, Uganda); el Convenio núm. 124 (Kirguistán, Uganda, Viet Nam); el Convenio núm. 138 (Afganistán, Albania, Angola, Azerbaiyán, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chad, China, Comoras, Congo, Costa Rica, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Eritrea, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Líbano, República de Maldivas, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Rwanda, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudán, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Yemen, Zambia); el Convenio núm. 182 (Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas Salomón, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malawi, República de Maldivas, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Rwanda, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, República Árabe Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Timor-Leste, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Vanuatu, Yemen).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 59 (República Unida de Tanzanía); el Convenio núm. 77 (Turquía); el Convenio núm. 90 (Croacia); el Convenio núm. 123 (Turquía); el Convenio núm. 124 (Reino Unido, Ucrania); el Convenio núm. 138 (Bahrein, República Checa, Chipre, Croacia); el Convenio núm. 182 (Antigua y Barbuda, Bahrein, Belarús, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Francia).

Igualdad de oportunidades y de trato

Argelia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1962)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluación de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota con interés de que, en su memoria, el Gobierno comunica datos estadísticos desglosados por sexo sobre los salarios netos promedio mensuales de hombres y mujeres en 2011, según los sectores de actividad y las categorías de puestos de trabajo (directores, supervisores, agentes de ejecución, etc.). La Comisión toma nota de que, según estos datos, la brecha salarial global es del 15,4 por ciento para las mujeres. Las brechas salariales a favor de las mujeres se observan fundamentalmente en los sectores de la agricultura y la pesca (el 21,6 por ciento), los transportes y las comunicaciones (el 18,4 por ciento), la construcción (el 17,4 por ciento), la administración (el 15,2 por ciento) y la salud (el 8,4 por ciento). Los datos disponibles confirman asimismo la tasa de participación sumamente baja de las mujeres en el mercado de trabajo formal (5 649 365 trabajadores frente a 1 055 171 trabajadoras), lo que subrayó asimismo el Gobierno en su memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La Comisión destaca que la brecha salarial a favor de los hombres es más importante en el sector inmobiliario y de los servicios a las empresas (el 28,4 por ciento), de las «actividades extraterritoriales» (el 19,6 por ciento), de la educación (el 7,4 por ciento) y, sobretodo, de los servicios domésticos (el 36,6 por ciento). La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno que la baja tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal y el alto nivel de los empleos que desempeñan puede explicar las brechas salariales a favor de las mujeres en ciertos sectores. Habida cuenta del alto nivel de calificaciones de las mujeres en el país, éstas desempeñan empleos de categoría superior en ciertos sectores (especialmente en aquellos en los que predominan los hombres) y, por consiguiente, empleos bien remunerados (por ejemplo, representaron el 27,7 por ciento de los cargos directivos en 2011), lo que reduce la brecha salarial entre hombres y mujeres e incluso las invierte en favor de las mujeres en ciertos sectores. Además, la Comisión observa que los datos sobre los salarios, que la Oficina Nacional de Estadística recopila periódicamente en las empresas para realizar el estudio anual sobre los salarios, no están desglosados por sexo, lo que no permite seguir de manera regular la evolución de estos datos. Con el fin de poder realizar un seguimiento de la evolución de la brecha de la remuneración en el tiempo, en particular debido al aumento — sin duda leve, pero regular — de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo formal, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para seguir recabando y analizando regularmente datos completos sobre la remuneración de hombres y mujeres, según las categorías profesionales y en todos los sectores de actividad económica, y que comunique estos datos desglosados por sexo.

Artículo 2, párrafo 2.  Administración pública. Legislación. La Comisión recuerda que la administración pública se rige por la ordenanza núm. 06-03, de 15 de julio de 2006, que prohíbe toda discriminación basada fundamentalmente en el sexo (artículo 27), pero no contiene una disposición que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que, a falta de un marco legislativo explícito, es particularmente difícil para los trabajadores y las trabajadoras hacer valer el derecho de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor ante el empleador, comisiones competentes o tribunales. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que contemple la posibilidad de modificar la ordenanza núm. 06-03, de 15 de julio de 2006, relativa al Estatuto General de la Administración Pública, con el fin de incorporar en la misma una disposición que prevea explícitamente la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Pide asimismo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para evaluar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la administración pública y que sensibilice a los funcionarios y sus organizaciones, así como a los responsables del personal, acerca del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Artículo 3.  Evaluación objetiva y clasificación de los empleos en la administración pública. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene nueva información a este respecto. Toma nota de que el Gobierno reafirma que el Estatuto General de la Administración Pública se basa en un sistema de clasificación y remuneración, y establece un método de clasificación basado en un criterio objetivo y mensurable, a saber, el nivel de calificaciones certificado por títulos, diplomas o ciclos de formación. El Gobierno indica asimismo que el sistema previsto tiene por objeto restablecer las calificaciones, las competencias y el mérito personal, y que los niveles de remuneración se fijan para cada puesto de trabajo, con independencia del sexo de la persona que lo ocupe. La Comisión recuerda que, pese a la existencia de brechas salariales aplicables a todos los funcionarios, independientemente del sexo, la discriminación salarial en la administración pública puede ser consecuencia de los criterios adoptados para clasificar los puestos y de una infravaloración de las tareas realizadas mayormente por mujeres, o de las desigualdades existentes en la concesión de ciertas ventajas salariales complementarias (subsidios, indemnizaciones, etc.). La Comisión estima que el sistema de clasificación previsto, en la medida en que se apoya en un solo criterio (el nivel de calificaciones), no permite evaluar de manera objetiva el puesto en sí mismo y podría tener realmente el efecto de infravalorar ciertas tareas y, en general, ciertos empleos desempeñados fundamentalmente por mujeres. La Comisión recuerda que un proceso de evaluación objetiva de los empleos, a fin de establecer una clasificación y de fijar la remuneración correspondiente, implica evaluar, para cada puesto, la naturaleza de las tareas que conlleva en función de las calificaciones, pero también de las competencias, de los esfuerzos (físicos, pero también mentales) y de las responsabilidades que requiere el puesto, así como las condiciones de trabajo del puesto en cuestión. Además, muy a menudo, cuando la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor no forma parte de los objetivos específicos del método de evaluación y de clasificación, cabe el riesgo de que este método reproduzca estereotipos basados en el género en lo que respecta a las capacidades y aspiraciones de las mujeres en materia de empleo (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 700 a 703). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que reexamine el método de evaluación y de clasificación de los empleos, con el fin de asegurar que las clasificaciones de los puestos y los salarios aplicables en la administración pública estén exentos de cualquier distorsión basada en el género y que no se infravaloren los empleos fundamentalmente desempeñados por mujeres. Le pide asimismo que fomente la utilización de métodos de evaluación de los empleos sobre la base de criterios objetivos, como las competencias y calificaciones, los esfuerzos, las responsabilidades y las condiciones de trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione datos, desglosados por sexo, sobre los efectivos de la administración pública por categoría (A, B, C y D). La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas el 31 de mayo de 2015 por la Confederación General Autónoma de Trabajadores de Argelia (CGTA) sobre el anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo y sobre su incidencia en la aplicación del Convenio.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. Trabajadores del sector privado. Desde hace muchos años, la Comisión subraya que el artículo 17 de la Ley núm. 90-11, de 21 de abril de 1990, sobre las Relaciones de Trabajo no cubre todos los motivos de discriminación en el empleo y la ocupación enumerados en el Convenio, y no encara el comportamiento discriminatorio del empleador o de otra persona hacia un trabajador en todos los aspectos del empleo (contratación, promoción, despido, etc.), porque el artículo 17 prevé únicamente la nulidad de «toda disposición prevista en virtud de un convenio o de un acuerdo colectivo, o de un contrato de trabajo susceptible de generar discriminación». La Comisión recuerda asimismo el carácter general del artículo 6 de la ley núm. 90-11, conforme al cual los trabajadores tienen derecho a «ser protegidos contra toda discriminación para ocupar un puesto basada en motivos distintos de su aptitud y su mérito». La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información adicional respecto de la protección de los trabajadores contra la discriminación. Toma nota asimismo de que el proyecto de artículo 12 del anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo, en su versión de octubre de 2015, retoma las disposiciones generales del artículo 6 de la ley núm. 90-11. En cambio, la Comisión acoge con agrado la inserción, en el proyecto de artículo 31, de una definición de «discriminación» conforme al Convenio, y de los motivos de ascendencia nacional, origen social y religión listados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, así como del motivo de la nacionalidad, a tenor del artículo 1, 1), b). Acoge con agrado igualmente la referencia a la discriminación directa y a la discriminación indirecta, y toma nota de que el proyecto de artículo 31 establece que «la discriminación en el empleo y la ocupación es incompatible con las disposiciones de la presente ley». Sin embargo, la Comisión señala que aún se hace referencia a «toda disposición prevista en virtud de un convenio o acuerdo colectivo, o de un contrato de trabajo». La Comisión considera que esto no permite cubrir conductas o comportamientos discriminatorios que no resulten de disposiciones de contratos de trabajo o de convenios o acuerdos colectivos. Observa asimismo que la lista de motivos de discriminación prohibidos que figura en el proyecto de artículo 31 omite los motivos de «raza» y «color». Al tiempo que celebra estos progresos, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el futuro Código del Trabajo prohíba expresamente toda forma o todo acto de discriminación directa e indirecta, como mínimo, por todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, incluyendo la raza y el color, y por cualquier otro motivo especificado de conformidad con el artículo 1, 1), b), previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión pide al Gobierno que estas disposiciones cubran todos los aspectos del empleo y la ocupación, incluyendo en particular el acceso al empleo y a las diferentes ocupaciones, así como la terminación de la relación de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda medida adoptada en este sentido y sobre todo avance relativo al anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo.

Funcionarios. En sus comentarios anteriores, la Comisión resaltó que la ordenanza núm. 06-03, de 15 de julio de 2006, relativa al Estatuto General de la Administración Pública prohíbe toda discriminación entre los funcionarios «por motivo de sus opiniones, su sexo, su origen y cualquier otra condición personal o social» (artículo 27), y pidió al Gobierno que contemplara la posibilidad de incluir, en la lista de motivos de discriminación prohibidos en dicha ordenanza, una referencia expresa a la opinión política, la religión, la raza, el color, la ascendencia nacional y el origen social. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información a este respecto. Al tiempo que enfatiza la importancia de establecer un sistema completo para proteger a los funcionarios contra la discriminación, y para que puedan hacer valer sus derechos de una manera efectiva, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para ampliar la lista de motivos de discriminación prohibidos mediante la inclusión de una referencia expresa, como mínimo, a todos los motivos enumerados en el artículo 1, a), del Convenio.

Artículo 1, 1), a).  Discriminación basada en el sexo. Acoso sexual. La Comisión acoge con agrado la inserción, en los proyectos de artículos 56 a 59 del anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo (versión de octubre de 2015), de disposiciones que definan tanto el acoso sexual de contrapartida quid pro quo como el derivado de un ambiente de trabajo hostil, protejan contra las represalias en caso de negación a ceder al acoso, y prevean sanciones disciplinarias. Sin embargo, desea señalar a la atención del Gobierno que estas disposiciones no prohíben expresamente el acoso sexual y sólo cubren la victimización por el empleador tras el acoso sexual. La Comisión toma nota asimismo de que la CGTA observa que el anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo prevé una protección contra el acoso sexual; ahora bien ésta resalta que las sanciones previstas en el proyecto de artículo 58 no parecen abarcar al empleador, puesto que se trata de sanciones disciplinarias y cuya imposición figura entre las prerrogativas del empleador. Al tiempo que saluda estos progresos, la Comisión confía en que el Gobierno introduzca en el Código del Trabajo disposiciones que prohíban expresamente el acoso sexual en todas sus formas y que prevea sanciones aplicables a los autores, así como medidas de reparación apropiadas. En lo que respecta a las medidas prácticas de prevención contra el acoso sexual, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda medida adoptada en el marco de la Estrategia nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres adoptada en 2007, o en cualquier otro marco relacionado más específicamente con el trabajo, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Artículos 2 y 3.  Política nacional. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Desde hace muchos años, la Comisión expresa su profunda preocupación por la baja tasa de participación de las mujeres en el empleo y por la persistencia de actitudes sumamente estereotipadas en relación con los roles de las mujeres y de los hombres, y sus responsabilidades respectivas en la sociedad y en la familia, ambas tienen un impacto negativo en el acceso de las mujeres al empleo y a la formación. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce una vez más, en su memoria, que la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo relativamente baja y que, entre otros asuntos, las limitaciones sociológicas y las decisiones personales afectan el progreso y la inserción de un mayor número de mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, que muestran que, entre 2010 y 2014, la población femenina ocupada pasó de 1 474 000 a 1 722 000, y que la tasa de colocación de las mujeres por la Agencia Nacional de Empleo aumentó del 7,64 por ciento en 2013 al 8,84 por ciento en 2014. Toma nota asimismo de la información suministrada por el Gobierno sobre las medidas tomadas por la Agencia Nacional de Apoyo al Empleo de los Jóvenes y por la Caja Nacional de Seguridad Social para crear oportunidades (empleos potenciales para las mujeres: 8 960 por la Agencia y 6 332 por la Caja en 2014). También toma nota de las medidas destinadas a promover el empleo asalariado a través del mecanismo de ayuda a la inserción profesional y de la colocación con un contrato de trabajo subvencionado (respectivamente 60 432 mujeres beneficiarias del mecanismo de ayuda y 26 368 mujeres beneficiarias de colocación con contrato de trabajo subvencionado en 2014). La Comisión señala, no obstante, que las tasas de actividad de la población femenina (del 18,1 por ciento) y la tasa de participación femenina (16,8 por ciento) siguen siendo bajas en 2014. Al tiempo que saluda la adopción de medidas encaminadas a respaldar el trabajo autónomo y el empleo asalariado de las mujeres, la Comisión constata que los resultados obtenidos son limitados, aunque el nivel de calificaciones de las mujeres esté en crecimiento constante, y pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas para garantizar que, además de estas medidas de política de empleo se tomen medidas concretas de sensibilización encaminadas a luchar activamente contra los prejuicios y estereotipos sexistas referentes a las aspiraciones y capacidades profesionales de las mujeres y a su aptitud para desempeñar ciertos empleos. La Comisión también pide al Gobierno que tome medidas encaminadas a implementar sistemas que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras conciliar mejor sus responsabilidades laborales y familiares. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evaluación de la Estrategia nacional para la integración y la promoción de la mujer (2008-2014) y de su Plan de acción nacional (2010-2014), y sobre las actividades de la comisión de seguimiento, así como información sobre toda medida adoptada para aplicar la Carta de las Mujeres Trabajadoras, incluido el sistema de cuotas aplicable a los puestos de responsabilidad.

Artículo 5.  Medidas especiales de protección. Trabajos prohibidos para las mujeres. La Comisión toma nota de que el proyecto de artículo 583 del anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo prevé la posibilidad de excluir a las mujeres de ciertos trabajos por vía reglamentaria a efecto de proteger su salud. Sin embargo, la Comisión señala a la atención del Gobierno la distinción que debe hacerse entre las medidas especiales destinadas a proteger la maternidad en un sentido amplio, previstas en el artículo 5 del Convenio, y las medidas basadas en percepciones estereotipadas relativas a las capacidades y a la función de las mujeres en la sociedad, que son contrarias al principio de igualdad de oportunidades y de trato. Las disposiciones relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores deberían prever un entorno seguro y saludable, tanto para los trabajadores como para las trabajadoras, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias entre los hombres y las mujeres que hacen que cada uno de ellos esté expuesto a riesgos específicos en materia de salud. Además, dado que el objetivo es revocar las medidas de protección discriminatorias aplicables al empleo de las mujeres, habría que examinar sin duda alguna qué otras medidas — mejor protección de la salud de los hombres y las mujeres, seguridad y transportes adecuados, o servicios sociales — serían necesarias para que las mujeres pudieran tener las mismas oportunidades que los hombres para acceder a este tipo de empleos (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 838 a 840). Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que vele por que, en el futuro Código del Trabajo, las medidas especiales de protección de las mujeres se limiten a lo estrictamente necesario para proteger la maternidad en un sentido amplio, y no impidan el acceso de las mujeres al empleo y a la ocupación. Invita asimismo al Gobierno a que contemple la posibilidad de adoptar medidas de acompañamiento encaminadas, entre otras cosas, a mejorar la protección de la salud de hombres y mujeres y la seguridad, y a aumentar la oferta de transporte adecuado, o de servicios sociales, para que las mujeres puedan acceder a todo tipo de empleo en igualdad de condiciones con los hombres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las disposiciones adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1973)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) de 22 de septiembre de 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Cambios legislativos y aplicación. Igualdad de género. Federal. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el ACTU enfatiza la importancia de disponer de disposiciones legislativas coherentes y eficaces y de mecanismos de supervisión rigurosos habida cuenta de los hallazgos de la revisión nacional realizada por el Comisionado sobre Discriminación Sexual de parte de la Comisión Australiana de Derechos Humanos en las que se señala que la discriminación está muy extendida, en particular la relacionada con el embarazo y la licencia parental. El ACTU indica que es necesario reforzar las disposiciones sobre acciones adversas contenidas en la Ley sobre el Trabajo Equitativo, de 2009, ya que sólo se aplican en la medida en que el trato adverso también contravenga la ley estatal pertinente en materia de lucha contra la discriminación y, por lo tanto, están sujetas a incongruencias de aplicación a nivel estatal y exigencias onerosas en lo que respecta a la carga de la prueba. La Comisión toma nota de que la propuesta del Gobierno consistente en refundir las cinco leyes contra la discriminación de la Commonwealth en una sola ley general federal fue retirada y no forma parte de la política gubernamental actual. De esta forma, las disposiciones de la Ley sobre el Trabajo Equitativo, de 2009 (artículos 351 y 361) continúan estando limitadas (de una manera que refleja inconsistencias a nivel estatal como se indica anteriormente). El Gobierno informa de que se ha enmendado la Ley sobre el Trabajo Equitativo, de 2009 a través de la Ley sobre el Trabajo Equitativo (enmienda) de 2012, la Ley sobre el Trabajo Equitativo (enmienda) de 2013 y el reglamento sobre el trabajo equitativo (enmienda) de 2013 (núm. 2). La Comisión toma nota de que muchas de estas modificaciones se han realizado siguiendo las recomendaciones del grupo de examen de la Ley sobre el Trabajo Equitativo, de 2009, en relación con las disposiciones favorables a la familia que la Comisión aborda en su observación en virtud del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). Asimismo, la Comisión se refiere a su anterior observación con arreglo al Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) en la que tomó nota de las enmiendas al instrumento sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo (cuestiones relativas a los indicadores de igualdad de género) de 2013 (núm. 1), que tienen por objetivo racionalizar la exigencia de presentar informes en relación a la igualdad de género en el lugar de trabajo para el período 2015-2016 y siguientes, al tiempo que se siguen alcanzando los objetivos de la legislación en materia de política de género. Según el ACTU, además de reducirse la presentación de información sobre la remuneración ya no se recaba información relacionada con el número de solicitudes y entrevistas realizadas ni sobre el número de solicitudes y de aprobación de licencias. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las enmiendas realizadas a la Ley sobre el Trabajo Equitativo, de 2009, y sobre su aplicación en la práctica, en particular en lo que respecta a los resultados relativos a la discriminación, y sobre todas las otras medidas tomadas o previstas con miras a adoptar una legislación completa en materia de lucha contra la discriminación a nivel federal. En relación con su observación anterior en virtud del Convenio núm. 100, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier evaluación que se haya hecho de las enmiendas al instrumento sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo (cuestiones relativas a los indicadores de igualdad de género) de 2013 (núm. 1), y sobre su impacto habida cuenta de los requisitos con arreglo a este Convenio de garantizar en particular la igualdad efectiva de oportunidades y de trato.

Estados. Victoria. Discriminación basada en la religión. La Comisión recuerda las preocupaciones planteadas en su comentario anterior en torno a los artículos 82, 2), y 83, 2), de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades del estado de Victoria, de 2010, que prevé que la prohibición de la discriminación no se aplica a las escuelas y los organismos religiosos que se ajustan a las doctrinas, creencias o principios de la religión, o cuando es razonable evitar agravios a la sensibilidad religiosa de los seguidores de una religión. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno respecto a que el Gobierno de Victoria se ha comprometido a enmendar las excepciones religiosas de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades, de 2010, a fin de que se vuelva a realizar una prueba de «exigencias propias del empleo» para trabajar en escuelas u organismos religiosos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda enmienda de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades, de 2010, destinada a adecuar las excepciones religiosas de conformidad con el Convenio estableciendo una prueba de «exigencias propias del empleo».

Discriminación basada en la raza, el color y el origen social. Pueblos indígenas. Federal. La Comisión recuerda que desde hace varios años ha venido abordando en sus observaciones cuestiones relacionadas con la limitación de los derechos a la tierra y al reconocimiento y uso de las propiedades de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno el Consejo de Gobiernos Australianos (COAG) anunció en 2014 que realizaría una investigación urgente en materia de administración y uso de las tierras indígenas para permitir que los poseedores tradicionales exploten sus tierras y de esta forma fomenten el empleo y el progreso económico de los pueblos indígenas. La Comisión también toma nota de que en 2015 se estableció un grupo de trabajo de expertos en asuntos indígenas para dar orientaciones a la investigación y fomentar las consultas y la colaboración con las partes interesadas indígenas. La Comisión toma nota de que el 11 de septiembre de 2015, el COAG publicó su informe sobre la investigación de la administración de las tierras indígenas. En esta investigación se concluye que las tierras indígenas pueden ayudar y ayudan al desarrollo económico y que los sistemas de tierras están en período de transición pasando de centrarse en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra a la utilización de los derechos con fines de desarrollo económico. En el informe se señalan cinco áreas fundamentales en las que los gobiernos deberían centrar sus esfuerzos: incrementar la eficiencia y mejorar la eficacia en el proceso de reconocimiento de los derechos; fomentar la rentabilidad de la tierras; mejorar los procedimientos comerciales relacionados con las tierras indígenas y las tierras sujetas a títulos de propiedad nativa; invertir en los componentes básicos de la administración de la tierra; y establecer una tenencia de la tierra y órganos representativos competentes y responsables. En el informe se hacen seis recomendaciones fundamentales con miras a adelantar en el logro de las metas fijadas, incluidas muchas propuestas de enmienda a la Ley de Títulos de Propiedad Aborígenes, de 1993. La Comisión también toma nota de que la Comisión Australiana de Derechos Humanos facilitó, en mayo de 2015, la realización en Broome de una mesa redonda de líderes indígenas sobre los derechos de propiedad, a fin de velar por el desarrollo económico de los indígenas del Estado. La Comisión toma nota de que la Estrategia nacional contra el racismo incluye una campaña nacional de sensibilización contra el racismo y la promoción de iniciativas contra el racismo, incluida una herramienta de formación sobre el racismo sistémicos que sufren los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y una herramienta en materia de diversidad cultural en el lugar de trabajo. Recordando que la Ley sobre la Discriminación Racial se aplica a la discriminación contra los indígenas en el empleo y la ocupación, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no tiene conocimiento de que se hayan presentado casos importantes de discriminación de indígenas en el empleo con arreglo a la ley. La Comisión destaca la importancia que recientemente ha adquirido la utilización de los derechos indígenas sobre la tierra en la promoción del desarrollo económico, incluyendo el empleo y las oportunidades de trabajo de las poblaciones indígenas. Pide al Gobierno que proporcione información concreta sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones que figuran en el informe del COAG y sobre las consultas llevadas a cabo en Broome, así como acerca de todas las otras medidas adoptadas para garantizar que los pueblos indígenas tienen suficiente acceso a tierras y a recursos para poder llevar a cabo sus ocupaciones tradicionales y tener acceso al empleo sin ser discriminados. Le pide asimismo que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia nacional contra el racismo y la Ley sobre la Discriminación Racial y que le dé seguimiento a toda denuncia por discriminación presentada por miembros de pueblos indígenas en cumplimiento de dicha ley.

Igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas. Reconocimiento constitucional. La Comisión recuerda las medidas adoptadas para examinar el reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y para sensibilizar y recabar apoyo a este respecto, que incluyen la adopción de la Ley de Reconocimiento de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de 2013. Asimismo, toma nota de que, el Comité de especial conjunto sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres presentó su informe final en el que se recomienda que se celebre un referéndum sobre el reconocimiento constitucional cuando haya más posibilidades de éxito, sin especificar ningún calendario. La Comisión toma nota del establecimiento de un Consejo del Referéndum para asesorar respecto de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, cuyo informe final fue publicado el 30 de junio de 2017. Toma nota de la «declaración Uluru desde el corazón» (Uluru Statement from the Heart), adoptada con ocasión de la convención constitucional nacional de 2017 por los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, en la que se pide una «voz para las primeras naciones», y de la solicitud del Consejo del Referéndum de que se enmiende la Constitución a fin de prever una asamblea representativa indígena nacional que sea «una voz hacia el Parlamento». Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la solicitud de reconocimiento constitucional formulada por el Consejo del Referéndum fue rechazada por el Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el estatus del proceso para reconocer de forma explícita en la Constitución a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Política nacional y programas relativos a los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de la Estrategia «Cerrando la Brecha», que es un compromiso formal del Gobierno federal y de los gobiernos estatales y territoriales para lograr la igualdad de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en veinticinco años. El COAG ha establecido metas mensurables para supervisar las mejoras logradas a través de la estrategia, que incluyen reducir a la mitad la brecha existente entre indígenas y no indígenas respecto del empleo para 2018. La Comisión toma nota de que, según el informe del Primer Ministro de 2017 sobre la Estrategia «Cerrando la Brecha», no se ha alcanzado con la meta relativa al empleo y si bien la tasa de empleo de los pueblos indígenas aumentó desde 1994, a partir de 2008 volvió a reducirse. En 2014-2015, sólo estaba trabajando el 35 por ciento de la población indígena en edad de trabajar de zonas muy remotas en comparación con el 57,5 por ciento de los que viven en las ciudades grandes. A fin de propiciar los avances, la estrategia requiere que en los programas de empleo se continúe vinculando a los australianos indígenas con las metas en materia de empleo en el sector público y con los grandes proyectos de infraestructura y que se ayude a generar las competencias necesarias para conseguir empleos sostenibles. A este respecto, la Comisión toma nota de que gracias a la política de contratación indígena se han concedido contratos a 493 empresas indígenas. Asimismo, toma nota de que con arreglo a la Estrategia de promoción de los pueblos indígenas, en 2015-2016 el Gobierno asignó 4,9 mil millones de dólares australianos para financiar y llevar a cabo una serie de programas destinados a la creación de empleos, a valorizar las tierras y al desarrollo económico. Además, toma nota del nuevo acuerdo sobre inversiones destinadas a los pueblos aborígenes que viven en zonas remotas del Territorio del Norte que tiene por objeto que los niños asistan a la escuela, que los adultos trabajen y que las comunidades sean más seguras. También toma nota del nuevo programa de desarrollo comunitario que tiene por objetivo que los servicios de empleo se adapten a las características de los mercados de trabajo y a las condiciones económicas de las zonas remotas de Australia.

Estados. La Comisión toma nota de la variedad de iniciativas llevadas a cabo en algunos estados y territorios para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas y para hacer frente a la discriminación. Asimismo, la Comisión toma nota de la detallada información que figura en el informe de 2016 sobre la justicia social y los títulos de propiedad nativa en relación con los programas de reparación relativos a los salarios robados llevados a cabo en Queensland, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental a fin de realizar investigaciones, crear fondos de inversión y prever procedimientos de reclamación para ayudar a las poblaciones indígenas cuya participación económica y salarios hayan sido restringidos en esas jurisdicciones. En relación con Queensland, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley de Reconocimiento de la Multiculturalidad núm. 1, de 2016, que exige la elaboración de una política multicultural y de un plan de acción multicultural para su implementación. También toma nota de que en 2015, la Comisión del Servicio Público de Nueva Gales del Sur lanzó la Estrategia del empleo aborigen en el sector público de Nueva Gales del Sur 2014-2017 a fin de hacer aumentar la población activa aborigen en el sector público. En Australia Occidental, la Comisión del Servicio Público ha elaborado la Estrategia del empleo aborigen a fin de atraer a las personas aborígenes hacia las formaciones y el empleo del sector público. Además, en Australia Meridional, el Plan estratégico prevé una serie de metas para hacer frente a la discriminación contra los pueblos indígenas, incluyendo el empleo y la ocupación; y en Tasmania, el Ministro encargado del servicio estatal ha promulgado una directiva en relación con el empleo de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Tomando nota de que, a pesar de las numerosas medidas e iniciativas adoptadas, los pueblos indígenas siguen siendo desfavorecidos y que no se han alcanzado las metas en materia de empleo para esos pueblos, la Comisión pide al Gobierno que siga intensificando sus esfuerzos y que transmita información sobre todas las evaluaciones o reajustes que se realicen a fin de evaluar y mejorar el impacto de esas medidas e iniciativas en el empleo y la ocupación. También le pide que continúe proporcionando información detallada sobre las políticas y programas elaborados y las medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación y promover a nivel federal, estatal y territorial la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas en el empleo y la ocupación, incluso en relación con las metas de la estrategia «Cerrando la Brecha», así como sobre su impacto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de los comentarios del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) de 31 de agosto de 2016.

Artículo 3 del Convenio. Política nacional. No discriminación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el ACTU en relación a que el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral es una cuestión de mucha importancia tanto para hombres como para mujeres y el elemento más importante de la satisfacción laboral. Asimismo, toma nota de la información sobre la extensión de la discriminación en la práctica, en particular en lo que respecta al embarazo y la licencia parental, que figura en la revisión nacional de 2014 realizada por el Comisario para la lucha contra la discriminación sexual en nombre de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, entre 2013 y 2015, se realizaron una serie de enmiendas legislativas a la Ley de Trabajo Equitativo, de 2009 (FWA) y al Reglamento sobre el Trabajo Equitativo, de 2009, a fin de ayudar a mujeres y hombres a equilibrar las responsabilidades laborales y las responsabilidades de cuidados y señala que estas enmiendas responden en parte a las recomendaciones que figuran en el informe final de 2014 de la Comisión Australiana de Derechos Humanos sobre la revisión nacional de «Apoyando a los padres trabajadores: embarazo y regreso al trabajo». Entre estas modificaciones figuran: ampliar el derecho a solicitar modalidades de trabajo flexibles; exigir que el empleador consulte al empleado que realice la solicitud acerca de los cambios en los horarios de trabajo y las decisiones en materia de solicitudes de ampliación de la licencia parental no remunerada; aumentar el período de licencia parental no remunerada simultánea de ambos padres, y garantizar que todas las mujeres tienen derecho a ser trasladadas a un trabajo seguro durante su embarazo y que no pierden la licencia parental no remunerada cuando toman una licencia por maternidad especial debido a una enfermedad relacionada con el embarazo. Si bien acoge con beneplácito esas enmiendas, la Comisión toma nota de que según el ACTU el actual marco normativo no ha logrado el cambio necesario de las actitudes y las prácticas a fin de hacer frente a la discriminación que sufren los trabajadores con responsabilidades familiares. En particular, el ACTU observa que las disposiciones de la FWA (artículos 65 y 76) no obligan a los empleadores a atender razonablemente las solicitudes relacionadas con la flexibilización de la organización del trabajo y que la FWA permite muchos motivos razonables para que las empresas denieguen dichas solicitudes, denegación que no se podrá apelar a no ser que forme parte en un acuerdo de trabajo. Destacando la importancia de garantizar que se tienen en cuenta las necesidades en materia de condiciones de trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar una igualdad de oportunidades y de trato efectiva a los trabajadores con responsabilidades familiares asegurando que exista un marco legal adecuado y mejorando la aplicación en la práctica de las disposiciones pertinentes de la Ley de Trabajo Equitativo, de 2009 (FWA) y el Reglamento sobre el Trabajo Equitativo, 2009, en su tenor enmendado, así como de la Ley sobre la Discriminación Sexual de 1984, y la Ley sobre Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo de 2012, con arreglo al Convenio. La Comisión también pide al Gobierno a que siga transmitiendo resúmenes de las decisiones judiciales o administrativas en materia de discriminación debida a las responsabilidades familiares o de cuidado.

Artículo 4.  Licencia remunerada y organización del trabajo. La Comisión toma nota con interés de que en 2012 se enmendó la Ley sobre la Licencia Parental Remunerada de 2010 a fin de ampliar el régimen de licencia parental a los padres y parejas que reúnen los requisitos necesarios, incluidos los padres adoptivos y los padres que pertenecen a parejas del mismo sexo, y que desde el inicio, el 1.º de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015, de la aplicación de este régimen, 173 140 personas han recibido estos pagos. La Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por el ACTU sobre la intención del Gobierno, anunciada en abril de 2016, de continuar recortando el régimen de licencia parental remunerada establecido con arreglo a la Ley sobre la Licencia Parental Remunerada de 2010. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se realicen en las disposiciones y la aplicación de la Ley sobre la Licencia Parental Remunerada de 2010. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística desglosada por sexo sobre la aplicación práctica de los artículos 65 y 76 de la FWA, incluida información sobre el número de solicitudes aceptadas y denegadas de cambios en la organización del trabajo y en lo que respecta a la licencia parental.

Artículo 5.  Servicios para el cuidado de los niños. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, durante el período de memoria se ha ampliado sustancialmente el número de servicios de educación y cuidado de la primera infancia y durante los últimos dos decenios han aumentado las tasas de participación en la fuerza de trabajo de las mujeres con niños menores de 15 años, que han pasado del 57 al 67 por ciento. Asimismo, toma nota de la asistencia en materia de cuidado de los niños financiada por el Gobierno que se proporciona a través de las prestaciones en materia de atención a la infancia y desgravámenes por atención a la infancia y de la alianza nacional para apoyar los programas preescolares de los estados y territorios. También toma nota de la observación del ACTU respecto a que, a pesar de su ampliación, el acceso asequible a la educación temprana y al cuidado de los niños sigue planteando importantes desafíos. Se refiere al informe relativo a la encuesta de la Comisión de productividad sobre el cuidado de los niños y el aprendizaje en la primera infancia, 2014, en el que se estima que aproximadamente 165 000 padres querrían trabajar o aumentar sus horas de trabajo pero no pueden hacerlo debido a las dificultades que tienen para acceder a los servicios de cuidado de los niños. En respuesta a las recomendaciones realizadas por la Comisión de productividad, el Gobierno ha anunciado la adopción de un plan para el cuidado de los niños y los empleos para las familias a fin de establecer un sistema de cuidado de los niños más simple, flexible, asequible y sostenible dirigido a los que más lo necesitan. Asimismo, la Comisión toma nota de la preocupación del ACTU acerca de algunos de los elementos del plan y en relación con su financiación. Tomando nota del informe de la Comisión de Productividad, de la respuesta del Gobierno al respecto, así como de las preocupaciones de la ACTU, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el paquete básico de empleos para las familias con hijos, en particular sobre la manera en que ayuda a las familias de ingresos bajos y medios a equilibrar las responsabilidades familiares y las responsabilidades laborales.

Artículo 6.  Información y educación. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, durante los últimos años la Comisión Australiana de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo para los asuntos laborales han puesto en marcha una serie de recursos sobre prácticas óptimas, que incluyen guías y sitios web, para los empleadores y los trabajadores en materia de equilibrio de las responsabilidades laborales y familiares. Asimismo, toma nota de que el Comisionado de Australia del Sur para el empleo en el sector público ha promulgado las directrices sobre lugares de trabajo flexibles y de que la Comisión del Servicio Público de Queensland ha publicado diversos documentos sobre el establecimiento de una organización flexible del trabajo. La Comisión espera que las instituciones del Gobierno federal y de los estados y territorios lleven a cabo más programas proactivos de sensibilización y de educación pública dirigidos a empleadores y supervisores, especialmente de pequeñas y medianas empresas, a fin de promover los derechos y las prestaciones relacionados con la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares y la reducción de los obstáculos en materia de organización y los sesgos que impidan que los trabajadores puedan hacerse cargo de sus responsabilidades familiares y de cuidado.

Bahamas

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de la memoria sumamente sucinta presentada por el Gobierno en la que se indica que los asuntos abordados en los comentarios anteriores se plantearán y discutirán con las organizaciones de empleadores y de trabajadores a través del Consejo tripartito nacional, con miras a introducir los cambios recomendados al artículo 6 de la Ley de Empleo de 2001. En relación con esto, la Comisión lamenta tomar nota de que las demás cuestiones planteadas anteriormente sobre la fijación de las tasas de remuneración, la evaluación objetiva de los empleos, los convenios colectivos y la efectividad de los mecanismos de control del cumplimiento no se han abordado desde 2004. La Comisión desea reiterar que, si no dispone de la información necesaria, no puede evaluar la aplicación efectiva del Convenio, incluidos los progresos realizados desde su ratificación, en 2001. Confía en que la próxima memoria del Gobierno contenga información completa sobre los puntos descritos a continuación.

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión lamenta tomar nota de que la Ley de Empleo (enmienda) de 2012, no ha modificado el artículo 6 de la Ley de Empleo de 2001 a fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y pide al Gobierno que tome medidas para enmendar el artículo 6 de la Ley del Empleo de 2001, a efecto de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que se asegure de que su legislación no sólo permite la comparación de puestos de trabajo en un mismo establecimiento que básicamente requieren de las mismas calificaciones, esfuerzos y responsabilidades y que son ejecutados en condiciones de trabajo similares, sino también de trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor, y que ésta prevé una amplia definición de la «remuneración» de conformidad con el artículo 1, a) del Convenio. La Comisión alienta al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

Artículo 2.  Fijación de las tasas de remuneración. Notando que la información solicitada no ha sido recibida, la Comisión confía en que el Gobierno estará en condiciones de proporcionar en su próxima memoria información y ejemplos sobre la manera en que se fija la remuneración en el servicio civil y en el sector público, incluyendo copia de las escalas salariales e información sobre los métodos empleados para su fijación.

Artículo 3.  Evaluación objetiva de los puestos de trabajo. Al no contener la memoria del Gobierno información a este respecto, la Comisión espera que su próxima memoria contendrá información sobre los acuerdos y las políticas que contemplan la evaluación de los puestos de trabajo, así como información respecto de toda medida tomada o contemplada a efecto de promover el desarrollo y la utilización de sistemas de evaluación objetiva de los puestos de trabajo sobre la base del trabajo efectuado en el sector público y en el privado.

Artículo 4.  Cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión pide al Gobierno que incluya información en su próxima memoria respecto de las medidas tomadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores para lograr la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y que indique las medidas contempladas para alentar a los interlocutores sociales a incluir disposiciones sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en sus convenios.

Aplicación. La Comisión toma nota del planteamiento del Gobierno, según el cual la búsqueda de las decisiones del tribunal laboral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones de las Bahamas no reveló ningún fallo concerniente a cuestiones relativas a la aplicación del Convenio. A este respecto, la Comisión debe recordar que la ausencia de causas judiciales no es necesariamente indicativa de una ausencia de contravenciones. Ello puede indicar una falta de comprensión del principio de parte de la Inspección del Trabajo, así como de los trabajadores y los empleadores, o bien una falta de acceso a los procedimientos de queja. La Comisión espera que el Gobierno tomará medidas para mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo para detectar y abordar la desigualdad de remuneración por trabajo de igual valor, y para asegurar que los trabajadores son informados de su derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y de los mecanismos de resolución de conflictos. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre cualquier actividad realizada a tal efecto.

Aplicación en la práctica y estadísticas. Anteriormente, la Comisión había tomado nota de las estadísticas de 2005 sobre las «personas empleadas en la industria hotelera por sexo, promedio de horas trabajadas y de salario semanal — todas las Bahamas», adjuntadas a la memoria del Gobierno; éstas indican que existen, diferencias salariales entre mujeres y hombres, en prácticamente todas las ocupaciones, y que las mujeres están, con más frecuencia que los hombres, concentradas en las ocupaciones de menor remuneración. La brecha salarial semanal entre hombres y mujeres es particularmente notable en la categoría más elevada de los altos funcionarios y gerentes. Aunque hombres y mujeres estén más o menos distribuidos por igual en dicha categoría ocupacional, la brecha de género en los salarios semanales es de un 31,3 por ciento. A falta de más información al respecto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para determinar las razones subyacentes a las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y que indique las medidas tomadas o contempladas para abordarlas en las distintas ocupaciones, particularmente en la categoría más elevada de los altos funcionarios y gerentes. También le pide al Gobierno que continúe facilitando información estadística respecto de los ingresos de los hombres y de las mujeres en los distintos sectores económicos y en las distintas ocupaciones, tanto en el sector público como en el privado.

Por último, la Comisión toma nota de que en su informe presentado al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Gobierno indicó que, en 2012, el Primer Ministro designó un comité constitucional para que llevara a cabo una revisión exhaustiva de la Constitución de las Bahamas y para que recomendara cambios a la misma antes del 40.º aniversario de la independencia del país. En julio de 2013, el comité constitucional presentó su informe y pidió que se adoptaran las enmiendas propuestas (cuatro proyectos de enmienda de la Constitución) mediante un referéndum nacional, previsto para el 7 de junio de 2016 (documento CEDAW/C/BHS/6, de 26 de mayo de 2017, párrafos 4-7). La Comisión toma nota de que, en junio de 2016, la primera ronda de la reforma constitucional encaminada a instituir la plena igualdad entre hombres y mujeres en cuestiones de ciudanía y, más en general, a eliminar la discriminación por motivo de género, ha sido rechazada por los votantes de las Bahamas; la cuarta enmienda habría actualizado el artículo 26 de la Constitución, con objeto de que fuera inconstitucional que el Parlamento promulgue cualquier ley que discrimine por motivo de sexo. La Comisión pide al Gobierno que indique el impacto de este voto en la aplicación del Convenio, y que proporcione información sobre cualquier cambio relativo al proceso de reforma constitucional, en particular por lo referente a las disposiciones que pueden afectar la aplicación efectiva del Convenio. La Comisión insta firmemente asimismo al Gobierno a que comunique información detallada sobre todos los puntos mencionados en sus comentarios anteriores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahrein

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en su 106.ª reunión (junio de 2017) y de las conclusiones adoptadas, en las que se pide al Gobierno de Bahrein que:

i)informe a la Comisión de Expertos, para su reunión de noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para cumplir los compromisos que figuran en los acuerdos tripartitos de 2012 y 2014 en relación con los esfuerzos del Gobierno para aplicar el Convenio núm. 111;

ii)vele por que la legislación cubra todos los motivos prohibidos de discriminación, tanto directa como indirecta, enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio y tome medidas para garantizar que la discriminación en el empleo y la ocupación se prohíba en la legislación y la práctica;

iii)vele por que tanto los trabajadores migrantes como los trabajadores domésticos estén cubiertos por la protección prevista en la legislación contra la discriminación;

iv)garantice la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo para las mujeres, y

v)garantice que el acoso sexual esté prohibido en el Código del Trabajo y proporcione información acerca de la manera en que las quejas de esta naturaleza pueden presentarse a la Comisión de Expertos para su reunión de noviembre de 2017.

La Comisión también toma nota de que la Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a aceptar una misión de contactos directos y que la Oficina aún está esperando la respuesta del Gobierno.

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) que se recibieron el 6 de septiembre de 2017, la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2017 y la Internacional de la Educación (IE) y la Asociación de Maestros de Bahrein (BTA) recibidas el 6 de septiembre de 2017, las cuales, de conformidad con la práctica establecida, se remitieron al Gobierno para que realice los comentarios al respecto.

I.     Medidas adoptadas para cumplir los compromisos que figuran en los acuerdos tripartitos de 2012 y 2014

Artículo 1 del Convenio. Discriminación por motivo de opinión política. La Comisión recuerda que en la 100.ª reunión (junio de 2011) de la Conferencia Internacional del Trabajo, algunos delegados trabajadores de la Conferencia presentaron una queja, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, relativa a la inobservancia por Bahrein del Convenio núm. 111. Según la queja, en febrero de 2011, se impusieron suspensiones y sanciones de diversos tipos, incluidos despidos, a los miembros y dirigentes, como consecuencia de manifestaciones pacíficas en las que se exigieron cambios económicos y sociales, y que expresaron su apoyo a la democratización y la reforma en curso. En la queja se alegaba que estos despidos habían tenido lugar debido a las opiniones, las creencias de los trabajadores y su afiliación a un sindicato. En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración acogió con agrado un acuerdo tripartito, concluido en 2012 por el Gobierno, la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) y la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein (BCCI), así como un acuerdo tripartito complementario concluido en 2014. El Consejo de Administración invitó a esta Comisión a que examinara la aplicación del Convenio por el Gobierno, y a que realizara un seguimiento de la puesta en práctica de los acuerdos concluidos. Según el acuerdo tripartito de 2012, la Comisión tripartita nacional que se había establecido para examinar la posición de los trabajadores que habían sido despedidos o que habían sido remitidos a los tribunales penales debería proseguir su labor para asegurar la plena reinserción de dichos trabajadores. Además, en virtud del Acuerdo tripartito complementario de 2014, el Gobierno, la GFBTU y la BCCI habían acordado: i) remitir a un comité tripartito aquellos casos que no se habían resuelto, que estaban relacionados con reclamaciones o compensaciones financieras y, en ausencia de consenso, remitir dichos casos con miras a una resolución judicial; ii) brindar cobertura de seguro social por el período de interrupción de los servicios, y iii) reintegrar a los 165 trabajadores despedidos restantes del empleo del sector público y de las principales empresas privadas en las que el Gobierno tenga acciones y de otras empresas privadas, según la lista adjunta al Acuerdo tripartito complementario.

En su memoria, el Gobierno recuerda que, la fecha de presentación de la memoria (30 de agosto de 2017), el 98 por ciento de todos los casos que conllevaron despido y que se mencionaron en el acuerdo tripartito de 2012 se habían resuelto con éxito (reinserción con la plena retención de sus derechos y prestaciones en materia de empleo y jubilación) y que esta queja se había archivado, con el acuerdo de las tres partes. En lo que respecta al 2 por ciento restante (o los 165 casos problemáticos pendientes en los que hubo desacuerdo con los empleadores), el Gobierno indica que, aunque se refieren a casos en los que las personas afectadas han sido objeto de condena penal o en los que no se ha demostrado un vínculo entre el despido y los eventos de 2011, se había acordado (en el marco del acuerdo tripartito complementario de marzo de 2014) proseguir las negociaciones con los empleadores a fin de resolver estos casos o de encontrar un empleo alternativo a los trabajadores afectados. Según el Gobierno, se han tramitado y resuelto 108 casos reintegrando a los trabajadores o encontrando un trabajo alternativo similar para ellos con las mismas condiciones salariales y prestaciones. Algunos trabajadores despedidos aceptaron la compensación financiera ofrecida, mientras que otros obtuvieron licencias comerciales y se han convertido en empresarios independientes.

El Gobierno explica que, el 5 de enero de 2017, la GBFTU le escribió pidiéndole que redoblara sus esfuerzos para abordar los 37 casos restantes de los 165 que figuran en la lista anexa al acuerdo tripartito, que la GFBTU consideró pendientes y aún no finalizados. Con arreglo al principio de la cooperación sostenida y la alianza con la GFBTU, el Gobierno no escatimó esfuerzos para resolver los 37 casos problemáticos, a pesar de las divergencias de opinión sobre los motivos de despido en estos casos. Los resultados de estos esfuerzos son los siguientes: de estos 37 casos: i) diez trabajadores despedidos fueron reintegrados, no obstante las dificultades que esto conllevó; ii) a dos de ellos se les ofreció un acuerdo económico a solicitud suya, ya que no querían reincorporarse al trabajo; iii) de los 18 trabajadores que fueron objeto de condena penal, 13 casos se han resuelto. A pesar de que el Gobierno no tiene ninguna obligación para con los trabajadores declarados culpables en un tribunal penal, había resuelto encontrarles un empleo alternativo, si lo deseaban, una vez se hubieran registrado como solicitantes de empleo y hubieran presentado un «certificado de readaptación». En los cinco casos pendientes restantes no se ha aprovechado esta oportunidad, y iv) el examen y la investigación de los documentos sometidos por la GFBTU a las reuniones de la Comisión tripartita paritaria han mostrado que siete casos son casos ordinarios de despido que deben abordarse como conflictos laborales individuales (por ejemplo, las sanciones disciplinarias iniciadas antes de los eventos de febrero de 2011) y/o sin ningún vínculo con los eventos de febrero de 2011 en Bahrein. Por lo tanto, se había acordado excluirlos de la lista de trabajadores despedidos reconocidos en virtud del acuerdo tripartito. No obstante, el Gobierno había procurado ayudar a estos trabajadores y examinar su situación; como consecuencia, de estos siete trabajadores, uno ha dimitido por motivos de salud; uno ha aceptado la oferta de un empleo alternativo en el sector privado; uno ha optado por convertirse en empleador y el Gobierno le ha permitido obtener un registro comercial, y cuatro no aprovecharon la posibilidad de postular a un empleo alternativo. El Gobierno concluye por tanto que, de conformidad con lo anterior, todos los casos de trabajadores despedidos a raíz de los eventos de febrero y marzo de 2011 se han resuelto plenamente sobre la base de la cooperación a nivel nacional entre los interlocutores sociales, y afirma su disposición en todo momento a seguir cooperando y su compromiso de encontrar un empleo alternativo adecuado para quienes lo deseen.

A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI de que no todos los trabajadores despedidos han sido plenamente reincorporados a sus trabajos. Según la CSI, 64 casos de despido relacionados con los eventos de febrero de 2011 siguen sin haberse resuelto, porque los empleadores se negaron a readmitir a los trabajadores. La CSI afirma asimismo que la compensación financiera de la mayoría de los trabajadores readmitidos aún no ha sido pagada por sus empleadores respectivos pese a las condiciones de los acuerdos tripartitos a este respecto, y que algunos empleadores también se han negado a proporcionar un seguro social a los trabajadores readmitidos por el período en el que fueron despedidos. En relación con esto, la Comisión toma nota de que, en la lista de 165 nombres adjunta al acuerdo tripartito de marzo de 2014, sólo se mencionan 12 personas como trabajadores del Ministerio de Educación. La IE y la BTA indican que muchos docentes que tomaron parte en las protestas pacíficas habían perdido sus trabajos y medios de sustento en aquel momento y todavía no habían sido reintegrados ni habían recibido una compensación financiera. Sin embargo, no se desprende claramente de la declaración de la IE y de la BTA si algunos de los 120 docentes que perdieron sus empleos, y siguen esperando su reinserción, formaron parte de los acuerdos tripartitos concluidos en 2012 y 2014. La Comisión toma nota asimismo de que la GFBTU, que es parte en los acuerdos tripartitos, no envió su observación confirmando la plena aplicación del acuerdo arriba mencionado, tal como indicó el Gobierno. También toma nota de que el propio Gobierno concluye su memoria refiriéndose a esta cuestión, indicando su disposición y compromiso de seguir colaborando a fin de encontrar un empleo alternativo adecuado para todos los trabajadores despedidos, si así lo desean — lo que significa que algunos casos aún no se han resuelto. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que comunique pruebas de que los casos de 165 trabajadores despedidos mencionados por nombre en el anexo del acuerdo tripartito de marzo de 2014, han sido resueltos satisfactoriamente para las partes, es decir, que no sólo se reinsertó a los trabajadores que lo deseaban o se les ofreció un empleo alternativo, sino que también se les proporcionó compensación financiera y cobertura de seguro social para el período en que fueron despedidos. Tomando nota de que los trabajadores que fueron condenados por decisiones judiciales podrían pedir al Ministerio asistencia para encontrar un empleo alternativo a condición de que se registren como solicitantes de empleo y de que presenten un «certificado de readaptación», y de que 9 de 18 no han aprovechado esa oportunidad, la Comisión pide al Gobierno que indique qué condiciones han de cumplirse para obtener dicho certificado.

La Comisión toma nota de la información transmitida por la IE y la BTA acerca de que, a raíz del despido de una serie de docentes que tomaron parte en las demostraciones pacíficas durante los eventos de 2011, el Ministerio de Educación ha contratado a unos 9 000 expatriados de otros Estados árabes, y se ha establecido una fuerza de trabajo de docentes de dos niveles que cuentan con docentes expatriados que gozan de mejores condiciones que los nacionales. Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado sus comentarios sobre las cuestiones planteadas en dicha observación, la Comisión invita al Gobierno a que comunique sus comentarios sobre estas cuestiones.

II.     Vele por que la legislación cubra todos los motivos de discriminación enunciados en el artículo 1, 1), a), del Convenio, y la discriminación tanto indirecta como directa, y tome medidas para garantizar que la discriminación en el empleo y la ocupación se prohíba en la legislación y en la práctica

Artículo 1, 1), a), y 3). Motivos de discriminación y aspectos del empleo y de la ocupación. La Comisión recuerda que, en su comentario anterior, había tomado nota de que la Ley del Trabajo en el Sector Privado, de 2012 (ley núm. 36/2012) no se aplica a «los funcionarios públicos y personas consideradas como tales, incluyendo los trabajadores agrícolas, los guardias de seguridad, las niñeras, los chóferes y los cocineros» que trabajan para el empleador o los miembros de su familias (artículo 2, b)). También había subrayado que los artículos 39 (discriminación salarial) y 104 (terminación de la relación de trabajo) de la Ley del Trabajo en el Sector Privado no incluyen la raza, el color (sólo mencionados en el artículo 39), la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social en la lista de motivos prohibidos de discriminación. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno reconoce que no existe una definición integral de todas las formas de discriminación de conformidad con el Convenio, reitera sus explicaciones anteriores, a saber: i) en la práctica, no se notificó ninguna violación real de este principio en 2015 y 2016 (el Ministerio recibe más de 3 000 solicitudes semanales y ninguna alega discriminación por motivo de opinión política, género, religión, etc.); ii) los trabajadores del sector privado tienen a su disposición una serie de mecanismos para presentar y expresar quejas (órganos encargados de la resolución de conflictos, el ministerio competente, los tribunales, etc.), y iii) los trabajadores del sector público están cubiertos por una instrucción del servicio público núm. 16/2016 que prohíbe la discriminación por motivo de género, origen étnico, edad o religión, y tienen a su disposición asimismo procedimientos de presentación de quejas (comités internos, Oficina del Servicio Civil, tribunales, etc.). No obstante, el Gobierno indica que está dispuesto a cooperar con la OIT para estudiar la posibilidad de formular una definición integral de discriminación en estas dos leyes sobre la base de las normas internacionales del trabajo, en consonancia con mecanismos y procedimientos constitucionales y legislativos específicos. A este respecto, la Comisión reitera que disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye la discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). Subraya asimismo que la falta de quejas no es un indicador de la ausencia de discriminación en la práctica. Es más probable que indique la ausencia de un marco jurídico apropiado, la falta de concienciación acerca de los derechos, la falta de confianza y en el acceso en la práctica a los procedimientos, o la ausencia de dicho acceso, o el temor a represalias. El temor a represalias suscita particular inquietud en el caso de los trabajadores migrantes. Recordando la declaración del Gobierno de que está dispuesto a estudiar, con el apoyo técnico de la OIT, la posibilidad de formular una definición integral de discriminación en consonancia con el Convenio, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incluir en la Ley del Trabajo en el Sector Privado, de 2012, una definición de discriminación, así como una prohibición de la discriminación directa e indirecta que cubra a todos los trabajadores, sin distinción alguna, con respecto a todos los motivos previstos en el Convenio, incluido el color; en relación con todos los aspectos del empleo, incluido el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y a ocupaciones particulares, y las condiciones de empleo, y de que proporcione información sobre cualquier evolución a este respecto. Además, tomando nota de que el decreto legislativo núm. 48, de 2010, relativo al servicio civil no incluye una prohibición de discriminación, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios públicos gocen de protección adecuada en la práctica contra la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación en relación con todos los motivos previstos en el Convenio. A este respecto, la Comisión alienta al Gobierno a que considere incluir disposiciones específicas en el decreto legislativo núm. 48 que prevean la protección integral contra la discriminación en el servicio civil.

III.     Vele por que tanto los trabajadores migrantes como los trabajadores domésticos estén incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación contra la discriminación

Artículo 3, c).  Trabajadores migrantes. En respuesta a la solicitud de la Comisión de que el Gobierno comunicara información sobre las medidas específicas adoptadas para garantizar la protección efectiva de todos los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, contra la discriminación por los motivos establecidos en el Convenio, incluido el acceso a vías de recurso y procedimientos apropiados, el Gobierno reitera la información proporcionada anteriormente sobre la protección de los trabajadores migrantes en el país, entre ellos los trabajadores domésticos, e indica una vez más que no se han proporcionado pruebas de discriminación contra los trabajadores migrantes. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno proporciona nueva información señalando que desde mediados de 2017, existe un sistema flexible de permisos de trabajo para regularizar la situación de un gran número de personas que trabajan en la economía informal en Bahrein, permitiéndoles beneficiarse del seguro social, del seguro de desempleo y de los sistemas de atención de salud. Este nuevo sistema permite a un trabajador migrante que trabaje en condiciones injustas solicitar a título individual un permiso de trabajo que le permita trabajar sin estar vinculado a un empleador determinado, de conformidad con las normas, y evitar así la explotación. También se garantiza a los trabajadores el pleno acceso a la protección jurídica. El sistema permitirá a un trabajador migrante firmar un contrato de trabajo temporal y gozar al mismo tiempo de todos los beneficios y derechos previstos por la Ley del Trabajo en el Sector Privado, incluida la libertad de traslado de un empleo a otro.

En lo que respecta a los trabajadores migrantes, la CSI recuerda que los trabajadores migrantes representan aproximadamente el 77 por ciento de la fuerza de trabajo de Bahrein y provienen principalmente de Bangladesh, Egipto, Filipinas, India, Jordania, Kenya, Nepal, Pakistán, República Árabe de Siria, Sri Lanka, Tailandia, y Yemen. Los trabajadores migrantes están representados en numerosos ámbitos de la economía, con inclusión del trabajo doméstico (el 12,8 por ciento de la fuerza de trabajo bahreiní y el 42,2 por ciento de la fuerza de trabajo femenina), la construcción y los servicios. En su informe, la CSI confirma la introducción de un programa piloto que prevé un permiso de trabajo flexible (FLEXI) para categorías limitadas de trabajadores migrantes en situación irregular (no pueden beneficiarse del mismo los trabajadores calificados y los trabadores que huyeron de empleadores abusivos, y tampoco los trabajadores domésticos y agrícolas). Así pues, los trabajadores migrantes que se encuentran en situación irregular y trabajan actualmente en Bahrein pueden trabajar sin un patrocinador a condición de que cubran ciertos costos, como las comisiones anuales por el permiso de trabajo (530 dólares de los Estados Unidos), la atención de salud anual (381 dólares de los Estados Unidos) y una tarifa mensual por el seguro de salud (80 dólares de los Estados Unidos). Además, estos trabajadores deben proporcionar un pasaporte válido con el fin de solicitar un permiso. Sin embargo, la CSI añade que los migrantes que están atrapados en una situación irregular no suelen estar en posesión de su pasaporte debido a su confiscación por el empleador anterior. Además, no está claro qué ley cubre los contratos de trabajo de quienes tienen un permiso «flexible» y la manera en que esto repercute en las protecciones laborales que se les brinda. En lo tocante al derecho a cambiar de empleador, la Comisión toma nota del número total de autorizaciones para el traslado de un empleador a otro concedidas en 2015 (35 000) y en 2016 (24 000). También toma nota de que, según la CSI, aunque el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que los trabajadores migrantes bahreiníes no están sujetos al sistema kafala y pueden cambiar de empleo sin la autorización de su patrocinador, la Autoridad de Regulación del Mercado de Trabajo sigue permitiendo a los empleadores que incluyan en sus contratos de trabajo un requisito que limite la autorización de un traslado a otro empleador durante un tiempo especificado.

Por lo referente a los trabajadores domésticos, la CSI recuerda que, salvo en el caso de muy pocas disposiciones, quedan excluidos de la cobertura de la legislación laboral; por lo tanto, no se benefician de las disposiciones de la Ley del Trabajo sobre los días de descanso semanales o de la fijación de un límite a las horas de trabajo (ya que algunas veces trabajan hasta 19 horas al día con pausas mínimas y ningún día libre); no se establece un salario mínimo, lo que se traduce en que los empleadores pueden pagar salarios mensuales de apenas 92 dólares de los Estados Unidos, promediando 186 dólares de los Estados Unidos. La CSI concluye recordando que una serie de informes indican que las trabajadoras domésticas son víctimas de abuso físico y acoso sexual. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona ninguna información a este respecto. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que formule comentarios sobre las alegaciones de la CSI relativas al programa «flexible» introducido recientemente y al sistema kafala. Entre tanto, la Comisión reitera su solicitud anterior de que el Gobierno suministre información sobre las medidas específicas adoptadas para asegurar la protección efectiva de todos los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores migrantes domésticos, contra la discriminación por todos los motivos especificados en el Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que asegure que todas las normas adoptadas para regular el derecho de los trabajadores migrantes a cambiar de empleador no impongan unas condiciones o limitaciones que pudieran aumentar su dependencia de los trabajadores migrantes de sus empleadores, y hacerles así más vulnerables a las prácticas abusivas y discriminatorias. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la naturaleza y el número de casos, desglosados por sexo, ocupación y país de origen, en los que el empleador o la Autoridad de Regulación del Mercado de Trabajo no autorizó el traslado a otro empleador y por qué motivo. También pide al Gobierno que identifique las medidas específicas adoptadas o previstas a fin de sensibilizar tanto a los trabajadores migrantes como a los empleadores acerca de los mecanismos existentes, para presentar sus quejas a las autoridades competentes. Además, la Comisión pide al Gobierno que fortalezca la capacidad de las autoridades competentes, incluidos los jueces, los inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos, y que detecte y aborde casos de discriminación.

IV.     Garantice la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo para las mujeres

Artículo 2.  Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido que el Gobierno siguiera proporcionando información sobre las medidas adoptadas por el Consejo Supremo de Mujeres (CSW) y otras autoridades competentes, también en el marco del Plan nacional para la promoción de las mujeres bahreiníes (2013-2022), a fin de promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como ejemplos concretos de reformas legislativas emprendidas o previstas, así como información sobre su impacto en las oportunidades de empleo para las mujeres, incluidos los ámbitos dominados tradicionalmente por hombres. Había pedido al Gobierno que siguiera proporcionando información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, desglosada por sector, categorías profesionales y cargos desempeñados en los sectores público y privado, y sobre el número de mujeres y de hombres que se benefician respectivamente de la formación profesional. En su memoria, el Gobierno recuerda que las mujeres bahreiníes empezaron a trabajar en el sector privado en los años cincuenta y que, en la década de los sesenta habían empezado a obtener registros comerciales y a incorporarse al mundo empresarial. Según las estadísticas proporcionadas, en 2016 las mujeres representaban el 32,8 por ciento de la fuerza de trabajo bahreiní total y su salario promedio había aumentado de 465 dinares bahreiníes (1 232 dólares de los Estados Unidos) en 2011 a 521 dinares bahreiníes (1 381 dólares de los Estados Unidos) en el segundo trimestre de 2016. En agosto de 2016, las mujeres bahreiníes abarcaban el 39 por ciento de los registros comerciales individuales. En el sector privado, ocupaban cargos de liderazgo, como presidentas ejecutivas, presidentas y miembros de juntas directivas. En 2014, se eligió a cuatro mujeres para que formaran parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Bahrein, en la que representan el 22 por ciento de los miembros. Además, las mujeres bahreiníes han comenzado a incorporarse a nuevos ámbitos de empleo con los que no se las asociaba anteriormente, por ejemplo, convirtiéndose en conductoras de taxi, profesoras de autoescuela y joyeras. Según el Gobierno, esta información demuestra que las mujeres representan aproximadamente el 50 por ciento de todos aquellos que trabajan en la educación en el sector público y privado. En cuanto al CSW, la Comisión toma nota de que, en coordinación con el CSW, se han constituido 45 comités de igualdad de oportunidades en los organismos gubernamentales con el fin de incorporar las necesidades de las mujeres en el marco de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de empleo, y de lograr la igualdad de oportunidades entre todos los trabajadores y entre todos los beneficiarios de los servicios estatales. Los comités de igualdad de oportunidades se encargan de elaborar directrices, criterios y planes relativos a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, de supervisar la plena incorporación de las necesidades de las mujeres en el marco de la igualdad de oportunidades, y de prestar asesoramiento. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social ha emprendido una serie de iniciativas concebidas para fomentar el empleo de las mujeres y promover formas de integrar a estas últimas en el mercado de trabajo. Estas iniciativas incluyen, entre otras, la promoción de la contratación de las mujeres ofreciendo un apoyo financiero equivalente al 50 por ciento del salario mensual durante un período de dos años; la creación de vacantes exclusivamente para mujeres en el mercado de trabajo; la facilitación de programas de formación para mujeres en especializaciones requeridas; la organización de ferias de empleo concebidas específicamente para contratar a mujeres; la concesión a las empresas y a los empleadores de beneficios adicionales por contratar a mujeres y promover su presencia en el mercado de trabajo, y el reconocimiento del derecho de las mujeres a trabajar a tiempo parcial (entre cuatro y seis horas al día), gozando al mismo tiempo de todos los derechos y prestaciones establecidos en la Ley del Trabajo en el Sector Privado y otras leyes; asegurando el derecho a vacaciones anuales, al seguro social, a unas condiciones de trabajo saludables, etc. El Gobierno indica que, además de gozar de plena protección y de todos los beneficios establecidos por la Ley del Trabajo en el Sector Privado, la legislación concede a las mujeres una licencia de maternidad (prolongada a sesenta días de licencia remunerados, en lugar de los 45 previstos por la ley anterior), una licencia no remunerada para cuidar de un hijo menor de 6 años de edad (esta nueva licencia no estaba contemplada en la legislación anterior) y un mes de licencia remunerada en caso de defunción de su marido. A este respecto, la Comisión opina que, con el fin de evitar el fortalecimiento de estereotipos relativos a la función de las mujeres y los hombres en la sociedad y en la familia, algunas de las medidas mencionadas anteriormente (el derecho de las mujeres a trabajar a tiempo parcial, una licencia no remunerada para cuidar de un hijo menor de 6 años de edad o un mes de licencia remunerada en caso de defunción del marido de una mujer que trabaja) deberían hacerse extensivas asimismo a los hombres. Tomando nota de que la memoria del Gobierno contiene información abundante sobre las medidas adoptadas para promover el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de cada una de estas medidas en el aumento del número de mujeres que ocupan cargos de liderazgo y sobre su situación en el mercado de trabajo, en particular en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga comunicando información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, desglosada por sector, categoría profesional y cargo tanto en el sector público como privado, y sobre el número de hombres y de mujeres que reciben formación profesional.

Artículo 5.  Medidas especiales de protección. En sus comentarios anteriores, la Comisión hizo referencia al artículo 31 de la Ley del Trabajo en el Sector Privado relacionada con el trabajo prohibido para las mujeres, y pidió que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para asegurar que las medidas de protección aplicables a las mujeres se limitaban a la protección de la maternidad en el sentido estricto. A este respecto, la Comisión tomó nota de la adopción de la orden ministerial núm. 32, de 2013, que prohíbe el empleo de las mujeres en ciertos sectores y ocupaciones, incluido el trabajo subterráneo, el trabajo que conlleva exposición a altas temperaturas o a vibraciones peligrosas, el trabajo que requiere grandes esfuerzos o esfuerzos físicos continuos, y el trabajo que conlleva la utilización o fabricación de plomo (artículo 1). La Comisión toma nota asimismo de la orden ministerial núm. 16, de 2013, relativa a las ocupaciones y las circunstancias en las que está prohibido emplear a mujeres de noche. Dicha orden especifica los establecimientos industriales en los que no puede emplearse a mujeres de noche, como los sitios en que se fabrican, destruyen o transforman materiales; los astilleros, los sitios de trabajos eléctricos (generación, transferencia o conexión), y los sitios de proyectos de construcción y de ingeniería civil. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno reitera su explicación anterior de que estas medidas concretas tienen por objeto proteger a las mujeres contra empleos que atentan contra su dignidad, sus capacidades y su constitución. Al tiempo que toma nota de la voluntad del Gobierno de contemplar la posibilidad de incluir modificaciones legislativas o normativas en la ley, la Comisión se ve obligada a recordar nuevamente que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres, que se basan en estereotipos relativos a sus capacidades profesionales y su papel en la sociedad, infringen el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación consagrado en el Convenio. Además, las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener por objeto proteger la seguridad y salud en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres (véase Estudio General de 2012, párrafo 840). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno nuevamente a que adopte medidas para asegurar que las medidas de protección aplicables a las mujeres se limiten a la protección de la maternidad en el sentido estricto, y a que revoque o suprima cualquier disposición que constituya un obstáculo a la contratación y empleo de las mujeres, como la orden ministerial núm. 16, de 2013, y el artículo 1 de la orden ministerial núm. 32, de 2013. Pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas a este respecto. La Comisión pide además al Gobierno que identifique las medidas concretas adoptadas para asegurar que todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles, estén protegidos de manera adecuada.

V.     Garantice que el acoso sexual esté prohibido en la legislación laboral y proporcione información acerca de la manera en que las quejas de esta naturaleza pueden presentarse

La Comisión recuerda que había hecho referencia a la necesidad de definir y prohibir, expresamente, el acoso sexual en el empleo y la ocupación que abarcan tanto el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil. En su memoria, el Gobierno subraya que no se han notificado casos de acoso sexual en el lugar de trabajo y que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, u otros órganos pertinentes, no han registrado quejas de este tipo. Además, hace referencia a los artículos 81 y 107, 7), de la Ley del Trabajo en el Sector Privado que regula el sector privado, y al punto 33 de la lista de multas y sanciones contenida en la instrucción núm. 12 de la Oficina del Servicio Civil, de 2007. La Comisión toma nota una vez más de que estas disposiciones no proporcionan una distinción clara del acoso sexual, pero prevén las sanciones en caso de infracción grave: así pues, i) el artículo 81 permite al empleador suspender temporalmente a un trabajador «si se atribuye al trabajador un delito, incluido un delito menor que socave el honor, la confianza o la ética pública, o un delito cometido en el departamento del trabajo»; ii) el artículo 107 permite al empleador poner fin al contrato de trabajo sin previo aviso o compensación si se ha dictado una sentencia definitiva contra el trabajador por un delito, incluido un delito menor, que socave el honor, la confianza o la ética pública, o «si se atribuye al trabajador un delito cometido en el departamento del trabajo», y iii) el punto 33 de la lista de multas y sanciones prevé una advertencia escrita preliminar del despido del servicio público en caso de agresión o de acoso sexual verbal o físico. La Comisión subraya que, sin una definición clave, sin una definición clara y sin la prohibición del acoso sexual en el empleo, sigue siendo dudoso que la legislación aborde efectivamente todas las formas de acoso sexual, tanto el acoso sexual que se asimila al chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil (véase Estudio General de 2012, párrafo 791). La Comisión señala asimismo que la falta de casos notificados de acoso sexual, tal como señala el Gobierno, no indica necesariamente que esta forma de discriminación sexual no exista; en su lugar, es probable que refleje la falta de un marco jurídico apropiado, la falta de concienciación, la falta de comprensión y de reconocimiento de esta forma de discriminación sexual entre los funcionarios gubernamentales y los trabajadores y empleadores y sus organizaciones, así como una falta de acceso a los mecanismos de presentación de quejas o vías de recurso, o la insuficiencia de aquéllos, o el temor a represalias (véase Estudio General de 2012, párrafo 790). Recordando una vez más que el acoso sexual es una grave manifestación de discriminación sexual y una violación de los derechos humanos, y que abordar el acoso sexual únicamente a través de procedimientos penales no es suficiente (debido a la sensibilidad de la cuestión, la mayor carga de la prueba y la serie limitada de comportamientos abordados), la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas para prohibir formalmente en el derecho civil o laboral tanto el acoso sexual que se asimila al chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil, y a que proporcione reparaciones y sanciones disuasorias. Pide asimismo al Gobierno que adopte medidas prácticas para prevenir y combatir el acoso sexual en el empleo y la ocupación, y que comunique información detallada a este respecto. Tomando nota de que el Gobierno afirma su disposición para aprovechar el apoyo técnico de la OIT, la Comisión insta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Barbados

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1974)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que no existe un marco legislativo que apoye el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Habiendo tomado nota de que los mecanismos existentes de negociación colectiva y los consejos salariales para la determinación de los salarios no parece que promuevan y garanticen efectivamente este derecho, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno relativa al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) el proyecto de política nacional de género, que incluye una sección sobre el empleo, está actualmente siendo revisado por los ministerios pertinentes pero aún no se ha adoptado el proyecto de ley sobre el empleo (prevención de la discriminación). La Comisión recuerda de nuevo la especial importancia de recoger en la legislación el concepto de «trabajo de igual valor» a fin de hacer frente a la segregación de hombres y mujeres en ciertos sectores y ocupaciones debido a los estereotipos de género. Habida cuenta de los cambios en curso en materia de legislación y políticas sobre igualdad de género y no discriminación, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor se refleje plenamente en el proyecto de política nacional de género y en el proyecto de ley sobre el empleo (prevención de la discriminación), y que transmita una copia de la política y de la nueva ley tan pronto como se hayan adoptado.

Brecha de ingresos por motivos de género y segregación ocupacional. La Comisión toma nota de que según las estadísticas comunicadas por el Servicio de Estadística de Barbados (encuesta sobre la fuerza de trabajo) de todas las mujeres empleadas en 2015, el 52,4 por ciento ganaban menos de 500 dólares de Barbados (BBD) a la semana en comparación con el 41,8 por ciento de los hombres empleados ese mismo año. Los hombres representaban casi el 56 por ciento de los que ganaban entre 500 BBD y 999 BBD a la semana, y las mujeres sólo el 44 por ciento. Las mujeres representaban el 46,6 por ciento de los que ganaban entre 1 000 BBD y 1 300 BBD y los hombres el 53,1 por ciento. Los hombres también constituían un poco más de la mitad de los trabajadores (el 52,5 por ciento) del grupo mejor remunerado (más de 1 300 BBD). Asimismo, la Comisión toma nota de que, según la encuesta sobre la fuerza de trabajo de 2015, en la economía existe una persistente segregación ocupacional por motivos de género dado que las mujeres trabajan principalmente en los servicios y como secretarias mientras que los hombres trabajan principalmente como artesanos y en trabajos relacionados o como operadores de instalaciones y máquinas. En lo que respecta a los sectores económicos, las trabajadoras están muy representadas en los «servicios de acomodación y alimentarios» y su número muchas veces dobla con creces o triplica el número de trabajadores en las «finanzas y seguros», la «educación» y el «trabajo sanitario y social». Las mujeres también están sobrerrepresentadas como empleadas del hogar. En contraste, los hombres predominan en los sectores de «la construcción» y «el transporte y el almacenamiento». La Comisión también se refiere a sus comentarios sobre el Convenio núm. 111. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y para incrementar el número de mujeres que realizan trabajos que ofrecen oportunidades de carrera y salarios más elevados. Recordando que las desigualdades salariales pueden surgir debido a la segregación de hombres y mujeres en ciertos sectores y ocupaciones, la Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados alcanzados en lo que respecta a hacer frente a la segregación ocupacional por motivos de género e incrementar el empleo de mujeres y hombres en sectores y ocupaciones en los que están infrarrepresentados una vez que se adopten la política nacional sobre el empleo y la política nacional de género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1974)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Protección legislativa contra la discriminación. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012, si bien protege a los trabajadores contra el despido improcedente basado en todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a), y en algunos motivos adicionales en virtud del artículo 1, 1), b), del Convenio, no garantiza la plena protección legislativa contra la discriminación tanto directa como indirecta de todos los trabajadores, en todos los aspectos del empleo y la ocupación. La Comisión había previamente solicitado al Gobierno que abordara las lagunas que existen en materia de protección en la legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria se limita a repetir las disposiciones constitucionales sobre la igualdad y la protección conferida por la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012. El Gobierno también mantiene que no existen en el país distinciones, exclusiones o preferencias basadas en los motivos prohibidos en el artículo 1, 1), a), o en cualquier motivo adicional determinado de conformidad con el artículo 1, 1), b), y que no se han registrado casos de discriminación. En relación con la presunta ausencia de discriminación, la Comisión considera que es esencial reconocer que ninguna sociedad está exenta de discriminación y que se requiere una acción continua para abordar la discriminación en el empleo y la ocupación, que es universal y evoluciona continuamente (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 731 y 845). Tomando nota de que el proyecto de ley de empleo (prevención de la discriminación), de 2016, sigue siendo un proyecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin más dilaciones, medidas para abordar las lagunas de protección que existen en la legislación y para garantizar que la legislación contra la discriminación defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta en todos los aspectos del empleo y la ocupación, para todos los trabajadores, y con respecto a todos los motivos establecidos en el Convenio. La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que todos los trabajadores sean protegidos en la práctica contra la discriminación, no sólo con respecto al despido, sino también con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación, basados en los motivos establecidos en el Convenio. Tales medidas pueden incluir la concienciación del público orientada a los trabajadores y a los empleadores y sus organizaciones o con la cooperación de éstos, o la elaboración de códigos de prácticas o directrices sobre igualdad de oportunidades en el empleo, a efectos de generar una comprensión más amplia de los principios consagrados en el Convenio. Lamentando tomar nota de que, durante varios años, el Gobierno no ha proporcionado información alguna sobre las acciones tomadas para promocionar y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato respecto de la raza, del color y de la ascendencia nacional, así como para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación basadas en esos motivos, la Comisión insta firmemente al Gobierno a facilitar dicha información sin demora, incluyendo estadísticas o encuestas, sobre la situación del mercado de trabajo de los distintos grupos protegidos en virtud del Convenio.

Artículo 1, 1), a).  Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. La Comisión tomó nota anteriormente de la ausencia, en la Ley sobre Derechos en el Empleo, de 2012, de disposiciones que protejan a los trabajadores contra el acoso sexual. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley sobre acoso sexual en el lugar de trabajo definirá y prohibirá tanto el chantaje sexual quid pro quo como el acoso sexual derivado de un ambiente hostil y prevé un tribunal para recibir denuncias y determinar los asuntos relativos al acoso sexual. La Comisión insta firmemente al Gobierno a tomar medidas para asegurar que se adopte rápidamente el proyecto de ley sobre acoso sexual en el lugar de trabajo que defina y prohíba el acoso sexual (tanto el acoso quid pro quo como el acoso derivado de un ambiente hostil), en todos los aspectos del empleo y la ocupación, y pide al Gobierno que comunique copia de la última versión del proyecto de ley o de la ley adoptada en su próxima memoria.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bélgica

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1952)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brechas de remuneración y sus causas. Medidas de lucha contra las brechas de remuneración. La Comisión toma nota con interés de la publicación anual desde 2007 por el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IEFH) del «Informe sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres en Bélgica», que ofrece una perspectiva muy completa de la situación salarial de hombres y mujeres, evalúa pormenorizadamente la brecha salarial, en particular, desglosándola por sectores de economía y tiempo de trabajo, analiza sus causas y formula algunas recomendaciones para corregirla. Según el informe de 2017, la brecha salarial por hora entre hombres y mujeres registrada en 2014 fue del 7,6 por ciento, y la brecha bruta anual media del 20,6 por ciento. La Comisión toma nota de que el informe determina varios factores de desigualdad, de los cuales algunos se basan en la posición de las mujeres y los hombres en el mercado de trabajo (segregación profesional por profesión y sector), mientras que otros se derivan de las características personales del trabajador (formación, experiencia profesional, antigüedad) o de la situación jurídica de la persona (estado civil y composición del hogar). El informe destaca que el 48,2 por ciento de las diferencias salariales pueden explicarse por estos factores conocidos; y el 51,8 por ciento de dicha diferencia sigue sin explicarse, una parte de la cual es el resultado de una discriminación directa. La Comisión señala asimismo que el informe recomienda al Gobierno que adopte las medidas siguientes: aumentar la participación de las mujeres en el empleo; reducir el empleo a tiempo parcial involuntario; ampliar las competencias de la inspección del trabajo en materia de discriminación en las empresas; reforzar la recopilación y la explotación de datos estadísticos; mejorar la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar; seguir favoreciendo la representación de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas (entre 2011 y 2016, la proporción de mujeres en los consejos de administración ha pasado del 11 al 28 por ciento), y luchar contra la segregación profesional y, en particular, contra los estereotipos de género, en la enseñanza, la formación y la orientación profesional. Teniendo en cuenta la persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para luchar contra las desigualdades salariales, incluidas las medidas adoptadas en materia de formación y de orientación profesional para combatir los prejuicios y los estereotipos sexistas, y sobre las medidas tomadas para combatir el trabajo a tiempo parcial involuntario.

Evolución y aplicación de la legislación. La Comisión toma nota de la adopción de la ley de 12 de julio de 2013, que introduce modificaciones en la legislación relativa a la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo en la Ley de 22 de abril de 2012, para Luchar contra la Brecha Salarial, donde añade disposiciones relativas al control ejercido por la Dirección general de relaciones colectivas del trabajo sobre la neutralidad en materia de género de las clasificaciones sectoriales de las funciones en el empleo, así como la adopción del decreto de 17 de agosto de 2013 sobre este mismo asunto. En relación con las medidas adoptadas a nivel de empresa, la Comisión toma nota asimismo de la adopción de dos reales decretos de 25 de abril de 2014 relativas, por una parte, al análisis sobre la estructura de remuneración de los trabajadores (sobre la base del cual puede adoptarse un plan de acción) y por otra parte, al nombramiento de un mediador en materia de lucha contra la brecha salarial (al cual puede designar el propio empleador en las empresas con más de 50 empleados). En lo que se refiere a la aplicación de la ley de 22 abril de 2012 para luchar contra la brecha salarial, la Comisión toma nota con interés de la creación de un «task force» o grupo de trabajo, integrado especialmente por miembros del IEFH y del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Concertación Social, que deberá reunirse varias veces por año para evaluar la situación, coordinar a los diversos actores y llevar a cabo acciones de sensibilización, en particular entre los empleadores, trabajadores y sus organizaciones respectivas. El Gobierno señala que este «task force» organizó, en febrero de 2015, un coloquio para presentar la Ley de 2012 sobre la Brecha Salarial, que despertó un gran interés. La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones sobre la aplicación del dispositivo relativo al informe de análisis sobre la estructura de remuneración de los trabajadores, incluyendo la adopción de planes de acción al respecto, así como sobre el funcionamiento efectivo de la figura de los mediadores en materia de lucha contra la brecha salarial en las empresas, señalando los resultados obtenidos. La Comisión confía que el Gobierno contribuya a asegurar que la «task force» afiance sus actividades de sensibilización e información entre los interlocutores sociales y todas las personas implicadas en la lucha contra las brechas salariales entre hombres y mujeres.

Artículos 2, 2), c), y 3, 2).  Convenios colectivos. Revisión de las clasificaciones de las funciones a nivel sectorial. Evaluación de los empleos. La Comisión acoge favorablemente las explicaciones detalladas suministradas por el Gobierno sobre el procedimiento y los resultados de la primera fase de control, efectuada en 2014 y 2015, con la ayuda de un instrumento de evaluación que comprende 12 cuestiones basadas en criterios considerados como «buenas prácticas», a fin de promover la neutralidad en materia de género (entre otras, objetividad del sistema elegido – método analítico; atención a los prejuicios y estereotipos de género en el procedimiento; carácter objetivo de la recopilación de información sobre el contenido de las funciones). La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la mayoría de los sistemas de clasificación de funciones se han considerado como neutros desde el punto de vista de género y, según otros, las comisiones paritarias disponen de un plan de dos años para aportar las modificaciones necesarias. El Gobierno añade que, a falta de correcciones en el plazo y sin justificación válida, la comisión paritaria se inscribe en una lista que se transmite al Ministerio de Empleo y al IEFH. La Comisión reitera que la infravaloración de las funciones percibidas como «femeninas», es decir la ausencia de su reconocimiento, es una de las causas de las brechas de remuneración que subsisten entre hombres y mujeres.

Al tiempo que subraya la importancia de revisar las clasificaciones profesionales a la luz del principio de igualdad para luchar eficazmente contra la infravaloración de determinadas funciones, y al mismo tiempo regirse por el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre los resultados de las fases de control efectuadas desde 2015 en lo que se refiere a la neutralidad de las clasificaciones en materia de género sobre las medidas adoptadas cuando los controles demuestren que las clasificaciones no son neutras.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1977)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en motivos de sexo y/o de género. Sexismo. Acoso fundado en el sexo. Acoso sexual. Violencia. La Comisión toma nota de que, en 2015, se reportaron ante el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IEFH), 36 casos de acoso sexual (frente a seis, en 2014) y 74 casos de sexismo (frente a 58, en 2014). La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley de 22 de mayo de 2014 para luchar contra el sexismo en el espacio público y modificar la ley de 10 de mayo de 2007, a efectos de luchar contra la discriminación entre hombres y mujeres, con el fin de penalizar el acto de discriminación. La Comisión toma nota de que dicha ley prevé una pena de prisión y/o una multa, en caso de discriminación, en el ámbito de las relaciones de trabajo. También saluda la publicación y la difusión, por el IEFH, de un folleto de sensibilización y de información sobre el tema. En cuanto al acoso fundado en el sexo y al acoso sexual, la Comisión toma nota asimismo con interés de la adopción de las dos leyes siguientes: i) la ley de 28 de febrero de 2014, que completa la ley de 4 de agosto de 1996, relativa al bienestar de los trabajadores durante la ejecución de su trabajo en relación con la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, entre los que se encuentran aquéllos ocasionados por la violencia y el acoso o el acoso sexual en el trabajo, y ii) la ley de 28 de marzo de 2014, que modifica el Código Judicial y la ley de 4 de agosto de 1996, relativa al bienestar de los trabajadores durante la ejecución de su trabajo, en lo que atañe a los procedimientos judiciales. Estas leyes refuerzan las medidas de prevención, definen las funciones de todos los actores en la materia (empleador, trabajador, responsable jerárquico, comité para la prevención y la protección en el trabajo, consejeros en prevención y personas de confianza) y detallan el procedimiento interno de solicitud de una intervención psicosocial disponible para los trabajadores. La Comisión saluda la realización de una campaña nacional de 2012 a 2014 sobre la prevención de todos los riesgos psicosociales, cuya evaluación mostró que las diferentes poblaciones meta adquirieron un mayor conocimiento de esos riesgos. La Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre toda medida adoptada en los ámbitos nacional, regional y empresarial, en aplicación de las leyes de 2014, para hacer frente al sexismo, al acoso fundado en el sexo, al acoso sexual y a la violencia en el empleo y la ocupación, y ponerles fin indicando en qué medida participan las organizaciones de trabajadores y de empleadores en la elaboración y la aplicación de estas medidas. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre toda queja o todo caso de acoso sexual en el trabajo que el IEFH, la Inspección del Trabajo o las autoridades judiciales hayan podido tratar y sobre los resultados de esas quejas.

Embarazo y maternidad. La Comisión observa que la proporción de las discriminaciones señaladas, vinculadas al embarazo, sigue siendo elevada desde hace algunos años y recuerda que le pidió al Gobierno que adoptara medidas dirigidas a prevenir y eliminar este tipo de discriminación en el empleo y la ocupación. El Gobierno indica en su memoria que, en el marco del control de las leyes laborales (inspección del trabajo), el embarazo y/o la maternidad son raramente objeto de quejas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el informe provisional de 2016 del IEFH, el número total de casos reportados por discriminaciones basadas en motivos de sexo y/o de género, aumentó nuevamente en 2016 (en el 18 por ciento en relación con 2015), produciéndose, en particular, un aumento en el número de quejas del 49 por ciento. La mayoría de los casos fueron reportados por mujeres (el 59 por ciento) y se refieren a la discriminación vinculada con el empleo, y más de una tercera parte (el 39 por ciento) de las quejas y solicitudes de información en el terreno del trabajo recibidas por el IEFH, en 2015, se referían al embarazo. Además, según un estudio del IEFH, intitulado «Embarazo y maternidad en el trabajo: Las experiencias de las candidatas, de las trabajadoras y de las autónomas en Bélgica» («Grossesse et maternité au travail: les expériences des candidates, des travailleuses et des indépendantes en Belgique»), tres de cada cuatro trabajadoras se enfrentaron al menos a una forma de discriminación, de perjuicio, de desigualdad de trato y de tensiones en el trabajo en razón del embarazo o de la maternidad. Al respecto, la Comisión saluda el lanzamiento, por el IEFH, en octubre de 2017, de una campaña de sensibilización sobre las discriminaciones vinculadas al embarazo y a la maternidad, intitulado Mamá quédate a bordo («Maman reste à bord»), que comprende en particular la difusión de una guía de información intitulado Embarazo en el trabajo. Guía para la trabajadora y el empleador para un trato sin discriminación («Grossesse au travail. Guide pour la travailleuse et l’employeur pour un traitement sans discrimination») y la realización de una jornada de estudios sobre el tema, en noviembre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el curso dado a las conclusiones establecidas por el estudio «Embarazo y maternidad en el trabajo», del IEFH. Habida cuenta de la magnitud del problema, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien seguir sosteniendo y tomando iniciativas concretas para prevenir y eliminar las discriminaciones basadas en motivos de embarazo y/o maternidad, especialmente reforzando los controles de la inspección del trabajo y realizando acciones de información y de sensibilización entre los trabajadores y las trabajadoras, los empleadores, sus respectivas organizaciones y el público en general. Se le pide asimismo al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre los casos de discriminación tratados por el IEFH, la Inspección del Trabajo y los tribunales, así como sobre los resultados de todo procedimiento judicial entablado, pormenorizando las sanciones impuestas y las compensaciones otorgadas.

Botswana

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor no está reflejado en la legislación nacional, pero que desde 2002 el Gobierno ha venido indicando que están en consideración las enmiendas a la Ley de Empleo de 1982, con miras a incorporar las disposiciones del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que garantizara que se diera plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en la Ley de Empleo de 1982. Tomó nota de que la enmienda más reciente a esta ley, en 2010, aún no incorpora este principio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica una vez más en su memoria que ha iniciado el proceso de enmienda de la Ley de Empleo de 1982 y que incorporará disposiciones sobre el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y con miras a garantizar que hombres y mujeres tengan una base legal para afirmar su derecho a la igualdad de remuneración frente a sus empleadores y ante las autoridades competentes, la Comisión insta al Gobierno a que adopte, sin más retrasos, las medidas necesarias para garantizar que se realicen progresos sustanciales en la revisión de la Ley de Empleo, y que la ley, una vez revisada, otorgue plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la situación del proceso de revisión, incluida toda medida específica adoptada para enmendar la ley de conformidad con el Convenio.

Artículo 2.  Salarios mínimos. La Comisión recuerda que tomó nota del hecho de que, en virtud del artículo 132 de la Ley de Empleo de 1982, el Consejo consultativo sobre el salario mínimo tiene competencia para someter recomendaciones sobre la fijación o el ajuste de los salarios en todos los sectores de actividad al ministro. La Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor fuera tenido en cuenta por el Consejo consultativo sobre el salario mínimo y fuera aplicado plenamente en el marco del proceso de fijación del salario mínimo. La Comisión toma nota de que el Gobierno se limita nuevamente a indicar que el proceso de modificación de la Ley de Empleo de 1982 está en marcha. Recordando que la concepción o el ajuste de los sistemas de fijación de salarios mínimos en los diferentes sectores requiere una atención particular a fin de garantizar que las tasas fijadas están libres de prejuicios de género, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor sea tenido en cuenta por el Consejo consultativo sobre el salario mínimo y que sea aplicado plenamente en el marco del proceso de fijación de salarios mínimos y pide al Gobierno que brinde información exhaustiva sobre las medidas adoptadas al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Brasil

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), recibidas el 31 de agosto de 2017, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2017, del Sindicato de Médicos del Estado de Bahía (SINDIMED-Ba), recibidas el 1.º de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno a estas últimas observaciones, recibida el 5 de enero de 2015.

Artículos 1-3 del Convenio. Evolución legislativa. Tomando nota de que existen 6,65 millones de trabajadores domésticos en Brasil en 2011, de los cuales el 92,6 por ciento eran mujeres, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley suplementaria núm. 150, de 2015, que prevé medidas específicas para dar efecto a la enmienda de la Constitución, de 2013, que amplía el ámbito de protección de los derechos de los trabajadores domésticos, en conformidad con la protección acordada a otros trabajadores. La Comisión también acoge con beneplácito la adopción por parte del Congreso del proyecto de decreto legislativo núm. 627/2017, que aprueba los textos para incorporar en el ordenamiento jurídico el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la Recomendación sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201). La Comisión también toma nota además del decreto núm. 8136, de 5 de noviembre de 2013, que reglamenta el Sistema Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial (SINAPIR), creado por el Estatuto de Igualdad Racial para supervisar la aplicación práctica de los servicios, programas y políticas en el país para superar la desigualdad racial. Asimismo, la Comisión toma nota de que el decreto prevé que las entidades que adhieren al SINAPIR deben proporcionar recursos para implementar políticas de igualdad racial y, como informa el Gobierno, en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se han incorporado al SINAPIR 43 organismos para la igualdad racial de todas las regiones, en julio de 2016 (documento A/HRC/WG.6/27/BRA/1, 27 de febrero de 2017).

Con respecto al proyecto de ley sobre igualdad y eliminación de la discriminación, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Políticas para las Mujeres y otros órganos del Gobierno Federal para acelerar el proceso legislativo, las divergencias relativas al contenido del proyecto de ley siguen obstruyendo su adopción. La Comisión toma nota, además, de que el Gobierno informa que el proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades y trato para las mujeres en el empleo (PLS núm. 136/2011) está siendo objeto de examen por la comisión para asuntos económicos del Senado. Este proyecto de ley establece mecanismos para prevenir, corregir y castigar la discriminación contra las mujeres, y establece medidas para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo y en su desarrollo profesional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados en la adopción del proyecto de ley sobre igualdad y eliminación de la discriminación, así como sobre el proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres en el empleo (PLS núm. 136/2011). La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto en la práctica de la Ley núm. 150, de 2015, sobre la Eliminación de la Discriminación contra los Trabajadores Domésticos y la Promoción de la Igualdad, y sobre la aplicación y el impacto del SINAPIR.

Igualdad de oportunidades y de trato con independencia de la raza, el color y el origen étnico. La Comisión toma nota de las observaciones del SINDIMED-Ba en relación con el presunto despido basado en motivos de raza y color. También toma nota de la respuesta del Gobierno a las mismas con referencia al marco jurídico nacional que prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación sobre los motivos antes mencionados y pone a disposición recursos judiciales. La Comisión toma nota también de la información estadística desglosada por raza, color y sexo proporcionada por el Gobierno. Las cifras muestran que el incremento de los ingresos de aquellos que se identifican como negros (pretos) alcanzó su punto máximo en 2013, un 4,80 por ciento, por encima de los mestizos (pardos) y de los blancos (brancos). La información estadística mencionada señala que los trabajadores negros, mestizos e indígenas siguen percibiendo salarios inferiores a los trabajadores blancos, siendo las mujeres negras las más afectadas por la brecha salarial. Al tiempo que toma nota de estas estadísticas y de la información suministrada anteriormente por el Gobierno sobre las medidas y actividades emprendidas en el marco de los planes y programas, a nivel nacional y estatal para combatir la discriminación basada en motivos de raza, color u origen étnico, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para luchar contra la discriminación basada en motivos de raza, color y origen étnico, y promueva activamente la igualdad en el empleo y la profesión. En particular, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto concreto de las medidas adoptadas en el marco del Plan nacional de igualdad racial, del Programa Etno para el desarrollo de las comunidades quilombolas, o en todo caso, sobre los resultados obtenidos en este sentido. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando estadísticas desglosadas por sexo, raza y color, así como información sobre efectos conjuntos del sexo y de la etnicidad sobre la distribución y la participación de los trabajadores en las diversas ocupaciones y sectores económicos, incluyendo sus tasas de remuneración.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 26 de noviembre de 2015.

Artículo 1, a), del Convenio. Definición del término remuneración. Legislación. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 15, f), del Código del Trabajo, las asignaciones familiares, las prestaciones en especie, las asignaciones de vivienda, los gastos de desplazamiento y otras prestaciones, no se consideran como parte del salario o de la remuneración. Recuerda asimismo que, a los fines de la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la definición de remuneración prevista en el Convenio se dirige a englobar a todos los elementos que el trabajador puede percibir como contrapartida de su trabajo y en razón de su empleo, incluidos los pagos en metálico o en especie por parte del empleador, directa o indirectamente. Tomando nota de que el Gobierno indica que está procediendo a la revisión del Código del Trabajo, la Comisión le solicita que tenga a bien hacer propicia esta ocasión para ampliar la definición del término «remuneración» y armonizarla con la del artículo 1, a), del Convenio, a los fines de la aplicación del principio de igualdad de remuneración establecido en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre todo progreso realizado en este sentido.

Además, la Comisión recuerda que destacó que el hecho de designar al marido como jefe de familia, puede tener efectos negativos en el pago de las prestaciones vinculadas al empleo de las mujeres, como las asignaciones familiares. Si bien toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre este punto, la Comisión señala que el Gobierno indica, en su informe al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que está en estudio un anteproyecto de código de personas y de familia (documento CEDAW/C/BDI/5-6, de 17 de junio de 2015, párrafo 36). La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien examinar la posibilidad de eliminar, en el marco de la revisión del código de personas y de familia, los obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en lo relativo al pago de las prestaciones vinculadas con el empleo.

Artículo 1, b).  Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 57 de la Constitución «a iguales competencias, toda persona tendrá derecho, sin ninguna discriminación, a un salario igual por un trabajo igual», y que el artículo 73 del Código del Trabajo prevé que «a iguales condiciones de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento, el salario es igual para todos los trabajadores, cualesquiera sean su origen, su sexo, su edad» Como señaló en varias ocasiones, estas disposiciones no dan pleno efecto al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, como prevé el artículo 1, b), del Convenio. Al respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la COSYBU reitera sus observaciones anteriores, según las cuales, como solicita la Comisión, debe modificarse el artículo 73 del Código del Trabajo para que refleje plenamente el principio del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está en curso de revisión el Código del Trabajo y que los interlocutores sociales, entre ellos la COSYBU, señalaron a la atención de la Comisión encargada de formular proposiciones para modificar el Código, la necesidad de enmendar el artículo 73, con el fin de incorporar el concepto de trabajo de igual valor. Al respecto la Comisión recuerda que la noción de «trabajo de igual valor» está en el propio centro del derecho fundamental que tienen hombres y mujeres de una igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y de la promoción de la igualdad. Es determinante para luchar contra la segregación laboral basada en motivos de sexo, por cuanto ésta permite un amplio campo de comparación y comprende el trabajo «igual» el «mismo» trabajo y el trabajo «similar» pero va más allá, englobando al trabajo de índole completamente diferente y no obstante de igual valor. La experiencia de la Comisión indica que la mención en la ley de factores como «las condiciones iguales de trabajo, las calificaciones y el rendimiento», puede servir como pretexto para pagar a las mujeres salarios inferiores a los de los hombres (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672-675 y 677). Planteando esta cuestión desde hace muchos años, la Comisión confía en que el Gobierno aprovechará la ocasión que brinda la revisión del Código del Trabajo para modificar el artículo 73 e incorporar en el mismo el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Además, la Comisión invita al Gobierno a considerar la posibilidad de modificar el artículo 57 de la Constitución, en la próxima revisión constitucional, con el fin de que se refleje en el mismo el concepto de «trabajo de igual valor».

Segregación ocupacional y brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que la remuneración se fija en función del título y del puesto de trabajo, y que está en proyecto una política salarial que tendrá como objetivo resolver las formas de disparidades salariales, armonizando los géneros, las profesiones, los puestos, los grados y los salarios. Toma nota asimismo de que, en la Política Nacional de Empleo, de 2015, el Gobierno indica que las mujeres están altamente representadas en los empleos de baja productividad, ocupan puestos de trabajo mal pagados y tienen muy poca representación en las ocupaciones o los trabajos de elevada productividad, lo que tiene como consecuencia que sus salarios sean inferiores a los de los hombres. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por las desigualdades en el terreno del trabajo y por las elevadas diferencias salariales (documento E/C.12/BDI/CO/1, de 16 de octubre de 2015, párrafo 19). La Comisión pide al Gobierno que se sirva adoptar medidas para luchar contra la segregación ocupacional entre hombres y mujeres, en particular, la gran concentración de mujeres en los empleos de baja productividad o mal remunerados, especialmente luchando contra los estereotipos sobre el papel de hombres y mujeres, y alentando a las mujeres a acceder a la formación inicial o continua. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva comunicar estadísticas desglosadas por sexo sobre la distribución de hombres y de mujeres en los diferentes sectores de la economía, incluido el sector público, y sobre las remuneraciones correspondientes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 26 de noviembre de 2015.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación por motivos de sexo o de género. Violencia por motivo de género. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 1/13, de 22 de septiembre de 2016, sobre la prevención, la protección de las víctimas y la represión de la violencia basada en el género, que define y sanciona, entre otras cosas, la noción de violencia basada en el género, incluidos la violencia sexual, el acoso sexual y las prácticas tradicionales perjudiciales para el género y la violencia económica, que se definen como la denegación por uno de los cónyuges del acceso a recursos familiares o a ejercer un empleo. Señala asimismo que, en virtud del artículo 14, el empleado víctima de violencia por motivo de género dentro o fuera del lugar de trabajo, tiene el derecho, previa solicitud y después de la aprobación del médico, a una reducción temporal o a la reorganización de su tiempo de trabajo, a un traslado geográfico, a un nombramiento en otro establecimiento, a la suspensión de su contrato de trabajo (al final de la cual el empleado vuelve a su empleo) y a la dimisión sin preaviso. Al respecto, la Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno el hecho de que la dimisión, con o sin preaviso, no debe utilizarse en la práctica como único medio de cese de la violencia y de obtención de una reparación, sino más bien como un último recurso, puesto que ello equivaldría a sancionar a las víctimas que perdieran su empleo (doble sanción). La Comisión toma nota de que la ley núm. 1/13 prevé asimismo «que todo empleador que viole los derechos de una persona consagrados en el Código del Trabajo y en sus diferentes textos de aplicación, en razón de su sexo, será pasible de una multa de 500 000 a 1 millón de francos de Burundi». La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los puntos siguientes:

i)la puesta en aplicación y la aplicación práctica de la ley núm. 1/13, de 22 de septiembre de 2016, en materia de empleo y de ocupación, indicando el número y la naturaleza de los casos de violencia por motivos de género, tratados por la inspección del trabajo y los tribunales, así como las sanciones impuestas;

ii)las medidas adoptadas o previstas para informar y sensibilizar a los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones, los inspectores del trabajo, los jueces y el público en general, de la lucha contra la violencia basada en motivos de género, especialmente las medidas adoptadas para dar a conocer mejor el contenido de la ley núm. 1/13, y

iii)las actividades de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos (CNIDH) para luchar contra la violencia por motivos de género en el empleo.

Además, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar si prevé proceder al inventario de las leyes discriminatorias respecto de las mujeres, con el fin de modificarlas de conformidad con la Constitución y con otros instrumentos internacionales ratificados, como recomendó la CNIDH.

Acoso sexual. La Comisión recuerda que el artículo 563 del Código Penal, en su tenor modificado en 2009, comprende una disposición que define el acoso sexual como «el hecho de utilizar contra otras personas, órdenes, amenazas o coacciones físicas o psicológicas, o presiones graves, con el objetivo de obtener favores de orden sexual, abusando de la autoridad que le confieren sus funciones», pero no abarca el acoso sexual resultante de un entorno laboral hostil, ni los actos cometidos por un colega de trabajo o una persona que haya tenido un vínculo con el empleo (cliente, proveedor, etc.). La Comisión toma nota de que la ley núm. 1/13 de 2016, define el acoso sexual como: «toda forma de comportamiento no deseado verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que haya tenido lugar entre iguales y en el marco de una jerarquía; el hecho de utilizar contra otras personas órdenes, amenazas o coacciones físicas o psicológicas, o presiones graves, con el objetivo de obtener favores de orden sexual, abusando de la autoridad que le confieren sus funciones». La Comisión resalta que esta definición permite una mayor comprensión de los comportamientos de acoso sexual y que abarca al acoso sexual ejercido por una persona que no haya tenido un vínculo jerárquico con la víctima. Sin embargo, señala que esta definición no refleja la noción de «entorno laboral hostil, ofensivo o humillante» generado por algunas conductas o palabras con connotación sexual. Al tiempo que destaca los progresos realizados gracias a la adopción de la ley núm. 1/13, de 2016, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien examinar la posibilidad de completar la definición de acoso sexual, añadiendo a la misma la noción de entorno laboral hostil, ofensivo o humillante y le pide que, en ausencia de disposiciones específicas para tal fin en la ley de 2016, pormenorice el procedimiento que ha de seguirse y las sanciones aplicables en caso de acoso sexual. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas prácticas adoptadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en los sectores público y privado, especialmente las medidas dirigidas a sensibilizar a los empleadores, los trabajadores y sus respectivas organizaciones respecto de la prevención y del tratamiento del acoso sexual.

Artículo 2.  Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según el documento de Política Nacional del Empleo (PNE), de 2014, se realizaron progresos en materia de igualdad, pero persisten desigualdades profundas en materia de acceso al primer empleo y a puestos de responsabilidad, así como en materia de condiciones de trabajo. Estas desigualdades se deben a diversos tipos de discriminación y se vinculan con la distribución social del trabajo y con el papel exclusivo de las mujeres en el terreno de los cuidados de los niños y de las tareas domésticas. Al respecto, la Comisión toma nota de que la PNE prevé que será necesario alentar a las empresas para que instauren medidas dirigidas a una mayor conciliación de vida familiar y vida laboral y a un mejor acceso de las mujeres a los recursos productivos. Prevé asimismo la posibilidad de experimentar, en la administración pública y semipública, una cuota del 30 por ciento de mujeres en todos los niveles jerárquicos, así como la utilización del currículum vitae anónimo y la promoción de la formación profesional.

La Comisión toma nota asimismo de que la ley núm. 1/13, de 2016, prevé que el Gobierno debe formular y aplicar una política de género, presentar a la Asamblea Nacional un informe sobre su aplicación (artículos 3 y 4) y adoptar medidas de sensibilización para «modificar los esquemas y modelos de comportamiento sociocultural del hombre y de la mujer, con miras a lograr la eliminación de prácticas consuetudinarias o de cualquier otro tipo, que se basen en la idea de inferioridad o de superioridad de uno u otro sexo o de un papel estereotipado del hombre o de la mujer» (artículo 5). La ley prevé la obligación que tienen los padres o cualquier otra persona a cargo de los niños de «reservar un trato igualitario a niños y niñas en todos los aspectos de la vida» y protegerlos contra toda violencia basada en motivos de género (artículo 8). Las autoridades públicas deben adoptar medidas para permitir que niños y niñas tengan igual acceso a la educación, debiendo los directores de escuela respetar el derecho a la educación de las madres solteras. Al respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Burundi para elevar la tasa de escolarización y de retención escolar de las niñas, especialmente la adopción de una política de reinserción escolar de las niñas después del embarazo (documento CEDAW/C/BDI/CO/5-6, de 25 de noviembre de 2016, párrafo 34). Acogiendo favorablemente todas estas disposiciones y medidas, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar información sobre su aplicación en la práctica y sobre los resultados obtenidos, especialmente en lo que atañe al aumento de las tasas de escolarización y de formación profesional de las niñas y al acceso de las mujeres a los recursos productivos y al empleo, incluidos los puestos de responsabilidad en los sectores público y privado. También pide al Gobierno que se sirva indicar si se ha formulado una nueva política nacional de género, sustituyendo a la que se adoptó en 2012, y comunicar los elementos de la misma relativos a la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación.

Pueblos indígenas. La Comisión recuerda que viene señalando a la atención del Gobierno, desde hace algunos años, la estigmatización y la discriminación a los que se enfrentan los Batwa y toma nota de que la memoria no contiene ninguna información al respecto. La Comisión toma nota de que, en sus respectivas observaciones finales, el CEDAW subraya que el acceso a la educación está sumamente limitado para las niñas batwa (documento CEDAW/C/BDI/CO/5-6, párrafo 34, b)), y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresa su inquietud en cuanto a la ausencia de medidas eficaces para luchar contra la discriminación de la que son objeto los batwa, en particular para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales (documento E/C.12/BDI/CO/1, de 16 de octubre de 2015, párrafo 15). La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de los Batwa a la educación, a la formación profesional y al empleo, incluso para permitirles el ejercicio de sus actividades tradicionales, así como medidas dirigidas a luchar contra los estereotipos y los prejuicios respecto de esta comunidad indígena, y promover la tolerancia entre todos los sectores de la población. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre el impacto de la ley núm. 1/07, de 15 de julio de 2016, sobre la revisión del Código forestal que prevé que la gestión racional y equilibrada de los bosques, se basa, sobre todo, en el principio de enfoque participativo de las comunidades de base, e informaciones sobre el ejercicio por los Batwa de sus actividades tradicionales en las tierras en las que viven.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Canadá

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) recibidas el 31 de agosto de 2015, de las observaciones de la Alianza de la Función Pública del Canadá (AFPC) recibidas el 31 de agosto de 2015, las observaciones de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN) recibidas el 31 de agosto de 2015, y las observaciones de la Reagrupación de Recursos Residenciales para Adultos de Quebec (RESSAQ) recibidas el 27 de agosto de 2015.

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido tomando nota de que en algunas provincias y territorios canadienses, no se da plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, debido a que la legislación limita las comparaciones al mismo trabajo, a un trabajo similar o a un trabajo esencialmente similar. La Comisión recuerda que la legislación de Alberta, Columbia Británica, Terranova y Labrador, Saskatchewan, Territorios del Noroeste y Yukon, no da pleno efecto legislativo al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor; y que en provincias con una legislación sobre equidad de remuneración aplicable en el sector público, especialmente en Manitoba, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia e Isla del Príncipe Eduardo, no parece haberse registrado ningún progreso en la adopción de una legislación similar para el sector privado. Al tomar nota de que el Gobierno de Saskatchewan sigue aplicando el Marco de Políticas de Igualdad de Remuneración por Trabajo de Igual Valor y Equidad Salarial de 1997 en el sector público, la Comisión toma nota con preocupación de que la nueva Ley de Empleo de Saskatchewan adoptada en 2014, no revisa la disposición sobre igualdad de remuneración para incluir el concepto de trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el CLC reitera su preocupación por la inadecuación de la legislación, así como por la fuerte disparidad entre las provincias en relación con la protección de la equidad de remuneración, que en su opinión contribuye a la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que la legislación de todas las provincias y territorios dé plena expresión al concepto de trabajo de igual valor, con el fin de que el principio del Convenio se aplique en todas las provincias y todos los territorios tanto en el sector público como en el sector privado. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre toda medida adoptada para poner la legislación en conformidad con el Convenio, incluso en relación con toda consulta celebrada con los representantes de los trabajadores y de los empleadores y con los representantes de las provincias y los territorios.

Artículo 2.  Evolución legislativa. Ámbito federal. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a la Ley sobre Igualdad de Remuneración en el Sector Público (PSECA), adoptada en 2009 pero que aún no ha entrado en vigor. La Comisión recuerda que el CLC expresó continuas preocupaciones acerca de la PSECA debido, entre otros, a la falta de carácter proactivo y a la introducción inaceptable de las fuerzas del mercado como un factor para determinar el valor del trabajo. La Comisión toma nota de que en opinión de la AFPC, la PSECA limita los derechos a la equidad de remuneración de los trabajadores del sector federal. Tanto el CLC como la AFPC instan a que se derogue esta ley. Además de la explicaciones suministradas en la memoria del Gobierno, la Comisión toma nota de que el 17 de febrero de 2016, el Parlamento creó una Comisión Especial sobre Equidad de Remuneración, con el mandato de llevar a cabo audiencias sobre la cuestión de la equidad de remuneración y proponer un plan con objeto de adoptar un régimen federal proactivo de equidad de remuneración, tanto de carácter legislativo como de otra índole. El 9 de junio de 2016, la Comisión Especial presentó su informe titulado «Es el momento de actuar» y el Gobierno respondió, el 5 de octubre de 2016, reafirmando su compromiso de elaborar una reforma proactiva sobre equidad de remuneraciones, incluida una nueva legislación. La Comisión toma nota de que la Comisión Especial recomienda que el Gobierno derogue la PSECA, y elabore un proyecto de legislación proactiva en materia de equidad de remuneración. Asimismo, la Comisión toma nota de que el informe recomienda que el Gobierno acepte la dirección general y las recomendaciones del informe del Grupo Federal de Trabajo sobre Equidad de Remuneración, de 2004. Al tomar nota de las preocupaciones planteadas por la persistencia de las diferencias de remuneración por motivo de género, la Comisión saluda la nueva revisión de la legislación en materia de equidad de remuneración en el ámbito federal y pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones del informe «Es el momento de actuar», incluida la adopción de una nueva legislación proactiva, su administración y estructuras de control del cumplimiento, la derogación de la PSECA, y toda otra medida adoptada para facilitar la transición hacia un nuevo régimen nacional de equidad de remuneraciones coherente.

Ámbito provincial. La Comisión saluda el proceso iniciado en Ontario en 2015 para elaborar una estrategia sobre la brecha salarial para complementar la legislación sobre equidad de remuneraciones y de que, en noviembre de 2017, el Comité Directivo publicó su informe y las recomendaciones que ha de adoptar el Ministerio de Trabajo de Ontario y para establecer la estrategia. La Comisión toma nota de que las recomendaciones están estructuradas para equilibrar el trabajo y los cuidados, la valoración del trabajo, abordar las prácticas relativas al lugar de trabajo y la atención de la familia, las prácticas en el lugar de trabajo y cuestionar los estereotipos de género. En Quebec, la Comisión toma nota de la preocupación de la CSN por la fusión en 2014 de la Comisión sobre Equidad de Remuneraciones con la Comisión de Normas Laborales y la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo comprometerá la aplicación efectiva de la Ley sobre Equidad de Remuneraciones. El Gobierno indica que la fusión mejorará el alcance geográfico de las comisiones. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la elaboración y aplicación de la estrategia sobre la brecha salarial en Ontario. Tomando nota de las diversas e importantes funciones que lleva a cabo la Comisión sobre Equidad de Remuneraciones, con inclusión de la asesoría técnica y la prestación y servicios de enseñanza, junto con la promoción y supervisión de la aplicación de la Ley sobre la Equidad de Remuneraciones, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que la fusión de la Comisión sobre Equidad de Remuneraciones con las instituciones antes mencionadas afectan la aplicación de la Ley sobre Equidad de Remuneraciones en Quebec y los demás servicios que prestaba anteriormente.

Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor para los trabajadores de los centros residenciales de atención de Quebec. Discriminación indirecta. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la RESSAQ sobre las repercusiones discriminatorias de la Ley sobre la Representación de los Recursos sobre sus miembros, la mayoría de los cuales son mujeres. La RESSAQ objeta concretamente que los sucesivos trabajos y reclasificaciones salariales obedecieron a recortes presupuestarios y no a la evaluación objetiva del puesto de trabajo, y que las ocupaciones dominadas por mujeres en el ámbito de las clasificaciones de los puestos de trabajo han sido injustamente discriminadas. Señala que esto ha tenido como consecuencia la reducción del personal y de los niveles de remuneraciones, así como la creación de una subcategoría de trabajadores por motivos de sexo, y no por la importancia del contenido y resultado de su trabajo de conformidad con la legislación sobre equidad de remuneración y el presente Convenio. Sin embargo, la Comisión también toma nota de la importante labor que llevan a cabo los trabajadores sociales, aunque la RESSAQ no proporciona información suficiente sobre los perjuicios sexistas de las clasificaciones de ocupaciones, la metodología utilizada en la reclasificación o en la disparidad de resultados basados en datos estadísticos desglosados por sexo no permiten que la Comisión pueda formular alguna conclusión. Al tomar nota de las observaciones de la RESSAQ, la Comisión pide al Gobierno que examine las cuestiones planteadas por dicha organización y que garantice que las evaluaciones del empleo son objetivas y que los prejuicios por motivo de género no se incorporan o tienen repercusiones en las reclasificaciones o reajustes salariales, y que adopte las medidas correctivas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio a esos trabajadores.

Artículo 4.  Colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas a la AFPC sobre la manera en que se han frustrado sus esfuerzos para la negociación colectiva eficaz para promover la aplicación del Convenio. Se refiere concretamente a su incapacidad para prestar asistencia en la elaboración de un nuevo sistema de clasificaciones para el sector público federal, una cuestión que la Comisión plantea más detalladamente en su solicitud directa. La Comisión subraya la importancia que atribuye a la colaboración del Gobierno con los representantes de los empleadores y de los trabajadores para garantizar la aplicación del Convenio y espera que el Gobierno estará en condiciones de informar sobre los resultados de la consulta con la AFPC sobre los sistemas de clasificación, evaluación de las metodologías y compensación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), de las observaciones de la Alianza de la Función Pública del Canadá (AFPC), de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), todas recibidas el 31 de agosto de 2015, y de las observaciones de la Reagrupación de Recursos Residenciales para Adultos de Quebec (RESSAQ) recibidas el 27 de agosto de 2015.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en la opinión política y el origen social. La Comisión recuerda que reiteradamente instó firmemente al Gobierno a que modificara la Ley de Derechos Humanos del Canadá (CHRA) y a que adoptara las medidas necesarias para modificar la legislación aplicable en determinadas provincias y territorios para incluir los motivos del origen social (o «condición social») y la opinión política como motivos prohibidos de discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión lamenta tomar nota de la indicación del Gobierno, según la cual no ha propuesto tales enmiendas a la CHRA o adoptado medidas a este respecto para asegurar que la legislación de provincias y de territorios sea enmendada. La Comisión toma nota de la opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Canadá en el sentido de que la adición de dicho motivo prohibido de discriminación reflejaría y abordaría mejor las realidades de la discriminación. La Comisión toma nota de las observaciones del CLC indicando que las desigualdades sociales son un problema creciente y pidiendo la inclusión del «origen social» y de la «opinión política» como motivos prohibidos de discriminación en la CHRA. Recuerda que la «condición social» se utiliza en la legislación y jurisprudencia canadiense de una manera compatible con el término «origen social» previsto en el Convenio, la Comisión observa que los motivos de origen social o condición social sólo están previstos en la legislación de Quebec, los Territorios del Noroeste, Nuevo Brunswick, y Terranova y Labrador; y que el motivo de la desventaja social está prohibida en Manitoba y que los motivos de opinión política o creencia están prohibidos en el empleo en Yucán, Terranova, Columbia Británica, Manitoba, Quebec, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick, y Territorios del Noroeste. La Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a que adopte medidas concretas para modificar la CHRA a fin de incluir el origen social (o la condición social) y la opinión política como motivos prohibidos de discriminación en el empleo y la ocupación, y que indique todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que identifique las medidas tomadas para incluir esos motivos en la legislación de las provincias y territorios que aún no los hayan incluido como motivos prohibidos de discriminación y que informe sobre los progresos realizados. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la manera en que se protegen a los trabajadores contra la discriminación por motivos de origen social y opinión política en la práctica.

Artículo 2.  Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de que el CLC ha hecho hincapié reiteradamente en la necesidad de desarrollar una política nacional más estructurada en materia de igualdad en el empleo y la ocupación, que abarque principios unificados para todas las jurisdicciones y explicite las metas que han de alcanzarse. El Gobierno repite que todas las jurisdicciones canadienses están adoptando y coordinando políticas activas destinadas a aplicar el Convenio, y que el Gobierno federal no está en posición de desarrollar y aplicar leyes, reglamentos, políticas y programas a nivel federal con respecto a cuestiones tales como la discriminación en el empleo, que están bajo la jurisdicción de las provincias y territorios. La Comisión alienta al Gobierno a discutir esta cuestión con los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores con objeto de elaborar, a nivel federal, una política nacional coherente en materia de igualdad en el empleo y la ocupación, y que comunique información sobre toda medida adoptada a este respecto y los resultados obtenidos.

Artículos 2 y 3.  Segregación ocupacional entre hombres y mujeres. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que se abordaron cuestiones relativas a las desigualdades persistentes entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de la información proporcionada respecto de las diversas medidas y programas iniciados en los niveles federal y provincial para mejorar la representación de las mujeres en oficios calificados y profesiones técnicas, incluidos los programas de aprendizaje. La Comisión también toma nota del nuevo requisito, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2014, para que las compañías inscritas en el Mercado de Valores de Toronto informen públicamente sobre las medidas que están tomando para incrementar el número de mujeres en los órganos de dirección. A pesar de esas medidas, la Comisión toma nota de la preocupación expresada por la AFPC de que persista el estancamiento de la participación laboral de las mujeres y permanezcan concentradas en sectores mal pagados y sujetos a reducciones de personal. Dicha organización señala que las situaciones son más graves en el caso de las mujeres de origen afro-canadiense e indígenas y para las mujeres con discapacidad. Además, señalan la existencia de prácticas discriminatorias contra personas con responsabilidades familiares y que la ausencia de servicios de cuidado de los niños ha tenido un impacto negativo, especialmente respecto de las oportunidades de empleo de las mujeres. La Comisión toma nota de las indicaciones del CLC según las cuales el Gobierno ha iniciado un análisis de los programas de aprendizaje, desde una perspectiva de género, para ayudar a encarar la subrepresentación de las mujeres en empleos no tradicionales y el CLC ha formulado una serie de recomendaciones a estos efectos para su consideración por el Gobierno. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSN subrayando las dificultades que las jóvenes enfrentan al ingresar en el mercado de trabajo y el impacto negativo de la segregación ocupacional por motivos de género. La Comisión también toma nota de que en su carta de mandato («letter of mandate»), el Primer Ministro ha apelado al Ministerio de la Condición de la Mujer, junto con el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico para que procedan a revisar la compilación actual de estadísticas de género y su utilización por los departamentos gubernamentales para elaborar, supervisar y evaluar políticas y programas, con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres en los campos en los que están subrepresentadas. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre las medidas adoptadas en los niveles federal y provincial para abordar los obstáculos estructurales que resultan en la segregación ocupacional por motivos de género (tanto horizontal como vertical) y promover el acceso de las mujeres a la formación y al empleo en sectores dominados tradicionalmente por hombres, incluso a través de programas de aprendizaje. La Comisión pide al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones del CLC a este respecto. Sírvase también proporcionar información sobre los resultados de la revisión solicitada por el Primer Ministro y sobre las medidas adoptadas para darle curso, en particular en relación con las mujeres de origen afro-canadiense e indígenas, y las mujeres con discapacidades que enfrentan considerables dificultades para su ingreso en el mercado de trabajo.

Artículo 3.  Igualdad de género en el empleo y la ocupación de los contratistas del servicio de correo. Discriminación indirecta. La Comisión recuerda las preocupaciones planteadas por el CLC en relación con la discriminación indirecta de los contratistas del servicio de correo y aborda esta cuestión en su solicitud directa.

Igualdad de género en el empleo y la ocupación de los trabajadores de centros de atención residenciales en Quebec. Discriminación indirecta. La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la RESSAQ sobre el impacto discriminatorio de la Ley sobre Representación de Recursos (LRR) en sus miembros, la mayoría de los cuales son mujeres y aborda esta cuestión en su observación en virtud del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Centroafricana

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Refiriéndose a sus comentarios anteriores relativos a las graves violaciones de derechos humanos en el país y recordando que el objetivo del Convenio, en particular en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la profesión, no puede lograrse en un contexto general en el que se produzcan tales violaciones, la Comisión toma nota del informe de la Experta independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana para el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017. Según este informe, el período examinado se ha caracterizado de nuevo por los estallidos de violencia, incluidos actos de violencia sexual contra las mujeres, y por enfrentamientos cada vez más frecuentes e intensos entre los grupos armados, con consecuencias desastrosas para las poblaciones civiles en casi todas las provincias. El informe señala asimismo que, a pesar del establecimiento de un marco legislativo e institucional, la violencia ha redundado en desmedro de la labor realizada por el Gobierno para restablecer la autoridad del Estado y las iniciativas regionales y nacionales en pro de la paz (documento A/HRC/36/64, de 28 de julio de 2017, párrafos 8, 23, 24 y 39). En este contexto complicado, la Comisión acoge favorablemente la creación, el 23 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que tiene principalmente la misión de realizar investigaciones sobre los crímenes y violaciones graves de los derechos humanos cometidos en el país entre diciembre de 2003 y enero de 2015. No obstante, teniendo en cuenta las graves preocupaciones manifestadas en lo que respecta a la situación de los derechos humanos y sus repercusiones concretas sobre las mujeres y las comunidades étnicas y religiosas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades y de trato sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. La Comisión insta firmemente al Gobierno, en particular, a abordar las leyes que tengan efectos discriminatorios, sobre todo en materia civil, la posición social inferior de las mujeres que crean un contexto que favorece los actos de violencia cometidos contra las mujeres y que, a juicio de la Comisión, repercuten gravemente en la aplicación de los principios del Convenio. En este contexto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que siga adoptando medidas para crear las condiciones necesarias para restaurar el Estado de derecho y dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio.

Artículo 1, 1), a) y b).  Protección de los trabajadores contra la discriminación. Constitución y legislación nacionales. La Comisión acoge favorablemente la promulgación, el 30 de marzo de 2016, de la nueva Constitución que, al igual que la Carta Constitucional de Transición de 2013, prevé: «todos los seres humanos son iguales ante la ley sin distinción de raza, origen étnico, región, sexo, religión, pertenencia política o posición social» y que «la ley garantiza al hombre y la mujer derechos iguales en todos los ámbitos» (artículo 6). También prevé: «todos los ciudadanos son iguales ante la ley» y «nadie podrá verse perjudicado en su trabajo o empleo por motivos basados en su origen, sexo, opiniones o creencias» (artículo 11). La Comisión toma nota con interés de la promulgación, el 24 de noviembre de 2016, de la ley núm. 16004 por la que se instituye la paridad entre hombres y mujeres, y establece que éstas deben estar representadas en al menos un 35 por ciento de los puestos por designación o elección, tanto en el sector privado como en el sector público. La ley establece igualmente la creación del Observatorio nacional de la paridad, que se encargará del seguimiento y la evaluación periódica de la aplicación de la ley.

Por otra parte, la Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 10 y 14 del Código del Trabajo, «la ley garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todos en el empleo y el trabajo sin discriminación alguna» y «se garantiza a todos los trabajadores, sin discriminación, el acceso a la formación profesional». El Código del Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación de los candidatos a un puesto de trabajo o de los asalariados motivada por algún tipo de impedimento físico o mental (artículo 266) y establece que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben garantizar la protección de los trabajadores contra cualquier forma de estigmatización y discriminación basada en la condición de enfermo por el VIH (artículo 313). La Comisión reitera también que el Código Penal de 2010 penaliza «la conducta discriminatoria contra las personas físicas o jurídicas por su origen étnico, género, situación familiar, estado de salud, impedimentos físicos, costumbres u opiniones políticas, actividades sindicales, o por su pertenencia a una nación, etnia, raza o religión determinada». Al tiempo que toma nota de la existencia de un marco constitucional y legislativo relativo a la discriminación, incluido en el empleo y la ocupación, la Comisión desearía llamar la atención del Gobierno sobre el hecho de que, según su experiencia, la aplicación plena del Convenio requiere en la mayoría de los casos la adopción de una legislación completa con disposiciones explícitas que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta, incluyendo como mínimo todos los motivos enumerados en el Convenio y todos los aspectos del empleo y la ocupación. Así pues, la Comisión ha constatado que las legislaciones nacionales contienen las características siguientes: contribuyen a luchar contra la discriminación y promover la igualdad en el empleo y la ocupación de manera más eficaz, tienen en cuenta a todos los trabajadores (sin exclusión); definen con precisión la discriminación directa e indirecta, así como el acoso sexual; prohíben expresamente la discriminación en todas las etapas del empleo; asignan explícitamente responsabilidades de control a las autoridades nacionales competentes; establecen procedimientos de resolución de conflictos fácilmente accesibles; prevén sanciones disuasorias y recursos apropiados; trasladan o invierten la carga de la prueba; proporcionan protección contra las represalias; permiten la adopción de medidas de acción positiva para poner fin a ciertas desigualdades; prevén la adopción y ejecución de políticas o planes en materia de igualdad en el lugar de trabajo, y, por último, favorecen la recopilación de datos pertinentes en diversos niveles (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 854-855). A la luz de lo expuesto anteriormente, la Comisión pide al Gobierno que examine la posibilidad de reforzar la legislación laboral contra la discriminación, con ocasión de la próxima revisión del Código del Trabajo, a fin de introducir disposiciones que prohíban expresamente cualquier forma de discriminación basada, como mínimo, en todos los motivos enumerados por el Convenio (raza, color, sexo, opinión política, religión, ascendencia nacional y origen social) y sobre cualquier otro motivo de discriminación que considere oportuno añadir, abarcando todas las etapas del empleo, incluida la contratación. La Comisión pide asimismo al Gobierno que examine la posibilidad de incluir disposiciones que aseguren la protección de las víctimas contra las represalias y que prevean sanciones apropiadas. La Comisión pide igualmente al Gobierno que suministre información sobre la aplicación de la ley núm. 16004, de 2016, en la que se instituye la paridad entre hombres y mujeres en los sectores público y privado, en particular sobre la aplicación de la cuota del 35 por ciento de mujeres en los puestos por designación y por elección; y sobre los resultados cuantificables obtenidos, así como información sobre la instauración y las actividades del Observatorio nacional de la paridad, cuya creación prevé la ley. Se pide al Gobierno que envíe copia de la ley y sus decretos reglamentarios.

Artículos 2 y 3.  Política de igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda que la aplicación de una verdadera política nacional en materia de igualdad no requiere únicamente la adopción de un marco legislativo adecuado, sino igualmente por la aplicación de una serie de medidas específicas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, en el marco de convenios colectivos, planes de acción que comprendan, entre otras, medidas positivas y medidas de sensibilización, o incluso por medio de organismos especializados. Al tiempo que reconoce la situación difícil en la que se encuentra el país, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas de orden práctico, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, de conformidad con una verdadera política nacional de promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la profesión, sin distinción basada en religión, origen étnico ni ningún otro de los motivos especificados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre cualquier otra medida adoptada a estos efectos.

Ante la falta de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, a pesar de haber cursado dicha petición, y teniendo en cuenta el contexto de violencia persistente contra las mujeres, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación de la política nacional de 2005 para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y de su plan de acción de 2007, destinado a alentar y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de hombres y mujeres a la formación y al empleo, en particular, combatiendo los estereotipos y los prejuicios sobre el papel que desempeñan las mujeres en la familia y en la sociedad y con el fin de que éstas conozcan mejor sus derechos y puedan ejercerlos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1999)

Artículos 1 y 2, a), del Convenio. Principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que desde el 2005 viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificar los artículos 80, 1), y 56, 7), del Código del Trabajo, que limitan la aplicación del principio de igualdad de remuneración a la existencia «de condiciones iguales de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento» (artículo 80, 1)) o a un «trabajo igual» (artículo 56, 7)), y que no reflejan el concepto de «trabajo de igual valor». La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma en su memoria que prevé modificar los artículos 80, 1), y 56, 7), del Código del Trabajo para que el concepto de «trabajo de igual valor» sea imperativo. Tomando nota del compromiso del Gobierno, la Comisión le pide que, en el marco de la revisión del Código del Trabajo actualmente en curso, se incorpore en el Código del Trabajo el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. Desde hace muchos años, la Comisión ha venido subrayando las lagunas del Código del Trabajo y del Estatuto General de la Administración Pública en materia de protección de los trabajadores contra la discriminación, ya que no contemplan todos los motivos de discriminación, ni todos los aspectos del empleo y la ocupación enumerados en el Convenio. En efecto, la Comisión recuerda que el Código del Trabajo, en lo que respecta a la discriminación salarial, sólo cubre los motivos de «el origen», el sexo, la edad y el estatus (artículo 80), y en lo referente al despido los de la opinión, la actividad sindical y la pertenencia o no pertenencia a un grupo político, religioso o filosófico o a un sindicato determinado (artículo 42). El Estatuto General de la Administración Pública prohíbe cualquier distinción entre hombres y mujeres en lo que respecta a su aplicación general y toda discriminación basada en la situación familiar en materia de acceso al empleo (artículos 200 y 201). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el anteproyecto de ley que modifica y complementa ciertas disposiciones del Código del Trabajo tendrá en cuenta los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que, en el marco de la revisión del Código del Trabajo actualmente en curso, se prohíba expresamente la discriminación basada en todos los motivos especificados por el Convenio, así como la discriminación basada en cualquier otro motivo que estime oportuno incluir en dicho Código, en todas las etapas del empleo y la ocupación, incluida la contratación. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar las disposiciones del Estatuto General de la Administración Pública con el fin de asegurar la protección de los funcionarios contra la discriminación basada, como mínimo, en los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio núm. 111, que cubre todos los aspectos del empleo, incluidas la contratación y la promoción. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre cualquier cambio legislativo a este respecto.

Artículo 1, 1), a).  Discriminación por motivos de sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se declaró profundamente preocupado por la elevada prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el acoso sexual en la escuela y en el trabajo; la demora en la aprobación de una ley general para combatir todas las formas de violencia contra la mujer; así como la falta de concientización acerca de dicho fenómeno y el limitado número de casos de violencia de género denunciados (véase documento CEDAW/C/COG/CO/6, de 23 de marzo de 2012, párrafo 23). La Comisión nota que desde el 2011 el Gobierno está indicando que el anteproyecto de ley que modifica y complementa ciertas disposiciones del Código del Trabajo contiene disposiciones contra el acoso sexual. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que se asegure de que tanto las disposiciones relativas al acoso sexual que se asemejan al chantaje sexual (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente hostil, intimidante u ofensivo sean finalmente adoptadas y que prevean protección para las víctimas de acoso sexual y sanciones para sus autores. La Comisión también pide al Gobierno que tome, en colaboración con organizaciones de trabajadores y de empleadores, medidas destinadas a prevenir e impedir el acoso sexual, tales como medidas de concientización para los empleadores, los trabajadores, el personal docente, los inspectores del trabajo, los abogados y los jueces; y que establezca sistemas de información y procedimientos de denuncia que tomen en cuenta el carácter sensible de este asunto a efecto de poner término a dichas prácticas y permitir a las víctimas que hagan valer sus derechos sin perder su empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República de Corea

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU), adjuntas a la memoria, y de la respuesta del Gobierno a las mismas.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha de remuneración entre hombres y mujeres. Legislación. La Comisión toma nota de las estadísticas facilitadas por el Gobierno, según las cuales, en 2015, las mujeres percibían el 63,8 por ciento de los salarios por hora de los hombres, lo que representa una brecha salarial de género del 36,2 por ciento, en comparación con el 35,4 por ciento registrada en 2014. En relación con los salarios de los trabajadores en el empleo no regular (trabajadores en empleo de corta duración y/o empleo a tiempo parcial), el Gobierno señala además que, en 2015, los trabajadores no regulares percibieron el 65,5 por ciento del salario por hora de los trabajadores regulares. En este sentido, la FKTU añade que, hasta agosto de 2015, las trabajadoras no regulares ganaban únicamente el 36,3 por ciento del salario de los trabajadores regulares. La Comisión sigue estimando que la brecha salarial por motivo de género reviste una considerable importancia, especialmente cuando se comparan los trabajadores regulares con los no regulares, que son fundamentalmente mujeres. En lo que se refiere a la legislación, la Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 8, 1), de la Ley sobre Igualdad en el Empleo y Apoyo para Conciliar la Vida Familiar y Profesional sólo prevé la igualdad de salarios por un trabajo de igual valor «en la misma empresa», y que el Reglamento sobre la Igualdad de Trato (núm. 422) del Ministerio de Trabajo, tras las enmiendas introducidas en junio de 2013, limitó la posibilidad de comparar el trabajo realizado por hombres y por mujeres a «un trabajo de naturaleza similar». En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para hacer frente a la segregación laboral por motivo de género en el mercado de trabajo (con arreglo a la cual mujeres y hombres se concentran en diversas ocupaciones y sectores de la economía), puesto que permite un ámbito amplio de comparación entre trabajos distintos que incluye, y va más allá, del principio de igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «el mismo» o «similar» y engloba también trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente, pero que sin embargo son globalmente de igual valor. Comparar el valor relativo de diferentes trabajos que pueden requerir diversos tipos de calificaciones, responsabilidades o condiciones de trabajo, pero que sin embargo tienen en general el mismo valor es esencial para eliminar la discriminación de remuneración. Esto requiere un método de medición y comparación del valor relativo de los distintos empleos. Por ejemplo, este principio se ha aplicado para comparar la remuneración percibida por hombres y mujeres que realizan diversas ocupaciones, tales como celadoras en alojamientos privados destinados a las personas mayores (predominantemente mujeres) y guardias de seguridad en locales de oficina (predominantemente hombres); o supervisores escolares (predominantemente mujeres) y supervisores de parques y jardines (predominantemente hombres). La Comisión recuerda, además, que la aplicación del principio del Convenio no se limita a las comparaciones entre hombres y mujeres en el mismo establecimiento o empresa. Admite una comparación mucho más amplia entre empleos realizados por hombres y mujeres en distintos lugares o empresas, o entre distintos empleadores (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672-679 y 695-699). Teniendo en cuenta la persistente y amplia brecha de remuneración entre hombres y mujeres que existe en el país, la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner la Ley sobre Igualdad en el Empleo y Apoyo para Conciliar la Vida Familiar y Profesional, al igual que el Reglamento sobre la Igualdad de Trato, en plena conformidad con el Convenio a fin de garantizar que hombres y mujeres reciban una remuneración igual no sólo por un «trabajo de naturaleza similar», sino también por trabajos que sean de una naturaleza absolutamente distinta pero sin embargo globalmente de igual valor, y que el ámbito de comparación entre hombres y mujeres se extiende más allá del mismo establecimiento o empresa. La Comisión pide también al Gobierno que siga analizando y suministrando información estadística sobre la brecha salarial por motivo de género, incluidos datos calculados sobre la base de salarios por hora y mensuales, y datos desglosados por sector y ocupación, empleo regular y no regular, en los sectores público y privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Croacia

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1991)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

La Comisión toma nota de la adopción de la nueva Ley de Trabajo de 18 de julio de 2014 y espera que el Gobierno proporcione una memoria para su examen en la próxima reunión y que la misma contenga informaciones completas sobre las cuestiones específicas relativas a la Ley de Trabajo y sobre otras cuestiones abordadas en sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Política nacional. La Comisión recuerda la Política Nacional de Promoción de la Igualdad de Género (2006-2010). Toma nota con interés de las medidas legislativas para dar efecto a las disposiciones del Convenio, en particular la adopción de la Ley de Lucha contra la Discriminación de 2008 (Gaceta Oficial núm. 85/08) y la Ley sobre Prestaciones de Maternidad y Paternidad de 2008, modificada por última vez en 2011 (Gaceta Oficial núms. 85/08, 10/08 y 34/11), así como el establecimiento de la Comisión de Supervisión de la Aplicación de la Ley sobre Prestaciones de Maternidad y Paternidad. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 1) de la Ley de Lucha contra la Discriminación prevé la protección frente a la discriminación por diversos motivos, entre ellos el género y la situación conyugal o familiar. La Oficina del Defensor del Pueblo se convirtió en un órgano central de igualdad desde 2009 y, según su informe, de un total de 172 casos de presunta discriminación presentados ante ésta, tres se refieren a la situación conyugal o familiar. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre la aplicación práctica de la Ley sobre Prestaciones de Maternidad y Paternidad de 2008 y los resultados conseguidos en el marco de la Política Nacional de Promoción de la Igualdad de Género (2006-2010), a efectos de promover la igualdad de trato y de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares. Sírvase proporcionar también información sobre las funciones de la Comisión de Supervisión de la Aplicación de la Ley sobre Prestaciones de Maternidad y Paternidad. La Comisión solicita además al Gobierno que suministre información sobre cualesquiera casos de discriminación relacionada con responsabilidades familiares de que se ocupe la Oficina del Defensor del Pueblo o los tribunales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Etiopía

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1999)

Artículos 1 y 2, 2), a), del Convenio. Trabajo de igual valor. Sector Privado. Legislación. Desde 2007, la Comisión ha estado recordando que los artículos 14, 1), b), y 87, 1), de la Proclamación Laboral núm. 377/2003, aunque prohíben la discriminación basada en motivos de sexo en que concierne a la remuneración, no especifica que la igualdad de remuneración es necesaria cuando hombres y mujeres realizan trabajos que a pesar de ser distintos son de igual valor. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672-679). La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno simplemente reitera que los comentarios de la Comisión serán tomados en consideración en el proceso de enmienda de la Proclamación Laboral que está en curso. La Comisión, por consiguiente, pide al Gobierno que tome en un futuro cercano las medidas necesarias para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en la Proclamación Laboral, y que facilite información sobre las medidas concretamente tomadas al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. Legislación. La Comisión recuerda la falta de protección legislativa explícita contra la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación por motivos de color, origen social y ascendencia nacional tanto en la Proclamación Laboral núm. 377/2003 como en la Proclamación sobre la Administración Pública Federal núm. 515/2007. La Comisión también recuerda que, con arreglo al artículo 26, 2), de la Proclamación Laboral, no se consideran causa justificada para la terminación de un contrato de trabajo los motivos siguientes: afiliación a un sindicato o actividades sindicales, nacionalidad, sexo, religión, filiación política, estado civil, raza, color, responsabilidades familiares, embarazo, linaje o estatus social. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que considera que los motivos de origen social y ascendencia nacional están sustancialmente cubiertos por los términos «cualesquiera otras condiciones» o «cualesquiera otros motivos», usados respectivamente en el artículo 14, 1), f), de la Proclamación Laboral, y el artículo 13, 1), de la Proclamación sobre la Administración Pública Federal. Si bien entiende el punto de vista del Gobierno, habida cuenta de los patrones persistentes de discriminación basada en los motivos previstos por el Convenio, la Comisión desea señalar a la atención del Gobierno la necesidad de que exista una legislación completa que contenga disposiciones explícitas que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta basada, al menos, por todos esos motivos, y en todos los aspectos del empleo y la ocupación, a fin de que los trabajadores puedan tener el derecho a la no discriminación y de garantizar la aplicación plena y efectiva del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas concretas para enmendar la Proclamación sobre la Administración Pública Federal núm. 515/2007 y la Proclamación Laboral núm. 377/2003 en el contexto de la revisión en curso, con miras a especificar el color, el origen social y la ascendencia nacional como motivos prohibidos de discriminación y garantizar la prohibición de la discriminación basada en todos los motivos enumerados en el Convenio en todos los aspectos del empleo y la ocupación. La Comisión confía en que el Gobierno esté pronto en condiciones de informar sobre los progresos realizados a este respecto.

Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que sigue siendo objeto de examen la enmienda de la Proclamación Laboral a fin de prever explícitamente la protección contra la discriminación de los trabajadores y los solicitantes de empleo. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que no sólo los trabajadores sino también los solicitantes de empleo estén explícitamente protegidos contra la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación, y pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.

Igualdad de oportunidades y de trato independientemente de la raza y el color. Comunidades indígenas. En relación con su solicitud anterior de información sobre la situación de los pastores, la Comisión toma nota de las indicaciones generales del Gobierno según las cuales ha estado tomando medidas para desarrollar comunidades pastorales, por ejemplo estableciendo infraestructuras, lanzando mega proyectos y estableciendo escuelas móviles y centros de formación para los pastores. El Gobierno también indica que generalmente realiza consultas previas con las partes interesadas de la comunidad en las zonas en las que se llevarán a cabo proyectos agrícolas a gran escala y otros proyectos, sensibilizándolas sobre esos proyectos y permitiéndole a las comunidades afectadas participar activamente en su proceso de ejecución. La Comisión toma nota de que, en 2013, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas expresó preocupación por el hecho de que algunos reasentamientos formen parte del programa de «creación de aldeas» y por la situación de los agropastores indígenas. Asimismo, el Relator especial tomó nota en particular de que sobre la base de la información recibida y de otras fuentes fidedignas ofrecen importantes indicios de que los agropastores indígenas afectados por los reasentamientos han estado viviendo en el Valle bajo del Omo durante muchos años, manteniendo una tenencia de las tierras y una forma de vida culturalmente distintiva, incluyendo la práctica agrícola de sembrar cuando se retiran las aguas del río (documento A/HRC/24/41/Add. 4, 2 de septiembre de 2013, párrafos 84-86). La Comisión recuerda que uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas es la falta de reconocimiento de su derecho sobre las tierras, los territorios y los recursos, lo cual menoscaba su derecho a ejercer ocupaciones tradicionales. Deben tomarse medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas en el empleo y la ocupación, incluido el derecho a ejercer sin discriminación ocupaciones tradicionales y las actividades que les permiten ganarse el sustento. El reconocimiento de la propiedad y de la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y del acceso a los territorios comunales y los recursos naturales que necesitan para sus actividades tradicionales son fundamentales. También habría que proporcionar a esos pueblos el mismo acceso al crédito y a los servicios de comercialización, extensión agrícola y adquisición de competencias laborales que a los demás sectores de la población (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 768). Con miras a lograr que las comunidades indígenas disfruten de una igualdad de oportunidades y de trato de la misma manera que el resto de la población en materia de empleo y ocupación, en particular en lo que respecta a las ocupaciones tradicionales, la Comisión pide al Gobierno que garantice que se tienen debidamente en cuenta los medios de subsistencia y la forma de vida de las comunidades de pastores al establecer e implementar la política nacional y los marcos de planificación, incluso en el contexto de los programas emprendidos para desarrollar las comunidades pastorales, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas en cooperación con las comunidades de pastores a fin de evaluar su capacidad para mantener sus actividades tradicionales, en particular en relación con los derechos a sus tierras ancestrales, y sobre los resultados de esas medidas.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT). La Comisión recuerda que el laudo final relativo a la reclamación de una indemnización fue pronunciado el 17 de agosto de 2009. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que puesto que el Gobierno de Eritrea no ha hecho efectivo todavía el pago a los trabajadores etíopes, el laudo final aún no ha sido ejecutado. Recordando que la Comisión de reclamaciones, en su decisión de 27 de julio de 2007, reconoció que cada Estado parte tenía plena autoridad para determinar la utilización y distribución de las indemnizaciones determinadas a su favor, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para auxiliar u ofrecer reparación a los trabajadores desplazados tras el estallido en 1998 del conflicto fronterizo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1991)

Artículo 2 del Convenio. Alcance. Legislación. La Comisión lamenta tomar nota de que, desde 1995, ha estado pidiendo al Gobierno que facilite información sobre la manera en que se aplica el Convenio a los trabajadores excluidos del ámbito de aplicación de la Proclamación Laboral núm. 377/2003 (anteriormente núm. 42/1993), en su tenor modificado, aparte de aquellos cubiertos por la Proclamación sobre el Servicio Civil Federal núm. 515/2007 (es decir, los trabajadores con contratos para educar a niños, o brindar tratamiento, cuidado o rehabilitación; las personas con contratos de educación o formación profesional, que no sean aprendices; las personas con puestos gerenciales en las empresas; los trabajadores que prestan servicios a los particulares sin fines de lucro; los miembros de las fuerzas armadas o de la policía; los empleados por la administración del Estado; los jueces y procuradores, y las personas que realizan un trabajo por cuenta propia o tienen responsabilidades profesionales). Recordando que el Convenio aplica a todas las ramas de la actividad económica y a todas las categorías de trabajadores, y ante la ausencia de respuesta en la memoria del Gobierno, la Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información más detallada sobre la legislación especial que prevé una protección, al menos equivalente a la prevista en el Convenio, para las categorías de trabajadores excluidos del ámbito de aplicación de la Proclamación Laboral núm. 377/2003).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Evolución legislativa. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, 2012. De conformidad con su artículo 2, esta ley tiene la finalidad de establecer igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en diversos ámbitos, entre otros, económico, social y educativo, tanto en el sector público como en el privado. Los artículos 7 y 8 prevén la adopción de medidas especiales con carácter provisional para superar la desigualdad estructural de género existente, en particular mediante medidas positivas y promocionales en este sentido. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para la aplicación general de esta ley y sus repercusiones sobre el alcance de la igualdad de género tanto en el sector público como en el privado. La Comisión también pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas especiales adoptadas en virtud de los artículos 7 y 8 con objeto de alcanzar la igualdad en el empleo y la ocupación, así como cualesquiera otras medidas especiales de protección en favor de determinadas categorías de personas.

Acoso sexual. La Comisión toma nota de que el artículo 3, 3), de la nueva ley prohíbe expresamente el acoso sexual en los sectores público y privado, y que el acoso sexual está definido en el artículo 4, 7), como todo tipo de comportamiento de naturaleza sexual no deseado, que cree un ambiente de trabajo intimidante u hostil. La Comisión pide al Gobierno que confirme que la ley mencionada cubre tanto el acoso sexual que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como el derivado de un ambiente de trabajo hostil. Asimismo pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas prácticas tomadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre casos de acoso sexual que fueron tratados por las autoridades administrativas o judiciales pertinentes, indicando las sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Francia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1953)

Brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según las «Cifras clave de la igualdad entre mujeres y hombres (2017)», en 2014 el salario neto mensual promedio de las mujeres que trabajaban a tiempo completo era inferior en un 18,6 por ciento al de los hombres en el sector privado y en las empresas públicas (el 20,1 por ciento en 2009). La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que teniendo en cuenta que en los casos de características idénticas de los asalariados y de los puestos, subsiste una diferencia no explicada del 9,8 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre las brechas de remuneración entre hombres y mujeres en los diferentes sectores de la economía.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 2014-873, de 4 de agosto de 2014, para la Igualdad Real entre Mujeres y Hombres, que prevé, en particular, que la política para la igualdad entre mujeres y hombres debe incluir acciones destinadas a garantizar la igualdad ocupacional y salarial, así como el equilibrio entre hombres y mujeres en la ocupación, y establece que el empleador estará obligado a iniciar anualmente una negociación relativa, entre otras cuestiones, a la determinación o programación de medidas que permitan suprimir las brechas de remuneración entre mujeres y hombres. La Comisión también toma nota de que el mecanismo de multas, aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones relativas a la igualdad salarial, establecido por la ley núm. 2010-1330, de 9 de noviembre de 2010, sobre la reforma de las jubilaciones, fue enmendado por la ley núm. 2015-1702, de 21 de diciembre de 2015, de financiación de la seguridad social para 2016, especialmente en relación con la cuantía de las multas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación de la obligación anual de negociar las medidas destinadas a eliminar las brechas de remuneración previstas en la ley de 2014 y sobre los resultados obtenidos, así como de facilitar informaciones sobre el funcionamiento del nuevo mecanismo de multas, indicando el número de controles efectuados y las empresas visitadas, así como sobre la cuantía de las multas aplicadas en caso de incumplimiento. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione indicaciones sobre toda nueva medida legislativa y/o administrativa adoptada en relación con la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el marco de la reforma laboral actualmente en curso.

Aplicación del principio de igualdad de remuneración en la administración pública. La Comisión, observando que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, valora positivamente el informe del Primer Ministro de 27 de diciembre de 2016, titulado «La fuerza de la igualdad — Las desigualdades de remuneración y de trayectos profesionales entre hombres y mujeres en la administración pública» que subraya el carácter esencial de la noción de «trabajo de igual valor» para poner en práctica la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que el informe contiene más de 50 recomendaciones que propician, entre otras: revalorizar financieramente la remuneración de las ocupaciones y especialidades feminizadas desvalorizadas, en los casos en que exista igualdad de actividades y dificultades; establecer parámetros de evaluación neutros desde el punto de vista de género y reforzar la formación de los responsables encargados de esas evaluaciones; crear un portal del empleo común para el conjunto de la función pública e indicar sistemáticamente las condiciones de remuneración del puesto del que se trate; llevar a cabo experiencias prácticas en materia de trasparencia de las remuneraciones en una administración; crear una herramienta en línea para la evaluación de la remuneración esperada; establecer el fondo que recaudará el producto de las multas aplicadas por incumplimiento de las obligaciones que permitan efectuar nombramientos equilibrados, e identificar y posteriormente modificar los textos reglamentarios que no observen el principio de neutralidad en materia de género en la denominación de las ocupaciones en el ámbito de la administración pública. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el curso dado a las recomendaciones del informe antes mencionado y sobre toda medida adoptada para aplicar el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y para combatir efectivamente las desigualdades de remuneración por motivo de sexo en la administración pública.

Artículo 3.  Evaluación objetiva de los empleos. Elaboración o revisión de las clasificaciones de empleos. La Comisión toma nota con interés de la publicación de dos guías para la evaluación objetiva de los empleos en las que se subraya la importancia de la noción de un «trabajo de igual valor» para combatir eficazmente las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres: la «Guía de evaluación no discriminatoria de los empleos en los que predominan las mujeres», publicada en 2013 por el Defensor de derechos, que desarrolla y explica el procedimiento de evaluación objetiva, y la «Guía para tener en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres en los sistemas de clasificación», publicada en 2017 por el Consejo Superior de Igualdad Profesional (CSEP), tras las labores del grupo paritario sobre las clasificaciones. Uno de los principales objetivos de las mencionadas guías prácticas es mostrar que métodos de clasificación aparentemente neutros pueden resultar discriminatorios, debido, entre otros motivos, a la elección u omisión de determinados criterios, tales como la sobrevaloración o subevaluación de ciertos factores. Se explican las diferentes etapas del proceso de evaluación de los empleos y se dan ejemplos concretos de las medidas de evaluación objetiva de los empleos en varios países. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la Ley núm. 2014-873, de 4 de agosto de 2014 para la Igualdad Real entre las Mujeres y los Hombres encomienda al CSEP y a la Comisión nacional de la negociación colectiva una nueva misión relativa al seguimiento de las revisiones de las clasificaciones ocupacionales y al análisis de las negociaciones realizadas y de las buenas prácticas. La Comisión también toma nota de que la plataforma de acciones para velar por el carácter mixto de las profesiones adoptada en 2014, prevé que, en la revisión quinquenal de las clasificaciones por rama, cuando se verifica una diferencia mediana de remuneración entre los hombres y las mujeres los interlocutores sociales deberán analizar, identificar y corregir los criterios de evaluación de los puestos de trabajo que puedan originar discriminaciones. Recordando que la aplicación del concepto de «trabajo de igual valor» implica la adopción de un método basado en criterios objetivos y libres de todo prejuicio de género que permita medir y comparar el valor relativo de los diferentes empleos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la difusión de las guías prácticas entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores, los servicios administrativos, las personas u organismos encargados de llevar a cabo evaluaciones objetivas de los empleos, especialmente con miras a la elaboración o la revisión de las clasificaciones ocupacionales. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre toda revisión de clasificaciones ocupacionales en curso o finalizadas, los resultados obtenidos, las buenas prácticas identificadas y las dificultades encontradas.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1981)

Artículos 1, 1), a) y b), y 2 del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de que se ha ampliado la lista de motivos de discriminación prohibidos por el Código del Trabajo (artículo L.1132-1), tras la adopción de: i) la ley núm. 2014-173, de 21 de febrero de 2014, de programación para la ciudad; ii) la ley núm. 2016-832, de 24 de junio de 2016, de lucha contra la discriminación a causa de la precariedad social; iii) la ley núm. 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, de modernización de la justicia del siglo XXI; iv) la ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, relativa a la igualdad y a la ciudadanía, y v) la ley núm. 2017-256, de 28 de febrero de 2017, de programación relativa a la igualdad real en ultramar y sobre otras disposiciones en materia social y económica. Esta lista ahora incluye los motivos siguientes: origen, sexo, costumbres, orientación sexual, identidad de género [en lugar de «identidad sexual»], edad, situación familiar o embarazo, características genéticas, vulnerabilidad especial resultante de la situación económica, aparente o conocida del autor de la discriminación [nuevo], pertenencia o no pertenencia, verdadera o supuesta, a una etnia, una nación o una supuesta raza [en lugar de «raza»], opiniones políticas, actividades sindicales o mutualistas, creencias religiosas, apariencia física, apellido, lugar de residencia [nuevo] o domiciliación bancaria [nuevo], estado de salud, pérdida de autonomía [nuevo] o discapacidad, y la capacidad de expresarse en un idioma que no sea el francés [nuevo].

Sin embargo, la Comisión también observa que el «origen social» sigue sin figurar entre los motivos de discriminación prohibidos por la legislación; y que el «origen» mencionado en el artículo L.1132-1 del Código del Trabajo cubre la «ascendencia nacional» en el sentido del Convenio según las declaraciones dadas anteriormente por el Gobierno. La Comisión recuerda que el origen social figura entre los siete motivos prohibidos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. También recuerda que, según las constataciones realizadas en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 802 a 804), en algunos países, se ha observado que las personas que proceden de determinadas zonas geográficas o de sectores de la población (distintas de las personas con antecedentes relativos al origen étnico) socialmente desfavorecidos se ven excluidas de la contratación, sin que se tengan en cuenta sus propios méritos. Las indicaciones relativas al aumento de las desigualdades sociales en algunos países han puesto de manifiesto la continua pertinencia de abordar la discriminación basada en las clases sociales y las categorías socioprofesionales. A este respecto, la Comisión recuerda que la discriminación y la desigualdad de oportunidades por motivos de origen social se refiere a aquellas situaciones en las que la pertenencia de una persona a una clase o categoría socioprofesional condiciona su futuro profesional, ya sea porque tiene vetado el acceso a ciertos empleos o actividades, o porque sólo se le ofrecen determinados empleos. Recordando que cuando se adoptan disposiciones legales para dar efecto al principio del Convenio, éstas deberían incluir como mínimo todos los motivos de discriminación que figuran en su artículo 1, 1), a), la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que con ocasión de la próxima revisión del Código del Trabajo se incluya el origen social en la lista de motivos de discriminación prohibidos y que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica y la interpretación, en particular por la inspección del trabajo y los tribunales, de las disposiciones sobre la discriminación motivada por la «vulnerabilidad especial debida a la situación económica, aparente o conocida por el autor de la discriminación», el «expresarse en un idioma que no sea el francés», el lugar de residencia, la domiciliación bancaria o la pérdida de autonomía.

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en el sexo. Definición y prohibición de las conductas sexistas. Legislación. La Comisión acoge con agrado las disposiciones de la ley núm. 2015-994, de 17 de agosto de 2015, relativa al diálogo social y el empleo, que modifican el Código del Trabajo (artículo L.1142-2-1) y prohíben «toda conducta relacionada con el sexo de una persona que tenga por objeto o por efecto menoscabar su dignidad o crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo» así como las disposiciones de la ley núm. 2016-1088, de 8 de agosto de 2016, relativa al trabajo, la modernización del diálogo social y el aseguramiento de las trayectorias profesionales que introducen la misma prohibición en la ley núm. 83-634, de 13 de julio de 1983, sobre los derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de la ley de 2015, en particular sobre la manera en que la inspección del trabajo y los tribunales abordan las conductas sexistas en el lugar de trabajo, y sobre la aplicación de la ley de 2016 en lo que concierne a los funcionarios. Asimismo, le pide que transmita información sobre la ejecución del Plan de acción y movilización contra el sexismo, iniciado en septiembre de 2016, e indique las acciones concretas llevadas a cabo en el ámbito del empleo y la ocupación en los sectores público y privado.

Acoso sexual. Departamentos de ultramar. La Comisión lamenta tomar nota de que, pese a sus reiteradas solicitudes, el Gobierno aún no ha facilitado información alguna respecto de la aplicación del Convenio en Guayana francesa y en La Reunión, y le pide al Gobierno una vez más que facilite información específica sobre toda medida adoptada por las autoridades, los empleadores y los inspectores del trabajo para prevenir y eliminar el acoso sexual en el trabajo, así como sobre toda causa por acoso sexual tramitada ante los juzgados en los departamentos de ultramar.

Discriminación basada en la raza, el color o la ascendencia nacional. Desde hace años, la Comisión resalta que, a pesar de ciertas iniciativas, las medidas y dispositivos establecidos no parecen producir efectos suficientes para luchar eficazmente contra la discriminación basada en la raza o la ascendencia nacional (el «origen», según la legislación nacional) en el empleo y la ocupación, especialmente en lo que concierne al acceso al empleo de los jóvenes de origen extranjero, y pide al Gobierno que refuerce sus acciones en la materia. A este respecto, la Comisión acoge con agrado la «prueba» de la discriminación en la contratación («testing») llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo en torno a 40 empresas de más de 1 000 trabajadores, cuyos resultados, publicados en diciembre de 2016, ponen de relieve que en una docena de empresas los candidatos con apellido de origen norteafricano fueron discriminados respecto a los candidatos cuyo apellido es de origen francés. Además, toma nota de que el Ministerio reenvió el caso de dos empresas al Defensor de los Derechos y que éste exhortó a las empresas a firmar el «Pacto para la igualdad de trato de los candidatos a un empleo independientemente de su origen — las empresas se comprometen», que insiste en la concientización de los reclutadores y el compartir las buenas prácticas así como en la valoración de las competencias más allá de los diplomas y las calificaciones. La Comisión toma nota de la adopción del Plan nacional de lucha contra el racismo y el antisemitismo 2015-2017, que prevé, entre otras cosas, la realización de campañas de comunicación y concientización, la movilización de la sociedad civil, una refundición de las políticas locales en materia de ciudadanía y la creación de instancias operativas a nivel local, el reforzamiento de las sanciones y de la educación en la materia y la mejora de la protección de las víctimas. Al tiempo que alienta al Gobierno a continuar su «testing» de las empresas así como sus iniciativas en materia de información y sensibilización de los trabajadores y los empleadores y del público en general, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas para luchar de manera eficaz contra la discriminación basada en la raza, el color y la ascendencia nacional en la contratación, los ascensos y las condiciones de empleo, incluida la remuneración. Asimismo, pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a fin de ejecutar el Plan nacional de lucha contra el racismo y el antisemitismo 2015-2017 en el ámbito del empleo y que proporcione información sobre las medidas adoptadas para evaluar su eficacia y sobre los resultados concretos obtenidos.

Romaníes. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna en respuesta a sus solicitudes concernientes a la situación de los romaníes en cuanto a su acceso a la educación, a la formación profesional y al empleo. Toma nota, sin embargo, de que se han llevado a cabo desalojos forzosos de los asentamientos romaníes y que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación ante el rechazo, la exclusión y la violencia de los que son objeto los migrantes romaníes (véase documento CCPR/C/FRA/CO/5, 17 de agosto de 2015, párrafo 13). Refiriéndose a sus comentarios anteriores, una vez más la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome, en colaboración con las organizaciones que representan a los romaníes, medidas efectivas para combatir la discriminación y la estigmatización de los romaníes, que promueva el respeto y la tolerancia, y que facilite información sobre cualquier medida tomada para tal efecto. La Comisión también pide al Gobierno que facilite información sobre los puntos siguientes: i) las medidas tomadas concretamente para asegurar la escolarización y la permanencia en la escuela de los niños romaníes, así como la formación profesional de los jóvenes y de los adultos, y ii) el impacto de la ampliación de la lista de ocupaciones accesibles a los rumanos y búlgaros respecto del acceso al empleo, incluyendo el trabajo independiente, de los miembros de la comunidad romaní.

Artículos 1 y 2.  Medidas de lucha contra la discriminación y de promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota con interés del establecimiento, en septiembre de 2014, de un grupo de diálogo sobre la lucha contra la discriminación en las empresas, del que forman parte los interlocutores sociales, intermediarios laborales privados y públicos, los servicios competentes de los ministerios interesados y algunas personalidades. Este grupo se encarga de identificar posibles mejoras para reducir la discriminación colectiva en las empresas al tiempo que se refuerza la seguridad jurídica y promueve métodos de contratación que no sean discriminatorios. La Comisión toma nota de que en mayo de 2015 este grupo formuló 18 propuestas, que prevén, entre otras cosas, la posibilidad de emprender un proceso semejante en el sector público, la organización de una campaña de sensibilización, la movilización de los servicios de inspección del trabajo sobre esta cuestión, la difusión de información sobre métodos de contratación no discriminatorios, la creación en las empresas con más de 300 trabajadores de un referente en materia de «igualdad de oportunidades», la mejora del método de «testing» de discriminación y la fijación en las empresas de un documento que contenga los principios del acuerdo nacional interprofesional, de 12 de octubre de 2006, relativo a la diversidad en la empresa. Asimismo, la Comisión toma nota de que el grupo de diálogo formuló, en noviembre de 2016, 13 propuestas nuevas, entre las que figuran: la organización de una campaña anual de información; la realización de estudios para evaluar las ganancias que obtienen las empresas gracias al establecimiento de una política de lucha contra la discriminación y para examinar las condiciones para el establecimiento de indicadores a fin de medir el impacto de los dispositivos de lucha contra la discriminación; la continuación de los trabajos del grupo de diálogo sobre la utilización de dispositivos operativos que permiten garantizar el seguimiento y la transparencia de los procedimientos de contratación; el establecimiento de referentes y la creación de indicadores que permitan hacer un seguimiento de la evolución de las carreras y de la remuneración. Al tiempo que saluda las labores del grupo de diálogo sobre la lucha contra la discriminación en las empresas, la Comisión pide al Gobierno que indique el seguimiento dado a las propuestas formuladas en 2015 y 2016, tanto en el plano legislativo como en la práctica, y que precise si está previsto que el grupo de diálogo continúe sus labores y, en su caso, que transmita información sobre sus labores así como sobre toda iniciativa de este tipo en el sector público.

Política nacional de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 2014-873, de 4 de agosto de 2014, para la igualdad real entre mujeres y hombres, que prevé la aplicación de una política de igualdad entre mujeres y hombres que incluya, entre otras, medidas de prevención y de protección en relación con la violencia de la que son objeto las mujeres y los ataques a su dignidad, medidas a fin de prevenir y luchar contra los estereotipos sexistas y garantizar la igualdad en materia profesional y salarial y el equilibrio entre hombres y mujeres en los empleos así como medidas a fin de favorecer una mejor conciliación de la vida laboral y la vida familiar y un reparto equitativo de las responsabilidades parentales. Asimismo, la ley de 2014 prevé que esas medidas deberán ser evaluadas. Además, la Comisión acoge con satisfacción que se haya inscrito al Alto Consejo para la igualdad entre mujeres y hombres en la ley núm. 2008-496, de 27 de mayo de 2008, relativa a varias disposiciones de adaptación al derecho comunitario en el ámbito de la lucha contra la discriminación, gracias a las modificaciones introducidas por la ley núm. 2017-86, de 27 de enero de 2017, relativa a la igualdad y la ciudadanía. Toma nota de que el Alto Consejo se encarga, entre otras cosas, de formular recomendaciones y asesorar así como de proponer reformas al Primer Ministro, contribuir a la evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de la mujer e igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social y de presentar cada año un informe sobre el estado del sexismo en Francia, que se hace público. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Alto Consejo publicó en febrero de 2017 un informe sobre la formación en materia de igualdad entre niñas y niños en el que se recomienda la formación inicial y continua de personal educativo y la elaboración de una guía práctica. La Comisión saluda el compromiso del Gobierno de hacer de la igualdad de género y la no discriminación, con énfasis en la violencia sexual y ligada al género, una prioridad alta y una causa nacional para 2017-2022. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas en el ámbito del empleo para aplicar la política para la igualdad entre mujeres y hombres, en particular en materia de lucha contra los estereotipos sexistas y de promoción del equilibrio entre hombres y mujeres en las ocupaciones, así como sobre toda evaluación del impacto de estas medidas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las actividades del Alto Consejo para la igualdad entre mujeres y hombres en materia de empleo y trabajo.

Discriminación basada en la religión. Habida cuenta de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión solicita de nuevo información sobre la aplicación práctica de la ley núm. 2010-1192, de 11 de octubre de 2010, que prohíbe llevar en los espacios públicos del ámbito laboral prendas que tapen el rostro, habida cuenta de los posibles efectos que esta prohibición puede tener sobre el empleo de las mujeres musulmanas. Pide al Gobierno que indique si se ha previsto algún medio para evaluar esos efectos y, en caso afirmativo, si se ha utilizado.

Control de la aplicación por los tribunales. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de las disposiciones de la ley núm. 2016-1547, de 18 de noviembre de 2016, de modernización de la justicia del siglo XXI que introducen la posibilidad de que las organizaciones representativas de trabajadores y las asociaciones civiles lleven a cabo acciones de grupo cuando varias personas, que estén en una situación similar, sean objeto de discriminación directa o indirecta basada en el mismo motivo y llevada a cabo por una misma persona privada o por la misma empresa. La acción de grupo puede tener por objetivo, en primer lugar, hacer cesar la discriminación y, en segundo lugar, la obtención de una reparación por los perjuicios sufridos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la realización de acciones de grupo en relación con cuestiones de discriminación en el empleo así como, si procede, sobre toda evaluación de este dispositivo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gabón

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1961)

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. Durante más de dos décadas, la Comisión ha estado enfatizando la necesidad de enmendar el artículo 140 del Código del Trabajo de manera que refleje clara y enteramente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672-679). La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales la versión revisada del proyecto del Código del Trabajo ha tomado en cuenta las varias enmiendas propuestas, incluyendo la del artículo 140, pero que aún está pendiente de adopción. La Comisión confía en que la versión revisada del proyecto del Código del Trabajo será adoptada próximamente y pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para cerciorarse de que las disposiciones del artículo 140 reflejan plenamente el principio del Convenio. También le pide al Gobierno que transmita copia de las nuevas disposiciones una vez que hayan sido adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículos 1, 1), a), y 3, c), del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Legislación. La Comisión recuerda que, desde 2005, ha estado resaltando que ciertas disposiciones del Código Civil (el artículo 253 según el cual el marido es el jefe de familia; el artículo 254 según el cual corresponde al marido fijar el lugar de residencia de la familia y el artículo 261 relativo al ejercicio de una profesión por la esposa) limitan la libertad de trabajar de las mujeres y pueden tener efectos discriminatorios en el empleo y la ocupación. En sus comentarios más recientes (2013), la Comisión tomó nota de que se habían sometido al Parlamento dos proyectos de ley para derogar y sustituir el Código Civil (ley núm. 19/89 de 30 de diciembre de 1989) y expresó la firme esperanza de que las disposiciones del Código Civil que tienen efectos discriminatorios sobre las mujeres se derogarían en un futuro próximo. Refiriéndose al párrafo 787 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que las leyes sobre relaciones personales y familiares que todavía no garantizan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres continúan afectando el disfrute de la igualdad en el trabajo y el empleo. Las distinciones que se basan en el estado civil, la situación matrimonial o, más específicamente la situación familiar (en particular en lo relativo a las responsabilidades por personas a cargo) son contrarias al Convenio cuando dan lugar a la imposición de un requisito o condición a personas de un determinado sexo que no se impondría a personas del otro sexo. Asimismo, recuerda que la protección contra la discriminación prevista por el Convenio se aplica en igual medida a los dos sexos y la adopción de leyes nacionales que garantizan la igualdad de derechos y de responsabilidades entre hombres y mujeres constituye una etapa importante en la búsqueda de la igualdad en la sociedad. La Comisión observa que, según la memoria del Gobierno, los proyectos de revisión del Código Civil y del Código del Trabajo siguen en el parlamento y todavía no se han adoptado. Además, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre el contenido del proyecto de revisión del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que las disposiciones del Código Civil que tienen un efecto discriminatorio sobre el empleo de las mujeres sean derogadas en un futuro próximo y que comunique copia del Código Civil en su tenor modificado. En lo que respecta al trabajo nocturno de las mujeres, regulado por los artículos 167 y 169 del Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que, en el marco del proceso de revisión del Código del Trabajo en curso desde hace varios años, reexamine de forma crítica estas disposiciones a la luz del principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, y que también examine si procede adoptar medidas complementarias en materia de seguridad de los trabajadores y de medios de transporte adecuados.

Artículo 1, 1), a).  Acoso sexual. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se limita a señalar que comunicará «las normas que se adoptaran para dar efecto a la ley». Asimismo, la Comisión toma nota de que, en las respuestas a las cuestiones que completan su informe presentado para examen al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Gobierno indica que el proyecto de revisión del Código del Trabajo contiene disposiciones que definen el acoso sexual de la manera siguiente «se entiende por acoso sexual ejercer sobre una persona, con ocasión del trabajo o en el lugar de trabajo, presiones, violencia verbal, física o moral con miras a obtener una satisfacción o un favor sexual personal o en beneficio de un tercero» (documento CEDAW/C/GAB/Q/6/Add.1, de 30 de enero de 2015, párrafo 13). La Comisión observa que esta definición es demasiado restrictiva para abarcar todos los tipos de acoso sexual, ya que omite los comportamientos o comentarios que crean un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo (véase Estudio General de 2012, párrafos 789-794). La Comisión espera que pronto se adopte el proyecto de revisión del Código del Trabajo y pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las disposiciones relativas al acoso sexual definan y prohíban expresamente no sólo el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) sino también el acoso sexual debido a un ambiente hostil en el trabajo. Además, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, así como a los inspectores del trabajo, los abogados y los jueces sobre la cuestión del acoso sexual, en particular elaborando y difundiendo folletos informativos y de asesoramiento y realizando programas de radio o de televisión, o campañas o reuniones informativas. La Comisión pide al Gobierno que especifique cualquier medida adoptada en este sentido.

Discriminación por motivos de ascendencia nacional, raza, color o religión. La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno con la vigilancia de la ejecución de la política de «gabonización» del empleo para que la misma «no sobrepase los estándares internacionales». Recordando el riesgo de prácticas discriminatorias por motivos de ascendencia nacional, raza, color o religión en el marco de la ejecución de dicha política, la Comisión pide al Gobierno que reexamine periódicamente los efectos de la misma en la contratación o el despido de los ciudadanos gaboneses que, debido a su origen extranjero, raza, color o religión, podrían ser tratados como extranjeros. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione datos sobre el número de empleos concernidos por la política de «gabonización» de los empleos cada año.

Artículo 2.  Política nacional de igualdad. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre la aplicación de la Estrategia nacional de igualdad y de equidad de género adoptada en 2010 ni sobre posibles medidas de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la Comisión recuerda que en el documento sobre la estrategia se establecía un diagnóstico de las diferencias y desigualdades de género según el cual las mujeres son más pobres, están más expuestas al desempleo, tienen un nivel educativo más bajo y están menos formadas que los hombres, se enfrentan a dificultades en materia de acceso a la tierra, a los medios de producción y a los créditos, y desconocen cuáles son sus derechos. Asimismo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, el CEDAW señaló su preocupación por «la persistencia de normas culturales, prácticas y tradiciones adversas, así como las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados en relación con las funciones, responsabilidades e identidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad» (documento CEDAW/C/GAB/CO/6, de 11 de marzo de 2015, párrafo 20). Por otra parte, la Comisión ha tenido conocimiento de que el Gobierno ha validado la propuesta de crear un «Women Business Centre», como plataforma totalmente dedicada a las empresarias. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, a fin, entre otras cosas, de luchar eficazmente contra los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades profesionales de las mujeres y a su papel en la sociedad, así como para permitirles acceder a un abanico más amplio de empleos y de profesiones a través de una orientación y una formación profesionales sin prejuicios sexistas. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas y sus resultados, así como sobre las actividades del Ministerio de Igualdad de Oportunidades en la materia. Por último, la Comisión pide al Gobierno que en un futuro próximo adopte medidas para solucionar los problemas que tienen las mujeres para acceder a los recursos y a los medios de producción, en particular a los créditos y la tierra, y alentar al empresariado femenino. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas que se adopten con estos fines.

Gambia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación. La Comisión destacó que las disposiciones de la Constitución sobre discriminación no incluyen ninguna referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación, y sólo se refieren al tratamiento discriminatorio ejercido por funcionarios públicos (artículo 33, 3)). Asimismo, tomó nota de que la Ley del Trabajo de 2007 no define ni prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en base a cualquiera de los motivos enumerados en el Convenio, excepto en caso de despido y de adopción de medidas disciplinarias (artículo 83, 2)). La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona respuesta alguna a su solicitud en relación con la necesidad de enmendar la legislación. La Comisión recuerda de nuevo que, si bien las disposiciones constitucionales generales sobre igualdad son importantes, no son en general suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación, y se requiere una legislación integral contra la discriminación para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, en base, como mínimo, a todos los motivos de discriminación que figuran en el artículo 1, 1), a), y en todos los ámbitos del empleo y la ocupación. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas a fin de incluir la protección legislativa contra la discriminación directa e indirecta en todas las fases del empleo y la ocupación en base, como mínimo, a todos los motivos que figuran en el Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya en la legislación disposiciones que prevean sanciones disuasorias y reparaciones apropiadas en los casos de discriminación. Sírvase transmitir información específica sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Georgia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC) de 26 de septiembre de 2014, 2 de marzo de 2015 y 3 de octubre de 2016, en las que se abordan cuestiones de carácter similar relacionadas con la aplicación del Convenio, así como de las respuestas del Gobierno de 20 de noviembre de 2015 y 16 de diciembre de 2016.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. Desde 2002, la Comisión ha estado planteando su preocupación en relación con la falta de legislación que dé plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el artículo 2, 3), del Código del Trabajo de 2006 sólo contiene una prohibición general de la discriminación en las relaciones laborales y que la Ley sobre Igualdad de Género, de 2010, prohíbe la discriminación (artículo 6) y prevé que «la calidad del trabajo realizado por hombres y mujeres deberá evaluarse con criterios de igualdad y sin discriminación alguna» (artículo 4, 2), i)). La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno continúa refiriéndose a las disposiciones en materia de igualdad de la Constitución, el Código del Trabajo y la Ley sobre Igualdad de Género y no indica si se examina la posibilidad, en consulta con los interlocutores sociales, de revisar estas disposiciones a fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que si bien la Ley sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, adoptada el 2 de mayo de 2014, incluye una prohibición general de la discriminación basada en el sexo, no se refiere al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Además, la Comisión toma nota de que el artículo 57, 1), de la Ley sobre el Servicio Público, adoptada el 27 de octubre de 2015, prevé que el sistema de remuneración de los funcionarios públicos se basa en «los principios de transparencia y equidad, lo que significa la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», más restrictivos que el principio del Convenio. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672-679). Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la «Estrategia estatal sobre la formación para el mercado laboral y su Plan de acción 2015-2018» incluye la enmienda del Código del Trabajo para poner sus disposiciones de conformidad con las normas internacionales del trabajo, y de que la GTUC reafirma la necesidad de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar sin demora, en cooperación con los interlocutores sociales y el Consejo de Igualdad de Género, medidas concretas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor con miras a garantizar la aplicación plena y efectiva del Convenio. También insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para enmendar el artículo 57, 1), de la Ley sobre el Servicio Público, de 2015, a fin de reflejar el concepto de «trabajo de igual valor» con miras a garantizar que los funcionarios públicos cubiertos por la ley tienen derecho no sólo a la igualdad de remuneración por un trabajo igual sino también por un trabajo que es de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo tiene el mismo valor, y le pide que informe sobre los progresos alcanzados a este respecto.

Artículo 2.  Medidas para abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres y promover la igualdad de remuneración. La Comisión recuerda las diferencias significativas que existen entre los salarios nominales mensuales promedio de hombres y mujeres e indica que en el primer trimestre de 2013 la brecha salarial por motivos de género era del 37,7 por ciento. La Comisión toma nota de las estadísticas que contiene la memoria del Gobierno sobre los salarios mensuales promedio de hombres y mujeres en 2014, que ponen de relieve que existe una persistente brecha salarial general del 36,9 por ciento (lo que representa un ligero descenso en comparación con 2013). Además, las estadísticas indican que en los salarios nominales mensuales existen diferencias sustantivas a favor de los hombres, con una brecha salarial entre hombres y mujeres muy grande, a saber, de más del 40 por ciento en el sector financiero, y una brecha salarial entre hombres y mujeres de cerca del 30 por ciento o de más del 35 por ciento en una serie de sectores, incluida la pesca, la minería y las canteras, la manufactura, el comercio mayorista y minorista y el sector de los hoteles y restaurantes, así como en la salud y el trabajo social y otras actividades comunitarias, de servicios sociales y atención personalizada. La Comisión toma nota de que en su comunicación la GTUC reitera que existe una importante brecha en materia de salarios nominales mensuales promedio entre hombres y mujeres en todos los sectores del mercado de trabajo, incluidos los sectores en los que predominan las mujeres tales como la educación y la atención sanitaria. En relación con un estudio de la Oficina de Estadística, la GTUC también indica que existen desigualdades en la distribución de salarios medios entre hombres y mujeres, incluso entre los que tienen niveles similares de educación. Según la GTUC estas diferencias salariales pueden ser debidas a la segregación ocupacional por motivos de género, así como al hecho de que los hombres trabajan principalmente en el sector privado mientras que las mujeres están distribuidas más uniformemente en los sectores privado y público. Además, la GTUC indica que en el estudio de la Oficina de Estadística se detectaron importantes diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a las prestaciones y otros componentes salariales, y añade que algunas de estas diferencias pueden ser debidas en parte a la segregación ocupacional por motivos de género pero también pueden deberse a la discriminación de género. El estudio puso de manifiesto que recibieron bonificaciones el 66 por ciento de los hombres encuestados (que eran beneficiarios potenciales) en comparación con sólo el 34 por ciento de las mujeres encuestadas, y recibieron primas el 60 por ciento de los hombres frente al 41 por ciento de las mujeres. Además, el 67 por ciento de los hombres y sólo el 33 por ciento de las mujeres señalaron que tenían un seguro de salud cubierto por el empleador. En relación con las medidas adoptadas para hacer frente a las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Plan de acción nacional sobre la igualdad de género 2014-2016, adoptado en enero de 2014, tiene por objetivo, entre otras cosas, promover la igualdad de género en el ámbito económico. El Gobierno también informa de que a nivel ejecutivo ha reforzado sus mecanismos institucionales en materia de igualdad de género, por ejemplo estableciendo una comisión interministerial sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en septiembre de 2015. Además, en 2014 se estableció por un período indefinido un consejo de coordinación interinstitucional para el Plan de acción gubernamental sobre la protección de los derechos humanos (2014-2015). La Comisión toma nota de que el Plan de acción aborda la igualdad de género, el empoderamiento y los derechos de las mujeres (capítulo 14) y la protección de los derechos de los trabajadores con arreglo a las normas internacionales (capítulo 21). Sin embargo, tomando nota de que no se ha proporcionado más información sobre las medidas específicas adoptadas, incluso en el contexto de esos mecanismos y del Plan de acción nacional sobre la igualdad de género, para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y abordar sus causas subyacentes, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar, sin demora, medidas para identificar y abordar las causas subyacentes a las desigualdades en materia de remuneración, tales como la discriminación basada en el género, los estereotipos de género, la segregación ocupacional, y para promover el acceso de las mujeres a una gama más amplia de oportunidades laborales a todos los niveles, incluidos los puestos de alta dirección y los puestos de trabajo mejor remunerados. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las actividades de sensibilización llevadas a cabo en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores para promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, incluso en lo que respecta a las bonificaciones y primas adicionales así como a otras asignaciones salariales suplementarias. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística sobre los salarios mensuales, la remuneración por horas y las asignaciones adicionales, por sector económico, así como datos relativos al número de hombres y mujeres empleados en esos sectores.

Aplicación. La Comisión había tomado nota con preocupación de que el Gobierno indicaba que después de la eliminación del servicio de inspección del trabajo en 2006 ya no existe ningún órgano de control en materia laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno responde que a través de la ordenanza núm. 38, de 5 de febrero de 2015, se aprobó el Programa nacional para la supervisión de las condiciones de trabajo y que a través de la ordenanza núm. 81, de 2 de marzo de 2015, se estableció el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales. El objetivo del Departamento es desarrollar el marco jurídico pertinente para inspeccionar las condiciones de seguridad y examinar las quejas en materia de seguridad, así como proponer recomendaciones. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indica que el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo también puede elaborar las recomendaciones adecuadas para prevenir los casos de discriminación y sensibilizar a este respecto, la Comisión observa que el Programa nacional y el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo se centran principalmente en promover y garantizar un entorno laboral seguro y saludable. La Comisión toma nota de las observaciones de la GTUC acerca de que no existe un mecanismo de aplicación adecuado y eficaz que permita aplicar en la práctica el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que la Oficina del Defensor Público ha indicado que debería enmendarse el Código del Trabajo a fin de abordar el carácter no vinculante de las recomendaciones realizadas por los servicios de inspección. La Comisión hace de nuevo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de aplicación adecuados y eficaces para garantizar la aplicación en la práctica del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor así como para garantizar que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en la que garantiza la aplicación efectiva del principio del Convenio, incluidas todas las actividades a este respecto llevadas a cabo por el Departamento de Inspección de las Condiciones de Trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que adopte medidas para sensibilizar a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones sobre las leyes y procedimientos existentes, y para reforzar la capacidad de jueces, funcionarios encargados de las cuestiones laborales y otras autoridades competentes para detectar y abordar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres que realizan un trabajo de igual valor. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando toda la información disponible sobre las decisiones adoptadas por los tribunales y otros órganos competentes en relación con esta cuestión, así como sobre todos los casos de desigualdad de remuneración tramitados por la Oficina del Defensor Público, que tiene el mandato de examinar quejas en materia de discriminación entre hombres y mujeres y realizar recomendaciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC) de 26 de septiembre de 2014, 2 de marzo de 2015 y 3 de octubre de 2016, en las que se abordan cuestiones similares relacionadas con la aplicación del Convenio, así como de las respuestas del Gobierno de 20 de noviembre de 2015, 16 de diciembre de 2016 y 8 de noviembre de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Discriminación en la etapa de contratación. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que el Código del Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación en las relaciones de empleo basada en una serie de motivos (artículo 2, 3)) pero no cubre explícitamente la discriminación en la etapa de selección y de contratación, ni define la discriminación. La Comisión toma nota de que tras la enmienda en 2013 del artículo 2, 3), del Código del Trabajo, se prohíbe la discriminación en las «relaciones precontractuales» (ley orgánica núm. 729-IIS, de 12 de junio de 2013, para enmendar el Código del Trabajo). Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según la GTUC la discriminación en el contexto de las relaciones precontractuales, incluso en los anuncios de empleo, sigue siendo muy común en la práctica y que a menudo no se reportan casos de este tipo. El embarazo y el estado civil, en particular, representan obstáculos en la fase de contratación. La GTUC también reitera que con arreglo al artículo 5, 8), del Código del Trabajo el empleador no tiene que justificar la decisión cuando no contrata a un candidato, lo cual puede impedir que los candidatos ganen las demandas en materia de discriminación que hayan presentado. La Comisión también toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la Oficina del Defensor Público constató que los estereotipos en relación con los tipos de trabajos que son adecuados para hombres y mujeres se reflejan en anuncios de empleo discriminatorios y que un examen del sitio web de anuncios de empleo más utilizado (www.jobs.ge) puso de relieve que el 10 por ciento de los anuncios de empleo en línea están dirigidos específicamente a candidatas y el 24 por ciento a candidatos. Para hacer frente a esta situación, la Oficina del Defensor Público ha recomendado que el Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales elabore directrices para prevenir la discriminación en la fase de contratación. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para eliminar las prácticas discriminatorias en la fase de contratación, incluso en los anuncios de empleo, y que proporcione información sobre el número y la naturaleza de los casos examinados por los tribunales o la Oficina del Defensor Público en materia de discriminación en las «relaciones precontractuales», incluida información sobre las sanciones impuestas y las reparaciones ofrecidas.

Discriminación basada en el sexo. Acoso sexual. La Comisión recuerda que el artículo 6, 1), b), de la Ley sobre Igualdad de Género de 2010 prohíbe «llevar a cabo cualquier tipo de acción verbal, no verbal o física de naturaleza sexual a fin de degradar o que induce una afectación de la dignidad de una persona o que crea condiciones humillantes, hostiles o abusivas para esa persona», y que el artículo 2, 4), del Código del Trabajo sólo prohíbe el acoso de forma más general como una forma de discriminación. La Comisión toma nota de que la Ley sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, adoptada en 2014, prohíbe la discriminación pero no define ni prohíbe expresamente el acoso sexual. La Comisión toma nota de las observaciones de la GTUC según las cuales el acoso sexual es una de las formas de discriminación que menos se denuncian y el mecanismo ordinario para presentar denuncias administrativas no es adecuado para los casos de acoso sexual debido a la falta de confidencialidad. La Comisión también toma nota de que según la información proporcionada por la Oficina del Defensor Público no se han tomado medidas activas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. Asimismo, toma nota de que la Oficina del Defensor Público ha recomendado al Ministerio de Justicia que establezca sanciones adecuadas. En relación con la aplicación del artículo 6, 1), b), de la Ley sobre Igualdad de Género, el Gobierno se refiere a la potestad del Consejo de Igualdad de Género «para examinar declaraciones, documentos y otra información sobre infracciones en materia de igualdad de género». El Gobierno también se refiere al mandato de la Oficina del Defensor Público de supervisar en general el cumplimiento del principio de no discriminación sobre la base de denuncias o de oficio. Aunque no queda claro si esto también abarca las disposiciones de la Ley sobre Igualdad de Género. La Comisión pide al Gobierno que, junto con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, tome medidas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo, incluida la elaboración de políticas relativas al lugar de trabajo y la sensibilización de los trabajadores y los empleadores, e informe sobre los progresos realizados a este respecto. También pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el artículo 6, 1), b), de la Ley sobre Igualdad de Género se aplica efectivamente, y que proporcione información sobre todos los casos de acoso sexual examinados por los tribunales o cualquier otra autoridad competente, incluida información sobre las sanciones impuestas y las reparaciones otorgadas. Tomando nota de que la reforma del Código del Trabajo sigue en curso, la Comisión también pide al Gobierno que considere la posibilidad de incluir una disposición que defina y prohíba explícitamente el acoso sexual en el lugar de trabajo de conformidad con el artículo 6, 1), b), de la Ley sobre Igualdad de Género.

Artículo 2.  Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), si bien las tasas de actividad económica y empleo de las mujeres aumentaron respectivamente hasta un 58,9 y un 52,9 por ciento en 2015, siguen siendo bajas en comparación con las tasas de actividad económica y empleo de los hombres (respectivamente un 78,1 y un 67,6 por ciento). A este respecto, la Comisión toma nota de que en sus observaciones la GTUC también hace hincapié en la relación existente entre la reducida tasa de actividad económica de las mujeres, la feminización de la pobreza y la elevada tasa de violencia contra las mujeres. También se refiere a los estereotipos y los prejuicios persistentes acerca del papel de las mujeres en la familia y en los puestos de toma de decisiones, y a las dificultades que tienen las mujeres para conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares. La GTUC también indica que la segregación laboral entre hombres y mujeres («techo de cristal») es una de las formas más comunes de discriminación, y que a pesar de las medidas positivas adoptadas para regular esta cuestión, la promoción de las mujeres y su participación en pie de igualdad en el desarrollo económico sigue siendo problemática. La Comisión toma nota de la adopción del Plan de acción nacional sobre la igualdad de género 2014-2016, y del informe sobre los progresos realizados en su implementación, publicado en 2017. La Comisión también toma nota de que según el informe sobre los progresos realizados las actividades de formación y sensibilización, incluidas las campañas de los medios de comunicación, han continuado centrándose en las perspectivas tradicionales y los estereotipos existentes que obstaculizan la igualdad de género. En el informe sobre los progresos también se proporciona información sobre el aumento del número de mujeres que se benefician de proyectos para promover las iniciativas empresariales, la producción agrícola y las cooperativas, así como sobre la recopilación de datos en materia de igualdad de género. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que según dicho informe los progresos han sido lentos y hay diversos factores que obstaculizan el logro de la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres, incluidas las actitudes sociales y los estereotipos de género, la falta de entendimiento institucional de la importancia de la igualdad de género, la falta de un marco jurídico eficaz y la insuficiencia de recursos humanos y financieros. La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para promover la igualdad de género, específicamente en el ámbito del empleo y la ocupación, en particular haciendo frente a los estereotipos sobre las aspiraciones profesionales, las preferencias y las capacidades de las mujeres y su función en la familia. La Comisión también insta firmemente al Gobierno a que tome medidas para luchar contra las barreras legales y prácticas para que las mujeres puedan acceder a la gama más amplia posible de sectores e industrias, así como a todos los niveles de responsabilidad, y promover una repartición más equitativa de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Asimismo, le pide que informe sobre los resultados alcanzados a este respecto. Tomando nota de que en el informe sobre los progresos se recomienda que las actividades pendientes del Plan de acción nacional sobre la igualdad de género 2014-2016 se lleven a cabo en 2017, la Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados a este respecto, así como sobre toda actividad específica llevada a cabo por el Consejo Nacional de Igualdad de Género en el ámbito del empleo y la ocupación. La Comisión también solicita al Gobierno que continúe transmitiendo estadísticas sobre la situación de hombres y mujeres en las diferentes ocupaciones, incluso en los puestos de toma de decisiones, y en todos los sectores de la economía.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de las numerosas solicitudes, una vez más el Gobierno no envió su memoria. La Comisión toma nota de que el Gobierno no aprovechó la ocasión que le ofrecía la promulgación de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, el 16 de febrero de 2012, y de la Ley núm. 10/2012 sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo, el 24 de diciembre de 2012, para abordar las cuestiones planteadas por la Comisión en sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2008.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos prohibidos de discriminación. La Comisión toma nota de que el artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012 (anteriormente artículo 15 de la Ley Fundamental de 1995) prevé: «Cualquier acto de parcialidad o de discriminación debidamente constatado por motivos tribales, étnicos, sexo, religiosos, sociales, políticos u otros análogos es punible o castigado por la ley.». Además, el artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012 (anteriormente artículo 1, 4), de la Ley General del Trabajo de 1990) prevé que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, y que nadie podrá ser objeto de discriminación, es decir, de distinción, exclusión o preferencia por motivos de raza, color, sexo, opinión política, ascendencia nacional, origen social o afiliación sindical. La Comisión toma nota de que el artículo 1, 3), d), de la Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012 sigue sin hacer referencia a la religión entre los motivos de discriminación prohibidos y añade que, sin embargo, dicho criterio está incluido en el artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012. La Comisión recuerda que cuando se adopten disposiciones legales para dar cumplimiento al principio del Convenio, éstas deberían incluir por lo menos todos los motivos de discriminación especificados en el artículo 1, 1), a) (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 853). La Comisión por lo tanto insta firmemente al Gobierno a tomar medidas, en cuanto tenga la ocasión, para añadir el motivo de «religión» a la lista de motivos prohibidos de discriminación. La Comisión le pide al Gobierno una vez más que proporcione informaciones sobre la aplicación práctica del artículo 15 de la Ley Fundamental de 2012 y sobre el artículo 1, 3), d), de Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012, e indique si se han dictado decisiones judiciales y administrativas en relación con esas disposiciones, y, en caso afirmativo, que proporcione información detallada sobre su contenido.

Artículos 1, 1), b), y 5.  Otros criterios. Medidas especiales. La Comisión nota que el artículo 1, 4), de la Ley General del Trabajo de 1990 (ahora artículo 1, 3), d), de Ley sobre la Reforma del Ordenamiento General del Trabajo de 2012) prevé que se facilite la contratación de los trabajadores de edad avanzada y de aquellos con capacidad disminuida. La Comisión había solicitado anteriormente copia de la ley núm. 6/1999, de 6 de diciembre de 1999, por la que se modifican determinados artículos de la Ley núm. 6/1992 Reguladora de la Política Nacional de Empleo, de 3 enero de 1992. La Comisión toma nota de que el artículo 62 de Ley Reguladora de la Política Nacional de Empleo, en su tenor modificado por la ley núm. 6/1999, de 6 de diciembre de 1999, prevé que el Gobierno adoptará programas destinados a fomentar el empleo de los trabajadores con dificultades de reinserción en el mercado de trabajo, especialmente los jóvenes demandantes de primer empleo, mujeres, hombres mayores de 45 años y las personas con discapacidad. Se le pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación en la práctica de las referidas disposiciones en lo atinente a los trabajadores de mayor edad, los jóvenes demandantes de primer empleo y las personas con discapacidad.

Artículos 2 y 3.  Política nacional para promover la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión recuerda que la discriminación en el empleo y la ocupación es un fenómeno universal en constante evolución y que algunas de las manifestaciones de la discriminación han tomado formas más sutiles y menos visibles. En este sentido, es esencial reconocer que ninguna sociedad está libre de discriminación y que se requiere de una acción continua para tratarla. Asimismo, deben evaluarse periódicamente los resultados alcanzados en la aplicación de la política y los programas nacionales en materia de igualdad a fin de que los mismos se ajusten a las necesidades de la población, en particular las de aquellos grupos más vulnerables a la discriminación (véase Estudio General de 2012, párrafos 731 y 847). La Comisión pide al Gobierno que indique si se ha formulado la política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y que describa cómo está siendo aplicada (procedimientos jurídicos, medidas prácticas, etc.) en cada uno de los campos siguientes: i) acceso a la formación profesional; ii) acceso a los empleos y a las diferentes ocupaciones, y iii) condiciones de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas con miras a evaluar los resultados de la implementación de la política nacional de igualdad y que envíe información sobre el impacto de los mismos en los diversos sectores de la población, y facilite datos estadísticos desglosados por sexo, raza, etnia y religión sobre el empleo y la formación profesional, así como cualquier otra información que pueda permitir a la Comisión evaluar de manera más completa la forma en que se aplica el Convenio en la práctica.

Artículo 4.  Medidas respecto a los individuos sospechosos de actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 4 del Convenio, así como información específica sobre los procedimientos que establecen el derecho de apelación ante un órgano competente e independiente.

Hungría

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículo 1 del Convenio. Discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación. La Comisión reitera sus comentarios anteriores sobre el Código del Trabajo, de 2012, en los que tomó nota de que si bien prevé el principio de igualdad de trato (artículo 12) no prohíbe explícitamente la discriminación ni enumera ninguno de los motivos prohibidos de discriminación ni se refiere a los motivos prohibidos que figuran en la Ley de Igualdad de Trato, de 2003. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Código del Trabajo tiene que leerse conjuntamente con la Ley de Igualdad de Trato, de 2003, que complementa el artículo 12, 1), del Código. La Comisión recuerda que, tras una enmienda a la Ley sobre la Inspección del Trabajo, de 1996, que entró en vigor en 2012, el cumplimiento de las disposiciones en materia de igualdad de trato ya no es competencia de la inspección del trabajo. Ahora es un asunto que está completamente sujeto a la Autoridad sobre igualdad de trato (ETA). La Comisión había tomado nota de que los inspectores del trabajo, que tienen acceso regular a los lugares de trabajo y a los trabajadores y los empleadores, tienen una función fundamental en lo que respecta a la prevención, detección y abordaje de la discriminación y a la promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación. Esa función es diferente de la desempeñada por la ETA, aunque es complementaria. Recordando que la aplicación del Convenio presupone el establecimiento de un marco legislativo claro y completo así como garantizar que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es efectivo en la práctica, la Comisión alienta al Gobierno a considerar, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la posibilidad de enmendar el Código del Trabajo a fin de incluir disposiciones que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta en todos los aspectos del empleo y la ocupación, al menos sobre la base de todos los motivos que figuran en el artículo 1, 1), a), del Convenio, y a examinar las competencias de la inspección del trabajo con miras a extenderlas para que abarquen la legislación que aborda la igualdad de trato. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1958)

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. En su observación anterior, la Comisión recordó que, desde 2002 ha venido señalando el carácter más limitado de las disposiciones de la Constitución de la India (artículo 39, d)) y de la Ley sobre Igualdad de Remuneración (ERA), de 1976 (artículos 2, h), y 4), en comparación con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como establece el Convenio. En particular, la Comisión tomó nota de que, en virtud de las mencionadas disposiciones legales, el principio de igualdad de remuneración se aplica a un «trabajo de naturaleza similar», mientras que el concepto de «trabajo de igual valor» del Convenio, requiere un alcance más amplio de comparación, que incluya, pero que vaya más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», «similar» o «el mismo» trabajo, con el fin de que también abarque al trabajo que sea de naturaleza completamente diferente, y que sea no obstante de igual valor. La Comisión también tomó nota de que las interpretaciones judiciales de la ERA mantienen una lectura restrictiva de estas disposiciones, que no dan plena expresión al principio del Convenio. En consecuencia, la Comisión instó firmemente al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas y concretas para garantizar que la legislación estableciera claramente el derecho de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, que se limita a recordar las disposiciones de la ERA y no aporta respuestas a los comentarios de la Comisión. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Centro para el género y el trabajo del Instituto Nacional de Trabajo V.V. Giri (VVGNLI) no llevó a cabo ninguna investigación específica sobre la adecuación, la eficacia y la aplicación de la ERA. La Comisión entiende que el Gobierno se encuentra en el proceso de consolidar su legislación laboral en cuatro códigos, incluido un código de salarios, que comprenderá algunas de las cuestiones abordadas en la ERA, especialmente la igualdad de remuneración. Recordando que las disposiciones legales que no dan una expresión al concepto de «trabajo de igual valor» obstaculizan los progresos realizados en la erradicación de la discriminación salarial por motivos de sexo, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin retrasos, medidas específicas para garantizar que la legislación nacional dé plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como está consagrado en el Convenio, incluso mediante la enmienda de la ERA, según proceda, y haciendo propicia la oportunidad que brinda el proceso de codificación para incorporar claramente, en la legislación nacional, el principio del Convenio, y a que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que a tal fin puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT. La Comisión también espera que el VVGNLI se encuentre pronto en condiciones de compartir sus conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación del impacto y de la aplicación de la ERA, en particular respecto de la aplicación del principio de igualdad de remuneración.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Acoso sexual. En relación con sus comentarios anteriores sobre al ámbito de aplicación de la Ley de 2013 sobre el Acoso Sexual de las Mujeres en el Lugar de Trabajo (prevención, prohibición y reparación), la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los trabajadores agrícolas, así como aquellos que trabajan en lugares de trabajo que emplean menos de diez trabajadores, pueden presentar quejas por acoso sexual ante el Comité Local de Quejas establecido a nivel distrital. La Comisión toma nota de que ninguna otra información ha sido proporcionada sobre la aplicación de la ley en la práctica, en respuesta a sus comentarios. La Comisión toma nota de que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación ante el acoso sexual continuo y la violencia contra mujeres y niñas, que tiene repercusiones en la asistencia escolar y en la participación en el mercado de trabajo. El CEDAW notó un marcado aumento de los delitos violentos contra las mujeres, incluyendo la violación de mujeres y niñas, así como la escalada de la violencia por pertenecer a una casta, en particular las violaciones de mujeres y niñas (véase documento CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 de julio de 2014, párrafos 10, a) y c), y 26). La Comisión recuerda que dicha ley sólo abarca el acoso sexual contra las mujeres y que ya había recomendado que también deberían protegerse a los hombres contra esa grave forma de discriminación por motivo de sexo. La Comisión pide al Gobierno que facilite información específica sobre la aplicación en la práctica de la Ley de 2013 sobre el Acoso Sexual de las Mujeres en el Lugar de Trabajo (prevención, prohibición y reparación), y sobre cualquier otra medida adoptada o contemplada para combatir el acoso sexual y la violencia contra las mujeres relacionadas con el lugar de trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que facilite información sobre el número de causas por acoso sexual iniciadas ante los comités de quejas internos y locales, así como su resultado, incluyendo las reparaciones otorgadas y las penas impuestas. Pide nuevamente al Gobierno que examine el impacto del artículo 14 de la ley (acción contra denuncia falsa o dolosa o evidencia falsa) en la buena disposición de las mujeres y de otras personas para presentar denuncias por acoso sexual sin temer represalias y que proporcione información sobre las represalias y los esfuerzos hechos para prevenir las represalias en los centros de trabajo con menos de diez trabajadores y en las empresas agrícolas. También se le pide al Gobierno que, cuando surja la oportunidad de revisar la ley, enmiende la ley a efecto de asegurarse que los hombres y los trabajadores en el sector no organizado con más de diez empleados, también estén protegidos contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, y que facilite información sobre cualquier evolución al respecto.

Artículos 1 a 3.  Medidas para abordar la discriminación basada en motivos de origen social. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el sistema de cuotas para las castas reconocidas en el sector público, contribuyó a aumentar la representación de estos grupos en el sector público. Según la memoria del Gobierno, mientras que en 1965 las castas reconocidas representaban el 13,17 por ciento del personal de los servicios públicos, en 2012 representaban el 17,30 por ciento del personal. En este sentido, la Comisión toma nota de que la cuota para las castas reconocidas en el sector público, en la contratación directa en toda la India, mediante concurso abierto, es del 15 por ciento. La cuota en la contratación directa en toda la India que no sea mediante concurso abierto, es del 16,66 por ciento. La Comisión toma nota de que se ha dado inicio, en los últimos años, a varias «campañas especiales de contratación» («special recruitment drives») para cubrir los puestos reservados que aún no se habían cubierto para las castas y las tribus reconocidas. La última campaña realizada en 2012, permitió que se colocaran personas en un 74,85 por ciento de los cupos reservados. La Comisión toma nota asimismo de la información comunicada por el Gobierno sobre los diversos regímenes establecidos con miras a fomentar la educación y el empoderamiento económico de las castas reconocidas. Según la memoria del Gobierno, el impacto positivo de esos regímenes queda reflejado en la mayor representación de las castas reconocidas en el sector público. Sin embargo, no se comunicó ninguna información sobre el impacto de estos regímenes más allá del cumplimiento de las cuotas.

En relación con las medidas de acción positiva en el sector privado, la Comisión toma nota de la información relativa a algunas iniciativas tomadas por las Cámaras Industriales Apex, como impartir formación profesional, programas de desarrollo de iniciativa empresarial y orientación y becas para los sectores más desaventajados de la sociedad. El Gobierno también indica que algunas de las asociaciones industriales elaboraron un código de conducta voluntario en el que se puso énfasis en incrementar las oportunidades en el empleo para los sectores desfavorecidos de la sociedad, a través del perfeccionamiento de las aptitudes, de la formación continua y de becas, entre otras medidas. En lo que atañe a las medidas adoptadas para intensificar la sensibilización respecto de la prohibición y de la inadmisibilidad de la discriminación basada en motivos de casta en el empleo y la ocupación, el Gobierno indica que ha dirigido un conjunto de recomendaciones, en su carácter consultivo, en virtud de la Ley sobre Castas y Tribus Reconocidas (prevención de atrocidades), de 1989, a los secretarios principales de todos los estados y administraciones territoriales de la Unión (ATU). Esas recomendaciones incluyen: i) generar una sensibilización, a través de medios impresos y electrónicos; ii) desarrollar un sistema de supervisión de la comunidad para verificar los casos de violencia, abuso y explotación, y adoptar las medidas necesarias para ponerles freno; iii) implicar a la comunidad en general en la creación y la difusión de esa sensibilización, y iv) organizar campañas de conocimientos y sensibilización jurídicos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no comunicó ninguna información sobre las medidas específicas adoptadas en los niveles gubernamentales central y local para sensibilizar acerca de la discriminación basada en el origen social en el empleo y la ocupación. Recordando que se requieren medidas continuas para poner fin a la discriminación en el empleo y la ocupación, debido a una pertenencia real o percibida a una determinada casta, y tomando nota de la ausencia de información específica sobre el impacto de los diversos regímenes y medidas, excepto la implantación del sistema de cuotas, la Comisión pide al Gobierno que realice una evaluación integral de los progresos realizados hasta la fecha para abordar la discriminación basada en motivos de casta en el empleo y la ocupación. La Comisión también pide al Gobierno que identifique las medidas adicionales necesarias para avanzar en la igualdad de oportunidades y de trato para todos los hombres y mujeres, independientemente del origen social, y comunicar información a este respecto. Dicha información también deberá incluir los resultados de todo estudio realizado por la Comisión nacional de castas reconocidas en relación con la educación, la formación, el empleo y la ocupación. La Comisión también pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos a efecto de aumentar la cocientización pública en torno a la prohibición de la discriminación basada en motivos de casta y que transmita información sobre las medidas específicas adoptadas a tal fin, incluidas las medidas adoptadas en colaboración con los interlocutores sociales. También se le pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas de acción afirmativa adoptadas en el sector privado para combatir la discriminación basada en motivos de casta y promover la igualdad de oportunidades y de trato, con independencia del origen social, y sobre su impacto. Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual se llevó a la atención del Tribunal Supremo la implementación del sistema de cuota para los dalit, musulmanes y cristianos, la Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado en este asunto.

Recogedores manuales de desechos. La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores en las que pidió al Gobierno que adoptara medidas rigurosas e integrales para poner fin a la continua degradación y a la práctica inhumana de la recogida manual de desechos y acogía con agrado la adopción de la Ley sobre la Prohibición del Empleo como Recogedores Manuales de Desechos y su Rehabilitación, de 2013 (ley MS, 2013). La Comisión tomó nota de que también se promulgó, en diciembre de 2013, el reglamento sobre la prohibición del empleo como recogedores manuales de desechos y su rehabilitación (reglamento MS, 2013). En lo que atañe a la aplicación de la ley, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento ha venido celebrando reuniones de revisión con los estados y las ATU concernidas, para sensibilizarlos acerca del problema de la recogida manual de desechos, para perfilar las medidas que requieren adoptarse con arreglo a las diversas disposiciones de la ley y para evaluar las medidas adoptadas hasta el momento. El Gobierno también informó que se completó, en 27 de los 35 estados/ATU, una encuesta sobre los recogedores manuales de desechos en las ciudades estatutarias y que se están adoptando medidas para reunir información sobre las necesidades de rehabilitación de los recogedores de desechos identificados y de sus dependientes. La Comisión toma nota de que todos los recogedores manuales de desechos, con independencia de su casta y de su religión, son elegibles para la asistencia de rehabilitación en virtud de la ley, como se especifica en la regla 11 (22), del reglamento MS, 2013. El Gobierno también indica que los recogedores manuales de desechos que dejaron su ocupación antes de la entrada en vigor de la ley, pueden acceder a préstamos en condiciones favorables para el empleo por cuenta propia y la formación, con arreglo a los regímenes de la Corporación Nacional de Finanzas y Desarrollo Safai Karamcharis. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que, según el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, persiste la práctica de la recogida manual de desechos, a pesar de la adopción de la ley, y está institucionalizada a través de la práctica del estado, con gobiernos locales y municipios que emplean a recogedores manuales de desechos (documento A/HRC/31/56, de 28 de enero de 2016, párrafo 72). La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar la plena aplicación en la práctica de la ley MS, 2013, y que comunique información integral sobre las medidas adoptadas a tal fin, incluida la información detallada, desglosada por sexo, sobre el número de personas que se benefician o se han beneficiado de las medidas de rehabilitación previstas en la ley, y su impacto. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre los resultados de las evaluaciones realizadas en relación con las medidas adoptadas hasta el momento por los estados/ATU y que proporcione los resultados de la Encuesta sobre recogedores manuales de desechos en las ciudades estatutarias donde ya se haya completado. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre las actividades de los comités de vigilancia y control en los niveles de distrito, estatal y central de los magistrados e inspectores de distrito en cuanto a la aplicación de la ley, y sobre el número y la naturaleza de los delitos registrados, las investigaciones y los procesamientos impulsados y las sanciones impuestas a las entidades públicas y privadas. También se le pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto de los regímenes de la Corporación Nacional de Finanzas y Desarrollo Safai Karamcharis sobre la rehabilitación de los recogedores manuales de desechos que dejaron esa actividad antes de la entrada en vigor de la ley MS, 2013.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, en su observación final, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresó su preocupación por el descenso de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y por el hecho de que las mujeres sólo sean propietarias del 9 por ciento de las tierras (documento CEDAW/C/IND/CO/4-5, de 24 de julio de 2014, párrafo 28). La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, con arreglo a los datos para 2011-2012, casi el 75 por ciento de las mujeres de las zonas rurales están ocupadas en la agricultura, el 10 por ciento en la industria manufacturera y el 6,6 por ciento, en obras de construcción. En relación con las zonas urbanas, con arreglo al mismo conjunto de datos, el 53 por ciento de las mujeres están ocupadas en los servicios y el 29 por ciento, en la industria manufacturera. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, de conformidad con el 12.º Plan quinquenal (2012-2017), el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y del Niño, aplica un régimen específico de apoyo a la formación y el empleo de las mujeres (programa STEP). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas específicas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, incluyendo la mejora del acceso a la tierra, al crédito y a otros bienes materiales necesarios para realizar una ocupación, y sobre su impacto. La Comisión también le pide al Gobierno que transmita información específica sobre el impacto del programa STEP y otros regímenes pertinentes, incluida la Misión Nacional de Medios de Vida Rurales, en la promoción de la igualdad de género y en el tratamiento de la segregación ocupacional por motivos de género. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información estadística actualizada sobre la participación de hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, según el sector y la situación en el empleo, con el fin de hacer un seguimiento de los progresos a lo largo del tiempo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Islámica del Irán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1972)

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que durante varios años ha venido notando que el artículo 38 del Código del Trabajo es más restrictivo que el principio del Convenio al prever que deberán pagarse salarios iguales para los hombres y para las mujeres por un trabajo igual, realizado en igualdad de condiciones. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, se ha sometido una revisión del artículo 38 del Código del Trabajo al Parlamento Consultivo Islámico para su adopción, después de haber sido aprobado por el Gabinete de Ministros y firmado por el Presidente el 3 de diciembre de 2012. Según indica el Gobierno la enmienda dispondrá que «se deberá pagar a los hombres y mujeres en el mismo lugar de trabajo una remuneración igual por la realización de un trabajo de igual valor». La Comisión toma nota de que la enmienda es actualmente objeto de estudio por comisiones parlamentarias. La Comisión saluda que la enmienda propuesta incluya la expresión «trabajo de igual valor» en el artículo 38. Asimismo, desea señalar a la atención del Gobierno que el Convenio incluye pero no limita la aplicación del principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor a los hombres y las mujeres que se desempeñan en «el mismo lugar de trabajo», sino que permite una comparación más amplia entre los empleos desempeñados por los hombres y las mujeres en distintas empresas. Por consiguiente, el Convenio requiere que el margen de comparación entre los trabajos realizados por hombres y mujeres debe ser tan amplio como lo permita el nivel en el cual se definen las estructuras, sistemas y políticas salariales (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 697 y 698). La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de indicar en su próxima memoria que el artículo 38 del Código del Trabajo ha sido enmendado para incluir el principio de igualdad de remuneración para un trabajo de igual valor desempeñado por hombres y mujeres. Asimismo espera que el Gobierno garantizará que el principio de «trabajo de igual valor» se aplique a los hombres y a las mujeres en el empleo, en la medida en que sea compatible con el sistema de fijación de salarios, y no sólo con los del mismo lugar de trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que transmita copias de las directivas emitidas el 30 de diciembre de 2013 y el 21 de febrero de 2015, por medio de las cuales se aplican los artículos 38 y 49 del Código del Trabajo y que abordan la discriminación en las remuneraciones, estableciendo justicia y paridad en las remuneraciones y reglamentan el sistema de clasificación de los puestos de trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2016.

La Comisión recuerda su observación anterior en la que tomó nota del informe detallado de la Misión de Alto Nivel que tuvo lugar del 4 al 8 de mayo de 2014, a solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2013. La Comisión recuerda que en sus conclusiones, la Comisión instó al Gobierno a adoptar con carácter de urgencia medidas efectivas para garantizar, en la legislación y en la práctica, la protección de las mujeres y las minorías étnicas y religiosas contra la discriminación, adoptar medidas eficaces para combatir los estereotipos que subyacen en las prácticas discriminatorias, y hacer frente al acoso sexual y otros tipos de acoso. Subrayó también la necesidad de adoptar medidas efectivas para garantizar la protección contra la discriminación basada en la opinión política y el respeto de la libertad de expresión, y abordar la cuestión de que no existen aún condiciones propicias para la libertad sindical. La Comisión recuerda la voluntad del Gobierno de seguir participando en el diálogo sobre muchas de las cuestiones planteadas por esta Comisión y la Comisión de la Conferencia, y de su intención de avanzar constructivamente hacia la aplicación del Convenio. Además, recuerda las enérgicas manifestaciones realizadas por el Presidente Hassan Rouhani, en 2014, en el sentido de que no se tolerará ninguna discriminación entre hombres y mujeres ni contra las minorías en el país.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Restricciones legales sobre el empleo de las mujeres. Artículo 1117 del Código Civil. La Comisión recuerda que desde hace varios años se ha venido refiriendo a la cuestión de la necesidad de derogar o enmendar el artículo 1117 del Código Civil, que autoriza a un marido a oponerse a que su mujer ejerza una ocupación o profesión técnica que a criterio de él sea incompatible con los intereses de la familia o su dignidad o la de su mujer. La Comisión observa que la CSI reitera su preocupación sobre la naturaleza vaga y amplia del artículo 1117 que básicamente permite al marido ejercer un control absoluto sobre el derecho a trabajar de su mujer. La Comisión recuerda que el Gobierno indicó en su última memoria que el artículo 1117 iba a ser revisado y que el artículo 18 de la Ley de Protección de la Familia, relacionado con la aplicación de este artículo, había sido derogado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la solicitud de enmienda, realizada tras una coordinación inicial con el Poder Legislativo y la colaboración del Centro de investigación parlamentaria, se encuentra ahora para su revisión ante la Comisión parlamentaria de asuntos legales y judiciales. La Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas para derogar o modificar el artículo 1117 del Código Civil a fin de garantizar que las mujeres tengan derecho, en la legislación y en la práctica, a ejercer libremente cualquier empleo u ocupación que estimen conveniente.

Proyecto de plan integral de excelencia de la población y la familia y otras medidas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre un proyecto de plan de excelencia de la población y la familia (proyecto núm. 315) que introduce una jerarquía en las prácticas de contratación de las instituciones, tanto públicas como privadas. El proyecto núm. 315 dispone que los puestos se asignarán en primer lugar a los hombres con hijos, luego a los hombres casados sin hijos y por último a las mujeres con hijos. Al tiempo que aparentemente excluye a las mujeres solteras, el proyecto incluye medidas destinadas a apoyar la protección de la maternidad y de las mujeres con niños. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI que expresan detalladamente su preocupación sobre la manera en que el proyecto núm. 315 discrimina directa e indirectamente a la mujer por motivos de sexo, y situación marital y familiar. Además de ser directamente discriminatorias debido a la exclusión de las mujeres, la CSI observa que muchas de las disposiciones del proyecto tienen la finalidad de alentar a la mujer a permanecer en el hogar, tales como la ampliación de la licencia por maternidad, las posibilidades de trabajar a tiempo parcial y las prestaciones de licencias extraordinarias para las mujeres con hijos pequeños. Además, la Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por la CSI, según la cual en la práctica, la relación laboral de las mujeres está siendo terminada tras haber tomado licencia por maternidad, y se les restringe el acceso al empleo en razón de la introducción de cupos para hombres y mujeres en los exámenes para ingresar al sector público, con la consecuencia de que de un total de 3 703 puestos vacantes, sólo 639 mujeres obtuvieron puestos de trabajo en la enseñanza. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el plan sobre la población sigue siendo revisado por un grupo de trabajo establecido por la Comisión Cultural del Parlamento.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el proyecto núm. 315 ha sido revisado por un nuevo proyecto de plan integral de excelencia de la población y la familia (proyecto de ley núm. 264), que en mayo de 2017 estaba pendiente de examen en el Parlamento. El nuevo proyecto de ley núm. 264 tiene el mismo objetivo que el proyecto de ley anterior, como es alcanzar una tasa de fertilidad de 2,5 hijos por mujer para 2025. La Comisión toma nota de que mientras numerosas disposiciones del proyecto de ley anterior han sido modificadas, el proyecto de ley núm. 264 mantiene algunas de las prioridades en materia de contratación: el artículo 10 dispone que los departamentos gubernamentales y no gubernamentales darán prioridad en el empleo a los hombres casados con o sin hijos y que sólo se autoriza el empleo de las personas solteras en ausencia de solicitantes casados calificados. No se consideran ya prioritarias a las mujeres con hijos. Sin embargo, el proyecto de ley prevé que en ocupaciones tales como la medicina y la docencia, debido a las características específicas de la segregación por motivos de género, en este artículo se debería dar prioridad a las mujeres, con carácter de excepción, y en los casos en que sea necesario tener en cuenta a las mujeres, la prioridad debería concederse a las mujeres con hijos y a las mujeres casadas sin hijos. Se ha suprimido el incentivo financiero para las instituciones del sector privado que cumplan con las condiciones prioritarias establecidas en el artículo 10. Según el artículo 11, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la ley, la prioridad se otorgará a las personas casadas sobre las solteras en los nombramientos en universidades y establecimientos de educación superior, así como en instituciones de investigación y en el caso de maestros de escuela en instituciones públicas y privadas de todos los niveles. Además, el proyecto de ley limita la expedición de licencias para los abogados que ejercen en el ámbito de la legislación de familia, a las personas casadas. El proyecto de ley núm. 264 también mantiene la mayoría de las disposiciones relativas al apoyo a la mujer en relación con la protección de la maternidad y las responsabilidades de familia, tales como la ampliación de la licencia por maternidad y las responsabilidades familiares, la ampliación a nueve meses de la licencia por maternidad retribuida y el derecho a regresar al empleo. El artículo 22 dispone que los sectores gubernamental y público y los sectores privados no gubernamentales han de adoptar métodos efectivos para dar cabida a las empleadas que están embarazadas o tienen hijos menores de 3 años de edad para trabajar en horarios flexibles o en horarios reducidos, o trabajar desde el hogar, y además establece la seguridad en el empleo. Además, el nuevo proyecto de ley contiene disposiciones encaminadas a promover embarazos saludables y el otorgamiento de prestaciones para la infancia y la maternidad, e insta a que en todos los establecimientos públicos y privados y lugares de trabajo cubiertos por el Código del Trabajo se establezcan servicios de atención de la infancia en el lugar de trabajo o en un lugar cercano. La Comisión estima que muchas de las preocupaciones planteadas por la CSI sobre las disposiciones discriminatorias y el impacto del proyecto de ley núm. 315, también se aplican al proyecto de ley núm. 264. Asimismo, la Comisión toma nota de la adopción de una nueva Ley sobre Reducción de las Horas de Trabajo de las Mujeres en Casos Específicos, adoptada el 23 de agosto de 2016. Esta ley prevé una pequeña reducción en las horas de trabajo semanales de las mujeres ocupadas durante 40 horas por semana y con hijos menores de 6 años, de una mujer casada o un niño con grave discapacidad, o en el caso de aquellas que provienen de «hogares encabezados por mujeres» sin pérdida de salario o prestaciones. Además prevé una licencia por lactancia; y prohíbe al empleador el despido, traslado o sustitución de la mujer amparada por, las disposiciones de esta ley. Al tiempo de comprender la importancia de la política demográfica, la Comisión expresa su profunda preocupación respecto del enfoque adoptado para restringir el acceso de las mujeres al empleo, especialmente las mujeres solteras y las mujeres sin hijos, infringiendo las disposiciones relativas a la protección contra la discriminación establecidas en el Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a suprimir todas las restricciones al empleo de la mujer en el plan y a eliminar el otorgamiento de prioridades de empleo de los hombres, y que garantice que no se adopten en la práctica medidas restrictivas tales como aquellas a que se hace referencia en las observaciones de la CSI en relación con la introducción de cuotas que sirven para limitar el empleo de las mujeres en el sector público. La Comisión pide al Gobierno que garantice que las medidas adoptadas para promover la protección de la maternidad y la conciliación del trabajo con las responsabilidades de familia no menoscaben el acceso al empleo, su conservación o la estabilidad en el empleo.

Acoso sexual. La Comisión recuerda que, según el informe de la misión, el Gobierno reconoció la necesidad de adoptar medidas jurídicas y prácticas para impedir y abordar el acoso sexual en el empleo en la función pública, y que el Gobierno iba a examinar el proyecto de ley sobre seguridad de las mujeres y el establecimiento de un centro nacional de protección de las mujeres. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en vista de la superposición de funciones en los órganos pertinentes, incluidos el Centro Presidencial de Asuntos de la Mujer y de la Familia y el Poder Judicial, el Gobierno decidió no establecer el mencionado centro, y que en cuestiones de violencia contra las mujeres tuvieran competencia los Poderes Judicial y Ejecutivo. Además, la Comisión toma nota de la detallada explicación del Gobierno sobre las disposiciones disciplinarias de carácter general previstas en el Código del Trabajo, el reglamento sobre incumplimiento e infracción de las directivas de disciplina laboral y en el reglamento sobre talleres, en virtud del artículo 27, 2), del Código del Trabajo, que el Gobierno adjunta a su memoria, y el modelo de reglamento interno disciplinario que se ha elaborado para proporcionar modelos a seguir a los comités disciplinarios del lugar de trabajo. El Gobierno señala que esas medidas disciplinarias abarcarán medidas previstas en el ámbito del Convenio, incluyendo la discriminación o prejuicio y el abuso de autoridad, de posición o de principios empresariales, y que los comités de disciplina laboral pueden basarse en las mencionadas disposiciones disciplinarias para ofrecer a las mujeres protección y reparación contra el abuso sexual. La Comisión observa, sin embargo, de que hasta la fecha no se han presentado quejas o registrado incidentes de acoso sexual denunciados ante los comités de disciplina laboral o que éstos hayan observado. La Comisión también toma nota de que la Ley sobre Derechos y Responsabilidades de las Mujeres, de 2004, establece una protección general para la seguridad de las mujeres y prohíbe la explotación y comercio de mujeres y niñas en ocupaciones ilegales. Al tomar nota de que el Código del Trabajo y las disposiciones reglamentarias suministran una protección general en el lugar de trabajo, para que esa protección sea efectiva en la práctica, la Comisión insta firmemente al Gobierno a enmendar el Código del Trabajo para definir y prohibir explícitamente toda forma de acoso sexual en el trabajo, tanto contra el acoso sexual con contrapartida (quid pro quo) como el acoso sexual debido a un ambiente de trabajo hostil, y suministre información sobre toda medida adoptada. La Comisión pide al Gobierno que aclare si el proyecto de ley sobre seguridad de la mujer ha sido retirado así como la decisión de establecer el centro de prevención de la violencia y de protección de la mujer. Sírvase proporcionar una copia del modelo de reglamento disciplinario que se ha elaborado para proporcionar ejemplos a los comités disciplinarios del lugar de trabajo.

Igualdad de oportunidad y trato entre hombres y mujeres. La Comisión toman nota de la indicación del Gobierno, según la cual, se alienta a las mujeres a participar en la educación superior; las mujeres y niñas de zonas desfavorecidas tienen derecho a un apoyo educativo específico; y que las mujeres siguen teniendo derecho a participar en la elaboración de políticas, toma de decisiones, administración de la enseñanza académica, y en asambleas culturales y académicas. El Gobierno también informa acerca de diversas medidas adoptadas para promover a las mujeres en el ámbito de la toma de decisiones y sobre la primera mujer designada como Embajadora del país. El Gobierno también se refiere al establecimiento de un comité de mujeres, con ocasión del sexto período de sesiones del Parlamento en 2015, para abordar cuestiones relativas a la mujer. En la actualidad, las mujeres representan el 3 por ciento de los miembros del Parlamento. Además, el Gobierno indica que la participación de la mujer en los consejos islámicos urbanos y rurales sigue incrementándose. Asimismo, la Comisión toma nota de las estadísticas sobre el número de juezas y fiscales.

La Comisión toma nota de que el número de estudiantes de sexo femenino en las universidades aumentó de 145 000 en 1994, a 2 millones en 2013, y de que en 2012 el 22 por ciento de los miembros de facultades eran mujeres, más del doble que la cifra registrada en 2001. La Comisión saluda las indicaciones del Gobierno según las cuales reintroducirá el plan de pasantías que se aplicó satisfactoriamente en 2006 y 2007 para jóvenes de ambos sexos. Asimismo, el Gobierno proporciona información sobre el desarrollo de aptitudes de las mujeres que buscan trabajo y las que ya forman parte de la fuerza del trabajo, a través de formación no formal en materia de calificaciones y de formación profesional para las mujeres en una serie de instituciones de formación. Entre 1996 y 2011, la Comisión toma nota de que el número de centros de formación técnico y profesional se han incrementado sustancialmente junto con la diversidad de ámbitos de formación, entre los que cabe mencionar la electrónica, las industrias químicas, la redacción general, así como la tecnología agroalimentaria. Sin embargo, la Comisión observa una tendencia descendente en la matriculación de las niñas en escuelas de formación técnica y profesional entre 2014 y 2016.

El Gobierno indica que en el marco del sexto plan de desarrollo se aborda la cuestión de las mujeres jefas de familia, y que se están adoptando medidas para promover las microempresas y aumentar el acceso de hombres y mujeres de grupos desfavorecidos a servicios bancarios para aliviar la pobreza y que sirvan de apoyo a los medios de subsistencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha aplicado una serie de medidas para coordinar el trabajo y las responsabilidades familiares que parecen estar destinados únicamente a las mujeres e incluye el plan de seguros para las mujeres en el hogar, un plan de seguros para las mujeres rurales, especialmente para las mujeres jefas de hogar, así como la promoción del trabajo a domicilio y del empleo por cuenta propia de los hombres, especialmente en el sector agrícola. Sin embargo, la Comisión toma nota que la tasa de participación económica de la mujer sigue siendo muy baja, del 9,1 por ciento en 1996 aumentó al 12,7 por ciento en 2014. El Gobierno informa que las mujeres representan casi un 30 por ciento de los trabajadores en la agricultura, mientras que representan el 51 por ciento en el sector de los servicios. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que no hay discriminación contra las mujeres y que considera que la tasa de crecimiento representa un progreso en la aplicación de políticas y programas para las mujeres.

La Comisión pide al Gobierno que continúe examinando y abordando los obstáculos, incluidas las barreras culturales y estereotipos, que las mujeres deben afrontar en la práctica para obtener la igualdad de oportunidades y de trato, y que transmita información sobre las medidas adoptadas para promover y apoyar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en los puestos de toma de decisiones, incluyendo estadísticas actualizadas desglosadas por sexo y ocupación tanto en el sector público como en el privado. También se le pide al Gobierno que siga comunicando datos estadísticos sobre el número de mujeres y de hombres en el Poder Judicial, las áreas del derecho y el número de sentencias pronunciadas por juezas. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas tomadas para garantizar que el acceso de las mujeres al mercado laboral no se restrinja a un número limitado de empleos y ocupaciones o confinándolas en el hogar. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre las medidas adoptadas para apoyar el espíritu empresarial de las mujeres, incluso las destinadas a los grupos desfavorecidos, las mujeres rurales y nómadas, y los hogares en que la «mujer es cabeza de familia». Sírvase también seguir comunicando información, incluyendo estadísticas sobre el número de mujeres y hombres matriculados como estudiantes en universidades e instituciones de enseñanza profesional y técnica y sus campos de estudio.

Discriminación basada en la religión y la etnicidad. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con la representación y respeto a las minorías reconocidas, así como a la integración cultural de las minorías étnicas. La Comisión observa que no se facilita nueva información acerca de la participación en el mercado de trabajo o sobre la formación destinada a esos grupos. La Comisión recuerda que desde hace varios años ha venido planteando la cuestión de la situación de las minorías no reconocidas, en particular de los baha’i, y toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado nueva información a este respecto. La Comisión recuerda que los efectos prácticos de la Ley de Selección, que requiere que los potenciales funcionarios y empleados del Estado demuestren su adhesión a la religión del Estado (gozinesh), sigue siendo un motivo de importante preocupación. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las tasas de participación de los hombres y las mujeres de minorías religiosas reconocidas en el empleo y la ocupación. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas para eliminar la discriminación en la legislación y en la práctica contra los miembros de los grupos religiosos no reconocidos en la educación y en el empleo y la ocupación, y que adopte las medidas necesarias para auspiciar el respeto y la tolerancia en la sociedad hacia todos los grupos religiosos. Al tomar nota de que no se ha proporcionado información sobre el papel o la acción del consejero especial del presidente para cuestiones religiosas y de minorías étnicas, la Comisión confía en que el Gobierno transmitirá esa información en su próxima memoria. La Comisión también pide al Gobierno que informe sobre la Ley de Selección y su aplicación en la práctica en el empleo, tanto en el sector público como en el privado, así como en las instituciones de formación y de enseñanza.

Aplicación. La Comisión toma nota de la información sobre los casos relativos a la inspección del trabajo y las controversias tratadas por las autoridades de solución de diferencias, en particular en relación con la aplicación del sistema de clasificación ocupacional y el pago de salarios. La Comisión toma nota de que en 2015, 528 casos se referían a la eliminación de la discriminación entre hombres y mujeres. Asimismo, la Comisión observa que se han impartido cursos de formación a trabajadores y empleadores en cuestiones pertinentes para el Convenio. La Comisión toma nota de la solicitud del Gobierno para recibir asistencia en materia de cooperación técnica y formación junto con el Centro Internacional de Formación en Turín sobre normas internacionales del trabajo y su voluntad para que se imparta en el país un curso de formación para los jueces. La Comisión confía en que esta cooperación se llevará a cabo en un futuro cercano. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número y naturaleza de las quejas presentadas y de los conflictos relativos a la discriminación en el empleo, y que indique el número de los casos presentados basados en discriminación por motivos de sexo. Asimismo, pide al Gobierno que comunique información sobre las actividades de la Comisión Islámica de Derechos Humanos, y sobre toda queja presentada ante esa comisión o los tribunales o en otro órgano administrativo en relación con la discriminación en el empleo y la ocupación. Se le pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas de sensibilización, educación y creación de capacidad destinadas a los empleadores y trabajadores con objeto de garantizar una mejor comprensión sobre la manera de identificar y abordar la discriminación y lograr una mejor promoción de la igualdad en el empleo y la ocupación.

Diálogo social. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las actividades y esfuerzos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para promover la aplicación del Convenio, incluso por intermedio de diversas comisiones tripartitas.

Islandia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota con interés de las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, a fin de mejorar la aplicación del Convenio, en concreto mediante el abordaje y la reducción de la brecha salarial de género. Entre estas medidas cabe citar la adopción de un Plan de acción sobre la igualdad de género respecto del salario (2012-2016), el establecimiento de un grupo de trabajo que haga las veces de foro para la colaboración entre el Gobierno y los interlocutores sociales en lo que se refiere a cuestiones de igualdad salarial, el desarrollo de una norma IST 85:2012 sobre igualdad salarial y de un sistema de certificación sobre igualdad de remuneración, así como la realización de estudios para identificar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y las causas de la desigualdad salarial con los hombres. La Comisión toma nota de que, tras muchos estudios y experimentos, la Ley núm. 10/2008 sobre la Igualdad de Estatus y Derechos entre Hombres y Mujeres fue modificada por la ley núm. 56/2017, en virtud de la cual se exige que cualquier empresa o institución con un promedio de al menos 25 empleados obtenga anualmente un certificado que reconozca que su sistema de igualdad salarial satisface los requisitos de la norma IST 85:2012 sobre igualdad salarial. Los resultados del proceso de certificación junto con un informe se enviarán al Centro para la igualdad de género. La ley prevé también que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan negociar la inclusión en los convenios colectivos de la manera como se llevará a cabo una auditoría sobre igualdad salarial, de conformidad con la norma IST 85:2012. La ley establece asimismo que los interlocutores sociales podrán supervisar el proceso con objeto de asegurarse de que las empresas y las instituciones obtengan el certificado exigido y que el Centro para la igualdad de género mantenga un registro público de las empresas e instituciones que lo han obtenido. La Comisión toma nota asimismo de que estas medidas han sido complementadas con el fin de enfrentar otras causas identificadas de la brecha salarial por motivos de género, en particular la segregación horizontal y vertical por motivos de género en el mercado de trabajo y en las empresas, y la ausencia de conciliación de las responsabilidades laborales y familiares tanto para hombres como para mujeres. Estas otras medidas han sido objeto de observaciones formuladas por la Comisión en virtud del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión saluda el planteamiento integrador adoptado por el Gobierno y los interlocutores sociales, y le pide a éste que transmita información pormenorizada sobre los resultados y el impacto del Plan de acción sobre la igualdad de género respecto del salario (2012-2016), así como cualquier seguimiento que se haya previsto o realizado para seguir promoviendo y orientando las medidas para reducir la brecha salarial por motivos de género. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la aplicación, supervisión, ejecución e impacto de las nuevas disposiciones de la Ley núm. 10/2008 sobre la Igualdad de Estatus y Derechos entre Hombres y Mujeres y sobre la ley que exige un certificado de igualdad salarial, en particular, cualquier otra medida adoptada por el Centro para la igualdad de género y por los interlocutores sociales, así como cualquier convenio colectivo que haya incorporado el proceso de certificación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)

Artículo 1 del Convenio. Motivos de discriminación distintos del sexo. La Comisión recuerda que se le ha estado pidiendo al Gobierno que adopte una legislación completa contra la discriminación en el empleo y la ocupación que abarque al menos todos los motivos listados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley relativo a la igualdad de trato en el mercado laboral que prevé la igualdad de trato sin distinción de raza, origen nacional, religión o visión de la vida, discapacidad, incapacidad, edad, orientación o identidad sexual y el proyecto de ley sobre igualdad de trato respecto de la raza y del origen nacional, al que el Gobierno se ha venido refiriendo desde hace varios años, aún no han sido sometidos a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Notando las indicaciones del Gobierno según las cuales dichos proyectos de ley fueron concebidos para dar ejecución a la Directiva 2000/78/CE del Consejo que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y a la Directiva 2000/43/CE del Consejo que da aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre la importancia de asegurarse que dichos proyecto de ley, una vez adoptados, cumplan plenamente con los requisitos del Convenio. La Comisión por lo tanto pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que cualquier nueva legislación contra la discriminación aborde el empleo y la ocupación respecto de todos los motivos cubiertos por el Convenio, incluyendo la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. La Comisión insta firmemente al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que la legislación sea adoptada en un futuro cercano y le pide que continúe facilitando información sobre toda medida tomada para tal efecto.

Israel

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1965)

Artículo 2 del Convenio. Aplicación del principio del Convenio a los cuidadores. La Comisión recuerda sus observaciones anteriores, en las que se refirió al posible impacto discriminatorio de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, en Yolanda Gloten contra the National Labour Court (HCJ 1678/07), de 29 noviembre de 2009, que excluye la aplicación de la Ley de 1951 sobre las Horas de Trabajo y el Descanso, incluidas las disposiciones relativas al pago de las horas extraordinarias, a las trabajadoras extranjeras que brindan cuidados bajo un régimen interno. También recuerda que se realizaron algunas recomendaciones al Ministro de Economía para mejorar la situación, incluidas las siguientes: i) enmendar la Ley sobre las Horas de Trabajo y el Descanso y su reglamento sobre el pago de las horas extraordinarias; ii) otorgar a los cuidadores un salario general, que incluiría el pago de horas extraordinarias no inferior al 120 por ciento del salario mínimo mensual; iii) garantizar que el descanso semanal no sea inferior a veinticinco horas; iv) enmendar la Ley sobre Protección de los Salarios, de 1958, y v) abolir la reglamentación que da derecho al empleador a deducir la mitad de la suma para vivienda, respecto de los cuidadores en régimen interno. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria reafirma su compromiso de encontrar una solución idónea para mejorar la situación de los cuidadores. El Gobierno indica que, si bien se produjeron varios aumentos significativos en la edad mínima, que también incluyen a los cuidadores, se observó que la aplicación de las mencionadas recomendaciones, junto con el aumento de la edad mínima, supondrían una carga muy pesada para los empleadores de cuidadores, que se encuentran entre los segmentos de población más débiles económicamente. El Gobierno indica que el proceso llevará tiempo y decidió adoptar un enfoque gradual hacia la mejora de la situación de los cuidadores. La Comisión también desea señalar a la atención del Gobierno que si bien el Convenio es flexible en cuanto a la elección de las medidas y el calendario para aplicarlo, no admite compromisos en cuanto al objetivo perseguido (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 670). La Comisión alienta al Gobierno a identificar parámetros o hitos para marcar el progreso hacia el logro de los objetivos del Convenio con plazos definidos. La Comisión toma debida nota del compromiso del Gobierno de abordar la situación de los cuidadores a través de un enfoque gradual y solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para encontrar una solución idónea a la garantía de que el trabajo de prestación de cuidados, que es un sector en el que predominan las mujeres, no sea infravalorado en base a estereotipos de género, y que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto.. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita información sobre toda medida adoptada para sensibilizar a usuarios y beneficiarios de los servicios relativos a los cuidados, de la necesidad de reconocer el valor del trabajo de prestación de cuidados y la importancia de aplicar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor a este sector concreto del empleo. La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a tal efecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Italia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)

Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Embarazo y maternidad. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores sobre la práctica de hacer que el trabajador firme una carta de renuncia, sin fecha, en el momento de la contratación para que el empleador pueda utilizarla en el futuro a su conveniencia (licenziamento in bianco), una práctica que afecta sobre todo a las mujeres embarazadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que este procedimiento simplificado de cese en el empleo, que fue introducido por el decreto legislativo núm. 151/2015, no afectaba a los padres trabajadores con niños menores de 3 años de edad, para los cuales la carta de renuncia tenía que ser validada por la inspección del trabajo para ser efectiva. La Comisión toma nota de que, en 2014, la inspección del trabajo validó 26 333 renuncias y terminaciones de la relación de empleo por consentimiento mutuo, de las cuales el 85 por ciento correspondían a madres trabajadoras. La gran mayoría de estos casos fueron renuncias (20 774 de 22 480) y concernían a mujeres de entre 26 y 35 años de edad (13 342 casos), lo que confirma una tendencia que ya se había detectado. En 2015, el número de casos de madres trabajadoras aumentó a 25 620, de las cuales 17 592 concernían a mujeres de entre 26 y 35 años de edad. La Comisión toma nota también de que los motivos alegados por las mujeres para su renuncia siguen ligados, en gran medida, a la imposibilidad de conciliar sus responsabilidades familiares con sus obligaciones laborales debido a la falta de servicios de cuidado de los niños o de apoyo familiar, a los elevados costos de estos cuidados cuando existen y a la falta de concesión de contratos a tiempo parcial. La Comisión toma nota de la adopción del decreto legislativo núm. 80/2015, sobre medidas de conciliación entre el cuidado, el trabajo y la vida familiar, y de la ley núm. 81/2017, que establece medidas destinadas a promover nuevas modalidades de trabajo flexible para los trabajadores de los sectores público y privado. La Comisión toma nota asimismo de las medidas a las que se refiere la memoria del Gobierno, destinadas a promover la conciliación entre las responsabilidades familiares y las obligaciones laborales y que se incluyen en los planes trianuales sobre acciones afirmativas de las administraciones públicas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas en virtud del decreto legislativo núm. 80/2015 y la ley núm. 81/2017, y su impacto sobre la reducción de la incidencia de las renuncias al trabajo por parte de las mujeres trabajadoras. La Comisión le pide asimismo que tenga a bien comunicar información sobre la repercusión en este sentido de las medidas aplicadas en virtud de los planes trianuales sobre acciones afirmativas de las administraciones públicas. Al tiempo que toma nota de que, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado de la práctica del «licenziamento in bianco» sobre las mujeres con hijos menores de 3 años, las razones alegadas por las mujeres durante el procedimiento de validación de sus renuncias pueden ocultar una práctica discriminatoria más estructural contra las mujeres basada en el embarazo y la maternidad, la Comisión pide también al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para impedir y erradicar todos los actos discriminatorios contra las mujeres sobre la base de estos motivos y que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas para poner fin a estas prácticas y a su impacto.

Artículo 2.  Igualdad de oportunidades y de trato sin distinción, raza, color o ascendencia nacional. La Comisión toma nota de que según el informe de 2014 de la Oficina para la Promoción de la Igualdad de Trato y la Eliminación de la Discriminación basada en la Raza o el Origen Étnico (UNAR), el 18,8 por ciento de todos los casos de discriminación recibidos por la UNAR en 2014 se basaron en motivos de discriminación en el lugar de trabajo y más de la mitad de éstos (53,6 por ciento), en motivos de raza, color o ascendencia nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en septiembre de 2015, se adoptó el Plan Nacional de Acción contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, con el objetivo de detectar áreas prioritarias de intervención para prevenir y luchar contra la discriminación. Este plan prevé llevar a cabo un seguimiento de las prácticas de discriminación en áreas clave por medio de la recopilación de datos a lo largo del tiempo y evaluar los casos de discriminación que afectan al acceso a la educación, la salud y el trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Al tiempo que toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre el número de iniciativas adoptadas a lo largo del tiempo para luchar contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y trato, la Comisión observa la persistente falta de información específica sobre la aplicación y los resultados de dichas iniciativas en la práctica, y pide al Gobierno que recopile y facilite información detallada sobre el impacto de las diversas iniciativas adoptadas y sobre los principales obstáculos encontrados en su aplicación, lo que permite a la Comisión evaluar los progresos realizados con el tiempo en el cumplimiento de los objetivos previstos en el Convenio. A estos efectos, la Comisión alienta además al Gobierno a que recopile estadísticas desglosadas por origen étnico sobre la distribución de mujeres y hombres en el mercado de trabajo con el fin de controlar y evaluar mejor el impacto de las medidas adoptadas para impedir y hacer frente a la discriminación en el empleo y la ocupación basada en motivos de raza, color y ascendencia nacional. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las actividades del Centro para la Investigación y Control de la Xenofobia y la Discriminación Racial y Étnica (CERIDER) en los ámbitos de la educación, la formación, el empleo y la ocupación, y sobre sus resultados. Por último, también se pide al Gobierno que tenga a bien facilitar información sobre las actividades de la UNAR y los resultados de los casos de discriminación tramitados hasta el momento.

Romaníes, sintis y nómadas. La Comisión toma nota de que según el informe de la UNAR, el 15,1 por ciento de todos los casos de discriminación de los que tuvo noticia la UNAR en 2014 afectaron a la población romaní, de los cuales el 2 por ciento tuvieron un carácter laboral. La Comisión toma nota también de que en 2017 el Instituto Estatal de Estadística (ISTAT) publicó una encuesta con los datos existentes relativos a las poblaciones romaní, sinti y nómada en cuatro ciudades (Nápoles, Bari, Catania y Lamezia Terme). El informe concluye que tan sólo aproximadamente el 38 por ciento de las fuentes disponibles contienen información sobre la situación de estos grupos en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que la UNAR promovió, en 2014, una iniciativa experimental para facilitar el acceso al empleo de los grupos desfavorecidos y discriminados, dirigida específicamente a las comunidades romaní, sinti y nómada en cuatro regiones, a saber, Calabria, Campania, Puglia y Sicilia. Gracias a esta iniciativa se ofrecieron pasantías remuneradas a 123 participantes desde septiembre a diciembre de 2014. El Gobierno comunica también información sobre el proyecto NET-KARD, iniciado en 2014 con el objetivo de difundir directrices sobre cómo luchar contra la discriminación de la población romaní. Como resultado de este proyecto, en 2015, se elaboraron cuatro guías prácticas para prevenir y hacer frente a la discriminación contra la población romaní destinadas a abogados, profesionales de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y servicios de policía. La Comisión toma nota además de que, en el marco de la campaña Dosta («ya basta», en lengua romaní), se han seguido llevando a cabo campañas de sensibilización para luchar contra los prejuicios y estereotipos sobre los romaníes, sintis y nómadas. La Comisión toma nota de la cuarta opinión sobre Italia de la Comisión Consultiva sobre el convenio marco para la protección de las minorías nacionales, según la cual, con arreglo a la evaluación formulada por la Comisión Europea en 2014, la implementación de esta estrategia no ha progresado significativamente y sólo pueden acreditarse algunos resultados concretos en cuatro de las áreas fundamentales de dicha estrategia nacional (véase documento AFC/OP/IV(2015)006, de 12 de julio de 2016, párrafo 39). A fin de que la Comisión se encuentre en condiciones de evaluar los resultados obtenidos con las diversas medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los romaníes, sintis y nómadas en el empleo y la ocupación, la Comisión pide al Gobierno que emprenda una evaluación exhaustiva de los avances alcanzados hasta el momento en la lucha contra la discriminación que padecen los romaníes, sintis y nómadas en el empleo y la ocupación. Asimismo, pide al Gobierno que identifique las medidas adicionales que se requieren en aras de una mayor igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres de estos grupos. También se le pide al Gobierno que tenga a bien indicar cómo se coordina y controla la aplicación de estas medidas, y que suministre información sobre el impacto de las mismas, incluyendo información sobre los resultados de la iniciativa experimental para promover el acceso al empleo de grupos desfavorecidos y discriminados, así como cualquier seguimiento previsto de la misma. Asimismo, pide al Gobierno que facilite información sobre la Estrategia nacional para la inclusión de los romaníes, sintis y nómadas, y el proyecto de investigación sobre la integración de romaníes, sintis y nómadas elaborado por el ISTAT y el Departamento de Igualdad de Oportunidades, incluyendo cualquier dato estadístico recopilado en este contexto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jamaica

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1975)

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión ha venido destacando desde 1997 que la Ley de Empleo, de 1975 (Igualdad de Remuneración por un Trabajo Igual), no incluye el concepto de «trabajo de igual valor», tal y como lo requiere el Convenio. La protección en virtud de la ley actual es más restrictiva que la protección contenida en el Convenio, puesto que se limita a exigir una igualdad de remuneración por un trabajo igual, que se define como el trabajo de hombres y mujeres, en el que las tareas, las condiciones de trabajo y las calificaciones son similares o sustancialmente similares, y las diferencias carecen de importancia práctica y no se dan con frecuencia. La Comisión también subrayó lo fundamental que es la aplicación de este concepto de «trabajo de igual valor» para la promoción y el logro de una igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en el empleo y para la reducción de la brecha salarial de género. La Comisión recuerda sus solicitudes anteriores al Gobierno de que se revisara la Ley de 1975, a la luz de los requisitos del Convenio, y de que se considerara solicitar la asistencia técnica de la OIT. Toma nota de la respuesta del Gobierno, según la cual el Gobierno no aceptó estas solicitudes. En este sentido, la Comisión debe recordar que, en años anteriores, el Gobierno indicó que tenía la intención de revisar la Ley de 1975. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que emprenda una revisión y actualice la Ley de 1975 sobre Igualdad de Remuneración por un Trabajo Igual, a fin de armonizar plenamente sus disposiciones con el Convenio, ampliando la protección mediante la inclusión del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Espera que el Gobierno considere solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas a tal efecto, así como sobre cualquier otra medida específica adoptada para examinar y abordar la brecha salarial de género en los sectores público y privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Japón

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) anexas a la memoria del Gobierno que se recibió el 28 de octubre de 2016. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), recibidas el 3 de octubre de 2016, de las observaciones de la Federación Japonesa de Sindicatos de Cooperativas (SEIKYO-ROREN), recibidas el 24 de mayo de 2016, y de las observaciones del Sindicato de Zensekiyu Showa Shell (ZSSLU), recibidas el 8 de febrero de 2016.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión recuerda el informe adoptado el 11 de noviembre de 2011 por el comité tripartito establecido por el Consejo de Administración encargado de examinar la reclamación presentada por el ZSSLU (documento GB.312/INS/15/3). El comité tripartito concluyó que había que adoptar más medidas, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para promover y garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor tanto en la legislación como en la práctica, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, y reforzar la aplicación y el control de la legislación y las medidas existentes, incluidas las medidas para determinar el valor relativo de los empleos (párrafo 57).

Artículos 1 y 2. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que durante varios años ha señalado que el artículo 4 de la ley relativa a las normas laborales, que establece que en lo que concierne a los salarios el empleador no someterá a las mujeres a un tratamiento discriminatorio en relación con los hombres por motivos de sexo, no refleja plenamente el principio del Convenio. En su memoria, el Gobierno expresa de nuevo la opinión de que los requisitos del Convenio se cumplen siempre que el sistema de nóminas no permita la discriminación salarial entre hombres y mujeres simplemente debido a que el trabajador sea una mujer. La Comisión se ve obligada a señalar de nuevo que la protección contra la discriminación salarial que prevé el artículo 4 es demasiado limitada, porque no contempla el concepto de «trabajo de igual valor» que es fundamental para la plena aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que la JTUC-RENGO, la ZENROREN y el ZSSLU consideran que el artículo 4 es inadecuado para proteger contra la discriminación salarial por motivo de género que existe en el país y que las directrices sobre la interpretación del artículo 4 no ayudan a abordar la discriminación indirecta, por ejemplo basada en las clasificaciones de los puestos de trabajo, que constituye una causa importante de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Según la JTUC-RENGO la ley refleja la política gubernamental de promover sólo la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo igual y de no abordar las diferencias salariales entre hombres y mujeres resultantes de las clasificaciones de empleos, los tipos de empleos o la situación laboral. La Comisión también recuerda que la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que prohíbe la discriminación en la contratación, la designación y la promoción, no prohíbe la discriminación en materia de remuneración.

La Comisión toma nota de la adopción de una nueva Ley sobre la Promoción de la Participación de la Mujer y el Progreso en el Lugar de Trabajo (ley núm. 64 de 2015) que entró en vigor el 1.º de abril de 2016. Esta ley exhorta a los organismos gubernamentales nacionales y locales y a los empleadores del sector privado que tienen empresas con más de 300 empleados a: recopilar y analizar información sobre la proporción de hombres y mujeres en las empresas en ámbitos tales como nuevas contrataciones, horas trabajadas, años de servicio, y niveles de clasificación, y a formular y anunciar planes de acción a nivel de empresa que contengan objetivos cuantitativos y prevean acciones para alcanzar estos objetivos dentro de plazos determinados. La ley también prevé incentivos y la certificación de las empresas que son proactivas en la promoción de las mujeres. El Gobierno considera que, gracias a la aplicación continuada de esta ley, aumentará la tasa de trabajadoras que ocupan cargos directivos y se reducirán las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta al número de años de servicio, disminuyendo así las diferencias salariales entre hombres y mujeres, las cuales, a su juicio, se deben considerablemente a estos dos factores. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno y en el resumen del Libro Blanco sobre Igualdad de Género publicado por la Oficina del Consejo de Ministros en junio de 2017 en relación con la aplicación de la Ley núm. 64, de 2016, tanto en el sector público como en el sector privado, así como de otras medidas adoptadas para fomentar la participación de las mujeres en el empleo y apoyar la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar. Si bien acoge con agrado la nueva ley y espera que sirva para mejorar la posición de las mujeres en el empleo, en particular su trayectoria profesional y su acceso a cargos de dirección, la Comisión toma nota de que dicha ley es de cumplimiento voluntario y no prevé requisitos en materia de diálogo entre empleadores y trabajadores. Asimismo, toma nota de que el establecimiento de objetivos se deja a la discreción de cada empresa y no se alienta a los empleadores a abordar las escalas salariales de mujeres y hombres sobre la base del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión aborda otros aspectos de la ley relativos a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar en sus comentarios en relación con el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156).

Habida cuenta de que las diferencias salariales entre hombres y mujeres apenas se han reducido entre 2012 y 2015 y de que persiste una brecha salarial del 26,3 por ciento, la Comisión insta firmemente de nuevo al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y concretas para garantizar el establecimiento de un marco legislativo que prevea claramente el derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados a este respecto así como información sobre la aplicación de la legislación que tiene un impacto demostrado sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, incluidas todas las directrices administrativas promulgadas. Tomando nota de que el Gobierno considera que la aplicación de la nueva Ley sobre la Promoción de la Participación de la Mujer y el Progreso en el Lugar de Trabajo mejorará la situación de las mujeres en la práctica, la Comisión le pide que considere la posibilidad de que con arreglo a la ley se tenga que recopilar y analizar información sobre «la relación entre la remuneración de las mujeres y la remuneración de los hombres», información que se incluiría en los planes de acción anunciados. La Comisión pide al Gobierno que continúe intensificando sus esfuerzos para abordar todas las áreas que contribuyen directa e indirectamente a la importante brecha salarial entre hombres y mujeres, incluida la segregación ocupacional horizontal y vertical por género.

Empleo no regular: empleo a tiempo parcial y contratos de duración determinada. La Comisión toma nota de que la mayor parte de las mujeres continúan teniendo empleos no regulares (a tiempo parcial o de duración determinada) y que la mayor parte de los hombres continúan teniendo empleos regulares. Las estadísticas proporcionadas por el Gobierno reflejan que un 70 por ciento del conjunto de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres y que las mujeres que trabajan menos de 35 horas a la semana representan un 46,7 por ciento del conjunto de las mujeres empleadas. En sus observaciones, la ZENROREN indica que está aumentando el número de trabajadores que tienen empleos no regulares y que en ciertas áreas está aumentando la proporción de mujeres con empleos no regulares en comparación con los hombres que tienen los mismos empleos. Añade que existen muchas mujeres que desearían volver a tener un empleo regular después del parto o una vez criados sus hijos. La organización señala que, habida cuenta de las tareas que realizan, los salarios percibidos por los trabajadores no regulares son bajos y que no existen sistemas para corregir las diferencias entre la remuneración de los empleos no regulados de las ocupaciones en las que las mujeres son mayoritarias, y los puestos de trabajo regulares. La Comisión considera que las diferencias de trato entre los empleos regulares y los empleos no regulares respecto de la remuneración tienen relación con la aplicación del Convenio. Toma nota de que se han adoptado una serie de iniciativas para abordar las cuestiones relacionadas con el empleo no regular, incluidas las enmiendas a la Ley sobre Trabajadores a Tiempo Parcial, la Ley sobre el Contrato de Trabajo, la Ley sobre Trabajadores Temporeros y la preparación de la nueva legislación sobre la igualdad de remuneración, así como pautas sobre la igualdad entre empleos regulares y empleos no regulares. El ZSSLU indica que en las revisiones del empleo no regular que se están realizando con arreglo a estas leyes no se tiene en cuenta la dimensión de discriminación basada en el género y que estas revisiones no tienen por objetivo abordar las desigualdades estructurales en materia de género debidas al trato diferente del empleo regular y el empleo no regular. La ZENROREN opina que el principio de igualdad de trato entre los trabajadores regulares y los trabajadores no regulares sigue sin ser aplicado. El ZSSLU se pregunta si los cambios en la organización de los trabajadores cedidos con arreglo a la enmienda de 2015 a la Ley sobre Trabajadores Temporeros ayudarán verdaderamente a abordar las diferencias de trato a las que tienen que hacer frente esos trabajadores, muchos de los cuales son mujeres. Consideran que la disposición de la Ley sobre el Contrato de Trabajo que requiere la eliminación de las diferencias no razonables entre los trabajadores que tienen contratos indefinidos y los que tienen contratos de duración determinada puede no funcionar plenamente para los trabajadores temporales. El ZSSLU también toma nota de que el proyecto de legislación sobre la igualdad de remuneración sólo proporciona orientaciones de índole políticas y no protege los derechos de los trabajadores ni prevé evaluaciones de los empleos. Recordando que el Convenio se aplica tanto a los empleos regulares como a los empleos no regulares, y habida cuenta de la dimensión de género de la estructura del empleo incluyendo el elevado número de mujeres que trabajan a tiempo parcial y del impacto resultante en la brecha salarial entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para abordar la infravaloración de las ocupaciones en las que predominan las mujeres y facilite evaluaciones objetivas de los empleos y el ajuste de los niveles de remuneración en las clasificaciones de los empleos regulares y no regulares, tanto en el sector público como en el sector privado. Asimismo, le pide que transmita información sobre las medidas adoptadas para mejorar las oportunidades de las mujeres de volver a conseguir empleos regulares. La Comisión cree entender que se están elaborando proyectos de pautas sobre el empleo de trabajadores regulares y trabajadores no regulares y pide al Gobierno que, una vez que se aprueben esos proyectos, proporcione copias de las pautas e información sobre las medidas adoptadas para promover su aplicación en la práctica. También le pide que continúe transmitiendo estadísticas, desglosadas por sexo, sobre la participación y los niveles salariales de hombres y mujeres que realizan trabajos temporales, trabajo por cesión, así como trabajos a tiempo parcial, trabajos de duración determinada o contratos indefinidos a tiempo completo.

Trabajo a tiempo parcial. En relación con sus comentarios anteriores sobre el trabajo a tiempo parcial, la Comisión recuerda la adopción de la ley núm. 27 de 2014 que enmienda la Ley sobre los Trabajadores a Tiempo Parcial que amplió la protección contra el trato discriminatorio a los contratos de duración determinada, así como a los contratos de duración indefinida cuando las diferencias se consideran irrazonables. Asimismo, recuerda que el alcance de las disposiciones de la Ley sobre los Trabajadores a Tiempo Parcial previo a la revisión era muy limitado y tenía poco impacto en las mujeres que realizan trabajos a tiempo parcial. El Gobierno indica que la revisión más reciente debería tener un impacto en la mejora del trato y el aumento de los salarios de los trabajadores a tiempo parcial. También indica que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar está promoviendo activamente la ley proporcionando asesoramiento a los empleadores. Añade que no se dispone de estadísticas sobre el impacto de esta ley. Sin embargo, la JTUC-RENGO y la SEIKYO-ROREN se preguntan si la revisión será adecuada para impulsar la igualdad de género y la JTUC-RENGO considera que se necesitan pautas para aclarar la interpretación del nuevo artículo 8 en lo que respecta a qué diferencias serán permitidas.

En relación con los funcionarios temporales y a tiempo parcial de los gobiernos locales, la Comisión toma nota de que las mujeres continúan estando concentradas en los puestos temporales y a tiempo parcial, y que las categorías laborales están muy segregadas por sexo. La Comisión toma nota de que, en 2012, las mujeres representaban un 57,3 por ciento del personal temporal y del personal a tiempo parcial en las prefecturas, un 68,7 por ciento en las oficinas ministeriales y un 80,3 por ciento en las municipalidades, donde estaban sumamente concentradas en ocupaciones, como son oficinistas generales, enfermeras, profesionales del cuidado infantil y cocineros escolares. Toma nota de que el Gobierno indica que los gobiernos locales deberán, por decisión del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación, de 4 de julio de 2014, continuar garantizando un trato acorde a las tareas y responsabilidades de los empleados temporales y a tiempo parcial. La JTUC-RENGO observa que, en los distintos centros de trabajo, estos trabajadores son seleccionados sobre la base de criterios distintos de nombramiento aunque los empleos y las tareas sean los mismos. A fin de solucionar esta confusión pide al Gobierno que realice una encuesta sobre los tipos de trabajos y las tareas que se realizan y que establezca un marco para revisar las escalas salariales de los gobiernos locales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en la que se interpreta el artículo 8 de la Ley sobre los Trabajadores a Tiempo Parcial, en su tenor reformado, incluidas las pautas promulgadas, y acerca de su impacto en las condiciones de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, incluyendo información sobre el número de hombres y mujeres cuyo trato y tasas salariales han sido modificados como resultado de la enmienda. Tomando nota de que la modificación de la Ley sobre el Contrato de Trabajo en lo que respecta al derecho a solicitar la modificación del contrato de trabajo a contrato de trabajo de duración indefinida entrará en vigor en 2018, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística, desglosada por sexo, sobre las transferencias solicitadas, en particular desde los puestos a tiempo parcial a los puestos a tiempo completo, y de los puestos de duración determinada a los indefinidos. La Comisión también pide al Gobierno que proporciones información sobre las medidas adoptadas para abordar las cuestiones planteadas por la JTUC-RENGO en relación con la clasificación de los puestos de trabajo en la administración pública municipal.

Sistemas de seguimiento de carrera. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión reitera su preocupación respecto del impacto del sistema de desarrollo de carrera, introducido para las categorías de empleo en las pautas de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO), en las diferencias salariales entre hombres y mujeres, habida cuenta de la escasa representación de las mujeres en el principal sistema integrado de carrera. La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO en relación a que el sistema permite una clasificación de la gestión del empleo basada en el género, en la que se considera que los hombres están en el principal desarrollo de carrera y las mujeres en un desarrollo sin perspectivas de carrera. La Comisión toma nota de que las pautas de la EEO fueron revisadas en 2014 para proporcionar ejemplos adicionales de cómo gestionar el trato diferenciado de los dos desarrollos de carrera con arreglo a la ley. La Comisión toma nota de que tanto la JTUC-RENGO como la ZENROREN consideran que las pautas sólo auspician la brecha salarial entre hombres y mujeres. El ZSSLU opina que estas clasificaciones limitan la promoción y las oportunidades de empleo de las mujeres y tienen mayor impacto en las disparidades salariales que los años de servicio. También señala que, a pesar de la adopción de estas pautas, las empresas aún tienen muchas facultades discrecionales en lo que respecta a la clasificación de los empleos en categorías; los trabajos deberían evaluarse objetivamente y hacerse comparaciones entre diversos desarrollos y no sólo dentro de éstos, y los requerimientos en materia de movilidad no deberían ser determinantes para la colocación en el desarrollo integrado de carrera. A este respecto, la Comisión saluda el consenso alcanzado por el Gobierno y los representantes de los empleadores y los trabajadores a fin de ampliar el alcance de la discriminación ilegal indirecta a efecto de prever que las transferencias no puedan ser un requisito para la contratación, el empleo y la promoción o el cambio de tipo de trabajo sin que existan motivos razonables para ello. La Comisión también toma nota de que según el resumen de las causas judiciales que figura en la memoria del Gobierno, las diferentes categorías de gestión del empleo continúan funcionando en la práctica, al menos en algunos casos, simplemente tiene como efecto el perpetuar las clasificaciones salariales basadas en el género que no se basan en las calificaciones o los requisitos inherentes al trabajo. Habida cuenta de la persistencia de la baja representación de mujeres en el principal desarrollo de carrera y el consecuente impacto en las diferencias salariales, la Comisión insta firmemente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para hacer aumentar el porcentaje de mujeres en el desarrollo de carrera integrado, incluidas las mujeres que acaban de ser contratadas y las que proceden de conversiones del desarrollo general, y que proporcione información sobre todas las medidas adoptadas para promover una evaluación objetiva de los trabajos en todos los desarrollos. La Comisión también pide al Gobierno que asimismo proporcione información sobre el impacto de los cambios en la ampliación del alcance de la prohibición de la discriminación indirecta basada en los requisitos de movilidad y sobre la manera en la que se interpreta la razonabilidad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), que se adjuntaron a la memoria del Gobierno, recibida el 28 de octubre de 2016. La Comisión toma nota además de las observaciones de la Federación Japonesa de Sindicatos Cooperativos del Trabajo (SEIKYO-ROREN), recibidas el 24 de mayo de 2016.

Artículo 3 del Convenio. Política nacional. La Comisión toma nota con interés de la adopción de una nueva Ley sobre la Promoción de la Participación de la Mujer y el Progreso en el Lugar de Trabajo (ley núm. 64, de 2015) que entró en vigor el 1.º de abril de 2016, y que tiene la finalidad de promover el desarrollo profesional de las mujeres proporcionando un ambiente de trabajo que haga posible que hombres y mujeres compatibilicen su trabajo y su vida familiar, y pide que se respeten las decisiones de las mujeres en materia de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. La ley exhorta a los organismos gubernamentales de ámbito nacional y local y a los empleadores del sector privado con plantillas de más de 300 trabajadores: a recopilar y analizar los datos sobre el ratio de mujeres y hombres dentro de la empresa respecto de varias cuestiones, incluyendo el goce de la licencia para el cuidado de los hijos y por razones familiares; y a formular y enunciar planes de acción a nivel empresarial que contengan objetivos cuantitativos y acciones para alcanzar estos objetivos dentro de plazos determinados. La Comisión toma nota de que la ley se aplica mediante un mecanismo de cumplimiento voluntario sin que tenga que haber un diálogo entre los trabajadores y la dirección; y que el establecimiento de fines y objetivos se deja a la discreción de cada empresa. En este sentido, la Comisión toma nota de que, según el resumen ejecutivo del Libro blanco sobre la igualdad de género, de 2017, publicado por la oficina del Gabinete del Gobierno del Japón, en junio de 2017, en virtud de la citada ley, hay varios planes para adoptar medidas tanto en el sector público como en el privado que contienen objetivos para trabajadores hombres que se toman licencia para el cuidado de sus hijos.

La Comisión toma nota también de las enmiendas legislativas a la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia a fin de clarificar y ampliar los derechos para dar cumplimiento a las disposiciones del Convenio en varios aspectos, en particular, la ampliación del tenor de la ley para cubrir a los padres adoptivos o de custodia y alentar a los hombres a tomar licencia para el cuidado de los hijos. La Comisión toma nota de la aplicación de los estatutos de conciliación de la vida laboral y la personal, de la Política de acción para el fomento de la conciliación de la vida laboral y la personal, de la Estrategia revisada para la revitalización del Japón, de 2015; de los Planes para la participación dinámica de todos los ciudadanos, de 2015 y 2016; y de las Pautas para que las iniciativas promuevan la participación activa de funcionarias nacionales y la conciliación de la vida laboral y la privada, de 2014. Al tiempo que se felicita de que se insista en formular políticas que promuevan la conciliación entre la vida laboral y la familiar de los trabajadores, la Comisión toma nota de las observaciones de la SEIKYO-ROREN en las que se subraya que, en la práctica, la aplicación de estas políticas se frustra en realidad por los largos horarios de trabajo, en particular de los hombres, así como de los comentarios de la JTUC-RENGO y la SEIKYO-ROREN sobre el hecho de que los trabajadores no regulares tengan menos acceso a las disposiciones y medidas de apoyo en materia de cuidado de los niños y de la familia. La Comisión expone en más detalle estos aspectos más adelante. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la aplicación de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia, así como sobre la Ley para la Promoción de la Participación y el Desarrollo Profesional de las Mujeres en el Lugar de Trabajo, y de la legislación relativa a la licencia para el cuidado de los hijos y de la familia en el caso de los funcionarios públicos nacionales y locales. La Comisión también le pide que tenga a bien facilitar información sobre los contenidos de las diversas medidas políticas adoptadas y el modo en el que éstas se fomentan, aplican y revisan en relación con sus objetivos.

Artículos 1 y 2.  Aplicación a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores en relación con la aplicación restrictiva del Convenio a los trabajadores no regulares. Reitera que los artículos 5 y 11 de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia permiten a los trabajadores con un contrato de duración determinada gozar de licencia con ese objetivo si reúnen determinados requisitos, y que las directrices relativas a las medidas que deben tomar los empleadores para facilitar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar de los trabajadores que se ocupan del cuidado de sus hijos o de otros miembros de la familia (directriz núm. 509, de 2009) proporcionan pautas sobre quién puede cumplir con estos requisitos. La Comisión toma nota de que, tras la revisión de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia siguen vigentes los requisitos limitativos. La Comisión toma nota además de que, en virtud de la legislación relativa a la licencia para el cuidado de los hijos y de la familia para funcionarios del sector público nacional y local, los trabajadores a tiempo parcial pueden beneficiarse de medidas para el cuidado de los hijos y otras medidas de ayuda, aunque limitadas, a sus hijos más pequeños, en comparación con los derechos de los trabajadores a tiempo completo. La Comisión toma nota de la observación de la JTUC-RENGO de que la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia sigue imponiendo condiciones a los trabajadores con un contrato de duración determinada que, fundamentalmente, limita su capacidad de tomar dicha licencia, citando para ello un estudio reciente que muestra que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial y temporeros que toman licencia para el cuidado de sus hijos y continúan en su empleo es el 4 por ciento, comparado con el 43,1 por ciento de los trabajadores regulares. La Comisión toma nota asimismo de las opiniones de la SEIKYO-ROREN en relación con la falta de un trato igualitario y equilibrado para los trabajadores a tiempo parcial en comparación con los trabajadores regulares, así como con el impacto negativo que esta situación ha tenido en particular sobre las mujeres que soportan la mayor carga de responsabilidades familiares. El Gobierno señala en su memoria que, en dos casos de trabajadores con contratos de duración determinada, se pidió orientación a fin de introducir correcciones. La Comisión señala también que la información sobre el sistema de cuidado de los hijos se ha fomentado especialmente entre los trabajadores con contratos de duración determinada a fin de facilitar su comprensión y uso. La Comisión considera que los trabajadores con contratos de duración determinada siguen estando en una posición vulnerable para reclamar el cumplimiento de los derechos que faciliten la conciliación de sus responsabilidades laborales y familiares. La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva del Convenio a los trabajadores no regulares, incluidos los trabajadores con un contrato a plazo determinado y los trabajadores a tiempo parcial, tanto en el sector privado como en el público. La Comisión le pide asimismo que tenga a bien comunicar información sobre cualquier revisión emprendida sobre el uso de la licencia para el cuidado de los hijos y de la familia por parte de los trabajadores con contratos de duración determinada y de los trabajadores a tiempo parcial, así como sobre cualquier obstáculo encontrado y las medidas de seguimiento adoptadas para facilitar una mejor aplicación de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia. La Comisión también pide al Gobierno que tenga a bien proporcionar información estadística actualizada, desglosada por sexo, sobre el número de solicitudes de licencia para el cuidado de los hijos y de la familia por los trabajadores con un contrato a plazo determinado, en los sectores privado y público, y el número de casos en que se les ha otorgado ese derecho.

Artículo 4.  Organización de las horas trabajada y derecho a licencias. La Comisión toma nota de los elogios formulados por la JTUC-RENGO sobre la revisión de 2016 de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia que prevé licencias para el cuidado de los hijos en familias reconstituidas, nuevas exenciones para llevar a cabo horas extraordinarias, condiciones menos rigurosas para que los trabajadores con un contrato de duración determinada puedan pedir licencias entre otras para el cuidado de sus hijos, y la aplicación de reglamentos que impidan que los trabajadores creen entornos laborales tóxicos cuando otros se toman licencias por maternidad, nacimiento, crianza de los hijos y otros cuidados. La Comisión toma nota de que, según la Encuesta básica sobre igualdad de género en la gestión del empleo, de 2014, el porcentaje de trabajadores que tomó licencia para ocuparse de sus hijos fue un 2,3 por ciento de los hombres y un 86,6 por ciento de las mujeres, y que el porcentaje de trabajadores que se tomaron tiempo libre para cuidar a su hijo enfermo o lesionado fue un 5,2 por ciento de los empleados y un 25,3 por ciento de las empleadas. Además, según la Encuesta básica sobre estructura del empleo, de 2012, el número de empleados que recurrieron al sistema de licencias para el cuidado de la familia fue del 3,5 por ciento en el caso de los hombres y del 2,9 por ciento en el caso de las mujeres. Al tiempo que toma nota de la revisión de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia, la Comisión también toma nota de que los hombres hacen poco uso de las licencias para cuidar a los niños enfermos o lesionados. Teniendo en cuenta el recurso poco frecuente a la licencia por cuidados familiares por parte tanto de hombres como de mujeres y el recurso poco frecuente a licencias para el cuidado de los hijos por parte de los hombres, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para velar por que tanto hombres como mujeres puedan en la práctica solicitar las licencias previstas en la legislación, y se le alienta a que equilibren mejor las licencias entre hombres y mujeres. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando estadísticas sobre los tipos de licencias concedidas desglosadas por sexo.

Largas horas de trabajo. La Comisión señaló anteriormente la importancia de la reducción global en las horas de trabajo con el fin de permitir que hombres y mujeres con responsabilidades familiares entren y permanezcan en el mercado laboral, y recuerda que el párrafo 18 de la Recomendación sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165) subraya la importancia de la reducción progresiva de las horas de trabajo y la reducción de las horas extraordinarias. En su observación, la SEIKYO-ROREN señala la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar teniendo en cuenta la realidad de los largos horarios laborales, y señala que los hombres sólo disponen de un promedio de 67 minutos al día para cumplir con sus responsabilidades familiares, incluidos 39 minutos para atender a sus hijos. En su opinión, debería revisarse la legislación a fin de acortar las horas de trabajo, y deberían concederse incentivos salariales por las horas extraordinarias realizadas. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN) en virtud del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), en los que aboga por una reducción de las horas de trabajo debido a que, en realidad, los largos horarios de trabajo en el empleo regular hacen difícil para las mujeres incorporarse a dichos empleos y ocuparse de sus responsabilidades familiares.

En relación con los empleados públicos del servicio regular, la Comisión toma nota de que se han adoptado varias medidas y hay otras en curso de elaboración para limitar las horas extraordinarias de los empleados que se ocupan de un niño o de otros miembros de su familia, o eximirles de ellas, con arreglo a la regla 10-11 de la Autoridad Nacional del Personal. La Comisión toma nota además de que se han redactado varias ordenanzas para autorizar que los cuidadores con personas a cargo puedan solicitar exenciones de algunas horas de trabajo. La Comisión toma nota de las estadísticas comunicadas por el Gobierno de que, el promedio de horas de trabajo se ha reducido en general desde 2008, lo que se explica en su mayor parte por un descenso de las horas de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial, y que hasta 2015 el número de horas de los trabajadores regulares siguió en torno a las 2 000 horas, la misma cantidad que ya señaló el Gobierno en su memoria anterior. La Comisión toma nota también del elevado número de vulneraciones (27 581) en materia de tiempo de trabajo en virtud del artículo 32 de la Ley de Normativa Laboral

La Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para reducir las horas de trabajo anuales y para que facilite información sobre cualesquiera medidas que estén siendo examinadas para reducir las horas de trabajo o limitar las horas extraordinarias en el sector privado. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de la Ley de Normativa Laboral en lo que respecta a las horas de trabajo, así como de la Ley sobre Medidas Especiales para la mejora del Ordenamiento del Tiempo de Trabajo y la directriz núm. 108, de 2008, sobre conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando estadísticas sobre las inspecciones y las infracciones y las tendencias en el número promedio de horas trabajadas por hombres y mujeres, desglosadas por condición contractual y según se trate de trabajadores a tiempo parcial o a tiempo completo.

Artículo 8.  Terminación de la relación de trabajo. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en relación con la idoneidad de las medidas de prevención y protección contra la discriminación en razón de las responsabilidades familiares. La Comisión toma nota de que, sobre la base de una sentencia del Tribunal Supremo, dictada en 2014, se notificó una revisión parcial de la aplicación de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades de Empleo revisada, así como de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia, promulgada en 2015 (notificación núm. 1, de 23 de enero de 2015) con objeto de clarificar que corresponde al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar determinar los casos en los que se dispensa un trato desfavorable y, si así se estimara, proporcionar pautas dentro del plazo de un año de producirse el hecho en cuestión (nacimiento, etc.). El Gobierno señala que ha informado a los trabajadores y empleadores acerca del contenido de esta notificación. La Comisión toma nota de que, en 2014, el número de consultas ante la Oficina de la Prefectura del Trabajo en relación a casos de trato desfavorable por motivos de embarazo, nacimiento, licencia por cuidados familiares, etc. ascendió a 3 591, y que esta cifra ha ido aumentado de año en año. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de los artículos pertinentes de la Ley sobre las Licencias para el Cuidado de los Hijos y de la Familia, que prohíbe el despido u otro trato desfavorable, incluyendo información sobre las consultas administrativas y las decisiones judiciales relativas a esas disposiciones y sus resultados. La Comisión pide también al Gobierno que señale cualquier otra medida adoptada para velar por que las garantías previstas en el artículo 8 del Convenio se apliquen plenamente en la legislación y en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Jordania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1966)

Artículo 1, a), del Convenio. Asignaciones adicionales en la administración pública. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, según los cuales las limitaciones al acceso de las mujeres a las asignaciones familiares, en virtud del artículo 2 del Reglamento de la Administración Pública núm. 30, de 2007, y las diferencias entre las asignaciones, en base a motivos de sexo, constituyen una discriminación directa respecto de la remuneración y contravienen el Convenio (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 693). La Comisión recuerda que el examen jurídico «Hacia la equidad en la remuneración: Un examen jurídico de las disposiciones de la normativa legal de Jordania (2013)» realizado por el Comité Directivo Nacional para la Equidad de Remuneración (NSCPE), recomendó enmiendas al Reglamento de la Administración Pública, incluido el artículo 25. La Comisión toma nota de la adopción del Reglamento núm. 82, de 2013, sobre la Administración Pública, que deroga el Reglamento de la Administración Pública núm. 30, de 2007. La Comisión toma nota de que el artículo 25, b), del nuevo Reglamento sobre la Administración Pública, en su tenor reformado en 2014 por el Reglamento núm. 96, sigue disponiendo que las asignaciones familiares se otorgan a un hombre casado y, en casos excepcionales, a una mujer, si su marido está incapacitado o si mantiene a sus hijos o si está divorciada y no percibe una asignación familiar para sus hijos menores de 18 años de edad. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el nuevo Reglamento de la Administración Pública aplica el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor a todos los empleados de la administración pública, independientemente del género, pero reconoce que el artículo 25, b), constituye una diferencia en los salarios entre hombres y mujeres. A la luz de las recomendaciones formuladas por el examen jurídico del NSCPE, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin demora, medidas para enmendar el Reglamento núm. 82 de la Administración Pública, de 2013, para garantizar que mujeres y hombres tengan derecho a todas las asignaciones, incluidas las asignaciones familiares, en igualdad de condiciones, y a que comunique información sobre los progresos realizados a tal fin.

Artículo 1, b).  Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. Desde 2001 la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En su observación anterior, la Comisión saluda las recomendaciones del examen jurídico realizado por el NSCPE y el taller realizado en julio de 2013 para enmendar las disposiciones de la Ley del Trabajo, de 1996, y de la ley provisional, de 2010. Las enmiendas propuestas prevén la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, «incluido el trabajo de tipo diferente» y hacen referencia a la utilización de métodos de evaluación objetiva del empleo para determinar si los trabajos son de igual valor. Al tiempo que toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las labores complementarias llevado a cabo por el NSCPE y sobre el sistema de descripción y clasificación de los trabajos en el sector público, la Comisión toma nota de que al parecer no se han adoptado medidas para enmendar la Ley del Trabajo de 1996 y la Ley provisional de 2010. La Comisión aborda los asuntos relacionados con la promoción de los métodos de evaluación del empleo en los sectores público y privado, en su solicitud directa. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre toda medida adoptada o prevista para promover los métodos objetivos de evaluación del empleo en los sectores público y privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Letonia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Libres de Letonia (FTUC) adjuntas a la memoria del Gobierno.

Artículo 4 del Convenio. Colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual el Subconsejo de Asuntos Laborales de carácter tripartito, revisó, en varias ocasiones, en 2014 y 2015, la recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, y con el objetivo de determinar cómo podría aplicarse. La FTUC identificó algunas medidas que deberían adoptarse para aplicar la recomendación de la Comisión Europea, por ejemplo, la inserción de disposiciones específicas en los convenios colectivos; el establecimiento de comités paritarios con representantes del empleador y del sindicato a nivel de empresa para desarrollar e introducir un sistema transparente e igualitario de remuneración, con arreglo a criterios objetivos; la promoción de las actividades educativas, y el control de la aplicación de un sistema de igualdad de remuneración, así como toda infracción a la igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de las observaciones de la FTUC, según las cuales, en la práctica, ocasionalmente los sindicatos se enfrentan a desafíos en la determinación de la plena ampliación de la aplicación de las leyes que prohíben la discriminación. En particular, la FTUC apunta a la práctica, por ejemplo en el sector de la energía, de sistemas de remuneración clasificados como confidenciales, con lo cual son inaccesibles a los sindicatos, salvo que se presente una solicitud a los tribunales, a la inspección del trabajo o al Defensor del Pueblo. La Comisión acoge con agrado el Subconsejo de Asuntos Laborales de carácter tripartito, abordando la cuestión de la igualdad de remuneración y espera que las medidas de seguimiento redunden en la aplicación de medidas específicas, como las mencionadas por la FTUC, para abordar y reducir la significativa brecha de remuneración por motivos de género, en los sectores público y privado. La Comisión recuerda que, en general, la transparencia en las estructuras de remuneración y de ascenso se identificaron como factores que podrían abordar las diferencias en la estructura remunerativa y contribuir a reducir la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta las dificultades particulares para acceder a la información sobre remuneración, la Comisión alienta a la adopción de medidas que requieran un acceso lo más directo posible a la información sobre las diferencias de remuneración, como medio para garantizar la transparencia, controlar la brecha de remuneración y adoptar medidas de reparación, incluso a través de la elaboración de un plan que aborde la igualdad de remuneración. Tales medidas son un importante medio para la promoción y la garantía de la aplicación del principio del Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 712 y 723).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1992)

Artículo 1, 2), del Convenio. Discriminación basada en la ascendencia nacional. Durante varios años la Comisión ha venido expresando su preocupación sobre los requisitos de idioma previstos en la Ley sobre la Lengua del Estado, de 1999, que pueden tener un impacto discriminatorio en el empleo y la ocupación de grupos minoritarios, incluida la considerable minoría de habla rusa. La Comisión recuerda que el artículo 6, 2), de la Ley sobre la Lengua del Estado requiere que los empleados de instituciones privadas, organizaciones y establecimientos (empresas) y las personas empleadas por cuenta propia deberán utilizar el idioma oficial si sus actividades «inciden en los intereses legítimos de la población» (la seguridad, salud y moralidad públicas, la atención de salud, la protección de los derechos del consumidor, los derechos laborales, la seguridad en el lugar de trabajo y la supervisión de la administración pública). La Comisión también recuerda que de conformidad con el artículo 6, 5), de la Ley sobre la Lengua del Estado, el Reglamento núm. 733 del Consejo de Ministros, de 2009, determina el nivel de los requisitos de dominio del idioma letón. La Comisión tomó nota con anterioridad de que esta disposición afecta a un número considerable de ocupaciones y puestos de trabajo. Pidió al Gobierno que examine y revise la lista de ocupaciones para las que se requiere el empleo del idioma oficial, con arreglo al artículo 6, 2), de la ley, con el fin de limitarlo a los casos en los que el idioma sea un requisito inherente del puesto de trabajo. El Gobierno indica que no existe una lista de ese tipo. Observando que los «intereses legítimos de la población» incluso con las limitaciones previstas en el artículo 6, 2) de la Ley sobre la Lengua del Estado, es un concepto amplio, la Comisión pide al Gobierno que considere la elaboración de una lista de ocupaciones (o indicadores) que se consideran comprendidas en el ámbito del artículo 6, 2), y, de ese modo, aclarar en qué casos el dominio del idioma letón es considerado un requisito inherente del puesto de trabajo. En este sentido, la Comisión enfatiza que el concepto de exigencias inherentes a un determinado empleo contemplado en el Convenio debe interpretarse restrictivamente para evitar una limitación indebida de las oportunidades de empleo y ocupación de cualquier grupo de trabajo. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los cursos de idioma letón y las actividades llevadas a cabo en el país en beneficio de los grupos minoritarios, incluida la minoría rusa.

Artículos 1, 2), y 4.  Discriminación basada en la opinión política. La Comisión ha venido señalando a la atención el requisito obligatorio establecido en la Ley de la Administración del Estado de 2000, que dispone que, para poder postularse como candidato a un puesto de la administración pública, se requiere que la persona en cuestión no sea o no haya sido «miembro permanente del personal de los servicios de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia o contrainteligencia de la URSS, de la República Socialista Soviética de Letonia (SSR) o de algún Estado extranjero» (artículo 7, 8)) o «miembro de organizaciones prohibidas por ley o por decisión judicial» (artículo 7, 9)). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que estas disposiciones tienen la finalidad de garantizar una administración pública leal y políticamente neutral y que siguen siendo pertinentes y necesarias. Además, el Gobierno indica que esos artículos no se aplican a todas las personas en la administración del Estado sino únicamente a los funcionarios de la administración pública que llevan a cabo funciones de importancia nacional, tales como el desarrollo de políticas o la coordinación de sectores de actividad, o distribuyen recursos, o redactan legislación, y que dichas personas sólo eran 11 725 a finales de 2015. Si bien comprende y toma nota de las explicaciones del Gobierno, la Comisión hace hincapié en la redacción de la ley, cuyas disposiciones se aplican a cualquier puesto de la administración pública y al empleo en determinados servicios, independientemente del nivel de responsabilidad. La Comisión recuerda una vez más que la opinión política puede ser tenida en cuenta como exigencia inherente en virtud del artículo 1, 2), del Convenio sólo en el caso de determinados puestos que conlleven responsabilidades especiales directamente vinculados con el desarrollo de la política gubernamental. La Comisión recuerda una vez más que no se consideran discriminatorias en virtud del artículo 4 del Convenio las medidas adoptadas contra una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de haberse dedicado a determinadas actividades o acerca de la cual se haya demostrado que se ha dedicado a ellas. Esas medidas se convierten en discriminatorias cuando se adoptan a raíz de la pertenencia a un grupo o a una colectividad determinada. Además, las medidas deben referirse a actividades que pueden ser calificadas como perjudiciales para la seguridad del Estado, y la persona afectada tendrá derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 832-835). La Comisión recuerda que debe aplicarse el principio de proporcionalidad y que la excepción prevista en el artículo 4 debería interpretarse de manera restrictiva. La Comisión confía en que el Gobierno estará próximamente en condiciones de informar que ha modificado los artículos 7, 8), y 7, 9), de la Ley de la Administración del Estado para establecer y definir claramente las funciones a las que se aplican estos artículos. Además, pide al Gobierno que publique información sobre la aplicación de los artículos 7, 8), y 7, 9), en la práctica, con inclusión del número de personas despedidas o cuya solicitud se ha rechazado invocando esos artículos, los motivos de estas decisiones y las funciones de que se trate, así como información sobre el procedimiento de apelación del que disponen las personas afectadas, así como sobre los recursos presentados y sus resultados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brechas de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según las estadísticas publicadas en octubre de 2011 por la Administración Central de Estadísticas, la tasa de participación de las mujeres en la población activa era de alrededor del 23 por ciento en 2009, y que, en 2007, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres fue del 6,2 por ciento en los servicios: 10,8 por ciento en el comercio, 21 por ciento en la agricultura, 23,8 por ciento en la industria manufacturera y 38 por ciento en los transportes y las comunicaciones. La Comisión recuerda que resulta particularmente importante disponer de datos estadísticos completos, fiables y recientes sobre las remuneraciones de hombres y mujeres para poder elaborar, aplicar y, posteriormente, evaluar las medidas adoptadas con el fin de eliminar la discriminación en la remuneración. En cuanto a los salarios en el sector privado, el Gobierno señala que se ha puesto en contacto con la Confederación General de Trabajadores del Líbano, la Asociación de Industriales Libaneses y la Asociación de Dirigentes y Jefes de Empresa Libaneses, para obtener informaciones sobre los salarios y las eventuales diferencias salariales entre hombres y mujeres. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para recopilar y analizar dichos datos en los diversos sectores de actividad económica, incluyendo el sector público, y para las diversas categorías profesionales, y le pide que tenga a bien comunicarlos. La Comisión pide igualmente al Gobierno que tome medidas concretas para poner fin a las disparidades salariales entre hombres y mujeres, incluyendo medidas de sensibilización entre los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones con respecto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que proporcione informaciones sobre cualquier iniciativa que haya emprendido al respecto, así como sobre los eventuales obstáculos que hubieran podido encontrar.

Artículo 2. Legislación. Desde hace varios años, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que dé pleno cumplimiento legal al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Gobierno señala en su memoria que los comentarios de la Comisión se transmitirán a la comisión encargada del examen de la legislación y los métodos de trabajo y que el nuevo proyecto de Código del Trabajo (artículo 14) tiene ya en consideración las preocupaciones examinadas por la Comisión. Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que se asegure de que el proyecto del Código del Trabajo refleje expresamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, con miras a garantizar que exista una gran amplitud en la comparación no solamente respecto a los trabajos iguales o similares, sino también sobre trabajos de características totalmente distintas efectuados por hombres y mujeres. Confiando en que el Gobierno podrá informar próximamente sobre los progresos realizados en este sentido, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de las disposiciones pertinentes en cuanto hayan sido adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Liberia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Avances legislativos. Durante más de quince años la Comisión ha estado refiriéndose al hecho de que no existía legislación o política nacional que aplique el Convenio. La Comisión toma nota de la adopción en junio de 2015 de la Ley sobre el Trabajo Decente que brinda una protección amplia contra la discriminación en el sector privado. La Comisión toma nota en particular de que los párrafos 4 y 7 del artículo 2 definen y prohíben la discriminación directa e indirecta de todas las personas que trabajan o desean trabajar por todos los motivos previstos en el artículo 1, 1), a), del Convenio así como por una serie de motivos adicionales que incluyen la pertenencia a una tribu, ser miembro de los pueblos indígenas, estatus económico, comunidad, estatus de inmigrante o residente temporario, edad, discapacidad mental o física, orientación de género, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo y estado de salud, incluyendo la situación respecto del VIH y el sida. La Comisión también toma nota de que el párrafo 7, a), del artículo 2 que prohíbe la discriminación contra una persona «que trabaja o que desea trabajar en una práctica de empleo» leído conjuntamente con el párrafo 9 del artículo 2 de la ley, que define la «práctica de empleo» de manera amplia, incluyendo, entre otros, el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y ocupaciones o trabajos específicos, el aviso de puesto vacante, el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, la designación, promoción, remuneración, seguridad en el empleo y terminación de la relación de empleo, extiende la prohibición a todos los aspectos del empleo. La Comisión toma nota también de que el párrafo 8 del artículo 2 de la ley define y prohíbe tanto el acoso sexual de contrapartida (quid pro quo) como el resultante de un ambiente de trabajo hostil. La Comisión saluda las disposiciones relativas a la no discriminación y la igualdad en la Ley sobre Trabajo Decente de 2015 y pide al Gobierno que envíe información sobre su aplicación en la práctica, incluyendo detalles sobre los obstáculos encontrados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Luxemburgo

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2001)

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Motivos de discriminación prohibidos. Legislación. La Comisión acoge favorablemente las disposiciones de la ley de 3 de junio de 2016, que modifican el Código del Trabajo (artículo L. 241-1), de la ley de 13 de mayo de 2008, relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, así como los estatutos de los funcionarios comunales y del Estado. Dichas disposiciones prevén que «una discriminación basada en el cambio de sexo se asimila a una discriminación basada en el sexo». Sin embargo, la Comisión toma nota una vez más que, al omitir el color, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social, el Código del Trabajo (artículo L. 241-1) y los estatutos de los funcionarios comunales y del Estado, no abarcan a todos los motivos de discriminación prohibidos en el Convenio. El Gobierno indica en su memoria que el artículo 454 del Código Penal define la discriminación como «toda distinción entre las personas físicas, en razón de su origen, de su color de piel, […], de sus opiniones políticas […]» y que, según el mismo, los motivos que no estuviesen previstos ni en el Código del Trabajo ni en los estatutos de los funcionarios comunales y del Estado estarían así cubiertos. La Comisión señala que el artículo L. 244-3 del Código del Trabajo permite una inversión de la carga de la prueba ante los tribunales laborales, siempre que existan hechos que permitan presumir la existencia de una discriminación, al tiempo que, según el Código Penal, es el demandante el que tiene que probar la existencia de la discriminación. Al respecto, la Comisión considera que, en general, las acciones penales no bastan para eliminar la discriminación en el lugar de trabajo en razón del carácter particularmente sensible, de la cuestión especialmente debido a las especificidades propias del medio ambiente de trabajo (temor a represalias — pérdida del empleo —, jerarquía, etc.) y de la carga de la prueba, la cual es a menudo difícil de satisfacer. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión observa asimismo que, en caso de recurso por discriminación, la carga de la prueba puede ser un obstáculo importante, especialmente porque gran parte de la información necesaria en los casos relacionados con la igualdad y la no discriminación, obra en poder del empleador (párrafo 885). Con el fin de permitir que los trabajadores hagan valer de manera eficaz sus derechos, en materia de discriminación basada en los motivos enumerados por el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para modificar la lista de los motivos de discriminación prohibidos por el Código del Trabajo (artículo L. 241-1); la ley de 16 de abril de 1979, que fija el estatuto general de los funcionarios del Estado (artículo 1 bis); y la ley de 24 de diciembre de 1985, que fija el estatuto general de los funcionarios comunales (artículo 1 bis), con el fin de que se incluyan el color, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. Pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1, a) y b), y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. Durante varios años la Comisión ha venido señalando que la legislación nacional no incorpora plenamente el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión también toma nota de que la definición de salario en la Ley de Empleo de 1955 y en la Ley sobre el Consejo Nacional de Salarios, de 2011, no comprende las prestaciones en especie y excluye determinados elementos de la remuneración, tal como se definen en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la procedencia de incorporar el principio del Convenio a la legislación nacional se examinará en el marco de la revisión en curso de la legislación laboral, y más especialmente, de la Ley de Empleo. Considerando que dar pleno efecto legislativo al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es de especial importancia para garantizar la aplicación efectiva del Convenio, la Comisión confía en que, durante la revisión de su legislación laboral, el Gobierno adopte medidas específicas, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con el fin de incorporar expresamente a su legislación nacional el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que garantice que su legislación nacional permita la comparación no sólo de los mismos trabajos, sino también de los trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero, sin embargo, de igual valor, teniendo en cuenta que la igualdad debe extenderse a todos los elementos de la remuneración tal como se precisan en el artículo 1, a), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre todo progreso en relación con estas cuestiones. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT y le pide que transmita una copia del proyecto de legislación a la Oficina para su examen.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malí

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1968)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Evolución de la legislación. Definición del término «remuneración». Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Evaluación objetiva de los empleos. Desde 2014, la Comisión subraya que el artículo L.95 del Código del Trabajo no refleja el principio del Convenio. La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley núm. 2017-021, de 12 de junio de 2017, modificatoria de la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, que establece el Código del Trabajo, modifica el artículo L.95. El nuevo artículo L.95 contiene, en particular, una definición del término «remuneración» que corresponde a la del Convenio y refleja plenamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en la medida en que prevé que «todo empleador habrá de garantizar, por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, la igualdad de remuneración entre los asalariados, independientemente de su origen, sexo, edad, condición y discapacidad». El artículo prevé también que «las categorías y clasificaciones profesionales, así como los criterios de promoción profesional deben ser comunes a los trabajadores de ambos sexos» y que «los métodos de clasificación de los empleos deben basarse en consideraciones objetivas». En vista de lo que antecede, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para promover entre los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, los inspectores del trabajo y los jueces, la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor previsto en el artículo L.95 del Código del Trabajo en su forma enmendada. Además, pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para promover la elaboración y utilización de métodos objetivos de evaluación de los empleos libre de prejuicios de género y que comunique informaciones sobre todo progreso realizado o toda dificultad encontrada a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud que dirige directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

Artículos 1 y 5 del Convenio. Evolución de la legislación. Definición de discriminación. Motivos de discriminación cubiertos. Excepciones. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 2017-021 de 12 de junio de 2017 de enmienda de la ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 que establece el Código del Trabajo, que introduce disposiciones sobre la discriminación en el empleo y la ocupación en el Código del Trabajo. El artículo L.4 (nuevo) contiene una definición de la discriminación que coincide con la del Convenio, cubre los siete motivos de discriminación que figuran en el Convenio y añade la invalidez, la discapacidad y el VIH y el sida, y prevé la posibilidad de excepciones según lo que establecen el artículo 1, párrafo 2, y el artículo 5 del Convenio (exigencias inherentes para un empleo determinado y medidas especiales). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para difundir entre los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, los inspectores del trabajo y los jueces las nuevas disposiciones del artículo L.4 del Código del Trabajo relativas a la discriminación. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de estas disposiciones en la práctica, en particular sobre el número de quejas presentadas sobre esta base y sus resultados así como sobre el número y la naturaleza de los casos de discriminación detectados por la Inspección del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mongolia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores en los que tomó nota de la falta de referencia al principio del Convenio, tanto en la Ley del Trabajo como en la Ley de Promoción de la Igualdad de Género (LPGE), y destacó la importancia de hacer propicia la oportunidad que le brinda la reforma de la Ley del Trabajo para incorporar, en la legislación nacional, el concepto de «trabajo de igual valor» y adoptar una amplia definición del término «remuneración», de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el nuevo proyecto de ley del trabajo refleja el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y lo aplica, no sólo al salario básico, sino también a cualquier otro emolumento en concepto del empleo del trabajador. La Comisión también toma de nota de que, según el informe de avances de octubre de 2017 del proyecto de la OIT y de la Comisión Europea intitulado «Apoyo a los países beneficiarios del SPG Plus para la implementación efectiva de las normas internacionales del trabajo y el respeto de la obligación de enviar memorias», el Gobierno propuso someter al Parlamento el proyecto de Código del Trabajo revisado, y que, entre las enmiendas clave, que han sido apoyadas por los grupos de trabajo tripartitos, figura la inclusión del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión acoge con agrado las revisiones introducidas en el proyecto de ley del trabajo y solicita al Gobierno que transmita una copia de la nueva Ley del Trabajo en cuanto se haya adoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

Artículo 1 del Convenio. Evolución legislativa. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores sobre la elaboración de la nueva ley del trabajo y toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el nuevo proyecto de ley del trabajo contribuirá, una vez adoptado, de manera significativa a armonizar el marco jurídico nacional con el Convenio, dado que tiene en cuenta los comentarios recibidos, incluso respecto de los motivos de discriminación prohibidos, la exclusión de las mujeres de algunas ocupaciones, el acoso sexual, las restricciones relativas a las exigencias inherentes al empleo y la protección de los trabajadores con responsabilidades familiares. La Comisión acoge con agrado estos cambios y espera que se adopte pronto la nueva ley del trabajo y que esté de plena conformidad con el Convenio.

Exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre la exclusión de las mujeres de una amplia gama de ocupaciones en virtud del artículo 101.1, de la Ley del Trabajo, de 1999 y de la orden núm. 1/204, de 1999, que fue anulada en 2008. Toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, ese cambio no fue ampliamente divulgado, con el resultado de que muchos empleadores aún consideran que estas restricciones siguen en vigor. El Gobierno también indica que, en virtud del nuevo proyecto de ley del trabajo, no estará facultado para adoptar una lista de trabajos prohibidos para las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas proactivas con miras a una mayor sensibilización acerca de la ausencia de restricciones a la contratación de mujeres en determinadas ocupaciones y solicita al Gobierno que garantice que la que nueva ley del trabajo se limite estrictamente a la exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones o medidas dirigidas a la protección de la maternidad.

Artículo 1, 2).  Exigencias inherentes. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores sobre el artículo 6.5.6 de la Ley de la Promoción de la Igualdad de Género (LPGE) de 2011, que autorizan la contratación de una persona de un sexo determinado «basándose en la naturaleza específica de algunos lugares de trabajo tales como las instituciones de enseñanza preescolar». La Comisión también tomó nota de que algunas otras disposiciones de la LPGE son demasiado amplias a la hora de permitir distinciones basadas en motivos de género (artículos 6.5.1 y 6.5.2). La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, en el nuevo proyecto de ley del trabajo, no están contempladas esas limitaciones, lo cual se ajusta al concepto de exigencias inherentes de un trabajo, que está consagrado en el artículo 1, 2), del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que revise los artículos 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.6 de la LPGE, a efectos de garantizar que no se le niegue en la práctica a hombres y mujeres la igualdad de oportunidades y de trato respecto de su empleo, y espera que las disposiciones relativas a las exigencias inherentes del empleo en la nueva ley del trabajo estén de conformidad con el Convenio y sean adoptadas próximamente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Montenegro

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2006)

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración. Legislación. La Comisión tomó nota en su solicitud anterior de que, si bien la Ley sobre las Enmiendas a la Ley del Trabajo, de 2011, prevé explícitamente en su artículo 77, 2), el principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor al garantizar a cada empleado, hombre o mujer, un salario igual por un trabajo igual o un trabajo del mismo valor realizado para un empleador, el artículo 77, 3), de la misma ley sigue limitando el concepto de trabajo de igual valor al mismo nivel educativo o de educación, así como de calificaciones profesionales, responsabilidades, competencias, condiciones y resultados del trabajo. La Comisión también señala a la atención del Gobierno el hecho de que la expresión «para un empleador» en el artículo 77, 2), de la Ley del Trabajo limita la aplicación del principio de igualdad de remuneración a los trabajadores empleados por el mismo empleador. Asimismo, pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación vele no sólo por la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres trabajadores por el mismo trabajo o por uno similar, sino también en situaciones en que hombres y mujeres realizan un trabajo diferente (incluyendo bajo condiciones de trabajo diferentes e incluso en establecimientos diferentes) que, sin embargo, globalmente sea de igual valor. El Gobierno señala en su memoria que los comentarios de la Comisión sobre el concepto de trabajo de igual valor, en especial el artículo 77 de la Ley del Trabajo, podrá ser considerado por el Grupo de Trabajo tripartito creado para la revisión de la nueva Ley del Trabajo, prevista en el marco del Plan de acción para la negociación del capítulo 19 sobre política social y empleo y cuya adopción está programada para el último trimestre de 2017. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el hecho de que el concepto de trabajo de igual valor entraña la comparación del valor relativo de trabajos u ocupaciones que pueden implicar diferentes tipos de calificaciones, responsabilidades o condiciones de trabajo pero que, sin embargo representan en general un trabajo del mismo valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673, 675 y 677). Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno que aproveche la oportunidad que le brinda esta revisión de la Ley del Trabajo para modificar su artículo 77 con el objeto de dar plena expresión legislativa al principio del Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre todas las medidas adoptadas a este fin.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Noruega

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1982)

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación. La Comisión toma nota con interés de la enmienda del primer párrafo del artículo 12-10 de la Ley sobre el Entorno de Trabajo (WEA) que amplía el ámbito de las personas cubiertas por la disposición relativa al derecho a cuidar a los miembros de la familia que se encuentran en la fase terminal de una enfermedad, que pasa de «parientes cercanos» a «personas cercanas al paciente». Esto significa que ese ámbito ahora incluye a los amigos, los vecinos y otras personas de la comunidad local con las que el paciente tiene una relación estrecha y que pueden cuidarlo sin que éste se sienta incómodo. La Comisión toma nota de que los sesenta días durante los que se otorgan prestaciones por cuidados son por paciente y pueden ser utilizados con flexibilidad, e incluso repartirse entre diferentes cuidadores. Asimismo, la Comisión toma nota de la inclusión en el segundo párrafo del derecho de los trabajadores a tomar licencias de hasta diez días al año para proporcionar los «cuidados necesarios» a sus padres, cónyuge, pareja conviviente o pareja registrada y señala que los tipos de cuidados que se consideran «necesarios» deben determinarse en cada caso concreto. La licencia para prestar «cuidados necesarios» no da derecho al trabajador a recibir prestaciones por cuidados para compensar la pérdida de ingresos. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación práctica del artículo 12 de la Ley sobre el Entorno de Trabajo, incluida información estadística pertinente y todas las evaluaciones realizadas a fin de determinar la eficacia de dicha Ley en la promoción del equilibrio entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares para hombres y mujeres sin discriminación.

Nueva Zelandia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de Business Nueva Zelandia, presentadas por el Gobierno junto a su memoria.

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores, en los que ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la Ley de Relaciones de Empleo (ERA), de 2000, la Ley de Derechos Humanos (HRA), de 1993, y la Ley de Igualdad de Salarios (EPA), de 1972, no reflejan plenamente el principio del Convenio, puesto que limitan el requisito de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, o por un trabajo esencialmente similar. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelandia en el caso Terranova Homes & Care Ltd contra Service and Food Workers’ Union Nga Ringa Tota Inc. (documento CA631/2013[2014]NZCA516, de 28 octubre de 2014), llegó a la conclusión de que la EPA no se limita a establecer la igualdad de remuneración por el mismo trabajo o por un trabajo similar. El Tribunal estimó que, para comparar un trabajo realizado exclusivamente o de manera predominante por mujeres, puede ser importante considerar como prueba los salarios pagados por otros empleadores y en otros sectores, y tener en cuenta cualquier prueba de infravaloración sistemática del trabajo en consideración. Tras la sentencia del Tribunal de Apelaciones, se esperaba que el Tribunal de Empleo estableciera los principios generales que han de observarse para la aplicación de la igualdad de remuneración, con miras a dar una orientación a las partes en las negociaciones, como prevé el artículo 9 de la EPA.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual todas las reclamaciones de igualdad de remuneración en virtud de la EPA, se encuentran en la actualidad en suspenso, como consecuencia del acuerdo alcanzado en octubre de 2015 entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre el establecimiento de un grupo mixto de trabajo (JWG) para «desarrollar principios para abordar las reclamaciones de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», en virtud de la EPA. La Comisión toma nota de que el JWG formuló un conjunto de recomendaciones a este respecto, que están siendo examinadas por el Gobierno. Según las observaciones del NZCTU, esas recomendaciones darían lugar finalmente a unas enmiendas a la EPA y a la Ley de Relaciones de Empleo. La Comisión toma nota de que efectivamente se introdujo al Parlamento, el 26 de julio de 2017, un proyecto de ley de empleo (igualdad de remuneración y remuneración igual), con el fin de eliminar y prevenir la discriminación basada en motivos de género, en la remuneración y en otras condiciones de empleo. El proyecto de ley distingue entre los reclamos por remuneración igual, los reclamos por discriminación ilegal (no remunerativo) (artículo 11) y reclamaciones de igualdad de remuneración. Toma nota de que los reclamos por remuneración igual se relacionan con el trabajo realizado fundamentalmente por mujeres, cuando existen motivos razonables para creer que el trabajo ha sido históricamente infravalorado y sigue siendo objeto de infravaloración sistemática por motivo de sexo (artículo 14, 1) y 2)). La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sigue limitando los reclamos por «remuneración igual» a «el mismo trabajo o un trabajo sustancialmente similar» (artículos 8, 1), a), 9, 1), a), y 9, 2)), y que las reclamaciones de igualdad de remuneración tienen relación con elementos de diferenciación basada en motivos de género en las tasas de remuneración cuando la tasa es inferior a la que se le habría pagado a los trabajadores hombres «con las mismas, o sustancialmente las mismas, competencias, responsabilidades y experiencia; y la realización de un trabajo en las mismas, o sustancialmente similares, condiciones; y la realización de un trabajo que implica los mismos, o sustancialmente similares, grados de esfuerzo» (artículos 8, 1, b), 8, 3), así como 9, 1), c), y 3)).

La Comisión desea destacar una vez más que el concepto de «trabajo de igual valor» es la piedra angular del Convenio, permite un amplio margen de comparación, que incluye, pero que va más allá, de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual» el «mismo» o «similar» y también engloba al trabajo que es de naturaleza completamente diferente pero, no obstante, de igual valor. De ello se desprende que los trabajos que han de compararse en base a factores objetivos (como las competencias, los esfuerzos, las responsabilidades, las condiciones de trabajo, etc.) pueden implicar diferentes tipos de competencias, responsabilidades o condiciones de trabajo, pudiendo, no obstante, ser globalmente de igual valor. Como tal, el principio del Convenio no es equivalente al concepto de «igualdad de remuneración», como está consagrado en el proyecto de ley, ni queda reflejado plenamente en la disposición relativa a «igualdad de remuneración por el mismo, o sustancialmente el mismo, trabajo». La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución relacionada con la aprobación de las recomendaciones elaboradas por el grupo mixto de trabajo y las acciones de seguimiento, incluidas las posibles enmiendas a la legislación actual, con miras a dar plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En este contexto, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para garantizar que la legislación revisada, incluida la Ley de Igualdad de Salarios, refleje plenamente el principio del Convenio. La Comisión también reitera su solicitud de información sobre la manera en que se garantiza que, cuando se aplica la Ley de Relaciones de Empleo, de 2000, y la Ley de Derechos Humanos, de 1993, se tiene en cuenta el concepto más amplio de trabajo de igual valor consagrado en el Convenio. Asimismo, la Comisión también pide al Gobierno que siga comunicando información sobre cualquier otra decisión judicial o administrativa relacionada con el principio del Convenio.

Segregación ocupacional y brecha de remuneración por motivos de género. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de la necesidad de medidas para abordar la infravaloración del trabajo realizado por mujeres en el sector de la prestación de cuidados, así como en otros sectores que emplean predominantemente a mujeres, incluido el apoyo a la educación especial y el trabajo social. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por el NZCTU, según las cuales, sobre la base de la sentencia del Tribunal de Apelaciones antes mencionado, los sindicatos que representan a los trabajadores de la prestación de cuidados y de apoyo en el sector de la salud y la discapacidad, se presentaron más de 2 500 reclamaciones sobre igualdad de remuneración en el Tribunal de Empleo, en virtud de la EPA. La Comisión toma nota de que, en 2015, el Gobierno autorizó al Ministerio de Salud a iniciar negociaciones con los agentes interesados para abordar las reclamaciones de igualdad de remuneración, que se encuentran en la actualidad ante el Tribunal de Empleo y, en 2017, se alcanzó un acuerdo entre las partes. La Comisión toma nota, en particular, de que la Ley de Resolución de las cuestiones relacionadas con la Igualdad de Remuneración de los Trabajadores de Prestación de Cuidados y Asistencia, de 2017, especifica las tasas salariales mínimas por hora pagaderas por los empleadores a los trabajadores de prestación de servicios y de apoyo, y exige que los empleadores respalden a los trabajadores de prestación de servicios y asistencia para obtener competencias. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en 2014, el Ministerio de Salud entabló negociaciones con el sector de apoyo a los hogares y a la comunidad, las juntas de salud de distrito y los sindicatos, a efectos de abordar las reclamaciones sobre las cuestiones relativas a los desplazamientos y, en particular, a los desplazamientos entre un cliente y otro, que afectan a los niveles de remuneración. Las negociaciones redundaron en un acuerdo que permite que todos los trabajadores de prestación de cuidados y asistencia en el sector de apoyo a los hogares y a la comunidad, sean remunerados por el tiempo de desplazamiento y por el kilometraje, y en la adopción de la Ley de Resolución (pago en concepto de viajes entre clientes) de las cuestiones relacionadas con el Apoyo a los Hogares y a la Comunidad, de 2016. La Comisión toma nota, en particular, de que el acuerdo requiere también que se investigue la transición de la fuerza de trabajo a una fuerza de trabajo regularizada, con horas garantizadas y una formación idónea para la capacitación, entre otras cosas. La Comisión toma nota de que el NZCTU también se refiere a las reclamaciones de igualdad de remuneración presentadas por el sindicato que representa a los trabajadores de asistencia a la educación empleados por el Ministerio de Educación y por el sindicato del sector público — Asociación de la Administración Pública (PSA) — en nombre de los trabajadores sociales que se desempeñan en los servicios de la niñez, la juventud y la familia. El NZCTU también indica que estuvieron en curso durante un tiempo negociaciones con los representantes sindicales de los empleados de oficina en el sector de la salud pública en la junta de salud del distrito de la Isla del Sur, pero no realizaron progresos. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por Business Nueva Zelandia, que recuerda que el trabajo de la prestación de cuidados es parte del ejercicio de reevaluación de los trabajos, que se llevó a cabo cuando se introdujo la EPA en 1972 y destaca que el nivel de baja remuneración en este sector «no es tanto una cuestión de infravaloración como de fondos disponibles», dado que existe la necesidad de que se tenga en cuenta la capacidad de los usuarios para hacer frente a los costos de los servicios de que se trata. Con respecto a las medidas dirigidas a abordar la segregación ocupacional por motivos de género y su impacto en la brecha de remuneración por motivos de género, la Comisión se remite a sus comentarios en relación con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno que, si bien el Convenio es flexible en cuanto a la elección de las medidas y el calendario para aplicarlo, no admite compromisos en cuanto al objetivo perseguido (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 670). Al tiempo que acoge con beneplácito los acuerdos alcanzados, la Comisión, con miras a garantizar que los acuerdos salariales aborden la cuestión de la infravaloración del trabajo realizado por mujeres, en consonancia con el principio del Convenio, solicita al Gobierno que comunique información sobre los métodos de evaluación de los trabajos que se emplearon en el contexto de estos acuerdos, y sobre los resultados de los casos pendientes relativos a la igualdad de remuneración presentados en nombre de los trabajadores de asistencia a la educación, los trabajadores sociales y los empleados de oficina. La Comisión también solicita al Gobierno que indique cualquier otra medida adoptada para abordar la infravaloración del trabajo realizado por las mujeres en los sectores en los que están empleadas de manera predominante.

Artículo 3.  Evaluación de los empleos en el sector privado. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se ha realizado hasta el momento ninguna evaluación sobre el uso que han hecho los sectores público y privado de las herramientas y los recursos de igualdad de remuneración y de empleo disponibles. En ese sentido, la Comisión toma nota de la información comunicada por Business Nueva Zelandia, según la cual muchos empleadores del sector privado de Nueva Zelandia hacen uso de diversas herramientas disponibles, incluido el sistema de evaluación Hay basado en diversos factores. Business Nueva Zelandia señala que estas evaluaciones se centran en la empresa, puesto que las evaluaciones en las organizaciones correrían el riesgo de socavar la competencia. La Comisión también toma nota de la opinión del NZCTU, según la cual se requiere un mayor apoyo del Gobierno, incluida la formación pertinente, a efectos de promover el uso de las herramientas de igualdad de remuneración y de empleo disponibles, como también recomendó el JWG. La Comisión recuerda que, cuando las mujeres están más intensamente concentradas en determinados sectores u ocupaciones, existe el riesgo de que sean insuficientes las posibilidades de comparación a escala de la empresa o del establecimiento. Además, la Comisión también destaca la importancia de garantizar que, cualesquiera sean los métodos utilizados para la evaluación objetiva de los empleos, se debe observar un cuidado especial para garantizar que estén exentos de prejuicios de género y que la selección de los factores de comparación, la ponderación de esos factores y la comparación propiamente dicha no sean discriminatorias, ya sea directa o indirectamente (Estudio General de 2012, párrafos 698, 700 y 701). La Comisión solicita al Gobierno que indique toda medida adoptada o prevista con miras a promover la utilización de métodos de evaluación objetiva de los empleos que estén exentos de prejuicios de género, incluida la formación específica sobre el uso de las herramientas y los recursos de igualdad de remuneración y de empleo existentes para los trabajadores y los empleadores y sus organizaciones en el sector privado, y las iniciativas de sensibilización sobre el concepto de «trabajo de igual valor».

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de Business Nueva Zelandia, presentadas por el Gobierno junto a su memoria.

Artículo 2 del Convenio. Acceso al empleo y a la formación profesional – poblaciones maorí y de las islas del Pacífico. La Comisión toma nota de la amplia información comunicada por el Gobierno sobre las diversas iniciativas emprendidas con miras a mejorar los niveles de educación y competencias de los hombres y mujeres que pertenecen a las poblaciones maorí y de las islas del Pacífico, así como sus oportunidades de empleo, incluida la iniciativa Poblaciones étnicas en el comercio de Nueva Zelandia (EPIC NZ), la iniciativa Formación de oficios de las poblaciones maorí y pasifika y el sistema de garantía de empleo juvenil. La Comisión toma nota, en particular, de que durante 2015, participaron en la formación industrial 135 941 aprendices financiados, el 17,2 por ciento de los cuales eran de la población maorí, el 8,4 por ciento de la población del Pacífico y el 33,4 por ciento, mujeres. También toma nota de que el número de aprendices financiados de Nueva Zelandia que participan en la formación profesional aumentó de 14 886 en 2012, a 25 238 en 2015, pasando el porcentaje de participantes de las poblaciones maorí y del Pacífico del 15,4 por ciento y del 2,7 por ciento al 14,6 por ciento y al 4,9 por ciento, respectivamente. La Comisión toma nota de que la participación de la mujer descendió del 11,7 por ciento al 7,6 por ciento. En ese sentido, la Comisión toma nota de la observación del NZCTU, según la cual la financiación de la formación se centra en los oficios predominantemente masculinos, como la formación en fontanería, construcción y electricidad.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, si bien los índices de aprovechamiento de las calificaciones para las poblaciones maorí y de las islas del Pacífico están mejorando, incluidas las calificaciones de postsecundaria, siguen situados por debajo de los de otros grupos étnicos. El Gobierno indica que la nueva Estrategia de Educación Terciaria (TES), 2014-2019, propone mejorar el logro de las poblaciones maorí y pasifika, mediante el reconocimiento de sus diversas necesidades. La Comisión también toma nota de que, con arreglo a la iniciativa Te Puni Kōkiri Cadetships, que se dirige a mejorar los logros de la población maorí en las calificaciones de nivel más elevado, se establecieron asociaciones con empleadores en industrias específicas, que incluyen la energía, la infraestructura de telecomunicaciones, transporte y logística, elaboración de alimentos, fabricación intensiva en conocimiento o industrias primarias (excluido el sector forestal). Además, el número de aprendices que siguen en el empleo ha aumentado de un 71 por ciento, en 2009, a un 100 por ciento en 2013-2014. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones del NZCTU, según las cuales, con arreglo a la herramienta de la Comisión de Derechos Humanos de seguimiento de la igualdad en el trabajo, las poblaciones maorí y del Pacífico están atrasándose respecto de otras etnias, siendo especialmente marginadas las mujeres jóvenes de las poblaciones maorí y pasifika. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para mejorar los niveles de educación y de competencias y las oportunidades de empleo de los hombres y las mujeres que pertenecen a las poblaciones maorí y de las islas del Pacífico y que comunique información sobre su impacto en el tratamiento de las desigualdades vigentes a las que hacen frente en la práctica las poblaciones maorí y de las islas del Pacífico. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la asociación He kai kei aku ringa entre la Corona y la población maorí, dirigida a promover el desarrollo económico de la población maorí, incluida la información relativa a toda medida adoptada o prevista para garantizar su derecho a participar, sin ninguna discriminación, en sus tradicionales ocupaciones y medios de vida. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando estadísticas desglosadas por sexo sobre las tasas de participación y de finalización escolar de las poblaciones maorí y de las islas del Pacífico en la formación profesional y en la educación, y su participación en el empleo en los sectores público y privado.

Acceso al empleo y a la formación profesional – Mujeres. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, tras los terremotos de Canterbury, el Ministerio de Asuntos de la Mujer (MWA) estableció asociaciones con algunos directivos de la industria, dirigentes de la comunidad y proveedores de formación local, con miras a mejorar el empleo de la mujer, ayudar a cubrir los déficits de competencias en Canterbury y promover la participación de las mujeres en distintos oficios. La Comisión toma nota de que, en 2014, también se introdujo, en el Instituto Politécnico de Tecnología de Christchurch (CPIT), la iniciativa Mujeres en las becas de oficios, que cubre los derechos de matrícula de las mujeres que estudian en programas de oficios de nivel 1-4, en el CPIT. El Gobierno indica que las inscripciones de mujeres en la formación de oficios, en el CPIT, aumentaron de 50, en 2011, a 414 en 2014. El Gobierno también informa que, en el trimestre de diciembre de 2015, eran 1 700 más las mujeres empleadas en la industria de la construcción de Canterbury que en el mismo trimestre del año anterior, lo que representa un 16,7 por ciento de los trabajadores de la construcción de Canterbury. La Comisión toma nota de la observación del NZCTU, según la cual, si bien la campaña del MWA para impulsar el acceso de la mujer a los sectores de predominio tradicional masculino había tenido algún éxito en Canterbury, en general el número de mujeres en los aprendizajes sigue siendo bajo, representando las mujeres aproximadamente el 10 por ciento de todos los aprendices. El NZCTU indica que el número de mujeres aprendices de la industria es relativamente estable, con 40 474, en 2012, y 40 733, en 2014, mientras que las mujeres representan más del 80 por ciento de los aprendices en las áreas industriales de apoyo comunitario, servicios y peluquería, de predominio tradicionalmente femenino. La Comisión toma nota de la recomendación de NZCTU, según la cual se requerirían medidas adicionales para aumentar la participación de la mujer en los sistemas de formación de aprendizajes. El NZCTU destaca asimismo que las mujeres graduadas predominan en la salud/medicina, en la educación, el derecho, la administración y el comercio, al tiempo que su número sigue siendo relativamente bajo en la ingeniería, en las tecnologías de la información y afines. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para mejorar más la participación de la mujer en la formación industrial y el sistema de aprendizaje de Nueva Zelandia, y para promover su acceso a áreas de estudio en las que su número ha sido tradicionalmente bajo, como la ingeniería, la ciencia y la tecnología, y que comunique información, incluidas las estadísticas desglosadas por sexo, sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Países Bajos

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones relativas a la memoria del Gobierno formuladas por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) y la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), recibidas el 31 de agosto de 2016.

Artículo 2 del Convenio. Medidas para abordar las diferencias en la remuneración de los trabajadores a tiempo parcial. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información detallada sobre el dictamen del Consejo Económico y Social (SER) sobre la discriminación en el mercado de trabajo, incluso en lo que respecta al alcance del examen de las recomendaciones del grupo de trabajo «Tiempo Parcial Plus» en 2010 para reducir las diferencias en la remuneración de hombres y mujeres. La Comisión recuerda que el grupo de trabajo «Tiempo Parcial Plus» se estableció para tratar la igualdad de remuneración en un contexto nacional amplio en el que por lo general, los hombres trabajan a tiempo completo y las mujeres a tiempo parcial. La Comisión toma nota de que el estudio más reciente sobre la igualdad de remuneraciones publicado por la Oficina Central de Estadística (CBS) en noviembre de 2016, y al que hace referencia el Gobierno en su memoria, indica que el promedio horario de los salarios de los trabajadores a tiempo parcial es relativamente bajo en comparación con el de los trabajadores a tiempo completo y, que las considerables diferencias de remuneraciones entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial siguen persistiendo. El estudio llegó a la conclusión de que en 2014, el 32 por ciento de los trabajadores y el 79 por ciento de las trabajadoras estaban ocupados a tiempo completo en el sector privado, en comparación con el 24 por ciento de los trabajadores y el 70 por ciento de las trabajadoras en el sector público. Asimismo, el trabajo a tiempo parcial también es más común en los sectores en los que predominan las mujeres y en cinco sectores en los que se registra el número más alto de trabajadores a tiempo parcial, el estudio indica que los sectores de la hotelería, restauración y comercio — en el que trabajan numerosas mujeres — son aquellos en los que los salarios por hora son más bajos. Al tiempo de saludar la labor de investigación realizada sobre las diferencias en materia de igualdad de remuneración y de trabajo a tiempo parcial, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones sobre las medidas específicas que se hubieran adoptado para reducir las diferencias de remuneración, incluido el seguimiento de las recomendaciones del grupo de trabajo «Tiempo Parcial Plus». Además, la Comisión toma nota de que la FNV y la CNV señalan que la injustificada diferencia de remuneraciones respecto del trabajo a tiempo parcial también existe en otras formas atípicas de empleo, incluidos el trabajo de duración determinada, o los contratos con cero o un número indefinido de horas de trabajo, y el caso de los trabajadores por cuenta propia que realizan un trabajo regular y alientan al Gobierno a ampliar el estudio de la diferencia de remuneraciones por motivo de género a otras formas de contratos de trabajo atípicos, y examinar el escaso número de procedimientos judiciales iniciados a este respecto. En relación con la promoción del trabajo a tiempo parcial como medio para que los trabajadores puedan conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares, y para promover el empleo a tiempo completo de los cónyuges que trabajan, especialmente las mujeres, la Comisión se remite a los comentarios que formula en relación con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). Al tomar nota de las medidas adoptadas y el seguimiento dado a las recomendaciones para reducir la brecha de remuneración entre hombres y mujeres continúan siendo vagas, en lo que respecta a los trabajadores a tiempo parcial, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas más específicas para reducir la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta el elevado número de mujeres ocupadas en un trabajo a tiempo parcial y su concentración en empleos generalmente menos remunerados, y que informe detalladamente sobre los resultados obtenidos. Además, la Comisión pide al Gobierno que considere ampliar el estudio relativo a la diferencia salarial entre hombres y mujeres a otras formas atípicas de contratos de trabajo, y examinar los obstáculos que puedan existir para que los trabajadores ocupados en relaciones laborales de empleo no regulares inicien acciones judiciales en relación con las desigualdades de remuneración entre hombres y mujeres, y que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Medidas para abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que transmitiera información sobre todas las medidas proactivas adoptadas, incluida información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones en relación con una campaña de igualdad de remuneración, la aplicación de las disposiciones en materia de igualdad salarial por la inspección del trabajo y el desarrollo de una política de igualdad de remuneración cuando se proporciona apoyo gubernamental a las instituciones financieras, ya que la brecha de remuneración es significativa en este sector. La Comisión toma nota del estudio de la CBS sobre la igualdad de remuneración, según el cual la diferencia de remuneración por motivo de género en el sector público no corregida — basada en el salario bruto por hora —, se redujo del 13 por ciento en 2010 al 10 por ciento en 2014. Sin embargo, en el sector privado la diferencia de remuneración por motivo de género se mantuvo en el 20 por ciento. Una vez efectuada la corrección (teniendo en cuenta las diferencias que existen en el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a tiempo completo, la edad, el nivel de ocupación y los puestos de dirección) en 2014 persistió una diferencia del 5 por ciento en el sector público y del 7 por ciento en el privado. Asimismo, el estudio indica que la diferencia de remuneración por motivo de género se incrementa con la edad, y que en las empresas del sector privado en las que predominan las mujeres, el salario horario promedio es inferior. En el sector privado, las mujeres que ocupan puestos de dirección tienen remuneraciones considerablemente inferiores a las de los hombres en puestos similares y la segregación ocupacional persistente tiene repercusiones negativas en el salario de las mujeres en el sector de la salud, en el que la diferencia de remuneración por motivo de género es la más elevada. En relación con las medidas para reducir las diferencias de remuneración por motivo de género, el Gobierno informa que en el documento de asesoramiento del SER denominado «¡La discriminación no funciona!» publicado en abril de 2014, se hace hincapié en que, para abordar la discriminación en el mercado de trabajo, es necesario comprometer la responsabilidad colectiva del Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como de otros actores sociales, y de que, en respuesta a esta sugerencia, el Gobierno presentó el Plan de acción contra la discriminación en el mercado de trabajo (mayo de 2014) — actualizado en 2016. El Gobierno señala que en el marco del plan las medidas incluyen: i) la publicación por la Fundación del Trabajo de la Carta de la Diversidad en julio de 2015; ii) la creación de un equipo especial contra la discriminación en el ámbito de la inspección del trabajo, y iii) la realización de estudios de investigación adicionales sobre igualdad salarial. La Comisión toma nota de que el nuevo estudio periódico sobre la igualdad salarial en los sectores público y privado publicado por la CBS (noviembre de 2016) y los estudios iniciados en 2016 (Instituto de Investigación de Derechos Humanos de los Países Bajos (NIHR)) sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en los establecimientos de educación superior. Al tiempo de saludar esas iniciativas, la Comisión observa que, además de la investigación adicional sobre igualdad de remuneraciones, la información proporcionada por el Gobierno es insuficiente para evaluar la eficacia de las soluciones propuestas para reducir la brecha salarial por motivo de género, incluido el seguimiento a las recomendaciones antes mencionadas. La Comisión toma nota de que la FNV y la CNV instan al Gobierno a controlar la eficacia de las medidas relativas a la brecha de remuneraciones por motivo de género a intervalos regulares y celebrar consultas con los interlocutores sociales sobre la manera de mejorar la eficacia. Al tomar nota de que la diferencia de remuneración no corregida entre hombres y mujeres sigue siendo considerable y que el Gobierno no ha proporcionado otras informaciones sobre las medidas adicionales tomadas para reducir, en cooperación con los interlocutores sociales, la parte de la diferencia en la remuneración que pueda obedecer a la discriminación, la Comisión insta firmemente al Gobierno a proporcionar esa información en su próxima memoria. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas, en cooperación con los interlocutores sociales para abordar los efectos de la segregación ocupacional en determinados sectores de empleo en las diferencias salariales entre hombres y mujeres, en particular en el sector de la salud, y que adopte medidas específicas para reducir la brecha salarial por motivo de género en las empresas del sector privado en las que predominan las mujeres y a nivel directivo superior. La Comisión alienta al Gobierno a realizar el seguimiento, en consulta con los interlocutores sociales, de la eficacia de las medidas relativas a la diferencia salarial por motivo de género, y le pide que proporcione información sobre los resultados obtenidos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1973)

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la memoria del Gobierno formulada por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) y la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), recibidas el 31 de agosto de 2016.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de la adopción del Plan de acción contra la discriminación en el mercado de trabajo, de 2014, siguiendo el dictamen del Consejo Económico y Social «¡La discriminación no funciona!» (hecho público en 2014). El plan, actualizado en 2016, hace hincapié en la responsabilidad colectiva del Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de otros agentes sociales, para hacer frente a la discriminación en el mercado de trabajo. Éste incluye medidas genéricas para combatir la discriminación con cinco ejes (control de aplicación; presentación de informes; conocimiento y sensibilización; política de diversidad, e investigación), y medidas adicionales destinadas a grupos específicos. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre las diversas medidas adoptadas para aplicar el Plan de acción contra la discriminación en el mercado de trabajo, que incluyen: la Carta de la Diversidad, establecida por la Fundación del Trabajo en julio de 2015 para ayudar a empleadores y trabajadores en los sectores público y privado, y firmada por más de 65 empresas públicas y privadas; la campaña de lucha contra la discriminación laboral en 2016, centrada en la selección y la contratación, y que incluye una guía práctica para los empleadores; una guía para reforzar la voluntad de informar acerca de la discriminación; el equipo antidiscriminación en el ámbito de la inspección del trabajo, y un modelo de acuerdo para contratación de mano de obra flexible, que incluye una cláusula de terminación en caso de que una empresa sea condenada penalmente por discriminación relacionada con el empleo. La Comisión toma nota de que, si bien reconocen que el Gobierno ha trabajado estrechamente con los interlocutores sociales para elaborar y apoyar programas para enfrentar la discriminación en el mercado de trabajo, la FNV y la CNV subrayan la necesidad de demostrar que las medidas adoptadas logran sus objetivos. Al tomar nota de que los informes sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción contra la discriminación en el mercado de trabajo son sometidos al Parlamento a intervalos regulares, la Comisión confía en que dichos informes incluyan una evaluación para determinar si las medidas adoptadas han producido resultados efectivos para el logro de una igualdad formal y sustantiva en el empleo y la ocupación, así como en la eliminación de la discriminación por los motivos enumerados en el Convenio, y pide al Gobierno que comunique información a este respecto.

Igualdad de oportunidades y de trato de las minorías étnicas en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que señalaba las altas tasas de desempleo entre las personas de origen inmigrante no occidentales (personas con ambos padres nacidos fuera de los Países Bajos) y la necesidad de abordar la discriminación entre determinados grupos étnicos, especialmente los de origen turco y marroquí en relación con su acceso al mercado de trabajo. Es necesario adoptar medidas para abordar las diferencias no explicadas en la tasa de desempleo entre los holandeses nativos y las minorías no occidentales, y fijar objetivos específicos en el contexto de proyectos y programas dirigidos a eliminar la discriminación basada en motivos de raza, color y ascendencia nacional, y que evalúe la eficacia de esos programas. La Comisión toma nota de que, según el informe de integración anual 2016 publicado por la Oficina de Estadística de los Países Bajos, una de cada tres personas empleadas de origen no occidental trabaja con un contrato flexible, mientras que entre los holandeses nativos esa proporción es de uno de cada cinco. Mientras que la tasa de desempleo de las personas de origen inmigrante no occidental, especialmente las mujeres de origen turco y marroquí, disminuyó en 2016 al 13,2 por ciento (del 16,5 por ciento en 2014), es más elevada entre los inmigrantes de segunda generación. El empleo de los jóvenes de origen no occidental es especialmente alto (22 por ciento comparado con el 9 por ciento de los jóvenes holandeses nativos). Entre las personas más educadas de origen no occidental la tasa de desempleo es dos a tres veces más elevada que en el caso de los holandeses nativos con mayor nivel educativo. El Gobierno ha suministrado datos estadísticos mostrando que las personas no occidentales de origen inmigrante representaban sólo el 5 por ciento de los empleados del sector público en 2015 (en comparación con el 8,5 por ciento de las personas occidentales de origen inmigrante y el 86,5 por ciento de los holandeses nativos). La Comisión toma nota de las observaciones de la FNV y la CNV de que los jóvenes de origen no holandés, en particular los de origen marroquí, turco y del Caribe, siguen teniendo dificultades para ingresar al mercado de trabajo, y de que sigue siendo motivo de preocupación la discriminación en la contratación respecto a las personas con un apellido de consonancia no holandesa. A este respecto, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de la información publicada por el Instituto de Derechos Humanos de los Países Bajos (el Instituto) sobre el número relativamente elevado de casos recibidos por los organismos competentes en materia de igualdad y derechos humanos que tratan de la discriminación basada en la raza (que incluye color, y el origen nacional y étnico). En 2015, el 43 por ciento de las quejas recibidas por los Servicios contra la Discriminación (ADV) se refería a la discriminación racial, y las decisiones del Instituto relativas a ese tipo de discriminación se incrementaron del 10 por ciento en 2014 al 23 por ciento en 2016.

En relación con las medidas específicas adoptadas para abordar la discriminación contra las personas de origen no occidental, el Gobierno indica que el Plan de acción contra la discriminación en el mercado de trabajo contiene diversas medidas destinadas a grupos específicos, incluidos inmigrantes no occidentales. Entre las medidas genéricas se pueden mencionar la publicación de la Carta de la Diversidad, la campaña contra la discriminación y la mejora del procedimiento de información y registro de incidentes en materia de discriminación ante los ADV y el Instituto. Además, el programa «Gobierno Inclusivo» tiene el objetivo de promover organizaciones inclusivas especialmente en los ámbitos de la juventud, el empleo, la educación, el cuidado de la salud, el bienestar y el sector judicial. Asimismo, el Gobierno informa que abordar la discriminación es parte integrante de una estrategia de empleo juvenil centrada específicamente en las personas con bajas calificaciones o de origen no occidental. Las políticas estarán centradas en la orientación profesional, la cooperación y la participación activa de los empleadores; 75 empleadores firmaron un «acuerdo de trabajo» a estos efectos. En relación con las políticas de diversidad en el sector público, el Gobierno hace referencia a la importancia del programa «Gobierno Inclusivo», a la Carta de la Diversidad, y a la investigación sobre buenas prácticas en diversidad cultural, así como el intercambio de las mismas. Si bien saluda los esfuerzos que está realizando el Gobierno para abordar la discriminación en el mercado de trabajo, la Comisión toma nota de las observaciones de la FNV y la CNV de que sigue sin determinarse claramente el impacto de las medidas adoptadas y que el Gobierno debería controlar que esos objetivos se alcancen en la práctica. Al mismo tiempo de saludar la información comunicada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas en el contexto de un enfoque genérico respecto de la discriminación, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno contiene escasa información sobre las medidas específicas adoptadas para abordar la discriminación por motivos de raza, color y ascendencia nacional contra las minorías no occidentales, o si las medidas para promover la igualdad de oportunidades y de trato de esas minorías en el mercado laboral en la práctica han alcanzado los resultados previstos. En tales circunstancias y tomando nota del aumento de casos de discriminación racial notificados al Instituto y los ADV y las observaciones comunicadas por la FNV y la CNV, la Comisión pide al Gobierno que evalúe la eficacia de los programas para eliminar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades en la formación, desarrollo de las competencias y empleo de las minorías étnicas, en particular de las personas de origen inmigrante no occidental, y que comunique información detallada en este sentido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga examinando las causas profundas de la discriminación sistémica y estructural contra los grupos minoritarios, y que informe sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para abordar la diferencia no explicada en el empleo entre holandeses nativos y las minorías no occidentales, en particular los hombres y mujeres de origen turco y marroquí.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) y la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV), recibidas el 31 de agosto de 2016.

Artículo 4 del Convenio. Derechos de licencia para los trabajadores de uno u otro sexo con responsabilidades familiares. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de la necesidad de promover un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, en particular en un contexto nacional en el que dos tercios de las mujeres trabajan a tiempo parcial. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que las licencias tienen por objeto facilitar una mejor combinación de las tareas laborales y de prestación de cuidados, y que las modalidades flexibles y el trabajo a tiempo parcial permiten combinar las responsabilidades laborales y de prestación de cuidados con otras responsabilidades. La Comisión toma nota de que la Ley de 17 de diciembre de 2014, que modifica la Ley sobre el Trabajo y los Cuidados y la Ley sobre las Horas de Trabajo, entró en vigor el 1.º de enero de 2015, y que las enmiendas introducen, entre otras cosas, una licencia de maternidad transferible para el cónyuge cuando la madre muere durante el parto (o poco después) (artículo 3:1a(1)). También se ha concedido a las mujeres la posibilidad de trabajar a tiempo parcial las últimas semanas de la licencia de maternidad (a partir de la séptima semana después del parto) y de prolongar este régimen de trabajo durante más tiempo (artículo 3:1(6)). El Gobierno indica asimismo que se ha conferido al padre o al cónyuge un derecho ampliado de tomar tres días de licencia no remunerada después del nacimiento de su hijo, que no pueden ser denegados por el empleador, y que el derecho establecido a la licencia de paternidad se extenderá de dos a cinco días de licencia remunerada. En lo tocante a la licencia parental (a tiempo completo o a tiempo parcial — 26 semanas por cada hijo menor de 8 años), el Gobierno indica que el requisito de haber estado empleado al menos un año se ha suprimido. Por lo referente a la licencia de corta duración en caso de emergencia y de circunstancias personales especiales, la licencia remunerada también será posible por motivos médicos (para acudir a un médico o a un hospital, o para acompañar a terceros (artículo 4:1(2)(c)). La licencia de larga duración se ha ampliado para cubrir no solamente el cuidado de los enfermos terminales, sino también de los enfermos que requieren cuidados (artículo 5:9), y los diez días de licencia de corta duración se han ampliado para poder cuidar asimismo de familiares de segundo grado y de otras relaciones sociales (artículo 5:1(2)). En lo que respecta a la toma de licencias, la Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, según las cuales, en 2013, 38 000 mujeres en comparación con 27 000 hombres tomaron una licencia de corta duración (en comparación con 36 000 mujeres y 35 000 hombres, en 2009); además, 3 000 hombres y 5 000 mujeres tomaron una licencia de corta duración para la prestación de cuidados. Asimismo, la licencia parental seguían tomándola un número considerablemente mayor de trabajadoras que de trabajadores (71 000 trabajadoras y 29 000 trabajadores), si bien el número total de licencias parentales ha aumentado progresivamente desde 2009 (41 000 trabajadoras y 19 000 trabajadores).

La Comisión toma nota de que la FNV y la CNV expresaron preocupación por la falta de una licencia remunerada para la prestación de cuidados y por los grandes recortes presupuestarios, incluido el hecho de que se haya abolido la ley sobre la reducción fiscal por licencia parental. Según la FNV y la CNV, el alto porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial está relacionado con los elevados precios de los servicios de asistencia a la infancia y con la inexistencia de una licencia parental y de paternidad. Por consiguiente, la licencia de larga duración y la licencia parental deberían ser licencias remuneradas, y las licencias remuneradas para los padres después del parto deberían prolongarse a diez días. En lo que respecta al cuidado de otros familiares, la FNV y la CNV sostienen que la licencia no remunerada de larga duración no es una solución para cada trabajador con responsabilidades de cuidado de larga duración. Remitiéndose a las enmiendas de la Ley de Apoyo Social y de la Ley de Cuidados de Larga Duración, que entraron en vigor el 1.º de enero de 2015, indican que éstas se vieron acompañadas de grandes recortes presupuestarios en lo que respecta al apoyo social y a los cuidados de larga duración para los ancianos y las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de que, en octubre de 2016, el Consejo Económico y Social (SER) emitió un dictamen con recomendaciones titulado «Una combinación del trabajo», en el que formula propuestas para: i) organizar mejor el tiempo; ii) crear servicios diurnos efectivos de asistencia a la infancia para niños en edad escolar; iii) optimizar la toma de licencias el primer año después del nacimiento de un hijo; iv) mejorar la combinación de las responsabilidades laborales y de cuidado de las personas necesitadas de cuidados; v) mejorar el aprendizaje permanente, y vi) desarrollar un mercado de servicios personales. Recordando la importancia que reviste el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas efectivas para propiciar la toma de licencias por los trabajadores de un sexo o de otro con responsabilidades familiares, y a que proporcione información a este respecto, y sobre el curso dado a las recomendaciones del Consejo Económico y Social para optimizar la toma de licencias, especialmente por parte de los padres. En vista de las reiteradas observaciones formuladas por los sindicatos acerca de que, para atender las necesidades de los trabajadores, la licencia de larga duración y la licencia parental deberían ser remuneradas, la Comisión pide al Gobierno que celebre consultas con los interlocutores sociales con miras a garantizar que los derechos a licencia permitan de forma efectiva que tanto hombres como mujeres puedan asumir sin discriminación sus responsabilidades familiares, por ejemplo por medio de una licencia de larga duración remunerada y una licencia adicional remunerada a los padres después del parto (de diez días), y que informe sobre los progresos realizados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información, desglosada por sexo, sobre el número de trabajadores que ejercen su derecho a las diversas licencias de conformidad con la Ley sobre el Trabajo y los Cuidados.

Artículo 5.  Servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar. La Comisión recuerda la importancia que reviste garantizar que los servicios y medios de asistencia familiar respondan a las necesidades y preferencias de los trabajadores. También recuerda que, en sus comentarios anteriores, había tomado nota de que la utilización de servicios informales de asistencia a la infancia había disminuido, si bien había señalado la necesidad de desplegar esfuerzos para mejorar la asequibilidad y calidad de los servicios de asistencia a la infancia. La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno en su memoria sobre el número promedio de niños provenientes de familias monoparentales y de familias en las que ambos padres están presentes, que en 2015 utilizaron un tipo diferente de servicios de asistencia a la infancia (guarderías para niños menores de 4 años; servicios de asistencia a la infancia después de la jornada escolar para los niños en edad escolar, y cuidadores). Los datos muestran que las guarderías, seguidas de los servicios de asistencia a la infancia después de la jornada escolar, son los servicios más utilizados. El Gobierno indica asimismo que, a finales de 2015, había 427 000 hogares que recibieron subsidios federales de asistencia a la infancia. En relación con la calidad de la asistencia a la infancia, el Gobierno señala que el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo establece normas de calidad para dichos servicios y que el servicio de salud pública supervisa la seguridad de estos servicios y controla el cumplimiento de las normas. En su memoria sobre el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Gobierno indica asimismo que está desplegando esfuerzos para mejorar la calidad de la asistencia a la infancia estimulando la participación parental, aumentando la estabilidad y mejorando la calidad del personal. A fin de mejorar la accesibilidad y la asequibilidad, los incentivos fiscales incluían el aumento de las prestaciones para la asistencia a la infancia destinadas a las familias en las que ambos padres trabajan y recurren a servicios formales de asistencia a la infancia (crédito fiscal de la persona empleada), así como la prolongación a seis meses del derecho a prestaciones para la asistencia a la infancia durante el período de desempleo en 2016. Además, la «deducción de la combinación basada en los ingresos» tiene por objeto específicamente alentar al segundo sostén de la familia, que en la práctica suelen ser las mujeres, a trabajar más horas cuando sus hijos tienen menos de 12 años de edad. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la FNV y la CNV acerca de que, tras las inversiones iniciales para hacer más asequibles los servicios de asistencia a la infancia, éstos se han hecho más costosos para las familias de ingresos medios que trabajan, a raíz de los grandes recortes presupuestarios debidos a la crisis financiera. Esto se ha traducido en el aumento de los servicios informales de asistencia a la infancia. La FNV y la CNV indican asimismo que, en enero de 2016, el SER recomendó que se establecieran criterios más estrictos para evaluar la formación y educación de los trabajadores dedicados a la prestación de cuidados. También recomendó que se profesionalizara aún más ese trabajo y que se redujeran los procedimientos administrativos para dichos trabajadores, así como que se investigaran los motivos de la menor utilización de los servicios formales de asistencia a la infancia, y el modo en que podría mejorarse la accesibilidad a los mismos, en particular para los grupos de ingresos más bajos. La FNV y la CNV indican asimismo que la Oficina de Análisis de Política Económica (CPB) de los Países Bajos consideró que el suplemento para la asistencia a la infancia — que aumentaría en 2017 — beneficiaría fundamentalmente a los grupos de altos ingresos que ya están trabajando muchas horas. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información estadística, desglosada por sexo, sobre la disponibilidad de servicios asequibles y accesibles de asistencia a la infancia, incluida su utilización, de tal manera que la Comisión pueda evaluar los progresos realizados desde 2015. También pide al Gobierno que indique cualquier seguimiento dado a las recomendaciones formuladas por el Consejo Económico y Social para profesionalizar el trabajo de la prestación de cuidados y para mejorar la formación y educación de los trabajadores de este ámbito, a fin de mejorar la calidad de los cuidados. La Comisión alienta asimismo al Gobierno a que lleve a cabo estudios en los que evalúe si la Ley de Asistencia a la Infancia responde efectivamente a las necesidades y preferencias específicas de los trabajadores con responsabilidades familiares de los grupos tanto de bajos como de medianos ingresos por lo referente a los servicios y medios de asistencia a la infancia, y a que informe sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre el número y la naturaleza de los servicios y medios que existen para ayudar a los trabajadores con responsabilidades familiares a atender a otros familiares a su cargo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Pakistán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF), recibidas el 19 de octubre de 2017, respecto de la necesidad de revisar la legislación laboral existente y de asegurar un seguimiento a nivel nacional y provincial. La Comisión observa que la PWF se refiere a cuestiones anteriormente planteadas por la Comisión y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores en Pakistán (PWC), recibidas el 10 de noviembre de 2013.

Evolución legislativa. La Comisión toma nota de la 18.ª enmienda constitucional, que delegó la facultad de promulgar leyes relacionadas con el trabajo, del Parlamento Federal a los gobiernos provinciales. Toma nota asimismo de que siguen en vigor las leyes federales vigentes hasta que se promulguen leyes provinciales y de que se estableció, en el ámbito federal, un comité consultivo tripartito, para facilitar la aplicación del Convenio por los gobiernos provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto, en particular sobre las medidas adoptadas por el comité consultivo tripartito respecto de la adopción por las provincias de la legislación, de cara a la aplicación del Convenio.

Artículos 1 y 2, 2), a), del Convenio. Legislación. Definición de remuneración. La Comisión toma nota de la Ley sobre el Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), artículo 2, xiv), que incluye, en la definición de salarios, todas las asignaciones básicas y reglamentarias y no reglamentarias, pero que excluye toda cotización pagada por el empleador a cualquier fondo de pensiones o fondo de previsión, cualquier asignación de desplazamiento o el valor del monto para viajes, cualquier suma pagada para sufragar gastos especiales, las primas anuales o cualquier suma de dinero pagadera por despido. La Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio, establece una amplia definición de remuneración, que incluye, no sólo el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último». La Comisión de Expertos consideró que la definición también refleja los pagos o prestaciones, ya sean percibidos con regularidad o sólo con carácter ocasional. Comprende, entre otras asignaciones por costo de vida, las asignaciones de dependencia, las asignaciones por desplazamiento, las asignaciones de vivienda y residencia, las asignaciones por vacaciones, así como las asignaciones pagadas con arreglo a regímenes de seguridad social financiados por la empresa o la industria de que se trate (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 686, 687 y 690). A fin de aplicar plenamente el principio de igual de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el gobierno de Khyber Pakhtunkhwa tome en cuenta todos los elementos incluidos en la definición de salario del artículo 2, xiv), de la Ley sobre el Pago de los Salarios, así como todo emolumento adicional.

Igual remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el artículo 26 de la Ley sobre el Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), dispone que «no habrá discriminación alguna basada en motivos de género, religión, secta, color, casta, creencia, origen étnico, en los salarios y otras prestaciones por un trabajo de igual valor». La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la Ley sobre el Pago de los Salarios del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013) y su impacto en la eliminación de la brecha salarial de género. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que cualquier nueva ley del trabajo promulgada por las demás provincias, dé plena expresión al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, permitiendo comparaciones de trabajos que sean de naturaleza completamente diferente, pero que sean, no obstante, de igual valor, y que este principio se aplique, en los sectores público y privado, así como a todos los aspectos de la remuneración, como se define ampliamente en el artículo 1, a), del Convenio.

Artículo 2, 2), b).  Salarios mínimos. La Comisión recuerda que, en su observación anterior, solicitó al Gobierno que garantizara que la fijación de los salarios mínimos estuviese libre de sesgo de género. A este respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 10 de la notificación de los salarios mínimos (2012), dictada por el consejo de salarios mínimos del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, estipula que «una trabajadora adulta ganará los mismos salarios mínimos que los que percibe un trabajador de sexo masculino por un trabajo de igual valor». La Comisión toma nota de que el artículo 18 de la Ley sobre Salarios Mínimos del gobierno de Khyber Pakhtunkhwa (2013), que enumera los motivos prohibidos de discriminación a los fines de la ley, no incluye el sexo. La Comisión recuerda que existe una tendencia de fijar tasas salariales más bajas para los sectores en los que predomina el empleo de las mujeres, y, debido a tal segregación laboral, se requiere una especial atención en la fijación de los salarios mínimos sectoriales, para garantizar que las tasas fijadas estén libres de sesgo de género. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se articulan estas dos disposiciones para garantizar que la fijación de salarios mínimos en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa esté libre de sesgo de género. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar que la fijación de los salarios mínimos por otras provincias, esté libre de sesgo de género.

Artículos 2 y 3.  Evaluación objetiva del empleo. La Comisión toma nota de que, según la PWC, la mayoría de los empleadores no utiliza regímenes de evaluación objetiva del empleo. La Comisión tomó nota de que en su memoria, el Gobierno se refiere al trabajo de los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer, que incluye campañas de sensibilización y talleres para la preparación de políticas con perspectiva de género. Toma nota de que los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer también establecieron grupos de trabajo para supervisar las organizaciones, a efectos de garantizar el pago de una remuneración igual. La Comisión alienta al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que la evaluación objetiva del empleo en base al trabajo realizado, se integre en las nuevas legislaciones laborales provinciales, y a que comunique información sobre toda evolución a este respecto, incluidas las medidas adoptadas por los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer, en el desarrollo y la aplicación de mecanismos de evaluación objetiva del empleo, para su utilización en los sectores público y privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF), recibidas el 19 de octubre de 2017, que se refieren a los actos de discriminación por motivo de opinión política contra los disidentes del partido en el poder y casos de discriminación en la educación, el empleo y la ocupación. La Comisión observa que la PWF se refiere a cuestiones anteriormente planteadas por la Comisión y pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Espera que en la próxima memoria se faciliten informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Pakistán (PWC), recibidas el 10 de noviembre de 2013, sobre la discriminación que sufren las mujeres, que trabajan principalmente en el sector informal, así como sobre la falta de aplicación de la legislación laboral.

Artículo 1 del Convenio. Legislación. Prohibición de la discriminación. La Comisión toma nota de la 18.ª enmienda constitucional, por la que se transfirió la facultad de promulgar legislación en materia laboral del Parlamento Federal a los gobiernos provinciales. Asimismo, la Comisión toma nota de que las actuales leyes federales seguirán estando en vigor hasta que se promulguen leyes provinciales y de que a nivel federal se ha establecido un comité tripartito de consultas para facilitar la aplicación del Convenio por parte de los gobiernos provinciales. Además, toma nota de que la redacción del proyecto de ley sobre las condiciones de empleo y de servicio ha finalizado a nivel federal y que el mismo ha sido enviado a los gobiernos provinciales para su examen. La Comisión también toma nota de la serie de textos legislativos adoptados por el gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa que prohíben la discriminación basada en diferentes motivos. A este respecto, toma nota con interés de que esta provincia ha incluido el motivo de casta en la lista de motivos prohibidos de discriminación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la opinión política y la ascendencia nacional no se incluyen como motivos prohibidos de discriminación, y de que no queda claro si la legislación se aplica a todos los aspectos del empleo, a saber la formación profesional, el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, y las condiciones de empleo, tal como se prevé en el artículo 1, 3), del Convenio. La Comisión hace hincapié en que disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar, incluso a través del comité tripartito de consultas establecido a nivel federal, que todas las nuevas leyes laborales adoptadas por las provincias incluyen disposiciones en las que se define expresamente y se prohíbe la discriminación directa e indirecta de todos los trabajadores en todos los aspectos del empleo y la ocupación, sobre la base de los motivos establecidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, incluidas la opinión política y la ascendencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los cambios que se produzcan a este respecto.

Acoso sexual. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en el marco de la aplicación de la Ley sobre el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2010, se han nombrado mediadores a nivel federal y provincial y que los departamentos de desarrollo de la mujer se encargan de los programas de sensibilización. Asimismo, toma nota de que el gobierno de Punjab ha promulgado la Ley de Punjab sobre la Protección de las Mujeres contra el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2012. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de la Ley sobre la Protección de las Mujeres contra el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2010, y la Ley de Punjab sobre la Protección de las Mujeres contra el Acoso en el Lugar del Trabajo, de 2012, y sobre todos los textos legislativos pertinentes adoptados por otras provincias a fin de proteger por igual a hombres y mujeres del acoso sexual. Por último, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número y la naturaleza de las quejas presentadas, las reparaciones acordadas y las sanciones impuestas, así como sobre el contenido de las campañas de sensibilización en materia de acoso sexual realizadas por los departamentos provinciales de desarrollo de la mujer.

Artículo 2.  Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que según la Encuesta sobre la mano de obra 2012-2013, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo del Pakistán sigue siendo baja, (el 21,5 por ciento de la fuerza de trabajo y sólo el 28,3 por ciento de ellas trabajan en el sector formal). Además, toma nota de que en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo hincapié en la escasa presencia de mujeres en el sector formal, lo que las deja desprotegidas y hace que no tengan acceso a la seguridad social ni a sus prestaciones (documento CEDAW/C/PAK/CO/4, de 1.º de marzo de 2013, párrafo 29). A este respecto, la Comisión toma nota de que el gobierno provincial de Punjab ha adoptado la Ley de Punjab para una Representación Equitativa de las Mujeres, de 2014, que prevé medidas tales como cuotas para conseguir una representación equitativa y proporcional de las mujeres en las organizaciones de trabajadores y las entidades públicas. El Conjunto de Medidas para el Empoderamiento de la Mujer de Punjab, de 2012, establece medidas tales como un 10 por ciento de cuota de empleo en la administración pública, la educación científica y la tecnología, y el establecimiento de guarderías y servicios de transporte para las trabajadoras. Además, la Comisión Nacional de Enseñanza Técnica y Profesional proporciona formación tanto a hombres como a mujeres. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos (empleo y derechos) está siendo examinado por el Parlamento, y que la Ley de Relaciones Laborales de Sindh, de 2012, incluye los sectores de la agricultura y la pesca en la economía formal de esta provincia. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de esas medidas en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en su traslado de la economía informal a la economía formal. Además, solicita al Gobierno que continúe adoptando medidas específicas para promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. También pide al Gobierno que transmita información sobre todos los avances que se realicen en lo que respecta a la adopción del proyecto de ley sobre los trabajadores domésticos (empleo y derechos), de 2013.

Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de minorías. La Comisión recuerda su solicitud anterior de información sobre los progresos realizados en la aplicación de cuotas para el empleo de minorías en virtud del memorándum de la oficina núm. 4/15/94-R-2, de 26 de mayo de 2009. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la provincia de Punjab ha establecido una cuota del 5 por ciento para el empleo en el sector público de personas pertenecientes a minorías. El Gobierno también indica que en otras provincias se están aplicando disposiciones similares. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto concreto de las cuotas establecidas a escala federal y provincial en el empleo de las minorías no musulmanas. Asimismo, pide información estadística, desglosada por sexo, sector y grupo minoritario, sobre el número de personas pertenecientes a minorías que tienen empleo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas por el comité federal tripartito para facilitar este proceso. Por último, la Comisión pide al Gobierno que transmita información en la que se detalle qué personas se considera que pertenecen a las castas reconocidas, y también si son personas no musulmanas.

Discriminación basada en el origen social. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con la persistente segregación y discriminación de facto que sufren los Dalits, así como sobre la necesidad de adoptar medidas eficaces para eliminar esta discriminación en el empleo y la ocupación. A este respecto, la Comisión tomó nota de que las disposiciones legales adoptadas por el gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa, en 2013, prohíben la discriminación basada en la casta. La Comisión pide al Gobierno que transmita información, incluyendo estadísticas desglosadas por casta y sexo en relación con el impacto de la prohibición de la discriminación basada en la casta sobre el empleo de los Dalits en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre otras medidas adoptadas tanto por el gobierno federal como por las provincias para prohibir la discriminación de los Dalits y promover su inclusión en el mercado de trabajo, incluso a través del comité federal tripartito.

Discriminación basada en la religión. La Comisión recuerda sus comentarios en los que expresó preocupación en relación con el artículo 298C del Código Penal («leyes sobre la blasfemia») que se refiere a los miembros de la minoría Ahmadi, así como en relación con la práctica de que los musulmanes que solicitan el pasaporte pakistaní deben firmar una declaración según la cual el fundador del movimiento Ahmadi es un impostor, lo cual tiene por objetivo impedir que los miembros de este movimiento obtengan pasaportes que les identifiquen como musulmanes. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que la legislación pakistaní no discrimina por motivos de creencias religiosas. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para modificar las disposiciones legales y medidas administrativas discriminatorias, y a promover activamente el respeto y la tolerancia de las minorías religiosas, incluidos los Ahmadi, y le pide que proporcione información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información sobre el acceso al empleo de las minorías religiosas, incluidas las que se definen en el artículo 260, 3), b), de la Constitución.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Federación de Rusia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo de Rusia (KTR) recibidas el 31 de octubre de 2017 que fueron enviadas al Gobierno para sus comentarios.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados en 2014.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo de Rusia (KTR) recibidas el 31 de octubre de 2014 que fueron enviadas al Gobierno para sus comentarios.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha de remuneración por motivo de género y sus causas subyacentes. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno de 2014 no contiene información en respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión también toma nota de que en su memoria de 2011 el Gobierno indica que, según la información estadística proporcionada por el Servicio federal de estadísticas de Rusia (Rosstat), en 2011 existía una amplia brecha salarial por motivo de género (36 por ciento) y los salarios medios de las mujeres ascendían al 64 por ciento de los salarios de los hombres. La causa principal de estas diferencias salariales es la representación de hombres y mujeres en diferentes ámbitos del empleo. Las estadísticas ponen de relieve que existe una importante segregación horizontal de los trabajos por motivo de género, y que las mujeres se concentran en los servicios de hotelería y restauración, la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, y los hombres en el transporte y las comunicaciones, la construcción, y la producción y distribución de gas, agua y electricidad. La Comisión toma nota de que según el informe del Gobierno sobre la aplicación de la Carta Social Europea, la brecha salarial media por motivo de género por sector económico varía entre un 46 por ciento en las actividades recreativas, la cultura y los deportes y un 11 por ciento en la educación. Los salarios de las mujeres son más reducidos que los de los hombres en todos los sectores y categorías profesionales (directores, especialistas, y otros trabajadores de oficinas y trabajadores manuales); oscilan entre el 57 por ciento de los salarios de los hombres que reciben las trabajadoras con calificaciones medias y el 84 por ciento de los salarios de los hombres que reciben las trabajadoras sin calificaciones. En este informe, el Gobierno también indica que parte de las diferencias salariales entre hombres y mujeres se explican por el pago de compensaciones a los hombres por trabajar en condiciones nocivas, peligrosas y difíciles en las que se prohíbe el trabajo de las mujeres, y por las horas extraordinarias y el trabajo durante fines de semana y fiestas públicas que está prohibido para «ciertas categorías de mujeres» (RAP/RCha/RUS/3(2014), 20 de diciembre de 2013, págs. 27-30). Al tiempo que toma nota de que el marco legal establecido por el Código del Trabajo refleja el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión observa que a la luz de la persistente brecha salarial y las restricciones legales mencionadas más arriba, el principio no está siendo aplicado en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para abordar la segregación horizontal y vertical de los trabajos por motivo de género y las desigualdades de remuneración que existen en la práctica entre hombres y mujeres, incluidas medidas para abordar las barreras jurídicas y prácticas para el empleo de mujeres, y las actitudes y prejuicios estereotipados, con miras a reducir las desigualdades en la remuneración, y que indique la manera en que los interlocutores sociales cooperan a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre los puntos siguientes:

i)las medidas adoptadas para promover el desarrollo y la utilización de métodos de evaluación objetiva de los empleos tanto en el sector público como en el sector privado;

ii)el trabajo y resultados en materia de igualdad de remuneración del grupo de trabajo especial sobre igualdad de género establecido en 2010, y

iii)información estadística desglosada por sexo y sector económico que ponga de relieve la evolución de la participación de hombres y mujeres en el mercado del trabajo y sus ingresos correspondientes.

Aplicación. La Comisión toma nota nuevamente de la falta de información sobre la aplicación de las disposiciones legales en relación con la igualdad de remuneración, así como sobre los casos abordados por las autoridades administrativas y judiciales competentes. La Comisión señala su preocupación por el hecho de que esto puede ser debido a la falta de concienciación o acceso a los respectivos derechos y procedimientos y las reparaciones existentes en la legislación, o al miedo a represalias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas apropiadas para concienciar al público sobre la legislación pertinente, y sobre los procedimientos y las reparaciones disponibles en relación con la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Sírvase asimismo transmitir información sobre los casos en materia de igualdad salarial que han sido examinados por las autoridades administrativas y judiciales competentes.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Rwanda

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículos 1, b), y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que la definición de la expresión «trabajo de igual valor» que figura en el artículo 1.9 de la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo sólo se refiere a los «trabajos similares» y que, por lo tanto, es demasiado restrictiva para dar plena aplicación al principio establecido en el Convenio. Asimismo, indicó que esta ley no contiene ninguna disposición sustantiva que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que la Constitución sólo se refiere al «derecho a recibir el mismo salario por un trabajo igual». La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue repitiendo que, en la práctica, no existe discriminación alguna entre hombres y mujeres con respecto a la remuneración, y que se dará plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en el proceso de revisión en curso de la ley núm. 13/2009. El Gobierno también indica que esta revisión abarcará las diferencias lingüísticas entre las versiones del artículo 12 en inglés y en kinyarwanda. La Comisión se refiere una vez más a los párrafos 672 a 679 del Estudio General sobre los convenios fundamentales de 2012, en los que se explica el significado del concepto de «trabajo de igual valor», que cubre no sólo las nociones de trabajo «igual», «idéntico» o «similar,» sino que también contempla las situaciones en que hombres y mujeres realizan trabajos diferentes pero que, sin embargo, son de igual valor. Al tiempo que constata que desde hace un cierto número de años no se han realizado progresos a este respecto, la Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo incluyendo los artículos 1.9 y 12 de la ley a fin de dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación. Legislación. En relación con el campo de aplicación de la legislación, la Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma que la prohibición de la discriminación prevista en el artículo 12 de la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo, abarca todas las fases del empleo, incluida la contratación. El Gobierno indica que la versión francesa de este artículo, que prevé la prohibición de ejercer discriminaciones «en el curso del empleo», será corregida para evitar toda confusión en cuanto a su campo de aplicación. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar las diferentes versiones lingüísticas del artículo 12, de modo que prohíban expresamente toda discriminación directa o indirecta en el empleo y la ocupación, en el sentido del artículo 1, 3), del Convenio, es decir, tanto en lo que respecta al acceso a la formación profesional, al acceso al empleo y a las diferentes ocupaciones, como a las condiciones de empleo.

Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. En sus comentarios anteriores, la Comisión saludó la adopción de la Ley núm. 59/2008, de 10 de septiembre de 2008, sobre la Prevención y la Represión de la Violencia basada en el Género, y la inserción, en la ley núm. 13/2009, de disposiciones que prohíben «la violencia basada en el género» en el empleo y el acoso moral en el trabajo, directo o indirecto. Si bien señaló que la combinación de estas disposiciones legislativas permitía abarcar los dos elementos esenciales del acoso sexual en el trabajo, como se definen en su observación general de 2002, la Comisión invitó al Gobierno a que considerara tomar las medidas necesarias para adoptar una definición clara y precisa de acoso sexual en el trabajo como tal, garantizando que esta definición abarque a la vez el chantaje sexual y el ambiente de trabajo hostil. La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma que, cuando se proceda a su revisión, se insertará en la Ley núm. 13/2009 sobre la Reglamentación del Trabajo una definición más clara y precisa de acoso sexual que abarque a la vez el chantaje sexual (quid pro quo) y el ambiente de trabajo hostil. La Comisión confía en que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de informar de progresos en cuanto al proceso de revisión de la ley núm. 13/2009 y a la inserción de nuevas disposiciones que abarquen las dos formas de acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre toda medida adoptada en la práctica para prevenir y eliminar el acoso sexual en el lugar de trabajo (programas educativos, campañas de sensibilización sobre los mecanismos de recurso, etc.).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Vicente y las Granadinas

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno señala que no ha habido avances en la modificación del artículo 3, párrafo 1, de la Ley de 1994 sobre Igualdad de Remuneración que establece que a igual trabajo igual salario, lo cual no está en conformidad con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para modificar sin demora el artículo 3, párrafo 1, de la Ley sobre Igualdad de Remuneración para que la legislación establezca la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, como exige el Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre los avances en la materia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santa Lucía

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión recuerda que la Ley sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Empleo y la Ocupación, de 2000, no contiene una definición del término «remuneración». La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 6, de 2011, de enmienda del Código del Trabajo, que modifica el artículo 95 del Código del Trabajo, de 2006, a fin de incluir la definición de «remuneración total» por la que se entienden «todos los salarios básicos pagados al trabajador o que éste tiene derecho a recibir por parte de su empleador o empleadora por trabajos realizados o servicios prestados al empleador durante el período de su empleo». La Comisión toma nota de que el artículo 2 del Código del Trabajo, continúa excluyendo de la definición de salarios el pago de horas extraordinarias, comisiones, gastos de servicios, alojamiento, vacaciones pagadas y otras asignaciones. La Comisión recuerda que el Convenio establece una definición muy amplia del término «remuneración» en el artículo 1, a), que comprende no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de éste último» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 686). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 95 del Código del Trabajo, para garantizar que al menos a los efectos de la aplicación del principio del Convenio, el concepto de remuneración comprenda no solamente el sueldo básico sino también cualquier prestación o asignación adicional derivadas del empleo del trabajador.

Salarios y prestaciones diferentes para hombres y mujeres. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de lo previamente anunciado por el Gobierno a este respecto, la ley núm. 6, de 2011, de enmienda al Código del Trabajo, no deroga las leyes y reglamentos vigentes que establecen tasas salariales diferentes para hombres y mujeres ni revoca la Ley sobre Contratos de Trabajo, que prevé diferentes edades para hombres y mujeres respecto al derecho de indemnización por despido. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas sin demora para garantizar que todas las leyes y reglamentos que establecen salarios diferentes para hombres y mujeres, así como también la Ley sobre Contratos de Trabajo que prevé edades diferentes para hombres y mujeres respecto del derecho a indemnización por cese, sean derogadas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Senegal

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1962)

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. Desde 2007, la Comisión viene señalando que el artículo L.105 del Código del Trabajo, que prevé que «en condiciones iguales de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento, el salario es igual para todos los trabajadores con independencia de su […] sexo», no da pleno cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor establecido en el Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que, de conformidad con el Convenio, los trabajadores y las trabajadoras no sólo tienen derecho a una remuneración igual cuando sus condiciones de trabajo, sus calificaciones profesionales y su rendimiento son iguales, sino también cuando estos elementos son diferentes y cuando, en su conjunto, su trabajo, es decir, la totalidad de las tareas que desempeñan, tienen igual valor. Además, la Comisión señaló que el artículo L.86, 7) del Código del Trabajo prevé que los convenios colectivos deben contener obligatoriamente disposiciones relativas a «las modalidades de aplicación del principio de trabajo igual, salario igual, para las mujeres y los jóvenes». La Comisión toma nota de que, hasta la fecha, el Gobierno reafirmó su voluntad de adoptar las medidas necesarias para que el principio establecido por el Convenio se incorpore en su legislación, e indicó que se ha elaborado un proyecto de ley relativo a la no discriminación en el trabajo que modifica y completa ciertas disposiciones del Código del Trabajo, y que el proceso de adopción está en curso. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que este proyecto de ley aún no se ha adoptado y que la adopción de estas disposiciones legislativas y la puesta en práctica del concepto «igual valor» pueden plantear dificultades prácticas o de interpretación habida cuenta de que aún no existe una clasificación de empleos o de trabajos de igual valor. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» es la piedra angular del Convenio y que las disposiciones legislativas que no expresan plenamente el principio establecido por el Convenio obstaculizan la eliminación de la discriminación contra las mujeres en materia de remuneración. En efecto, en ausencia de un marco legislativo claro que apoye la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, es difícil que un país demuestre que el respeto de este derecho se garantiza en la práctica. Además, la Comisión desea señalar a la atención del Gobierno que, si bien el Convenio es flexible en cuanto a la elección de las medidas y el calendario para aplicarlo, no admite compromisos en cuanto al objetivo perseguido (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 670). Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias sin demora para expresar en la legislación el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que proporcione información sobre los progresos realizados para modificar los artículos L.86, 7) y L.105 del Código de Trabajo.

Artículo 3 del Convenio. Evaluación objetiva de los empleos. Desde 2006, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de utilizar criterios objetivos y no discriminatorios, tales como las competencias exigidas, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo, a fin de evaluar un empleo analizando las tareas que conlleva. También ha indicado que un estudio realizado en 2009, con el apoyo de la OIT, había concluido que era necesario establecer una clasificación objetiva de los empleos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica la necesidad de intervención a tal efecto de varias estructuras diferentes, cada una de las cuales tiene que aplicar sus propias medidas prioritarias, y que por este motivo aún no se han adoptado las medidas encaminadas a mejorar la forma de evaluar los empleos de manera objetiva. El Gobierno indica asimismo en su memoria que hará lo posible para llevar esto a la práctica, sin proporcionar más información sobre el tiempo que ello requerirá, ni sobre las medidas previstas para promover un método de evaluación de los empleos basado en criterios objetivos y no discriminatorios. La Comisión desea recordar que el concepto de igual valor implica necesariamente la adopción de un método que permita medir y comparar objetivamente el valor relativo de diferentes empleos, ya sea a nivel de la empresa o del sector, a escala nacional, en el marco de la negociación colectiva o a través de mecanismos de fijación de los salarios. En lo que respecta a la propuesta del Gobierno de que la OIT ponga a disposición de sus Estados Miembros un sistema universal de clasificación de los empleos para facilitarles la labor, la Comisión señala a la atención del Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si lo desea. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a examinar las medidas que deben adoptarse para poner en práctica métodos de evaluación objetiva de los empleos, a fin de encarar las persistentes brechas salariales entre hombres y mujeres. Alienta al Gobierno a que, en colaboración con los interlocutores sociales, lleve a cabo actividades de sensibilización acerca del concepto de «trabajo de igual valor» y de la importancia que reviste utilizar sistemas de evaluación objetiva de los empleos, exentos de distorsiones relacionadas con el género (es decir, la infravaloración de las aptitudes consideradas «naturales» para las mujeres, como la destreza o las calificaciones necesarias en las profesiones sociales, y la sobrevaloración de las aptitudes consideradas tradicionalmente «masculinas», como la fuerza física), y pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier medida adoptada a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud que dirige directamente al Gobierno.

Sudáfrica

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Solidaridad (Sudáfrica) recibidas el 12 de mayo de 2017 y de la respuesta del Gobierno recibida el 17 de agosto de 2017.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación basada en la raza, el color, y la ascendencia nacional. Acción positiva. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el Sindicato Solidaridad plantea su preocupación acerca de la aplicación de la política de acción positiva del Gobierno, incluidas la Ley sobre la Igualdad en el Empleo (EEA) y la Ley de Empoderamiento Económico de los Negros (BBE). Si bien reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales, incluidas medidas de acción positiva, para compensar el legado del sistema del apartheid, el Sindicato Solidaridad hace hincapié en que estas medidas deben tomarse siguiendo el espíritu de la Constitución y no deben crear nuevas formas de discriminación racial. El Sindicato Solidaridad afirma que el Gobierno socava las obligaciones constitucionales en materia de antirracismo y sobre el derecho a la igualdad aplicables a través de un sistema de representatividad racial, respaldado por los tribunales, que tiene por objetivo conseguir una mano de obra que refleje la población económicamente activa. El Sindicato Solidaridad proporciona ejemplos de decisiones de los tribunales y destaca la decisión del Tribunal Constitucional (caso núm. CCT 78/15) en el caso Solidaridad contra el Departamento de Servicios Correccionales, 2016, ZACC 18, de 16 de julio de 2016, en la que se confirmó que la EEA pretende alcanzar el objetivo constitucional de que cada fuerza de trabajo o lugar de trabajo represente ampliamente a la gente de Sudáfrica. Argumentando que el programa de acción positiva no es de carácter temporal, el Sindicato Solidaridad presenta ejemplos de planes de igualdad en el empleo que han sido aplicados por el Departamento de Servicios Correccionales durante los últimos dieciséis años, y pide una «cláusula de extinción». Si bien apoya el objetivo constitucional de una función pública que «refleje ampliamente» a la población de Sudáfrica, el Sindicato señala que para alcanzar este objetivo deben tenerse en cuenta otros factores, incluida la capacidad de los candidatos para realizar un determinado trabajo y la demografía específica de las diversas comunidades.

La Comisión toma nota de que, en su respuesta, el Gobierno hace hincapié en que el artículo 9, 2), de la Constitución dispone explícitamente la adopción de medidas de acción positiva y afirma que su programa de acción positiva es una medida temporal que se aplicará hasta que se realicen progresos razonables en lo que respecta a alcanzar el objetivo de la EEA, a saber, la eliminación de la discriminación injusta y el logro de una representación equitativa de determinados grupos en todos los niveles ocupacionales de los lugares de trabajo. En relación con la solicitud del Sindicato Solidaridad de que se establezca una «cláusula de extinción», el Gobierno señala que la EEA ya ha fijado una cláusula de este tipo en relación con la cual debería evaluarse la aplicación de la ley, sobre la base del establecimiento de pasos flexibles orientados hacia el logro de un objetivo y no de objetivos en un plazo determinado y orientados hacia la obtención de cuotas, los cuales crean barreras absolutas. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que con la entrada en vigor, en 2014, de la Ley sobre Equidad en el Empleo (enmienda) núm. 47, de 2013, se ha hecho necesario revisar todas las disposiciones enmendadas y que el 30 de septiembre de 2016 se publicó un proyecto de enmienda del Código de Buenas Prácticas sobre la elaboración, aplicación y supervisión del plan de igualdad en el empleo. El Gobierno también señala que, a pesar del amplio marco jurídico existente, los cambios han sido lentos. Además, el Gobierno indica que ha habido una serie de problemas en materia de aplicación que han contribuido a esta situación, incluida la resistencia de los empleadores a aceptar la equidad en el empleo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno proporciona estadísticas extraídas del informe anual de la Comisión sobre Igualdad en el Empleo (EEC) que indican que en 2016 ciertos grupos seguían estando claramente subrepresentados en ciertos puestos. Toma nota de que en 2016 la población económicamente activa estaba distribuida de la manera siguiente: africanos: 78 por ciento (42,8 por ciento de hombres y 35,2 por ciento de mujeres); mestizos: 9,8 por ciento (5,3 por ciento de hombres y 4,5 por ciento de mujeres); indios: 2,8 por ciento (1,8 por ciento de hombres y 1 por ciento de mujeres); y blancos: 9,5 por ciento (5,3 por ciento de hombres y 4,2 por ciento de mujeres). El informe de la EEC también pone de relieve que los blancos continuaban estando sobrerrepresentados en los puestos de más alto nivel y los puestos de alto nivel (en 2016, un 14,4 por ciento de africanos; un 4,9 por ciento de mestizos; un 8,9 por ciento de indios; y un 68,5 por ciento de blancos ocupaban puestos directivos del más alto nivel; y un 22,1 por ciento de africanos, un 7,7 por ciento de mestizos, un 10,6 de indios y un 58,1 por ciento de blancos ocupaban puestos directivos de alto nivel). En contraste, los grupos de africanos y mestizos estaban sobrerrepresentados en las ocupaciones que requieren ninguna o pocas calificaciones (en 2016, el 76,1 por ciento de los puestos que requieren pocas calificaciones y el 83,2 por ciento de los puestos que no requieren ninguna calificación estaban ocupados por africanos, y respectivamente el 12,3 por ciento y el 11,4 por ciento por mestizos). Los africanos continúan siendo el grupo más representado en las empresas gubernamentales y propiedad del Estado y persiste la brecha de género en la representación, especialmente en lo que respecta a las mujeres negras y con discapacidad, en particular en los niveles ocupacionales de medios a altos.

La Comisión reconoce la realidad especialmente compleja de Sudáfrica, donde la segregación racial ha estado profundamente enraizada durante el apartheid, incluso en el empleo y la ocupación. La Comisión había tomado nota de que a fin de dar efecto al artículo 9, 2) (medidas de acción positiva) de la Constitución, el artículo 2 de la EEA impone a «empleadores designados» la obligación de aplicar «medidas de acción positiva para subsanar las desventajas que determinados grupos tienen en materia de empleo, a fin de garantizar su representación equitativa en todas las categorías profesionales y todos los niveles de la fuerza de trabajo». La Comisión toma nota de que la sentencia del Tribunal Constitucional reafirma la jurisprudencia anterior en apoyo de las políticas de acción positiva del Gobierno. La Comisión recuerda que en el contexto de las medidas para aplicar la política nacional en materia de igualdad previstas con arreglo al artículo 2 del Convenio es posible que sea necesario dar un trato diferenciado a algunos grupos para eliminar la discriminación y lograr una igualdad sustantiva para todos los grupos abarcados por el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 844). Por consiguiente, el Convenio permite las medidas de acción positiva que tienen por objeto garantizar la igualdad de oportunidades en la práctica, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones de ciertas personas, con el fin de impedir la discriminación, corregir los efectos de las prácticas discriminatorias del pasado y restablecer el equilibrio. Forman parte de un esfuerzo más amplio para eliminar todas las desigualdades y son un componente significativo de la política nacional de igualdad de oportunidades requerida por el artículo 2 del Convenio. Para que sean acordes con el Convenio, tales medidas deben perseguir genuinamente objetivos de igualdad de oportunidades, ser proporcionales al carácter y al alcance de la protección o asistencia necesarias o de la discriminación existente y examinarse periódicamente para comprobar si siguen siendo necesarias y si son eficaces. Cuando las medidas de acción positiva se han sometido a consultas previas y al consentimiento de los interesados, entre ellos las organizaciones de empleadores y de trabajadores, es más fácil lograr su aceptación general, así como su eficacia y su conformidad con el principio de no discriminación (véase Estudio General de 2012, párrafo 862). Teniendo en cuenta la situación única de Sudáfrica y los problemas especiales a los que tiene que hacer frente el Gobierno para aplicar medidas especiales y abordar las desigualdades, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación de todos los grupos designados, independientemente de la raza y el color, y la inclusión de trabajadores africanos y de color en el mercado de trabajo, y que informe de las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y otras partes interesadas, examine el impacto de sus medidas de acción positiva en materia de empleo y ocupación sobre todos los grupos afectados, especialmente sobre los más desfavorecidos y vulnerables, con miras a determinar si dichas medidas continúan teniendo por objetivo la igualdad de oportunidades, siguen siendo efectivas y están de conformidad con el principio de no discriminación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Trinidad y Tabago

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluar y abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, con arreglo a las estadísticas proporcionadas por el Gobierno sobre los ingresos mensuales medios según el sexo y el grupo profesional, en 2012 la brecha de remuneración entre hombres y mujeres era de entre un 10 por ciento (para los técnicos y los profesionales de nivel medio) y un 41,8 por ciento (para los trabajadores de los servicios y los vendedores). Las estadísticas sobre los ingresos mensuales medios según el sexo y el sector también ponen de relieve la brecha salarial a favor de los hombres que oscilaba (excepto en la construcción) entre un 1,7 por ciento en el transporte, el almacenamiento y la industria de la comunicación y un 50 por ciento en la industria azucarera en 2010. La Comisión acoge con agrado el aumento del salario mínimo nacional que se produjo en enero de 2011, y recuerda que generalmente las mujeres predominan en los empleos de bajos salarios y de que un sistema de salarios mínimos nacional uniforme contribuye a aumentar los ingresos de los peor remunerados, éste influirá en la relación salarial entre hombres y mujeres y en la disminución de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 682-685). Tomando nota de que en su memoria el Gobierno se compromete a abordar la brecha de remuneración entre hombres y mujeres y la segregación ocupacional por motivo de género, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas concretas que se han tomado y sobre los progresos realizados a este respecto. Sírvase continuar transmitiendo información estadística detallada sobre la remuneración de hombres y mujeres según los grupos profesionales y sectores, así como información sobre el salario mínimo.

Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que la Ley de Igualdad de Oportunidades, de 2000, no contiene disposiciones específicas sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Gobierno indica que, al dar efecto a la ley, los tribunales tratarán la desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor como discriminación basada en el sexo. Asimismo, indica que la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades reconoce que el concepto de «trabajo de igual valor» es un elemento esencial del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad. Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno, la Comisión quiere recordar que prohibir únicamente la discriminación salarial basada en el sexo normalmente no resulta suficiente para aplicar de manera efectiva el principio del Convenio, ya que no se tiene en cuenta el concepto de «trabajo de igual valor». La Comisión insta de nuevo al Gobierno a tomar medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y le pide que transmita información sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.

Convenios colectivos. Desde 2000, la Comisión ha pedido al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados para suprimir las cláusulas discriminatorias en materia de género de los convenios colectivos. La Comisión toma nota de que una vez más la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que en el nuevo convenio colectivo para 2011-2013 sobre salarios y condiciones de servicio de los empleados de la Corporación de Puerto España cuyas tasas salariales son horarias, diarias o semanales sigue utilizándose una terminología específica para cada sexo para las categorías de trabajadores que no son neutras en materia de género (por ejemplo, engrasador (greaseman), conductor de carretilla (batteryman), vigilante (watchman), encargado de mantenimiento (handyman), limpiadora (charwoman), recolectora de desechos (female scavenger), obrera (labourer female), obrero (labourer male), etc.). La Comisión quiere recordar que, al definir las diversas profesiones y empleos a efectos de la determinación de los salarios mínimos, se debería utilizar una terminología sin connotaciones de género para evitar los estereotipos relativos al desempeño por hombres o por mujeres de determinados trabajos (véase Estudio General de 2012, párrafo 683). La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se garantiza que, al determinar las tasas salariales en los convenios colectivos, los interlocutores sociales tienen efectivamente en cuenta y aplican el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que el trabajo de las mujeres no se infravalora en comparación con el de los hombres que aunque sea diferente y requiera otras capacidades globalmente tiene el mismo valor. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en cuanto a eliminar las cláusulas discriminatorias en materia de género de los convenios colectivos, y que adopte medidas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para promover el uso de una terminología sin connotaciones de género al mencionar los diversos trabajos y profesiones en los convenios colectivos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación basada en el sexo. Durante casi veinte años la Comisión ha expresado su preocupación acerca del carácter discriminatorio de diversas disposiciones que prevén que se pueda poner fin al contrato de una funcionaria casada si sus obligaciones familiares afectan al desempeño eficaz de sus funciones. A este respecto, la Comisión acoge con agrado el hecho de que el Gobierno indique que la regla 57 del Reglamento de la Comisión de la Administración Pública fue revocada en 1998 y la regla 58 del Reglamento de la Comisión del Servicio Estatutario de las Autoridades fue revocada en 2006. Asimismo, el Gobierno indica que la regla 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía, que establece que designación de las mujeres policías casadas puede darse por terminada aduciendo que sus obligaciones familiares están afectando al desempeño eficaz de sus funciones, se presentará a la Comisión del Servicio de Policía para su examen. La Comisión también recuerda el impacto potencialmente discriminatorio del artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública, que requiere que una funcionaria que contraiga matrimonio lo notifique a la Comisión de la Función Pública. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revocar la regla 52 del Reglamento de la Comisión de la Policía a fin de eliminar esta disposición discriminatoria de larga data, y que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 14, 2), del Reglamento de la Administración Pública a fin de eliminar todo impacto potencialmente discriminatorio, por ejemplo al exigir la notificación del cambio de nombre de los hombres y las mujeres.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Túnez

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1968)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Código del Trabajo establecía, de manera general, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el sector privado como en el público (artículo 5 bis) y que el Gobierno había señalado también que el Estatuto General de la Administración Pública y el Estatuto General de los Agentes de Empresas Públicas reconocen este principio. La Comisión había recordado al Gobierno que aunque estas disposiciones eran importantes en el contexto de la igualdad de remuneración, no bastaban para aplicar el principio del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia nuevamente, en su memoria, a las disposiciones arriba mencionadas de la legislación nacional. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 40 de la nueva Constitución, adoptada el 26 de enero de 2014, prevé que «todo ciudadano y toda ciudadana tiene derecho al trabajo en condiciones favorables y con un salario equitativo». La Comisión señala a la atención del Gobierno que si bien el derecho a un «salario equitativo» o la prohibición general de la discriminación salarial por razones de sexo son requisitos importantes para la aplicación del principio del Convenio, no son suficientes, habida cuenta en particular de que no refleja en ningún momento el concepto de «trabajo de igual valor» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676). Recordando que el establecimiento por la legislación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor reviste una importancia primordial para asegurar la aplicación efectiva del Convenio, la Comisión confía en que el Gobierno tomará medidas para integrar plenamente el principio del Convenio en su legislación nacional, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, concretamente en el contexto de las reformas legislativas posteriores a la adopción de la nueva Constitución. La Comisión pide al Gobierno que asegure que las futuras disposiciones no sólo contemplen la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres que realizan un trabajo igual o llevado a cabo en igualdad de condiciones, sino también un trabajo completamente diferente pero de igual valor en el sentido del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto, al igual que sobre la manera en que se aplica el principio del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de todas las decisiones administrativas o judiciales adoptadas en relación con esto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2016. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Igualdad de oportunidades y de tratos entre hombres y mujeres. Dese hace varios años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas para promover una verdadera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, especialmente luchando contra la segregación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y contra los estereotipos relativos a las capacidades y aspiraciones de las mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica nuevamente en su memoria que el artículo 5 bis del Código del Trabajo, de 1994, prohíbe, de manera general, toda discriminación basada en motivos de sexo. La Comisión toma nota asimismo de que la nueva Constitución, adoptada el 26 de enero de 2014, prevé que el Estado «se compromete a proteger los derechos adquiridos de la mujer, los apoya y trabaja para mejorarlos» y «garantiza la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre para asumir las diferentes responsabilidades y en todos los ámbitos» (artículo 46). Si bien toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual prosigue sus esfuerzos dirigidos a una mejor integración de las mujeres en la vida económica, la Comisión constata que, a pesar de las tasas de escolarización más elevadas para las niñas que para los niños en la enseñanza secundaria y superior y el hecho de que las dos terceras partes de los titulados de la enseñanza superior sean niñas (el 67 por ciento, en 2014), la participación de las mujeres en la economía, sigue siendo especialmente baja. La Comisión toma nota, en efecto, de que, según las informaciones disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas (INS), en el segundo trimestre de 2016, aunque las mujeres representan el 50,9 por ciento de la población en edad de trabajar, su tasa de actividad, ya baja, ha incluso disminuido entre 2014 y 2016, pasando del 28,6 por ciento al 26 por ciento. La tasa de desempleo de las mujeres es casi dos veces superior a la de los hombres (el 23,5 por ciento, frente al 12,4 por ciento de los hombres). La Comisión toma nota de que las mujeres tituladas de la enseñanza superior tienen la tasa de desempleo más elevada (el 40,4 por ciento, frente al 19,4 por ciento de los hombres). En relación con sus comentarios acerca de la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión toma nota de que las mujeres se concentran especialmente en los sectores tradicionalmente femeninos, como los literarios, que brindan pocas o ninguna salidas laborales o las llevan a ocupar empleos de más baja remuneración. La Comisión toma nota asimismo de que únicamente el 6,5 por ciento de los empresarios son mujeres y de que las mujeres están muy poco representadas en los puestos de responsabilidad (el 30,8 por ciento de los ejecutivos). La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para promover la educación secundaria y superior de las niñas y de los niños, en los sectores no tradicionales y brindando reales salidas profesionales, y para luchar contra los estereotipos de género y la segregación laboral de las mujeres, con el fin de promover su participación en el mercado de trabajo, permitiéndoles acceder a un abanico más amplio de empleos, especialmente en las profesiones ocupadas sobre todo por los hombres y en los niveles superiores y de dirección. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva a comunicar estadísticas actualizadas sobre la situación de los hombres y de las mujeres en los diferentes sectores de actividad económica, tanto en el sector privado como en el sector público, especificando la proporción de hombres y de mujeres en los puestos de dirección.

Discriminación basada en motivos distintos del sexo. Desde hace muchos años, la Comisión lamenta tomar nota de la ausencia de informaciones del Gobierno sobre las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional, la religión, la opinión política y el origen social, en el marco de una política nacional de igualdad de oportunidades y de trato, de conformidad con las disposiciones del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de una nueva Constitución, que prevé especialmente que «los ciudadanos y las ciudadanas son iguales ante la ley sin discriminación» (artículo 21) y que «todo ciudadano y toda ciudadana tiene derecho al trabajo en condiciones favorables y con un salario justo» (artículo 40). La Comisión toma nota con preocupación de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones en relación a las medidas adoptadas o previstas para prohibir expresamente toda discriminación basada en motivos distintos que el sexo, enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. En consecuencia, se ve en la obligación de recordar que el objetivo del Convenio es proteger a toda persona contra la discriminación en el empleo y la ocupación, basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social. Observando que la nueva Constitución sólo parece otorgar una protección contra la discriminación a los ciudadanos y ciudadanas del país, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el Convenio se aplica a todos los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, en todas las ramas de actividad, en los sectores público y privado, y en las economías formal e informal (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 733). Dado que la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación requiere la formulación y la aplicación de una política nacional de igualdad de oportunidades y de trato multifacética, la Comisión solicita, en consecuencia, encarecidamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones detalladas sobre:

i)las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para prohibir expresamente toda discriminación basada en motivos de raza, color, ascendencia nacional, religión, opinión política u origen social, tanto en la legislación como en la práctica;

ii)las acciones de sensibilización y de formación dirigidas a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones, así como con los inspectores del trabajo y los jueces, con el fin de garantizar un mayor conocimiento y una mejor comprensión de las disposiciones del Convenio, y favorecer, así, en la práctica la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, y

iii)el número y la naturaleza de los casos de discriminación examinados por los inspectores del trabajo, y comunicar una copia de todas las decisiones administrativas o judiciales en la materia.

A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1982)

Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT), de 30 de abril de 2012, respecto del salario y de los beneficios sociales de carácter no remunerativo. Entre dichos beneficios sociales de carácter no remunerativo figura el beneficio de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras. En dicha ocasión, recordó que el Convenio prevé una definición muy amplia del término «remuneración» con el objeto de incluir todos los elementos que un trabajador puede percibir por su trabajo y que exceden el salario básico. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 687, la Comisión había indicado que si sólo se compararan los sueldos básicos, no se reflejaría gran parte del valor monetario percibido por el desempeño de un trabajo, aunque esos componentes adicionales suelen ser considerables y cada vez componen una parte más importante de los ingresos totales.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con las disposiciones constitucionales y legales vigentes respecto del salario y del beneficio de alimentación comúnmente denominado «Cestaticket». El Gobierno también se refiere en su memoria a la evolución del incremento al salario mínimo entre 1992 y 2017, así como a la del promedio total de ingresos (incluido el beneficio de alimentación) entre 1999 y 2017. En relación con el sistema de beneficios de alimentación, la Comisión se refiere a los comentarios en virtud del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). Recordando que la aplicación del Convenio requiere que se examine tanto la igualdad a nivel del puesto de trabajo como al de la remuneración percibida, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a asegurar que todos los beneficios adicionales percibidos por los trabajadores con motivo de su empleo, tales como los previstos en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, incluido el beneficio de alimentación, así como las prestaciones pagadas en conformidad con los sistemas de seguro social, sean considerados como remuneración a efecto de garantizar la plena aplicación del principio del Convenio y le pide que envíe información sobre todo progreso logrado al respecto.

Artículo 1, b).  Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. En su comentario anterior, la Comisión observó que, desde hace años, se refiere a la necesidad de incorporar el principio del Convenio en la legislación. Lamentó que el Gobierno no haya aprovechado la oportunidad que ofreció la adopción de la LOTTT para incluir en la misma el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Ante la ausencia de información indicativa de cualquier evolución al respecto y habida cuenta de que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a modificar el artículo 109 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores a fin de dar plena expresión legislativa al principio del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) recibidas en 2015, 2016 y 2017, que se refieren, como en ocasiones anteriores, a alegatos de discriminación por motivo de opinión política. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 31 de agosto de 2017. La Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a estas observaciones.

Seguimiento de las decisiones del Consejo de Administración (queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)

La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores tomó nota de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016, en la que se alegaba el incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) por parte de la República Bolivariana de Venezuela, declarada admisible por el Consejo de Administración, en su 328.ª reunión (octubre-noviembre de 2016). En relación con el Convenio núm. 111, los alegatos se referían a actos de discriminación por motivos políticos (como son la elaboración de listas de opositores, entre éstas la denominada «Lista Tascón» en la que figuraban los nombres de las personas que habían firmado la convocatoria de 2004 a un referéndum revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República, y más recientemente las declaraciones hechas respecto de quienes apoyaron la convocatoria de 2016 a un referéndum revocatorio del mandato del actual Presidente de la República) y la partidización e ideologización de los cargos y del ambiente en la función pública. En diversas comunicaciones, el Gobierno objetó a la admisibilidad de la queja y, en lo concerniente al Convenio, el Gobierno indicó que, en el país, se promueve el principio de no discriminación en todas sus formas, previsto en el marco jurídico nacional y que ningún trabajador puede ser despedido, sin justa causa, por motivos políticos; además, rechazó enfáticamente la acusación referente a la presunta partidización e ideologización de los cargos y del ambiente en la función pública. En su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración decidió: a) que todos los alegatos de la queja relativa al Convenio núm. 87 se transmitieran, para su examen, al Comité de Libertad Sindical; b) que, en vista de que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) no había examinado en fechas recientes todos los aspectos de la queja relativa a los Convenios núms. 95 y 111, se transmitieran esos alegatos a la CEACR para su examen completo, y c) que la queja no se remitiera a una comisión de encuesta y que, por tanto, se diera por terminado el procedimiento entablado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT.

Artículo 1, 1), a), del Convenio. Discriminación fundada en la opinión política. Desde hace numerosos años (2007), la Comisión ha venido tomando nota de alegados actos de discriminación por motivos políticos contra los empleados de la administración pública central o descentralizada, empresas del Estado y miembros de las fuerzas armadas, los que incluyen amenazas, hostigamiento, traslado, desmejoramiento de las condiciones de trabajo y despidos masivos. La Comisión había tomado nota de denuncias de despido masivo de quienes no pertenezcan al partido gobernante, no participen de las manifestaciones a favor del Gobierno o que se expresen en contra del mismo, así como de la persistente discriminación contra los trabajadores que figuran en la Lista Tascón (entre otras, las denuncias se referían a los despidos de 124 trabajadores del Banco Bicentenario, de 40 trabajadores de la Fundación Nacional del Niño Simón, y de cuatro trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por haberse pronunciado a favor de la consulta popular para la activación de un referéndum revocatorio del Presidente de la República). La Comisión toma nota de que en sus recientes comunicaciones, la CTV, la UNETE, la CGT, la CTASI y la CODESA alegan que la discriminación por motivos políticos, lejos de atenuarse se ha agravado, y denuncian las intimidaciones y las sanciones en contra de los trabajadores que participaron o se pronunciaron a favor de la consulta popular para la activación de un referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República en 2016. La Comisión toma nota de que estos alegatos, en particular los vinculados con las amenazas de altos funcionarios del Gobierno y dirigentes del partido oficial en contra de personas que votaron por los candidatos de oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y a favor del referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República de 2016, también fueron denunciados en el marco de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por delegados trabajadores a la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión toma nota también de que, en sus observaciones de 2017, la CTASI alega que, desde los eventos de 2002, se ha venido estigmatizando cualquier expresión de disidencia política. Asimismo, la Comisión observa que la CTV, la CGT, la UNETE y la CODESA alegan que los funcionarios y trabajadores son sujetos de movilización obligatoria para concentraciones y marchas en apoyo al Gobierno.

La Comisión toma nota de que en sus respuestas a las observaciones formuladas por la UNETE, la CTV, la CGT y la CODESA, el Gobierno indica que la estabilidad laboral está reconocida por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) y por la Constitución Nacional, aunque existan excepciones a esa regla, específicamente la del trabajador de dirección. Añade el Gobierno que la inamovilidad laboral, prevista en el decreto núm. 2158, de 28 de diciembre de 2015, con rango, valor y fuerza de ley, ha sido extendida por tres años y recuerda que los trabajadores amparados por dicho decreto no pueden ser despedidos, desmejorados o trasladados. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria de 2017 que la discriminación por razones políticas de los trabajadores y de las trabajadoras es contraria a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, e indica que, en 2005, el entonces Presidente de la República ordenó que se dejara de lado la denominada Lista Tascón. El Gobierno se refiere a las respuestas dadas con anterioridad, y rechaza los alegatos respecto de la Lista Tascón y desmiente los argumentos esgrimidos respecto de las elecciones parlamentarias del 2015. Además indica que: 1) en lo concerniente a los alegatos de grave situación en el país por los despidos masivos por motivos políticos, que las denuncias realizadas son generales y no precisan si se presentaron denuncias ante las distintas instancias oficiales que ofrece la institucionalidad para la atención de víctimas de agravios, vulneración de derechos individuales o colectivos, o delitos o ante las instancias administrativas dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, por el despido de un trabajador amparado por la inamovilidad; 2) en lo atinente a las alegadas amenazas de despido contra quienes hubieran votado por la oposición, que la participación de los ciudadanos en actividades políticas no está sujeta al estatus que tengan por ser funcionarios públicos o trabajadores de empresa pública o privada, y que la participación del pueblo es protagónica y por ende, cualquiera que así lo desee, puede asistir o no a las actividades políticas que se convoquen, y 3) en lo referente a las supuestas amenazas de sanciones y despidos por haber apoyado el referéndum revocatorio del mandato del Presidente de la República, que requiere de más detalles al no tener conocimiento de denuncias presentadas al respecto ante instancias administrativas o judiciales.

La Comisión observa con preocupación las nuevas denuncias de discriminación en el empleo por motivos políticos. Al tiempo de que toma nota de las disposiciones constitucionales y legales, que según el Gobierno protegen contra la discriminación en el empleo, la Comisión recuerda que las medidas legislativas para dar cumplimiento a los principios del Convenio son importantes, pero no suficientes para lograr el objetivo del mismo. Además, la existencia de disposiciones jurídicas no implica que no haya discriminación en la práctica. La Comisión reitera que la protección contra la discriminación basada en la opinión política implica protección de las actividades encaminadas a expresar o demostrar oposición a opiniones y principios políticos preestablecidos. Asimismo, la obligación general de conformarse a una ideología establecida es considerada discriminatoria (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 805, 850 y 856). En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias sin demora para velar por el pleno respeto y cumplimiento del Convenio y que se asegure que ni los trabajadores del sector público ni los del sector privado sean objeto de discriminación debido a su opinión política. Asimismo, teniendo en cuenta el elevado número de alegatos presentados y que según el Gobierno las denuncias son generales, la Comisión urge al Gobierno a que sin demora tome todas las medidas necesarias para establecer un grupo de trabajo que involucre a todas las organizaciones sindicales concernidas, que examine y sistematice el tratamiento de todas las denuncias y que permita al mismo tiempo reflexionar sobre un sistema de prevención y el establecimiento de mecanismos o instituciones para atender de manera independiente denuncias de discriminación en el empleo y la ocupación sobre la base de los motivos del Convenio, en particular la discriminación por motivos políticos, además de proporcionar reparaciones adecuadas. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Viet Nam

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evolución legislativa. Definición de remuneración y trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el nuevo Código del Trabajo (ley núm. 10/2012/QH13, de 18 de junio de 2012) incluye el principio de igualdad de pago de los salarios sin discriminación basada en motivos de género para los empleados que realizan un trabajo de igual valor (artículo 90, 3)) y prevé una definición de salarios que incluye la «remuneración» basada en el trabajo o en el puesto de trabajo, las «asignaciones salariales» y «otros pagos adicionales» (artículo 90, 1)) pero no incluye los pagos en especie. La Comisión subraya que el artículo 1, apartado a), del Convenio define el término «remuneración» de manera muy amplia comprendiendo no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último». La Comisión pide al Gobierno que indique si los pagos en especie están cubiertos por el artículo 90, 3), del nuevo Código del Trabajo y que comunique información sobre su aplicación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas para sensibilizar respecto de estas disposiciones a los trabajadores, empleadores, sus respectivas organizaciones y los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como toda decisión administrativa o judicial a este respecto.

Evaluación y tratamiento de la brecha salarial de género. La Comisión toma nota del informe relativo a la encuesta sobre la fuerza de trabajo (segundo trimestre de 2014) publicado por la Oficina General de Estadística de Viet Nam, según el cual la brecha salarial por motivo de género en los ingresos medios mensuales de los trabajadores asalariados es del 9,3 por ciento. La Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno respecto de las medidas adoptadas para aplicar la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género (2011-2020), a través del fortalecimiento del desarrollo de las capacidades; de la elaboración, aplicación y control de la legislación relativa a la igualdad de género, las actividades de sensibilización y el desarrollo de una base de datos de género, y de servicios de asesoramiento y apoyo. Al tiempo que toma nota de esta importante evolución respecto de la promoción y aplicación de la igualdad de género, la Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera estas medidas ejercen un impacto en la reducción de la persistente brecha salarial de género y que comunique información específica sobre toda medida adoptada para abordar las causas subyacentes. La Comisión pide una vez más al Gobierno que compile y aporte más datos estadísticos específicos, desglosados por sexo, sobre la distribución de hombres y mujeres en diferentes sectores de la actividad económica, categorías ocupacionales y puestos de trabajo, y sus correspondientes ingresos en los sectores público y privado.

Aplicación. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, el Ministerio ha realizado muchos cursos de formación sobre las leyes laborales, incluso sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, para los inspectores del trabajo y otros funcionarios. La Comisión toma nota asimismo de que no se ha producido ningún caso administrativo y judicial sobre igualdad de remuneración para hombres y mujeres. Respecto del último punto, la Comisión recuerda que no se han presentado quejas o reclamaciones, o su número es muy reducido, lo que permite indicar la falta de un marco legal apropiado, un desconocimiento de los derechos, una falta de confianza en los procedimientos, una falta de acceso efectivo a éstos o un temor a represalias (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 870). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la formación impartida a jueces, inspectores y otros funcionarios del trabajo, así como sobre las medidas de sensibilización adoptadas para los interlocutores sociales. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre toda violación del principio del Convenio detectada por los servicios de inspección del trabajo o señalada a la atención de los mismos, las sanciones impuestas y las reparaciones acordadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Evolución legislativa. La Comisión toma nota de que el artículo 8, 1), del Código del Trabajo recientemente enmendado (ley núm. 10/2012/QH13, de 18 de junio de 2012) amplía el número de motivos prohibidos de discriminación. De manera específica, en relación con los motivos comprendidos en el artículo 1, 1), a), del Convenio, el nuevo Código del Trabajo añade «color» a los motivos anteriormente prohibidos de género, raza, clase social, creencia o religión.

En relación con los motivos previstos en el artículo 1, 1), b), del Convenio, la Comisión acoge con agrado que el nuevo Código del Trabajo añada «estado civil», «situación del VIH», «discapacidades», y «la constitución, la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales». La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento de los motivos ampliados de discriminación que se reflejan en el artículo 8, 1), del Código del Trabajo enmendado, incluida toda medida adoptada o prevista para sensibilizar a trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones, así como a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, sobre estas disposiciones, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las autoridades pertinentes a este respecto desagregada por tipo de discriminación alegada.

Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en el color y en la ascendencia nacional. La Comisión recuerda su pedido anterior al Gobierno de que adoptara medidas prácticas para garantizar la aplicación del Convenio respecto de la igualdad de oportunidades y de trato, con independencia de la opinión política, la ascendencia nacional y el color. Al respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 8, 1), del Código del Trabajo, de 2012, incluye ahora el color como un motivo prohibido de discriminación, pero continúa omitiendo opinión política y ascendencia nacional. En este sentido, si bien la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto de 2013, prevé sanciones en caso de violaciones administrativas basadas en motivos de discriminación, como define el artículo 8, 1), del Código del Trabajo, destaca que este decreto no se aplica a los motivos de opinión política y ascendencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 2013, respecto de los actos de discriminación basados en motivos de color, así como cualquier otra medida adoptada para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, sin tener en cuenta el color. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre toda medida práctica adoptada para garantizar la plena aplicación del Convenio en relación con la igualdad de oportunidades y de trato, independientemente de la opinión política y de la ascendencia nacional.

Discriminación basada en la religión. La Comisión recuerda en su solicitud anterior al Gobierno de comunicar información detallada sobre las medidas legislativas que prohíben la discriminación en el empleo y la ocupación basada en motivos religiosos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 24 de la Constitución y el artículo 8, 1), del Código del Trabajo, de 2012, incluyen la religión como motivo prohibido de discriminación. El Gobierno añade que el decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto de 2013, impone multas por actos de discriminación por motivo de religión, y que el decreto núm. 92/2012/ND-CP, de 8 de noviembre de 2012, aporta detalles sobre la aplicación de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11, de 29 de junio de 2004, que prohíbe la discriminación basada en motivos de religión. No obstante, la Comisión toma nota de que el artículo 6, 1), a), del decreto núm. 92/2012/ND-CP, establece que para poder obtener el registro, las actividades de una organización religiosa no deben violar los artículos 8, 2), y 15, de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11. El artículo 8, 2), de la ordenanza prohíbe el abuso del derecho de creencia y libertad religiosa en contravención a las leyes y las políticas del Estado, al tiempo que el artículo 15 dispone que se interrumpirán las actividades religiosas si afectan de manera adversa la unidad del pueblo o las tradiciones culturales nacionales. En este sentido, la Comisión recuerda que el Primer Ministro adoptó, el 4 de febrero de 2005, la directiva núm. 01/2005/CT-TTg, sobre el protestantismo que prohíbe los intentos de forzar a las personas a seguir o a abandonar una religión. La Comisión toma nota de que, juntas, las tres leyes prevén escenarios en los que un trabajador, con una creencia religiosa no reconocida por el Gobierno pueda ser víctima de discriminación en el empleo y la ocupación por el empleador. En este sentido, la Comisión recuerda que el Convenio protege la expresión y la manifestación de la religión y que es necesario adoptar medidas para eliminar toda forma de intolerancia (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 798). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de la ordenanza núm. 21/2004/PL-UBTVQH11, la directiva núm. 01/2005/CT-TTg y el decreto núm. 92/2012/ND-CP, incluida la información de las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores o los empleadores con creencias religiosas no reconocidas no estén sujetos a discriminación en el empleo o la ocupación.

Discriminación basada en el origen social. La Comisión toma nota de que el Código del Trabajo incluye el motivo de «clase social» que puede tener un significado más estrecho que el motivo de «origen social», en virtud del artículo 1, 1), a), del Convenio. En este sentido, la Comisión recuerda que la discriminación y la desigualdad de oportunidades por motivos de «origen social», se refiere a aquellas situaciones en las que la pertenencia de una persona a una clase, categoría socioprofesional o casta condiciona su futuro profesional, ya sea porque tiene vetado el acceso a ciertos empleos o actividades, o porque sólo se le ofrecen determinados empleos (Estudio General de 2012, párrafo 802). La Comisión pide al Gobierno que aclare de qué manera interpreta los términos «clase social» y si considera que estos términos son coherentes con los términos «origen social», como establece el Convenio.

Acoso sexual. La Comisión toma nota de que el artículo 8, 2), del Código del Trabajo, de 2012, prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo. El artículo 37 del Código del Trabajo establece el derecho de un empleado a dar por terminado de manera unilateral un contrato por motivos de acoso sexual, y los artículos 182 y 183, prohíben específicamente el acoso sexual contra los trabajadores domésticos. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que el Código del Trabajo enmendado no prevé una definición de acoso sexual. Sin embargo, en este sentido, la Comisión toma nota de que la Comisión tripartita de relaciones laborales desarrolló, en mayo de 2015, un código de conducta sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, con el apoyo de la OIT, que define, tanto el quid pro quo como el acoso sexual en un entorno hostil, así como los términos «lugar de trabajo». La Comisión también toma nota de que el código de conducta se aplica a todas las empresas de los sectores público y privado, con independencia de su dimensión, y se dirige a ayudar a los empleadores y a los trabajadores a desarrollar sus propias políticas o reglamentaciones sobre el acoso sexual. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 04/2005/ND-CP, de 11 de enero de 2005, establece la orientación sobre la aplicación de las disposiciones relativas al acoso sexual en el Código del Trabajo anterior, definiendo los derechos y las obligaciones del querellante y la persona objeto de la queja, la jurisdicción, los procedimientos y la aplicación de las decisiones en materia de apelación. No obstante, toma nota de que el Gobierno no ha sometido un decreto equivalente que dé una interpretación equivalente del Código del Trabajo revisado. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento de los artículos 8, 2), 37, 182 y 183 del Código del Trabajo de 2012, incluida toda medida adoptada o prevista para sensibilizar a trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones sobre estas disposiciones, así como a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las autoridades pertinentes a este respecto. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas adoptadas o previstas para facilitar la aplicación del código de conducta sobre acoso sexual en el lugar de trabajo por parte de trabajadores y empleadores de los sectores público y privado, así como información sobre todo progreso realizado a este respecto.

Restricciones al empleo de la mujer. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para garantizar que las medidas de protección que restringen el empleo de la mujer, se limiten a la protección de la maternidad. La Comisión toma nota de las disposiciones mencionadas por el Gobierno sobre la protección de la maternidad, y también toma nota del artículo 160 del Código del Trabajo de 2012, que prohíbe el empleo de las trabajadoras en un trabajo que sea nocivo para las funciones parentales, como se especifica en la lista de trabajos publicada por el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales (MLISA), por ejemplo, el trabajo que requiere una inmersión regular en el agua, y un trabajo regular subterráneo en las minas. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el MLISA, emitió la circular núm. 26/2013/TT-BLDTBXH, de 18 de octubre de 2013, que enumera 77 categorías de trabajo que se prohíben a las mujeres. A este respecto, la Comisión reitera que las medidas de protección para las mujeres no deberían ir más allá de la protección de la maternidad, y que las medidas destinadas a proteger a las mujeres en general debido a su sexo o género se basan a menudo en percepciones estereotipadas acerca de su idoneidad, capacidad y papel adecuado en la sociedad y contravienen el Convenio, constituyendo, así, obstáculos a la contratación y al empleo de las mujeres. La Comisión desea destacar una vez más que las disposiciones relativas a la protección de las personas que realizan trabajos perjudiciales o peligrosos deberían tener por objeto proteger la salud y la seguridad, tanto de mujeres como de hombres en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del artículo 160 del Código del Trabajo de 2012, incluida una lista de las ocupaciones prohibidas en virtud del artículo 160, 2) y 3), además de las ocupaciones designadas en la circular núm. 26/2013/TT-BLDTBXH, de 2013. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas para garantizar que las futuras revisiones de la circular anterior limiten sus restricciones a las mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Artículos 3 y 5.  Prohibición de prácticas de contratación discriminatoria por motivo de sexo, y medidas especiales. La Comisión recuerda su solicitud al Gobierno sobre las medidas adoptadas para poner freno a prácticas discriminatorias que afecten a las mujeres en la contratación, como dar preferencia a los solicitantes de empleo masculinos y desalentar a las solicitantes femeninas mediante el establecimiento de requisitos que prohíben el matrimonio y el embarazo durante un determinado período tras la contratación. En ese sentido, la Comisión toma nota de que los artículos 8, 1), 153 y 154 del Código del Trabajo de 2012, que prohíben la discriminación basada en motivos de género, requieren que el Gobierno y los empleadores generen oportunidades de empleo para las empleadas y promuevan la igualdad de género en la contratación. También toma nota del decreto núm. 85/2015/ND-CP, de 1.º de octubre de 2015, que contiene disposiciones detalladas para la aplicación de esos artículos, así como disposiciones específicas para mejorar las condiciones laborales y los servicios de atención de la salud disponibles para las empleadas. La Comisión recibe con especial beneplácito las medidas concretas perfiladas en el artículo 5, 1), b), del decreto, que prevé que el Estado garantizará la igualdad de derechos entre las empleadas y los empleados en términos de contratación, a través de relaciones y políticas laborales sobre trato preferencial, así como programas de reducción de impuestos. El artículo 5, 2), a), que prevé que el Estado alentará a los empleadores a «priorizar a las mujeres en la contratación y en la asignación, si el trabajo es idóneo, tanto para hombres como para mujeres, y la persona solicitante está cualificada». La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 25, 2), del decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 22 de agosto de 2013, establece una multa de entre 5 millones y 10 millones de dong vietnamitas (VND) por actos de discriminación, entre otras cosas, por motivos de género y estado civil, y el artículo 18 del mismo decreto especifica sanciones por violación de las disposiciones relativas a las trabajadoras. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación y el cumplimiento de los artículos 8, 1), 153 y 154 del Código del Trabajo de 2012, complementados por el decreto núm. 85/2015/ND-CP, de 2015, que incluye toda medida adoptada o prevista para sensibilizar a trabajadores, empleadores y sus respectivas organizaciones, así como a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, sobre estas disposiciones. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información estadística detallada sobre la aplicación de los artículos 18 y 25, 2), del decreto núm. 95/2013/ND-CP, de 2013, junto con toda queja administrativa o judicial presentada a las autoridades pertinentes a este respecto.

Artículo 4.  Medidas que afectan a las personas de las que se sospecha de manera legítima que realizan actividades perjudiciales para la seguridad del Estado o que participan en las mismas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que las personas a las que se impuso una prohibición en virtud del artículo 36 del Código Penal, tienen el derecho de apelar la decisión dentro de los quince días de la fecha de condena, y de que los tribunales emitieron varios veredictos prohibiendo que las personas ocuparan determinados puestos, o realizaran determinadas ocupaciones o determinados trabajos. La Comisión recuerda la indicación anterior del Gobierno de que, en la práctica, pueden imponerse prohibiciones cuando un tribunal juzgue que la continuación del trabajo realizado por la persona condenada puede ocasionar un daño a la sociedad, y éste podría ser el caso de aproximadamente 100 actos tipificados como delitos por el Código Penal, como los actos que ponen en peligro la vida, la salud y la dignidad de una persona, los actos que restringen la libertad de los ciudadanos, los delitos relacionados con las drogas, los actos que infringen el orden y la seguridad públicos o los actos que interfieren con la justicia. La Comisión toma nota de la breve respuesta del Gobierno en la que remite a la Comisión a unas estadísticas desglosadas sobre el número de casos judiciales que tratan diferentes tipos de conflictos laborales. Sin embargo, la Comisión toma nota de que esta información no responde a su solicitud anterior. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud anterior al Gobierno de que comunique la información relacionada con los veredictos que prohíben que las personas ocupen determinados puestos, o realicen determinadas ocupaciones o determinados trabajos; los delitos en relación con los cuales se impusieron esas prohibiciones, y el número y la naturaleza de las apelaciones presentadas y sus resultados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Yemen

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015. La Comisión también toma nota de que ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias y sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 3, a), del Convenio. Legislación. La Comisión recuerda que el artículo 5 del Código del Trabajo prevé el derecho y el deber de trabajar sin discriminación basada en el sexo, la edad, la raza, el color, el credo o el idioma. Asimismo, recuerda que durante muchos años ha estado haciendo hincapié en la importancia de establecer y aplicar una política nacional de igualdad que cubra todos los motivos enumerados en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno está revisando el Código del Trabajo. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que aproveche la oportunidad que ofrece la actual revisión del Código del Trabajo para prohibir explícitamente la discriminación directa e indirecta basada al menos en todos los motivos que figuran en el Convenio, incluidos la opinión política, el origen social y la ascendencia nacional, con respecto a todos los aspectos del empleo y la ocupación y a todos los trabajadores.

Artículo 2. Política nacional en materia de igualdad. La Comisión recuerda que, con miras a lograr eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación, los Estados tienen que elaborar y aplicar una política nacional de igualdad multidimensional. La implementación de una política nacional de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas específicas y concretas incluyendo, en la mayoría de los casos, la necesidad de un marco legislativo claro y amplio y la garantía de que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es eficaz en la práctica. Se requieren medidas proactivas para tratar las causas subyacentes de la discriminación y las desigualdades de hecho resultantes de una discriminación profundamente arraigada (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 732). La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para elaborar y aplicar una política nacional en materia de igualdad a fin de hacer frente a la discriminación y promover la igualdad en los sectores público y privado, al menos en lo que respecta a la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. Pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 100 (Argelia, Barbados, Bélgica, Belice, Botswana, Brasil, Burundi, Canadá, República Centroafricana, Congo, República de Corea, Djibouti, Dominica, Eritrea, Eslovenia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea-Bissau, Haití, Hungría, India, República Islámica del Irán, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Lesotho, Letonia, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Malí, Marruecos, Mongolia, Montenegro, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Nueva Zelandia: Tokelau, Países Bajos, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Rwanda, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Singapur, Sudán del Sur, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, Yemen); el Convenio núm. 111 (Argelia, Australia, Bahrein, Barbados, Bélgica, Belice, Brasil, Burundi, Canadá, República Centroafricana, Congo, Djibouti, Dominica, Eritrea, Eslovenia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Granada, Guinea-Bissau, Haití, Hungría, India, Islandia, Islas Salomón, Italia, Jamaica, Kenya, Kirguistán, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Letonia, Liberia, Luxemburgo, Malí, Mongolia, Montenegro, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Nueva Zelandia: Tokelau, Países Bajos, Pakistán, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sudáfrica, Sudán del Sur, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela, Viet Nam, Yemen); el Convenio núm. 156 (Albania, Azerbaiyán, Belice, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Japón, Montenegro, Níger, Noruega, Países Bajos, San Marino, Serbia, Yemen).

Consultas tripartitas

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2002)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las consultas tripartitas celebradas acerca de las cuestiones relacionadas con el Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Trabajo respecto de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. La Comisión también pide nuevamente al Gobierno que incluya información detallada y actualizada sobre las consultas tripartitas celebradas respecto de cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo comprendidas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 5, párrafo 1, b).  Sumisión al Parlamento. El Gobierno indica en su memoria que todos los instrumentos adoptados por la Conferencia fueron sometidos a las autoridades pertinentes. La Comisión se remite a las observaciones que formula en relación con la obligación de sumisión y pide nuevamente al Gobierno que informe sobre las consultas celebradas respecto de las propuestas presentadas ante el Parlamento de Antigua y Barbuda en relación con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia, y que también indique la fecha en que dichos instrumentos fueron sometidos al Parlamento.

Artículo 5, párrafo 1, c).  Examen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones. El Gobierno reitera, al igual que en 2014, que ha tomado nota de los comentarios formulados por la Comisión en relación con el examen de los convenios no ratificados. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores e insta al Gobierno a que comunique información actualizada sobre el reexamen de los convenios no ratificados con los interlocutores sociales, en particular: i) el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), considerado convenio de gobernanza; ii) el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132), (que revisa el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)), y el Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101), de los cuales Antigua y Barbuda es un Estado parte); iii) el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), (que revisa el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)), que también ha sido ratificado por Antigua y Barbuda).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Bangladesh

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)

Artículo 5, 1), del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a aprovechar la ocasión que brindan los procedimientos de consulta tripartita requeridos por el Convenio para avanzar en lo que se refiere a la aplicación y a la ratificación de los instrumentos de la OIT pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), de conformidad con la Declaración de compromiso tripartita, adoptada en 2013, tras los trágicos sucesos que afectaron al edificio Rana Plaza y la fábrica Tazreen. La Comisión invitó también al Gobierno a que vuelva a examinar otros convenios no ratificados en consulta con los interlocutores sociales, especialmente, el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), uno de los convenios considerados fundamentales; el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), y el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), considerados ambos como convenios de gobernanza; el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), cuya ratificación se traduciría en la denuncia inmediata del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107); así como el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), y el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Bangladesh ratificó estos dos últimos instrumentos en 2014. El Gobierno señala que la ratificación de los convenios mencionados por la Comisión no es viable a corto plazo, en tanto en cuanto requeriría un tiempo considerable crear los sistemas administrativos y jurídicos necesarios para ratificar estos instrumentos. El Gobierno añade que, pese a no haber ratificado los instrumentos en materia de SST, se ha comprometido no obstante a garantizar la aplicación de la legislación vigente en materia de SST y de accidentes relacionados con el trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica información sobre las consultas efectivas celebradas por el Consejo Consultivo Tripartito en relación con los temas de los que trata el artículo 5, 1), del Convenio. Así pues, la Comisión urge al Gobierno que comunique información específica y detallada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas sobre todos los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio, en particular, en relación con los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo (artículo 5, 1), a)); la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, 1), b)); el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto (artículo 5, 1), c)), y las memorias que hayan de presentarse sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, 1), d)).

Burundi

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En su memoria, el Gobierno indica que colabora estrechamente con los interlocutores sociales, incluidas la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) y la Confederación Sindical de Burundi (CSB). Además, el Gobierno señala que el 25 de mayo de 2011 se adoptó una carta nacional de diálogo social en la que cada parte se compromete a promover el diálogo social y las consultas tripartitas a fin de resolver los conflictos relacionados con el mundo del trabajo. Asimismo, el Gobierno da cuenta del establecimiento de un Comité Nacional de Diálogo Social (CNDS) en virtud del decreto núm. 100/132, de 21 de mayo de 2013, por el que se revisa el decreto núm. 100/47, de 9 de febrero de 2012, sobre la creación, composición y funcionamiento del CNDS. Además, el Gobierno indica que entre 2015 y 2016 se crearon ocho comités provinciales de diálogo social (CPDS) en las provincias de Makamba, Muyinga, Ruyigi, Karusi, Rumonge, Bubanza, Ngozi y Gitega. En lo que respecta a las ramas de actividad económica, se han creado seis comités paritarios bipartitos de diálogo social (para las ramas de salud, justicia, educación, transporte, agricultura y telecomunicaciones). El Gobierno precisa que las consultas tripartitas se efectúan en función de las necesidades.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno sobre la resolución por el CNDS de nueve conflictos laborales, así como en relación a que recientemente se ha llevado a cabo una actividad de formación sobre las normas internacionales del trabajo, efectuada con el apoyo técnico de un especialista en la materia de la Oficina de la OIT en Pretoria. La Comisión recuerda que el Convenio se centra principalmente en las consultas tripartitas destinadas a promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo. A este respecto, toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las consultas tripartitas realizadas sobre las cuestiones contempladas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. En lo que respecta a la frecuencia de las consultas realizadas, en virtud del artículo 5, párrafo 2, del Convenio, también conviene recordar que si bien esta disposición exige que las consultas se realicen al menos una vez al año no exige que cada año se aborden todos los puntos contemplados en el artículo 5, párrafo 1. En efecto, ciertos temas (tales como las respuestas a los cuestionarios, las propuestas en relación con la sumisión a las autoridades competentes y las memorias a presentar a la OIT) requieren una consulta anual mientras que otros (tales como el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones, así como las propuestas de denuncia de los convenios ratificados) requieren un examen menos frecuente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita a la OIT copia de las disposiciones legislativas, administrativas o de otro tipo a través de las que se aplica el Convenio, en particular de las que rigen la composición y el funcionamiento del CNDS y de los CPDS. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información detallada sobre el contenido y el resultado de las consultas llevadas a cabo sobre cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo enunciadas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 4.  Apoyo administrativo. La Comisión entiende que se ha creado una secretaría ejecutiva permanente del CNDS en virtud de la orden ministerial núm. 570/66, de 3 de enero de 2014, relativa al nombramiento de algunos miembros del personal de la secretaría ejecutiva permanente del CNDS, a la que se ha asignado un presupuesto de funcionamiento. La Comisión pide al Gobierno que describa la forma en la que se proporciona apoyo administrativo a los procedimientos de consulta contemplados por el Convenio y que precise si se han adoptado o previsto acuerdos sobre la base del artículo 4, párrafo 2, para financiar toda formación necesaria para las personas que participan en los procedimientos de consulta.

Chad

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1998)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Asistencia técnica. En sus conclusiones de junio de 2013, la Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento eficaz de los procedimientos que exige este convenio de gobernanza. El Gobierno señala, en su memoria recibida en noviembre de 2014, que propugna siempre el diálogo social con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno envió las memorias sobre los convenios ratificados a los interlocutores sociales para que éstos formularan las observaciones correspondientes, tal como habían acordado durante un taller sobre las obligaciones constitucionales celebrado en Dakar, en julio de 2014. La Comisión toma también nota de que, en septiembre de 2014, se celebró en N’Djamena un taller de fortalecimiento de capacidades sobre normas internacionales del trabajo y diálogo social. Con el apoyo de la OIT y en el marco del seguimiento solicitado por la Comisión de la Conferencia tras una discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2013, los participantes formularon diversas propuestas para reforzar los mecanismos de consulta que requiere el Convenio, entre las cuales se encuentra la celebración de un taller tripartito con los departamentos y unidades concernidos para abordar las informaciones requeridas en los comentarios de la Comisión de Expertos, así como un taller tripartito encaminado a la validación de las memorias antes de presentarlas a la OIT. La Comisión invita al Gobierno a presentar otras informaciones sobre los progresos realizados tras la asistencia recibida de la OIT sobre las cuestiones relativas a las consultas tripartitas y al diálogo social.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Mecanismos de consulta y consultas tripartitas efectivas. El Gobierno señala que, en 2013, el Comité de Alto Nivel para el Trabajo y la Seguridad Social se reunió para incorporar los comentarios técnicos formulados sobre el proyecto de Código del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que dicho Comité de Alto Nivel ha estado inactivo en 2014. La Comisión invita al Gobierno a comunicar información detallada sobre las consultas que hayan tenido lugar sobre cada una de las cuestiones de las que trata el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 4, párrafo 2. Formación. El Gobierno confirma que es necesario que los participantes en los procedimientos de consulta cuenten con formación, pero que con frecuencia esto plantea algún problema de financiación. La Comisión toma nota de la posibilidad de que el Gobierno intervenga directamente o por medio de los interlocutores para el desarrollo a fin de hacer posible dicha formación. La Comisión invita al Gobierno a describir las medidas adoptadas para la financiación de la formación necesaria de los participantes en los procedimientos de consulta.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

China

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (notificación: 1997)

Artículos 2, 1), y 3, 1), del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. Elección de los representantes de los interlocutores sociales. La Comisión ha venido solicitando a lo largo de algunos años que el Gobierno y los interlocutores sociales promovieran y fortalecieran el tripartismo y el diálogo social, incluso a garantizar una participación significativa de la Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU), en el proceso de consulta. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la HKCTU, que expresaron una vez más su preocupación respecto de las consultas inefectivas, en relación con el actual sistema electoral de representación en el Consejo Consultivo Laboral (LAB), organismo tripartito designado para las consultas tripartitas a los fines del Convenio. La HKCTU señaló que el LAB cuenta con seis representantes de los trabajadores, cinco de los cuales son elegidos por sindicatos registrados, con un sexto representante nombrado ad personam por el Gobierno. Destacó que los votos sindicales contabilizados tienen el mismo peso, independientemente del número de afiliados, con arreglo al principio de «un sindicato, un voto». Con arreglo al sistema electoral, a los votantes se les permite votar por una lista de cinco candidatos en un solo escrutinio, de manera que la obtención de más de la mitad de los votos permitiría que una lista de cinco candidatos ganara los cinco puestos. En sus observaciones, la HKCTU sostiene que este sistema electoral es injusto, habiéndose impedido ser elegida para el LAB, a pesar de su condición de segunda confederación sindical más numerosa. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para garantizar una participación significativa de la HKCTU, como parte del proceso consultivo en la organización más representativa de trabajadores, y solicitó al Gobierno que informara sobre los resultados al respecto.

En su respuesta, el Gobierno indica que reconoce plenamente la importancia de las consultas tripartitas y del diálogo social con la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno añade que entiende perfectamente que los términos «organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores», en el sentido del artículo 1 del Convenio, no significan sólo la organización más numerosa de empleadores y la organización más numerosa de trabajadores, y que las organizaciones representativas, a que hace referencia el Convenio, son las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores que gozan del derecho a la libertar sindical y son libres de elegir a sus representantes en las consultas tripartitas.

Además, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual todos los sindicatos registrados, independientemente de sus afiliaciones a cualquier grupo sindical, son invitados a participar en la elección de los representantes de los trabajadores en el LAB, mediante el nombramiento de candidatos para presentarse a las elecciones y elegir libremente a los representantes al LAB, mediante voto secreto. Más concretamente, cada sindicato registrado tiene la libertad de votar por uno o más candidatos, hasta un número máximo de representantes de los trabajadores que sean objeto de elección al LAB, permitiéndole la expresión de preferencias en cuanto a la elección de los representantes de los trabajadores, en la mayor medida posible. El Gobierno añade que más de la mitad de los sindicatos registrados en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), no están afiliados a un grupo sindical importante, y ninguno de los grupos sindicales cuenta con un número predominante de afiliados. Dado que todos los sindicatos registrados son elegibles para el ejercicio de su libertad de elección en estas elecciones, el Gobierno considera que no se trata de que un grupo sindical concreto sea excluido de la elección. El Gobierno añade que no existen pruebas que sugieran una injusticia en el actual método de elección, señalando que el método de regreso de los representantes de los trabajadores al LAB, a través de una elección por parte de todos los sindicatos registrados, está bien establecido en la HKSAR. El método es transparente, de eficacia demostrada y ampliamente aceptado por el sector del trabajo como el que mejor representa las opiniones de los trabajadores y como el más adecuado para las condiciones locales. El Gobierno se compromete a seguir garantizando que todos y cada uno de los sindicatos registrados, incluidos los afiliados a la HKCTU, gocen del mismo derecho de nombrar candidatos y de votar en la elección de los representantes de los trabajadores al LAB. Sin embargo, el Gobierno considera que sería inadecuado e inoportuno que el sistema de elección de los representantes de los trabajadores al LAB fuese a cambiar a favor de una organización concreta.

El Gobierno indica que seguirá respetando las consultas tripartitas establecidas en el Convenio y que tendrá en cuenta las opiniones de los empleadores y de los trabajadores en la formulación de las políticas laborales. Durante el proceso consultivo tripartito, los representantes de los empleadores y de los trabajadores participan en un plano de igualdad en varios comités bajo los auspicios del LAB, incluidos los afiliados a diferentes grupos sindicales, incluida la HKCTU. Todos los sindicatos y grupos sindicales, incluida la HKCTU y sus sindicatos afiliados, tienen también la libertad de comunicar sus opiniones al gobierno de la HKSAR. El Gobierno indica asimismo que el principio de consultas tripartitas también se aplica al abordar otros asuntos laborales, como la Comisión de los Salarios Mínimos (MWC). La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que expresó su preocupación de que, con arreglo al proceso de votar una lista de los candidatos de la organización laboral, como describe la HKCTU, existe el riesgo de que la segunda confederación sindical más importante del país pueda haber sido excluida de una participación significativa en la organización más representativa de trabajadores. En consecuencia, la Comisión urge al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos, junto con los interlocutores sociales, para garantizar la promoción del tripartismo y del diálogo social, con el fin de facilitar los procedimientos que garantizan unas consultas tripartitas efectivas. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para garantizar una participación significativa de la HKCTU en el proceso consultivo, en el seno de la organización más representativa de trabajadores.

Artículo 5, 1).  Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno indica que, durante el período de presentación de memorias, la Comisión para la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo (CIILS) del LAB, fue consultada en relación con todas las memorias que han de presentarse en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. Los procedimientos para la preparación de estas memorias y las copias de las memorias, se comunicaron a todos los miembros del LAB. Los miembros de la CIILS también fueron informados de los progresos realizados en el ejercicio de enmiendas legislativas para la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, habiendo compartido los miembros sus opiniones libremente en la reunión. La Comisión toma nota del informe del LAB para 2015-2016, comunicado junto a la memoria del Gobierno. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas celebradas sobre todos los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo que abarca el Convenio (artículo 5, 1), a)-e)).

Costa Rica

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) recibidas el 5 de septiembre de 2016, así como de la respuesta del Gobierno recibida el 6 de enero de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Organizaciones representativas. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTRN, en que sostiene que las organizaciones más representativas de trabajadores, las centrales sindicales (organizaciones sindicales de tercer grado que agrupan a trabajadores manuales e intelectuales de los diferentes sectores), no se encuentran representadas en el Consejo Superior de Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas, en particular los criterios de selección, para asegurar que las consultas requeridas por el Convenio se realicen con las «organizaciones más representativas» de empleadores y trabajadores, indicando los criterios utilizados para determinar la representatividad.

Artículo 5, 1).  Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica en su memoria que, cada vez que ha recibido documentos de la OIT, se ha atendido a lo estipulado en el artículo 5, 1), del Convenio. En este sentido, el Gobierno se refiere, entre otros, al envío de proyectos de memorias y memorias definitivas sobre la aplicación de los convenios ratificados y sobre los convenios no ratificados así como de diversos cuestionarios de la OIT, a la CTRN y a otras organizaciones representativas entre agosto de 2013 y mayo de 2016. Por su parte, la CTRN reitera su preocupación por el hecho de que el Gobierno continúa enviando las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados muy tarde y sólo después de su transmisión a la Oficina o en un plazo muy breve (en ciertas ocasiones de sólo diez días) para que los interlocutores sociales realicen las observaciones que estimen pertinentes. La Comisión recuerda que para ser «efectivas», las consultas deben efectuarse necesariamente antes de tomar la decisión, cualquiera que sea la índole o la forma de los procedimientos que se sigan. Lo esencial es que las personas consultadas tengan la posibilidad de hacer valer su opinión antes de que el Gobierno tome la decisión definitiva. Las consultas efectivas suponen pues, en la práctica, que los representantes de los empleadores y de los trabajadores dispongan con suficiente antelación de todos los elementos necesarios para formarse una opinión al respecto. Asimismo, la Comisión recuerda que las consultas deben realizarse en la fase de elaboración de las memorias. Además, cuando las consultas se realizan por escrito, el Gobierno debería transmitir un proyecto de memoria a las organizaciones representativas para recoger su parecer con anticipación antes de establecer una memoria definitiva (véase Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafos 31 y 93). En relación a la invitación formulada por la Comisión en sus observaciones de 2012 y 2013, el Gobierno indica que la Cartera de Trabajo y Seguridad Social llevó a cabo consultas con los interlocutores sociales con miras a considerar la posibilidad de establecer un calendario para la elaboración de memorias. A la luz de las observaciones de la CTRN, la Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre las consultas celebradas respecto a cada una de las materias relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), del Convenio. La Comisión solicita además al Gobierno que comunique información sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales sobre la manera en que se podría perfeccionar el funcionamiento de los procedimientos requeridos por el Convenio, incluyendo establecer un calendario para la elaboración de memorias (artículo 5, 1), d)). Adicionalmente, y en el contexto de los procedimientos requeridos por el Convenio, la Comisión espera que el Gobierno tomará medidas para establecer un plazo adecuado que permita a las organizaciones de empleadores y de trabajadores disponer de suficiente antelación para poder formar sus opiniones y hacer los comentarios que consideran oportunos al respecto de los proyectos compartidos por el Gobierno en conformidad con el artículo 5, 1).

Côte d'Ivoire

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1987)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Sindicatos Autónomos de Côte d'Ivoire (FESACI), recibidas el 30 de agosto de 2016.

Artículo 5, 1), del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno indica en su memoria que no se ha adoptado aún el decreto relativo al nombramiento de los miembros del comité tripartito para las cuestiones de la OIT. Sin embargo, añade que las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores son consultadas regularmente sobre estas cuestiones. A este respecto, el Gobierno explica que el Ministerio de Trabajo ha dado inicio a reuniones antes de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre los puntos inscritos en el orden del día de la Conferencia. No obstante, la Comisión toma nota de que no se ha comunicado ninguna información adicional en relación con las demás cuestiones a que se refiere el artículo 5, 1), del Convenio. La FESACI recuerda, en sus observaciones, que los Estados Miembros de la OIT deben, en virtud de la Constitución de la OIT, comunicar a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, copias de las memorias que se transmiten a la OIT. Estas memorias deben enviarse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre de cada año. En sus observaciones, la FESACI indica que ha sido privada de su derecho de formular comentarios sobre las mismas. La Comisión toma nota de que la Oficina recibió la memoria del Gobierno el 21 de octubre de 2016. La Comisión recuerda que, «para ser ‘efectivas’, las consultas deben efectuarse necesariamente antes de tomar la decisión definitiva, cualquiera sea la índole o la forma de los procedimientos que se sigan. […] Las consultas efectivas suponen, pues, en la práctica, que los representantes de los empleadores y de los trabajadores dispongan con suficiente antelación de todos los elementos necesarios para formarse una opinión al respecto. Conviene destacar en este sentido que no basta con comunicar las informaciones y las memorias que se hayan enviado a la Oficina en aplicación del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, para cumplir la obligación de efectuar consultas efectivas, dado que, a esas alturas, la posición del Gobierno tiene ya un carácter definitivo» (véase el Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafo 31). La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones precisas sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas realizadas sobre todas las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo comprendidas en el Convenio, especialmente en relación con los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia (artículo 5, 1), a)), las propuestas que hayan de presentarse sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional (artículo 5, 1), b)), el reexamen, a intervalos apropiados, de los convenios no ratificados y de las recomendaciones a las que no se haya dado aún efecto (artículo 5, 1), c)), las memorias que hayan de comunicarse sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, 1), d)), así como las propuestas de denuncia de convenios ratificados (artículo 5, 1), e)). Además, la Comisión pide al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre la adopción del decreto relativo al nombramiento de los miembros del comité tripartito para las cuestiones de la OIT, al igual que informaciones sobre las actividades del mencionado comité relativas a las normas internacionales del trabajo.

República Democrática del Congo

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2013. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que las elecciones sindicales, organizadas entre octubre de 2008 y julio de 2009, permitieron identificar las 12 organizaciones profesionales de trabajadores más representativas cuyo mandato continúa hasta la convocatoria de las próximas elecciones, previstas en diciembre de 2013. Estas organizaciones profesionales de empleadores tienen su condición de más representativas debido al número de empresas afiliadas. Además, el Gobierno señala que el Ministro de Empleo, de Trabajo y de Previsión Social convoca la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) mediante una orden ministerial que transmite a los interlocutores sociales miembros del CNT, solicitándoles que comuniquen los nombres de los representantes titulares y suplentes de sus respectivas organizaciones (artículo 3 del Convenio). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna otra información sobre el funcionamiento de los procedimientos consultivos requeridos por el Convenio. La Comisión remite al Gobierno a su previa observación en relación con la falta grave de cumplimiento de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que suministre informaciones sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales en relación con las propuestas presentadas al Parlamento con ocasión de la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio). La Comisión solicita también al Gobierno que haga llegar informaciones detalladas sobre el contenido de las consultas y de las recomendaciones formuladas por los interlocutores sociales sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Djibouti

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2005)

Artículos 1 y 3, 1), del Convenio. Participación de las organizaciones representativas. El Gobierno reitera en su memoria que en 2013 se elaboraron dos proyectos de texto en consulta con los interlocutores sociales. Estos textos se presentaron al Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (CONTESS) en 2014. El primer texto tiene por objetivo crear un marco institucional para reglamentar la cuestión de la representatividad, tal como establece el artículo 215 del Código del Trabajo que dispone que «el carácter representativo de las organizaciones sindicales está determinado por el resultado de las elecciones profesionales» y que «la clasificación de las organizaciones sindicales surgida de los resultados de las elecciones profesionales constará en una ordenanza del Ministerio del Trabajo». No obstante, la señalada ordenanza se encuentra todavía en proceso de elaboración, de manera que los criterios de representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores están aún por determinar. El segundo texto busca fortalecer los procedimientos electorales que han de seguirse en las elecciones profesionales o nacionales, que consisten en elecciones libres e independientes, que son esenciales para poder garantizar la constitución de organizaciones de trabajadores y de empleadores legítimas, y también su representatividad. El Gobierno precisa que los dos proyectos de texto no fueron validados por los miembros del CONTESS. El CONTESS encargó a la comisión permanente el examen de los mencionados proyectos que posteriormente no adoptó. El Gobierno indica que informará a la Oficina de toda evolución en la materia. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte, en los más breves plazos, los mencionados proyectos de texto, a efectos de permitir criterios objetivos y transparentes a los fines de la designación de los representantes de los trabajadores en las instancias tripartitas nacionales e internacionales, incluida la Conferencia Internacional del Trabajo.

Artículo 4, 2).  Financiación de la formación. El Gobierno indica que se organizó un seminario sobre el derecho del trabajo para los miembros de los sindicatos de base afiliados a las dos principales centrales de sindicatos de trabajadores de Djibouti más representativas. El seminario se realizó del 28 al 31 de agosto de 2016 en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ese seminario fue financiado por la secretaría ejecutiva encargada de la reforma de la administración. Además, el Plan de acción operativo 2014-2018 de la política nacional de empleo, prevé un componente de formación sobre la legislación laboral para los delegados sindicales y los empleadores. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre los acuerdos apropiados celebrados para la financiación de la formación que necesiten los participantes en los procedimientos consultivos, como prevé el Convenio.

Artículo 5.  Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. Frecuencia de las consultas tripartitas. La Comisión toma nota del acta detallando de la reunión del CONTESS, que tuvo lugar el 27 y 28 de noviembre de 2016, y que fue comunicado por el Gobierno en un anexo de su memoria. A este respecto, toma nota del orden del día de la reunión, que comprende los proyectos de texto de aplicación del Código del Trabajo, así como el examen de los convenios no ratificados (artículo 5, 1), c), del Convenio). Al respecto, la Comisión toma nota con interés de los proyectos de ratificación adoptados por unanimidad en relación con el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) y con el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones detalladas sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas llevadas a cabo sobre cada una de las cuestiones enumeradas en el artículo 5, 1), del Convenio, y en particular seguir comunicando una copia de las actas de las reuniones del Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

República Dominicana

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1999)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara sus comentarios respecto a las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD). En su respuesta, el Gobierno indica que tanto el sector de los trabajadores como el de los empleadores recibieron en formato digital el borrador de las memorias que fueron enviadas en 2016 a fin de que éstos pudiesen formular sus observaciones. La Comisión toma nota de que, en lo que respecta a las actividades de la mesa tripartita de tratamiento de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, se ha dado inicio a dicha actividad y que de manera tripartita se ha elaborado un borrador sobre el funcionamiento de la misma, el cual fue revisado por el sector de los empleadores y se encuentra en espera de las observaciones de los trabajadores. El Gobierno también indica que se realizaron consultas tripartitas sobre la derogación y el retiro de seis convenios internacionales del trabajo. La Comisión toma nota, por otra parte, de que el Gobierno declara haber celebrado dos reuniones tripartitas con respecto a la revisión de la Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71), y que en el marco del Consejo Consultivo del Trabajo, celebrado el 16 de mayo de 2017, se discutieron temas tales como la migración laboral, la posible modificación al Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, la cobertura social de los trabajadores móviles u ocasionales y la reclasificación de las empresas. Por último, el Gobierno indica que se encuentra en espera de las observaciones de los trabajadores y de los empleadores con respecto a la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) y la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). La Comisión recuerda que para ser efectivas, las consultas suponen en la práctica que los representantes de los empleadores y de los trabajadores dispongan con suficiente antelación de todos los elementos necesarios para formarse una opinión al respecto (véase Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafo 31). La Comisión pide al Gobierno que le transmita copia del reglamento de funcionamiento de la mesa tripartita de tratamiento de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo una vez que sea adoptado. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades de la mesa tripartita de tratamiento de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo, particularmente el contenido y los resultados de las discusiones llevadas a cabo en relación con los temas enumerados en el artículo 5, párrafo 1.

El Salvador

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia International del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017 en relación con la aplicación del Convenio. Al respecto, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: i) reactive sin demora el Consejo Superior del Trabajo (CST); ii) vele por que se realicen avances concretos en lo que respecta a la libertad y autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para designar a sus representantes de conformidad con el Convenio, sin ser objeto de intimidación; iii) asegure la protección adecuada de los locales de las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores contra actos de violencia y de destrucción, y iv) informe con detalle sobre la aplicación del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica, a la siguiente reunión de la Comisión de Expertos.

Asimismo, la Comisión toma nota de la misión de contactos directos realizada en El Salvador del 3 al 7 de julio de 2017, en que se consultó a los mandantes tripartitos y que llevó a las siguientes recomendaciones: i) se alienta al Gobierno a que, mediante el diálogo social, se tomen medidas adicionales para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del CST, ii) se alienta a las autoridades competentes, a que en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores concernidas, se tomen las medidas necesarias para asegurar el pleno respecto de la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la designación de sus representantes; iii) se invita al Gobierno a que, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, se consideren procedimientos uniformes de acreditación de dichas organizaciones; iv) se alienta a las autoridades públicas a que tomen todas las medidas pertinentes para asegurar la protección de los locales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la seguridad de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; v) respecto del asesinato del sindicalista Abel Vega, la Comisión espera constatar progresos tangibles en cuanto al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los culpables y la aplicación de las sanciones proporcionadas; vi) se saluda la predisposición indicada por las autoridades gubernamentales de tratar mediante el diálogo social las cuestiones planteadas por la misión y se recomienda que se tomen medidas para promover una cultura de diálogo social, en particular reforzando las capacidades de los interlocutores sociales para participar de forma constructiva en discusiones tripartitas y asegurando el cumplimiento de las reglas de base necesarias para el desarrollo de prácticas de diálogo maduro, y vii) se sugiere de recurrir a la asistencia técnica de la OIT en aras de dar seguimiento a estas recomendaciones.

La Comisión también toma nota de las observaciones de la ANEP y de la Organización internacional de los Empleadores (OIE) recibidas el 30 y el 31 de agosto de 2017 respectivamente, alegando incumplimiento por parte del Gobierno del Convenio.

Artículos 2 y 3, 1), del Convenio. Procedimientos adecuados. Elección de los representantes de los interlocutores sociales en el CST. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, en su decisión de 17 de marzo de 2017, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que la solicitud por parte del Gobierno de un listado definitivo de designados no impone un requisito o condición arbitraria que vulnere a las referidas organizaciones su derecho de libertad sindical. La Corte concluyó, no obstante, que esto no exime al Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS) de su obligación de implementar y sustentar los procesos de concertación social y participación tripartita. Por ello, la Corte observó que se deben propiciar espacios de diálogo entre las organizaciones sindicales para que puedan acordar y aplicar procedimientos claros y permanentes de elección de sus representantes, a fin de garantizar la designación y participación del sector trabajador en el aludido órgano consultativo.

Por otra parte, respecto al funcionamiento del CST, el Gobierno informa que en seguimiento a las conclusiones emitidas por la Comisión, el 1.º de mayo de 2017 se solicitó a las federaciones y confederaciones sindicales legalmente inscritas que presentaran sus propuestas de representantes ante el CST. La Comisión toma nota de que entre el 12 y el 17 de mayo de 2017 se recibieron tres propuestas de designación por parte del sector trabajador, las cuales permitieron conformar la lista de representantes con sus suplencias respectivas ante el CST. Al respecto, el Gobierno indica que los sindicatos que sometieron sus propuestas se encuentran en su totalidad inscritos en el registro del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del MTPS, lo que representa el 56 por ciento de los sindicatos activos, el 51 por ciento de las personas afiliadas a organizaciones sindicales y el 82 por ciento de los contratos colectivos inscritos. Adicionalmente, el Gobierno señala que las gremiales empresariales establecidas en el reglamento presentaron su lista de representantes entre el 6 de junio y el 4 de julio, y que mediante acuerdo ejecutivo núm. 288 de 29 de mayo de 2017, fueron nombrados los miembros del sector gubernamental. El Gobierno añade que el 29 de junio de 2017 se convocó a los representantes de tres sectores a la primera sesión de instalación del CST. Sin embargo, el sector empleador no se presentó a la reunión de preparación ni a la primera sesión de instalación del CST, por lo que se acordó convocar a una nueva reunión de instalación, la cual coincidía de la reunión con la misión de contactos directos. El sector empleador se negó una vez más a participar en la reunión del CST, alegando inconformidad respecto al mecanismo de representación del sector trabajador. El Gobierno reitera en sus observaciones su voluntad de realizar las gestiones indicadas y acordadas en el marco de la misión de contactos directos a fin de continuar fomentando el diálogo social y los acuerdos entre los sectores, contribuyendo de esta manera a la activación del CST. El Gobierno destaca que el proceso de designación de representantes del sector trabajador y empleador se realizó públicamente, con la participación de los anteriores representantes del sector trabajador y empleador, de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental y de todos los medios de comunicación del país. Sin embargo, el Gobierno señala que el sector empleador representado por la ANEP, pese a haber sido electo de manera democrática, se negó a participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo de diciembre de 2016 a julio de 2017. Por último, el Gobierno resalta que, además del CST, el Estado cuenta con cinco entes tripartitos y 17 instituciones autónomas tripartitas, las cuales se encuentran en pleno funcionamiento y que incluyen, entre otros, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Fondo Social de la Vivienda, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional y el Consejo Nacional del Salario Mínimo.

La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la ANEP al efecto que el MTPS se alejó de las recomendaciones de la Comisión en lo referente a la reactivación del CST. Al respecto, manifiestan que el Ministerio, al abrogar la función del órgano elector, se atribuyó la facultad de emitir un instructivo para la elección de representantes del sector trabajador y se apropió la competencia para determinar los criterios de designación de los representantes de los trabajadores ante el CST, incurriendo así en actos de injerencia. Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones proporcionadas por varios bloques de trabajadores en el marco de la misión de contactos, según las cuales dos bloques de organizaciones de trabajadores atribuyeron la paralización del CST a la injerencia del Gobierno, ya que en una primera instancia éste habría exigido que los mismos llegaran a una nómina única por consenso. Asimismo, toma nota de que uno de los bloques de trabajadores antes mencionado decidió desconocer la composición del CST, mientras que el otro bloque, pese a expresar críticas y reservas en cuanto al proceso de designación, optó por participar en el CST. La Comisión nota que un tercer bloque de organizaciones de trabajadores destacó que un grupo de trabajadores ha venido monopolizado ilegítimamente desde hace años la representación de los trabajadores en las instituciones tripartitas y criticó la postura del sector empleador de no asistir a la instauración del CST. Por último, la Comisión nota que en el marco de la misión de contactos directos, todos los bloques de organizaciones de trabajadores indicaron desconocer los criterios de representatividad aplicados por el Gobierno.

La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus solicitudes anteriores, el Gobierno expresa su voluntad de tomar las medidas necesarias para fomentar el diálogo social y reactivar el CST. La Comisión espera firmemente que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para promover y reforzar el tripartismo y el diálogo social de manera a asegurar el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo. La Comisión urge al Gobierno que establezca sin demora, y en consultación con los interlocutores sociales, reglas claras y transparentes para la designación del sector trabajador en el CST que respeten el criterio de representatividad. Con respecto a los alegatos de injerencia, la Comisión espera que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para investigar y resolver los mismos. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 5, 1).  Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno indica que todavía no se han realizado las consultas tripartitas en relación con los documentos adoptados durante la Conferencia entre 1976 y 2015. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que los resultados de las consultas serán comunicados a la Comisión tan pronto se lleven a cabo las mismas y que en este momento, debido a que no existe un criterio definido en cuanto a las implicaciones de un proceso de sumisión de convenios en materia laboral, y debido a la ambigüedad de opiniones en relación con las repercusiones que acarrea el incumplimiento de compromisos a nivel internacional, el Gobierno se encuentra realizando consultas y validando los procedimientos con titulares de instancias gubernamentales y sus respectivas unidades jurídicas. La Comisión también toma nota de las observaciones de la ANEP en las cuales manifiesta que, pese a que realizaron las gestiones adecuadas ante la Dirección de Relaciones Internacionales del MTPS, no les ha sido posible obtener las memorias que serían enviadas a la OIT. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre los resultados de las consultas tripartitas sobre las propuestas que hayan de presentarse a la Asamblea Legislativa en relación con la sumisión de los 58 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1976 y 2015.

Asistencia técnica. La Comisión toma nota de que en octubre de 2017 el Gobierno solicitó asistencia técnica a la Oficina. La Comisión espera que la asistencia técnica solicitada será prestada próximamente y pide al Gobierno que informe sobre cualquier actividad emprendida en este contexto.

España

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 11 y el 17 de agosto de 2017, respectivamente. Asimismo, la Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones anteriores de la CCOO y la UGT, incluidas en su memoria.

Artículo 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en su memoria respecto a las consultas realizadas con los interlocutores sociales entre 2014 y 2017. En relación con las observaciones anteriores de las organizaciones sindicales, el Gobierno indica que, entre 2014 y 2016, las memorias sobre convenios ratificados fueron remitidas a los interlocutores sociales al mismo tiempo que fueron comunicadas a la OIT. El Gobierno indica que en ocasiones las memorias no son trasmitidas con anterioridad a los interlocutores sociales debido al elevado número de memorias a redactar y su compleja elaboración, que conlleva solicitar informes a distintos ministerios. No obstante, afirma que se procurará, en la medida de lo posible, enviar las memorias a los interlocutores sociales con carácter previo a su comunicación a la OIT con miras a que sus observaciones puedan ser integradas en la memoria correspondiente y que el Gobierno pueda responder a las mismas. En este contexto, la UGT indica en sus observaciones que, este año, el Gobierno envió las memorias sobre convenios ratificados a los interlocutores sociales el 7 de julio de 2017. La UGT valora este cambio en la forma de actuar del Gobierno. Por otro lado, la UGT y la CCOO sostienen que el procedimiento de consulta escrita es insuficiente para garantizar las consultas efectivas con los interlocutores sociales exigidos por el Convenio. Por ello, la UGT señala la necesidad de estudiar la posibilidad de aplicar un nuevo procedimiento de consulta, bien a través de una comisión específicamente encargada de los asuntos relacionados con las actividades de la OIT o bien a través de un organismo con competencia general en el ámbito económico, social o laboral. Por su parte, la CCOO indica que no se han celebrado consultas con los interlocutores sociales sobre el establecimiento o el funcionamiento de los procedimientos previstos en el presente Convenio. En su respuesta, el Gobierno se refiere al establecimiento del Consejo Económico y Social en 1991, un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Gobierno añade que las consultas tripartitas se han realizado en la forma que se ha estimado oportuna, mediante comunicaciones escritas, y que los interlocutores sociales no solicitaron celebrar reuniones previas sobre temas relacionados con las memorias. La Comisión recuerda que en el párrafo 2, 3), de la Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152) se han enumerado las posibilidades que tienen los Estados Miembros para proceder a las consultas requeridas por el Convenio. Según los términos de la Recomendación, las consultas no deberían efectuarse por escrito salvo «cuando los participantes en los procedimientos de consulta estimen que tales comunicaciones son apropiadas y suficientes» (véase Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafo 71). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que indique la manera en que se tienen en cuenta las opiniones expresadas por las organizaciones representativas de trabajadores sobre el funcionamiento de los procedimientos de consulta eficaz previa requeridos por el Convenio, así como sobre la posibilidad de establecer procedimientos modificados que respondan a las preocupaciones expresadas por las organizaciones sindicales en sus observaciones.

Francia

Nueva Caledonia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas eficaces. En su memoria el Gobierno indica que entre marzo de 2015 y junio de 2016 se han celebrado 12 reuniones de la Comisión Consultiva del Trabajo (CCT). Asimismo, el Gobierno menciona las consultas efectuadas en el Consejo de diálogo social con arreglo al artículo Lp. 381-3 del Código del Trabajo de Nueva Caledonia, así como en la Comisión especial en el Congreso para la elaboración y el seguimiento de los acuerdos económicos y sociales para el período 2016-2017. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las consultas tripartitas destinadas a promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, y más concretamente sobre la naturaleza y el resultado de las consultas llevadas a cabo sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo contempladas en el artículo 5, párrafo 1, a) y d), del Convenio.

Malawi

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Consultas tripartitas requeridas por el Convenio. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita al Gobierno a presentar una memoria que contenga información detallada sobre las consultas tripartitas realizadas sobre cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya información sobre la naturaleza de los informes o recomendaciones realizados como resultado de dichas consultas.

Artículo 5, 1), c) y e), del Convenio. Perspectivas de ratificación de los convenios y propuestas de denuncia de convenios ratificados. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que realizará consultas con los interlocutores sociales en relación con la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración de la OIT recomendó la denuncia de los Convenios núms. 50, 64, 65, 86, 104 y 107 en relación con los trabajadores indígenas y la ratificación del instrumento más actualizado, el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). En la solicitud directa que se formuló en 2010 sobre el Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45), la Comisión tomó nota de que el Consejo Consultivo Laboral Tripartito había aprobado la denuncia del Convenio núm. 45 y que el Gobierno estaba realizando consultas con los interlocutores sociales sobre la posible ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información sobre los progresos alcanzados en lo que respecta al reexamen de convenios no ratificados — tales como los Convenios núms. 169 y 176 — a fin de promover, cuando proceda, su aplicación o ratificación y a denunciar los convenios obsoletos.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Nigeria

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Consultas con las organizaciones representativas. La Comisión recuerda que es importante que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan disfrutar del derecho a la libertad sindical, sin el cual no puede existir un sistema eficaz de consultas tripartitas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la reforma legislativa y su impacto sobre la mejora de las consultas con las organizaciones representativas que disfrutan de libertad sindical, tal como se requiere en virtud de este Convenio.

Consultas tripartitas requeridas por el Gobierno. En su memoria, el Gobierno indica que sus respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios sobre proyectos de textos generalmente se transmiten a los interlocutores sociales para que hagan sus contribuciones al respecto. Asimismo, el Gobierno señala que los interlocutores sociales participan en la elaboración de memorias. La Comisión recuerda que las consultas tripartitas cubiertas por el Convenio tienen por objetivo principal promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo y conciernen, en particular, a las cuestiones que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información completa y detallada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas que tratan de:

a)las respuestas del Gobierno a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia y sus comentarios sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia, y

b)las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización.

Consultas tripartitas previas sobre las propuestas presentadas a la Asamblea Nacional. La Comisión espera que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen las medidas que se deben tomar para celebrar consultas efectivas sobre las propuestas que se hagan a la Asamblea Nacional al someter los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Funcionamiento de los procedimientos consultivos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si, de conformidad con el artículo 6, se ha consultado a las organizaciones representativas para la preparación de un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos de consultas previstos en el Convenio y, de ser así, que indique el resultado de estas consultas.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Perú

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 14 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios.

Artículo 2 del Convenio. Procedimientos adecuados. El Gobierno indica en su memoria que el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) ha dejado de reunirse debido a que las centrales sindicales han suspendido su participación en el mismo. Al respecto, la Comisión toma nota de que la CATP sostiene en sus observaciones que, desde enero de 2017, las tres centrales sindicales (la CATP, la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT-Perú) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)) decidieron participar en las actividades del CNTPE en relación con 19 proyectos de reforma laboral propuestos por el Gobierno en materia de ceses colectivos, inspección del trabajo y arbitraje potestativo, a pesar de que consideraban que las reformas propuestas reducían los derechos de los trabajadores en las áreas mencionadas. En marzo de 2017, considerando que las reformas violentaban los derechos laborales, y que no existía consenso sobre los proyectos de ley, las centrales sindicales se retiraron del CNTPE. Sin embargo, la CATP indica que se aprobaron las normas sobre ceses colectivos e inspección del trabajo y se presentaron ante el ejecutivo los proyectos de ley sobre los temas señalados y sobre el arbitraje potestativo, antes de una reunión tripartita convocada el 29 de mayo de 2017 por el Ministerio de Trabajo a fines de retomar el diálogo tripartito sobre los puntos pendientes. La CATP añade que los proyectos de ley no tomaron en cuenta las aportaciones presentadas por las centrales sindicales de enero a marzo de 2017. La CATP señala que, como consecuencia, el 31 de mayo de 2017, las centrales sindicales comunicaron al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo por oficio núm. 004-2017-CENT/SIND su decisión de suspender su participación en el CNTPE, así como en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo e informaron de que estaban evaluando su retirada definitiva de tales órganos. La Comisión espera que las circunstancias que obstaculizan el funcionamiento del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo se resuelvan rápidamente. La Comisión solicita al Gobierno que detalle las medidas adoptadas para garantizar que las consultas tripartitas realizadas sean efectivas, para que el CNTPE reanude sus actividades sin demora.

Artículo 5.  Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el 4 de mayo de 2017 se propuso analizar, en el marco del CNTPE, la posibilidad de ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. En este sentido, se han celebrado reuniones entre los interlocutores sociales bajo la conducción de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de realizar una revisión del Protocolo. Por otro lado, el Gobierno indica que los proyectos de memoria son transmitidos a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores previamente a su comunicación a la OIT con la finalidad de permitirles presentar sus observaciones al respecto. El Gobierno añade que las observaciones formuladas por los interlocutores sociales son incluidas en sus memorias. Por su parte, la CATP sostiene que el Gobierno envía las memorias a las organizaciones de trabajadores para que realicen sus observaciones al respecto en un plazo muy breve. La Comisión recuerda que para ser consideradas «efectivas», las consultas deben efectuarse necesariamente antes de tomar la decisión, cualquiera que sea la índole o la forma de los procedimientos que se sigan. Lo esencial es que las personas consultadas tengan la posibilidad de hacer valer su opinión antes de que el Gobierno tome la decisión definitiva. Las consultas efectivas suponen pues, en la práctica, que los representantes de los empleadores y de los trabajadores dispongan con suficiente antelación de todos los elementos necesarios para formarse una opinión al respecto y hacer los comentarios que consideren oportunos (véase Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafos 31 y 93). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre las consultas celebradas respecto a cada una de las materias relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Asimismo, y en el contexto de los procedimientos requeridos por el Convenio, la Comisión espera que el Gobierno tomará medidas para establecer un plazo adecuado que permita a las organizaciones de empleadores y de trabajadores disponer de suficiente antelación para poder formar sus opiniones y hacer los comentarios que consideran oportunos al respecto de los proyectos compartidos por el Gobierno en conformidad con el artículo 5, párrafo 1.

Polonia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)

Artículos 2 y 5, 1), del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la adopción, el 24 de julio de 2015, de la Ley sobre el Consejo para el Diálogo Social y otras instituciones de diálogo social (Ley SDC), que entró en vigor el 11 de septiembre de 2015. El Gobierno indica que el Consejo para el diálogo social (SDC) establecido en virtud de la Ley SDC es un foro para el diálogo tripartito y la cooperación entre los interlocutores tripartitos que sustituyó a la Comisión tripartita de asuntos económicos y sociales. En su primera reunión celebrada en diciembre de 2015, el SDC estableció ocho grupos de trabajo, incluido el equipo tripartito de asuntos internacionales (SDC-TIA), con el mandato de llevar a cabo consultas sobre las cuestiones abarcadas en virtud del Convenio. El Gobierno indica que las consultas celebradas sobre las cuestiones a la que se hace referencia en el artículo 5, 1), a), b) y d), del Convenio han sido efectuadas a través del intercambio de correspondencia entre las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Añade que, tras las observaciones formuladas por los empleadores de Polonia en 2014, se están presentando respuestas a los cuestionarios y proyectos de informe ante los miembros del SDC-TIA y los miembros del presídium del SDC. El Ministro de Familia, Trabajo y Asuntos Sociales presenta documentos para consulta a los interlocutores sociales con treinta días de antelación. Durante el período que se examina, llevan a cabo consultas por escrito con los interlocutores sociales para examinar la posible ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la enmiendas de 2014 al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006). La Comisión toma nota con interés de que la ratificación del Protocolo de 2014 fue registrada el 10 de marzo de 2017. Por lo que respecta a las cuestiones derivadas de las memorias que deben elaborarse en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, el Gobierno indica que el proyecto de ley que modifica la ley sobre los sindicatos y algunas otras leyes, amplían el derecho de sindicación de conformidad con el artículo 2 del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), sometido al SDC para recabar la opinión de los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el contenido, la frecuencia, y el resultado de las consultas llevadas a cabo acerca de los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), a)-e), del Convenio.

Artículo 1.  Organizaciones representativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las preocupaciones de los empleadores de Polonia acerca de la determinación de las organizaciones más representativas a los efectos del Convenio. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre toda evolución a este respecto. El Gobierno indica en su memoria que la cuestión de la representatividad se aborda en la Ley SDC. Los representantes de los trabajadores al SDC se eligen de las organizaciones representativas, sindicatos nacionales, federaciones y confederaciones de conformidad con el criterio establecido en virtud del artículo 23 de la Ley SDC. Los empleadores están representados por los miembros de las organizaciones representativas de empleadores y de las organizaciones nacionales de empleadores intersectoriales reconocidas, cuyo funcionamiento se rige por la Ley sobre las Organizaciones de Empleadores, de 23 de mayo de 1991 o en la Ley sobre las Artesanías, de 22 de mayo de 1989, de conformidad con los criterios establecidos en virtud del artículo 24 de la Ley SDC. El Gobierno añade que las solicitudes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para determinar su representatividad, deben presentarse cada cuatro años y son examinadas por el Tribunal Regional de Varsovia. En este contexto, las organizaciones de empleadores o de trabajadores pueden perder su condición jurídica de organización representativa si omiten presentar una solicitud en la que reiteran la nueva petición dentro de ese plazo para determinar la representatividad. El Gobierno también indica que la Ley SDC fue adoptada tras la realización de consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. De conformidad con el artículo 87 de la Ley SDC, esta institución debe evaluar el funcionamiento de las disposiciones de la ley y presentar recomendaciones y enmiendas para incrementar la autonomía organizativa del Consejo del Presidente de la República de Polonia dentro de un plazo de 24 meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una evaluación acerca de la eficacia e impacto de la Ley sobre el Consejo para el Diálogo Social en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.

Artículo 4, 2).  Formación. El Gobierno indica que la cuestión de la formación aún no ha sido examinada por el SDC. Añade, no obstante, que los interlocutores sociales pueden beneficiarse de los fondos de formación disponibles en el marco de Programa Operacional de Desarrollo del Conocimiento y la Educación, 2014-2020 (POWER). El Gobierno considera que es esencial reforzar la capacidad de los interlocutores sociales, especialmente a nivel local y regional. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre todo acuerdo concertado para impartir formación a los participantes de los procedimientos de consulta abarcados por el Convenio.

Artículo 6.  Informe anual. El Gobierno indica que, de conformidad con el artículo 32, 3), de la Ley SDC, se requiere que el presidente del Consejo presente un informe a la Sejm y al Senado sobre las actividades del SDC durante el año anterior, no más tarde del 31 de mayo de cada año. El Gobierno añade que el informe presentado al Parlamento también incluye una descripción de las actividades del SDC-TIA, incluidas las cuestiones abordadas y las decisiones que se adoptaron. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien enviar una copia del informe anual de las actividades del Consejo para el Diálogo social respecto de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio (artículo 5, 1)).

Portugal

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión General de Trabajadores (UGT), así como de la breve observación formulada por la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP), transmitidas por el Gobierno. Toma nota asimismo de que la Organización Internacional de Empleadores (OIE) brindó su apoyo a las observaciones de la CIP.

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CIP comprueba que se han producido mejoras que aproximan a los interlocutores sociales al Gobierno, a través de reuniones tripartitas. Toma nota asimismo de las observaciones de la UGT, que indican, respecto de los convenios ratificados o que deben ser denunciados, que los procedimientos para las consultas son respetados de manera oportuna y adecuada. Sin embargo, la UGT reitera sus observaciones anteriores respecto del procedimiento seguido para la ratificación de los convenios, que considera largo, complicado y carente de transparencia. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, que reitera que los estudios sobre la factibilidad de las ratificaciones de nuevos convenios, son complejos, dado que implican la consulta de varios departamentos ministeriales en función de las materias reguladas por los convenios en consideración, que hay que evaluar a menudo la posibilidad de realizar modificaciones legislativas identificadas por el estudio como necesarias y que esta evaluación varía en función del contenido del convenio. Además, es frecuente que la administración pública carezca de los recursos humanos necesarios para poder realizar los estudios de factibilidad con rapidez. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno, en la que indica que ha efectuado consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre cada una de las cuestiones enumeradas en el artículo 5 del Convenio. El Gobierno indica que está en curso un estudio sobre la factibilidad de la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. Además, el Gobierno indica, respecto de la Declaración de principios tripartitos sobre las empresas multinacionales y la política social, que tuvieron lugar dos consultas con los interlocutores sociales sobre la respuesta del Gobierno al cuestionario relativo a este tema, el 9 y el 15 de marzo de 2017. Además, la Comisión toma nota del hecho de que, en el marco de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2017), el Gobierno celebró una sesión de información y un debate técnico con los interlocutores sociales, con miras a decidir la composición de la delegación gubernamental para la Conferencia. Por último, la Comisión toma nota de que, el 13 de junio de 2017, el Gobierno realizó consultas tripartitas sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, cuya primera discusión tendrá lugar en la 107.ª reunión de la Conferencia. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones detalladas y actualizadas sobre el contenido y los resultados de todas las consultas tripartitas celebradas sobre cada una de las cuestiones comprendidas en el artículo 5, 1), del Convenio. Además, la Comisión reitera la esperanza de que se seguirán realizando progresos, en el marco de las consultas tripartitas sobre las normas internacionales del trabajo exigidas por el Convenio, y pide al Gobierno que siga teniendo informada a la Oficina de toda evolución.

Reino Unido

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones del Congreso de Sindicatos (TUC), recibidas el 26 de octubre de 2017. En relación con las consultas tripartitas sobre las cuestiones directas de la OIT, el TUC indica que en las ocasiones en las que no se cumplió con las consultas procedentes, se les puso remedio rápidamente. Sin embargo, añade que, en los últimos años, en los trabajos más amplios del Gobierno, tuvo lugar una reducción del número de organismos públicos en los que están activa y adecuadamente representados los sindicatos y el interés de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que el Gobierno sigue considerando activamente la ratificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). El Gobierno indica que el pequeño grupo de trabajo tripartito, establecido a principios de 2014, se amplió posteriormente el mismo año, a efectos de una mejor representación en la industria y los trabajadores. Incluye a representantes del Gobierno, así como a las organizaciones que representan a la industria y a aquellas que representan a los pescadores a título individual. El Gobierno indica que el grupo de trabajo tripartito se reunió 14 veces y discutió todos los aspectos del Convenio. El grupo de trabajo tripartito está también implicado en el desarrollo de un proyecto de conjunto de medidas legislativas que, sujeto a aprobación ministerial, estará disponible para su consulta pública. La Comisión también toma nota de que, tras la discusión de la mesa redonda celebrada en 2014 sobre la posible ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), no se han adoptado nuevas medidas a este respecto. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual continúa buscando mejoras de forma proporcionada para una protección social y del empleo que esté disponible para los trabajadores domésticos, cuando se detectan problemas particulares. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información detallada y actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas en las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo comprendidas en el Convenio, incluso respecto de un reexamen de los convenios no ratificados, como el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188).

Serbia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS), recibidas el 7 de julio de 2017, de la Asociación Serbia de Empleadores (SAE), recibidas el 31 de agosto de 2017, y de la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost», recibidas el 14 de noviembre de 2017. La Comisión toma nota de que las observaciones presentadas por la CATUS, que se refieren a una huelga en una empresa individual están fuera del ámbito de aplicación del Convenio, por lo que no serán examinadas.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno recuerda que el Consejo Económico y Social de la República de Serbia (SEC), creado en 2001, es un órgano tripartito independiente integrado por seis representantes gubernamentales del Gobierno, seis representantes de la SAE, cuatro representantes de la CATUS y dos representantes de la Nezavisnost. La Comisión toma nota de que los interlocutores sociales eligen libremente a sus representantes para el SEC y a sus suplentes dentro de sus propias organizaciones. El Gobierno indica que, durante el período examinado, el SEC celebró 21 reuniones en las cuales se discutieron la legislación laboral, la negociación colectiva, el diálogo social, la educación, los medios de comunicación, cuestiones financieras y económicas, y la cooperación internacional. En sus observaciones, la Nezavisnost expresa su preocupación con respecto a la aplicación del Convenio, indicando que se ha reducido al mínimo el diálogo social en todos los niveles de la negociación colectiva, la legislación social y laboral y la estrategia de reformas, mientras que en ciertos ámbitos es inexistente. Observa también que no todos los proyectos de leyes en el ámbito de la legislación social y laboral se someten al SEC para que exprese su opinión, sino que, en su lugar, el Gobierno somete las propuestas legislativas directamente a la Asamblea Nacional, sin consultar previamente al SEC. La Nezavisnost proporciona una serie de ejemplos a este respecto e insta al Gobierno a elaborar un reglamento para evitar esta práctica. La Nezavisnost observa también que las organizaciones de trabajadores representativas han sido excluidas asimismo de participar en la redacción de los proyectos de leyes en el ámbito de la legislación social y laboral. La Comisión toma nota de que el Comité de Representatividad, una autoridad de segunda instancia encargada de determinar la representatividad de las organizaciones de trabajadores, dejó de funcionar en mayo de 2017. Según la Nezavisnost, esto tiene un impacto directo en la negociación colectiva a todos los niveles. La Nezavisnost observa además que el Gobierno ha asumido la determinación de la representatividad, en la medida en que el Ministro puede tomar decisiones sobre la representatividad de una organización sin solicitar la opinión del Comité. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la SAE que indican que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 5, 2), del Convenio, no existen intervalos de tiempo establecidos para las consultas tripartitas. Añade que las consultas con los interlocutores sociales sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas en el artículo 5, 1), a menudo tienen lugar o simplemente no son celebradas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información específica sobre el contenido, el resultado y la frecuencia de las consultas tripartitas celebradas sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio (artículo 5, 1), a)-e)). Solicita también al Gobierno que transmita información sobre todos los informes realizados o todas las recomendaciones formuladas como consecuencia de estas consultas.

Sierra Leona

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1985)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2004. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, transmitida en junio de 2004, en la que indica su compromiso para promover la consulta tripartita en todo el país, así como el apoyo a la delegación tripartita en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen de qué manera se aplica el Convenio y que la próxima memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre toda medida adoptada para que se realicen consultas tripartitas efectivas en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).

La Comisión recuerda que la Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y para apoyar las actividades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las consultas requeridas por el Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Suriname

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre los progresos realizados para establecer la Comisión sobre cuestiones de la OIT del Consejo Consultivo del Trabajo (ACC), y sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. El Gobierno informa que la Comisión sobre cuestiones de la OIT, un órgano de consulta tripartito en el marco del ACC, se estableció en 2015 y actualmente se encuentra en funcionamiento. El Gobierno indica que los instrumentos para la sumisión de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) fueron sometidos a la Comisión sobre cuestiones de la OIT para recabar asesoramiento. Los elementos señalados por dicha comisión fueron tomados en consideración y los documentos enmendados fueron presentados al Consejo de Ministros. Asimismo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las memorias comunicadas a la OIT en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT en 2016 y 2017, también fueron sometidas para sus comentarios ante la Comisión sobre cuestiones de la OIT. El Gobierno indica que el ACC no convoca reuniones especiales para examinar los convenios no ratificados o para discutir cuestiones derivadas de las memorias que han de presentarse a la OIT en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. Además, en el cuestionario sobre la derogación o el retiro de los Convenios núms. 4, 15, 28, 41, 60 y 67 no fue sometido al ACC para su revisión por la Comisión sobre cuestiones de la OIT; sin embargo, el Gobierno indica que antes de presentar su respuesta al cuestionario celebró consultas con los interlocutores sociales. Añade que, durante el período sobre el que se informa, el ACC estuvo centrado en la revisión de la legislación laboral, con inclusión de: las enmiendas a la Ley que Reglamenta el Funcionamiento del Consejo Consultivo del Trabajo y a la Ley sobre la Inspección del Trabajo; una Ley sobre la Negociación Colectiva y una Ley modernizada sobre la Negociación Colectiva, así como una nueva Ley sobre Libertad Sindical; una Ley modernizada sobre Bolsa de Trabajo; y una nueva Ley sobre las Agencias de Empleo Privadas, todas adoptadas por la Asamblea Nacional. El Gobierno señala que la Asamblea Nacional ha inscrito en el orden del día del ACC otra serie de siete leyes para su revisión. Asimismo, la Comisión toma nota del informe de 2014 del Ministerio de Trabajo, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, sobre el tripartismo en Suriname, y subraya la importancia de la consulta tripartita y el diálogo social en el país y describe los diversos órganos tripartitos y sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una información actualizada y amplia sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas en el ámbito del Consejo Consultivo del Trabajo y de la Comisión sobre cuestiones de la OIT, respecto de todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo previstas en el artículo 5, 1), a)-e), del Convenio.

Swazilandia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)

Artículos 2, 3 y 5 del Convenio. Representatividad. Consultas tripartitas efectivas. Representación de los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara información sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas realizadas sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio (artículo 5) y las medidas adoptadas para seleccionar las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores en los órganos tripartitos en los que se debaten las normas internacionales del trabajo. El Gobierno informa que hay dos estructuras nacionales de diálogo social institucionalizadas en Swazilandia: la Junta Consultiva del Trabajo (LAB) y el Comité Nacional de Diálogo Social (NSCSD). En virtud del artículo 2 de la Ley de Relaciones Laborales, núm. 1 de 2000, la LAB tiene el mandato de: examinar los puntos o textos que deban discutirse en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT); preparar la sumisión de convenios y recomendaciones a las autoridades competentes; adoptar medidas para la aplicación de las recomendaciones o la ratificación de convenios; abordar cuestiones derivadas de las memorias presentadas en virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución de la OIT; y examinar la posible denuncia de convenios ratificados. El Gobierno añade que la LAB lleva a cabo consultas tripartitas relativas a las normas internacionales en la forma exigida por el artículo 5 del Convenio. En cambio, el NSCSD fue creado para facilitar el diálogo social con respecto a todas las otras cuestiones socioeconómicas que no están dentro del ámbito de aplicación y el mandato de la LAB. El Gobierno señala que uno de los desafíos fundamentales que enfrenta el diálogo social en Swazilandia es la ausencia de un criterio claro para determinar las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores en virtud del Convenio. Agrega que las discusiones a este respecto se encuentran pendientes ante el NSCSD. La Comisión se remite al Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafo 34, en el cual se indica que si en un determinado país existen dos o más organizaciones de empleadores o de trabajadores que representen una corriente importante de opinión, incluso si una de tales organizaciones puede ser más numerosa que las demás, todas ellas pueden ser consideradas como las «más representativas» para los fines del Convenio. El gobierno correspondiente debería esforzarse por obtener el acuerdo de todas las organizaciones interesadas en el establecimiento de los procedimientos consultivos previstos por el Convenio, pero si esto no es posible, corresponde en última instancia al gobierno decidir en buena fe, según las circunstancias nacionales, qué organizaciones deben ser consideradas como las más representativas. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información detallada sobre la frecuencia, el contenido y el resultado de las consultas tripartitas realizadas en la Junta Consultiva del Trabajo sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio de conformidad con su artículo 5, 1), a)-e). Asimismo, pide al Gobierno que comunique información relativa a las discusiones tripartitas realizadas y a las medidas adoptadas o previstas con respecto al desarrollo de un criterio claro y transparente para seleccionar las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores a los efectos del Convenio.

Artículo 5, 1), c) y e).  Perspectivas de ratificación de los convenios no ratificados y propuestas de denuncia de los convenios ratificados. El Gobierno señala que, el 17 de agosto de 2016, la LAB aprobó un plan de trabajo con un plazo determinado para considerar la ratificación del Convenio sobre los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), pero cuya aplicación ha sido retrasada por razones que escapan al control de las partes. Por consiguiente, la LAB discutirá el examen de los plazos señalados en el plan de trabajo para considerar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 189 antes de finales de noviembre de 2017. El Gobierno se compromete a mantener informada a la Comisión sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas realizadas con respecto a la posible ratificación de los convenios actualizados así como en relación con la posible denuncia de los convenios que han quedado obsoletos.

República Unida de Tanzanía

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno informa que el ministro responsable de las cuestiones laborales nombró a nuevos miembros para constituir el Consejo Económico y Social del Trabajo (LESCO). Añade que el recientemente constituido LESCO está compuesto de representantes del Gobierno, de los empleadores, de los trabajadores y de otros miembros nombrados con arreglo a sus ocupaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información que le permita evaluar la aplicación del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que comunique información específica sobre la frecuencia, el objeto, el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas por los órganos tripartitos competentes a los fines del Convenio, como el LESCO y el Consejo Consultivo del Trabajo de Zanzíbar, sobre todos los temas relativos a las normas internacionales del trabajo establecidas en el artículo 5, 1), del Convenio, incluidas las consultas sobre el nuevo examen de los convenios no ratificados con los interlocutores sociales.

Artículo 4.  Apoyo administrativo y financiación de la formación. El Gobierno informa que está realizando todos los esfuerzos posibles para fortalecer las capacidades de los miembros recientemente nombrados para apoyar consultas efectivas y el funcionamiento del LESCO. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que considerará recurrir a la asistencia técnica de la OIT en ese sentido. La Comisión pide al Gobierno que comunique información actualizada sobre toda disposición adoptada para brindar un apoyo administrativo al funcionamiento del LESCO y del Consejo Consultivo del Trabajo de Zanzíbar y para financiar la formación de sus miembros en relación con los procedimientos consultivos requeridos por el Convenio.

Turquía

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS), comunicadas con la memoria del Gobierno. En sus observaciones, la TÜRK-IS indica que el Consejo Consultivo Tripartito no se reúne periódicamente, a pesar de que la directiva relativa a dicho Consejo dispone que el Consejo se reunirá tres veces al año y podrá celebrar reuniones extraordinarias adicionales, de ser necesario. Además, la TÜRK-IS señala que la forma de selección de los representantes de las organizaciones de trabajadores para integrar el Consejo no se encuentra en conformidad con el artículo 1 del Convenio, en la medida en que las seleccionadas deben ser las «organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del derecho a la libertad sindical», mientras que el artículo 4 del reglamento del Consejo prevé la selección de las tres confederaciones de trabajadores más importantes que incluyan el mayor número de afiliados. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.

Artículo 5, 1).  Consultas tripartitas efectivas. El Gobierno indica en su memoria que el diálogo social en Turquía incluye todo tipo de negociación, consulta e intercambio de información entre representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. Reitera sus comentarios anteriores indicando que el Consejo Económico y Social, la Asamblea de Trabajo y el Consejo Consultivo Tripartito son los mecanismos de diálogo social más importantes en Turquía a los efectos del Convenio. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las reuniones celebradas por esos tres órganos tripartitos durante el período abarcado por la memoria. Además, toma nota de que, en 2014, un cuarto organismo tripartito, la Comisión de la estrategia nacional del empleo, inició la celebración de dos reuniones anuales, en junio y diciembre. En relación con las consultas sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo abarcadas por el Convenio, más concretamente en relación con el reexamen de los convenios no ratificados (artículo 5, 1), c)), el Gobierno indica que la Agencia de Empleo de Turquía (ISKUR) considera que la legislación de Turquía se ajusta a las disposiciones del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), pero ha indicado que esta cuestión debe ser objeto de negociación con los interlocutores sociales. En este contexto, el Gobierno se refiere a la legislación nacional que establece relaciones empresariales temporales por intermedio de agencias de empleo privadas, ley núm. 6715, que entró en vigor en mayo de 2016. Por lo que respecta a las discusiones tripartitas sobre las demás cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo, en virtud del artículo 5, 1), del Convenio, la Comisión se remite a sus comentarios anteriores, en los cuales tomó nota de las observaciones de las organizaciones de trabajadores, en las que la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos indicó que el Gobierno no hace ningún esfuerzo para realizar consultas con los interlocutores sociales sobre la aplicación de los convenios de la OIT. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que comunique información más detallada sobre el contenido específico y los resultados de las consultas tripartitas mantenidas sobre las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo previstas en el artículo 5, 1), del Convenio, incluidas las consultas sobre el reexamen de los convenios no ratificados (artículo 5, 1), c)) y sobre las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT (artículo 5, 1), d)). Además, la Comisión se remite a sus comentarios formulados en 2015 en relación con el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96), e invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre las consultas mantenidas con los interlocutores sociales en relación con la posible ratificación del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), que implicará la denuncia inmediata del Convenio núm. 96.

Uganda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

Artículos 2 y 5, 1), del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En sus observaciones de 2016, la Comisión reiteró su pedido de que el Gobierno proporcionara información sobre las consultas realizadas en Consejo Nacional Tripartito y en otros órganos tripartitos sobre las cuestiones cubiertas por el artículo 5, 1), a)-e), del Convenio. En su memoria el Gobierno indica que ha establecido un grupo de trabajo nacional para el examen de la aplicación de los convenios y el examen de las memorias sobre las normas internacionales del trabajo a fin de abordar las cuestiones planteadas en informes anteriores de la Comisión. Añade que se celebraron consultas sobre las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, 1), del Convenio y sobre la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País, los salarios mínimos y cuestiones relacionadas con los tribunales. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información concreta sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas en el Consejo Nacional Tripartito así como en otros órganos tripartitos sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo que figuran en el artículo 5, 1), a)-e), del Convenio, y en particular sobre las respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia (artículo 5, 1), a)); las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en relación con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia al Parlamento (artículo 5, 1), b)); el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a las que aún no se haya dado efecto (artículo 5, 1), c)); y las memorias que hayan de comunicarse sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, 1), d)).

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que, en su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración declaró admisible una queja alegando el incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de los Convenios núms. 26, 87 y 144 presentada por un grupo de delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. En dicha reunión, el Consejo de Administración tomó nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los esfuerzos desplegados para reforzar el diálogo social con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), pero lamentó la falta de progresos en el establecimiento de una mesa de diálogo social y de un plan de acción mencionados por el Consejo de Administración en el pasado, y recordó que las recomendaciones formuladas por la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014 todavía no se han implementado. Por ello, urgió al Gobierno a que adoptara medidas para garantizar que no hubieran actos de injerencia, agresión y estigmatización contra FEDECAMARAS, sus organizaciones afiliadas y sus dirigentes, y que institucionalizara sin demora una mesa redonda tripartita, con la presencia de la OIT, para fomentar el diálogo social con miras a la resolución de todos los temas pendientes. En la 331.ª reunión del Consejo de Administración, en octubre-noviembre de 2017, el Gobierno reiteró su compromiso con el diálogo social, e informó de dos reuniones celebradas el 19 y 25 de octubre de 2017 entre el Gobierno y la nueva mesa ejecutiva de FEDECAMARAS. La Comisión acoge con beneplácito la aceptación por el Gobierno a través de su comunicación de fecha 24 de noviembre de 2017 y sus anexos, tras la celebración de la 331.ª reunión del Consejo de Administración, de la misión de alto nivel de la OIT y de la instauración de una mesa redonda tripartita con la presencia de la OIT. La Comisión espera firmemente que el Gobierno adoptará sin demora las medidas necesarias con miras a la celebración de la misión tripartita de alto nivel de la OIT y al establecimiento de una mesa redonda tripartita con la presencia de la OIT, y espera que estas medidas llevarán en un futuro próximo a la resolución de los temas pendientes.

En relación con sus comentarios de 2015, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por FEDECAMARAS y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 18 de mayo y el 31 de agosto de 2016 y el 31 de agosto de 2017. La Comisión toma nota también de las observaciones presentadas por las centrales de trabajadores Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación General de Trabajo (CGT) y Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 8 de septiembre de 2016 y el 18 de septiembre de 2017. Igualmente toma nota de las observaciones de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 23 y 26 de agosto de 2016 y el 18 de septiembre de 2017. La Comisión toma nota además de las respuestas del Gobierno a las observaciones de los interlocutores sociales, que fueron recibidas el 11 de noviembre de 2016 y el 24 de noviembre de 2017.

Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno informando de la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva el 19 de enero de 2016, en el que participan, entre otros, representantes del Gobierno, de organizaciones de trabajadores, así como de empresas y cámaras adscritas a FEDECAMARAS. La Comisión toma nota, sin embargo, de que en sus observaciones las organizaciones de empleadores sostienen que FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, así como el sector sindical independiente no han sido invitados a participar en el citado consejo. Por otro lado, el Gobierno indica que se han celebrado reuniones entre representantes del Gobierno y de FEDECAMARAS, el 8 y el 14 de octubre de 2015, el 11 y el 31 de enero y el 19 y el 25 de octubre de 2017. Además, el Gobierno indica que los representantes del Gobierno y de FEDECAMARAS han intercambiado comunicaciones escritas en las que ambas partes han manifestado su voluntad de continuar con el proceso de diálogo. En sus observaciones, la OIE y FEDECAMARAS reiteran que las reuniones y comunicaciones mencionadas por el Gobierno no configuran un mecanismo de consulta ni de diálogo ejecutivo. Asimismo, sostienen que no existen órganos institucionalizados de diálogo social ni una mesa de diálogo tripartita, de acuerdo a lo establecido en el informe de la Misión de Alto Nivel de 2014. En este sentido, las organizaciones de empleadores destacan que el Gobierno ha adoptado importantes medidas en materia laboral sin consultar previamente a los interlocutores sociales, tales como el decreto ejecutivo núm. 2158 de 28 de diciembre de 2015, el incremento del salario mínimo y del cestaticket socialista de alimentación en 2016 y la aprobación de un Estado de excepción de emergencia económica el 14 de enero de 2016. FEDECAMARAS reitera que no exige una consulta exclusiva, sino tan solo ser incluida en las consultas que el Gobierno alega celebrar con los interlocutores sociales. Ante ello, el Gobierno indica que FEDECAMARAS se refiere a la falta de consulta en materias que se encuentran fuera del ámbito de aplicación del presente Convenio. Además, indica que las señaladas medidas han sido adoptadas tras su discusión en el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva. Por otro lado, la UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que el Gobierno no envía copias de sus memorias sobre los convenios ratificados a las centrales de trabajadores o envía tales copias sólo después de su transmisión a la Oficina, de manera que no pueden realizar sus aportaciones al respecto. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las consultas celebradas respecto a cada una de las materias relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre las consultas efectivas realizadas con los interlocutores sociales sobre la manera en que se podría perfeccionar el funcionamiento de los procedimientos requeridos por el Convenio. Adicionalmente, y en el contexto de los procedimientos requeridos por el Convenio, la Comisión espera que el Gobierno tomará medidas para establecer un plazo adecuado que permita a las organizaciones de empleadores y de trabajadores disponer de suficiente antelación para poder formar sus opiniones y hacer los comentarios que consideren oportunos al respecto de los proyectos compartidos por el Gobierno en conformidad con el artículo 5, párrafo 1.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 144 (Afganistán, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Belice, Bosnia y Herzegovina, Canadá, República Centroafricana, China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Congo, Dominica, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Francia: Polinesia Francesa, Guyana, India, Kirguistán, República Democrática Popular Lao, Malasia, Mongolia, Países Bajos: Curazao, Pakistán, Panamá, Rumania, Federación de Rusia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Singapur, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Uruguay, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe).

Administración e inspección del trabajo

Albania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2004)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2007)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129.

Artículos 3, 1), a) y b), y 2), y 14 del Convenio núm. 81 y artículos 6, 1), a) y b), y 3), y 19 del Convenio núm. 129. Actividades de inspección del trabajo en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en la agricultura. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior, de que el número de inspecciones en el sector agrícola se ha mantenido en el 0,8 por ciento del total de las inspecciones. La Comisión toma nota a este respecto de que, según lo indicado en el Plan de acción y en la política nacional de seguridad y salud en el trabajo (2016-2020), casi la mitad de la fuerza de trabajo en Albania está empleada en el sector agrícola. La Comisión toma nota también de la indicación del Gobierno de que no se ha impartido ninguna formación a los inspectores sobre temas relacionados con la agricultura. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la legislación en la agricultura, también con respecto a la SST, y que siga comunicando información sobre el número de inspecciones realizadas en ese sector. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la formación de los inspectores del trabajo sobre temas relacionados con la agricultura, especificando los temas, la duración, la participación y los resultados.

Artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129. Condiciones de servicio. La Comisión tomó nota anteriormente de la información contenida en el informe de auditoría de la OIT, de 2009, sobre los servicios de inspección del trabajo, acerca de que la remuneración de los inspectores del trabajo no era atractiva y de que no había una estrategia real de recursos humanos para la contratación y el desarrollo profesional. La Comisión toma nota de la copia de la decisión núm. 726, de 21 de diciembre de 2000, sobre los salarios de los trabajadores de las instituciones presupuestarias, proporcionada junto con la memoria del Gobierno, en la que se desglosan los salarios mensuales de los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que indique si se ha adoptado alguna medida desde el informe de auditoría de la OIT, de 2009, para mejorar la escala de remuneraciones y las perspectivas profesionales de los inspectores del trabajo en relación con otras categorías comparables de funcionarios públicos, y pide al Gobierno que proporcione información sobre la escala real de remuneraciones y las perspectivas profesionales de los inspectores del trabajo en relación con otras categorías comparables de trabajadores estatales que ejercen funciones similares, tales como los inspectores fiscales o los policías.

Artículos 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129. Personal y recursos materiales de los servicios de inspección laboral. Ámbito de las inspecciones realizadas. La Comisión tomó nota anteriormente de la indicación del Gobierno de que 167 inspectores del trabajo no eran suficientes para desempeñar plenamente las tareas de inspección exigidas por la ley. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el número de inspectores del trabajo empleados actualmente por el Organismo Estatal de Inspección del Trabajo y Servicios Sociales (SLISS) es de 155 empleados, 37 de ellos a nivel central y 118 empleados a nivel regional. La Comisión toma nota además de que el Gobierno informa que las oficinas regionales todavía no disponen de un equipo de oficina suficiente, que el SLISS sólo tiene ocho vehículos (para 12 regiones) y que los fondos son insuficientes para reembolsar a los inspectores del trabajo que desempeñan sus funciones. Toma nota a este respecto de la indicación del Gobierno en su memoria presentada en relación con el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) de que el principal problema para la inspección del trabajo es la falta de recursos financieros, lo que limita las posibilidades de que los inspectores viajen a entidades que deberían ser inspeccionadas. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que el presupuesto asignado a las inspecciones del trabajo sea suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las obligaciones de la inspección, en vista de la disminución del personal de inspección del trabajo y de la insuficiencia continua de equipos y vehículos. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre la dotación de personal y los recursos materiales del SLISS al realizar visitas de inspección en la agricultura, incluido el transporte y las oficinas locales.

Artículo 12, 1), del Convenio núm. 81 y artículo 16, 1), del Convenio núm. 129. Derecho de los inspectores a entrar libremente en los establecimientos de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el 90 por ciento de las inspecciones se realizan conformemente a un plan predeterminado elaborado en cooperación con los inspectores del trabajo utilizando el portal electrónico de la inspección del trabajo, con la aprobación de la Dirección regional de inspección. Si bien el 10 por ciento de las inspecciones no están programadas y/o son inspecciones de emergencia, que pueden realizarse sin autorización o notificación, el Gobierno informa que el funcionario responsable de la concesión de las autorizaciones deberá expedir una autorización en un plazo de veinticuatro horas. El Gobierno señala que los inspectores del trabajo disponen de tarjetas para identificarse cuando entran en establecimientos de trabajo y efectúan inspecciones. La Comisión observa que, en los casos en que sólo el 10 por ciento de todas las inspecciones no están programadas y/o responden a situaciones de emergencia, ello podría socavar la efectividad de las inspecciones programadas preestablecidas y de que los problemas podrían ocultarse y no detectarse las consecuencias. La Comisión pide al Gobierno que indique el procedimiento mediante el cual el funcionario responsable de la concesión de autorizaciones deberá otorgar una autorización, y las consecuencias para la inspección si dicha autorización no se otorga dentro del plazo legal previsto de veinticuatro horas. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique con qué frecuencia tienen lugar el 10 por ciento de las inspecciones no programadas y/o de emergencia dentro de las veinticuatro horas, con qué frecuencia tienen lugar sin una notificación previa y con qué frecuencia concluyen en la existencia de infracciones o condiciones inseguras.

Artículos 5, a), 17 y 18 del Convenio núm. 81 y artículos 12, 1), 22 y 24 del Convenio núm. 129. Procedimientos y sanciones. La Comisión tomó nota, en su comentario anterior, de que el número de multas impuestas era relativamente bajo (381 multas en 2011 en relación con más de 14 000 inspecciones). A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Ley núm. 10279, de 2010, sobre Infracciones Administrativas, se utiliza conjuntamente con el artículo 48 de la Ley sobre la Inspección núm. 10433 para imponer sanciones administrativas apropiadas cuando se detecta una infracción durante el proceso de inspección. El Gobierno señala que la ley tiene por objeto garantizar un trato justo y equitativo y que los inspectores apliquen reglas no discriminatorias. El Gobierno hace hincapié en que la finalidad principal de la política llevada a cabo por el SLISS es reducir el número de multas de forma racional, centrándose en la prevención y la sensibilización acerca de la SST, en lugar de sanciones. Además, habiendo señalado en 2013 que la Inspección del Trabajo no requería el pago adelantado por la ejecución de penas de multa emitidas, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el SLISS efectuó el reembolso de la cuantía de las sanciones por un total de 11 487 713 de lek de Albania (ALL) (aproximadamente 101 780 dólares de los Estados Unidos) en 2014 y 4 070 255 de ALL (aproximadamente 46 060 dólares de los Estados Unidos) de enero a mayo de 2015. Tomando nota de que la finalidad principal de la política llevada a cabo por el SLISS es reducir el número de multas de forma racional, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las multas impuestas en virtud de las inspecciones del trabajo, el número de órdenes de ejecución judicial, así como el número de accidentes denunciados y las violaciones detectadas durante el período cubierto en su memoria. La Comisión pide además información relativa al reembolso del monto de las sanciones por parte del SLISS, indicando las condiciones de dicho reembolso y el monto total del pago adelantado y no reembolsado a la Inspección.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahrein

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1981)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Actividades de inspección del trabajo relativas al cumplimiento de la legislación en relación con el empleo de los trabajadores extranjeros. En su comentario anterior, la Comisión observó que las funciones de la inspección del trabajo parecen seguir incluyendo el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el empleo de los trabajadores extranjeros (en particular, el registro de los anuncios de huida de los trabajadores extranjeros) en cooperación con las autoridades responsables del control de la nacionalidad, de los pasaportes y de la residencia de los trabajadores, y que esas actividades dieron lugar incluso a la detención de trabajadores. La Comisión tomó nota asimismo de que no existe una clara distinción entre las funciones de la inspección del trabajo y las funciones de la Autoridad de Reglamentación del Mercado de Trabajo (LMRA) (el organismo encargado de controlar el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en los permisos de trabajo de los trabajadores extranjeros), dado que ambas funciones se vinculan con las condiciones laborales y la aplicación de las leyes de inmigración. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que ya no estuviesen implicados los inspectores del trabajo en controles en el lugar de trabajo con el objetivo de arrestar, encarcelar y repatriar a los trabajadores en situación irregular, desde el punto de vista de las leyes de inmigración.

A ese respecto, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual se adoptaron medidas para separar las funciones de la inspección del trabajo de las funciones de la LMRA. Habida cuenta de su mandato y funciones diferentes (la inspección del trabajo se encarga de controlar el cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo núm. 36, de 2012, y de la LMRA con las relativas a la Ley núm. 19 de Regulación del Mercado de Trabajo, de 2006), el Gobierno destaca que no existen visitas de inspección conjuntas de estas dos autoridades. Sin embargo, la Comisión toma nota de la información que figura en los informes anuales de inspección del trabajo de 2013 y 2014, según la cual parece que la inspección del trabajo tiene aún competencia en el registro de los anuncios relativos a los trabajadores extranjeros que han huido de sus empleadores (la inspección del trabajo recibió 1 783 anuncios de ese tipo, en 2013, y 1 199, en 2014). En respuesta a su solicitud relativa al cumplimiento de los derechos de los trabajadores extranjeros que se encontraban en situación irregular, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la LMRA controla el pago de los salarios de los trabajadores extranjeros y ésta puede rechazar la concesión de permisos de trabajo adicionales a los empleadores que no hayan cumplido con las disposiciones legales pertinentes. La Comisión entiende de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria que la LMRA sólo controla el pago de los salarios de los trabajadores extranjeros que se encuentran en situación regular y no atañe a los trabajadores que se encuentran en situación irregular, incluidos los casos en los que los trabajadores son objeto de una medida de expulsión. La Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre las funciones de los inspectores del trabajo en relación con los anuncios realizados por los empleadores sobre los trabajadores que supuestamente abandonaron su empleo, e insta al Gobierno a que adopte medidas para descargar a los inspectores del trabajo de toda responsabilidad relacionada con actividades que son incompatibles con las funciones principales de los inspectores del trabajo, como prevé el artículo 3, 1), del Convenio. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que especifique cómo controla la inspección del trabajo la manera en que los empleadores cumplen con sus obligaciones (como las condiciones de trabajo, el pago de los salarios y otras prestaciones debidas por el trabajo llevado a cabo) respecto de los trabajadores extranjeros en situación irregular, en particular cuando esos trabajadores están sujetos a una orden de deportación o de expulsión.

Artículos 10 y 11.  Número de inspectores del trabajo y medios materiales necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el número de los inspectores y los medios materiales de que disponen (especialmente oficinas y ordenadores idóneos) son inadecuados. También tomó nota de que no siempre se reembolsaban los gastos de los inspectores del trabajo, cuando utilizaban sus propios coches. A ese respecto, la Comisión toma nota de la referencia general del Gobierno a un aumento del número de inspectores del trabajo y a la modernización de los inspectores del trabajo, sin aportar más información. La Comisión pide al Gobierno que comunique información pormenorizada sobre el número de inspectores del trabajo en la sede de los departamentos de inspección del trabajo y en las diferentes regiones, así como sobre los recursos materiales disponibles (por ejemplo, oficinas adecuadamente equipadas, ordenadores, impresoras, teléfonos, etc.), incluidos los medios de transporte. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que comunique información detallada sobre el reembolso de los gastos de desplazamiento de los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones.

Artículo 17.  Cumplimiento efectivo de las sanciones por violación de las disposiciones de la legislación del trabajo. En respuesta a su solicitud anterior de que especificara las funciones de control del cumplimiento efectivo de las sanciones que tienen todos los inspectores del trabajo que se desempeñan en el Departamento de Inspección del Trabajo, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los inspectores del trabajo tienen el poder de establecer actas de infracción sobre las violaciones del Código del Trabajo y de derivar los delitos penales a la fiscalía. A este respecto, la Comisión toma nota de la información contenida en el informe de inspección del trabajo de 2014, que se adjunta a la memoria del Gobierno, según la cual los inspectores del trabajo llevaron a cabo, en 2014, 11 441 inspecciones del trabajo. Toma nota asimismo de la información contenida en el mismo informe, según la cual se hace una referencia a 48 violaciones (por ejemplo, en el pago de salarios, el cumplimiento de las condiciones laborales en los contratos de trabajo y la obstrucción de los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones), pero el informe no menciona violaciones relacionadas con los principios y derechos fundamentales en el trabajo y con la salud y la seguridad en el trabajo. La Comisión toma nota también de que se hace referencia a 17 actas de infracción y no se comunicó ninguna información sobre el número de medidas de seguimiento adoptadas o sobre las sanciones impuestas tras el establecimiento de esas actas de infracción. La Comisión pide al Gobierno que comunique una explicación por el bajo número de infracciones detectadas (48 violaciones) y por el bajo número de actas de infracción emitidas (17), en relación con 11 441 inspecciones del trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que siga comunicando información detallada sobre el número de violaciones detectadas, las disposiciones legales con las que se relacionan (incluidas las relativas a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y a la seguridad y salud en el trabajo), el número de actas de infracción, el número de casos presentados ante los tribunales, y de sanciones impuestas.

Artículo 18.  Prescripción de sanciones adecuadas por violaciones de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno comunicó la información solicitada relativa a las sanciones aplicables en relación con ciertas disposiciones de la legislación laboral, incluidas aquéllas relacionadas con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y la obstrucción a los inspectores del trabajo en sus funciones. La Comisión toma nota de que la multa máxima por violaciones de las leyes de igualdad, no discriminación y libertad sindical, se fijó a un nivel bajo. La Comisión también toma nota de que, si bien se encomienda a los inspectores del trabajo el control del cumplimiento de las disposiciones sobre tiempo de trabajo y salarios, no se prevén sanciones por incumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para garantizar que se prevean sanciones adecuadas en las leyes o reglamentaciones nacionales, en relación con todas las violaciones de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1972)

Artículos 2, 4 y 23 del Convenio. La inspección del trabajo en las zonas francas de exportación (ZFE) y en las zonas económicas especiales (ZEE). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Autoridad de las zonas francas de exportación de Bangladesh (BEPZA) seguía siendo la institución responsable de garantizar los derechos y los privilegios de los trabajadores de las empresas que operan en las ZFE (y de que la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo no llevó a cabo ninguna inspección en estas zonas), y expresó su profunda preocupación por que el Gobierno no haya dado todavía cumplimiento a las conclusiones de 2014 de la Comisión de Aplicación de Normas a fin de incluir a las ZFE en el ámbito de competencia de la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión tomó nota de que se había elaborado un proyecto de ley sobre el trabajo en las ZFE, en relación con el cual la Confederación Sindical Internacional (CSI) planteó una serie de preocupaciones, en particular, que la supervisión de la aplicación de la ley en las ZFE seguía siendo competencia de la BEPZA, y que las facultades y funciones de los tribunales de trabajo y del Tribunal de Apelación del Trabajo en las ZFE se verían sumamente restringidas en comparación con los tribunales que se rigen por la Ley del Trabajo de Bangladesh (BLA), 2006.

En relación con la reiterada petición de la Comisión para someter a las ZFE y las ZEE al ámbito de competencia de la Inspección del Trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que se ha propuesto modificar el actual proyecto de ley sobre el trabajo en las ZFE a fin de disponer que la administración y la Inspección del Trabajo, actúen según lo previsto en la BLA, y que haría llegar a la Oficina el correspondiente proyecto de ley a su debido tiempo. No obstante, la Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que sugiere que a pesar de los cambios estructurales introducidos, la administración y la inspección del trabajo en las ZFE seguirá siendo independiente de las que operan con arreglo a la BLA. En este contexto, la Comisión toma nota también de que el Gobierno expresa la opinión de que la BEPZA ha cumplido satisfactoriamente su misión en los ámbitos de cumplimiento de la normativa durante los últimos 35 años mediante la utilización de consejeros en el área de trabajo, medio ambiente, relaciones laborales, de protección de incendios y seguridad en la construcción. Al tiempo que toma nota con profunda preocupación de que han transcurrido tres años desde la petición de la Comisión de Aplicación de Normas en esta materia, la Comisión insta al Gobierno a que concluya el proyecto revisado en un futuro próximo, de forma que la Ley del Trabajo de las ZFE sitúe estas zonas francas bajo el ámbito de competencia de la Inspección del Trabajo, tal como le fue solicitado por la Comisión de la Conferencia en 2014, y que proceda de forma análoga en relación con las ZEE.

Artículo 6.  Situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que resulta problemático retener a los inspectores del trabajo dentro de los servicios de la Inspección del Trabajo, y de que una serie de inspectores del trabajo contratados recientemente han abandonado el Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE), después de haber sido formados, para trabajar en otros servicios gubernamentales. En este sentido, la Comisión pidió al Gobierno que examinara los perfiles y grados de los inspectores del trabajo a fin de garantizar que reflejen las perspectivas profesionales de otros funcionarios públicos que ejercen funciones similares en otros servicios gubernamentales, como los inspectores fiscales o la policía.

La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la petición de la Comisión, se refiere a una estructura salarial revisada para todos los empleados gubernamentales, que puede consultarse en lengua bengalí en el sitio web del Ministerio de Finanzas. De acuerdo con el Gobierno, la estructura salarial revisada ofrece condiciones similares para los inspectores fiscales, los inspectores del trabajo y los oficiales de policía. El Gobierno se refiere también a que está previsto realizar un estudio, con la asistencia de la OIT, para descubrir las causas de la elevada tasa de deserción de efectivos. Recordando que, según el informe de la misión de contactos directos de 2015 (emprendida a petición de la Comisión de Aplicación de Normas), las perspectivas de la carrera profesional dentro de los servicios de Inspección del Trabajo no son tan favorables como las de los funcionarios, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la estructura de grados profesionales de los inspectores del trabajo y otros empleados gubernamentales que ejercen funciones similares, así como más información sobre la estructura salarial y de prestaciones aplicable a los inspectores del trabajo. La Comisión pide también al Gobierno que transmita información sobre los resultados del estudio sobre las razones de la elevada tasa de deserción laboral de los inspectores del trabajo.

Artículos 7, 10 y 11.  Fortalecimiento de los recursos humanos y de los medios materiales de la inspección del trabajo. La Comisión se felicitó anteriormente del aumento del número de inspectores del trabajo que había pasado de 43 a 283 entre 2013 y 2015, pero lamentó tomar nota de que el Gobierno no hubiera suministrado ninguna nueva información en 2016 sobre los progresos realizados en la contratación de inspectores del trabajo para la provisión de las 575 vacantes aprobadas. La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno en su memoria de que siguen sin cubrirse 230 de las 575 vacantes, y que prosigue la contratación. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala, en respuesta a la petición de la Comisión de información adicional sobre los recursos materiales a disposición de la inspección del trabajo, que sigue aumentando considerablemente la asignación presupuestaria al DIFE, lo que representa un aumento cuatro veces superior desde 2013-2014 a 2017-2018. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que está en marcha un importante proyecto para reforzar la capacidad del DIFE. La Comisión toma nota, además, de la información del Gobierno, en respuesta a la petición de la Comisión sobre el incremento de los equipos y las facilidades de transporte a disposición de la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que especifique el número actual de inspectores del trabajo al servicio del DIFE y que facilite información sobre la formación que reciben los nuevos efectivos, incluidas las materias cubiertas y la duración de dicha formación. La Comisión alienta al Gobierno a que siga haciendo todo lo posible para cubrir la totalidad de los 575 puestos vacantes de la Inspección del Trabajo que ya han sido aprobados, con miras a garantizar la contratación de un número adecuado de inspectores calificados, teniendo en cuenta el número de establecimientos sujetos a inspección. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información sobre el nivel de los equipamientos y de las instalaciones a disposición de la inspección del trabajo.

Artículos 12, 1), 15, c), y 16.  Inspecciones sin previo aviso. Deber de confidencialidad en relación con las quejas. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que, en 2014, únicamente un 2,5 por ciento de todas las inspecciones son aleatorias o se realizan sin previo aviso tras una denuncia, e insistió en que, dada esta situación, se ponía en entredicho el deber de confidencialidad de los inspectores del trabajo respecto al vínculo entre la visita y la fuente de una queja. En este sentido, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en relación con la petición de la Comisión de que se adoptaran medidas para garantizar que se llevase a cabo un número suficiente de inspecciones sin notificación previa (es decir, inspecciones aleatorias o sin previo aviso a consecuencia de una queja), de que durante 2016-2017, el 20 por ciento de todas las inspecciones fueron sin previo aviso. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera, en respuesta a sus peticiones previas para que se codifique la obligación de confidencialidad en relación con la fuente de las quejas, que la ausencia de esta disposición en la BLA no socava la confidencialidad en la práctica. No obstante, el Gobierno añade que está abierto a considerar la codificación de esta obligación en el contexto de la revisión prevista de la BLA. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que codifique la obligación de confidencialidad, ya sea en el contexto de la revisión prevista de la BLA o en otros reglamentos o directrices relativos a la inspección del trabajo, en aras de la claridad jurídica. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los resultados de las inspecciones sin previo aviso para cubrir investigaciones sobre accidentes laborales o quejas presentadas, incluida la naturaleza de las resoluciones alcanzadas, las infracciones detectadas y las sanciones recomendadas en cada categoría.

Artículos 17 y 18.  Procedimientos judiciales, aplicación efectiva y sanciones suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión de información estadística para permitir la evaluación de la aplicación efectiva por la Inspección del Trabajo, comunica una vez más información sobre el número de lugares de trabajo inspeccionados y los casos remitidos a los tribunales del trabajo, pero no comunica la información solicitada sobre las sanciones propuestas por la Inspección, en relación con sus infracciones detectadas, o sobre los resultados específicos de estos casos (como la imposición de multas o penas de prisión). La Comisión también toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión de información acerca de las medidas adoptadas para garantizar que las sanciones por infracciones de la legislación del trabajo sean suficientemente disuasorias, indica que la revisión de la cuantía de las sanciones podría considerarse en el contexto de la revisión propuesta de la BLA. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas introducidas o previstas, en el contexto de la reforma legislativa propuesta, para garantizar que las sanciones por infracciones de la legislación del trabajo sean suficientemente disuasorias y, cuando proceda, para mejorar los procedimientos dirigidos a la aplicación efectiva de las disposiciones legales. La Comisión también solicita nuevamente al Gobierno que especifique cuál es el número de miembros del personal jurídico empleados por el DIFE con responsabilidades en la aplicación de las disposiciones legales impuestas por las infracciones detectadas, y que comunique información sobre las sanciones recomendadas por la inspección, junto con toda directriz pertinente, y los resultados de los casos remitidos a los tribunales del trabajo.

La Comisión tomó nota con anterioridad de que los casos de libertad sindical (incluidos los casos de discriminación antisindical) son remitidos al Departamento de Trabajo, que es, entre otras cosas, responsable en materia de conciliación y mediación, e indicó que los casos de discriminación antisindical en general no pueden ser objeto de conciliación o de mediación y que, en todo caso, no deben socavar el estricto cumplimiento de las leyes aplicables. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los motivos por los que las infracciones de la libertad sindical son tratadas por el Departamento del Trabajo, y no por el DIFE, y que transmita información detallada sobre la manera en que asegura la aplicación de las disposiciones legales conexas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Benin

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2001)

Artículos 20 y 21 del Convenio. Publicación y comunicación de un informe anual de inspección. La Comisión lamenta tomar nota de que, desde la ratificación del Convenio, en 2001, no se realizó ni comunicó a la OIT ningún informe anual de inspección. Sin embargo, acoge con beneplácito la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual las direcciones departamentales del trabajo y la Dirección General del Trabajo elaboran informes periódicos de actividad. En consecuencia, considera que ya deberían estar disponibles los datos relativos al establecimiento de informes anuales de inspección. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno solicita a la OIT una asistencia técnica para la elaboración de estos informes anuales. La Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias, con la asistencia técnica de la OIT que ha solicitado, para que se publiquen y comuniquen a la OIT, en un futuro muy próximo, los informes anuales de inspección del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) sobre la falta de medios de acción materiales para la inspección del trabajo, recibidas en 2015.

Artículo 3 del Convenio. Funciones de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que, en respuesta a su solicitud anterior relativa a la necesidad de garantizar, como prevé el artículo 3, párrafo 2, que las funciones que se encomiendan a los inspectores del trabajo, además de sus funciones principales, no deberán entorpecer el cumplimiento de estas últimas, el Gobierno no hace más que reiterar que, además de las funciones de inspección del trabajo previstas en el artículo 156 del Código del Trabajo (que corresponden a las funciones principales previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio), los inspectores tienen a su cargo la resolución de los conflictos de trabajo. La Comisión toma nota de que estas funciones adicionales en materia de resolución de conflictos de trabajo están previstas en los artículos 181 y siguientes (conflictos individuales) y 191 y siguientes (conflictos colectivos) del Código del Trabajo. Recuerda que, del último análisis de las informaciones disponibles se desprende que, en la práctica, la inspección del trabajo se desvía de su primera función para centrarse en la resolución de los conflictos de trabajo. Ante la ausencia de una información que muestre que esta tendencia se habría invertido, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que se sirva adoptar las medidas necesarias para que las funciones adicionales encomendadas a los inspectores del trabajo, especialmente en materia de resolución de conflictos, no sean un obstáculo al ejercicio de sus funciones principales, tal y como se define en el artículo 3, párrafo 1. La Comisión pide al Gobierno que transmita informaciones sobre las medidas adoptadas en este sentido y sobre el tiempo y los recursos dedicados por los inspectores del trabajo a sus diversas funciones.

Artículo 7.  Contratación y formación de los inspectores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no ha tenido en cuenta, en la contratación de los inspectores, las funciones específicas que deberán asumir y que los inspectores del trabajo se beneficiaron de una formación hasta 2014. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 7, los inspectores del trabajo deben ser contratados únicamente basándose en la aptitud de los candidatos para cumplir las tareas que deberán asumir, y que deben recibir una formación idónea para el ejercicio de sus funciones. Recordando que, en cuanto funcionarios públicos, por regla general, los inspectores del trabajo son nombrados a título permanente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para mejorar la contratación y garantizar la formación adecuada y continua de los inspectores.

Artículo 10.  Número suficiente de inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre la composición del personal de la inspección del trabajo (11 inspectores del trabajo encargados del control de la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias y de la resolución de conflictos del trabajo, y tres controladores del trabajo encargados de compilar las estadísticas del trabajo). La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 10, los recursos humanos asignados a la inspección deberán determinarse basándose en las informaciones pertinentes, especialmente en el número, la naturaleza, la importancia y la situación de las empresas o de los establecimientos sujetos a inspección; en el número y la diversidad de las categorías de personas ocupadas en estas empresas o establecimientos, y en el número y la complejidad de las disposiciones legales de las que deben asegurar la aplicación. La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones a este respecto.

Artículos 11 y 16.  Medios de acción materiales y visitas de inspección. La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior relativa a los medios que están a disposición de los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus funciones. Al respecto, el Gobierno indica especialmente que las visitas de inspección no son realizadas con el esmero necesario porque los inspectores del trabajo carecen de medios de transporte y de medios materiales suficientes. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para mejorar los medios de transporte y los medios materiales puestos a disposición de los inspectores, con el fin de que se encuentren en condiciones de ejercer con eficacia sus funciones y comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto.

Artículos 20 y 21.  Informe anual de inspección. La Comisión toma nota de que no se comunicó a la OIT el informe anual. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que la autoridad central publique un informe anual sobre los trabajos de los servicios de inspección que estén bajo su control, con el contenido de las informaciones relativas a los puntos a que se refieren los apartados a) a g) del artículo 21 del Convenio y para que este informe sea comunicado a la OIT en la forma y los plazos prescritos por el artículo 20.

Guatemala

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1952)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1994)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala sobre la reforma legislativa que se examina a continuación y sobre los recursos, las funciones y la formación de los inspectores del trabajo, recibidas el 30 de agosto de 2017.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el Código del Trabajo (decreto núm. 1441) ha sido modificado mediante la aprobación del decreto núm. 7-2017, promulgado por el Congreso de la República y publicado el día 6 de abril de 2017.

Artículo 12, párrafo 1, a), del Convenio núm. 81 y artículo 16, párrafo 1, a), del Convenio núm. 129. Autorización de los inspectores del trabajo para entrar a cualquier hora del día o de la noche en toda empresa sujeta a inspección. La Comisión toma nota de que el artículo 281, a), del Código del Trabajo en su forma emendada por el decreto núm. 7-2017 limita a la jornada de trabajo, conforme al reglamento interior de trabajo o a las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), el ingreso de los inspectores en todo establecimiento laboral sujeto a inspección. La Comisión toma también nota de que el texto anterior del artículo 281 facultaba a los inspectores para visitar los lugares de trabajo en distintas horas del día y de la noche, si el trabajo se ejecutara durante ésta. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala según los cuales la reforma legislativa permite a los empleadores restringir el ingreso de los inspectores a la jornada de trabajo cuya duración se establezca mediante el reglamento interior del trabajo, mientras que buena parte de las denuncias de incumplimiento de las normas laborales se relaciona con trabajo extraordinario o realizado por fuera del horario habitual, a menudo en horario nocturno. Recordando que con arreglo al artículo 12, párrafo 1, a), del Convenio núm. 81 y al artículo 16, párrafo 1, a), del Convenio núm. 129, los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán autorizados para entrar libremente y sin previa notificación en toda empresa sujeta a inspección, a cualquier hora del día o de la noche, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 12, párrafo 2, del Convenio núm. 81 y artículo 16, párrafo 3, del Convenio núm. 129. Notificación de la presencia de los inspectores a menos que esto perjudique el cumplimiento de las funciones de inspección. La Comisión toma nota de que el artículo 281 del Código del Trabajo, en su forma emendada por el decreto núm. 7-2017, establece que los inspectores del trabajo deben acreditar su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección, al fin de tener las obligaciones y facultades que se expresan en el Código del Trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la legislación no prevé una excepción a la obligación de notificación de la presencia de los inspectores mediante acreditación de su identidad y nombramiento, mientras que el artículo 12, párrafo 2, del Convenio núm. 81 y el artículo 16, párrafo 3, del Convenio núm. 129 prevén que los inspectores deben notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que consideren que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de su misión. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que los inspectores tengan la facultad de omitir la notificación de su presencia al empleador o a su representante, en cuanto consideren que dicha notificación pueda perjudicar el cumplimiento de sus funciones, en conformidad con el párrafo 2 del artículo 12 del Convenio núm. 81 y el párrafo 3 del artículo 16 del Convenio núm. 129.

Artículo 17 del Convenio núm. 81 y artículo 22 del Convenio núm. 129. Procedimiento judicial o administrativo por violación o inobservancia de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velan los inspectores del trabajo. En relación con su comentario anterior sobre el proceso sancionatorio por infracciones a la legislación laboral, la Comisión toma nota con interés que el decreto núm. 7-2017 modifica los artículos 271, 272 y 281 del Código del Trabajo y prevé que los inspectores del trabajo tienen la facultad de adoptar las medidas mencionadas en el apartado f) del artículo 281 del Código del Trabajo, inclusive la facultad de iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección, y de ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas en caso de riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Asimismo, el decreto núm. 7-2017, mediante la reforma del artículo 415 del Código del Trabajo y la introducción de los artículos 417 y 418, reconoce la capacidad del MTPS, a través de la Inspección General del Trabajo (IGT), de tener acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, por vía administrativa o, agotada esta, mediante promoción del proceso contencioso administrativo. Tomando debida nota de la reforma legislativa de 2017, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de las nuevas disposiciones relativas a las facultades de los inspectores del trabajo de adoptar las medidas mencionadas en el apartado f) del artículo 281 del Código del Trabajo, modificado por el decreto núm. 7-2017, inclusive las facultades sancionatorias y la orden de paralización de las actividades. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las órdenes de cumplimiento de normas laborales emitidas por los inspectores del trabajo, así como de las acciones propuestas mediante proceso contencioso administrativo, una vez agotada la vía administrativa.

Artículo 18 del Convenio núm. 81 y artículo 24 del Convenio núm. 129. Obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. Sanciones adecuadas y efectivamente aplicadas. En relación con su comentario anterior sobre la obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones, la Comisión toma nota con interés de que los artículos 269 y 271, párrafo 3, del Código del Trabajo, reformados por el decreto núm. 7-2017, disponen que: a) si el empleador o sus representantes o los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes, se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento con las normas laborales susceptibles de ser sancionadas con multas, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección; b) la obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 del Código, constituye una infracción sujeta a sanciones. Asimismo, en relación con la necesidad de que las sanciones sean suficientemente disuasivas y efectivamente aplicadas, la Comisión toma nota de que el artículo 272 del Código del Trabajo, en su forma emendada por el decreto núm. 7-2017, establece los criterios y el procedimiento para la imposición de sanciones por los delegados departamentales de la IGT. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala que alegan que los inspectores no aplican en la práctica las sanciones previstas en la ley porque el MTPS no ha adoptado las medidas administrativas necesarias a este efecto. Tomando debida nota de la reforma legislativa de 2017, la Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las observaciones del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de los Sindicatos Globales de Guatemala y que proporcione información detallada sobre el número de las sanciones impuestas, inclusive los montos de las multas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

India

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1949)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2017, que reiteran las declaraciones formuladas por los miembros empleadores durante la discusión sobre la aplicación del Convenio por la India en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia relativas a la aplicación de este Convenio por la India. La Comisión recuerda que este caso también fue discutido por la Comisión de la Conferencia en la 104.ª reunión de la CIT en junio de 2015.

Artículos 6, 10 y 11 del Convenio. Recursos materiales y humanos a nivel central y estatal. La Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionó información escrita a la Comisión de Aplicación de Normas en 2017 sobre el número de inspectores del trabajo (respecto a 32 de los 36 estados). La Comisión también tomó nota de que el Gobierno se refiere en su memoria a las restricciones presupuestarias, aunque indica que, en general, se cuenta con el personal adecuado para las necesidades de la inspección, y cuando resulta necesario, se emplea personal temporal. Por lo que respecta a la contratación de personal temporal, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 6, la situación jurídica y las condiciones de servicio del personal de inspección deberían ser de tal índole que les garanticen la estabilidad en su empleo y les permitan ser independientes de los cambios de Gobierno y de cualquier otra influencia exterior indebida. La Comisión pide al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas, que aumente los recursos a disposición de los servicios de la inspección del trabajo del Gobierno central y de los gobiernos de los estados, y que proporcione información sobre las condiciones de trabajo y medios de transporte necesarios para el desempeño de las funciones de los respectivos servicios de inspección. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el número de inspectores del trabajo en todos los estados. Recordando que, en su calidad de funcionarios, los inspectores del trabajo son nombrados en general con carácter permanente (Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafo 203), la Comisión pide al Gobierno que especifique la manera en que se garantiza que los inspectores temporales sean independientes de los cambios de Gobierno y de cualquier influencia exterior indebida, y que proporcione información sobre el número del personal temporal empleado durante el período que comprende la memoria.

Artículos 10 y 16.  Cobertura de los establecimientos por la inspección del trabajo. Régimen de autocertificación. La Comisión tomó nota anteriormente de que el régimen de autocertificación obligatoria (requerido para los empleadores que emplean a más de 40 trabajadores) es una de las fuentes de información utilizada por la Unidad Central de Análisis e Información (CAIU) para determinar que existen indicios razonables de infracciones a la legislación laboral y tomar la decisión de ingresar (o no) el establecimiento pertinente en el sistema a fin de que se lleve a cabo una visita de inspección. En este contexto, la Comisión tomó nota de las observaciones formuladas por la Central de Sindicatos Indios (CITU) y el Sindicato Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) señalando la ausencia de un mecanismo de verificación de la información transmitida en virtud del régimen de autocertificación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indicó a la Comisión de Aplicación de Normas en 2017, de que el régimen de autocertificación estaba destinado a promover un cumplimiento voluntario de las cuestiones de seguridad y salud en los establecimientos y es diferente del sistema de inspección. La autocertificación no sustituye a las inspecciones del trabajo, sino que es un mecanismo adicional de control del cumplimiento. La Comisión toma nota de la información adicional suministrada por el Gobierno, según la cual, el régimen de autocertificación ha sido puesto en práctica por un gran número de estados, pero aún no está en funcionamiento en la mayoría de ellos. El Gobierno añade que en algunos estados en que funciona dicho régimen, está respaldado por un sistema muy efectivo integrado por visitas aleatorias y las inspecciones realizadas con motivo de una queja. La Comisión pide nuevamente al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de 2017 que comunique información sobre la manera en que la información presentada por los empleadores mediante la autocertificación se comprueba por la inspección del trabajo, en particular en relación con las inspecciones en materia de seguridad y salud.

Artículos 12 y 17.  Libre iniciativa de los inspectores del trabajo para ingresar en los establecimientos sin aviso previo, y discrecionalidad para iniciar un procedimiento judicial sin aviso previo. Proyecto de código de salarios y reforma legislativa en curso. La Comisión toma nota de que el proyecto de código de salarios, de 2017 («el proyecto») que se encuentra actualmente ante el Parlamento y prevé la derogación de la Ley sobre el Pago de Salarios, de 1936, y la Ley sobre el Salario Mínimo, de 1948, que establecen detalladamente las facultades de los inspectores del trabajo, incluso la entrada en los establecimientos y el control para hacer cumplir la legislación relativa a los salarios. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley no se refiere explícitamente a los principios contenidos en el artículo 12, 1), a), y b), pero establece que los gobiernos a nivel estatal pueden elaborar separadamente regímenes de inspección (incluida la creación de un programa de inspecciones basado en Internet). Además, el proyecto de ley denomina a los inspectores del trabajo «facilitadores» y requiere que los inspectores den aviso previo y otorguen un plazo adicional para rectificar la violación antes de que se puedan iniciar procedimientos penales. La Comisión toma nota de que este proyecto forma parte de una reforma legislativa en curso, y recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno en 2015 y 2017 que adoptase medidas para garantizar que toda la legislación elaborada estuviera en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno, de conformidad con la solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas, que se asegure de que el proyecto de legislación preparado en el contexto de la reforma legislativa en curso dé cumplimiento a los principios del Convenio y que proporcione información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en este sentido. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el Código sobre Salarios incluye expresamente la libre iniciativa de los inspectores del trabajo para entrar en los establecimientos sin aviso previo, de conformidad con el artículo 12, 1), a) y b), del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno, al igual que en las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas, que proporcione información sobre las facultades discrecionales de los inspectores del trabajo para iniciar rápidamente procedimientos judiciales sin previo aviso, de ser necesario, indicando el número total de infracciones detectadas y el número de procedimientos judiciales iniciados por los inspectores del trabajo, estableciendo la distinción entre los casos en que se dio un aviso previo y los que se aplicaron medidas inmediatas de control del cumplimiento.

Artículos 2, 4 y 23.  La inspección del trabajo en las zonas económicas especiales (ZEE). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que se habían efectuado muy pocas inspecciones en las ZEE. La Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionó información por escrito a la Comisión de Aplicación de Normas en 2017, indicando que se había celebrado, en mayo de 2017, una reunión tripartita para examinar la efectividad de la inspección del trabajo como consecuencia de la delegación de la autoridad de inspección a los comisionados para asuntos de desarrollo, y se decidió que el Gobierno establecería un sistema para examinar periódicamente la aplicación de la legislación laboral en las ZEE. El Gobierno también expresó su opinión de que, a pesar de sus funciones para atraer inversiones, los comisionados para el desarrollo estaban en condiciones de ejercer sus funciones sin que hubiera conflicto de intereses. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas en 2017, transmite información estadística sobre el número de visitas de inspección, las violaciones detectadas y las sanciones impuestas en relación con cinco ZEE en las que la facultad de inspección se han delegado a los comisionados para el desarrollo y seis ZEE en los cuales las facultades de inspección no se habían delegado. En 2016-2017 se realizaron visitas de inspección sin previo aviso, aunque sólo en una de las cinco ZEE en las que se ejercen facultades de inspección delegadas, y sólo en dos de esas cinco ZEE en los dos años anteriores (2014-2015 y 2015-2016). La información del Gobierno también indica que, durante el mismo período de tres años, se realizaron visitas de inspección sin previo aviso sólo en dos de las seis ZEE en las que no se habían delegado las facultades de inspección. Por último, la información estadística suministrada por el Gobierno indica que se impusieron sanciones en sólo dos de las cinco ZEE ejerciendo facultades delegadas de inspección, y sólo cinco casos en dos ZEE de esas características durante 2016-2017. La Comisión pide al Gobierno, de conformidad con las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas, que vele por que se realicen inspecciones del trabajo eficaces en todas las ZEE. Además pide al Gobierno que especifique el número de ZEE en las que las facultades para hacer cumplir las disposiciones se delegaron en los comisionados para el desarrollo y que comunique información estadística detallada sobre las inspecciones del trabajo en todas las ZEE, con inclusión del número de empresas y de trabajadores en cada zona y el número y naturaleza de las infracciones observadas, el número de sanciones impuestas, los montos de las multas impuestas y recaudadas y los enjuiciamientos penales y penas de prisión impuestas, en su caso.

Artículos 4, 20 y 21.  Disponibilidad de información estadística sobre las actividades de los servicios de inspección del trabajo a nivel central y de los estados. La Comisión toma nota de que, una vez más, no se ha transmitido a la Oficina informe alguno sobre la labor de los servicios de inspección. Toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de Normas en 2017 de que, habida cuenta de la estructura federal del país y de la soberanía de los estados, no existe un mecanismo legislativo para que los estados puedan comunicar datos al Gobierno central. Esa información se facilita por los estados de manera voluntaria en diversas cuestiones laborales, y el Gobierno proporciona información a la Comisión de Aplicación de Normas en relación con los estados sobre los que dispone información. Durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas, el Gobierno señaló que la Oficina del Trabajo inició un proyecto para reforzar y modernizar el sistema de recopilación de estadísticas, y reitera su voluntad de solicitar asesoramiento técnico de la OIT para la elaboración de los informes anuales de inspección y la creación de registros de establecimientos sujetos a inspección. La Comisión también toma nota de las observaciones de la OIE de que la estructura federal del país no justifica la falta de comunicación de información. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la autoridad a nivel central o las autoridades a nivel de los estados, publiquen y envíen a la OIT informes anuales sobre las actividades de inspección que contengan toda la información requerida por el artículo 21. La Comisión alienta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para la creación de registros de establecimientos a nivel central y de los estados y la informatización y modernización del sistema de compilación de datos, y que proporcione información detallada sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Japón

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) y por la Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN), presentadas junto con la memoria del Gobierno. Las observaciones de la NIPPON KEIDANREN también se enviaron en una comunicación conjunta con la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Artículos 3, 1), b), y 13 del Convenio. Medidas preventivas para los trabajadores que llevan a cabo labores de descontaminación en relación con materiales radioactivos. La Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión en la que se indica que desde 2013 se ha reducido la tasa de infracciones detectadas en las inspecciones llevadas a cabo en la prefectura de Fukushima relacionadas con las labores de descontaminación y desmantelamiento. Entre 2014 y 2015, aumentó el número de empresas sujetas a inspecciones que realizan trabajos de desmantelamiento (pasando de 226 a 309 empresas) y de descontaminación (pasando de 1 152 a 1 299 empresas), mientras que el porcentaje de empresas en las que se detectaron infracciones se redujo, pasando de aproximadamente un 60 por ciento a un 54 por ciento en los trabajos de desmantelamiento y aproximadamente de un 67 por ciento a un 65 por ciento en los trabajos de descontaminación. El Gobierno señala que en los lugares de trabajo en los que se reconocen las infracciones se adoptan las medidas necesarias para garantizar el respeto de las condiciones de trabajo y en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas en las normas laborales. El Gobierno señala que las empresas que reconocen haber cometido infracciones reciben orientaciones para la rectificación y que muchas de ellas ya han cambiado sus procedimientos. El Gobierno también indica que desde el terremoto de 2011 la Oficina del Trabajo de Fukushima ha remitido al Ministerio Público los casos de cuatro empresas dedicadas a los trabajos de desmantelamiento y de diez empresas dedicadas a la descontaminación, incluido un caso en el que se cubrieron los dosímetros con plomo a fin de que no se pudiera realizar la verificación de las dosis y un caso de falta de notificación de accidentes laborales, sin demora, al jefe de los servicios de inspección del cumplimiento de las normas del trabajo. En lo que respecta a desactivar los dosímetros, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria sobre el Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) en relación con las medidas adoptadas para impedir que se cometan más infracciones, incluso solicitando a la empresa un estudio sobre la situación actual de la gestión de las dosis de radiación en la central nuclear Fukushima Daiichi, y sobre las medidas para comprobar si existen incongruencias exigiendo a los trabajadores que utilicen distintivos de vidrio y dosímetros personales con alarmas audibles. Estas medidas son verificadas por los servicios de inspección del cumplimiento de las normas del trabajo y los trabajadores que se dedican al desmantelamiento son entrevistados de forma regular a fin de permitir que presenten quejas anónimas sobre mediciones inadecuadas de las dosis de radiación.

La Comisión toma nota de que la JTUC-RENGO señala que ha aumentado la incidencia de infracciones relacionadas con los trabajos de desmantelamiento en la central nuclear Fukushima Daiichi, y que muchas empresas llevan a cabo sus labores infringiendo la normativa. También indica que es necesario reforzar más la orientación y supervisión necesarias en relación con las infracciones de las normas laborales. En lo que respecta a su comentario en virtud del Convenio núm. 115, y tomando nota de que la mayor parte de los inspectores continúa detectando infracciones tanto en lo que respecta al desmantelamiento como en lo que respecta a la descontaminación, la Comisión insta firmemente al Gobierno a indicar las causas de las infracciones y a intensificar sus esfuerzos para garantizar la aplicación de las normas del trabajo en estos ámbitos. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de inspecciones llevadas a cabo en el ámbito del desmantelamiento y la descontaminación, así como sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, el número de quejas anónimas y la frecuencia con la que éstas dan como resultado la detección de infracciones y el número de casos remitidos al Ministerio Público. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el resultado de los 14 casos relacionados con los trabajos de descontaminación remitidos al Ministerio Público, incluyendo las sanciones concretas impuestas.

Artículos 10 y 16.  Número suficiente de inspectores del trabajo. La Comisión había tomado nota de que, si bien el número de inspectores del trabajo se redujo entre 2011 y 2013, en 2014 se modificó la política de reducir el número de nuevas contrataciones (establecida en 2011).

La Comisión toma nota de que la NIPPON KEIDANREN señala que los servicios de inspección del cumplimento de las normas del trabajo realizan sus mejores esfuerzos para reforzar el control y que deberían llevar a cabo su trabajo de una forma más eficiente y eficaz en función de los costos. La Comisión también toma nota de que la JTUC-RENGO indica que los servicios de inspección del cumplimiento de las normas del trabajo deben ser reforzados velándose por que dispongan de un número suficiente de inspectores para garantizar la eficacia a largo plazo de las normas laborales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se están realizando esfuerzos para garantizar que hay suficientes inspectores para reforzar los servicios de inspección del cumplimiento de las normas del trabajo, y que estos esfuerzos continuarán. A este respecto, toma nota con interés de que el Gobierno indica que en marzo de 2017 había 4 002 inspectores (54 más que en 2014, y más que en el período 2011-2014). Toma nota de que en 2016 se contrataron 212 inspectores, incluidas 61 inspectoras, lo que representa el número mayor de contrataciones desde 2010. El Gobierno también señala que a fin de realizar inspecciones eficaces de los lugares de trabajo cada servicio de inspección del cumplimiento de las normas del trabajo ha formulado planes de inspección y se están realizando esfuerzos para maximizar el número de inspecciones simplificando y racionalizando el trabajo administrativo de las agencias. El Gobierno indica que se continuarán realizando esfuerzos para garantizar que hay suficientes inspectores de las normas laborales y que éstos llevan a cabo las inspecciones de forma eficaz. A este respecto, la Comisión toma nota de que se ha producido un ligero descenso en el número de inspecciones realizadas, pasando de 178 000 inspecciones en 2013 (y 173 000 y 176 000 en 2011 y 2012) a 170 000 en 2015, incluidas menos inspecciones periódicas. Tomando debida nota de las medidas tomadas por el Gobierno, la Comisión le pide que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para velar por que el número de inspectores del trabajo sea suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo de los deberes del servicio de inspección. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de inspectores del trabajo, desglosada por prefectura y género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), recibidas el 25 de julio de 2017, y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota además de las observaciones formuladas por la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), recibidas el 4 de septiembre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios en respuesta a las observaciones de la CGTM.

La Comisión subraya que, a raíz de las solicitudes de asistencia técnica del Gobierno, la OIT ha efectuado una evaluación de las necesidades de la administración y de la inspección del trabajo en 2016 (auditoría de 2016). Al tiempo que toma nota de que las recomendaciones de la evaluación corresponden en gran medida a los comentarios precedentes de la Comisión, la Comisión se felicita que se haya elaborado una Hoja de ruta para poner en práctica varias de estas recomendaciones.

Artículo 3, 2), del Convenio. Funciones adicionales. Conciliación y mediación. Al tiempo que toma nota de las recomendaciones formuladas en la auditoría de 2016 a este respecto, la Comisión toma nota con interés de las indicaciones del Gobierno según las cuales el decreto núm. 0743, de 23 de agosto de 2017, que establece la organización y las competencias territoriales de los servicios de inspección regionales del trabajo, acaba de separar las estructuras que controlan la aplicación de la legislación social de las encargadas de reglamentar los conflictos laborales. La Comisión toma nota de que, según el artículo 2 de dicho decreto, a partir de ahora, recaerá sobre los servicios regionales del trabajo la responsabilidad de solucionar los conflictos laborales, mientras que corresponderá exclusivamente a las divisiones del trabajo y los distritos la tarea de velar por la aplicación de la legislación y la reglamentación en materia social. La Comisión pide al Gobierno que señale el número de inspectores y controladores del trabajo (inspectores adjuntos) que son responsables únicamente de velar por el cumplimiento de las funciones principales, según se establecen en el artículo 3, 1), del Convenio.

Artículos 6 y 15, a).  Estatuto y condiciones del servicio aptas para garantizar a los inspectores y controladores del trabajo estabilidad en el empleo e independencia en relación con cualquier cambio de gobierno y cualquier influencia exterior indebida. La Comisión toma nota de las conclusiones establecidas en la auditoría de 2016 relativas a la existencia de un verdadero desequilibrio salarial entre el personal de los servicios de la inspección del trabajo y algunos cuerpos de inspección del Estado mejor remunerados (como los inspectores del Tesoro o de la educación). Según la auditoría, el modelo de carrera profesional de los inspectores del trabajo no parece potenciar sus motivaciones puesto que éstos siguen abandonando el servicio a cambio de puestos en el sector privado o seudopúblico que parece ofrecerles mejores condiciones de trabajo. La Comisión toma nota de las observaciones de la CLTM, según las cuales las inspecciones del trabajo siguen sometidas a influencias indebidas de los empleadores y del Gobierno, lo que reduce la eficacia de sus acciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno responde a la influencia del Gobierno en las acciones de la inspección del trabajo. Al tiempo que toma nota del compromiso del Gobierno de adoptar medidas en este sentido, si se cuenta con recursos, la Comisión le alienta una vez más a que tome todas las medidas necesarias para garantizar las condiciones de servicio de los inspectores y los controladores del trabajo, incluida una remuneración adecuada, para garantizarles estabilidad en el empleo y perspectivas de carrera. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

Artículos 10, 11 y 16.  Medios financieros y materiales a disposición de los servicios de inspección del trabajo y número de inspectores para garantizar la eficacia de las funciones de inspección. La Comisión toma nota de las recomendaciones de la auditoría de 2016 en relación con la necesidad de un aumento significativo y a largo plazo de la dotación presupuestaria para la administración del trabajo. La auditoría recomienda que se refuercen los medios de desplazamiento de los inspectores y los equipos de protección individual a su disposición. Además, recomienda que se refuerce el número de los inspectores del trabajo y del personal de apoyo. En este sentido, la auditoría constata que una gran parte de los inspectores y controladores del trabajo se jubilará entre 2016 y 2020, y que hay pocas visitas de inspección y son más bien a raíz de solicitudes. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la CLTM según las cuales la falta de medios materiales y humanos impide el ejercicio efectivo de sus funciones por parte de los inspectores, a quienes les es imposible cubrir, sin medios de transporte, los lugares de trabajo en las zonas apartadas que se les han encomendado.

La Comisión se felicita de las indicaciones del Gobierno, según las cuales acaban de ser destinados diez nuevos inspectores y nueve nuevos controladores del trabajo a los diversos servicios de inspección. El Gobierno se refiere asimismo a un proyecto en curso de negociación para dotar a los servicios de inspección de vehículos y herramientas informáticas necesarias para su buen funcionamiento. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas de seguimiento adoptadas en lo que se refiere a las recomendaciones formuladas en la auditoría de 2016 relativas a los medios económicos y materiales a disposición de los servicios de la inspección del trabajo, incluidos los equipos de protección personal. La Comisión pide al Gobierno que señale el número de inspectores y controladores del trabajo y su distribución en los diversos servicios de inspección. Además, pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas mencionadas por el Gobierno en su memoria para reforzar los medios de transporte necesarios para facilitar el ejercicio de las funciones de los inspectores del trabajo, en particular en los destinos más apartados de los centros urbanos.

Artículos 19, 20 y 21.  Elaboración, publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de inspección. La Comisión toma nota de que no se ha recibido ningún informe anual de inspección. En este sentido, la Comisión toma nota de las conclusiones establecidas en la auditoría de 2016, según las cuales los servicios de la inspección no disponen de una base de datos integrada de empresas que permita registrar las visitas de inspección. La Comisión toma nota asimismo de la recomendación formulada en la auditoría de 2016, según la cual habría que mejorar la ficha de control, así como el sistema de catalogación y archivo de los documentos, y reforzar las capacidades del Ministerio para la recopilación y el análisis de datos estadísticos y administrativos. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que adoptará las medidas necesarias a este respecto, la Comisión solicita nuevamente que adopte las medidas necesarias, incluida la asistencia técnica de la OIT, para desarrollar un sistema para la compilación de datos para la elaboración de informes periódicos por parte de las oficinas locales de inspección, y para que, con estos informes, la autoridad central de inspección pueda elaborar un informe anual en cumplimiento del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República de Moldova

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1996)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1997)

Con el fin de aportar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Sindicatos de Moldova (CNSM), en su comunicación recibida el 21 de agosto de 2017.

Artículo 4 del Convenio núm. 81 y artículo 7 del Convenio núm. 129. Vigilancia y control de una autoridad central. Seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la Ley núm. 131 sobre el Control de Estado de las Actividades Empresariales, de 2012, retira algunas competencias y funciones de vigilancia en el área de la salud y la seguridad en el trabajo de la inspección del trabajo del Estado y las transfiere a diez entidades de vigilancia, incluida la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, la Agencia para la Protección del Consumidor y la Vigilancia del Mercado, la Agencia Nacional de Salud Pública, la Inspección de la Protección del Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Transporte Motorizado, la Agencia Nacional de Regulación de la Energía y la Agencia Nacional de Comunicaciones Electrónicas y Tecnología de la Información. Estos organismos supervisarán los asuntos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo para las empresas reguladas por la legislación dentro de su competencia. Con respecto a otras áreas de actividades, la Agencia de Supervisión Técnica tiene la competencia de supervisión de los asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. La Comisión también toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en la que se indica que los inspectores del trabajo encargados del control de la seguridad y la salud en el trabajo, serán nombrados para los organismos sectoriales. Esos inspectores informarán a sus organismos respectivos, así como a la Inspección del Trabajo del Estado. La Comisión indica asimismo que la Inspección del Trabajo del Estado desarrollará directrices procedimentales y listas de verificación para los inspectores, así como una plataforma para su formación.

A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de la CNSM, según las cuales la dispersión de las funciones de control en el terreno de la seguridad y la salud en el trabajo, redundan en una falta de marco institucional para la inspección de esas cuestiones.

La Comisión recuerda que el artículo 4 del Convenio núm. 81 y el artículo 7 del Convenio núm. 129, prevén la instauración de un sistema de inspección del trabajo bajo la supervisión y el control de una autoridad central, en la medida en que sea compatible con la práctica administrativa del miembro. A este respecto, recuerda que indicó, en su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, que deberían atribuirse algunas responsabilidades de inspección del trabajo a diferentes departamentos, debiendo la autoridad competente adoptar medidas para garantizar recursos presupuestarios suficientes y alentar la cooperación entre estos diferentes departamentos (párrafos 140, 141 y 152). Recordando asimismo la importancia de garantizar que se lleven a cabo cambios organizativos, de conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 81 y 129, incluidos los artículos 4, 6, 9, 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y los artículos 7, 8, 11, 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129 (sobre la supervisión y el control por una autoridad central, la estabilidad del empleo y la independencia, así como la colaboración de expertos y técnicos debidamente calificados en seguridad y salud de los trabajadores, garantizando un número suficiente de inspectores para asegurar el cumplimiento efectivo de sus funciones, la cesión de oficinas locales adecuadamente equipadas y medios de transporte, realizándose las inspecciones con la frecuencia y el esmero necesarios para asegurar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes), la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias a este respecto.

En relación con sus comentarios relativos al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), la Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre las medidas adoptadas para garantizar una coordinación entre las diversas autoridades sectoriales respecto de las inspecciones vinculadas con los asuntos de seguridad y salud en el trabajo, así como entre estas autoridades y la Inspección del Trabajo del Estado. Solicita información adicional sobre la vigilancia de las empresas no comprendidas en los respectivos organismos sectoriales, y, en particular, sobre la cobertura del sector agrícola. Solicita al Gobierno que comunique información sobre: i) las medidas adoptadas o previstas para garantizar la asignación de recursos presupuestarios y humanos suficientes, con miras a asegurar la aplicación de las disposiciones legales relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, y ii) el número de inspectores nombrado en los organismos sectoriales, así como el número de inspecciones que éstos llevaron a cabo (artículos 10 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14 y 21 del Convenio núm. 129). Solicita al Gobierno que indique de qué manera se garantiza la independencia y la imparcialidad de los inspectores del trabajo nombrados en los organismos sectoriales, a la luz de su notificación a la administración de los organismos sectoriales (artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129). Solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que colaboran los expertos y técnicos en seguridad y salud de los trabajadores en el servicio de inspección (artículo 9 del Convenio núm. 81 y artículo 11 del Convenio núm. 129), sobre las medidas adoptadas para proporcionar a esos inspectores oficinas locales adecuadamente equipadas, así como sobre los medios de transporte necesarios para el desempeño de sus funciones (artículo 11 del Convenio núm. 81 y artículo 15 del Convenio núm. 129), y sobre la manera en que asegura que las actividades realizadas por estos inspectores queden reflejadas en el informe anual sobre la inspección del trabajo (artículos 20 y 21 del Convenio núm. 81 y artículos 25 a 27 del Convenio núm. 129).

Artículos 5, a), 17 y 28 del Convenio núm. 81 y artículos 12, 1), 23 y 24 del Convenio núm. 129. Cooperación con el sistema judicial y sanciones adecuadas por violaciones de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información que figura en los informes anuales de inspección del trabajo del Gobierno, según la cual la Inspección del Trabajo del Estado emitió 891 actas de infracción, en 2012, para su presentación a los tribunales, 514 de esas actas en 2013 y 434 en 2014. A este respecto, toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno, según la cual, en 2016, los inspectores del trabajo prepararon y presentaron 165 actas de infracción. Tomando nota del descenso significativo entre el 2012 y 2016 en el número de actas de infracción presentadas a los tribunales, la Comisión solicitó una vez más al Gobierno que comunique información sobre las razones de esta tendencia. También solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados específicos de las actas de infracción presentadas a los tribunales, indicando la decisión dictada y si se impuso una multa u otra sanción.

Artículo 12 del Convenio núm. 81 y artículo 16 del Convenio núm. 129. Visitas de inspección sin aviso previo. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la comisión tripartita establecida para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de la República de Moldova del Convenio núm. 81, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, adoptada por el Consejo de Administración en marzo de 2015 (documento GB.323/INS/11/6), constató que la aplicación de la Ley núm. 131 de la Inspección del Trabajo del Estado (de conformidad con el párrafo 27 de su anexo), planteó las cuestiones de compatibilidad con el artículo 12 del Convenio núm. 81, en la restricción del libre acceso de los inspectores del trabajo para proceder a las inspecciones. En particular, el informe de la comisión tripartita señaló que el artículo 18, 1), de la ley núm. 131, dispone que se enviará un aviso de la decisión de llevar a cabo un control a la entidad que es objeto de control al menos cinco días laborables anteriores a la realización del control. El artículo 18, 2), dispone que este aviso no será aplicable en caso de control sin previo aviso, y el artículo 19 establece las circunstancias limitadas y específicas en las que pueden efectuarse controles sin previo aviso, independientemente del horario de control establecido. En ese sentido, el informe de la comisión tripartita afirmó que las restricciones a la realización de inspecciones sin previo aviso, contenidas en los artículos 18 y 19 de la ley núm. 131, son incompatibles con los requisitos del artículo 12, 1), a) y b), del Convenio núm. 81. Estas restricciones son de igual modo incompatibles con los requisitos del artículo 16, 1), a) y b), del Convenio núm. 129.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CNSM, según las cuales, si bien el Gobierno adoptó algunas medidas para adaptar la legislación nacional a las disposiciones del artículo 12 del Convenio núm. 81, aún contiene serias limitaciones a la actividad de la inspección del trabajo. Toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, con respecto a los controles previstos, se tiene conciencia de las contradicciones que existen entre las normas generales para dar inicio a una inspección (artículos 14 y 20 a 23 de la ley núm. 131) y las disposiciones del artículo 12. El Gobierno indica que esta incoherencia será eliminada como parte de unas medidas legislativas que ha de adoptar el Parlamento como segunda fase de la reforma de las inspecciones. En particular, indica que tiene proyectado que se prevean ciertas excepciones a la obligación de proceder a una notificación anterior cinco días antes de una inspección. Recordando la importancia de autorizar plenamente a los inspectores del trabajo para la realización de visitas sin previo aviso, a efectos de garantizar una vigilancia efectiva, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para enmendar la ley núm. 131, con el fin de garantizar que los inspectores del trabajo estén autorizados a efectuar visitas sin previo aviso, en consonancia con el artículo 12, 1), a) y b), del Convenio núm. 81 y con el artículo 16, 1), a) y b), del Convenio núm. 129. Solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas y que transmita una copia de todo texto legislativo adoptado en este sentido.

Artículos 15, c), y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 20, c), y 21 del Convenio núm. 129. Confidencialidad sobre el hecho de que una visita de inspección se efectúe en respuesta a la recepción de una queja. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno sobre el número de inspecciones no programadas, efectuadas en 2015 y 2016, que indica que esas inspecciones se realizaron como consecuencia de una queja o para realizar una investigación tras un accidente. La Comisión recuerda que, en virtud de la ley núm. 131, las empresas reciben un aviso de inspección con una antelación de cinco días en el caso de todas las inspecciones, salvo las inspecciones no programadas. A este respecto, la Comisión recuerda que, a efectos de garantizar mejor la confidencialidad relativa a toda conexión entre una queja y una visita de inspección, es importante garantizar que un número suficiente de visitas de inspección sin previo aviso sean realizadas con independencia de las quejas o de los accidentes. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que se realice un número suficiente de inspecciones no programadas para garantizar que, cuando las visitas de inspección sean realizadas como consecuencia de una queja, se mantenga la confidencialidad del hecho de la queja y de la identidad del o de los querellantes.

Artículo 16 del Convenio núm. 81 y artículo 21 del Convenio núm. 129. Realización de inspecciones con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, a la luz del informe de la comisión tripartita, algunas disposiciones de la ley núm. 131, no son compatibles con el principio contenido en el artículo 16 del Convenio núm. 81. En particular, en virtud del artículo 14 de la ley núm. 131, los organismos de control no tienen derecho a realizar un control de la misma entidad más de una vez en un año civil, con la excepción de las inspecciones sin previo aviso. El artículo 15 dispone que cada autoridad con funciones de supervisión desarrollará un plan anual de inspecciones, que no puede verse alterado, por trimestre, cuando se prevea la inspección, no siendo posible efectuar una inspección no prevista en el programa. La Comisión tomó nota de que la realización de las visitas de inspección con arreglo a un programa, no es incompatible con el Convenio núm. 81, en la medida en que este programa no impida la realización de un número suficiente de visitas no programadas, pero que limitaciones concretas a la realización de las inspecciones no programadas contenidas en el artículo 19, de la ley núm. 131, constituyen un impedimento para la realización de inspecciones con la frecuencia y el esmero que son necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. Tomó nota asimismo de que las limitaciones contenidas en el artículo 3, g), de la ley núm. 131, en el sentido de que las inspecciones sólo pueden llevarse a cabo cuando se agotaron otros medios de verificación del cumplimiento de la ley, no está de conformidad con el artículo 16 del Convenio núm. 81. Posteriormente, la Comisión tomó nota de las observaciones de la CNSM, según las cuales la ley núm. 18, adoptada el 4 de marzo de 2016, introduce una moratoria sobre, entre otras cosas, la inspección del trabajo para el período comprendido entre el 1.º de abril y el 31 de julio de 2016.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el marco existente no limita expresamente o implícitamente el número de inspecciones que pueden llevarse a cabo respecto de un agente económico. El artículo 14 de la ley núm. 131 establece que el órgano de inspección debe planificar un máximo de una inspección al año, salvo que la metodología aplicada basada en el riesgo exija una frecuencia mayor y que no exista ningún límite a las inspecciones no programadas. Además, toda inspección de seguimiento relativa a las violaciones, no se considerará como una inspección por separado. A este respecto, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual, en 2015, se realizaron 4 883 inspecciones programadas y 1 317 inspecciones no programadas (que surgen de la investigación, de las quejas o de los accidentes), así como 117 inspecciones de seguimiento. En 2016 esto descendió a 3 665 inspecciones programadas, 610 inspecciones no programadas y 42 inspecciones de seguimiento.

La Comisión toma debida nota de las explicaciones del Gobierno sobre la utilización de una metodología basada en el riesgo, así como el número de inspecciones no programadas realizadas. Sin embargo, toma nota de que la ley núm. 131 permite inspecciones no programadas sólo bajo determinadas condiciones específicas: las que están sujetas a una delegación de control firmada por la instancia dirigente con funciones de control; no pueden ser llevadas a cabo en base a una información sin verificar y a la información recibida de fuentes anónimas; y no pueden ser realizadas cuando existe cualquier otra manera directa o indirecta de obtener la información necesaria (artículos 7 y 19). La Comisión toma nota asimismo de que la ley núm. 230, que enmienda y complementa algunos actos legislativos, de 2016, que enmendó la Ley núm. 141 sobre la Inspección del trabajo para eliminar la posibilidad de que se realizaran inspecciones con la frecuencia necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo. La Comisión lamenta observar que ha pedido al Gobierno que tomara medidas al respecto desde 2015, e insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se enmiende, en un futuro próximo, la legislación nacional para permitir la realización de inspecciones del trabajo con la frecuencia y el esmero necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes, de conformidad con el artículo 16 del Convenio núm. 81 y el artículo 21 del Convenio núm. 129. Además, recordando que toda moratoria sobre la inspección del trabajo constituye una grave violación de estos Convenios, la Comisión solicita al Gobierno que garantice que no se impongan en el futuro más restricciones de esta naturaleza a la inspección del trabajo.

Artículo 17 del Convenio núm. 81 y artículo 22 del Convenio núm. 129. Procedimientos judiciales o administrativos inmediatos. La Comisión toma nota de que el artículo 4, 1), de la ley núm. 131, dispone que las inspecciones durante los tres primeros años de funcionamiento de una empresa o de un empleador, serán de naturaleza consultiva. La Comisión toma nota con preocupación de que el artículo 5, 4), dispone que, en caso de infracciones menores, no podrán aplicarse las sanciones previstas en la Ley de Delitos Administrativos o de otras leyes y, que el artículo 5, 5), dispone que no podrán aplicarse medidas restrictivas, en caso de infracciones graves. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 17 del Convenio núm. 81 y el artículo 22 del Convenio núm. 129, dispone que, con algunas excepciones, las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores del trabajo, deberán ser sometidas inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial, y no deberá dejarse a los inspectores del trabajo la facultad discrecional de advertir y de aconsejar, en lugar de iniciar o recomendar un procedimiento. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los inspectores del trabajo puedan iniciar o recomendar los procedimientos legales inmediatos. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el significado de las «medidas restrictivas» que se prohíbe se impongan, en virtud de la ley núm. 131, el número y la naturaleza de las graves infracciones detectadas por los inspectores, las sanciones propuestas por los inspectores y las sanciones finalmente impuestas.

Cuestiones específicas relativas a la inspección del trabajo en la agricultura

Artículo 9, 3) del Convenio núm. 129. Formación adecuada de los inspectores del trabajo en la agricultura. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo relacionada específicamente con sus funciones en el sector agrícola, incluyendo el número de programas de formación organizados y el número de inspectores que participaron en esos programas.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Países Bajos

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1951)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1973)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Confederación Sindical de Profesionales (VCP) sobre los Convenios núms. 81 y 129, recibidas el 31 de agosto de 2017, en las que se reitera que no se observan progresos notables en la aplicación de los Convenios tras las recomendaciones que figuran en el informe del comité tripartito adoptado por el Consejo de Administración en su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 2014) respecto de la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT en relación con los Convenios núms. 81 y 129 y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). A este respecto, la Comisión toma nota de que los sindicatos subrayan haber apreciado el intercambio y la labor con la inspección del trabajo, aunque indican que el Gobierno no proporciona medios suficientes a la inspección del trabajo.

Artículos 3, 10 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14 y 21 del Convenio núm. 129. Número de inspectores del trabajo y frecuencia de las inspecciones del trabajo para garantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de inspección. Carga de trabajo de los inspectores del trabajo. Tiempo utilizado en tareas administrativas. La Comisión recuerda que el comité tripartito, en su informe, pidió al Gobierno que se asegure de que el número y la frecuencia de las inspecciones sean suficientes para el desempeño efectivo de los deberes de inspección y para el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes en todos los lugares de trabajo y, en particular, en las empresas que no pertenecen a sectores considerados de alto riesgo y en las pequeñas empresas. Asimismo, el comité tripartito alentó al Gobierno a que tome medidas para asegurarse de que las tareas administrativas encomendadas a los inspectores del trabajo no perjudiquen el desempeño efectivo de sus funciones principales, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio núm. 81 y artículo 6, 3), del Convenio núm. 129.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la FNV, la CNV y la VCP, según las cuales sólo se realizan inspecciones en el 3,5 por ciento de las empresas en sectores de alto riesgo (en los que están excesivamente representadas las categorías vulnerables, como los trabajadores migrantes), el personal de la inspección del trabajo es extremadamente insuficiente y requeriría, como mínimo, 100 inspectores del trabajo adicionales a tiempo completo como consecuencia de tener que hacer frente a una carga de trabajo excesiva (debido al aumento del número de accidentes del trabajo, el alcance cada vez mayor de las inspecciones y el incremento de la complejidad del fraude en el mercado de trabajo). Las organizaciones indican que si no se incrementa sustancialmente la capacidad de la inspección del trabajo existe un riesgo considerable de explotación de los trabajadores.

La Comisión toma nota de la información suministrada en la memoria del Gobierno, según la cual el número de visitas de inspección ha seguido disminuyendo de 21 138 en 2015 a 18 910 en 2016 (continuando la tendencia descendente observada con anterioridad, de 39 610 inspecciones en 2005 a 22 641 en 2014). A este respecto, la Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que desde 2015, se ha hecho especial hincapié en el impacto social de las actividades de la inspección del trabajo, debido a que el número de inspecciones sigue siendo importante, pero ya no constituye un objetivo en sí mismo. La Comisión también toma nota de que el Gobierno confirma las reiteradas observaciones formuladas por la FNV, la CNV y la VCP en relación con el aumento de la carga de trabajo como consecuencia de la necesidad de que los inspectores del trabajo tengan que ocuparse de un número cada vez mayor de impugnaciones legales y recursos de apelación presentados por los empleadores contra decisiones y acciones de la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión toma nota de la reiterada indicación del Gobierno, según la cual la inspección tiene el propósito de reducir el tiempo utilizado en tareas administrativas tanto como sea posible y que se alienta a los inspectores a ocuparse de procedimientos laborales ineficaces y cargas administrativa, y formula propuestas para que se mejore la gestión de la inspección.

Por último, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la capacidad de la inspección del trabajo fue objeto de una evaluación independiente llevada a cabo a petición del Parlamento en 2016. El Gobierno señala que la evaluación llegó a la conclusión de que los planes anuales y multianuales de la inspección estaban bien elaborados y basados en evaluaciones de riesgo bien fundamentadas. Además, la evaluación observó que determinar si la inspección dispone de capacidad suficiente exige mayor información y depende del establecimiento de objetivos más explícitos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que garantice la existencia de un número suficiente de inspectores del trabajo y de visitas de inspección para alcanzar una cobertura adecuada de los establecimientos sujetos a inspección destinada a garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de la inspección. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre toda medida de seguimiento adoptada tras la evaluación de la capacidad de la inspección del trabajo realizada en 2016, así como sobre toda medida adoptada o prevista para mejorar la capacidad de los inspectores del trabajo para el cumplimiento de sus funciones a la luz del número cada vez mayor de impugnaciones legales y recursos de apelación presentados por los empleadores.

Al tomar nota de la indicación del Gobierno de que está centrado en el impacto social de las actividades de la inspección del trabajo, la Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre el significado de la expresión «impacto social» en este contexto y sobre la manera en que se mide ese impacto, y pide que siga transmitiendo estadísticas sobre la inspección del trabajo (incluidas sobre el número de inspectores del trabajo, el número de establecimientos sujetos a inspección y de los trabajadores empleados en ella, el número de las visitas de inspección, el número de infracciones detectadas y de las sanciones impuestas, así como el número de accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional). Asimismo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la proporción del trabajo utilizado por los inspectores del trabajo en tareas administrativas, en relación con las funciones principales de la inspección del trabajo, y sobre toda medida concreta adoptada para reducir el tiempo utilizado en tareas de esa índole.

Pakistán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF), recibidas en 2016, en las que se reiteran detalladamente las preocupaciones expresadas anteriormente en relación a que en el país no existe un sistema eficaz de inspección del trabajo.

Artículos 4 y 5, b), del Convenio. Supervisión por una autoridad central de inspección y determinación de las prioridades en materia de inspección en colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la falta de coordinación entre los departamentos de trabajo de las provincias sigue planteando problemas importantes. A este respecto, tomó nota de que se había previsto institucionalizar los comités tripartitos de las provincias para supervisar las actividades de inspección del trabajo.

La Comisión acoge con agrado que, en respuesta a su solicitud anterior, el Gobierno indica que los departamentos provinciales del trabajo actualmente funcionan como autoridades centrales y la coordinación se realiza a través de reuniones bimensuales del Comité Consultivo Federal Tripartito (FTCC), y añade que las prioridades de la inspección del trabajo se determinan en reuniones trimestrales del Comité Consultivo Provincial Tripartito (PTCC). La Comisión también acoge con beneplácito la información transmitida por el Gobierno en relación a que se ha proporcionado a los gobiernos provinciales material sobre la inspección del trabajo y explicaciones sobre la información que tienen que transmitir en virtud del Convenio. En este contexto, la Comisión toma nota de que una de las recomendaciones del perfil nacional de SST de 2016, publicado por el Ministerio de Pakistaníes Residentes en el Exterior y de Desarrollo de Recursos Humanos y adjunto a la memoria del Gobierno, concierne al establecimiento de autoridades independientes de inspección del trabajo (que no pertenezcan a los departamentos de trabajo) a nivel provincial que dispongan de recursos humanos y financieros suficientes. Tomando nota de las actas detalladas de las reuniones tripartitas del FTCC y del PTCC, transmitidas junto con las memorias del Gobierno en virtud del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las cuestiones relacionadas con la inspección del trabajo debatidas en las reuniones del FTCC y el PTCC y sobre el impacto de esas reuniones en la mejora de la coordinación y cooperación en materia de inspección del trabajo, bajo la supervisión y el control de una autoridad central. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre si se ha dado seguimiento a la recomendación que figura en el perfil nacional de SST de que se prevea el establecimiento de una autoridad de inspección del trabajo independiente a nivel provincial.

Artículos 10 y 16.  Cobertura de los lugares de trabajo por las inspecciones del trabajo. Empresas privadas de auditoría. Recursos humanos de los servicios de inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota de que en la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2014, algunos oradores expresaron preocupación en relación con la inspección llevada a cabo por empresas privadas de auditoría y por el número inadecuado de inspectores del trabajo, en el contexto del incendio que se produjo en 2012 en una fábrica de la provincia de Sindh en el que murieron 300 trabajadores. A este respecto, en su comentario anterior la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que la externalización de responsabilidades en esas empresas de auditoría tiene que cambiar y existen planes de regulación a este respecto. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que el Consejo Nacional de Acreditación del Pakistán (PNAC) se ocupa de acreditar a las empresas privadas de auditoría y hasta ahora ha acreditado a siete empresas (principalmente empresas especializadas en cumplimiento de las normas en materia de SST, pero que también se ocupan de otras cuestiones) y que las evaluaciones del cumplimiento de las normas pueden, por ejemplo, llevarse a cabo realizando análisis de las deficiencias en materia de cumplimiento de las normas del trabajo o consultas con ONG y sindicatos sobre la situación en ciertos lugares de trabajo.

Si bien la Comisión tomó nota en 2016 de que en tres provincias había aumentado el número de inspectores del trabajo, también toma nota con preocupación de que, según el perfil de SST de 2016 presentado por el Gobierno, habida cuenta del número de lugares de trabajo sujetos a inspección, siguen faltando inspectores del trabajo. Con arreglo al perfil de SST, en todas las provincias el número de inspectores (inspectores del trabajo e inspectores de minas) es inferior al indicado en la memoria del Gobierno de 2014. En este contexto, la Comisión también toma nota de las observaciones de la PWF respecto a que el número de inspectores y de inspecciones del trabajo resulta insuficiente para cubrir adecuadamente los lugares de trabajo. La Comisión hace hincapié en que, si bien las auditorías privadas pueden contribuir a abordar las lagunas en materia de cumplimiento, estas iniciativas sólo pueden ser complementarias pero no reemplazar la inspección pública del trabajo. La Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para incrementar el número de inspectores del trabajo y proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de inspectores del trabajo que hay en cada provincia. También pide al Gobierno que indique si las empresas que han sido objeto de evaluaciones en materia de cumplimiento llevadas a cabo por empresas privadas de auditoría continúan estando sujetas a la inspección del trabajo en la legislación y en la práctica. Además, le pide que señale si el PNAC supervisa a las empresas privadas de auditoría, qué garantías tienen las evaluaciones independientes del cumplimiento llevadas a cabo por estas empresas, y, si procede, la manera en que el Gobierno promueve la cooperación entre los servicios de inspección del trabajo y las empresas privadas de auditoría.

Artículo 12, 1).  Libre acceso de los inspectores del trabajo a los lugares de trabajo. La Comisión tomó nota con preocupación de que el Gobierno indicaba que, desde 2001, por orden administrativa, en la provincia de Sindh el Inspector Jefe de Fábricas (Director de Trabajo) envía cartas a las fábricas, en las que figuran la fecha y la hora de las visitas, antes de que se realicen las inspecciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el sistema de avisos previos se introdujo para responder a la preocupación de los empleadores en relación con la limitación de la multiplicidad de inspecciones. El Gobierno también indica que el PTCC de la provincia de Sindh ha establecido un subcomité para hacer recomendaciones a fin de poner el sistema de inspección de conformidad con las disposiciones del Convenio y, al mismo tiempo, responder a las preocupaciones de los empleadores. En este contexto, la Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la PWF en relación a que las inspecciones del trabajo prácticamente se han suspendido en la provincia de Sindh y cada año 2,3 millones de trabajadores de esa provincia sufren accidentes del trabajo. Habiendo tomado nota de que el Gobierno indicaba que en general los inspectores del trabajo no se ven confrontados a obstáculos cuando llevan a cabo inspecciones en la provincia de Punjab, la Comisión también toma nota de que, según el perfil de SST transmitido por el Gobierno, las limitaciones en forma de aviso previo parece que continúan siendo un problema en algunas zonas del Punjab. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para eliminar en la provincia de Sindh la limitación en forma de exigencia de aviso previo a las visitas de inspección, con arreglo al artículo 12, 1), a) y b). También solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas para acabar con esta práctica. Tomando nota de la información que figura en el perfil de SST en relación a que parece que los inspectores del trabajo de Punjab continúan teniendo problemas relacionados con las limitaciones, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los inspectores del trabajo de la provincia de Punjab pueden entrar en cualquier lugar de trabajo sujeto a inspección libremente y sin aviso previo a cualquier hora del día o de la noche. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de inspecciones realizadas sin aviso previo en cada una de estas dos provincias, incluida información sobre las infracciones detectadas, las sanciones impuestas y las medidas correctivas adoptadas como resultado de dichas inspecciones.

Artículos 17 y 18.  Aplicación efectiva y sanciones lo suficientemente disuasorias. La Comisión toma nota de que, en respuesta a la solicitud de la Comisión de que prevea sanciones adecuadas para las infracciones de la legislación del trabajo en las provincias de Sindh y Baluchistán, el Gobierno se refiere al aumento del monto de las multas en algunas leyes del trabajo de la provincia de Sindh, incluida la Ley de Fábricas de Sindh de 2015 (en la que se han aumentado las multas hasta un máximo de 75 000 rupias pakistaníes (PKR), a saber, aproximadamente 706 dólares de los Estados Unidos y que también prevé penas de prisión para ciertas infracciones). El Gobierno también indica que el proyecto de texto legislativo que actualmente se encuentra ante el parlamento provincial de Baluchistán prevé sanciones más elevadas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido la información estadística solicitada sobre el número de infracciones detectadas, el número de infracciones que han dado lugar a juicios y el número y nivel de las multas impuestas. En este contexto, la Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la PWF, según las cuales las estadísticas publicadas por el Ministerio de Pakistaníes Residentes en el Exterior y de Desarrollo de Recursos Humanos ponen de relieve que en 2014 sólo se impusieron 12 sanciones en la provincia de Sindh, aunque hay 8 572 fábricas registradas en esta provincia. La Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la PWF respecto a que las actividades de control del cumplimiento llevadas a cabo por la inspección del trabajo son menores ya que no se han adoptado medidas significativas en relación con el intento de sobornar a inspectores del trabajo ni en relación con la negativa a cumplir con las obligaciones legales de pagar tratamientos médicos o indemnizar a los trabajadores que han sido víctimas de accidentes del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados en lo que respecta al aumento de multas y otras sanciones en la legislación de la provincia de Baluchistán así como acerca de las sanciones por infracción de la legislación del trabajo previstas en las leyes de minas de las provincias. Además, la Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios en relación con las observaciones realizadas por la PWF, inclusive información sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para promover la transparencia en el cumplimiento de la ley. Asimismo, le pide de nuevo que transmita información sobre el número de infracciones detectadas en cada una de las provincias y sobre el número de estas infracciones que han dado lugar a enjuiciamientos, así como acerca del número y el nivel de multas impuestas.

Artículo 18.  Sanciones por obstrucción a los inspectores en el desempeño de sus funciones. La Comisión había tomado nota de que durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2014, varios oradores indicaron que las sanciones por obstrucción a los inspectores en el desempeño de sus funciones eran insuficientes. A este respecto, también tomó nota de que el Gobierno indicaba que dos provincias (Punjab y Khyber Pakhtunkhwa) habían revisado sus respectivas leyes de fábricas para establecer multas de 20 000 PKR (aproximadamente 195 dólares de los Estados Unidos) por obstrucción del trabajo de un inspector, y que a este respecto en las provincias de Sindh y Baluchistán se habían preparado proyectos de ley de factorías. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, con arreglo a la Ley de Minas de 1923, una persona que obstruye una inspección en una mina puede ser condenada a una pena de prisión de hasta tres meses y a una multa de hasta 1 000 PKR (aproximadamente 10 dólares de los Estados Unidos).

La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indica que las multas por obstruir las tareas de los inspectores del trabajo que figuran en la Ley de Fábricas de la provincia de Sindh se han elevado hasta 10 000 PKR (aproximadamente 95 dólares de los Estados Unidos). El Gobierno añade que también se ha propuesto que en la Ley de Fábricas de Baluchistán aumenten las multas por obstrucción hasta los 60 000 PKR (aproximadamente 570 dólares de los Estados Unidos) o que se impongan penas de prisión de hasta un mes. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido la información solicitada sobre la aplicación de las disposiciones legislativas en materia de obstrucción de las labores de los inspectores del trabajo y sobre las medidas adoptadas a este respecto. En este contexto, la Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la PWF respecto a que no se adoptan medidas significativas en relación con los intentos de limitar o prohibir las inspecciones. Tomando nota de las medidas legislativas ya adoptadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a continuar adoptando medidas para velar por la adopción de textos legislativos que prevean sanciones lo suficientemente disuasorias por la obstrucción de las labores de los inspectores del trabajo en el cumplimiento de sus deberes en las instalaciones cubiertas por la Ley de Fábricas de Baluchistán. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información sobre las sanciones previstas en las leyes de minas de las provincias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información, desglosada por provincias, sobre los casos relacionados con la obstrucción de las tareas de los inspectores del trabajo, incluida información acerca del número de enjuiciamientos realizados, su resultado y las sanciones concretas impuestas (incluido el monto de las multas).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Portugal

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1962)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1983)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General de LOS Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas junto con las memorias del Gobierno.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota del informe del comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Portugal de los presentes Convenios, y del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Inspectores del Trabajo (SIT), adoptada por el Consejo de Administración en su 324.ª reunión (junio de 2015).

Artículo 3 del Convenio núm. 81 y artículo 6 del Convenio núm. 129. Obligaciones encomendadas a los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en respuesta a la petición del comité tripartito, sobre la disminución de los funcionarios de apoyo administrativo de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT); y que las únicas tareas administrativas asumidas por los inspectores del trabajo se refieren a sus funciones principales (como la de introducir datos en el sistema informático de la ACT), y se estima que éstas no representan más del 20 por ciento de su tiempo de trabajo. Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la UGT de que no debería obligarse a los inspectores del trabajo a llevar a cabo tareas auxiliares a falta de suficiente apoyo administrativo. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información adicional relativa a los alegatos formulados por el SIT en el marco de la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de que a los inspectores del trabajo se les asignan tareas logísticas y de mantenimiento (por ejemplo, visitas a talleres mecánicos; reparación de equipo e instalaciones; transporte de equipos y realización de fotocopias, etc.). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas que había señalado, en el contexto de la reclamación, que adoptaría con el fin de invertir en una serie de medidas para racionalizar los recursos y simplificar los procedimientos administrativos. La Comisión pide también al Gobierno que, de acuerdo con el comité tripartito, transmita información concreta, cuando proceda, sobre el porcentaje de tiempo dedicado por los inspectores del trabajo a realizar tareas de carácter logístico y de mantenimiento en relación a las funciones primarias de la inspección del trabajo, tal como se precisan en el artículo 3, 1), del Convenio núm. 81 y en el artículo 6, 1), del Convenio núm. 129.

Artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129. Situación y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que el comité tripartito observó que los salarios de los inspectores del trabajo eran considerablemente más reducidos que los de otros tipos determinados de inspectores cubiertos por el decreto ley núm. 170/2009 (como son los inspectores de la Inspección General de Finanzas) y que en el documento de estrategia de la ACT para 2013-2015 se reconocía que una debilidad de la ACT radica en la desmotivación de los inspectores del trabajo a causa de la falta de incentivos adecuados. La Comisión pide al Gobierno que, de acuerdo con el comité tripartito, adopte medidas para garantizar que los niveles de remuneración de los inspectores del trabajo guarden correspondencia con los de otros inspectores que ejercen funciones similares. La Comisión pide además al Gobierno que, de acuerdo con el comité tripartito, adopte medidas para garantizar que los inspectores del trabajo gozan de oportunidades de carrera profesional que tengan en cuenta su mérito, experiencia y niveles de responsabilidad, y que discuta este asunto con los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en estas cuestiones.

Horas extraordinarias. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a las conclusiones del comité tripartito sobre la necesidad de que los inspectores del trabajo dispongan periódicamente de tiempo libre suficiente, señala que la crisis financiera y económica ha llevado a los inspectores del trabajo a tener que realizar horas extraordinarias remuneradas, pero que han disminuido actualmente las solicitudes para que se intervenga de forma urgente en este sentido. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la cantidad de horas extraordinarias que realizan actualmente los inspectores.

Artículo 10 del Convenio núm. 81 y el artículo 14 del Convenio núm. 129. Número suficiente de inspectores del trabajo. La Comisión observa que el comité tripartito tomó nota de que el documento de estrategia de la ACT afirma que se reconoce la escasez de recursos humanos como una de las debilidades de la ACT; y que el comité tripartito observó que la carga de trabajo de los inspectores del trabajo ha aumentado como consecuencia de la crisis económica. La Comisión toma nota también de las observaciones formuladas por la CGTP-IN y la UGT en relación al número insuficiente de inspectores del trabajo y otro personal de apoyo que, según los sindicatos, ha disminuido considerablemente desde 2011 al no haberse sustituido al personal jubilado. En este sentido, la Comisión saluda que el Gobierno señale que la ACT se encuentra en vías de contratar a 117 inspectores del trabajo, además de los 314 inspectores que ya trabajan actualmente en la ACT. La Comisión, al tiempo que reitera que el comité triparto solicitó al Gobierno que mantuviera un número suficiente de inspectores del trabajo para garantizar el desempeño efectivo de las funciones de los servicios de inspección, pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en la contratación de los nuevos efectivos mencionados por el Gobierno, así como en la formación o cualesquiera otras medidas adoptadas para facilitar la integración rápida de estos inspectores contratados a la luz de las realidades actuales y la evolución del mercado del trabajo.

Artículo 11, 1), a), del Convenio núm. 81 y artículo 15, 1), a), del Convenio núm. 129. Instalaciones y equipos de oficinas. La Comisión toma nota de que el comité tripartito observó que, según el documento de estrategia de la ACT, la insuficiencia de los recursos materiales había sido reconocida como una de las debilidades de la ACT. La Comisión toma nota también de las observaciones formuladas por la UGT en relación con las restricciones presupuestarias de la ACT. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las iniciativas en marcha para mejorar las instalaciones de las oficinas de los servicios descentralizados de la Inspección del Trabajo (diez de las 32 oficinas descentralizadas tienen nuevas instalaciones), lo que había sido señalado previamente por el comité tripartito. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que la modernización de los equipos de trabajo es un objetivo constante de la ACT, para lo cual se han venido realizando inversiones a estos efectos. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando las medidas necesarias para garantizar que todos los servicios de la Inspección del Trabajo a nivel central y descentralizado se ajustan a las necesidades del servicio, y a que comunique detalles sobre todas las medidas adoptadas para mejorar la situación actual.

Artículo 16 del Convenio núm. 81 y artículo 21 del Convenio núm. 129. Frecuencia y esmero adecuados de las inspecciones para asegurar el cumplimiento. La Comisión observa que el comité tripartito tomó nota de un exceso en el número de establecimientos de trabajo cubiertos por las inspecciones. En este sentido, la Comisión toma nota de la información estadística comunicada por el Gobierno y por la ACT en su sitio web, de que entre 2013 y 2016, aumentó el número de lugares cubiertos por las inspecciones (de 29 539 en 2013 a 36 076 en 2016). La Comisión, al tiempo que saluda la tendencia favorable en el número de lugares de trabajo cubiertos por las inspecciones del trabajo, pide al Gobierno que siga garantizando que la frecuencia y el esmero de las visitas de inspección sean suficientes. En este sentido, pide también al Gobierno que comunique información sobre la estrategia de los servicios de la inspección para lograr una cobertura satisfactoria de los lugares de trabajo mediante un número suficiente de visitas exhaustivas de inspección (como las visitas realizadas en lugares de trabajo con una elevada tasa de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como de los criterios y plazos para estas visitas de seguimiento).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Qatar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2017.

Cierre de la queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración, en su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017), encomió: i) las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar efectivamente la ley núm. 21, de 2015, relativa a la entrada, la salida y la residencia de los trabajadores migrantes, y para realizar un seguimiento de la evaluación de la visita de alto nivel; ii) la transmisión oficial de la Ley núm. 15 sobre los Trabajadores Domésticos y de la ley que establece comités de resolución de conflictos de los trabajadores, de 2017, y iii) la información proporcionada sobre el programa de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno y la OIT (2018-2020). A este respecto, el Consejo de Administración: a) apoyó el programa de cooperación técnica acordado, y sus modalidades de ejecución, entre el Gobierno y la OIT, y b) decidió dar por terminado el procedimiento de queja, en virtud del artículo 26, relativa al incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada por los delegados de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Artículos 8, 10 y 16 del Convenio. Número suficiente de inspectores del trabajo y cobertura de los lugares de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, si bien el número de inspectores del trabajo había aumentado (de 200 inspectores en 2014 a 397 inspectores en 2016), al igual que el número de inspecciones efectuadas, en el Departamento de Inspección del Trabajo sólo se había designado a cuatro intérpretes que dominaban las lenguas más comúnmente habladas por los trabajadores. Recordó que el fortalecimiento de los servicios de inspección del trabajo debería estar apoyado por la elaboración de una estrategia de inspección que considerara prioritario brindar protección a los trabajadores migrantes vulnerables contra las prácticas abusivas en las pequeñas empresas que eran subcontratadas por empresas más grandes, o a los trabajadores migrantes que eran contratados por mediación de empresas de contratación.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI que indican que, si bien el Gobierno ha contratado a más inspectores del trabajo en los últimos años, incluidas mujeres inspectoras, la escasez de intérpretes sigue siendo un grave problema, ya que es sumamente difícil efectuar una inspección exhaustiva sin un intérprete que interactúe con la fuerza de trabajo migrante. La CSI indica que los inspectores que no estén acompañados por un intérprete no podrán recopilar pruebas de los trabajadores que no puedan hablar árabe o inglés.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en respuesta a su solicitud anterior, según la cual, en 2016 se efectuaron en total 44 540 visitas de inspección, en comparación con las 25 575 realizadas en 2010. En el primer semestre de 2017 se llevaron a cabo 19 463 visitas de inspección (tanto visitas de inspección del trabajo como visitas de inspección de la seguridad y salud en el trabajo (SST)), así como 6 080 operaciones de encuesta en el terreno. La Comisión toma debida nota de que estas inspecciones se centraron en las pequeñas empresas (con menos de 20 trabajadores), y representaron el 83 por ciento de las visitas de inspección del trabajo y el 47 por ciento de las visitas de inspección de la SST. Toma nota además de la información detallada proporcionada sobre las medidas adoptadas para que la División de Protección de los Salarios supervise el pago de los salarios de los trabajadores. Por lo referente al personal de inspección, el Gobierno indica que el número de inspectores del trabajo se ha mantenido estable desde mayo de 2016 (en 397 inspectores), aunque el número de mujeres inspectoras ha disminuido ligeramente (61 en 2017 frente a 69 en 2016). El Gobierno indica que 96 inspectores del trabajo hablan inglés y árabe; además, cuatro intérpretes que forman parte de la plantilla, pero que no desempeñan funciones de inspección, dominan otras lenguas habladas por los trabajadores migrantes.

La Comisión acoge con agrado que el programa de cooperación técnica suscrito por el Gobierno y la OIT para 2018-2020 incluya la puesta en práctica de una política y estrategia de inspección del trabajo. El Gobierno indica que, en este marco, pretende aumentar el número de intérpretes que acompañan a los inspectores con el fin de permitir la interacción con los trabajadores durante las visitas de inspección. Señala, asimismo, que los principales temas del programa incluyen, a corto plazo, medidas encaminadas a asegurar que las inspecciones cubran todas las empresas y lugares de trabajo previstos por la Ley del Trabajo y la realización de visitas de inspección aleatorias y proactivas (no basadas únicamente en quejas). La Comisión insta firmemente al Gobierno, en el contexto de su cooperación con la OIT, a que no escatime esfuerzos para elaborar y poner en práctica una estrategia de inspección clara y coherente encaminada a brindar protección a los trabajadores y a aumentar la cobertura de los lugares de trabajo, incluidos los lugares de trabajo más pequeños que emplean a trabajadores migrantes vulnerables. Asimismo, insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para asegurar que se contrate a inspectores del trabajo e intérpretes que hablen las lenguas de los trabajadores migrantes, y a que continúe proporcionando información sobre el número de inspectores y de trabajadores de otro tipo contratados a tal efecto. Pide además al Gobierno que adopte las medidas necesarias para seguir aumentando la cobertura de las visitas de inspección, también a través de visitas proactivas, y que facilite información sobre el número total de inspecciones efectuadas, desglosadas entre inspecciones anunciadas, no anunciadas, rutinarias, basadas en quejas, basadas en accidentes y de seguimiento.

Artículos 5, a), 17, 18 y 21, e).  Cooperación efectiva entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, procedimientos jurídicos y aplicación efectiva de las sanciones adecuadas. La Comisión tomó nota anteriormente de que en la queja presentada en virtud del artículo 26 se afirmaba que la inspección del trabajo y el sistema judicial del país habían demostrado ser inadecuados para hacer cumplir la legislación nacional, que los inspectores apenas estaban facultados para imponer medidas y que las multas distaban mucho de ser disuasorias y, en algunos casos, eran inexistentes. Tomó nota asimismo de que en un informe encomendado por el Gobierno se recomendaba atribuir más competencias a los inspectores del trabajo, los cuales, tras detectar infracciones, sólo estaban facultados para redactar informes de infracciones. Estos informes se remitían a continuación a los tribunales para que adoptaran medidas ulteriores en relación con cualquier sanción que hubiera de imponerse. Al tiempo que tomó nota de que las empresas que infringían las normas pueden ser incluidas en una lista de empresas prohibidas, lo que significa que no se les concederá nuevos permisos de trabajo, y que se les prohibirá efectuar transacciones con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, la Comisión tomó nota además de que el resultado de la mayoría de las inspecciones no conducía a medidas ulteriores. La Comisión tomó nota una vez más de que no se había proporcionado información sobre las sanciones específicas impuestas en los casos en que las decisiones habían sido tomadas por tribunales.

En relación con esto, la Comisión toma nota de que la CSI pone de relieve que, según la información proporcionada por el Gobierno al Consejo de Administración en febrero de 2017, sólo en el 1,2 por ciento de los casos se redactaban informes de infracciones. La CSI indica que la información sobre la inspección del trabajo suministrada por el Gobierno no indicaba en ningún caso si se habían encarado las infracciones, si se habían adoptado medidas correctivas en favor de los trabajadores o si se habían impuesto sanciones.

La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior, acerca de que el número de informes de infracciones remitidos a los tribunales ascendió a 859 en 2014, a 676 en 2015, a 1 142 en 2016 y a 687 en el primer semestre de 2017. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha proporcionado información sobre el resultado de estos casos, pese a las reiteradas solicitudes de la Comisión, también para que se proporcionara información sobre el número de sentencias dictadas como consecuencia de su remisión por la inspección del trabajo, y sobre las sanciones (multas o penas de prisión) impuestas por el Poder Judicial. Al tiempo que toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el número de sentencias dictadas por las instancias laborales (1 436 en el primer semestre de 2017), la Comisión observa que el Gobierno no suministra más información sobre la naturaleza de las sentencias ni indica si entre estos casos se cuentan los remitidos al Poder Judicial por los inspectores del trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de la información detallada comunicada por el Gobierno sobre el número de advertencias para solucionar las violaciones denunciadas por los inspectores (8 681 en 2014, 18 979 en 2015 y 14 950 en 2016), y sobre el número de prohibiciones dictadas (poner fin a la concesión de permisos de trabajo y a las transacciones con los ministerios), que cayeron de 1 487 en 2014 a 929 en 2015 y a 898 en 2016. Toma nota asimismo de la información detallada proporcionada sobre la supervisión del pago de los salarios a través del Sistema de Protección de los Salarios, incluida la suspensión de 22 460 transacciones, en el primer semestre de 2017, en las que se detectaron violaciones (en las que estaban involucradas 18 997 empresas) y el consiguiente levantamiento de la suspensión tras un recurso en 21 681 casos.

La Comisión toma debida nota de que un objetivo del Programa de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno y la OIT para 2018-2020 es asegurar que las facultades de los inspectores del trabajo para hacer cumplir la ley sean efectivas. Acoge con agrado, a este respecto, la indicación del Gobierno en su memoria de que está dispuesto a considerar el otorgamiento de otras facultades a los inspectores del trabajo con miras a hacer cumplir la ley. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas, en el contexto de la cooperación técnica en curso, con miras a fortalecer la efectividad de los mecanismos de cumplimiento, incluidas medidas para otorgar más facultades a los inspectores del trabajo, y un mayor número de medidas encaminadas a promover la colaboración efectiva con el sistema judicial (también con respecto al intercambio de información sobre el resultado de los casos remitidos a los tribunales). En relación con esto, insta una vez más al Gobierno a que proporcione la información solicitada sobre el resultado de los casos remitidos al Poder Judicial por los inspectores del trabajo a través de informes de infracciones, incluidas las sanciones impuestas en virtud de la Ley del Trabajo (sentencias absolutorias, multas — incluidas las sumas — o penas de prisión, etc.) y las disposiciones legales con las cuales están relacionadas, distinguiendo estos casos de los llevados ante los tribunales por los propios trabajadores. Pide asimismo al Gobierno que siga proporcionando estadísticas exhaustivas sobre las demás actividades de la inspección del trabajo encaminadas a hacer cumplir la ley.

Artículos 5, a), 9 y 13.  Inspección del trabajo en el ámbito de la SST. Inspecciones de la SST y actividades preventivas de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, en respuesta a su solicitud anterior, acerca de que, en el primer semestre de 2017, se efectuaron 8 151 inspecciones de la SST en 3 324 empresas (en comparación con 14 526 inspecciones llevadas a cabo en 2016 en 5 144 empresas, y con 20 777 inspecciones de la SST realizadas en 2015 en 4 473 empresas). Las inspecciones efectuadas en 2017 condujeron a 2 606 advertencias para remediar infracciones, a 1 263 informes de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la SST y a 44 informes de infracciones. La Comisión lamenta que no se proporcione información sobre el seguimiento dado a estos informes de infracciones. Toma nota de que el número de trabajadores lesionados como consecuencia de accidentes del trabajo en el primer semestre de 2017 ascendió a 245, en comparación con los 582 registrados en 2016. En el primer semestre de 2017, se registraron 12 accidentes del trabajo mortales, en comparación con 35 en 2016, 24 en 2015 y 19 en 2014.

La Comisión toma nota de que el Programa de cooperación técnica suscrito por el Gobierno y la OIT para 2018-2020 incluye la mejora del sistema de la SST y la aplicación de una política de la SST. Al tiempo que toma nota con preocupación del número creciente de accidentes del trabajo mortales notificados entre 2014 y 2016, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para fortalecer la capacidad de la inspección del trabajo con respecto a la vigilancia de la SST. Pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre las actividades preventivas de la inspección y sobre el número y tipo de visitas de inspección de la SST efectuadas (indicando si eran anunciadas, no anunciadas, rutinarias, en respuesta a una queja o a un accidente, o de seguimiento), el número de violaciones detectadas, el número de suspensiones de los lugares de trabajo o de máquinas en caso de grave peligro para la seguridad y salud de los trabajadores, el número de informes de infracciones redactados y, en particular, la información solicitada anteriormente sobre el seguimiento dado por las autoridades judiciales a dichos informes de infracciones.

La SST en el sector de la construcción. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Comité Supremo de Organización y Legado y el Ministerio de Desarrollo Administrativo y de Trabajo y Asuntos Sociales había concluido un Memorando de Entendimiento con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) con miras a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en los proyectos de la Copa Mundial de 2022, también a través de la organización de visitas de inspección conjuntas y de la creación de un equipo de formación especializado en inspección de la SST.

La Comisión toma nota con interés de la información contenida en la memoria del Gobierno acerca de que la primera visita conjunta al terreno con la BWI tuvo lugar en febrero de 2017. El Gobierno indica que el Memorando de Entendimiento ha tenido un gran impacto en la protección de los derechos de los trabajadores de la construcción en los proyectos de infraestructura para la Copa Mundial. Toma nota asimismo de que, en 2017, el Gobierno organizó una conferencia sobre la SST en el sector de la construcción, centrándose en las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que el 45 por ciento de los accidentes del trabajo producidos en el primer semestre de 2017 (110 accidentes) fueron debidos a caídas de objetos pesados. La Comisión pide al Gobierno que siga fortaleciendo la capacidad de la inspección del trabajo con respecto a la SST en el sector de la construcción, y que proporcione información sobre las medidas adoptadas. Le pide asimismo que facilite estadísticas detalladas sobre el número de inspecciones conjuntas efectuadas en el marco del Memorando de Entendimiento con la BWI y sobre su resultado.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

San Marino

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Legislación. La Comisión pide al Gobierno que indique todas las nuevas disposiciones legales en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio y las normas internacionales usadas al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas requeridas por este Convenio.

Artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de las últimas normas internacionales del trabajo y que especifique, para cada artículo del Convenio en relación con el cual se aceptaron las obligaciones (a saber, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), qué normas y directivas se utilizan.

Artículo 7.  La Comisión solicita al Gobierno que indique los conceptos, definiciones y metodología utilizados para realizar estimaciones oficiales sobre la mano de obra, el empleo y el desempleo en San Marino.

Artículo 8.  La Comisión insta al Gobierno a transmitir a la OIT información metodológica sobre los conceptos y definiciones en relación con las estadísticas sobre la mano de obra basadas en registros, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio.

Artículo 9, 1).  Tomando nota de que las estadísticas anuales sobre las ganancias medias y las horas medias de trabajo realmente efectuadas aún no se desglosan por sexo, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a este fin y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 9, 2).  La Comisión solicita al Gobierno que garantice que las estadísticas cubiertas por estas disposiciones se transmiten de forma regular a la OIT.

Artículo 10.  La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a esta disposición y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en este ámbito.

Artículo 11.  La Comisión toma nota de que no se dispone de información sobre la estructura de la remuneración de los empleados por componentes principales. Por consiguiente, pregunta al Gobierno si es posible compilar estas estadísticas en relación con más de cuatro grupos de la industria manufacturera, y le pide que comunique estas estadísticas a la OIT tan pronto como sea posible, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.

Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para elaborar, publicar y comunicar a la OIT información metodológica concreta sobre los conceptos, definiciones y métodos adoptados para compilar estadísticas sobre la remuneración de los empleados, con arreglo al artículo 6.

Artículo 12.  La Comisión insta al Gobierno a transmitir información metodológica sobre los nuevos índices de los precios al consumo (base diciembre 2002 = 100) con arreglo al artículo 6 de este Convenio.

Artículo 13.  La Comisión toma nota de que en una publicación anual titulada Encuesta sobre el consumo y el estilo de vida de las familias de San Marino, la Oficina de Planificación Económica, Procesamiento de Datos y Estadísticas publica regularmente estadísticas detalladas sobre los gastos de los hogares. Sin embargo, esta publicación no contiene información sobre las fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio y la compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares. La Comisión insta al Gobierno a:

i)indicar si las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores fueron consultadas para la elaboración de los conceptos, definiciones y metodología utilizados (con arreglo al artículo 3), y

ii)comunicar una descripción detallada de las fuentes, conceptos, definición y metodología utilizados en el acopio y compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares, tal como se requiere en virtud del artículo 6.

Artículo 14.  La Comisión solicita al Gobierno que transmita información más amplia sobre el sistema estadístico, haciendo especial referencia a los conceptos y definiciones utilizados para realizar estadísticas sobre lesiones profesionales.

Artículo 15.  Habida cuenta de que no se han proporcionado datos sobre las huelgas y cierres patronales (tasa de días no trabajados, por actividad económica), la Comisión invita al Gobierno a comunicar información con arreglo al artículo 5 de este Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ucrania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 2004)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 2004)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la inspección del trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 81 y 129 en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU), recibidas el 9 de agosto de 2017.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de las conclusiones de 2017 de la Comisión de Aplicación de Normas sobre la aplicación de los Convenios núms. 81 y 129 por Ucrania.

Artículos 12, 1), a) y b), 16 y 17 del Convenio núm. 81 y artículos 16, 1), a) y b), 21 y 22 del Convenio núm. 129. Restricciones y limitaciones a la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota con profunda preocupación de la moratoria introducida entre enero y junio de 2015 en las inspecciones del trabajo. A este respecto, la Comisión recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas tomó nota de que esta moratoria había expirado y pidió al Gobierno que en el futuro no imponga ninguna de estas restricciones a la inspección del trabajo.

La Comisión toma nota de que no se ha adoptado ninguna otra moratoria en relación con la inspección del trabajo. Sin embargo, toma nota con preocupación de que la Ley núm. 877, de 1.º de enero de 2017, sobre los Principios Fundamentales de la Supervisión y Control Estatal de la Actividad Económica (que se aplica a una serie de organismos de inspección, incluidos los servicios de inspección) y el decreto ministerial núm. 295, de 26 de abril de 2017, sobre el procedimiento de control y supervisión estatal del cumplimiento de la legislación laboral (por el que se aplican el artículo 259 del Código del Trabajo y el artículo 34 de la Ley de Organismos Autónomos) prevén diversas limitaciones de las facultades de los inspectores del trabajo, incluso en relación con la libre iniciativa de los inspectores del trabajo de realizar inspecciones sin aviso previo (artículo 5 del decreto núm. 295 y artículo 5, 4), de la ley núm. 877), la frecuencia de las inspecciones del trabajo (artículo 5, 1), de la ley núm. 877) y las facultades discrecionales de los inspectores del trabajo de iniciar procedimientos legales rápidos sin aviso previo (artículos 27 y 28 del decreto núm. 295).

En este contexto, la Comisión también toma nota de que la FPU indica que en julio de 2017 el Parlamento aprobó en primera lectura el proyecto de ley núm. 6489 de enmienda de ciertas leyes en relación con la prevención de las presiones excesivas sobre las empresas debido a la supervisión estatal del cumplimiento de la legislación laboral y en materia de empleo, que convierte la realización de visitas de inspección no programadas en un delito administrativo. Con el fin de garantizar que estas restricciones no se apliquen, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la ley núm. 877 de 1.º de enero de 2017, y el decreto ministerial núm. 295 de 26 de abril de 2017 se ponen de conformidad con los artículos 12, 1), a) y b), 16 y 17 del Convenio núm. 81 y los artículos 16, 1), a) y b), 21 y 22 del Convenio núm. 129 y para garantizar que no se adoptan restricciones adicionales. La Comisión también recuerda al Gobierno que puede continuar recurriendo a la asistencia técnica de la OIT a este fin.

Artículos 4, 6, 7 y 11 del Convenio núm. 81 y artículos 7, 8, 9 y 15 del Convenio núm. 129. Organización del sistema de inspección del trabajo bajo la supervisión y el control de una autoridad central. Descentralización parcial de las funciones de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que en virtud del decreto núm. 295, de 27 de abril de 2017, por el que se aplica el artículo 259 del Código del Trabajo y el artículo 34 de la Ley de Organismos Autónomos, actualmente las funciones de la inspección del trabajo son competencia tanto del servicio estatal de trabajo como de las autoridades locales (órganos ejecutivos de los consejos en centros urbanos regionales y en comunidades territoriales integradas rurales y semirurales). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las autoridades de los gobiernos locales están bajo la supervisión del servicio estatal de trabajo, habida cuenta de la orientación, la información y la formación en materia de inspección del trabajo que el servicio estatal de trabajo proporciona a las autoridades locales. Además, el Gobierno indica que el servicio estatal de trabajo puede revocar el nombramiento de «funcionarios autorizados» de las autoridades locales como inspectores si esos funcionarios no ejercen sistemáticamente de la forma debida sus poderes de verificación. El Gobierno también se refiere a los esfuerzos para garantizar la coordinación a fin de evitar duplicaciones, por ejemplo a través del establecimiento de un registro conjunto de las inspecciones realizadas por el servicio estatal de trabajo y las autoridades locales. A este respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 5 del procedimiento para la supervisión estatal (adoptado a través del decreto núm. 295) prevé que las inspecciones del trabajo realizadas por las autoridades locales se lleven a cabo con arreglo al plan anual de trabajo del servicio estatal de trabajo.

La Comisión recuerda que el artículo 4 del Convenio núm. 81 prevé que la inspección del trabajo esté bajo la vigilancia y control de una autoridad central siempre que sea compatible con la práctica administrativa del Estado Miembro. A este respecto, recuerda que en su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, indicó que si ciertas responsabilidades de la inspección del trabajo se atribuyen a diferentes departamentos, la autoridad competente debe adoptar medidas para garantizar que se dispone de recursos presupuestarios suficientes y para alentar la cooperación entre esos diferentes departamentos (párrafos 140 y 152). Además, la Comisión recuerda la importancia de garantizar que los cambios organizativos se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los Convenios, en particular de los artículos 4, 6, 7 y 11 del Convenio núm. 81 y los artículos 7, 8, 9 y 15 del Convenio núm. 129. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la asignación de recursos presupuestarios adecuados para permitir el ejercicio eficaz de las funciones de la inspección del trabajo (artículo 11 del Convenio núm. 81 y artículo 15 del Convenio núm. 129). Del mismo modo, tomando nota de la orientación y formación proporcionada por el servicio estatal de trabajo a las autoridades locales, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información concreta sobre la manera en que se garantiza que de manera regular el servicio estatal de trabajo supervisa a las autoridades locales. La Comisión también pide al Gobierno que indique la manera en que se garantiza que los «funcionarios autorizados» que trabajan como inspectores del trabajo bajo la supervisión del servicio estatal de trabajo y las autoridades locales tienen un estatus y unas condiciones de servicio que garanticen su independencia de cualquier influencia externa indebida (artículo 6 del Convenio núm. 81 y artículo 8 del Convenio núm. 129). Además, pide al Gobierno que indique la manera en la que se garantiza que los «funcionarios autorizados» que trabajan como inspectores del trabajo tienen unas calificaciones y una formación adecuadas para el ejercicio eficaz de las funciones de inspección (artículo 7 del Convenio núm. 81 y artículo 9 del Convenio núm. 129). En consonancia con la solicitud que realizó en 2017 la Comisión de Aplicación de Normas, la Comisión pide al Gobierno que garantice que las otras funciones encomendadas a los inspectores del trabajo no interfieren en sus funciones principales ni tienen un impacto negativo en la calidad de las inspecciones del trabajo.

Artículos 10, 11 y 16 del Convenio núm. 81 y artículos 14, 15 y 21 del Convenio núm. 129. Recursos materiales y humanos para que la inspección del trabajo pueda cubrir de manera adecuada a los lugares de trabajo. La Comisión había tomado nota de que, según la evaluación de las necesidades realizada por la OIT tras la solicitud de asistencia técnica del Gobierno, resulta fundamental incrementar el número de inspectores del trabajo y los recursos materiales (incluidos los medios de transporte, los registros y los programas informáticos apropiados) a fin de aumentar el número de inspecciones y mejorar su calidad. La Comisión lamenta tomar nota de que una vez más el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas a este respecto. Asimismo, toma nota de que según la información proporcionada por el Gobierno actualmente hay 542 inspectores del trabajo y 223 vacantes de puestos de inspección del trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación presupuestaria del servicio estatal de trabajo y aumentar los medios materiales y los recursos humanos de los servicios y de todas sus estructuras. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de inspectores que trabajan a nivel central y local del servicio estatal de trabajo y sus recursos materiales (oficinas, equipos y material de las oficinas, medios de transporte y reembolso de los gastos de viaje) y adopte medidas para garantizar que el número de inspectores y los recursos son suficientes para el desempeño efectivo de sus funciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 81 (Albania, Alemania, Bahrein, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Francia: Nueva Caledonia, Guatemala, India, Japón, Mauritania, Países Bajos, Pakistán, Portugal, Qatar, Suecia, Togo, Ucrania); el Convenio núm. 85 (República Unida de Tanzanía: Zanzíbar); el Convenio núm. 129 (Albania, Alemania, Burkina Faso, Francia: Nueva Caledonia, Guatemala, Países Bajos, Portugal, Suecia, Togo, Ucrania); el Convenio núm. 150 (Togo); el Convenio núm. 160 (Chipre, Grecia, Kirguistán, República de Moldova).

Política y promoción del empleo

Angola

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños – Confederación Sindical (UNTA-CS), recibidas el 12 de diciembre de 2016, sobre la persistencia de las violaciones del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto.

Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Aplicación en la práctica. En sus comentarios precedentes, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitase una memoria con informaciones estadísticas disponibles. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información al respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite una memoria que contenga informaciones estadísticas disponibles sobre el número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por la oficina.

Artículos 4 y 5.  Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que la Comisión Consultiva para el Empleo, creada mediante el decreto núm. 5, de 7 de abril de 1995, es un órgano consultivo de composición tripartita que trabaja en cooperación con el Ministerio de Administración Pública, Empleo y Seguridad Social (MAPTSS), a través del Instituto Nacional del Empleo y de la Formación Profesional (INEFOP). Toma nota asimismo de que la Comisión Interministerial para la calificación de recursos humanos para la economía nacional, órgano ministerial a cargo de la formulación de la política global del empleo y la formación profesional, creado mediante decreto núm. 51, de 17 de agosto de 2001, se encuentra integrado por representantes de los distintos ministerios, representantes de los trabajadores y de los empleadores, y, a invitación del vicepresidente, cualquier otro miembro de la sociedad civil. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se asegura que los interlocutores sociales puedan participar activamente en el desarrollo y aplicación de la política de servicios de empleo, así como información sobre la estructura, el funcionamiento y los objetivos de las distintas comisiones, la cooperación establecida entre ambas y el impacto de sus políticas.

Artículo 6.  Organización del servicio del empleo. El Gobierno indica que el Sistema Nacional de Empleo se encuentra conformado por servicios centrales y por 18 servicios profesionales distribuidos alrededor del país que comprenden los centros de empleo, los centros integrados de empleo y centros de formación profesional. El Gobierno señala adicionalmente que se ha establecido una red de 36 centros de empleo implementados en 18 provincias, de los cuales 11 son de naturaleza integrada. Dicha red se encuentra complementada por dispositivos de formación y de rehabilitación vocacional, así como por distintas actividades realizadas por los centros de formación, públicos y privados, y las agencias privadas de colocación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el funcionamiento de dichos centros y las actividades que desarrolla para asegurar eficazmente el desempeño de las funciones enumeradas en el Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de centros de empleo, centros integrados de empleo y centros de formación profesional.

Artículo 7, apartado b).  Actividades del servicio público para las personas con discapacidad y otros grupos en situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno indica que el inciso 1 del artículo 23 de la Constitución de 2010 prevé la igualdad ante la ley, que el reclutamiento en los centros de empleo no se efectúa con base a categorías especiales y que sus servicios se encuentran disponibles para todos los solicitantes de empleo, sin distinción alguna. Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de la UNTA-CS, indicando que pese a que en los últimos años varias mujeres han sido nombradas altos cargos ejecutivos y legislativos, una gran proporción de mujeres continúan a enfrentar una notoria discriminación en el empleo por motivo de sexo, en particular durante el embarazo, que éstas continúan a ocupar puestos mal remunerados en el sector informal y en el sector doméstico, y que éstas frecuentemente son víctimas de acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo. La Comisión recuerda que el artículo 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) establece que las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no deben ser consideradas como discriminatorias. Asimismo, la Comisión recuerda que el servicio público de empleo deberá tomar medidas para desarrollar medidas especiales para la colocación de los menores, las personas con discapacidad y las mujeres (ver párrafo 4, apartados b) y c), de la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 83)). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para dar efecto en la práctica al artículo 7, apartado b), especialmente sobre las medidas especiales de protección o asistencia en el servicio del empleo disponibles para las personas con discapacidad y otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres.

Artículo 8.  Medidas de ayuda a los jóvenes. La Comisión toma nota de los programas de integración y de formación destinados a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad por motivos de desempleo, deficiencia, situación socioeconómica y bajo nivel de escolaridad. Toma nota asimismo de que el Gobierno ha creado para los jóvenes empresarios programas de incubadoras de empresas, programas de concesión de créditos, y programas para fomentar el autoempleo, el trabajo independiente y la creación de microempresas en la economía informal. Adicionalmente, la Comisión nota que el Gobierno ha creado programas de empleo para otros grupos desfavorecidos, tales como mujeres, jóvenes en búsqueda de un primer empleo y con bajo nivel educativo, jóvenes recién graduados, soldados desmovilizados, adolescentes de la calle y jóvenes que viven en zonas remotas. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la UNTA-CS, indicando que los jóvenes sin experiencia profesional tienen difícil acceso a un primer empleo, que se han registrado casos de nepotismo y corrupción en la contratación de funcionarios públicos, y que en el sector privado, ciertas empresas seleccionan a los candidatos en función de su apellido y su origen social. Tomando debidamente nota de los distintos tipos de programas de formación y de integración implementados por el Gobierno para venir en ayuda a los jóvenes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones estadísticas actualizadas sobre el número de jóvenes que han participado en los programas de integración y de formación antes mencionados, así como datos pertinentes sobre el impacto que tienen estos programas en la obtención de empleos duraderos.

Artículo 9, párrafo 4.  Medidas propuestas para formar o perfeccionar al personal del servicio del empleo. El Gobierno indica que los trabajadores al servicio del empleo son funcionarios públicos regidos por el decreto núm. 33, de 26 de julio de 1991, sobre el régimen disciplinario de los funcionarios públicos y los agentes administrativos. Dichos trabajadores son reclutados a través de un concurso y teniendo en cuenta las necesidades del MAPTSS. Al respecto, la Comisión nota que dicho personal recibe una formación según las necesidades de los servicios de la administración del Estado, del sector empresarial y de otras entidades particulares. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en la que se asegura que el personal del servicio del empleo tenga las aptitudes requeridas para desempeñar las funciones previstas por el Convenio y que haya recibido la formación adecuada, especialmente con respecto a sus actividades en relación con las poblaciones desventajadas.

Artículo 10.  Medidas para estimular la utilización máxima del servicio del empleo. El Gobierno indica que promueve, en colaboración con los interlocutores sociales, diferentes programas de formación profesional a través de anuncios en los distintos medios de comunicación tales como los sitios oficiales del Gobierno, centros de formación profesional, escuelas y universidades. La Comisión pide al Gobierno de proporcionar información sobre la forma en la que se asegura que los interlocutores sociales participan a dicho proceso y los resultados de los mismos.

Artículo 11.  Cooperación entre las agencias públicas y privadas de colocación. El Gobierno indica que la legislación angoleña permite la coexistencia y la colaboración entre el servicio público del empleo y las agencias privadas, lo que facilita la creación conjunta de acciones de orientación y de formación profesional. Con respecto a las agencias privadas de colocación, la Comisión nota que éstas pueden registrar, seleccionar y colocar candidatos al empleo, sin embargo, éstas tienen la obligación de remitir cada mes al centro de empleo de su área de jurisdicción informaciones estadísticas sobre las demandas de empleo, ofertas de empleo y colocaciones, cooperar con los centros públicos de empleo y participar en las reuniones organizadas por los servicios públicos del empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas concretas que han sido adoptadas para garantizar la cooperación efectiva entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación, y de transmitir las informaciones estadísticas recabadas con respecto a estas últimas.

Argelia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica en su memoria que la encuesta realizada en septiembre de 2016 por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), registra una tasa de desempleo nacional del 10,5 por ciento. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo sigue siendo mucho más elevada en el caso de las mujeres (20 por ciento) que en el de los hombres (8,1 por ciento) y de que, además, aumentó en 3,5 puntos durante el período 2016-2017. La Comisión toma nota del hecho de que el Gobierno financió, a través del apoyo a la creación de la microempresa, 20 164 proyectos en el curso del año 2016, frente a 59 679, en 2014. La tasa de desempleo de los jóvenes (16-24 años), se situó en el 26,7 por ciento, en abril de 2016, disminuyendo en 3,2 puntos porcentuales en relación al año anterior. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, durante el período 2015-2019, sus esfuerzos se orientaron hacia la promoción del empleo asalariado y hacia la creación de actividad a favor de los jóvenes y de los desempleados. La creación de actividad será garantizada mediante la simplificación de los procedimientos legislativos y reglamentarios, para facilitar el acceso al crédito bancario y a través del fortalecimiento de un apoyo a los promotores, a efectos de viabilidad de las microempresas. En lo que atañe a la función de los interlocutores sociales, el Gobierno indica que se instituyeron encuentros tripartitos con los representantes sindicales de los empleadores y de la Unión General de Trabajadores Argelinos. Estos encuentros tienen como objetivo alcanzar un proyecto de desarrollo consensuado e identificar los ajustes necesarios para las políticas aplicadas. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre las medidas puestas en práctica a favor del empleo que se adoptaron y aplicaron, así como sobre su impacto en cuanto a las posibilidades de pleno empleo productivo y sostenible. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones estadísticas actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo y del desempleo en todos los sectores incluyendo el sector rural. Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre la contribución de los interlocutores sociales a la elaboración del nuevo plan de acción para el empleo, indicando de qué manera se tuvo en cuenta la opinión de los trabajadores del sector rural y de la economía informal, para que éstos colaboren activamente en la elaboración de políticas de empleo y ayuden a obtener apoyos a favor de las medidas adoptadas en la materia.

Australia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 4 de octubre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas de mercado del trabajo. El Gobierno indica que las condiciones del mercado de trabajo mejoraron durante los tres años anteriores a mayo de 2017, fecha en la que había 12 152 600 personas empleadas, y la tasa de desempleo se redujo, pasando de un 5,9 por ciento en mayo de 2014 a un 5,5 por ciento en mayo de 2017. Si bien la tasa de participación aumentó hasta un 64,9 por ciento durante el período de memoria, a saber hasta mayo de 2017, los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los desempleados de larga data, los jóvenes, las personas de edad madura, las personas con discapacidad y los australianos indígenas, continúan estando en desventaja en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno se ha comprometido a promover la participación de la fuerza de trabajo y a proporcionar apoyo adicional a grupos concretos, haciendo especial hincapié en los padres desfavorecidos de niños pequeños, los australianos indígenas y las personas mayores. La Comisión toma nota de que desde la última memoria del Gobierno ha aumentado la gama de asistencia específica, con la introducción del servicio para la transición al trabajo (Transition to Work) y del programa para el empleo de los padres (ParentsNext). ParentsNext, que se inició en abril de 2016, es un programa previo al empleo que ayuda a los padres que pertenecen a grupos específicos, incluidos los australianos indígenas, las mujeres, los jóvenes y los australianos de otras culturas y otras lenguas, a prepararse para el empleo. La Comisión también toma nota de que durante los últimos veinticinco años se ha producido un cambio estructural en el mercado de trabajo. Habida cuenta de que ha aumentado la proporción de empleo en el sector de servicios, el Gobierno está intentando readaptar profesionalmente a los trabajadores despedidos a fin de que aprovechen las oportunidades que brindan las industrias que están en crecimiento a través, por ejemplo, de la Grow Fund Initiative. La Comisión también toma nota de que durante los tres últimos años se ha producido un crecimiento del trabajo a tiempo parcial, que coincide con el aumento del desempleo. En sus observaciones, el ACTU indica que el subempleo ha alcanzado una cifra récord y reitera que el trabajo precario es uno de los problemas que se tienen que abordar más urgentemente en el contexto laboral, con un 40 por ciento de personas que trabajan con arreglo a modalidades de trabajo atípicas. Si bien, el ACTU reconoce que estas formas de trabajo tienen sus objetivos legítimos, afirma que cada vez se utilizan más para esquivar las responsabilidades asociadas con una relación de empleo permanente. El ACTU se refiere a su encuesta independiente de 2012 sobre el trabajo precario que incluye recomendaciones a fin de mejorar el nivel de empleos permanentes para la fuerza de trabajo australiana. La Comisión pide al Gobierno que especifique la manera en la que examina, coordina y adapta las medidas y políticas adoptadas habida cuenta de los resultados alcanzados a fin de alcanzar los objetivos del empleo pleno, productivo y libremente elegido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de las medidas adoptadas para abordar el desempleo de larga duración, el subempleo y el trabajo precario, incluida información sobre el número de beneficiarios de los programas que han obtenido un empleo duradero.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que el desempleo juvenil se redujo, pasando de un 13,6 por ciento en 2014 a un 12,7 por ciento en 2017, y el empleo juvenil aumentó en un 3,6 por ciento durante los tres años anteriores a mayo de 2017. Sin embargo, la Comisión toma nota de que los jóvenes continúan estando en situación de desventaja en el mercado de trabajo y de que la tasa de subempleo de éstos ha aumentado pasando de un 15,8 por ciento en mayo de 2014 a un 18,5 por ciento en mayo de 2017. El ACTU observa que la tasa de subempleo de los jóvenes triplica aproximadamente la del resto de la fuerza de trabajo. La Comisión toma nota de una serie de medidas, promulgadas desde 2015 en el contexto de la Estrategia para el empleo juvenil, a fin de ayudar a los jóvenes que corren el riesgo de estar desempleados durante largos períodos y de tener que depender de las prestaciones. El Gobierno indica que la iniciativa para potenciar a la juventud (Empowering YOUth) apoya enfoques innovadores de organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales a fin de ayudar a los jóvenes desempleados, mientras que el servicio Transition to Work proporciona asistencia intensiva y previa al empleo a fin de mejorar la preparación para el trabajo de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Además, ParentsNext ayuda, entre otros, a los padres jóvenes a prepararse para el empleo. La Comisión también toma nota con interés de las iniciativas adoptadas en el marco de la Estrategia para el empleo juvenil del Gobierno enfocadas a mejorar los resultados de empleo de los jóvenes con enfermedades mentales. La Comisión toma nota de que Youth Jobs PaTH ofrece formación y experiencia realizando trabajos voluntarios a través de las pasantías PaTH y subsidios salariales. Toma nota, sin embargo, de que el ACTU expresa su preocupación en relación con el hecho de que las pasantías PaTH remplazan a los trabajos reales y de entrada en el mundo laboral y conllevan el riesgo de explotación de los solicitantes de empleo jóvenes que son vulnerables, e indica que los participantes en este programa no reciben la protección jurídica que se proporciona normalmente a los empleados, tienen salarios que son bastante inferiores al salario mínimo y no obtienen calificaciones significativas. La iniciativa para alentar el espíritu empresarial y el empleo por cuenta propia tiene por objetivo ampliar los servicios gubernamentales a los jóvenes desempleados que quieren establecer su propio negocio e incluye una ampliación del programa de incentivos para las nuevas empresas (New Enterprise Incentive). El Gobierno también financia el Programa de desarrollo comunitario a fin de implementar estrategias para la contratación de jóvenes con miras a ayudarlos a que se les contrate en las zonas remotas de Australia. El Plan para el crecimiento de los empleos y de las pequeñas empresas tiene por objetivo proporcionar apoyo específico a los jóvenes que tienen más posibilidades de estar desempleados a largo plazo. El Gobierno de Queensland ha implementado una serie de programas para reducir el desempleo juvenil, incluidos el Plan regional de empleo para la vuelta al trabajo (Back to Work Regional Employment Package), el Programa para calificar a las personas de Queensland para el trabajo (Skilling Queenslanders for Work programme), el Plan de empleo de Queensland sudoriental para el regreso al trabajo (Back to Work South East Queensland Employment Package) y el Programa de desarrollo de las calificaciones en materia de empleo (Employment Skills Development). En lo que respecta a Australia Occidental, los planes estatales en materia de formación de este estado se centran en la formación de los jóvenes a fin de poner en relación sus competencias con las necesidades de la industria. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada, incluida información estadística desagregada por sexo y edad, sobre el número de jóvenes que participan en cada uno de los programas anteriormente citados, así como sobre el impacto de cada uno de estos programas en la tasa de empleo entre los jóvenes.

Camerún

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre la formulación y aplicación de una política activa del empleo y que indicara cuáles habían sido las medidas concretas aplicadas para crear empleos productivos y reducir la precariedad del empleo en el país. El Gobierno señala en su memoria que se sigue ultimando la política nacional de empleo, pero que ésta aún no ha entrado en vigor. El Gobierno añade que el Plan de Acción Nacional para el Empleo de los Jóvenes (PANEJ) 2016-2020, así como el Documento de Estrategia para el Crecimiento del Empleo (DSCE) siguen siendo, no obstante, documentos relevantes en lo que se refiere a la promoción del empleo en el Camerún. El Gobierno añade que ha hecho del empleo un eje central de su política de desarrollo y uno de los tres ejes estratégicos del DSCE. El Gobierno añade que, en el Camerún, existe un vínculo estrecho entre los objetivos del pleno empleo y los objetivos de desarrollo económico y social, tal como aparecen en el DSCE y en la visión del desarrollo para el Camerún en 2035. La Comisión espera que el Gobierno adoptará la política nacional del empleo en un futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de cualquier evolución relativa a la formulación y la aplicación de esta política, y que comunique una copia de la misma en cuanto haya sido adoptada. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información más amplia sobre las medidas que se han aplicado concretamente para crear empleos productivos y reducir la precariedad en el empleo.

Artículo 1, párrafo 3.  Coordinación de la política en materia de educación y formación con la política del empleo. El Gobierno señala que ha observado dificultades derivadas de la falta de adecuación entre el empleo y la formación. Con objeto de corregir esta situación, el Gobierno promete promover la formación profesional y crear centros de excelencia en esta materia en todo el territorio nacional gracias a una alianza con la República de Corea. La Comisión pide al Gobierno que transmita información más amplia sobre las medidas previstas o contempladas para corregir las dificultades derivadas de la coordinación de la política en materia de educación y formación con las políticas de empleo, en particular su impacto en la integración sostenible de las categorías de trabajadores más vulnerables en el mercado de trabajo. En este sentido, la Comisión le pide nuevamente al Gobierno que se sirva proporcionar información sobre el modo en el que puede garantizarse, en la práctica, la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Economía informal. El Gobierno da cuenta de la aplicación en 2005 de un proyecto integrado de apoyo a los actores del sector informal gracias a los recursos de la iniciativa de los países pobres muy endeudados (PPME). El Gobierno añade que estos recursos, evaluados en 9 000 millones de francos CFA, han permitido poner en marcha el Fondo de apoyo a los actores del sector informal (FAASI). La Comisión pide al Gobierno que comunique información más amplia sobre las actividades del FAASI, en lo que respecta a la identificación de su participación en la creación de empleos productivos o formación para los trabajadores de la economía informal y la aplicación de principios de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Artículo 2.  Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno señala que el Observatorio Nacional del Empleo y la Formación Profesional (ONEFOP) y la Oficina Nacional de Turismo (ONT) están colaborando con el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el fin de recopilar y publicar datos sobre el desempleo en el Camerún. El Gobierno añade que transmitirá a la Comisión informaciones sobre la situación del empleo, el nivel y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo para el año 2016 en cuanto estén disponibles. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que precise qué medidas activas de empleo han sido adoptadas gracias al establecimiento de las diferentes estructuras encargadas de recopilar información sobre el empleo. La Comisión espera que el Gobierno esté en condiciones próximamente de proporcionar estadísticas actualizadas sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo, en particular, en lo que respecta a las mujeres y los jóvenes. La Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de las políticas de empleo. El Gobierno señala que, en el marco de la aplicación de la política de empleo, se ha consultado a todos los estamentos de la sociedad camerunesa a través de diversas instancias como la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo, el Comité Nacional de Seguimiento del diálogo social, y otros órganos en las diversas actividades económicas. El Gobierno hace referencia asimismo a la organización y celebración de seminarios y foros con objeto de recopilar las recomendaciones que puedan incluirse en la aplicación de los programas que promueven el empleo en el Camerún. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando datos sobre el modo en que los interlocutores sociales participan en la elaboración y la aplicación de la política nacional de empleo y formación profesional. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información detallada sobre el modo en el que los representantes de los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal participan en la elaboración de las políticas y programas en materia de empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Checa

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1993)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas de política del empleo. La Comisión toma de que, desde 2014, la situación del mercado de trabajo ha ido mejorando paulatinamente. En 2013, el Gobierno aprobó la estrategia de desarrollo regional 2014-2020, como instrumento para coordinar las políticas públicas con incidencia en el desarrollo regional, incluida la Política Nacional de Empleo (NEP). A la luz del objetivo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MoLSA) de eliminar algunos desajustes estructurales persistentes en el mercado de trabajo, se elaboró un análisis de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, que fue aprobada por el Gobierno en 2016. El análisis incluyó un conjunto de medidas para eliminar las imperfecciones en el mercado de trabajo checo, con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar la motivación de la fuerza de trabajo para buscar empleo. El Gobierno señala varias enmiendas de la legislación laboral aplicadas en 2015, 2016 y 2017. La Comisión toma nota con interés de toda una serie de enmiendas dirigidas a promover el empleo de personas con discapacidades, desfavorecidas o en situación de riesgo en el mercado de trabajo mediante proyectos aplicados, entre otros por el Fondo para la Educación Superior. La Comisión toma nota asimismo de que, en el marco de los planes de reducción de la jornada laboral (la denominada «kurzarbeit»), se introdujo un instrumento activo de la política de empleo bajo la forma de una prestación, y que, en 2017, se aplicaron ajustes en materia de facilitación del empleo por parte de los programas de las agencias de empleo. Además, en 2015, el Gobierno creó un entorno atractivo para la inversión en la República Checa mediante incentivos de inversión destinados a la creación de nuevos puestos de trabajo y la readaptación o formación profesional de los trabajadores. El Gobierno señala que se asignaron fondos del Fondo Social Europeo para proyectos destinados a aumentar el empleo y la empleabilidad de los trabajadores. En 2015, finalizaron varios proyectos aplicados en el marco del Programa Operativo para el Desarrollo de los Recursos Humanos y el Empleo (OP HRE) para el período de programación de 2007 a 2013, y en 2016 los correspondientes informes finales de evaluación fueron aprobados. El OP HRE se centró en la reducción del desempleo mediante una política activa en el mercado de trabajo y la provisión de formación profesional; la promoción del empleo y la adaptabilidad y movilidad de los trabajadores; la integración de los jóvenes socialmente excluidos y desfavorecidos en el mercado de trabajo; la promoción de la igualdad de género en todos los aspectos del empleo; la mejora de la calidad de la educación y la formación profesional, y la mejora de la calidad de la administración pública y la operación internacional en las áreas mencionadas. La aplicación de proyectos en virtud del Programa de Empleo Operativo (OPE) para el período de programación 2014-2020 va poco a poco tomando impulso. En 2016, el gasto en política activa de empleo fue de 6 866 805 000 coronas checas (CZK) y se apoyó a 74 289 personas (solicitantes de empleo, empleados o trabajadores por cuenta propia). La mayoría de los instrumentos utilizados consistieron en empleos con utilidad social, la readaptación profesional y el servicio comunitario. Para evaluar el impacto de las medidas en materia de política activa de empleo y establecer un sistema de control en marcha que evalúe su efectividad, el MoLSA ha iniciado el proyecto «Evaluación, eficiencia y efectividad de la aplicación de la AEP». La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el impacto y la efectividad de las medidas para una política activa de empleo destinadas al aumento del empleo y la reducción del desempleo, y específicamente sobre la incidencia de los proyectos implementados en virtud del OPE para el 2014-2020. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre la evaluación de la política activa del empleo.

Tendencias del empleo. La Comisión toma nota de las estadísticas detalladas sobre el mercado de trabajo facilitadas por el Gobierno para el 2014-2017. En relación con el crecimiento positivo en el desarrollo económico en 2014 y 2015, el crecimiento del PIB disminuyó hasta el 2,4 por ciento en 2016, una desaceleración derivada, entre otras causas, de un desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo debido al acentuado incremento en el número de puestos de trabajo vacantes registrados y la reducción significativa de la cifra de solicitantes de empleo. Entre 2014 y 2016, se registró un incremento absoluto del empleo debido al crecimiento en los sectores terciario y en la educación secundaria. El crecimiento del empleo se aceleró hasta un 1,9 por ciento en 2016. La tasa de empleo alcanzó el 58,2 por ciento en el segundo trimestre de 2017, según los datos comunicados por la Oficina Checa de Estadística. Además, la tasa de desempleo general registrada ese mismo año fue de un 3 por ciento. El incremento en el empleo se debió principalmente al aumento de la participación de las mujeres. En 2016, el porcentaje de hombres en la fuerza de trabajo se redujo hasta el 56 por ciento, y el porcentaje de mujeres aumentó hasta el 44 por ciento. La Comisión toma nota con interés del descenso en el desempleo entre los grupos de personas más desfavorecidas por causa de su salud, edad, falta de experiencia o un nivel educativo insuficiente. En relación a los jóvenes menores de 25 años, según la base de datos de ILOSTAT, la tasa de participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo, en 2016, fue del 32 por ciento. No obstante, está aumentando entre los desempleados a partir de los 50 años de edad, las personas con discapacidades o con los niveles más bajos de educación. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando datos estadísticos relativos a las dimensiones y distribución de la mano de obra, la naturaleza y el alcance del empleo, el desempleo y el subempleo.

Políticas y programas en materia de educación y formación. El Gobierno señala que la Ley de Educación enmendada tiene la finalidad de mejorar la contratación entre las escuelas secundarias de formación profesional y los empleadores a fin de preparar a los estudiantes para la transición al trabajo. En este contexto, el Gobierno fomenta la implicación de los profesionales en las escuelas y ofrece incentivos a los empleadores para que cooperen con éstas mediante incentivos fiscales cuando pueden demostrar su participación en los acuerdos de cooperación con dichas escuelas para proporcionar formación. De conformidad con las nuevas medidas de fomento de la formación profesional, el Gobierno recomienda garantizar un procedimiento unificado para concertar una relación contractual entre un empleado y un estudiante de una escuela secundaria o un estudiante de una escuela superior de formación profesional que se prepara para el mercado de trabajo. El Gobierno ha modificado también los requisitos para el examen final al autorizar un único examen final obligatorio en algunas materias cuando se acompañan con un certificado de aprendizaje. El Gobierno señala que se llevará a cabo una verificación experimental del modelo educativo de varios niveles y de la tasa de finalización del ciclo escolar desde el año escolar 2016-2017 hasta el año escolar 2022-2023. Los resultados de esta verificación experimental se utilizarán para modificar el marco de los programas educativos en determinadas materias de enseñanza. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre la incidencia de las políticas y programas de educación y formación en las oportunidades de empleo de los trabajadores, incluidos los jóvenes.

Desarrollo empresarial. El Gobierno señala que, en el marco del Programa operativo de empresa e innovación 2007-2013 (POEI), se crearon un total de 41 470 empleos a finales de 2015, con una participación de las mujeres de un 30,8 por ciento. De esa cifra total, 6 073 empleos fueron creados en la investigación y el desarrollo. El Programa operativo sobre iniciativa empresarial y competitividad 2014-2020 se está aplicando en el nuevo período de programación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el impacto de las medidas de desarrollo empresarial en la creación de empleo.

Artículo 3.  Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno señala que la estrategia de la política activa de empleo es objeto de debate, en forma tripartita, periódicamente. A nivel nacional, en la sesión plenaria del Consejo de Concertación Económica y Social, reunido varias veces entre septiembre de 2011 y octubre de 2014, se debatieron varias cuestiones relativas al empleo. A nivel regional, a fin de garantizar la cooperación del mercado de trabajo, el Servicio Público de Empleo establece consejos consultivos que se reúnen al menos dos veces por año y están integrados principalmente por representantes de los sindicatos, las organizaciones de empleadores, los organismos de cooperación, las organizaciones de personas con discapacidades, la Cámara de Comercio Checa y unidades territoriales con autogobierno. El propósito de cada uno de estos consejos consultivos consiste en coordinar la aplicación de la política de empleo y de desarrollo de recursos humanos en los respectivos distritos administrativos. Además, los interlocutores sociales participan en el proyecto de predicciones para el mercado de trabajo (KOMPAS), iniciado el 1.º de enero de 2017, para constituir un sistema global capaz de predecir los desarrollos en el mercado de trabajo en el futuro. La Comisión pide al Gobierno que siga incluyendo información sobre la participación de los interlocutores sociales, de acuerdo con el artículo 3 del Convenio, que requiere tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones cuando se haya de formular y aplicar una política activa del empleo, y que incluya indicaciones en su próxima memoria sobre el modo en que las consultas celebradas en el seno del Consejo de Concertación Económica y Social y los organismos consultivos han contribuido a la aplicación y coordinación de una política activa del empleo.

China

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1997)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa de empleo. La Comisión acoge con agrado la información detallada proporcionada por el Gobierno en su memoria, en la que indica que concede prioridad a la estabilización y expansión del empleo en pro del desarrollo social y económico y para mejorar los medios de sustento y mitigar la pobreza. A este respecto, el Gobierno pretende fortalecer los vínculos entre las políticas macroeconómicas y las políticas de empleo, a fin de apoyar el desarrollo económico mediante la transformación del empleo. La Comisión toma nota de que el 13.er Plan quinquenal de China (2016-2020) sobre la promoción del empleo, iniciado en 2017, establece los principales objetivos del Gobierno en relación con la promoción del empleo. Estos objetivos se reflejan asimismo en otros documentos proporcionados por el Gobierno, por ejemplo, en el informe de 2017 titulado «Opiniones sobre la facilitación del empleo y de la iniciativa empresarial en la actualidad y en el futuro» (informe «Opiniones» de 2017). La Comisión toma nota de que entre los objetivos indicados, se incluye potenciar el desarrollo económico para crear empleos, evitando al mismo tiempo el desempleo, en particular para grupos específicos tales como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores migrantes, las personas con discapacidades, los trabajadores rurales y los trabajadores despedidos. El Gobierno hace referencia a sus políticas sobre la asistencia para el empleo, declarando que desde 2014 a junio de 2017, proporcionó servicios de empleo a 6 080 000 solicitantes de empleo. El Gobierno también está centrándose en la promoción del desarrollo interregional equitativo y de los servicios de empleo en las zonas tanto urbanas como rurales. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno no ha suministrado información sobre las medidas específicas adoptadas, como tampoco datos estadísticos que permitan a la Comisión examinar la efectividad y el impacto de las medidas activas del mercado de trabajo que se han implementado. Por consiguiente, la Comisión reitera su petición de que el Gobierno proporcione información detallada, incluida información estadística desglosada por sexo, edad, sector económico y región, sobre las políticas activas de empleo y otras medidas adoptadas durante el período de presentación de memorias, y sobre el impacto en términos de promoción de unas oportunidades de empleo pleno, productivo, libremente elegido y sostenible, tal como se prevé en el artículo 1 del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique en qué medida los objetivos de la política de empleo contenidos en el Plan quinquenal de China (2016-2020) sobre la promoción del empleo están relacionados con otros objetivos económicos y sociales. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se asegura que las medidas de política de empleo se revisen periódicamente en el marco de una política económica y social coordinada.

Artículo 2.  Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. El Gobierno indica que, en 2014-2016, 39,48 millones de personas estaban empleadas en las zonas urbanas, y que la tasa de desempleo registrada en las zonas urbanas era del 4,05 por ciento durante este período. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que pretende mejorar su sistema de información sobre el mercado de trabajo e integrar gradualmente indicadores de género y de otro tipo. La Comisión recuerda que el Gobierno ha establecido un sistema para recopilar y analizar información sobre la oferta y la demanda de trabajo en más de 100 ciudades representativas sobre una base trimestral. Esta información se utiliza como base para ajustar las políticas de empleo, según se precise. El Gobierno también difunde periódicamente información a través de Internet, el servicio público de empleo y los medios de comunicación, con miras a proporcionar orientaciones a los solicitantes de empleo y a los empleadores. La Comisión pide al Gobierno que facilite estadísticas actualizadas sobre el tamaño y la distribución de la fuerza de trabajo, el tipo y el alcance del empleo, el desempleo y el subempleo, y sobre las tendencias prevalecientes en las zonas urbanas y rurales. Pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para mejorar el sistema de información sobre el mercado de trabajo, en particular por lo referente a la inclusión de indicadores que reflejen otros factores, tales como las formas atípicas de empleo y la creación de puestos de trabajo mediante el desarrollo de la iniciativa empresarial. La Comisión pide igualmente al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la manera en que se utiliza la información sobre el mercado de trabajo en la concepción, evaluación, modificación y aplicación de medidas del mercado de trabajo.

Empleo de los jóvenes. El Gobierno concede prioridad al empleo de los licenciados universitarios en todas las regiones, a través de una serie de actividades, incluidas la iniciativa empresarial y la orientación en materia de formación, alentando así a los licenciados a crear microempresas y pequeñas empresas. En 2014-2016, un total de 1 651 000 licenciados universitarios crearon sus propias empresas. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada, incluida información estadística actualizada desglosada por edad, sexo y región, sobre el tipo de medidas del mercado de trabajo encaminadas a atender las necesidades de los jóvenes en materia de empleo, en particular los licenciados universitarios, y sobre el impacto de dichas medidas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para facilitar la transición de los jóvenes de la escuela al trabajo.

Empleo de las mujeres. El Gobierno subraya que uno de sus principales objetivos es promover el empleo equitativo para las mujeres, ofreciendo servicios de empleo específicos y normalizando los procesos de contratación a fin de prevenir la discriminación sexual y de proteger el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión se remite a sus comentarios de 2016 relativos al Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en los que señala las diferentes disposiciones sobre la edad legal de jubilación para hombres y mujeres. Además, haciendo referencia a la publicación de la OIT titulada Women in the labour market in China (2015), la Comisión tomó nota de que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo disminuyó entre 1990 y 2013, al pasar del 72,7 por ciento al 63,9 por ciento, y que la brecha entre los hombres y las mujeres en relación con esto aumentó del 12,1 por ciento en 1990 hasta el 14,4 por ciento en 2013. En la publicación de la OIT se tomó nota del decreciente apoyo institucional prestado a los trabajadores con responsabilidades familiares en lo que respecta a los servicios de asistencia a la infancia, y observó que persiste la segregación sectorial y profesional. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información, incluida información estadística actualizada, sobre el impacto de las medidas del mercado de trabajo adoptadas para aumentar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y para combatir la segregación profesional vertical y horizontal, incluida información desglosada por región y ocupación. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique cualquier medida adoptada o prevista para ampliar la prestación de servicios institucionales de asistencia a la infancia con miras a alentar a las mujeres a participar en el mercado de trabajo, y que indique igualmente las medidas adoptadas para fijar la misma edad legal de jubilación para hombres y mujeres.

Empleo de los trabajadores migrantes. El Gobierno indica que, en 2016, había 281,71 millones de trabajadores migrantes, incluidos trabajadores rurales migrantes, en el país. La Comisión toma nota de que, según el informe de 2015 titulado «Opiniones sobre cómo mejorar más aún el empleo y la iniciativa empresarial en la nueva situación», el Gobierno pretende mejorar las competencias profesionales de los trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que suministre información, incluida información estadística actualizada, sobre las medidas adoptadas o previstas para atender las necesidades de los trabajadores migrantes, comprendidos los migrantes rurales e internos, en materia de empleo.

Empleo de los trabajadores rurales. La Comisión toma nota de que el Gobierno está adoptando medidas para mejorar los servicios de empleo y la formación para la adquisición de competencias profesionales, a fin de promover el empleo rural y de erradicar la pobreza en las zonas rurales más pobres del país. El Gobierno también está alentando a quienes regresan a las zonas rurales a crear sus propias empresas. La Comisión toma nota de la reforma «hukou», encaminada a promover el empleo de los trabajadores migrantes en las zonas rurales. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo de los trabajadores rurales, incluidos datos estadísticos actualizados sobre la situación y las tendencias del empleo. La Comisión pide además al Gobierno que comunique información adicional sobre la situación de la reforma «hukou», y sobre su impacto en las disparidades de empleo regionales.

Personas con discapacidades. En su solicitud directa de 2016 relativa al Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), la Comisión tomó nota de que, en China, dos de cada tres personas con discapacidades viven en las zonas rurales y de que un porcentaje considerable de estas personas viven en la pobreza. Además, la Comisión toma nota del informe de la OIT sobre la inclusión de las personas con discapacidades en China, en el que se indica que el 36 por ciento de las personas con discapacidades de más de 15 años de edad son analfabetas. El Gobierno hace referencia a los servicios de empleo adaptados a las necesidades de las personas con discapacidades, indicando que procura asegurar el respeto de los derechos de las personas con discapacidades en el lugar de trabajo. Presta asistencia para el empleo a estas personas, ayudándoles a obtener empleos proporcionando subsidios a los empleadores. La Comisión pide al Gobierno que facilite información actualizada detallada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas activas de empleo adoptadas a fin de promover el empleo de las personas con discapacidades físicas y mentales, en particular en el mercado de trabajo abierto.

Fortalecimiento de los servicios de empleo. El Gobierno informa de las medidas adoptadas para mejorar la calidad y la efectividad de los servicios públicos de empleo, en particular para los licenciados universitarios y los trabajadores rurales. Indica que, de 2014 a 2016, un total de 9 821 000 empleadores estaban registrados en el servicio público de empleo y emplearon a un total de 167 184 000 solicitantes de empleo registrados. Asimismo, se contabilizaron 124 427 000 solicitantes de empleo registrados, y se ofreció formación profesional a 51 949 000 personas y servicios relacionados con la iniciativa empresarial a 11 852 000 personas. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y de las agencias de empleo privadas, y sobre las medidas adoptadas para mejorar el servicio público de empleo y para asegurar la cooperación entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas.

Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), de la iniciativa empresarial y de nuevas modalidades de empleo para la creación de puestos de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que las microempresas y pequeñas empresas constituyen la principal fuente de empleo y de que, por consiguiente, la promoción de las pymes es uno de los principales objetivos establecidos en el informe «Opiniones» de 2017. La Comisión toma nota de que el Gobierno adoptó una serie de medidas en apoyo del desarrollo de las pymes, entre otras cosas, proporcionando subsidios y otro tipo de apoyo financiero, estableciendo un modelo de iniciativa empresarial en su plataforma de servicios públicos de empleo y proporcionando políticas fiscales más ventajosas para fomentar el desarrollo empresarial. El Gobierno indica que, a finales de 2015, había más de 20 millones de pymes y más de 54 millones de empresas privadas, y que el 80 por ciento de los empleos urbanos los proporcionaban las pymes. En 2016, se creaban cada día 15 000 nuevas empresas en China, lo que representa un incremento de 3 000 nuevas empresas por día en relación con 2015. La Comisión toma nota de que el Gobierno fomenta asimismo la creación de empleos mediante la promoción de la iniciativa empresarial y de los servicios de iniciativa empresarial, en particular para los trabajadores migrantes que regresan a sus países, y formas atípicas de empleo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para generar empleo mediante la promoción de las pymes, de la iniciativa empresarial y de nuevas modalidades de empleo. Pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre la creación de nuevas modalidades de empleo o formas atípicas de empleo, incluida información acerca de si se considera que estas nuevas modalidades de empleo entran dentro de la economía informal.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que está adoptando medidas para fortalecer los servicios de educación y formación profesional que están a disposición de los solicitantes de empleo. La Comisión toma nota de que, a finales de 2016, las agencias nacionales de recursos humanos impartieron 280 000 clases de formación. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada sobre el impacto de las medidas de educación y formación adoptadas para mejorar las oportunidades de empleo, y sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para elaborar unos programas de educación y formación que atiendan las necesidades del mercado de trabajo. Reitera asimismo su petición de que el Gobierno comunique información sobre la manera en que se asegura la coordinación entre las políticas de desarrollo de recursos humanos y las medidas activas del mercado de trabajo concebidas y aplicadas.

Artículo 3.  Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre la naturaleza y el alcance de la participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de medidas y programas activos de política de empleo. Pide asimismo al Gobierno que indique hasta qué punto se han celebrado consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades y los trabajadores rurales y migrantes.

Comoras

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC), recibidas el 1.º de agosto de 2017. Pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Empleo de los jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que indicara en su próxima memoria si se había adoptado la ley relativa a la política nacional de empleo, y si la consecución de los objetivos establecidos por el Documento nacional de estrategia y crecimiento y de reducción de la pobreza (DSCRP) había planteado dificultades particulares. La Comisión toma nota con interés de que la ley de orientación relativa a la política nacional de empleo (PNE) se promulgó el 3 de julio de 2014 por decreto núm. 14-11/PR relativo a la promulgación de la ley marco núm. 14-020/AU, de 21 de mayo de 2014, relativa a la política nacional de empleo. El Gobierno indica que esta ley tiene por objeto ofrecer una visión común y coherente de las orientaciones estratégicas de la acción nacional en pro del empleo a través del aumento de las posibilidades de acceso de la población pobre a un empleo decente y a unos ingresos estables y sostenibles. El Gobierno añade que, en noviembre de 2014, con el apoyo de la OIT, elaboró y adoptó el Plan de urgencia para el empleo de los jóvenes (PUREJ) que forma parte del proceso de aplicación de la PNE. El PUREJ consiste en establecer programas de promoción del empleo de los jóvenes dimanantes de las medidas prioritarias identificadas en los pilares estratégicos de la PNE e integrados en la Estrategia de crecimiento acelerado y de desarrollo sostenible (SCA2D). El Gobierno añade que el objetivo global del PUREJ es garantizar un fuerte crecimiento del empleo a corto y mediano plazo. En este contexto, el PUREJ se centra principalmente en la promoción del empleo de los jóvenes a través de sectores considerados creadores de empleo por un período de dos años, a fin de contribuir a la diversificación de la economía, la producción de bienes y servicios y la consolidación de la paz social. El Gobierno precisa que el objetivo era crear, hasta finales del año 2016, 5 000 nuevos empleos productivos y decentes para los jóvenes y las mujeres, a través de, por una parte, el desarrollo de competencias que se ajusten a las necesidades de los sectores prioritarios de la economía de Comoras y, por otra, del apoyo a la promoción del empleo y a la inserción laboral. La Comisión toma nota de que, en mayo de 2015, el Gobierno firmó con los mandantes y con la OIT la segunda generación del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), cuya principal prioridad es la promoción y la gobernanza del empleo. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTC que indican que la aplicación de la PNE no es eficaz. Precisa que el aspecto de la formación profesional, que se lleva a cabo a través de un proyecto con la Unión Europea, es el único que está en curso. En este contexto, las disposiciones y los mecanismos de la PNE no están establecidos, y su texto sigue siendo desconocido por el público. La CTC indica asimismo el despido de más de 5 000 jóvenes sin indemnización. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique si la consecución de los objetivos establecidos por el DSCRP ha planteado dificultades particulares. Pide al Gobierno que proporcione más información sobre los medios utilizados con el fin de lograr las prioridades en materia de empleo establecidas en el marco del PTDP 2015-2019, y sobre los efectos de las medidas y programas, como el PUREJ, que tienen por objeto mejorar el acceso de los jóvenes a un empleo decente. En relación con esto, la Comisión pide al Gobierno que indique el número de jóvenes que se han beneficiado de estos programas.

Artículo 2.  Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre los progresos realizados en lo que respecta a la recopilación de datos sobre el mercado de trabajo y sobre la manera en que estos datos se toman en consideración al elaborar y aplicar la política de empleo. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si lo desea.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales. La Comisión reitera su petición al Gobierno de que incluya informaciones completas sobre las consultas a las que se refiere el artículo 3 del Convenio, que requieren la participación de todas las partes interesadas — y, en particular, de los representantes de los empleadores y de los trabajadores — en la formulación y aplicación de las políticas de empleo. La Comisión espera que el Gobierno no escatime esfuerzos para adoptar sin dilación las medidas necesarias.

República de Corea

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Empleadores de Corea (KEF) y de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU), comunicadas junto a la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias generales del mercado de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara un análisis de las tendencias del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por los interlocutores sociales respecto de las medidas de política de empleo aplicadas. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en la que indica que la tasa general de empleo aumentó del 64,2 por ciento al 65,7 por ciento, entre 2012 y 2015, al tiempo que la tasa de desempleo se elevó del 3,3 por ciento al 3,7 por ciento, durante el mismo período. En sus observaciones, la FKTU mantiene que el número de empleos de calidad está descendiendo, refiriéndose a los resultados del Sistema de divulgación del tipo de empleo (ETDS), de 2015, que muestra que las mayores empresas contratan más trabajadores no regulares, al tiempo que los conglomerados empresariales (chaebol) contratan más trabajadores (temporeros) indirectos. La FKTU también se refiere al breve período promedio (5,6 años) de servicio de los trabajadores coreanos, en 2015, en comparación con el promedio de 9,5 años de servicio en los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Observa que el 19 por ciento de los trabajadores supera las horas de trabajo legales y las horas extraordinarias permitidas, habiendo aumentado a 2 285 horas al año, en 2015, las horas de trabajo anuales. La FKTU también expresa su preocupación de que el Gobierno haya adoptado medidas que facilitan el despido de trabajadores, indicando que el Gobierno está creando puestos de trabajo no regulares, mediante la conversión de puestos de trabajo de calidad en trabajos de baja remuneración a tiempo parcial, para lograr su objetivo de alcanzar un 70 por ciento de tasa de empleo general en 2017. La FKTU añade que existe una falta de oportunidades de formación para las personas que pertenecen a grupos sociales desfavorecidos, como los trabajadores de las pequeñas empresas y de las microempresas y aquellos que tienen un empleo que no es regular. En su respuesta a las observaciones de la FKTU, el Gobierno indica que el número de trabajos decentes no está descendiendo, refiriéndose a un aumento de la proporción de los trabajadores regulares entre los trabajadores asalariados (entre 2012 y 2015) y a un descenso de la proporción de los trabajadores no asalariados (trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados) del 28,2 por ciento, en 2012, al 25,9 por ciento, en 2015. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información integral actualizada sobre las tendencias generales del mercado de trabajo, incluidos los datos estadísticos desglosados por sexo y edad, indicando la situación, el nivel y las tendencias del empleo, del desempleo y del subempleo. También invita al Gobierno a que siga comunicando información detallada actualizada acerca del impacto de las medidas activas del mercado de trabajo aplicadas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se deciden esas medidas y se examinan de manera periódica en el marco de una política económica y social coordinada, como exige el artículo 2 del Convenio.

Medidas para la creación de empleo. El Gobierno informa que en la actualidad promueve de manera activa políticas concebidas para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores desfavorecidos, refiriéndose a la Hoja de ruta iniciada en junio de 2013, en relación con un 70 por ciento de tasa de empleo. La Hoja de ruta es una estrategia nacional que establece políticas para la creación de puestos de trabajo, dirigidas a abordar el dualismo en el mercado de trabajo y a fortalecer su responsabilidad social. El Gobierno añade que sus políticas redundaron en un aumento de los trabajadores regulares (del 43,9 por ciento al 48,5 por ciento), al tiempo que los trabajadores no regulares (del 34,2 por ciento al 32,5 por ciento) y los trabajadores de bajos salarios (del 23,8 por ciento al 23,5 por ciento), descendieron en los últimos cinco años, demostrando que las políticas han sido eficaces, al menos al abordar parcialmente la dualidad del mercado de trabajo. La FKTU observa que, no obstante estas medidas, a partir de 2015, el número de trabajadores no regulares alcanzó su cota más alta de 8,68 millones, con el 96,5 por ciento de estos trabajadores, total o parcialmente, en un empleo temporal, habiéndose producido un incremento del empleo indirecto en las grandes empresas y en el sector público. Además, el porcentaje de puestos de trabajo a tiempo parcial se elevó al 11,6 por ciento. La FKTU añade que el empleo indirecto aumentó, tanto en las grandes empresas como en el sector público. En este contexto, la FKTU recomienda medidas correctivas que incluyen: convertir los puestos no regulares en puestos permanentes, eliminando la subcontratación interna ilegal e intensificando la inspección y la vigilancia de los empleadores. En su respuesta, el Gobierno mantiene que, según el método de cálculo acordado por los interlocutores sociales, existían, en 2015, 6,27 millones de trabajadores no regulares, lo que viene a demostrar que el porcentaje de trabajadores no regulares en el país ha descendido. Indica asimismo que el porcentaje de trabajadores temporales entre los trabajadores no regulares, descendió de 65,7 por ciento, en 2011, a 65,2 por ciento, en 2015, al tiempo que el porcentaje de trabajadores externos clasificados como trabajadores empleados indirectamente, también descendió del 20,1 por ciento en 2014, al 19,7 por ciento, en 2016. En sus observaciones, la KEF expresa la opinión de que el ETDS no ha sido eficaz a la hora de aumentar el empleo regular, señalando que los trabajadores regulares en empresas de subcontratación, se identifican erróneamente como trabajadores no regulares. La KEF añade que, si bien el porcentaje de trabajadores no regulares está descendiendo, aún son objeto de explotación en las empresas. En su respuesta a las observaciones de los interlocutores sociales, el Gobierno indica que el ETDS debería mantenerse para mejorar la situación del empleo de los trabajadores, señalando que ha implementado «medidas de mejora del empleo para los trabajadores no regulares del sector público», convirtiendo a los trabajadores no regulares contratados para un trabajo permanente y continuo en el sector público, en trabajadores en situación regular. El Gobierno también prevé enmendar la Ley sobre la Protección de los Trabajadores Cedidos. Además, el Gobierno prosigue sus esfuerzos para abordar la discriminación contra los trabajadores no regulares y para fortalecer la inspección del trabajo respecto de los trabajadores fraudulentos o ilegales, temporeros y subcontratados. En cuanto al derecho de los sindicatos de solicitar en representación de sus miembros reparación en caso de discriminación, el Gobierno indica que este es un derecho individual que corresponde sólo a la parte cuyos derechos se ven infringidos. Está adoptando medidas para promover el empleo de trabajadores regulares, a través de la revisión de directrices sobre los trabajadores con contratos de duración determinada y los trabajadores subcontratados internos para, entre otras cosas, prohibir la firma de reiterados contratos de duración determinada y brindar oportunidades para el desarrollo de competencias, en el caso de aquéllos, y garantizar salarios razonables y un acceso a los servicios de bienestar, en el caso de éstos. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada actualizada, incluidas las estadísticas desglosadas por sexo y tipo de empleo, sobre el impacto de las medidas adoptadas con arreglo a la Estrategia nacional de empleo, de 2013. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la función de los interlocutores sociales durante el desarrollo y la aplicación de estas medidas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la naturaleza y la extensión de las enmiendas propuestas a la Ley sobre la Protección de los Trabajadores Cedidos.

Generación de empleo y desregulación. El Gobierno indica que, el 15 de septiembre de 2015, se llegó a un acuerdo tripartito para abordar la dualidad del mercado de trabajo. En este contexto, alienta a las empresas a que asignen fondos adicionales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores no regulares y de los trabajadores subcontratados. El Gobierno indica que un número creciente de trabajadores no regulares contratados para un trabajo permanente y continuo, se convirtieron en trabajadores regulares, con 74 000 trabajadores no regulares convertidos en trabajadores regulares, de 2013 a 2015, y 15 000 más que han de convertirse en trabajadores regulares, de 2016 a 2017. El Gobierno también indica que la brecha salarial (65,5 por ciento en 2015) entre los trabajadores regulares y los trabajadores no regulares, descendió en tres puntos porcentuales desde 2014. El Gobierno también está mejorando la legislación y los sistemas, brindando un apoyo financiero y consultivo y fortaleciendo la inspección del trabajo. Reforzó las sanciones contra la discriminación basada en motivos de tipo de empleo, a través de la revisión de la ley sobre los trabajadores no regulares y aportando subsidios para convertir a los trabajadores no regulares en trabajadores regulares. La FKTU indica que, a pesar del acuerdo tripartito alcanzado, el 15 de septiembre de 2015, el Gobierno presentó cinco proyectos de ley, sin la aprobación de los interlocutores sociales. Añade que las directrices promovidas por el Gobierno facilitan el despido de trabajadores y constituye un cambio desfavorable en la normativa del empleo. En consecuencia, la FKTU solicitó al Gobierno que respetara el acuerdo y que derogara los proyectos de ley. Tras su rechazo, los representantes de los trabajadores se retiraron del acuerdo y anunciaron una protesta el 19 de enero de 2016. En su respuesta, el Gobierno indica que propuso los proyectos de ley del partido que gobierna, el 16 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta los resultados de las discusiones celebradas en ese momento. El 17 de noviembre de 2015, presentó un informe que incluía las opiniones de los interlocutores tripartitos y de representantes de reconocida competencia a la Asamblea Nacional. Añade que el período máximo de contrato para los trabajadores con contratos de duración determinada puede extenderse a dos años, a solicitud de los trabajadores. Agrega que el número máximo de horas extraordinarias se reducirá de 28 horas a 12 horas, como se prevé en el acuerdo tripartito. También indica que el sector público adoptó un sistema de salarios máximos que permite la contratación de 8 000 nuevos empleados en los dos próximos años. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para reducir la dualidad del mercado de trabajo y para volver a iniciar consultas con los interlocutores sociales en este proceso. También solicita al Gobierno que siga transmitiendo información detallada actualizada sobre los resultados de estas medidas, en particular sobre la medida en que dieron lugar a la generación de oportunidades de pleno empleo, productivo y duradero para los trabajadores regulares y no regulares.

Empleo juvenil. La FKTU indica que 1,11 millones de jóvenes están desempleados y que la tasa de trabajadores no regulares entre los trabajadores jóvenes recientemente empleados, se situó en el 64 por ciento, en agosto de 2015. Añade que existe una fuerte presión en los jóvenes para que ocupen puestos de trabajo de baja calidad, aumentando la tasa de los trabajadores jóvenes pobres, pasando del 44,3 por ciento al 47,4 por ciento. La FKTU indica que, a pesar de este hecho, el Gobierno y las grandes empresas no han adoptado medidas eficaces para promover el empleo juvenil. En este contexto, el 25,6 por ciento de las instituciones públicas vulneran el cupo obligatorio de empleo para los jóvenes, prefiriendo las grandes empresas trabajadores no regulares y persuadiendo a los jóvenes de ocupar puestos de trabajo inestables, a tiempo parcial y con bajos salarios. En su respuesta, el Gobierno indica que la FKTU no utilizó las estadísticas oficiales publicadas por Estadísticas de Corea. Añade que la tasa de empleo juvenil aumentó del 39,7 por ciento, en 2013, al 43,1 por ciento, en junio de 2016, y que la participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo pasó del 43,2 por ciento, en 2013, al 48 por ciento, en junio de 2016. El Gobierno indica que la tasa de matriculaciones en la enseñanza superior (70,9 por ciento en 2014) dio lugar a una elevada tasa de desempleo en los jóvenes con una educación superior. A efectos de generar más puestos de trabajo dignos que quieren estos jóvenes, el Gobierno ha venido trabajando para disminuir las desigualdades entre los trabajadores de las grandes empresas y los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes), y entre los trabajadores regulares y los trabajadores no regulares. El Gobierno indica que brinda una formación personalizada y un apoyo al empleo para los jóvenes que tienen dificultades para encontrar un trabajo, a través de un paquete de medidas de éxito en el empleo, la academia de empleo y otros programas. Aunque el Gobierno reconoce que algunas instituciones públicas no cumplen con su obligación de contratar a jóvenes, indica que la tasa de empleo juvenil en las instituciones públicas y en las empresas públicas locales, fue del 4,8 por ciento, en 2015, por encima del cupo obligatorio para el empleo juvenil del 3 por ciento. El número de empleados jóvenes recientemente contratados en las instituciones públicas y en las empresas públicas locales aumentó, pasando del 3,5 por ciento, en 2013, al 4,8 por ciento, en 2015. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las diversas medidas aplicadas para promover la integración a largo plazo de los jóvenes en el mercado de trabajo, en particular respecto de los jóvenes capacitados, así como de otras categorías de jóvenes que tienen dificultades en encontrar un empleo. La Comisión también reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover la inclusión de los jóvenes que no participan en el empleo, en la educación o en la formación.

Empleo de las mujeres. El Gobierno indica que, en 2014 y 2016, adoptó medidas centradas en la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, con el fin de promover el empleo de la mujer. Las medidas se centraron en activar el sistema de protección de la maternidad, ampliando el uso de acuerdos laborales flexibles, incluido el trabajo de calidad a tiempo parcial y el fortalecimiento del sistema de cuidados de los niños, y el apoyo al nuevo empleo de las mujeres cuyas trayectorias laborales se vieron interrumpidas. El Gobierno considera que, como consecuencia de estas medidas, la tasa de actividad económica de la mujer pasó del 49,9 por ciento, en 2012, al 52,9 por ciento, en junio de 2016, pasando la tasa de empleo femenino del 53,5 por ciento, en 2012, al 56,6 por ciento, en 2016. La Comisión recuerda sus comentarios en relación con la aplicación del Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), y solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para asistir a los trabajadores y a las trabajadoras, con miras a conciliar el trabajo y las responsabilidades familiares. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información integral actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, en particular en el pleno empleo, productivo y sostenible.

Empleo de los trabajadores mayores. El Gobierno indica que estimula el empleo de los trabajadores de más edad, promoviendo la adopción de un sistema de salarios máximos, ampliando las subvenciones a las instituciones que lo apoyan, así como el nuevo empleo de los trabajadores de más edad, a través de una formación personalizada. La FKTU indica que, a pesar de que en Corea la edad de jubilación es de 53 años, los jubilados siguen trabajando en puestos de trabajo no regulares y a tiempo parcial hasta finales de sus 60 años de edad, debido a la inadecuada red de protección social. En su respuesta, el Gobierno indica que la edad de jubilación estipulada por la ley es de 60 años. Toma nota de que, tras la jubilación, los trabajadores de más edad vuelven a ser empleados en puestos de trabajo de baja calidad, con lo cual se fortalecen sus servicios de recolocación y reempleo para ayudar a los trabajadores de más edad en la planificación de su vida y en las competencias profesionales. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que comunique información detallada, incluidos los datos estadísticos que le permiten evaluar la eficacia de las diversas medidas aplicadas para promover las oportunidades de empleo productivo para los trabajadores de más edad. También solicita al Gobierno que indique el impacto del sistema de salarios máximos en el empleo de los trabajadores de más edad, así como el número de personas colocadas en el empleo, como consecuencia de la formación personalizada.

Trabajadores migrantes. La Comisión recuerda sus comentarios en relación con el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y solicita al Gobierno que proporcione información sobre la situación de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, en agosto de 2013, se constituyó, en la Comisión de desarrollo económico y social, un grupo mixto tripartito de seguimiento de la aplicación, para dar un seguimiento a la aplicación del Pacto tripartito para el empleo, durante un año. Añade que, en octubre de 2013, designó a 14 consejos regionales de desarrollo de recursos humanos (consejos regionales de RH) en las principales ciudades y provincias. Además, seleccionó 29 instituciones mixtas de educación y formación (profesional), que impartieron educación y formación para generar recursos humanos adaptados a las necesidades regionales, y que comenzaron en marzo de 2014. En 2015, se impartió formación a 54 000 personas y se espera llegar a 55 000 personas en 2016. La FKTU indica que sólo los representantes de los gobiernos locales o de las grandes empresas tienen derecho a presidir estas comisiones. Añade que la mayoría de los miembros de las comisiones son representantes de los empleadores, mientras que sólo unos pocos lo son del mundo laboral. En su respuesta, el Gobierno indica que las personas de los círculos laborales también pueden representar a los consejos regionales de RH. Añade que el Consejo regional Gyeonggi de RH está siendo en la actualidad copresidido por una persona que procede del ámbito laboral, y que cada consejo regional de RH tiene al menos un miembro del ámbito laboral. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación del Pacto tripartito para el empleo. También solicita al Gobierno que comunique información sobre las consultas con los interlocutores sociales en los temas comprendidos en el Convenio, así como sobre las consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas de política del empleo y con los representantes de los trabajadores en formas no regulares de empleo.

Djibouti

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 1 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. Asistencia técnica de la OIT. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que, si bien la estrategia para la elaboración de una política nacional de empleo se inició en abril de 2003 y que se crearon nuevas estructuras, aún no se ha concretado la formulación de un documento de política nacional de empleo. La Comisión toma nota de que el Foro nacional sobre el empleo celebrado en el 2010 puso de manifiesto la necesidad de definir una nueva política de empleo adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y que estará dirigida prioritariamente a la reforma del sistema de formación profesional y la mejora de los servicios de ayuda al empleo. El Gobierno señala que según estimaciones recientes, de una población de 818 159 habitantes en edad de trabajar, la tasa de desempleo es del 48,4 por ciento. El Gobierno indica también que, tras la misión de evaluación de la cooperación técnica realizada por la OIT, en marzo de 2011, reiteró su compromiso de elaborar el Programa de Trabajo Decente de Djibouti. El Gobierno añade que espera recibir la asistencia de la Oficina a esos efectos. La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, un elemento clave de la reducción de la pobreza, sea un factor esencial de las políticas macroeconómicas y sociales, así como sobre los progresos realizados en la adopción de una política nacional encaminada a lograr el pleno empleo en el sentido del Convenio.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que en 2012, a pesar de observarse una relativa disminución, el desempleo afectaba muy especialmente a los jóvenes titulados de la enseñanza superior. Además, aunque el país no dispone actualmente de una estrategia establecida para favorecer el empleo juvenil, se pusieron en marcha diversas iniciativas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, promover el espíritu empresarial y proporcionar formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre la manera en que las medidas adoptadas han resultado en la creación de oportunidades de empleo productivo y duradero para los jóvenes, así como sobre la colaboración de los interlocutores sociales en su aplicación.

Artículo 2.  Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno comunicó en marzo de 2014 un breve resumen sobre la situación del empleo preparado por el Observatorio Nacional del Empleo y las Calificaciones. Se indica en ese resumen que está aumentando el número de empleos (creación de 30 118 empleos en 2007, 35 393 empleos en 2008 y 37 837 empleos en 2010). La Comisión invita al Gobierno a que indique cuáles son las medidas adoptadas para mejorar el sistema de información relativa al mercado de trabajo y a consolidar los mecanismos que permitan vincular dicho sistema con la adopción de decisiones en materia de política de empleo. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique datos estadísticos actualizados y desglosados por edad y sexo así como todo otro dato pertinente en relación con la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y el alcance del desempleo y el subempleo y las tendencias en la materia.

Artículo 3.  Colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda la importancia de las consultas requeridas por el Convenio y solicita nuevamente al Gobierno que comunique indicaciones relativas a las medidas adoptadas o previstas para consultar a los representantes de las personas interesadas en relación con las políticas del empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Dominicana

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 2001)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota con interés de la adopción en 2014 del Plan Nacional de Empleo (PNE), que tiene entre sus objetivos la creación de 400 000 empleos en cuatro años, la promoción de empleos dignos, la formalización del empleo, la igualdad de oportunidades, la equidad y el acceso a la seguridad. La Comisión observa igualmente que, de acuerdo a los datos estadísticos presentados en el PNE, el 60,64 por ciento de la población activa es de sexo masculino, la tasa de desempleo ha disminuido en el transcurso de los últimos años, oscilando entre el 5,7 y el 6 por ciento, y los jóvenes que no trabajan ni estudian representan el 7,71 por ciento de la población en edad de trabajar. Por otra parte, en relación con la informalidad en el mercado laboral, el PNE indica que la disminución en la tasa de desempleo está basada en el aumento del empleo informal y que, en 2012, el 56,16 por ciento de la población activa trabajaba en la economía informal. A este respecto, el Gobierno indica en su memoria que la actual definición de «informalidad» está siendo revisada con la asistencia técnica de la OIT y que en el futuro las estadísticas reflejarán mejor la definición de la misma. Asimismo, la Comisión toma nota de la elaboración por parte del Gobierno de una guía para la formalización de los microemprendimientos. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre la aplicación y el impacto del PNE y que comunique datos estadísticos que demuestren las tendencias en el mercado laboral, incluyendo las tasas de empleo, desempleo y subempleo, desglosados por edad y sexo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita informaciones actualizadas sobre la tasa de desempleo abierta y la tasa de informalidad en el mercado laboral, que incluya información sobre el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la transición de los trabajadores de la economía informal hacia la economía formal. En este contexto, el Gobierno puede estimar útil tomar en cuenta las orientaciones de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno se refiere a programas de formación creados en el marco del PNE, tales como la capacitación laboral por parte de la Dirección General de Empleo de 10 037 jóvenes en condiciones vulnerables de desempleo entre 2013 y 2016, y la capacitación por parte del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de 1 820 jóvenes emprendedores, de los cuales el 60 por ciento eran mujeres. Durante la formación mencionada, se concedió al 3 por ciento de los participantes el acceso al microfinanciamiento de sus negocios. La Comisión toma nota igualmente de que, en miras a facilitar el acceso a los servicios de empleo, en 2016 fue modernizada la plataforma virtual del Servicio Nacional del Empleo (SENAE), permitiendo el registro en la Bolsa Electrónica de Empleo de 55 966 demandas de empleo y 912 empresas. En ese mismo año, fue creado el Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRLA), que facilitó el registro de nuevos empleados en la nómina de las empresas y el intercambio de información con la Tesorería del Sistema Nacional de Seguridad Social, permitiendo así la incorporación de 171 078 trabajadores. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la comisión técnica del Ministerio de Trabajo encargada de dar seguimiento a la ejecución del PNE se encuentra realizando una evaluación cualitativa del mismo. La Comisión pide al Gobierno que comunique datos pertinentes, incluyendo estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto de los programas de formación en la obtención de empleos duraderos. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite una copia de la evaluación cualitativa del PNE desde que esté disponible.

Grupos específicos vulnerables a déficits del trabajo decente. El Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo ha creado una serie de programas y de proyectos para grupos específicos de trabajadores desfavorecidos, tales como los jóvenes, las personas con discapacidades y las mujeres. Al respecto, el Gobierno indica que: i) de 2013 a 2015, el Ministerio de Trabajo implementó el «Programa de capacitación de jóvenes en diferentes oficios», gracias al cual se proporcionó capacitación a 602 jóvenes desempleados entre edades de 16 a 26 años, de los cuales el 25 por ciento presentaba algún tipo de discapacidad; ii) a partir del año 2015 se inició el «Taller Proyectos Especiales», que tiene el objetivo de contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad auditiva e intelectual moderada; iii) la iniciativa denominada «Ministerio de Trabajo Acercándose a las Comunidades» que ofrece información en materia de empleo a los sectores más vulnerables del país, fue implementada en 11 comunidades en las que se atendieron a 4 197 personas desempleadas; iv) 430 jóvenes participaron en el programa de capacitación «Unidad de emprendimiento» dirigido a personas desempleadas de 20 a 35 años que pertenecen a un grupo desfavorecido (personas con discapacidad, madres solteras y jóvenes que ni estudian ni trabajan) y buscan desarrollar oportunidades de autoempleo, y v) la formación «Emprendimiento Juvenil» creó mesas territoriales de apoyo y de seguimiento local a los proyectos de jóvenes emprendedores y publicó una guía para formalización de negocios y una política nacional de emprendimiento. Con respecto a las personas con discapacidad, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana del 15 de enero de 2013, que prevé cuotas mínimas, deducciones y exenciones fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de los programas para la promoción del empleo de los jóvenes, incluyendo datos estadísticos desglosados por sexo y edad. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre toda medida tomada o contemplada para promover el acceso de las mujeres al empleo formal y duradero, particularmente para las madres solteras. Asimismo, y refiriéndose a sus comentarios anteriores relativos al Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el impacto de la ley núm. 5-13 y de su reglamento sobre el acceso de las personas con discapacidad al mercado abierto de trabajo.

Artículo 1, 2), c).  Trabajadores migrantes o de origen haitiano. Con respecto a los trabajadores migrantes, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, a fin de prevenir abusos al momento de su contratación y respetar la proporción de mano de obra nacional y extranjera prevista en el Código del Trabajo dominicano (del 80 y 20 por ciento, respectivamente), elaboró una propuesta de regularización de la contratación de la mano de obra extranjera. Asimismo, el Gobierno manifiesta que la Dirección General de Empleo elaboró un inventario de aquellas ocupaciones que por su naturaleza se les dificulta conseguir mano de obra nacional, lo que le permitirá a dicho organismo gozar de mayor discrecionalidad al momento de otorgar permisos de contratación, en particular en el sector de la construcción y el sector agropecuario. Al respecto, la Comisión se refiere a sus comentarios anteriores bajo el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) en relación con la discriminación en el empleo en contra de las personas de origen haitiano (ciudadanos dominicanos hijos de haitianos y personas extranjeras de ciudadanía haitiana) y espera que el PNE incluirá medidas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país y de trabajadores nacionales que emigran para encontrar oportunidades de empleo en el exterior. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el resultado de la propuesta del Ministerio de Trabajo en relación con la regularización de la contratación de la mano de obra extranjera.

Pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que los objetivos que figuran en el PNE sobre el sector micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) contemplan la creación de 5 000 nuevas empresas y de 90 000 nuevos empleos en cuatro años, el aumento en un 10 por ciento de la tasa de la formalidad y la creación de 200 nuevas cooperativas agrícolas, pecuarias y de comercio. Al respecto, el Gobierno se refiere en su memoria a una serie de medidas adoptadas para facilitar la creación de las mipymes, tales como la creación de un fondo de garantía (previsto en la ley núm. 488-08), la instalación de una «ventanilla única» en la Dirección General de Impuestos Internos para agilizar los trámites de formalización y la promoción de nuevos mercados de exportación. Asimismo, la Comisión toma nota de que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno ha implementado políticas en la adjudicación de contratos públicos en favor de las pymes, las empresas que son propiedad de mujeres, las empresas ecológicas y los emprendimientos innovadores. El Gobierno ha tomado también medidas para evaluar el impacto de dichas políticas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas tomadas o previstas para facilitar la creación de mipymes en el país y de cooperativas, particularmente en regiones desventajadas con las tasas de desempleo más altas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos creados por dichas empresas. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la evaluación de las políticas de adjudicación de contratos públicos a las pymes y su respectivo impacto.

Artículo 3.  Consultas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas con los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en materia de elaboración y aplicación de medidas de política laboral y programas de empleo y de capacitación. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se garantiza la consulta con las personas afectadas por las medidas tomadas o propuestas, en particular con representantes de los trabajadores en zonas rurales y en la economía informal, a fin de tomar en cuenta sus experiencias y sus perspectivas en la elaboración y aplicación de programas y medidas para promover el empleo pleno y productivo.

España

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 11 y el 17 de agosto de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), incluidas en la memoria del Gobierno, apoyadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en su comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2017. Asimismo, toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones anteriores, incluidas en su memoria.

Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de la adopción del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real decreto legislativo núm. 3/2015, de 23 de octubre de 2015, que establece los siguientes instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo (SNE): la Estrategia española de activación para el empleo, los planes anuales de política de empleo y el sistema de información de los servicios públicos de empleo (SPE). El artículo 2 de la citada ley establece entre los objetivos de la política de empleo, la adopción de un enfoque preventivo frente al desempleo a través de acciones formativas que permitan al trabajador adaptar sus competencias profesionales a los requerimientos del mercado de trabajo. Asimismo, se establece el objetivo de proporcionar servicios individualizados a la población activa dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral, así como a las empresas para contribuir a la mejora de su competitividad. En este sentido, el Gobierno se refiere en su memoria a la adopción del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE 2016) que concretiza los objetivos establecidos en la Estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 y recoge las iniciativas a desarrollar por los servicios de empleo a lo largo de 2016. El Gobierno añade que el PAPE 2016 se articula en torno a seis ejes, de los cuales el sexto se refiere específicamente a la mejora del marco institucional del SNE. Este eje incluye a su vez los siguientes objetivos estructurales: mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación del SNE junto con la calidad de sus servicios; impulsar su evaluación, innovación y modernización; y fomentar la colaboración público-privada. Por otro lado, el Gobierno indica que las ofertas de empleo activas en el marco del Portal Único de Empleo y Autoempleo se han incrementado. En septiembre de 2014, las ofertas activas de empleo eran 28 047, con un total de 109 002 puestos de trabajo, mientras que en abril de 2017 habían 37 900 ofertas activas, que correspondían a 134 200 puestos de trabajo. El Gobierno indica además que, según datos del Ministerio de Educación y Seguridad Social, en abril de 2017 el número de desempleados registrados era de 3 702 317, lo que representa el nivel más bajo de los últimos siete años. El Gobierno añade que la contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 20,7 por ciento interanual, mientras que la contratación temporal aumentó un 14,5 por ciento. No obstante, la Comisión toma nota de que en sus observaciones, la UGT y la CCOO expresan su preocupación respecto a la reducción del presupuesto destinado a la aplicación de las políticas activas de empleo, que consideran que ha conducido a un debilitamiento de los SPE. En particular, la CCOO indica que los recortes presupuestarios han llevado a una elevada disminución en el número del personal del SPE, fundamentalmente de la figura del orientador laboral, el cual desempeña un papel esencial en los procesos de inserción laboral, especialmente en relación con los desempleados de larga duración. La CCOO indica también que las políticas activas de empleo sufren de problemas de diseño y falta de evaluación de sus programas, así como de deficiencias en la coordinación con las comunidades autónomas. Ante ello, la CCOO pide que el Gobierno realice una evaluación de la eficacia del SPE a nivel estatal y autonómico con miras a determinar la eficacia de las medidas tomadas y los desafíos detectados, en especial respecto a la inserción laboral de los jóvenes o desempleados de larga duración. Por último, la CCOO indica que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha disminuido de un 78,4 por ciento en 2010 a un 53,75 por ciento a partir de abril de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando información actualizada, incluyendo estadísticas desglosadas por sexo, edad y comunidad autónoma, que permita evaluar la eficacia del Servicio Público de Empleo Estatal y de los servicios de empleo ofrecidos por las comunidades autónomas, y, en particular, la manera en que los servicios públicos de empleo han contribuido a la inserción laboral, particularmente de los jóvenes, las personas desempleadas de larga duración, las personas con discapacidad, y las personas en zonas con niveles más altos de desempleo.

Artículos 4 y 5.  Colaboración de los interlocutores sociales. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno reitera en su memoria que el diálogo social ha sido una actitud permanente durante un período intenso de reformas en el que ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que los interlocutores sociales han sido consultados en el seno de grupos de trabajo ad hoc y en los órganos de participación de composición tripartita establecidos al efecto a nivel estatal, autonómico y local. Por su parte, la UGT destaca la importancia de la participación institucional de los interlocutores sociales en los órganos consultivos del Servicio Público de Empleo Estatal, y del SNE para la evaluación de políticas de empleo y la elaboración de propuestas en el marco del desarrollo del diálogo social. Sin embargo, la UGT constata que dichos órganos, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y el Consejo General del Servicio Público de Empleo, no han sido convocados de manera regular entre 2016 y 2017, pese a que su reglamento de funcionamiento interno establece que deben convocarse al menos dos veces al año. La CEOE defiende que sería conveniente que tales órganos se convocaran con mayor periodicidad y se remitiera con suficiente antelación su convocatoria y la documentación necesaria con miras a garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en los mismos. En su respuesta, el Gobierno indica que la participación de los interlocutores sociales en el Servicio Público de Empleo Estatal y en los SPE de las comunidades autónomas se ha visto reforzada tras la promulgación del texto refundido de la Ley del Empleo en virtud del Real decreto legislativo núm. 3/2015, de 23 de octubre de 2015. La Comisión solicita al Gobierno que tome medidas para asegurar que la política general del servicio del empleo ha sido fijada previa consulta con los representantes de los interlocutores sociales, y que proporcione información detallada sobre las medidas tomadas y su impacto sobre la participación de los representantes de los interlocutores sociales, especialmente en los órganos consultivos del Servicio Público de Empleo Estatal y del Sistema Nacional de Empleo.

Artículo 6.  Funciones del servicio público de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada, incluyendo datos estadísticos y copias de informes o estudios, sobre la manera en que se ha dado efecto a este artículo del Convenio. En particular, la Comisión solicita al Gobierno que envíe información en relación con la recopilación y análisis, en cooperación con los interlocutores sociales y otras autoridades, de la más amplia información sobre la situación en el mercado laboral y su probable evolución, en aras de asegurar la adecuación de los servicios de empleo a las necesidades de los empleadores. Al respecto, la Comisión remite el Gobierno al párrafo 5 de la Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 83), que brinda orientación en la materia.

Artículos 7 y 8.  Categorías especiales de trabajadores. Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que entre los objetivos de la política de empleo previstos en el artículo 2, apartado d), del Real decreto legislativo núm. 3/2015, se encuentra asegurar políticas adecuadas dirigidas a grupos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y mayores de 45 años. Asimismo, la Comisión observa que el eje tercero del PAPE 2016 referido a las oportunidades de empleo, recoge entre sus objetivos fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades para proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica. En este sentido, el Gobierno menciona en su memoria el incremento respecto a 2015 en la dotación destinada a financiar programas y servicios incluidos en el eje tercero del PAPE 2016 a fin de reforzar la adquisición de experiencia laboral de las personas desempleadas, especialmente de las personas con discapacidad. En virtud del eje cuarto, todos los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral deberán también promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas llevadas a cabo por los servicios de empleo para fomentar el empleo de los jóvenes y desempleados así como el impacto de las mismas. No obstante, la Comisión toma nota de que la UGT indica en sus observaciones que la tasa de paro entre los menores de 25 años se sitúa en un 41,66 por ciento. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas tomadas para encontrar empleo pleno y productivo a las personas vulnerables a déficits de trabajo decente y de exclusión, especialmente los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración y los mayores de 45 años. La Comisión solicita además al Gobierno que proporcione información estadística desglosada por sexo, edad y comunidad autónoma en relación con los resultados de las medidas aplicadas.

Artículo 11.  Cooperación entre las agencias públicas y privadas de colocación. La Comisión toma nota de que, con base en lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Empleo, los SPE podrán establecer con otras entidades y agencias de colocación (públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro) convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordinación que tengan por objeto favorecer la colocación de demandantes de empleo. El texto refundido de la Ley del Empleo establece igualmente que independientemente del agente que realice la intermediación laboral, ésta tendrá consideración de servicio de carácter público y se realizará de forma gratuita para los trabajadores y los empleadores. Además, las agencias deberán suministrar información sobre los trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo y las cualidades que requieren; garantizar el principio de igualdad en el acceso al empleo; y cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social. Por otro lado, el Gobierno reitera que a través del acuerdo marco con agencias de colocación para la colaboración con los SPE, se coordinan los proyectos de colaboración público-privada en intermediación laboral de los SPE. La CEOE afirma que la puesta en marcha del modelo de colaboración público-privada en la intermediación laboral se está viendo obstaculizada por trabas administrativas, lo que ha limitado la calidad de la oferta de los servicios. En su respuesta, el Gobierno indica que las agencias de colocación tan sólo deben presentar con carácter previo al inicio de su actividad, una declaración responsable ante el Servicio Público de Empleo Estatal, sin perjuicio de que se realice una posterior comprobación, control e inspección por las administraciones competentes. Por su parte, la CCOO sostiene que las agencias privadas de empleo son promocionadas en detrimento de los SPE. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas concretas que han sido adoptadas para garantizar la cooperación efectiva entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las agencias privadas de colocación, y que transmita información estadística recabada con respecto a estas últimas.

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 11 y el 17 de agosto de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las observaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), apoyada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), incluidas en la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de las respuestas del Gobierno a las observaciones anteriores, incluidas en su memoria.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del mercado de trabajo y aplicación de la política activa del empleo. La Comisión toma nota de la adopción del Programa Nacional de Reforma (PNR) de 2017, en el marco del ciclo de coordinación de la política económica y presupuestaria conocido como el «Semestre Europeo». El Gobierno indica en el PNR que el impacto positivo de la reforma laboral y otras reformas estructurales han llevado a que España demuestre en los últimos años un fuerte ritmo de creación de empleo y de reducción de paro. El PNR persigue la consolidación de esa tendencia y pretende avanzar hacia un empleo más inclusivo y de mayor calidad a través de tres objetivos concretos: 1) hacer más efectivo el Sistema Nacional de Empleo (SNE); 2) incrementar la eficacia de las medidas de formación, y 3) mejorar la eficiencia de los planes de activación e integración en el empleo. En relación con las tendencias del mercado de trabajo, el Gobierno indica en su memoria que en 2016, en términos anuales, se consolidó la tendencia hacia la creación de empleo y la reducción del paro iniciada en el segundo semestre de 2014. El Gobierno añade que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de 2017. En particular, según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2017 se produjo una aceleración de la creación de empleo del 2,8 por ciento derivada del crecimiento del empleo temporal. La tasa de crecimiento del empleo indefinido mantuvo su tasa de crecimiento del 1,8 por ciento interanual, mientras que la tasa de crecimiento del empleo temporal se aceleró para llegar hasta el 7,7 por ciento anual. La tasa de empleo entre la población de 16 a 64 años es del 62,04 por ciento y la tasa de actividad del 75,06 por ciento. El Gobierno también indica que la tasa de paro descendió al 17,22 por ciento en 2016, 2,78 puntos porcentuales menos que el año anterior, siendo la caída del paro más intensa de la última década. No obstante, en sus observaciones, la UGT sostiene que el empleo creado se caracteriza por su precariedad y alta temporalidad, afectando al 25,8 por ciento de los asalariados. Al respecto, la Comisión toma nota de que, según la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa al PNR de 2017 de España, el país presenta uno de los porcentajes más elevados de empleo temporal de la Unión Europea (UE) y muchos de los contratos temporales son de muy corta duración. Asimismo, según la recomendación, los índices de transición de contratos temporales a contratos indefinidos son muy bajos en comparación con la media de la UE. En sus observaciones, la UGT también señala el problema de la parcialidad involuntaria, indicando que cerca de 1,7 millones de personas trabajan a tiempo parcial por no haber encontrado empleo a jornada completa. Por su parte, la CCOO observa que para poder desarrollar una buena política activa de empleo es necesario contar con un presupuesto adecuado, y expresa su preocupación que la dotación presupuestaria para las políticas activas de empleo ha caído de 2013 a 2017. La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para alcanzar los objetivos del Convenio, y en especial, sobre la manera en que éstas propiciaron que las personas beneficiadas obtuvieran empleo pleno, productivo y duradero. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, particularmente sobre las tasas de población activa, empleo y desempleo, desglosadas por sexo y edad.

Empleo juvenil. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, según datos de la encuesta de población activa, la tasa de paro entre los jóvenes de entre 16 y 24 años, disminuyó del 48,3 por ciento en 2015 al 44,4 por ciento en 2016. Asimismo, en 2016, la tasa de jóvenes menores de 25 años sin ocupación y que no cursan estudios descendió 1,2 puntos porcentuales respecto a 2015. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con las medidas ejecutadas en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 y del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con miras a favorecer y apoyar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo. Al respecto, el Gobierno se refiere a la adopción del Real decreto-ley núm. 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que introdujo modificaciones significativas para favorecer el acceso y la inscripción de jóvenes en el mismo. Así por ejemplo, se prevé la inscripción automática en el sistema por la mera inscripción o renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo si se cumplen los requisitos, con efectos retroactivos a la fecha de tal inscripción o renovación. Además, en 2015 se amplió con carácter extraordinario la edad máxima de los beneficiarios hasta los 29 años mientras la tasa de paro entre los jóvenes de entre 25 y 29 años continúe siendo superior al 20 por ciento. El Gobierno añade que, como consecuencia de tales medidas, el número de usuarios inscritos en el sistema aumentó de 36 678 jóvenes en marzo de 2015 a 815 077 en agosto de 2017. No obstante, la UGT sostiene en sus observaciones que el número de jóvenes activos en el mercado de trabajo ha descendido debido al efecto desánimo y ha aumentado la emigración entre los mismos ante la falta de oportunidades y empleos de calidad. En su respuesta, el Gobierno afirma que la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos en los últimos tres años y que la contratación indefinida de jóvenes se ha incrementado en un 30 por ciento respecto a 2011. Por otro lado, la UGT afirma que no ha sido consultada ni informada en relación con las medidas adoptadas en el marco del Plan de Garantía Juvenil. Ante ello, el Gobierno indica que, tras la aprobación del Real decreto-ley núm. 6/2016, las organizaciones de trabajadores forman parte de la Comisión Delegada de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la que participaron el 13 de diciembre de 2016 y el 22 de junio de 2017 en el análisis y valoración de las actividades realizadas. El Gobierno añade que la información sobre las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Garantía Juvenil se encuentra recogida además en los informes anuales que se presentan ante el Comité de Empleo de la Comisión Europea. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione en su próxima memoria una evaluación, realizada en consulta con los interlocutores sociales, de las medidas del empleo que permita conocer los resultados concretos logrados por la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Sistema de Garantía Juvenil, en particular para los jóvenes con baja calificación.

Desempleados de larga duración. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere en su memoria a la implementación de diversas medidas con el objetivo de incrementar la tasa de empleo de los parados de larga duración, entre otras, la ampliación del período de implementación del Programa extraordinario de activación para el empleo hasta el 28 de abril de 2018 y del Programa de Recualificación para el Empleo (PREPARA) hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 18 por ciento. El Gobierno informa de la aprobación del Programa de acción conjunta para desempleados de larga duración, el 18 de abril de 2016, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que prevé la atención individualizada y el seguimiento cercano de las acciones desarrolladas con personas paradas de larga duración para ayudarles a obtener un empleo. El objetivo inicial del programa es atender a cerca de un millón de desempleados de larga duración en los primeros tres años, dando prioridad a aquéllos que tengan entre 30 y 54 años. La Comisión toma nota de que la UGT afirma que las aportaciones de las organizaciones de trabajadores no han sido tomadas en consideración en la elaboración del nuevo programa y que desconocen el impacto del mismo. Por su parte, el Gobierno señala la prórroga del Programa extraordinario de activación para el empleo y del PREPARA, así como la adopción del nuevo Programa de acción conjunta para desempleados de larga duración, indicando que ambos han sido objeto de diálogo y consenso con los interlocutores sociales. Por último, la UGT destaca que la extensión del paro de larga duración y muy larga duración se mantiene y que en el primer semestre de 2017, el 54,4 por ciento de los desempleados llevaba más de un año buscando empleo y el 40 por ciento más de dos años. La Comisión solicita al Gobierno que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas ejecutadas para facilitar el regreso al mercado del trabajo de los desempleados de larga duración y muy larga duración.

Políticas y programas de educación y formación profesional. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno proporciona información en su memoria sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo, así como el resultado de las mismas. En este sentido, el Gobierno se refiere a la aprobación de la ley núm. 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Esta ley tiene entre sus objetivos estratégicos: la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, particularmente de los más vulnerables; la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas; la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos; y el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo. El Gobierno indica que, en 2015, se desarrolló en cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Estrategia Nacional de Cualificaciones, que pone de relieve los principales retos a los que se enfrenta España en materia de formación, tales como la tasa de abandono escolar temprano, el elevado número de demandantes de empleo sin cualificaciones básicas o los desajustes entre la demanda y la oferta de competencias. Asimismo, el Gobierno informa de la aplicación gradual de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), que tiene por objeto hacer frente a tales retos. El Gobierno añade que el índice de abandono escolar temprano ha disminuido, bajando en el primer trimestre de 2017 al 18,99 por ciento y que la proporción de jóvenes de entre 20 y 29 años con bajo nivel educativo es actualmente del 31,7 por ciento, la más baja de los últimos diez años. No obstante, la tasa de empleo de los recién graduados universitarios continúa siendo una de las más bajas de Europa debido a, entre otras razones, la débil conexión entre empresas y universidades que permita adaptar los grados universitarios a las demandas de las empresas. La Comisión toma nota de que la UGT destaca la ausencia de diálogo y negociación en el ámbito de la educación, en especial, en relación con la LOMCE, cuya implementación está paralizada. La UGT afirma además que persiste el desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Por su parte, la CEOE sostiene que la reforma del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se ha llevado a cabo con el desacuerdo de los interlocutores sociales y que el papel de los interlocutores sociales se ve limitado en el nuevo modelo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre las medidas adoptadas o previstas, en colaboración con los interlocutores sociales, para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3.  Consulta con los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase la manera en que los interlocutores sociales han participado en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para seguir superando los efectos negativos de la crisis en el mercado del trabajo. El Gobierno indica que las observaciones de las organizaciones de empleadores (la CEOE y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)) y de las organizaciones de trabajadores (la CCOO y la UGT) han sido tomadas en consideración en la elaboración del PNR de 2017. Además, el Gobierno indica que actualmente se está diseñando un nuevo marco para las políticas activas del mercado de trabajo, la Estrategia Española para la Activación del Empleo 2017-2020, que se basará en un amplio diálogo con las regiones, los interlocutores sociales y todas las partes interesadas. El Gobierno añade que los interlocutores sociales son regularmente informados y manifiestan su opinión en materia de empleo en el seno de los órganos consultivos tripartitos establecidos al efecto a nivel estatal, autonómico y local. Por su parte, la UGT y la CCOO sostienen que los interlocutores sociales no son consultados previamente a la adopción, implementación y evaluación de las políticas de empleo. La CCOO añade que, si bien se han abierto mesas de diálogo social en materia de empleo y la organización sindical participa en diferentes órganos en que se deciden las políticas, los interlocutores sociales tienen poco margen de influir en las mismas porque sus propuestas no son tomadas en consideración. Frente a ello, el Gobierno reitera que el diálogo social ha sido una actitud permanente durante un período intenso de reformas en el que ha tratado siempre de buscar el acuerdo con los interlocutores sociales. Por otro lado, la UGT destaca el incumplimiento de la normativa acerca de las convocatorias y periodicidad de las reuniones del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y del Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal. Por su parte, la CEOE indica que los interlocutores sociales no pueden formular observaciones previamente a la elaboración del PNR y solicitan una participación más activa en la elaboración, aplicación y evaluación del mismo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre la manera en que los interlocutores sociales participan en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo.

India

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1998)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a que comunicara información sobre el grado en el que las medidas aplicadas en virtud del 11.er Plan quinquenal (2007-2012), han permitido mejorar la calidad del empleo generado y reducir el desempleo y el subempleo. El Gobierno indica en su memoria que ha venido aplicando varios programas de generación de empleo y de reducción de la pobreza en todo el país, con especial énfasis en los programas centrados en los jóvenes y en los trabajadores del sector informal. Se elevaron sustancialmente las asignaciones presupuestarias con arreglo a estos programas incluido el programa de generación de empleo del Primer Ministro. Se espera que inversiones más elevadas generen un mayor número de oportunidades de empleo en beneficio de las personas de todos los segmentos de la sociedad. La Comisión toma nota de que el régimen «Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana», incluido en el presupuesto de 2016-2017, se dirige a promover el empleo en la economía formal. Con arreglo a este régimen, encaminado a promover la creación de nuevos trabajos en el sector formal, el Gobierno pagará una cotización del 8,33 por ciento del régimen de pensiones de los trabajadores, para todos los nuevos trabajadores inscritos en la Organización del Fondo de Previsión de los Trabajadores (EPFO), durante los tres primeros años de su empleo. A efectos de identificar a los trabajadores semicalificados y no calificados, el régimen se aplicará sólo a aquellos trabajadores que perciben un salario de hasta 15 000 rupias de la India (INR) al mes. La Comisión toma nota asimismo de que el 12.º Plan quinquenal (2012-2017), contempla la creación de 50 millones de nuevas oportunidades de empleo en el sector no agrícola, y la certificación de las calificaciones para un número equivalente de personas. Además, el Gobierno introdujo «Make in India», un nuevo programa nacional diseñado para facilitar las inversiones extranjeras, fomentar la innovación y mejorar el desarrollo de las competencias. La política nacional de fabricación apunta a la creación de 100 millones de puestos de trabajo adicionales para 2022. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Empleo se encuentra en el proceso de formulación de una política nacional de empleo. A tal fin, se constituyó una comisión interministerial y se celebran consultas con diferentes partes interesadas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique más información sobre el desarrollo de la política nacional de empleo, en consulta con los interlocutores sociales, y que transmita una copia del texto de la política, en cuanto se haya adoptado. También solicita al Gobierno que comunique más información sobre el impacto de las mayores asignaciones presupuestarias a la creación de empleo, así como información detallada, incluida la información estadística, desglosada por edad, sexo y grupo desfavorecido, como las castas reconocidas y las tribus reconocidas, sobre el impacto de los programas de empleo que identifican a los trabajadores de la economía informal. A este respecto, el Gobierno puede considerar de utilidad consultar la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Tendencias del mercado laboral. La Comisión toma nota de que la fuerza de trabajo se incrementó, pasando de 459 millones, en 2004-2005, a 474 millones, en 2011-2012. En comparación, el aumento del empleo de 2004-2005 a 2009-2010, fue sólo de 1,1 millones. La fuerza de trabajo total se estimó en 487 millones, en 2016, de la cual aproximadamente el 57 por ciento estaba empleada en el sector no agrícola. La Comisión toma nota asimismo de la información estadística comunicada por el Gobierno sobre la tasa de participación en la fuerza de trabajo y la tasa de desempleo. El desempleo aumentó en el 4,9 por ciento en 2013-2014, y en el 3,8 por ciento, en 2011-2012. En ese sentido, la Comisión toma nota de que las estadísticas indican que la tasa de participación en la fuerza de trabajo fue más elevada en las tribus reconocidas, seguida de las castas reconocidas y «otras clases relegadas» tal y como se usan estos términos en la Constitución de la India y en la legislación nacional. También observa las continuas diferencias significativas en la participación de la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información estadística actualizada, desglosada, todo lo posible, por edad, sexo, calificaciones, grupo desfavorecido, como las castas reconocidas y las tribus reconocidas, el estado y el sector, sobre la situación y las tendencias de la participación en el mercado de trabajo, el empleo, el desempleo y el subempleo, tanto en la economía formal, como en la economía informal. También solicita al Gobierno que comunique información sobre el sistema de información del mercado laboral y cómo proyecta producir datos de empleo oportunos para contribuir a diseñar políticas más eficaces de empleo.

Programas de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a que comunicara información sobre el impacto del Programa Nacional Mahatma Gandhi de la Ley de Garantía del Empleo Rural (MGNREGA), un programa de empleo asalariado en función de la demanda, y otros regímenes de empleo. El Gobierno indica que desarrolló y dio inicio a un «Proyecto de Medios de Vida en el Pleno Empleo» (Proyecto LIFE-MGNREGA), en el marco del programa MGNREGA, en abril de 2015. El proyecto apunta a promover la autosuficiencia y a mejorar las competencias de los trabajadores del MGNREGA, ayudándoles a desarrollar competencias y permitiéndoles pasar de ser dependientes del apoyo del Gobierno a acceder al pleno empleo y a unos mejores ingresos. El Gobierno añade que la aplicación del MGNREGA: i) redujo las migraciones forzadas de la población rural pobre; ii) facilitó el consumo rural en el período de escasez; iii) estableció altos niveles de transparencia; iv) abordó el subempleo; v) generó activos que mejoraron los medios de vida; vi) impulsó la inclusión financiera; vii) fortaleció a los Gram Panchayats; viii) mejoró los niveles salariales en las zonas rurales, elevando los niveles de ingreso de los más pobres; ix) estableció normas para unas condiciones de trabajo dignas, y x) propició que se cultivaran los barbechos. La Comisión toma nota de que el programa MGNREGA generó un total de 2 200 millones de días de trabajo en 2013-2014 y un total de 2 350 millones días de trabajo en 2015-2016. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el impacto de los programas de empleo adoptados, incluido el MGNREGA, en la mejora del crecimiento del empleo y del empleo sostenible. También solicita al Gobierno que comunique más información sobre los programas de empleo dirigidos a aumentar la participación de la fuerza de trabajo de las mujeres, así como aquellos orientados a aumentar la participación de la fuerza de trabajo de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y las que pertenecen a las castas reconocidas y a las tribus reconocidas.

Artículo 3.  Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que los interlocutores sociales participan activamente en la aplicación de importantes programas de generación de empleo, a través de las consultas tripartitas. Añade que las consultas tripartitas se celebran a intervalos regulares en la Conferencia India del Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre las consultas celebradas con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en cuanto a la formulación y la aplicación de una política activa de empleo y programas de empleo. También solicita al Gobierno que transmita información sobre el alcance y la frecuencia de las consultas celebradas en la Conferencia India del Trabajo en torno a las cuestiones comprendidas en el Convenio.

Irlanda

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1967)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas de política del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación del artículo 2 del Convenio, incluso sobre la manera en la que se adoptan y examinan las medidas de política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que continúa combatiendo el desempleo a través de dos estrategias clave: el Plan de acción para el empleo (Action Plan for Jobs (APJ)) y la estrategia caminos hacia el trabajo (Pathways to Work). El APJ complementa la estrategia Pathways to Work que tiene por objetivo ayudar a los desempleados y a los jóvenes a encontrar empleo. A través de estas dos estrategias el Gobierno pretende que en 2018 haya 2,1 millones de personas que trabajan. Con arreglo al examen realizado en 2014 por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) del proceso relativo a la estrategia APJ, se estableció un marco de evaluación del rendimiento para vincular más claramente estas acciones a los objetivos estratégicos de alto nivel del Gobierno. El APJ se publica cada año y aprovecha los progresos logrados a través de planes anteriores. La Comisión toma nota de que los principales objetivos del actual APJ, iniciado en febrero de 2017, para el horizonte 2020 son: aumentar el número de personas que trabajan en 200 000; sumar 45 000 nuevos trabajos, y reducir la tasa de desempleo hasta el 6 por ciento. Entre junio de 2015 y enero de 2016, se publicaron ocho estrategias APJ regionales con las que se pretende incrementar el empleo entre un 10 y un 15 por ciento más en cada región, para 2020, y garantizar que en esas regiones la tasa de desempleo se encuentra dentro de un margen del 1 por ciento de la media estatal. Los objetivos principales de los APJ regionales incluyen incrementar el número de emprendedores/nuevas empresas en cada región en al menos el 25 por ciento, que estos emprendedores o nuevas empresas estén operativos más de cinco años y hacer que aumente la inversión extranjera directa en cada región un 30 o 40 por ciento. La segunda estrategia clave del Gobierno, Pathways to Work 2016-2020, adoptada en enero de 2016, recoge medidas para apoyar el acceso al mercado de trabajo de los desempleados de larga data y de los jóvenes desempleados. El Gobierno añade que esta estrategia tiene por objetivo revertir el gran aumento del número de desempleados que buscan trabajo y figuran en el barómetro de los niveles de desempleo. La estrategia Pathways to Work 2012-2015 ha desempeñado un papel fundamental para incrementar el número de personas que trabajan, que pronto superarán los 2 millones, y para que entre 2012 y 2015 el número de desempleados se redujera aproximadamente el 30 por ciento y la tasa global de desempleo se redujera hasta el 8,8 por ciento. Además, según el informe de 2017 del APJ, el número de jóvenes desempleados se redujo, pasando de 61 700 en diciembre de 2012 a 29 400 en diciembre de 2016. Reconociendo que del examen de otros procesos de recuperación se ha aprendido que por sí sola la creación de empleo no es suficiente para alcanzar el pleno empleo, Pathways to Work 2016-2020, que se lleva a cabo a través de amplias consultas con las partes interesadas y los trabajadores de primera línea que proporcionan servicios del empleo, refleja una transición de la «activación en tiempo de recesión» a la «activación en tiempo de recuperación y crecimiento». La Comisión se refiere a sus comentarios con arreglo al Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), en los que toma nota de que, sobre la base de seis líneas de acción, la estrategia se centra en: mejorar el empleo, la educación y los servicios de formación para los solicitantes de empleo; las reformas a fin de que trabajar resulte rentable, y en incrementar la colaboración con los empleadores a fin de ofrecer oportunidades de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el impacto de las medidas de empleo adoptadas con arreglo a estas dos estrategias: Action Plan for Jobs y Pathways to Work 2016-2020. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los procedimientos para determinar y revisar las medidas de empleo aplicadas en el marco de una política económica y social general.

Políticas y programas de educación y formación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en septiembre de 2016 se adoptó el primer Plan de acción para la educación 2016-2019, que tiene por objetivo que para 2026 el servicio irlandés de educación y formación sea el mejor de Europa. Prevé la realización de consultas con las partes interesadas para elaborar y supervisar cada programa anual. La Comisión toma nota de que en el contexto de una importante reforma de la educación y la formación, el Gobierno inició la Estrategia nacional de formación 2025, que tiene por objetivo apoyar el desarrollo de una fuerza de trabajo bien educada, bien formada y adaptable, y la Estrategia para mejorar la educación y la formación 2014-2019, que facilita el aprendizaje durante toda la vida, la inclusión social y el acceso a oportunidades de educación y formación. Estas estrategias incluyen entre sus principales prioridades hacer frente al desafío del desempleo y establecer programas de desarrollo de las capacidades que ayuden a los solicitantes de empleo a readaptarse profesionalmente y mejorar sus calificaciones, especialmente en áreas en las que están surgiendo oportunidades de empleos sostenibles. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto del Plan de acción para la educación 2016-2019, la Estrategia nacional de formación 2025, y la Estrategia para mejorar la educación y la formación 2014-2019. Asimismo, pide al Gobierno que indique la forma en la que se realizan consultas con los interlocutores sociales y otras partes interesadas en relación con la elaboración de programas de educación y formación que se adapten a las necesidades del mercado de trabajo.

Artículo 3.  Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que la elaboración, implementación y revisión de las estrategias Action Plan for Jobs y Pathways to Work se basa en la realización de amplias consultas con las partes interesadas, incluidas las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU), y la Confederación Irlandesa de las Empresas y los Empleadores (IBEC), respectivamente, así como con los desempleados. La Comisión toma nota con interés del establecimiento de un Foro Económico de Trabajadores y Empleadores (LEEF), como nueva estructura formal para el diálogo entre los interlocutores sociales a fin de debatir las políticas económicas y sociales que afectan al empleo y a los lugares de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre las actividades del LEEF en materia de elaboración, implementación y revisión de medidas y programas de política del empleo coordinados así como acerca de sus vínculos con otras políticas económicas y sociales.

Japón

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) y de la Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN), comunicadas junto con la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2014 del Sindicato de Trabajadores de los Servicios Postales de Japón (YUSANRO), así como de las observaciones más recientes del YUSANRO, recibidas el 24 de mayo de 2016.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas de mercado del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre las medidas de empleo adoptadas para promover el pleno empleo dentro de un marco coordinado de política económica y social. La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno en relación con la adopción en 2014 de las directrices básicas en materia de políticas de empleo, que establecen la dirección que deben seguir las políticas de empleo durante el período de cinco años posterior a su adopción. Las directrices prevén el reforzamiento de la infraestructura del mercado de trabajo y la creación de empleo de alta calidad a fin de promover el crecimiento en el contexto de los cambios estructurales en el mundo del trabajo, incluida la reducción de la población activa, y teniendo en cuenta el impacto de la globalización. Además, en 2014 se adoptó el Plan sobre una visión a largo plazo a fin de superar la reducción de la población y potenciar la economía local en el Japón con miras a abordar cuestiones como la reducción de la población y la contracción de las economías locales. El Gobierno también toma nota de que, según el Panorama general de la situación laboral en el Japón y su análisis 2015-2016, del Instituto japonés de política laboral y formación, la Estrategia de revitalización del Japón de 2015 señaló el inicio de una segunda fase de la política económica integrada denominada «Abeconomía» (Abeconomics), que incluye medidas para superar la limitación de la oferta de mano de obra debida a la reducción de la población activa causada por el descenso de la tasa de nacimientos y el envejecimiento de la población. En lo que respecta a la política laboral, la estrategia tiene por objetivo optimizar el potencial de los empleados reduciendo las horas de trabajo excesivas a fin de mejorar la calidad del trabajo realizado, promover la participación de las mujeres, los trabajadores de edad y otros grupos subrepresentados, y reformar las prácticas educativas y de empleo. Además, el Gobierno se refiere a la adopción de diversas medidas en materia de empleo en las prefecturas afectadas por el desastres naturales, incluido el inicio en 2016 de un proyecto de apoyo al empleo en respuesta a accidentes nucleares, que tiene por objetivo garantizar empleos temporales a los afectados por los accidentes nucleares en la prefectura de Fukushima. En 2015 y 2016, se amplió el período de implementación y la financiación del proyecto de apoyo a la creación de empleo de emergencia en respuesta al gran terremoto del este del Japón y del proyecto de creación de empleo para la recuperación de las empresas, respectivamente. En relación con las tendencias del empleo, la Comisión entiende que según Perspectivas del empleo de la OCDE, 2017, el Japón tiene unos resultados especialmente buenos en materia de cantidad de empleo, a saber la tasa de desempleo más baja de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y una tasa de empleo relativamente elevada. El reducido riesgo de desempleo también se refleja en la elevada seguridad del mercado de trabajo. En particular, el Gobierno indica que, en 2016, la tasa de desempleo era del 3 por ciento, a saber, la tasa más baja de los últimos dieciocho años. Sin embargo, en sus observaciones el YUSANRO hace hincapié en que la desigualdad y la pobreza están aumentado en el Japón. A este respecto, en el informe de la OCDE se señala que el Japón muestra algunas debilidades en materia de calidad del empleo e inclusividad del mercado de trabajo. Un porcentaje relativamente elevado de personas en edad de trabajar tiene estrés laboral y trabaja muchas horas. En lo que respecta a la inclusividad, tanto la elevada tasa de personas con bajos ingresos como la importante brecha salarial debida al género, indican que algunos trabajadores tienen que hacer frente a barreras para acceder a trabajos decentes. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas en materia de empleo que se han adoptado, incluidas las medidas aplicadas con arreglo a la Estrategia de revitalización del Japón, el Plan sobre una visión a largo plazo a fin de superar la reducción de la población y potenciar la economía local en el Japón y las directrices básicas en materia de políticas de empleo. También pide al Gobierno que transmita información actualizada, incluidas estadísticas sobre las tendencias del empleo desglosadas por edad y sexo, sobre los procedimientos para determinar y revisar las medidas en materia de empleo implementadas en el marco de una política económica y social general.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que el Consejo tripartito de política laboral ha deliberado sobre cuestiones importantes en materia de promulgación, enmienda y aplicación de la legislación en materia de empleo, y que sus opiniones se tuvieron en cuenta al planificar y elaborar las políticas de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las actividades del Consejo de política laboral en materia de elaboración, aplicación y revisión de las medidas y programas de política del empleo y sobre sus vínculos con otras políticas económicas y sociales. También pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se realizan consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas de que se trate.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Sociales y de la Protección de la Infancia (NUWCW), recibidas el 23 de agosto de 2016. Toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), que fueron comunicadas junto con la memoria del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que facilite sus comentarios al respecto.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Promoción del empleo para las personas con discapacidad. La Comisión toma nota con interés de que la Ley sobre Eliminación de la Discriminación contra Personas con Discapacidad entró en vigor el 1.º de abril de 2016. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señaló que 474 374 personas con discapacidad fueron empleadas en el sector privado a partir de junio de 2016, lo que representa un 4,7 por ciento de aumento (21 240 personas) en relación con años anteriores. El Gobierno añade que la tasa de empleo de personas con discapacidad ha venido aumentando durante los últimos trece años, alcanzando un 1,92 por ciento de incremento en 2016 en comparación con el 1,88 por ciento en 2015. El NUWCW señala, no obstante, que el aumento de la tasa de empleo de personas con discapacidad ha venido acompañado por el descenso de sus salarios, el aumento del empleo no regular y el deterioro de sus condiciones de trabajo. En relación con las medidas adoptadas para lograr el cupo reglamentario de personas con discapacidad de 2 por ciento empleadas en todas las empresas, el Gobierno señala que se proporciona orientación a todas las empresas que no han logrado la cuota mínima, incluido el apoyo en la elaboración de los planes de empleo y recomendaciones para ayudar a las empresas a aplicar apropiadamente estos planes. Si las medidas adoptadas no propician mejoras, se procede a revelar los nombres de las empresas, de conformidad con la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad (ley núm. 123 de 1960). Las empresas que no cumplan con la cuota de empleo obligatoria tendrán que pagar un gravamen especial, que se destinará a financiar los subsidios y laudos para las empresas que hayan superado la cuota de empleo obligatoria. El Gobierno señala que, en abril de 2015, se amplió la aplicación del sistema de gravámenes de las empresas con más de 200 empleados a las empresas con más de 100 empleados. El NUWCW considera que el sistema de gravámenes no es efectivo puesto que resulta menos costoso abonar la multa (50 000 yenes por mes) que emplear a la persona con discapacidad. La JTUC-RENGO señala que menos de la mitad de las empresas (48,8 por ciento) han alcanzado la cuota obligatoria de empleo. Además, el 58,9 por ciento de las empresas que no han cumplido con dicho cupo no han empleado a ninguna persona con discapacidad. La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO, en las que señala que a partir de abril de 2018, las personas con discapacidades psíquicas serán incluidas en la base de cálculo para la cuota de empleo obligatoria, y que ésta aumentará al 2,3 por ciento en el caso de las empresas privadas a lo largo de un período de cinco años (2018-2023). En relación con la memoria del Gobierno, el NUWCW señala que las estadísticas aportadas no reflejan la situación actual del empleo de las personas con discapacidad. En este sentido, el NUWCW indica que el Gobierno lleva a cabo cada cinco años un estudio sobre el empleo de personas con discapacidad donde lleva a cabo una Encuesta mensual sobre la contratación de trabajadores en general. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para lograr en todas las empresas la cuota obligatoria de empleo para personas con discapacidad en función de la cuota requerida, incluyendo el número y el importe de las sanciones impuestas por incumplimiento. La Comisión pide asimismo al Gobierno que siga comunicando información sobre el impacto de las medidas aplicadas para incrementar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidades en el mercado regular del empleo, incluyendo la aplicación de la Ley para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de 2016. Además, la Comisión pide al Gobierno que suministre estadísticas actualizadas, desglosadas, dentro de lo posible, por sexo, edad y naturaleza de la discapacidad, así como extractos de los informes, estudios y encuestas en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.

Artículo 5.  Consultas con los interlocutores sociales. En relación con las consultas anteriores de la Comisión, el Gobierno reitera que la Subcomisión sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas Laborales establece los objetivos de las políticas de empleo para las personas con discapacidad, aplica esas políticas y evalúa sus resultados. A modo de ejemplo, el Gobierno se refiere a la formulación de dos grupos de directrices para empleadores sobre la prohibición de discriminación contra las personas con discapacidad y sobre la provisión de un ajuste razonable, directrices en las que se tuvieron en cuenta los puntos de vista de la Subcomisión sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad así como de organizaciones de personas con discapacidad o que se ocupen de dichas personas. El NUWCW considera que debería modificarse la estructura del Consejo de Políticas Laborales a fin de garantizar que se tengan en cuenta efectivamente las opiniones de los interlocutores sociales. En relación con la revisión de la Ley Integral de Apoyo a las Personas con Discapacidad, en 2016, el NUWCW señala que se excluyeron de su formulación y evaluación a las organizaciones de personas con discapacidades, reiterando que ni el Consejo sobre la Discapacidad del Japón ni sus propios representantes pudieron participar en las deliberaciones del Consejo de Políticas Laborales. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando ejemplos sobre el modo en que se tienen en cuenta las opiniones y preocupaciones de los interlocutores sociales y los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, o que se ocupan de dichas personas, con miras a la formulación, aplicación y evaluación de la política sobre readaptación y orientación profesional y empleo de personas con discapacidad.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Artículos 1, 3), y 3.  Política nacional destinada a asegurar medidas adecuadas de readaptación profesional para todas las categorías de personas con discapacidad. a) Criterios aplicados para determinar en qué caso una persona con discapacidad se considera apta para «trabajar en el marco de una relación de trabajo» (párrafo 73 del informe del comité tripartito, documento GB.304/14/6). La Comisión recuerda las recomendaciones del comité tripartito establecido por el Consejo de Administración para examinar la reclamación por la que se alega el incumplimiento del Convenio por el Japón (304.ª reunión, marzo de 2009). La Comisión recuerda también que se le ha encomendado el seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito. En este contexto, el Gobierno ha facilitado información actualizada sobre la aplicación y los resultados de las medidas en materia de empleo de las personas con discapacidad. El Gobierno informa que 31 000 personas con discapacidad participan en las actividades relativas al empleo en el marco del Programa de Apoyo a la Transferencia de Empleo (ETSP). Añade que el número de personas con discapacidad que han sido transferidas a empleos regulares en virtud del ETSP aumentó de 2 500 personas en 2006 a 12 000 personas en 2015. Además, el Gobierno señala que 230 000 personas con discapacidad participan en programas tipo-B (destinado a las personas que requieren apoyo para la continuidad de su empleo) en virtud del Programa de Apoyo para la Continuación del Trabajo (SPCW) (Oficina Pública de Seguridad del Empleo). En 2016, 2 646 personas que participaban en programas tipo-B fueron transferidas de éstos a empleos regulares. En relación con las medidas adoptadas por las oficinas públicas de empleo, el Gobierno se refiere a la aplicación constante del modelo de «apoyo de equipo», que prevé apoyo para las personas con discapacidad a fin de permitir su adaptación al lugar de trabajo. El Gobierno añade que, hasta marzo de 2017, se establecieron 3 120 oficinas de apoyo a la transferencia de empleo y 330 centros de empleo y de apoyo a la vida profesional para las personas con discapacidad (lo que representa un incremento respecto a los 325 centros que había en abril de 2015). Además, se celebraron 810 seminarios de apoyo al empleo y 957 cursos de formación en el lugar de trabajo en 2015 con objeto de promover la transición de las personas con discapacidad de empleos protegidos a empleos en el mercado regular. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información actualizada y pormenorizada sobre las medidas adoptadas o previstas para incrementar las oportunidades de empleo en las personas con discapacidades graves que no son consideradas aptas para trabajar en el marco de una relación de trabajo a fin de que tengan acceso al mercado regular de empleo. La Comisión agradecería además recibir información actualizada sobre el número de personas transferidas de los programas tipo-B en el marco del SPCW a los programas tipo-A y al empleo en el mercado regular, así como sobre el impacto de las medidas aplicadas por la Oficina Pública de Seguridad del Empleo en materia de transferencia con discapacidad del empleo protegido al empleo en el mercado regular de trabajo.

b)  Incluir el trabajo de personas con discapacidad en talleres de producción protegidos dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral (párrafo 75 del informe). En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que en virtud de los programas tipo-B del SPCW se ofrecieron medidas de apoyo para la búsqueda de trabajo y la adaptación al lugar de trabajo para las personas con discapacidades. En sus observaciones, el NUWCW señala que las personas con discapacidad que participan en programas de tipo-B no gozan de las mismas protecciones jurídicas en el lugar de trabajo que los demás trabajadores. Añade que los servicios de apoyo al empleo no se ofrecen teniendo en cuenta las necesidades profesionales de las personas con discapacidades. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que el trato que las personas con discapacidad reciben en los talleres de producción protegidos esté de conformidad con los principios del Convenio, en particular la manera en la que se garantiza el principio de igualdad de oportunidades y de trato (artículo 4).

c)  Baja remuneración para las personas con discapacidad que realicen actividades con arreglo a los programas tipo-B en el marco del SPCW (párrafo 76 del informe). El Gobierno señala que, siguiendo la aplicación de las medidas adoptadas en el marco de los planes de mejora salarial en cada prefectura, el salario de los trabajadores en los programas tipo-B aumentó un 23 por ciento entre 2015 y 2016. Además, el Gobierno señala que, en virtud de la Encuesta básica de 2012 sobre la promoción de la adquisición por el Estado de bienes para el empleo de personas con discapacidad, en 2016 se adquirieron ese tipo de bienes por valor de 15 700 millones de yenes. En contraposición, el NUWCW se refiere a un estudio sobre la situación actual de las personas con discapacidad en el que se demuestra que el porcentaje de personas con discapacidad que viven con ingresos anuales inferiores a 1 millón de yenes aumentó en 2016. El NUWCW señala que, según la Encuesta básica de la estructura salarial, la diferencia entre el salario medio de personas con discapacidad en programas tipo-B y el salario promedio de los trabajadores generalmente es de 288 500 yenes en 2007, y 284 762 yenes menos en 2014. La JTUC-RENGO reitera que se requieren esfuerzos continuados para mejorar el nivel salarial en los programas tipo-B. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar igualdad de términos y condiciones de empleo, incluido en términos salariales de las personas con discapacidad que participan en programas tipo-B.

d)  Cuotas de los participantes por los servicios recibidos en los programas tipo-B en el marco del SPCW (párrafos 77 y 79 del informe). El Gobierno señala un vez más que las personas con discapacidad en hogares con bajos ingresos no tienen que pagar las cuotas por los servicios sociales recibidos. Añade que, hasta noviembre de 2016, el 93,3 por ciento de los usuarios de los servicios sociales para personas con discapacidad, incluidos los participantes en los programas tipo-B, recibían servicios sociales gratuitos. En sus observaciones, el NUWCW afirma que los servicios sociales para personas con discapacidad están cubiertos tanto por políticas de bienestar como de trabajo. Los servicios basados en políticas del trabajo son gratuitos mientras que los que se basan en políticas del bienestar se suministran a cambio de una cuota fija. La Comisión alienta al Gobierno a seguir tomando medidas al respecto y a que facilite informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que no se desaliente la participación en dichos programas de personas con discapacidad para que éstas puedan acceder finalmente al mercado de trabajo.

Artículos 3, 4 y 7.  Igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad y los trabajadores en general. El sistema de cuotas para el empleo de personas con discapacidad (párrafos 81 y 82 del informe). La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el número de personas con una discapacidad grave que tenían un empleo ha seguido aumentando, de 106 362 en junio de 2015 hasta 109 765 en junio de 2016. El Gobierno reitera que la práctica de la doble contabilización de las personas con discapacidad grave (cada persona se contabiliza como dos) es, en efecto, eficaz y necesario para promover el empleo de las personas con discapacidades graves. El NUWCW pide que vuelva a considerarse el sistema de doble contabilización. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las personas con discapacidad y las personas con discapacidades graves empleadas con arreglo al sistema de cuotas, incluida cualquier modificación introducida o prevista en el sistema de doble contabilización.

Ajustes razonables (párrafo 84 del informe). El Gobierno indica que la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad, de 2016, establece la obligación de medidas de ajuste razonable. El Gobierno ofrece información sobre la aplicación de manuales y directrices prácticas en materia de prohibición de discriminación contra las personas con discapacidad y la aplicación de medidas de ajuste razonable. En este sentido, el Gobierno señala que las personas con discapacidad ofrecen información en el momento de su contratación a las empresas privadas sobre modificaciones o ajustes necesarios, y a continuación ambas partes discuten la petición para llegar a una decisión relativa a la posible adopción de medidas de ajuste en las instalaciones del lugar de trabajo. El Gobierno añade que la obligación de proporcionar un acceso razonable excluye los casos que supongan una «carga excesiva» para la empresa. La JTUC-RENGO estima que siguen siendo problemáticos algunos aspectos de la citada ley, incluido el hecho de que solamente se exija a las empresas que hagan un esfuerzo para facilitar razonablemente el acceso a las personas con discapacidad pero no establezca para ello ningún mecanismo de solución de conflictos. Por consiguiente, la JTUC-RENGO señala que las medidas para mejorar la eficacia de la ley deberían adoptarse antes de ser reexaminada, lo que tendrá lugar al término del tercer año de su entrada en vigor. El NUWCW señala que será preciso hacer un seguimiento del funcionamiento del sistema en colaboración con las partes interesadas. En relación con la información suministrada por el Gobierno en su memoria anterior respecto al derecho a presentar una queja y plantear un caso de solución de conflictos relativo al ajuste razonable, el NUWCW señala que sólo existe un mecanismo de solución de conflictos establecido para todos los trabajadores y que éste no es vinculante. Considera que es necesario establecer un mecanismo que permita a los trabajadores con discapacidad negociar con sus empleadores para obtener un ajuste razonable. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación y resultados en relación con la práctica de introducir un ajuste razonable en el lugar de trabajo, incluida información relativa a cualquier evaluación efectuada en relación con la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad.

Libia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Consultas con los interlocutores sociales. Desde hace años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que comunicara información sobre la manera en que se alcanzan los objetivos del empleo, así como sobre la situación y las tendencias del mercado laboral. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, desde la adopción y la aplicación de la política de empleo en 2004 por el consejo de planificación, tuvieron que introducirse varias enmiendas a la política, habida cuenta de la evolución del país en los últimos años, con el objetivo de armonizar la política con la realidad en el terreno y lograr el pleno empleo. El Gobierno indica que en 2012, se encargó a una comisión la modificación de la estrategia del mercado laboral. Añade que la estrategia propuesta se centra en varios pilares, que incluyen: medidas para combatir el desempleo derivado de la paralización de los proyectos de desarrollo, debido a la guerra; medidas educativas y de formación para responder a las necesidades del mercado laboral, y medidas centradas en la economía informal y en la participación de los migrantes en actividades intensivas en mano de obra. El Gobierno destaca que, debido a la guerra, las empresas abandonaron el país y aumentó el número de jóvenes con discapacidad. Además, el Gobierno informa que aumentó drásticamente la inmigración irregular, lo que dio lugar a una creciente competencia con la mano de obra nacional e incidió negativamente en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que las estadísticas más recientes comunicadas por el Gobierno son de 2012. Por ejemplo, el Gobierno indica que el número de solicitantes de empleo calificados se elevó de 39 880 en 2007 a 149 808 en 2012, especialmente entre las mujeres (de 26 009 a 94 379 en 2012). El Gobierno indica que, tras la adopción de la estrategia de mercado laboral, informará a la Comisión de las políticas adoptadas que promueven el pleno empleo. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno, la Comisión espera que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de comunicar información actualizada y detallada sobre la estrategia de mercado de trabajo prevista y la manera en que se logran los objetivos del empleo, así como datos estadísticos actualizados sobre la situación, el nivel y las tendencias en el empleo, el desempleo y el subempleo, desglosados por sexo y edad. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la implicación de los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, que requiere que se tengan plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones cuando se diseñe y aplique una política activa de empleo.

Artículo 2.  Información del mercado de trabajo. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que destacaba la importancia de establecer un sistema de compilación y análisis de los datos del mercado laboral para permitir una evaluación y una revisión de las medidas adoptadas para lograr los objetivos del Convenio. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto, e invita al Gobierno a que recurra a la asistencia de la Oficina, si así lo desea.

Promoción de las pequeñas y medianas empresas. La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas para promover el establecimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta las orientaciones establecidas en el párrafo 5 de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189).

Trabajadores vulnerables al déficit de trabajo decente. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información, incluidos los datos estadísticos desglosados por edad y sexo, sobre el impacto de las medidas, que incluya medidas de educación y formación profesional, para elevar la tasa de participación en el mercado de trabajo de las personas vulnerables a los déficits de trabajo decente, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, los trabajadores de las zonas rurales y los de la economía informal.

Madagascar

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado la esperanza de que el Gobierno pudiera indicar próximamente los progresos realizados en cuanto a la formulación y aplicación de una política de empleo. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se adoptó la Ley núm. 2015-040, de 9 de diciembre de 2015, relativa a la orientación de la Política Nacional de Empleo y de Formación Profesional (PNEFP), y actualmente es objeto de una campaña de sensibilización. Añade que el Plan Nacional de Empleo y Formación (PANEF) fue sustituido por el Plan de Acción Operativo (PAO), que contiene los diferentes ámbitos de aplicación de la PNEFP. El Gobierno indica que la PNEFP pretende, con la aplicación de la Política General Estatal (PGE), del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), reducir el desempleo y el subempleo de aquí a 2020, mediante la creación de suficientes empleos formales para reabsorber a los solicitantes de empleo. La PNEFP aspira asimismo a crear un sistema de información pertinente sobre el mercado de trabajo y de formación profesional, y a concebir e implantar asimismo un sistema armonizado de certificación y formación. El Gobierno indica que en diciembre de 2015 se organizaron cuatro salones del empleo, y que se impartió formación a 1 119 jóvenes descolarizados, colocándoles a continuación en pequeños trabajos rurales en el marco de una alianza con la UNESCO. Siempre en el marco de la promoción del empleo, el Gobierno menciona dos iniciativas «Rapid Result» (IRR) del Ministerio de Empleo, Enseñanza Técnica y Formación Profesional (MEETFP) que, según ha indicado, ha llevado a cabo plenamente. La primera tenía por objeto ajustar debidamente la formación y el empleo en 12 sectores de crecimiento. En el marco de la segunda iniciativa se ha establecido un Centro de Formación Profesional (CFP) en la ciudad de Andranofeno Sud, a fin de generar empleo en la misma. El CFP imparte formación a unos 100 estudiantes en seis grandes ámbitos: el turismo, la hotelería y la restauración, la agricultura y la ganadería, la carpintería, la mecánica de automóviles, la construcción y las obras públicas. El Gobierno indica asimismo que 1 058 jóvenes no escolarizados provenientes de entornos rurales han recibido formación para 15 tipos de oficios en varias regiones, y que el Centro Nacional de Formación de Personas con Discapacidades (CNFPPSH) ha impartido formación a 59 personas con discapacidades en las regiones de Analanjirofo y Sava. Además, el Observatorio Nacional de Empleo y Formación se ha transformado en la Oficina Nacional de Empleo y Formación. En lo que respecta a la valoración de la enseñanza técnica y de la formación profesional, el Gobierno indica asimismo la rehabilitación, en 2015, de cinco escuelas técnicas profesionales y de 60 aulas, y la acreditación de 97 establecimientos técnicos públicos y privados. El Gobierno añade que actualmente están operativos cuatro CFP para las mujeres. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando todo cambio relativo a la aplicación de la Política Nacional de Empleo y de Formación Profesional, y su impacto en la tasa de empleo y en la reducción del desempleo, así como en la transición de la economía informal a la economía formal. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información que permita examinar el modo en que las principales orientaciones de la política económica, en ámbitos como la política monetaria, presupuestaria, comercial o de desarrollo regional, contribuyen «en el marco de una política económica y social coordinada» a la consecución de los objetivos de empleo establecidos por el Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para crear empleos sostenibles, reducir el subempleo y combatir la pobreza, especialmente entre las categorías particulares de trabajadores, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidades, los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal. En este sentido, pide al Gobierno que suministre la información más detallada posible sobre el tipo de formación impartida por el CNFPPSH a las personas con discapacidades.

Coordinación de la política de educación y formación con la política de empleo. La Comisión toma nota con interés de que, según el artículo 2 de la PNEFP, se propone aplicar una política de creación masiva de empleos y de promoción de la formación profesional. El artículo 10 de la PNEFP precisa que esta política está orientada específicamente a las actividades de creación de empleo, a la prestación de apoyo a las empresas, a la intermediación en el mercado de trabajo, a la promoción directa del empleo de los jóvenes, de las mujeres y de la población vulnerable, a la promoción del trabajo decente y a la ampliación de la protección social. La política prevé, en su artículo 5, el derecho a recibir una formación y a estar calificado, sea cual fuere la situación personal y social y el nivel de escolarización alcanzado. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 46 preconiza la creación de una alianza entre el Estado, las administraciones territoriales y los asociados técnicos y financieros, a fin de adoptar y financiar medidas de promoción del empleo para los jóvenes, las mujeres y la población desfavorecida. El Gobierno indica que la iniciativa llevada a cabo para potenciar el empleo de los jóvenes se traduce, por una parte, en la promoción del empleo por cuenta propia y de las empresas tradicionales o informales y, por otra, en el apoyo a la inserción en las empresas y las actividades clásicas. Entre los objetivos de esta iniciativa se cuentan el acompañamiento de los jóvenes en sus proyectos profesionales y el fortalecimiento de las capacidades de financiación. El Ministerio imparte formación a los jóvenes con objeto de promover el empleo por cuenta propia y la creación de pequeñas y medianas empresas y de industria. Así pues, a lo largo de 2015 y durante el primer semestre de 2016, se impartió formación a tal efecto a 1 436 jóvenes provenientes de seis regiones. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política de empleo. Pide nuevamente al Gobierno que comunique los resultados obtenidos gracias a la puesta en marcha de estos programas, en términos de acceso de los jóvenes licenciados a un empleo sostenible. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique el impacto de las medidas adoptadas para promover la creación de pequeñas y medianas empresas.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno indica que la Encuesta periódica a los hogares se llevó a cabo, y se sustituyó a continuación por el censo global de la población a causa de las prioridades del Estado habida cuenta del fuerte crecimiento de la población. Sin embargo, el Gobierno señala la elaboración de un proyecto en colaboración con la Oficina Internacional del Trabajo a fin de establecer un sistema de bases de datos fiables sobre el empleo. La Oficina Nacional del Empleo y la Formación se encargará de la gestión de este sistema. El Gobierno menciona asimismo que, en 2016, el MEETFP comenzó a establecer servicios regionales de inserción en el empleo (SRIE), y que nueve direcciones regionales cuentan actualmente con SRIE, cuya misión es gestionar el sistema regional de información sobre el empleo, lo que conlleva la intermediación entre los jóvenes que buscan empleo y las empresas. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los avances del proyecto con miras al establecimiento de un sistema de bases de datos fiables sobre el empleo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información más detallada sobre el impacto de los SRIE en relación con la recopilación y utilización de datos sobre el empleo.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno ha indicado que en octubre de 2015 se firmó un acuerdo nacional sobre el empleo y la formación profesional con los interlocutores sociales y, en noviembre de 2015, con los grupos de empresas provenientes de los cinco ámbitos prioritarios. El Gobierno menciona asimismo la firma de otros dos acuerdos en los cuales han participado los interlocutores sociales, a saber, el acuerdo de financiación del equipo de apoyo técnico de la PNEFP y el acuerdo sobre su fondo para aplicación. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información actualizada sobre las consultas celebradas con los representantes de los interlocutores sociales acerca de los temas cubiertos por el acuerdo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite información detallada sobre las consultas celebradas con los representantes de las categorías más desfavorecidas de la población, en particular las de los trabajadores de las zonas rurales y de la economía informal.

Mozambique

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1996)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. La Comisión toma nota con interés de que contando con la asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional del Empleo (PNE) en 2016. Los principales objetivos de la PNE son: promover la creación de empleos, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. La PNE incluye entre sus objetivos fundamentales la creación de nuevos empleos (especialmente en el sector privado); la aplicación de programas que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y garantizar la armonización de las políticas sectoriales así como del marco institucional para el empleo y el empleo independiente. La Comisión toma nota de la publicación del informe de la cuarta Evaluación de la Pobreza Nacional en 2016, que sitúa las tasas de pobreza nacional entre el 41 y el 45 por ciento de la población (lo que representa entre 10,5 y 11,3 millones de personas extremadamente pobres). El informe señala también que, debido a la concentración de la fuerza laboral de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales con baja productividad, el país se caracteriza por un nivel elevado de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en las zonas rurales en el norte y el centro del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa sobre los resultados alcanzados y los problemas encontrados para lograr los objetivos fijados en la PNE, en especial sobre los resultados concretos de los programas creados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar los estándares de vida y trabajo, responder a las necesidades del mercado laboral y abordar el desempleo y el subempleo.

Artículo 2, a).  Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del desarrollo de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2014-2015. Asimismo, observa que, según la información estadística incluida en el informe sobre la política del empleo, la tasa de desempleo en 2015 fue del 25,3 por ciento. La principal fuente de empleo fue el empleo independiente (73,1 por ciento de la población económicamente activa (PEA)), mientras que el empleo asalariado representó el 20 por ciento de la PEA. Además, el 15 por ciento de la PEA fueron trabajadores familiares no remunerados (8,5 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres), el 7,3 por ciento fueron trabajadores temporales y el 9 por ciento trabajadores ocasionales. La Comisión toma nota también de que la PNE aboga por el mejoramiento del sistema de información del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sector económico, edad y sexo, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, desempleo y subempleo en todo el país.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que los objetivos fundamentales de la PNE son entre otros la promoción de la inversión para la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y la incentivación de la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes. Para lograr estos objetivos la PNE establece líneas de acción que promueven la iniciativa empresarial de los jóvenes mediante programas de formación, en especial en las zonas rurales, así como el aumento del acceso al crédito, la inversión en la formación de los jóvenes y el aumento del número de las prácticas de formación. El Gobierno señala que, en 2015, se celebraron a nivel nacional y provincial conferencias sobre la reglamentación de las prácticas de formación preprofesional para sensibilizar y alentar a las empresas a que se contrataran aprendices. Además, el Gobierno se refiere a la creación de programas de financiación para apoyar iniciativas empresariales desarrolladas por los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la forma en que la aplicación de la PNE, la reglamentación sobre las prácticas de formación preprofesional y otros programas que ofrecen educación y formación profesional para los jóvenes o que respaldan la iniciativa empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, han aumentado el acceso de los jóvenes a un empleo pleno, productivo y sostenible.

El empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que la PNE prevé el fortalecimiento de las iniciativas que promueven la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social. Entre las líneas de acción establecidas en dichas políticas cabe destacar: promover el empleo femenino, incluso en las profesiones tradicionalmente masculinas; priorizar la educación y la formación profesional con miras a promover la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el resultado de las medidas específicas adoptadas y aplicadas en el marco de la PNE para promover la igualdad en el empleo y en las oportunidades de obtener ingresos para hombres y mujeres con miras a eliminar las desigualdades de género en la educación, en especial en relación con las tasas de alfabetización.

Educación y formación profesional. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de la Estrategia de Empleo y de Formación Profesional (EEFP) 2006-2015 y el Programa Integrado para la Reforma de la Formación Profesional (PIREP). Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre la política del empleo que el acceso a la educación secundaria está limitado y que la tasa de finalización escolar sigue siendo muy baja: del 13 por ciento. El informe añade que la pertinencia de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral también es muy escasa. El Gobierno señala que se han acometido reformas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional para hacer frente a estos desafíos. El Gobierno se refiere, en particular, a la adopción de la Ley sobre Educación Profesional en el marco del PIREP, que establece que la Autoridad Nacional para la Formación Profesional, cuyo consejo ejecutivo incluye a representantes de los interlocutores sociales, es el órgano responsable del Sistema de Formación Profesional. Además, se han renovado los centros de formación profesional y los institutos técnicos del país. Por último, el Gobierno señala que en 2014, en el marco de la EEFP, se crearon 2 490 672 empleos (de los cuales 464 413 fueron para mujeres) y 633 971 personas participaron en la formación (de los cuales 219 260 fueron mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, antes de su adopción, la PNE fue examinada por los interlocutores sociales en el marco de la Comisión Consultiva del Trabajo en mayo de 2016. Además, la PNE establece que la Comisión Consultiva del Trabajo y el Observatorio del Desarrollo son los órganos que tienen la responsabilidad del seguimiento de la aplicación de la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y aplicación de la política de empleo.

Nigeria

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a proporcionar información sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se establecen suficientes oficinas de empleo para cubrir las necesidades específicas de los empleadores y de las personas que buscan empleo en cada una de las áreas geográficas del país. La Comisión también invitó al Gobierno a transmitir información sobre la política nacional de empleo (PNE) y otras medidas adoptadas para el establecimiento de instituciones destinadas a lograr el pleno empleo. Además, instó al Gobierno y a los interlocutores sociales a examinar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), que es un importante instrumento de gobernanza. En su memoria, el Gobierno indica que el Ministerio Federal de Trabajo y Empleo tiene una red de 45 agencias de colocación y 17 registros profesionales y ejecutivos que están estratégicamente ubicados en los centros de las ciudades para que, de esta forma, los que buscan empleo pueden acceder fácilmente a los servicios de empleo. Añade que en los estados con una alta concentración de industrias también hay oficinas de trabajo de distrito. Según el Boletín de Estadísticas del Trabajo, en 2014 había 2 254 solicitantes de empleo registrados en las agencias de colocación y 829 ofertas de empleo, y 916 individuos consiguieron un empleo. El Gobierno indica que el proyecto final de la PNE aprobado por el Gobierno en 2002 ha sido validado por los interlocutores sociales y está pendiente de aprobación por el Gobierno federal. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el estatus actual de la política nacional de empleo y que transmita una copia de esta política una vez que se haya adoptado. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información detallada sobre la naturaleza y alcance de las actividades llevadas a cabo por el servicio del empleo para garantizar la mejor organización posible del mercado del empleo, tal como requiere el artículo 1 del Convenio. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número y la ubicación de las agencias de colocación y los registros profesionales y ejecutivos establecidos, así como sobre el número de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo y de personas que han encontrado un trabajo gracias a esas oficinas.

Artículos 4 y 5.  Consultas con los interlocutores sociales. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre las consultas celebradas en la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo sobre la organización y el funcionamiento de las agencias de colocación y los registros profesionales y ejecutivos y el desarrollo de programas y políticas del servicio del empleo.

Artículo 6.  Organización del servicio del empleo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que las agencias de colocación y los registros profesionales y ejecutivos realizan una serie de funciones gratuitas, que incluyen: el registro de los solicitantes de empleo y su colocación en empleos; la orientación y el asesoramiento profesionales; recabar información sobre el mercado de trabajo procedente de los empleadores y divulgar esa información entre el público; compilar y analizar estadísticas sobre el empleo y el desempleo con fines de planificación económica, y orientar y asesorar a los jóvenes que pueden dejar la escuela. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la organización y las actividades de las agencias de colocación, los registros profesionales y ejecutivos y otros servicios que se ocupan de dar efecto al Convenio, tales como las oficinas de trabajo de los distritos, y sobre la forma en la que velan por la colocación de los solicitantes de empleo.

Artículo 7.  Actividades del servicio del empleo. El Gobierno indica que el servicio público del empleo está abierto a todas las categorías de solicitantes de empleo y proporciona servicios a los grupos vulnerables de solicitantes de empleo, tales como las personas con discapacidad. Añade que el servicio público del empleo proporciona asesoramiento adecuado a las personas con discapacidad sobre las opciones de carrera, y aconseja a los empleadores que no discriminen a esas personas y les reserven un cierto porcentaje de empleos. A través de diversos programas de la Dirección Nacional de Empleo, el Gobierno también forma y prepara a las personas con discapacidad para que trabajen por cuenta propia. En el párrafo 88 de su Estudio General de 1998, Readaptación profesional y empleo de personas inválidas, la Comisión hizo hincapié en el importante papel que debería desempeñar la orientación profesional en la presentación de una gama de profesiones amplia y exenta de consideraciones basadas en estereotipos o arcaísmos encaminados a reservar un oficio o una profesión para una determinada categoría de personas. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre los resultados de las medidas adoptadas por el servicio del empleo en relación con diversas ocupaciones e industrias. También solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre la naturaleza del asesoramiento sobre opciones de carrera proporcionado a las personas con discapacidad. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la naturaleza y el alcance de los programas llevados a cabo por la Dirección Nacional de Empleo para promover las oportunidades de empleo y de trabajo por cuenta propia para las personas con discapacidad así como sobre el impacto de esos programas, indicando el número de personas que se benefician de ellos.

Artículo 8.  Medidas de ayuda a los jóvenes. El Gobierno indica que las agencias de colocación han mejorado sus servicios en 12 estados del país con instalaciones de Internet conectadas al servicio electrónico nacional de bolsa de trabajo (NELEX). La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información sobre medidas específicas a fin de ayudar a los jóvenes a encontrar empleo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas o previstas por el servicio del empleo para ayudar a los jóvenes a encontrar empleos adecuados. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Empleo y del Programa Nacional de Erradicación de la Pobreza a fin de ayudar a los jóvenes a acceder al empleo.

Artículo 10.  Medidas para estimular la plena utilización del servicio del empleo. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas por el servicio del empleo, en cooperación de los interlocutores sociales, para fomentar la plena utilización del servicio del empleo.

Artículo 11.  Cooperación entre las agencias de empleo públicas y privadas sin ánimo de lucro. El Gobierno indica que en 2014, 2015 y 2016 se llevaron a cabo talleres anuales sobre las agencias de empleo privadas con el objetivo de reforzar más la cooperación existente entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas. Añade que está previsto que el próximo taller anual se celebre en el tercer trimestre de 2017. Los talleres ofrecen una plataforma para realizar debates e intercambios de ideas sobre la contratación equitativa así como sobre las medidas para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones gubernamentales. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación efectiva entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas sin ánimo de lucro, incluida información sobre el contenido y los resultados de los talleres anuales sobre las agencias de empleo privadas.

Nueva Zelandia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones de Business Nueva Zelandia y del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), comunicadas junto con la memoria del Gobierno, y de las respuestas del Gobierno al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas activas de mercado del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión invitó al Gobierno a proporcionar información sobre el impacto de las medidas aplicadas con arreglo a su Agenda del Crecimiento Empresarial (BGA), así como de otras medidas activas de mercado del trabajo. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada a este respecto. El Gobierno, comprometido con el crecimiento de la economía y la creación de trabajos para todos los neozelandeses, se refiere a los resultados de diversas iniciativas y reformas políticas llevadas a cabo en el marco de la BGA. La Comisión también toma nota de los resultados del programa Esfera de actividad sobre lugares de trabajo seguros y con una fuerza de trabajo cualificada (SSW) de la BGA, en lo que respecta a: conseguir que las personas obtengan empleos y dejen de esta forma de percibir prestaciones; proporcionar cualificaciones para que los trabajadores puedan adaptarse a las demandas de la industria, y apoyar el desarrollo de una fuerza de trabajo cualificada a través de la Formación Profesional de los Maorís y Pasifika (MPTT). Asimismo, el Gobierno indica que está realizando esfuerzos continuos para garantizar la educación superior, revisar el marco de las migraciones, maximizar el empleo de los neozelandeses y desarrollar un sistema de seguridad y salud en el trabajo efectivo y eficiente que cuente con el apoyo de la industria y los lugares de trabajo. En lo que respecta a maximizar el empleo de los neozelandeses, el Gobierno señala que está trabajando con los empleadores a fin de desarrollar conjuntamente iniciativas sectoriales para abordar las cuestiones en materia de calificaciones y empleo a través del Programa Sectorial para la Contratación de Mano de Obra (SWEP). El NZCTU indica que el Gobierno no lo ha hecho participar, ni tampoco a otras organizaciones representativas de los trabajadores, en el desarrollo y puesta en marcha del SWEP. El Gobierno también señala que tiene por objetivo atraer más inversiones a través del Programa de crecimiento regional. A este fin, ha adoptado la Estrategia económica del Pacífico 2015-2021 con miras a ayudar a los pueblos del Pacífico a contribuir al éxito económico de Nueva Zelandia, y a compartirlo, estimulando su participación en la economía. El NZCTU añade que, si bien algunas de estas iniciativas resultan útiles, la aplicación de políticas activas de mercado del trabajo sigue siendo escasa y desigual. También observa que se ha reducido el porcentaje de personas que obtienen prestaciones después de perder sus empleos. Ello está causado principalmente por el hecho de que debido a los ingresos de su pareja ciertas personas tienen menos posibilidades de recibir apoyo en el marco de las políticas activas de mercado del trabajo. En su respuesta, el Gobierno indica que a través de sus programas de empleo, búsqueda de empleo y colocación se proporcionan a todos los neozelandeses los servicios que necesitan. El Gobierno explica que la lógica que subyace en el hecho de no otorgar prestaciones económicas debido a los ingresos de la pareja es que antes de solicitar ayuda estatal las personas tengan que examinar cuáles son sus recursos. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la eficacia y el impacto de las medidas activas de mercado del trabajo que se han adoptado, así como sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con la formulación, la aplicación y el seguimiento de dichas medidas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas.

Tendencias del empleo. La Comisión toma nota de que, según la Encuesta sobre la fuerza de trabajo de hogares de la Oficina de Estadística de Nueva Zelandia, el índice de participación en la fuerza de trabajo aumentó, pasando del 68,7 por ciento en 2015 al 69,8 por ciento en 2016, y la participación en la fuerza de trabajo de hombres y mujeres alcanzó el 75,3 por ciento y el 64,5 por ciento, respectivamente. En relación con las medidas de empleo que se han adoptado a fin de que las mujeres se adapten a las necesidades del mercado de trabajo, el Gobierno reitera su compromiso de ayudar a las mujeres a participar plenamente en la sociedad y en la economía a través del programa de trabajo del Ministerio de la Mujer y otras iniciativas. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando estadísticas, desglosadas por edad y sexo, sobre el tamaño y la distribución de la fuerza de trabajo así como información sobre la situación del empleo y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información proporcionada sobre diversas iniciativas a fin de promover el empleo de las personas con discapacidad, en particular a través de la orientación y formación profesionales. Toma nota de la elaboración del Plan de acción en materia de discapacidad 2014-2018, con un enfoque basado en la estrecha colaboración entre organismos gubernamentales y organizaciones representativas de las personas con discapacidad. Business Nueva Zelandia expresa su preocupación respecto a que no se dispone de suficiente financiación gubernamental para cubrir los costos que conlleva encontrar trabajo para las personas con discapacidad. El Gobierno indica que ha estado trabajando para mejorar tanto los servicios universales como los servicios especializados para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir empleos sostenibles. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre el impacto de las medidas de empleo, incluidas las medidas de ajustes razonables, que se han adoptado para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir empleos sostenibles en el mercado regular de empleo. También pide al Gobierno que proporcione información sobre las mejoras realizadas en los servicios que están a disposición de las personas con discapacidad para ayudarlas a encontrar empleos.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de las diversas iniciativas dirigidas a los jóvenes, incluidas las medidas de formación y de empleo. El Gobierno indica que a través del programa sobre lugares de trabajo seguros y con una fuerza de trabajo cualificada de la BGA se ha elevado el rendimiento académico de los jóvenes neozelandeses y se ha apoyado su educación, formación y empleo. En este marco ha aumentado la participación de los jóvenes maorís y jóvenes pasifika en la fuerza de trabajo hasta alcanzar el mismo nivel que la del resto de la población. Además, se estableció los Servicios de Apoyo al Empleo de las Personas del Pacífico (PESS) para ayudar a los jóvenes del Pacífico que no estudian, ni trabajan, ni reciben formación a alcanzar la independencia económica real enseñándoles técnicas de aprendizaje y preparándolos para conseguir empleos sostenibles. Los jóvenes han obtenido buenos resultados, y el porcentaje de personas de entre 15 y 24 años que no trabajan, ni estudian, ni reciben formación se redujo a un 10,9 por ciento en diciembre de 2015, que es el nivel más bajo desde septiembre de 2008. Business Nueva Zelandia observa que, si bien el Gobierno está realizando esfuerzos reales para que los jóvenes tengan las calificaciones necesarias para conseguir empleos remunerados, algunos empleadores han expresado su preocupación en relación a que una gran parte de la formación y la educación impartida no se adapta a las necesidades de los lugares de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando amplia información sobre la eficacia y el impacto de las medidas de empleo dirigidas a los jóvenes, incluidos los jóvenes maorís y jóvenes pasifika.

Políticas educativas y de formación. La Comisión toma nota de la información proporcionada sobre los resultados de los programas educativos y de formación llevados a cabo en el marco, entre otros, de la Estrategia sobre la educación superior 2014-2019, los programas sobre educación secundaria y superior, las iniciativas en materia de formación para la industria y la MPTT. El Gobierno también se refiere al programa de «reinicialización», que ha hecho aumentar el número de matriculaciones en diversas formaciones, y a la creación de tres escuelas superiores de tecnologías de la información y las comunicaciones. Business Nueva Zelandia considera que para conseguir que las iniciativas sean lo suficientemente eficaces es necesario mejorar la conectividad, la integración y la cooperación. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluidas estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto que tienen las medidas educativas y de formación en el logro de empleos duraderos por parte de los jóvenes y otras personas vulnerables a los déficits de trabajo decente. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione más información sobre la coordinación de las políticas educativas y de formación con posibles oportunidades de empleo, y sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales a este respecto.

Productividad en el lugar de trabajo y emprendimiento. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Productividad continúa examinando cuestiones relacionadas con la productividad en el sector servicios. Además, la BGA lleva a cabo acciones e iniciativas para ayudar a los negocios a tener éxito, crecer y crear empleo. El NZCTU indica que Nueva Zelandia tiene una baja productividad en relación con otros países de la OCDE y considera que el Gobierno no ha conseguido hacer aumentar la productividad de Nueva Zelandia. El Gobierno proporciona información sobre diversas medidas adoptadas para crear empleo a través de la promoción de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La primera de estas medidas es la adopción de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de 2015, cuyo objetivo es evitar que los costos de gestionar los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores sean desproporcionadamente más elevados, lo que el Gobierno considera que limitaría el potencial de las pymes de crear trabajo decente. El Gobierno considera que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de los lugares de trabajo es importante para la productividad. Además, el Gobierno indica que la Ley de Relaciones de Empleo, que entró en vigor en marzo de 2015, y otras iniciativas se han adoptado para potenciar el empleo apoyando las pymes. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los resultados relativos al aumento de la productividad de los lugares de trabajo en materia de generación de empleo. También pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para crear empleo a través de la promoción de las pequeñas y medianas empresas.

Perú

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 14 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe su respuesta al respecto.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación de políticas de readaptación profesional y empleo para las personas con discapacidad. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno reitera en su memoria la inclusión de la cuota mínima del 5 por ciento de trabajadores con discapacidad en el sector público y del 3 por ciento en empresas del sector privado que cuentan con más de 50 trabajadores, así como la bonificación del 15 por ciento sobre su puntuación final en los procesos de evaluación de concursos públicos con miras a promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el impacto de las citadas medidas. En particular, el Gobierno indica que, según información estadística remitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en abril de 2017 habían 1 367 servidores públicos con discapacidad declarados en la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, lo que representa un 0,1 por ciento del total de trabajadores públicos. El Gobierno añade que tan sólo 34 unidades del sector público cumplen la cuota de contratación del 5 por ciento de personas con discapacidad, las cuales son fundamentalmente municipalidades con un reducido número de trabajadores. El Gobierno indica que ante las dificultades encontradas por las entidades públicas en el cumplimiento de la señalada cuota de empleo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en coordinación con SERVIR, viene trabajando en la elaboración de una propuesta de modificación del reglamento de la ley núm. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el objetivo de establecer de forma clara y precisa el procedimiento que deben seguir las instituciones estatales para el cumplimiento de dicha cuota. En este sentido, el proyecto prevé el establecimiento de mecanismos de difusión de las convocatorias, la gestión de una bolsa de empleo y el desarrollo de una base de datos de personas con discapacidad donde se especifique su formación académica, conocimientos y experiencia. La Comisión toma nota, sin embargo, de que en sus observaciones la CATP destaca la falta de recursos suficientes y de acciones de inspección que permitan garantizar el cumplimiento de las cuotas obligatorias establecidas en la ley núm. 29973. Al respecto, la CATP indica que la transferencia de la competencia de fiscalización del sector público del Sistema Inspectivo del Trabajo al SERVIR ha reducido la capacidad de inspección, ya que el SERVIR no dispone de información precisa, centraliza y actualizada que permita evaluar de manera permanente el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector público. Además, la CATP indica que la mayoría de las personas con discapacidad en el Perú tienen un escaso nivel educativo, una alta tasa de inactividad y la mayoría trabajan en el sector de la economía informal. Observa que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad (12,1 por ciento) es cerca de cuatro veces más alta que la del total de la población (3,7 por ciento), y que ocho de cada diez empresas no contratan personas con discapacidad. La CATP afirma que tales factores se deben a las insuficientes y discontinuas evaluaciones de las políticas adoptadas para promover el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. En relación con los servicios de readaptación y rehabilitación profesional para personas con discapacidad establecidos en virtud de la ley núm. 29973, la CATP indica que, según información del CONADIS, tan sólo el 61 por ciento de las personas con discapacidad tienen acceso a tales servicios. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre el estado en el que se encuentra la adopción de la propuesta de modificación del reglamento de la ley núm. 29973 prevista con miras a facilitar el cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el sector público. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad mental o intelectual, en el mercado abierto de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Asimismo, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione resúmenes de estudios o de evaluaciones sobre las políticas y los programas de rehabilitación y de empleo destinados a las personas con discapacidad así como otros indicadores actualizados de los resultados alcanzados por las medidas legislativas y las políticas adoptadas a favor de las personas con discapacidad.

Artículo 5.  Consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. La CATP indica en sus observaciones que los mecanismos de consulta establecidos en la ley núm. 29973, no garantizan una adecuada consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, ya que las consultas se realizan únicamente a través del CONADIS. En este sentido, la CATP afirma que el CONADIS representa a un número muy limitado de trabajadores con discapacidad. Igualmente considera insuficiente la prepublicación en formatos accesibles, en la página web de cada entidad, de las propuestas normativas en materia de cuota de empleo y ajustes razonables para las personas con discapacidad en el ámbito privado, así como la celebración de talleres con la finalidad de que los interesados pueden realizar sus aportes y observaciones. La CATP afirma que estos procedimientos no permiten conocer las necesidades de las personas con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre la manera en que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores así como las organizaciones representativas de personas con discapacidad son consultadas sobre la aplicación y revisión periódica de la política nacional para la readaptación profesional de las personas con discapacidad.

Artículo 8.  Servicios en las zonas rurales y comunidades apartadas. La Comisión ha venido solicitando durante años al Gobierno que proporcione información sobre las medidas previstas para establecer y desarrollar servicios de rehabilitación profesional y de empleo para las personas con discapacidad en las zonas rurales y en las comunidades apartadas. La Comisión observa que el Gobierno continúa sin responder a dicha solicitud. La Comisión insta firmemente al Gobierno que envíe información al respecto.

Artículo 9.  Formación de personal cualificado. La Comisión ha venido solicitando durante años al Gobierno que comunique información sobre la formación de personal adecuado para ocuparse de la orientación profesional, la formación profesional, la colocación y el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión observa que el Gobierno continúa sin responder a dicha solicitud. La Comisión insta firmemente al Gobierno que envíe información al respecto.

[Se pide al Gobierno que envíe una memoria detallada en 2018.]

Santo Tomé y Príncipe

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1992)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional para la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad. En sus comentarios precedentes, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara el texto de la Ley de Base para las Personas con Discapacidad núm. 7/2012 e informara sobre las disposiciones del Código del Trabajo directamente vinculadas con la promoción del empleo. Al respecto, la Comisión toma nota con interés de la entrada en vigor de la Ley de Base para las Personas con Discapacidad núm. 7/2012. En particular, toma nota que su artículo 17 establece la obligación del Estado de, entre otras cosas, garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y elaborar medidas con todas las instituciones del Estado a todos los niveles para asegurar la igualdad de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad. Toma nota igualmente que el artículo 27 prevé que el Gobierno dará la prioridad al desarrollo de una política del empleo, formación profesional y seguro social para las personas con discapacidad. En virtud de dicha disposición, el órgano gubernamental encargado de implementar la política de empleo y de formación profesional para las personas con discapacidad, tiene la obligación, entre otras, de: i) desarrollar programas especiales con miras a fomentar el autoempleo; ii) implementar la Ley del Primer Empleo; iii) garantizar una formación profesional de calidad para las personas con discapacidad; iv) adaptar puestos de trabajo para las personas con discapacidad; v) proporcionar formación profesional a las personas con discapacidad en los centros de formación profesional, centros de rehabilitación profesional e instituciones similares y afines, y vi) garantizar la protección social obligatoria a todas las personas con discapacidad, según lo dispuesto en la Ley de Base de Protección Social. Asimismo, la Comisión nota que el segundo párrafo del artículo 27 establece un sistema de cuotas para el empleo de personas con discapacidad en el sector público y privado. El Gobierno indica que en los últimos años se han registrado avances gracias a la adopción de la ley núm. 7/2012, en particular en lo que atañe a la construcción de rampas de accesibilidad para las personas con discapacidad, ya que desde la entrada en vigor de dicha ley, todas las nuevas construcciones están obligadas a contar con las mismas. Asimismo, el Gobierno añade que las personas con discapacidad cuentan con una asociación propia mediante la cual pueden reivindicar sus derechos. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones concretas y detalladas sobre la aplicación de la Ley de Base para las Personas con Discapacidad núm. 7/2012, indicando el órgano gubernamental a cargo de la implementación de la política de empleo y de formación profesional para las personas con discapacidad, y el impacto de la Ley sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo. La Comisión también pide al Gobierno que comunique informaciones estadísticas sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad, desglosadas, de ser posible, por sexo, edad, tipo de discapacidad, sector económico y región. Por último, la Comisión pide al Gobierno que comunique copia de la política nacional de empleo cuando ésta haya sido adoptada.

Artículo 5.  Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que su memoria fue transmitida a las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, las cuales convinieron con el contenido. Sin embargo, el Gobierno no proporciona información adicional sobre las consultas con los interlocutores sociales requeridas por el artículo 5. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se ha consultado a los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de una política nacional para la readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad, así como de comunicar informaciones sobre las consultas llevadas a cabo con las organizaciones de y para las personas con discapacidad.

Artículo 7.  Servicios de empleo accesibles a las personas con discapacidad. En sus comentarios precedentes, la Comisión había solicitado al Gobierno que proporcionara información en relación con los servicios de empleo, de orientación y formación profesionales destinados a permitir que las personas con discapacidad puedan tener acceso al empleo y progresar en el mismo. El Gobierno indica que tanto la Constitución como la ley núm. 7/2012 obligan a todos los establecimientos educativos a proporcionar educación a las personas con discapacidad. En lo que se refiere a los centros de formación profesional existentes en el país, el Gobierno añade que todos disponen de estructuras propias y que los utilizadores de dichos servicios reciben, sin discriminación alguna, readaptación profesional. La Comisión pide al Gobierno que brinde información detallada sobre el número y la distribución geográfica en el país de los servicios de empleo disponibles para las personas con discapacidad, así como los resultados de las medidas de orientación y formación profesional que han sido adoptadas con el fin de que las personas con discapacidad puedan tener acceso al empleo y progresar en el mismo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones estadísticas al respecto, de ser posible desglosadas por sexo y edad.

Artículo 8.  Acceso a los servicios en zonas rurales y comunidades remotas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona informaciones al respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre los servicios de empleo y de orientación y formación profesional ofrecidos a las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.

Artículo 9.  Formación del personal calificado. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona informaciones al respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para asegurar la disponibilidad del personal cualificado en materia de readaptación profesional.

Sierra Leona

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2009. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Asistencia técnica de la OIT. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno contenida en una memoria recibida en junio de 2004 en la que se afirma que la legislación sobre servicios de empleo se encontraba para su discusión en la agenda de la Comisión Consultiva Conjunta. El Gobierno tenía el propósito de dar un nuevo mandato a los servicios de empleo para que se transformaran en dinámicos centros de información sobre el mercado de trabajo. Los nuevos servicios de empleo debían cubrir no sólo los centros urbanos sino también las áreas rurales y asegurar la información, planificación y aplicación de las políticas de empleo en todo el país. El Gobierno también declaró que para alcanzar sus propósitos se requería la asistencia técnica de la OIT. La Comisión acogió con beneplácito que el Gobierno se propusiera también reforzar los servicios de empleo. Además, la Comisión recordó que la Oficina apoyó programas para generar oportunidades de empleo reforzando los servicios de empleo para los jóvenes. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de describir en su próxima memoria la manera en que las reformas del servicio del empleo han contribuido a asegurar su función esencial que es la de «lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema de empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1 del Convenio), en cooperación con los interlocutores sociales (artículos 4 y 5 del Convenio). En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que facilite las informaciones estadísticas que hayan podido recabarse acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Uganda

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1967)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre los resultados alcanzados y las dificultades encontradas en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la política del empleo establecidos en su Política Nacional del Empleo (NEP). La Comisión toma nota de la información detallada contenida en la evaluación de la aplicación de la NEP llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico. Según las conclusiones de la evaluación, la agenda general para el desarrollo aborda los retos más acuciantes para el empleo, aunque no se trasladan efectivamente en una estrategia coherente de aplicación debido a una coordinación inadecuada en todos los sectores gubernamentales, la información insuficiente acerca del mercado de trabajo, objetivos políticos divergentes y un enfoque más favorable en las prioridades a corto plazo en detrimento de un progreso sostenible a largo plazo. Además, el Consejo Nacional del Empleo, órgano gubernamental responsable de la coordinación, orientación, racionalización y seguimiento de los esfuerzos destinados a la aplicación de la NEP, aún no se ha establecido. La Comisión toma nota de que en los últimos años se ha registrado un aumento modesto del empleo total y una expansión de las actividades de escasa productividad, tales como la agricultura de subsistencia y el comercio de menor cuantía. En este sentido, la Comisión observa que el porcentaje de trabajadores del sector formal e informal ocupado en actividades agrícolas de baja productividad cifrado en un 69 por ciento en 2009 se incrementó a un 72 por ciento en 2012-2013. Además, según la Oficina de Estadísticas de Uganda (UBOS), la tasa de desempleo con arreglo a la definición recientemente revisada (que incluye a los agricultores de subsistencia entre las personas desempleadas) fue del 9,4 por ciento en 2012-2013, mientras que la tasa de subempleo durante el mismo período fue del 8,9 por ciento, un nivel particularmente frecuente en el sector agrícola. Además, mientras que el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de la pobreza disminuyó de 24,3 por ciento en 2009-2010 a un 19,7 por ciento en 2012-2013, siguen persistiendo disparidades considerables en los niveles de pobreza en todas las regiones, y entre las regiones rurales y urbanas, informándose que los niveles más elevados de pobreza se observan en Uganda septentrional (44 por ciento). La Comisión toma nota de la adopción del segundo Plan Nacional de Desarrollo 2015/2016-2019/2020 (NDPII) en junio de 2015, cuyo principal objetivo es «fortalecer la competitividad del país para la creación sostenible de riqueza, empleo y crecimiento inclusivo». La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados alcanzados y las dificultades encontradas en lo que respecta a alcanzar los objetivos de la política del empleo establecidos en el segundo Plan Nacional de Desarrollo (NDPII), incluyendo resultados de los programas establecidos para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, atender las necesidades de la mano de obra y resolver los problemas de desempleo y subempleo. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe facilitando información actualizada incluyendo datos estadísticos desglosados por sector económico, sexo y edad, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, el desempleo y subempleo en todo el país y en las diferentes regiones.

Promoción del empleo juvenil. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que transmitiera información sobre los resultados de los programas en materia de educación y formación profesionales para los jóvenes, así como sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación de empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que, según el NDPII, los jóvenes constituyen el 21,3 por ciento de la población total y el 57 por ciento de la fuerza de trabajo. Según datos de la UBOS, el número de jóvenes en el empleo aumentó de 63,1 por ciento en 2013 al 64,5 por ciento en 2015; además, la tasa de desempleo de los jóvenes también se incrementó de 9,7 por ciento en 2013 a 14,7 por ciento en 2015. Además, la amplia mayoría de los jóvenes trabajadores (92 por ciento) estaban ocupados en el empleo informal en 2015. La Comisión toma nota de que, en respuesta a las altas tasas de desempleo y pobreza entre los jóvenes, en diciembre de 2016, el Gobierno puso en marcha el programa relativo a los medios de subsistencia de los jóvenes (YLP) auspiciado por el Ministerio de Trabajo, Género y Desarrollo Social (MLGSD) y con la participación de las principales partes interesadas. En el marco del YLP se imparte a los jóvenes formación para mejorar sus competencias profesionales y se les conceden préstamos sin intereses para que puedan trabajar por cuenta propia. En relación con la educación de la fuerza de trabajo, la Comisión toma nota de que la encuesta sobre la transición del ámbito escolar al mundo laboral (SWTS-2015), elaborada por la OIT, muestra que el 68 por ciento de los jóvenes ugandeses que están fuera de la escuela sólo completaron la educación primaria, mientras que únicamente el 3,4 por ciento completó la educación terciaria. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción de la Política Nacional de Educación para Adultos 2014 y del Plan de acción (2011/2012-2015/2016) que tienen la finalidad de orientar la prestación y coordinación de los servicios para la enseñanza de adultos. Además, durante el período 2009-2013, la inscripción en cursos de formación y enseñanza profesional, técnica y administración empresarial (BTVET) aumentó al 73 por ciento (66 por ciento de hombres y 34 por ciento de mujeres). La inscripción en el nivel de educación superior se incrementó al 18 por ciento, con un considerable aumento en la matriculación de las jóvenes. No obstante, según las conclusiones de la SWTS-2015, los niveles de desempleo de los jóvenes con niveles de educación terciaria son superiores (12 por ciento) a la media nacional. A pesar de la adopción del plan estratégico BTVET 2011-2020 en 2011, las dificultades persistentes destacadas por el NDPII en el ámbito de la educación y la formación profesionales incluyen: la falta de competencias adecuadas para apoyar el proceso de producción y expansión cada vez mayor; la escasa preparación para el trabajo de muchos de los jóvenes que dejan la educación formal e ingresan en el mercado de trabajo; la vinculación insuficiente entre empleadores y la enseñanza en el lugar de trabajo y el analfabetismo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la manera en que la aplicación del programa relativo a los medios de subsistencia de los jóvenes (YLP) y otros programas que imparten educación y formación profesionales para los jóvenes han promovido el acceso de los jóvenes a un pleno empleo, productivo y libremente elegido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas previstas o adoptadas para reducir la tasa de desempleo de los jóvenes, especialmente aquéllos con niveles elevados de educación, y reducir el porcentaje de jóvenes en el empleo informal.

Promoción del empleo de las mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre las medidas adoptadas para mejorar la creación de empleo y aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. El Gobierno informa que, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Uganda (UNHS), de 2012-2013, el 45 por ciento del total de la población empleada estaba formado por mujeres, pero sólo el 39,1 por ciento en un empleo remunerado. El NDPII indica que se han observado mejoras en relación con el número de mujeres en cargos de liderazgo político, y con la paridad de género en la inscripción de varones y niñas a nivel de enseñanza primaria, así como el incremento del número de mujeres propietarias de tierras. La Comisión también toma nota de que la priorización de la igualdad de género que figura en la Declaración de la Visión de Uganda para 2020 es un importante factor transversal de la transformación socioeconómica y la aplicación del Programa Empresarial para las Mujeres de Uganda (UWEP) auspiciado por el MLGSD, con el objetivo de contribuir a la creación del empleo por cuenta propia y la prosperidad de los hogares a través de actividades tales como la movilización y sensibilización de las comunidades, la formación y el desarrollo de la capacidad, y el acceso al crédito, así como a las tecnologías y mercados apropiados. No obstante, la Comisión toma nota de que a pesar de los progresos realizados, persisten las condiciones determinantes de las disparidades de género en el acceso y control de los recursos productivos tales como la tierra (sólo el 27 por ciento de las tierras registradas son propiedad de mujeres); la participación limitada de las mujeres en el empleo remunerado en el sector no agrícola; y las tasas de analfabetismo superior de la mano de obra femenina en relación con la mano de obra masculina (27,6 por ciento de mujeres y 12,3 por ciento de hombres carecen de educación formal). Al recordar los comentarios de la Comisión sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), en relación con la segregación profesional de la mujer en el mercado de trabajo y su contribución a las diferencias salariales por motivos de género, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir la persistencia de la segregación profesional por motivos de sexo (tanto la segregación vertical como la horizontal) y aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo formal.

Economía informal. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar el acceso a la justicia, los derechos de propiedad, los derechos laborales, y los derechos empresariales a los trabajadores y empresas pertenecientes a la economía informal, y que indique la forma en que las iniciativas del Gobierno relativas a las microempresas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal. La Comisión toma nota de la importancia cada vez mayor de la economía informal, que absorbe a cuatro de cada cinco personas que ingresan al mercado de trabajo. Según datos de la SWTS-2015, el 92 por ciento de los jóvenes trabajadores está ocupado en el empleo informal (93 por ciento de mujeres y 91 por ciento de hombres). La tasa de empleo informal en las regiones rurales es superior (94 por ciento) al de las regiones urbanas (87 por ciento). Además, el Gobierno indica que la economía informal se caracteriza por violaciones generalizadas del derecho laboral y déficits de trabajo decente. En particular, los trabajadores del sector informal están excluidos de la protección de la seguridad social y existen importantes carencias en términos de diálogo social. La Comisión toma nota de que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), funcionan de manera informal. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción, en consulta con las partes interesadas, de la política de las MIPYME en junio de 2015, destinada a facilitar a dichas empresas oportunidades para incrementar sus competencias a través de la mejora de las competencias laborales y la certificación, y las alienta a formalizar sus operaciones para disfrutar de una mayor legitimidad mediante una protección oficial. Al tomar nota de que una proporción cada vez mayor de la fuerza de trabajo está empleada en la economía informal, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la justicia, los derechos de propiedad, los derechos laborales, y los derechos empresariales a los trabajadores y las empresas pertenecientes a la economía informal (véase Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, párrafo 697). Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique la forma en la que las iniciativas en relación con las micro, pequeñas y medianas empresas han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal, especialmente para los jóvenes.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el NDPII fue desarrollado en colaboración con las partes interesadas, incluyendo ministerios, gobiernos locales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Además, en el NDPII se hace hincapié en que el Gobierno debería ser totalmente responsable de su aplicación con la participación de otros actores, incluidos, el sector privado, los asociados para el desarrollo, la sociedad civil y otros actores no estatales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la aplicación del segundo Plan Nacional de Desarrollo 2015/2016-2019/2020 (NDPII).

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 31 de agosto de 2016 y el 31 de agosto de 2017. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 12 de octubre de 2016 y el 18 de septiembre de 2017. Igualmente toma nota de las repuestas del Gobierno a las observaciones de los interlocutores sociales de 2016, recibidas el 11 de noviembre de 2016.

Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere a la creación de las divisiones de previsión social (DPS), que se articulan con los Centros de encuentro para la educación y el trabajo (CEET) para brindar atención en materia de trabajo, educación y seguridad social. Las DPS son entidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que prestan servicios integrales de información y orientación en materia laboral a personas con discapacidad, trabajadores migrantes, trabajadores no dependientes y solicitantes de la prestación por pérdida involuntaria del empleo. Asimismo, el Gobierno proporciona información sobre las actividades llevadas a cabo por los CEET entre 2014 y 2016 en cooperación con diferentes entidades del Estado. Al respecto, el Gobierno indica que entre enero y noviembre de 2014, los CEET brindaron asistencia a 72 269 trabajadores y trabajadoras, de los cuales 35 938 fueron registrados; 30 811 fueron incluidos en el área formativa y 1 874 fueron incluidos en el área laboral y socio productiva; y 3 646 postularon a oportunidades de trabajo. En 2015 se modificaron las competencias y funciones de los CEET con el objetivo de desarrollar la autoformación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras, y se brindó asistencia a 108 079 trabajadores. En 2016, 92 326 trabajadores fueron registrados, a los que se les otorgó orientación y formación por parte de los CEET, y se organizaron 3 120 trabajadores en 266 equipos promotores de autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Se elaboró además un Plan piloto de atención integral dirigido a los jóvenes y estudiantes con el objetivo de promover la participación activa de los jóvenes en el proceso social del trabajo. El Gobierno añade que entre 2015 y 2016, 205 079 trabajadores y trabajadoras cesantes fueron registrados y orientados para su inclusión al proceso social del trabajo. La Comisión toma nota de que la OIE y FEDECAMARAS sostienen en sus observaciones que los CEET continúan estando inoperativos. Por su parte, las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA señalan que el Gobierno no ha implementado el Sistema de registro de necesidades y oferta de empleo creado en virtud de la Ley de la Gran Misión Saber y Trabajo, de forma que no existe en la práctica un registro que permita diagnosticar e identificar la cantidad y características de los trabajadores desempleados. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada, incluyendo estadísticas desglosadas por sexo y edad, sobre el número de solicitudes de empleo recibidas, ofertas de empleo notificadas y colocaciones efectuadas por los centros de encuentro para la educación y el trabajo y las divisiones de previsión social. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para cubrir las necesidades de los jóvenes en materia de empleo y orientación profesional, incluidas aquellas adoptadas en el marco del Plan piloto de atención integral.

Artículos 4 y 5.  Cooperación con los interlocutores sociales. El Gobierno se refiere en su memoria al sistema de organización de las entidades de trabajo en la cadena productiva. No obstante, la Comisión observa que la información proporcionada por el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que el artículo 5 del Convenio prevé que la política general del servicio de empleo deberá fijarse previa consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La Comisión toma nota de que FEDECAMARAS y la OIE indican que el Gobierno continúa incumpliendo el citado artículo del Convenio y sostienen que FEDECAMARAS no ha sido consultada para la construcción e implantación de la política general del servicio de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione ejemplos concretos sobre las consultas previas celebradas con las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores para obtener su cooperación en la organización y el funcionamiento del servicio público del empleo.

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), así como de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 31 de agosto de 2017. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 18 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017. La Comisión toma nota además de que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia tomó nota con gran preocupación de que el Gobierno aún no había dado curso a sus conclusiones de 2016. La Comisión de la Conferencia tomó nota también de la falta de diálogo social en relación con una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. A la luz de la discusión, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: con asistencia técnica de la OIT y sin dilación, formule, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una política de empleo orientada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en un clima de diálogo exento de cualquier forma de intimidación; adopte medidas concretas para poner en práctica una política de empleo que estimule el crecimiento y el desarrollo económicos, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo; e institucionalice un debate tripartito, con la presencia de la OIT, para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables. Asimismo, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que presentara informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación en la práctica del Convenio; y dé seguimiento a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión acoge con beneplácito la aceptación por parte del Gobierno de una misión tripartita de alto nivel de la OIT, siguiendo la recomendación de la Comisión de la Conferencia de 2016. La Comisión confía en que la misión tripartita de alto nivel de la OIT examinará los progresos alcanzados para cumplir con las conclusiones de la Comisión de la Conferencia.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Medidas para responder a la crisis económica. La Comisión toma nota de que, en el marco de las discusiones sobre el caso de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2017, un representante gubernamental se refirió a la memoria presentada en 2016 e indicó que en la misma se habían presentado indicadores que dan cuenta de la existencia de una política de empleo sostenida. Al respecto, el Gobierno se refirió a la ejecución del segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación y de la Agenda Económica Bolivariana. La Comisión toma nota, por otra parte, de que el Gobierno destaca en su memoria que en octubre de 2016 se reforzaron las Misiones y Grandes Misiones en el marco de la adopción del Plan de socialismo en lo territorial 2016-2019. En particular, el Gobierno se refiere a la «Gran misión saber y trabajo», que fue creada con el objetivo de atender a las personas desempleadas que no reciben ningún tipo de ingreso y a las «Bases de misiones» que persiguen erradicar la pobreza extrema. Asimismo, se han continuado dictando decretos de inamovilidad laboral y se ha llevado a cabo un aumento anual del salario mínimo tomando como referencia el costo de la canasta básica. El Gobierno indica que, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, los agentes sociales han participado en mesas de trabajo con miras a diseñar medidas que generen estabilidad y empleo. La Comisión toma nota de que la CTASI señala en sus observaciones que el Gobierno continúa sin adoptar una política de empleo. La OIE y FEDECAMARAS sostienen una vez más que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo. Asimismo, las organizaciones de empleadores se refieren a información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una contracción del 10 por ciento del PIB y una inflación acumulada del 1 660 por ciento en 2017, de forma que se alcanzaría el período de recesión más largo en el país en veinte años y Venezuela tendría la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo. Añaden que, según la Encuesta de condiciones de vida (ENCOVI), el 93 por ciento de los hogares en 2016 no tenían ingresos suficientes para acceder a la canasta básica y un 82 por ciento de la población vivía en situación de pobreza. Indican que se desconocen las acciones estratégicas concretas de la Agenda Económica Bolivariana adoptadas por el Gobierno con miras a reforzar la protección al empleo. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA señalan que también se desconocen las medidas adoptadas en el marco del Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013 y de las misiones sociales en relación con la generación de empleo productivo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio, y sobre las consultas llevadas a cabo con los interlocutores sociales a este fin.

Tendencias del mercado laboral. La Comisión observa que, según la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad disminuyó del 64,8 por ciento en abril de 2015 al 62,7 por ciento en abril de 2016. La tasa de actividad masculina aumentó 0,4 puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres disminuyó 3,7 puntos porcentuales. En el mismo período, la tasa de inactividad aumentó del 35,2 por ciento al 37,3 por ciento, con un aumento significativo de la tasa de inactividad entre las mujeres (3,7 puntos porcentuales) en comparación con la de los hombres (0,4 puntos porcentuales). La tasa de población ocupada disminuyó del 93 por ciento al 92,7 por ciento, y la tasa de población desocupada aumentó del 7 por ciento al 7,3 por ciento (8,3 por ciento entre las mujeres y 6,7 entre los hombres). En sus observaciones, la CTASI reitera que las estadísticas de empleo utilizadas en la República Bolivariana de Venezuela no abordan la subocupación o el empleo precario, y destaca que la suma del desempleo abierto y de los ocupados con jornadas de quince horas o menos evidencia un déficit del mercado laboral en el país que llega al 11 por ciento. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA afirman que el Gobierno no facilita información detallada y desagregada sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo que permitan evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la política de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que brinde información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y edad, sobre la situación y las tendencias del mercado laboral en el país. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas tomadas para dar efecto al Convenio.

Régimen laboral transitorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la resolución núm. 9855, de 22 de julio de 2016, mediante la cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para el reimpulso del sector agroalimentario, que prevé la inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas en otras empresas (empresas requirentes) de dicho sector, distintas a las que generan la relación de trabajo originaria. La Comisión tomó nota asimismo de las observaciones de la OIE y FEDECAMARAS, en las que indicaban que eran las empresas requirentes (propiedad del Estado) y no el trabajador quienes disponen la movilización del trabajador hacia otra empresa, contrariamente a los principios del Convenio. La Comisión toma nota de que en junio de 2017, un representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia declaró que la resolución núm. 9855 había sido derogada. Asimismo, el Gobierno indica en su memoria que el señalado régimen ha quedado sin efecto, ya que la citada resolución preveía una vigencia de 180 días. La Comisión toma nota, sin embargo, de que las organizaciones de empleadores OIE y FEDECAMARAS señalan que no se conoce la derogatoria oficial de la resolución núm. 9855 y únicamente se ha dejado de aplicar temporalmente por el Gobierno. Sostienen, por lo tanto, que el Gobierno continúa infringiendo del principio del Convenio que requiere que los Estados Miembros deben desarrollar, de manera coordinada con los interlocutores sociales, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Ante la divergencia de posiciones, la Comisión solicita al Gobierno que indique la situación actual en la que se encuentra la aplicación de la resolución núm. 9855.

Empleo juvenil. El Gobierno se refiere en su memoria a la adopción de diversas medidas con miras a reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción en el mercado de trabajo. Al respecto, el Gobierno indica que en virtud de la Ley de Empleo para la Juventud Productiva se proporciona acompañamiento y recursos a los jóvenes para que lleven a cabo proyectos que permitan impulsar la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico del país. En 2017, se adoptó el plan chamba juvenil, que está dirigido a jóvenes de entre 19 y 35 años con el objetivo de incorporarlos al mercado de trabajo en aquellos sectores priorizados en la Agenda Económica Bolivariana. Este plan tiene como destinatarios fundamentalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad: jóvenes universitarios desocupados, jóvenes no escolarizados, madres solteras, jóvenes con cargas familiares y jóvenes en situación de calle. La primera fase del plan prevé la incorporación de 200 000 jóvenes al mercado laboral y se desarrollará en 172 centros de formación. El Gobierno indica además que la «Gran misión saber y trabajo» tiene entre sus principales objetivos la implementación de un plan especial de empleo productivo para los jóvenes. Por otra parte, el Gobierno indica que en 2016, 24 085 mujeres y 17 737 hombres fueron aprendices activos en el Programa nacional de aprendizaje (PNA). La tasa de ocupación de participantes del PNA aumentó del 1,88 por ciento en 2015 al 2,10 por ciento en 2016. El Gobierno añade que a través de la cooperación entre diversos entes del Estado y entidades de trabajo privadas, más de 40 000 jóvenes aprendices al año reciben capacitación y son incorporados al mercado laboral. En sus observaciones, la OIE y FEDECAMARAS sostienen que las cifras de empleo juvenil de la encuesta oficial de abril de 2016 no reflejan la gravedad de la situación. Indican que se ha producido una disminución significativa de la población económica activa y un aumento del desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años. Por su parte, las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA lamentan que el Gobierno oculte información sobre las tendencias del empleo juvenil. Además, sostienen que no se han adoptado medidas para minimizar el impacto del desempleo en los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, en particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información estadística detallada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que se han evaluado las necesidades de las pymes con el objetivo de mejorar su eficiencia productiva, se les ha otorgado asistencia técnica y financiación, y se han creado nuevos incentivos y mecanismos para favorecer el desarrollo del sector de la pequeña y media industria. El Gobierno se refiere además en su memoria a la adopción de medidas para promover el emprendimiento entre mujeres, entre otras, el programa «Soy Mujer» que otorga apoyo técnico, logístico y financiero a sus proyectos. La Comisión toma nota, sin embargo, que la OIE y FEDECAMARAS señalan en sus observaciones que se está produciendo un cierre cada vez más acelerado de empresas privadas, especialmente de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 80 por ciento del total. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas.

Artículo 3.  Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que en junio de 2017 se organizó, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, una reunión tripartita entre el Gobierno y los interlocutores sociales. No obstante, los miembros empleadores en la Comisión de la Conferencia manifestaron su negativa a participar en dicha reunión debido a la falta de equilibrio en la representatividad, ya que no todas las organizaciones de trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela presentes en la Conferencia habían sido convocadas a participar en la misma. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha celebrado reuniones con FEDECAMARAS y las organizaciones de trabajadores en 2017. Por su parte, la OIE y FEDECAMARAS indican que el Gobierno continúa incumpliendo con su obligación de consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores para formular la política de empleo, destacando que FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, lleva diecisiete años sin ser consultada por el Gobierno sobre la definición o coordinación de la política de empleo. FEDECAMARAS indica además que no ha sido convocada al Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), en el seno del cual se celebran consultas sobre áreas económicas estratégicas para el país. FEDECAMARAS solicita que el Gobierno proporcione las minutas de las reuniones del CNEP, en las que se hayan acordado la política de empleo, los incrementos salariales o cualquier otra medida estructural en relación al empleo. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA afirman que las organizaciones de trabajadores continúan sin ser consultadas para la formulación de las políticas y que el Gobierno continúa también sin tomar en consideración los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. La Comisión reitera nuevamente su solicitud al Gobierno de transmitir información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. Asimismo, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del CNEP relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 2 (Guyana, Malta); el Convenio núm. 88 (Australia, Belice, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Djibouti, República Dominicana, Guinea-Bissau, Líbano, Madagascar); el Convenio núm. 96 (Côte d'Ivoire, Libia, Luxemburgo, Malta); el Convenio núm. 122 (Albania, Argelia, Australia, Barbados, Belarús, Bélgica, Camboya, Camerún, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dinamarca: Groenlandia, Estonia, Fiji, Francia: Nueva Caledonia, Gabón, Georgia, Guinea, Honduras, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Marruecos, Mongolia, Montenegro, Noruega, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Papua Nueva Guinea, Reino Unido: Guernsey, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uzbekistán, Yemen); el Convenio núm. 159 (Afganistán, Côte d'Ivoire, Croacia, República Dominicana, España, Kirguistán, Líbano, Madagascar, Malawi, Malta, Mongolia, Países Bajos, San Marino, Uganda); el Convenio núm. 181 (Albania, Japón, Suriname).

Orientación y formación profesionales

Portugal

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículos 1 a 4 del Convenio. Formulación y aplicación de políticas y programas de orientación y formación profesional. La Comisión toma nota con interés del conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno con miras a ampliar la fuerza de trabajo y adaptarla a las exigencias del mercado de trabajo. Entre otras medidas, el Gobierno se refiere a la adopción, en octubre de 2013 del Programa transversal de formación para la activación del empleo y de las técnicas de búsqueda de empleo, que establece las actividades que deben aplicarse por el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) a fin de mejorar la empleabilidad de las personas sin empleo y ofrecerles apoyo en relación a su capacidad empresarial. La Comisión se refiere también al Programa de garantías para los jóvenes desde enero de 2014, que incluye estrategias y directrices coordinadas en relación a la orientación profesional, la formación profesional y el empleo para los jóvenes menores de 30 años que no participan en el empleo ni en la educación ni en la formación (jóvenes nini). El Programa incluye entre otros objetivos, el desarrollo de estructuras y sistemas de orientación profesional así como el fomento de la educación de la enseñanza y la formación en diversos niveles de calificación para mejorar las competencias laborales de los jóvenes. En marzo de 2014, se crearon 241 Centros de Calificación y Educación Profesional (CQEP) en diversas instituciones educativas a fin de tender puentes entre la educación, la formación y el empleo. Los CQEP proporcionan información y orientación personalizada a los jóvenes y adultos en materia de formación profesional, titulación con valor doble (educación y formación profesional) y oportunidades educativas afines. En 2015 se creó el Sistema de Previsión de las Necesidades de Capacidades (SANQ) con el fin de ofrecer un análisis exhaustivo de la oferta y demanda de competencias para definir las opciones de formación y actualizar la Base Nacional de Datos de Calificaciones. Sobre la base de los análisis citados, el SANQ de previsión elaboró un portal de calificaciones, que ofrece información a las diversas partes interesadas en relación con la formación profesional y otras oportunidades en materia de educación, así como en relación a sus perspectivas de empleo. El Gobierno añade que se aplicaron medidas para reducir el abandono escolar, incluidas las actividades de difusión sobre el sistema de enseñanza y formación profesional a fin de alentar la participación juvenil. En este sentido, la Comisión toma nota de que, según el Monitor de la Educación y la Formación de la Comisión Europea de 2015, Portugal ha reducido considerablemente su tasa de abandono escolar y ha mejorado sustancialmente la tasa de finalización de la educación terciaria. Ha seguido aumentando la matriculación en la enseñanza y formación profesionales y, durante el año académico 2014-2015 se puso en marcha una primera serie de cursos técnicos superiores de ciclo corto. En sus observaciones, la UGT señala que se redujo la inversión en lo que respecta a formación continua y readaptación profesional, así como el reconocimiento y la validación de las competencias adquiridas. Además, la UGT señala que se ha registrado un amplio incumplimiento por parte de los empleadores, que no respetan el derecho de los trabajadores a 35 horas anuales de formación profesional. La UGT añade que esto ha tenido una repercusión considerable debido al elevado número de adultos en el mercado de trabajo que no ha completado su enseñanza secundaria. La UGT indica asimismo que el IEFP carece de los recursos humanos necesarios para garantizar su funcionamiento adecuado. Por último, la CGTP-IN señala que los CQEP no funcionan como deberían porque no hay suficientes y tienen una escasa dotación de personal. La UGT añade que es preciso ofrecer servicios de formación profesional para quienes hayan conseguido un empleo a través de los servicios públicos de empleo, y a que fomenten el sistema de información estadística en relación con la formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información actualizada, incluyendo estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto de las políticas y los programas aplicados en relación a la orientación y formación profesionales.

Artículo 5.  Cooperación de los interlocutores sociales. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que las organizaciones de empleadores y de trabajadores participan en la Comisión Permanente de Diálogo Social del Consejo Económico y Social con respecto a la formulación de políticas y programas de orientación y formación profesionales. Además, los interlocutores sociales participan en la adopción de un plan estratégico de acción del IEFP y de los centros de formación profesional y empleo por medio de sus respectivos consejos consultivos a nivel regional y local. Por último, el Gobierno señala que los interlocutores sociales son miembros del comité de coordinación que se encarga de la aplicación y evaluación del Programa de garantías para los jóvenes. En sus observaciones, la CGTP-IN pide que vuelva a instaurarse el Consejo nacional de enseñanza y formación profesional, que era el organismo responsable de la formulación, coordinación y aplicación de las políticas y programas en materia de formación profesional. La CGTP-IN y la UGT señalan que se consulta a los interlocutores sociales dentro de los organismos citados, pero que éstos no tienen la capacidad de influir en las políticas y programas de orientación y formación profesional. La Comisión pide al Gobierno de proporcionar información más específicamente y detallada sobre el modo en el que se ha consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre la formulación, la aplicación y seguimiento de las políticas y programas de orientación y de formación profesional.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 140 (Eslovaquia, Montenegro, Países Bajos: Aruba, Federación de Rusia, San Marino); el Convenio núm. 142 (Guyana, India, Kirguistán, Líbano, Países Bajos: Aruba).

Seguridad del empleo

Australia

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 31 de agosto de 2016.

Artículo 2, 2), b), del Convenio. Exclusión de los trabajadores que efectúan un período de prueba en el empleo. El ACTU sigue manifestando su preocupación respecto de los límites de tiempo para la presentación de reclamaciones por despido improcedente y por terminación ilícita. También considera que el Código de Despido Justo para las Pequeñas Empresas, confiere menos protección contra el despido improcedente para los trabajadores de las pequeñas empresas — aquellos trabajadores en empresas que emplean a menos de 15 trabajadores — que contra el despido improcedente en virtud de la Ley sobre el Trabajo Justo (FWA), de 2009, dado que se requiere que los trabajadores de las pequeñas empresas completen un período de prueba de doce meses de empleo, mientras que otros trabajadores están sujetos sólo a un período de prueba de seis meses antes de tener derecho a una protección contra el despido improcedente. El ACTU también reitera su opinión de que la FWA prevé salvaguardias insuficientes contra el despido y las formas precarias de empleo. En respuesta a la solicitud anterior de la Comisión y a las observaciones del ACTU sobre la continua existencia de diferentes reglas para los trabajadores de las pequeñas empresas, el Gobierno indica que la Comisión de Trabajo Justo (FWC), siguió aplicando la FWA, para ampliar la protección contra el despido improcedente de los trabajadores temporales, en período de prueba y ocasionales, en algunos casos en los que se alegaba el despido improcedente. La Comisión toma nota de los dictámenes de la FWC, facilitados por el Gobierno, en los que se considera que los trabajadores ocasionales empleados con carácter regular y sistemático, han cumplido con el período mínimo de empleo y fueron reconocidos como personas protegidas, en el sentido de la FWA. Respondiendo a las observaciones del ACTU sobre el período de prueba de doce meses, en el caso de los trabajadores de las pequeñas empresas, el Gobierno indica que el informe de la Comisión de productividad sobre la investigación pública llevada a cabo en 2014, se presentó en 2015. El informe evaluó el desempeño del marco de relaciones en el lugar de trabajo — incluida la FWA — y realizó recomendaciones sobre las mejoras a realizar. El Gobierno indica que es necesario mantener el requisito de un período de prueba de doce meses antes de que los trabajadores de las pequeñas empresas puedan ser protegidos en virtud de las leyes sobre despido improcedente, a efectos de equilibrar las necesidades de protección de los trabajadores de las pequeñas empresas respecto del despido improcedente frente a las dificultades de dotación de recursos que afrontan las pequeñas empresas, lo que les exige examinar y verificar el desempeño de los nuevos trabajadores en un período largo de tiempo. Añade que, dado que las pequeñas empresas emplean con frecuencia a trabajadores que se encuentran en los márgenes del mercado laboral — que pueden ser especialmente vulnerables a una protección más estricta del empleo —, la extensión del período de prueba para tales empresas constituye un «nivel normativo», a través del cual pueden reducirse las cargas del cumplimiento, sin reducir sustancialmente el cumplimiento. En cambio, el ACTU considera que este período de prueba más largo tiene el efecto de excluir a un número sustancial de trabajadores de la protección frente al despido improcedente. Destaca que, de los 11,98 millones de trabajadores empleados por pequeñas empresas, en mayo de 2016, 2,3 millones lo fueron con su empleador actual durante menos de doce meses, de los cuales un porcentaje significativo estaba representado por trabajadores poco calificados y por personas de otros grupos vulnerables, como los trabajadores jóvenes (edades entre 15 y 34 años). La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Productividad relativas a la aplicación del Convenio. Solicita asimismo al Gobierno que comunique estadísticas desglosadas por sector económico sobre el número de trabajadores empleados por pequeñas empresas despedidos después de haber completado seis y doce meses de empleo, respectivamente, así como el número de trabajadores empleados por grandes empresas despedidos después de haber completado seis y doce meses de empleo.

Artículo 2, 3).  Garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo de duración determinada. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a su solicitud anterior, en la que abordaba las preocupaciones del ACTU acerca del recurso a formas precarias de empleo, como medio de evitar la protección derivada del Convenio. El Gobierno indica que, cuando un contrato de trabajo es de duración determinada, para realizar una determinada tarea o por la duración de una temporada específica, y el empleo haya terminado al final de la tarea, estación o período determinado, no se aplica la protección al despido improcedente. Añade que, si la terminación tiene lugar antes del final de la tarea, estación o período determinado, el empleado puede aún tener acceso a recursos contra el despido improcedente, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos pertinentes, como completar el período mínimo de prueba en el empleo (seis meses para los trabajadores de empresas más grandes y doce meses para las pequeñas empresas). El Gobierno indica que, además, el artículo 123, 2), de la FWA dispone que no se aplicarán exclusiones a los trabajadores que tengan ostensiblemente un contrato de duración determinada, si una razón sustancial para emplearlos con tal contrato o serie de contratos es evitar el preaviso de terminación y los derechos por despido. En tales circunstancias, se considerará que los trabajadores se sitúan en el campo de aplicación de la legislación sobre despido improcedente (Hope contra Rail Corporation New South Wales [2014] FWC 42 (3 de enero de 2014)). Además el Gobierno indica que la FWA establece garantías contra los «arreglos de contratación simulada» (entendida como la tergiversación de la situación de una persona que se encuentra en una relación de trabajo como si fuera un contratista independiente), prohibiendo que un empleador despida o amenace con despedir a un trabajador para contratarlo como contratista independiente para realizar el mismo o sustancialmente el mismo trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas en todos los estados y territorios para asegurar el otorgamiento de garantías adecuadas contra el recurso a contratos de trabajo por un período de tiempo determinado, a efectos de evitar la protección conferida en virtud del Convenio. Pide asimismo al Gobierno que siga comunicando ejemplos de las decisiones adoptadas por la FWC u otros organismos pertinentes respecto de los contratos de trabajo por un período de tiempo determinado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camerún

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión General de Trabajadores del Camerún (UGTC), recibidas el 17 de octubre de 2016, y de la respuesta del Gobierno de 15 de febrero de 2017. Toma nota asimismo de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Unidos de Camerún (CTUC), recibidas el 22 de noviembre de 2016. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 2 del Convenio. Categorías de trabajadores excluidos de la aplicación del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal se encuentran entre las categorías de trabajadores que tienen un estatus o régimen especial. El Gobierno añadió que estos trabajadores gozan de un régimen especial y no se consideran cubiertos por el Código del Trabajo de 1992. En consecuencia, la Comisión invitó al Gobierno a adoptar todas las medidas posibles para garantizar a los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal una protección adecuada en lo que respecta a la protección prevista en el Convenio. El Gobierno señala en su memoria que el Convenio se aplica de manera uniforme al Camerún y que ninguna categoría de trabajadores asalariados está excluida de su ámbito de aplicación. La Comisión pide al Gobierno que transmita copias de los textos legislativos aplicables a los trabajadores domésticos en relación con el Convenio. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite información detallada sobre la manera en la que se garantiza una protección adecuada a los trabajadores de la economía informal en lo que respecta a la protección prevista en el Convenio.

Artículo 8.  Procedimiento de recurso. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTUC, que estima que los despidos de los trabajadores de algunas empresas no se ajustan a los procedimientos establecidos en la legislación nacional, dado que no se solicitó ni se otorgó la autorización del inspector del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones de la CTUC en relación con el despido de los trabajadores.

Artículo 11.  Preaviso. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTUC, según las cuales, en la práctica, los empleadores proceden a realizar despidos sin respetar la obligación de preaviso instituida por el artículo 34, 1), del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a las preocupaciones expresadas por la CTUC. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las observaciones de la CTUC, indicando la manera en que se garantiza que los trabajadores reciban un preaviso de despido razonable.

Artículo 12, párrafo 3.  Definición de falta grave. La Comisión tomó nota anteriormente de que la falta grave no se define en el Código del Trabajo sino en la jurisprudencia. La Comisión toma nota de las observaciones de la CTUC, en las que se señala que, en la práctica nacional, el empleador define unilateralmente la gravedad de la falta, aun cuando según la legislación del país esta tarea corresponde únicamente al juez. La Comisión añade que algunas empresas han recurrido a esta práctica. La CTUC invita por tanto al Gobierno a revisar el Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones de la CTUC clarificando la cuestión de la definición de falta grave. Reitera asimismo su petición al Gobierno de que transmita las decisiones judiciales que permitan examinar la aplicación del artículo 12, párrafo 3, del Convenio.

Artículos 12, 13 y 14.  Indemnización por fin de servicios. Consulta de los representantes de los trabajadores. Despidos por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que señalara si los trabajadores despedidos percibieron sus indemnizaciones por fin de servicios y que informara sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, en el sentido de lo previsto en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166). El Gobierno señala en su memoria que el artículo 40 del Código del Trabajo de 1992 proporciona indicios a este respecto. La Comisión toma nota también de que el artículo 40, 3), del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de reunir a los delegados de personal y al inspector de trabajo para tratar de evitar un despido por motivos económicos. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 40, 9), del Código del Trabajo establece que, en condiciones de igualdad de competencias profesionales, el trabajador despedido tiene prioridad de recontratación durante dos años en la misma empresa. En relación a la consulta a los representantes de los trabajadores en caso de despido económico, el Gobierno señala que la orden núm. 22/MTPS/SG/CJ, por la que se fijan las modalidades de despido por motivos económicos, da cumplimiento al párrafo 1 del artículo 13 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de una comunicación de la UGTC en la cual el sindicato señalaba el despido por la Caja Nacional de Previsión Social (CNPS), de algunos jóvenes sin notificación previa de la carta de despido y sin recibir las indemnizaciones por daños y perjuicios que les correspondían. En sus observaciones de 2016, la UGTC señala que la situación de los trabajadores despedidos de la CNPS no ha cambiado y que se han recrudecido los despidos de los trabajadores, en particular en algunas empresas locales. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión reitera su petición al Gobierno para que señale en su próxima memoria si los trabajadores despedidos de la CNPS, así como los de las empresas mencionadas en las observaciones de la UGTC, percibieron sus indemnizaciones por el fin de sus servicios. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique a la Oficina una copia de la orden núm. 22/MTPS/SG/CJ en la que se fijan las modalidades de despido por motivos económicos. Adicionalmente, la Comisión pide al Gobierno que siga facilitando informaciones sobre todas las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, en el sentido de lo previsto en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación núm. 166.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita estadísticas relativas a las actividades de los organismos de recurso y el número de despidos por motivos de orden económico. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones actualizadas sobre la aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores relativos a los motivos válidos e inválidos de despido y al procedimiento de defensa previo al despido, la Comisión pide al Gobierno que permita examinar la aplicación de los artículos 4, 5 y 7 del Convenio.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

República Democrática del Congo

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1987)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Comentarios de la Central Congolesa del Trabajo (CCT). Despidos improcedentes e irregulares. La CCT manifiesta su preocupación por el conflicto colectivo de trabajo que derivó en un despido masivo, abusivo e irregular de unos 40 trabajadores de una empresa privada multinacional francesa, una situación que las autoridades públicas dejaron que se deteriorase en detrimento de las disposiciones del Convenio. La CCT también señala, en este contexto, la violación intencional por parte del empleador de las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, en particular, los que conciernen al empleo y las relaciones laborales. La Comisión toma nota de que la CCT solicitó que las autoridades, garanticen, por una parte, la reintegración de los trabajadores que han sido objeto de un despido improcedente e irregular y, por otra, que apliquen las disposiciones del Convenio que se refieren al derecho a indemnización por cese y a los despidos colectivos. La Comisión invita al Gobierno a presentar sus propios comentarios en relación con las observaciones de la CCT. Espera que el Gobierno estará en condiciones de señalar si los despidos citados han demostrado estar fundados en causas justificadas (artículo 4 del Convenio) y si los trabajadores despedidos han podido acogerse a su derecho a una indemnización por fin de servicios (artículo 12). La Comisión pide al Gobierno que suministre también informaciones sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, tales como las que se han previsto en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166). La Comisión recuerda que la OIT puede prestar su asistencia para promover la Declaración de principios tripartitos sobre las empresas multinacionales y la política social.

En respuesta a la solicitud anterior, el Gobierno ha proporcionado las disposiciones pertinentes de la Ley núm. 13/005, de 15 de enero de 2013, relativa al Estatuto Militar de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (artículo 2, párrafo 4, del Convenio). La Comisión invita nuevamente al Gobierno a suministrar una memoria contentiva de informaciones sobre el accionar de la inspección del trabajo y de las decisiones de los tribunales sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación de los artículos 4, 5 y 7 del Convenio. Sírvase indicar el número de recursos interpuestos por despido injustificado, el resultado de dichos recursos, la naturaleza de la reparación concedida y el promedio de tiempo empleado para el pronunciamiento de las sentencias correspondientes (partes IV y V del formulario de memoria).

Artículo 7. Procedimiento previo a la terminación del trabajo o colocación de ésta. El Gobierno proporciona el texto del convenio colectivo interprofesional nacional, de diciembre de 2005, que no parece haber previsto la posibilidad de un procedimiento particular previo a la terminación de la relación de trabajo o en el momento de producirse ésta, tal como exige el Convenio. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a transmitir el texto de los convenios colectivos que prevén dicha posibilidad y a informar, en su próxima memoria, sobre la forma en la que se garantiza la aplicación de esta disposición del Convenio a los trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos.

Artículo 12. Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de los ingresos. El Gobierno señala en su memoria que el artículo 63 del Código del Trabajo de 2002 protege el empleo y recomienda la readmisión en caso de rescisión abusiva del contrato de trabajo. Si no se concediera dicha readmisión, el Tribunal de Trabajo fijará una indemnización en concepto de daños y perjuicios. La Comisión subraya que este modo de resarcimiento por despido injustificado o la concesión de una indemnización por daños y perjuicios por parte de un tribunal es más bien el resultado de la aplicación del artículo 10 del Convenio que establece el pago de una indemnización adecuada o de otra reparación que se considere apropiada. La indemnización por terminación de la relación de trabajo, que es una de las formas de protección de los ingresos, debe distinguirse de la cuantía por daños y perjuicios en caso de despido injustificado. En virtud del artículo 12 del presente Convenio, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se haya dado por terminada tiene derecho: a una indemnización por fin de servicios o a otras prestaciones análogas; o, a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desempleados o de otras formas de seguridad social; o, a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores y toma nota de que el Código del Trabajo no precisa el monto de la indemnización por terminación de servicios que deberá abonarse a los trabajadores de conformidad con el artículo 12 del Convenio. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a informar sobre cómo ha dado cumplimiento al artículo 12 del Convenio.

Artículos 13 y 14. Terminación de la relación de trabajo por motivos económicos o similares. El Gobierno señala que el Ministro de Empleo, de Trabajo y de Previsión Social ha firmado 15 órdenes ministeriales autorizando el despido colectivo por razones económicas o similares, lo que ha afectado a 701 trabajadores entre 2012 y 2013. La Comisión invita al Gobierno a precisar si los trabajadores despedidos tienen derecho a indemnizaciones por fin de servicios (artículo 12). La Comisión espera que el Gobierno esté también en disposición de suministrar información sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, tal como se prevé en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 2000)

Artículo 1 del Convenio. Durante algunos años, la Comisión ha pedido información sobre la revisión en curso del proyecto de ley de relaciones laborales que, según la memoria del Gobierno de 2013, incluye disposiciones sobre la terminación de la relación de trabajo con el objetivo de dar efecto al Convenio. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que el proyecto de ley de relaciones laborales sigue pendiente en el Departamento de Trabajo y Relaciones Laborales y está siendo objeto de consultas técnicas finales. El Gobierno añade que el comité técnico de trabajo del Departamento de Trabajo y Relaciones Laborales ha realizado diversas consultas con partes interesadas nacionales, tales como la Oficina del Procurador General, la Comisión de Reforma Constitucional y Jurídica, el Departamento de Gestión del Personal, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Planificación, Comercio e Industria, así como con asociados técnicos externos, incluida la OIT. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que la nueva ley da pleno efecto a las disposiciones del Convenio. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que tan pronto como se promulgue la ley transmita a la OIT un informe detallado y copia de la ley a fin de que la Comisión pueda examinar su conformidad con el Convenio.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Portugal

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) y la Unión General de Trabajadores (UGT) transmitidas por el Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

Evolución legislativa. En respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno informa que ciertas evoluciones legislativas menores en relación con la terminación de la relación del trabajo en la función pública tuvieron lugar durante este período. Al respecto, el Gobierno indica que la extinción del vínculo laboral de trabajadores del sector público se encuentra ahora prevista en los artículos 288 a 313 de la Ley General del Trabajo en la Función Pública (ley núm. 35/2014), la cual entró en vigor el 1.º de agosto de 2014. Sin embargo, el Gobierno indica que dicha modificación legislativa no dio lugar a ninguna reforma substancial. El Gobierno resalta, que el párrafo 1 del artículo 11 de la ley núm. 35/2014, el cual determina el régimen transitorio, prevé que el régimen disciplinario es inmediatamente aplicable a los actos cometidos, a los procesos iniciados y a las penas en curso de ejecución si a la fecha de entrada en vigor, dicho régimen se revela más favorable al trabajador y ofrece una mejor garantía de la protección de sus derechos de defensa y de audiencia. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información que permita evaluar el impacto de las reformas legislativas respecto del mantenimiento del empleo.

Artículo 2, 3), del Convenio. Garantías adecuadas en caso de recurso a contratos de trabajo de duración determinada. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información con respecto a la protección ofrecida a los trabajadores con contratos de duración determinada, y de indicar el número de trabajadores afectados por esa medida. En su memoria, el Gobierno se refiere a los documentos producidos por el Gabinete de estrategia y planteamiento del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad. Al respecto, la Comisión observa que el documento intitulado «Libro verde 2017» contiene estadísticas con respecto a los contratos de duración determinada, según las cuales se estima que en 2015, el 62,9 por ciento de prestaciones de seguro de desempleo (111 682 trabajadores) fueron otorgadas debido a la caducidad del término pactado. Asimismo, la Comisión observa según las informaciones recabadas de dicho documento, que las prestaciones de desempleo otorgadas a las personas con contrato de duración determinada están en aumento, ya que en 2009 éstas representaron el 46,2 por ciento del total de las prestaciones de desempleo, mientras que en 2015, éstas representaron el 62,9 por ciento de las mismas. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que asegura la protección ofrecida por el Convenio a los trabajadores que hayan concluido un contrato de trabajo de duración determinada, a efectos de evitar el recurso abusivo a los mismos, incluidas las decisiones judiciales pertinentes. Asimismo, pide al Gobierno que continúe transmitiendo información, incluidos datos sobre el número total de contratos de duración determinada en comparación con los contratos de duración indeterminada.

Artículo 2, 5).  Microempresas. La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información al respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del Convenio a las microempresas.

Artículo 4.  Justificación de la terminación. La Comisión había pedido al Gobierno que presentara ejemplos de la aplicación de las enmiendas legislativas de 2014 sobre la causa justificada de despido debido a la supresión de puestos de trabajo o despidos por inadaptación. Tanto la CGTP-IN como la UGT reiteran que, al anteponer los criterios de desempeño, calificaciones, y costes laborales por encima de los criterios de antigüedad y experiencia, la ley núm. 27/2014 no asegura la objetividad y permite la elección arbitraria de los trabajadores por el empleador, ya que éstos realizarían su elección en beneficio de la empresa. Además, manifiestan que dichos criterios no aseguran la estabilidad laboral, la prohibición del despido, salvo por causa justa, el principio de igualdad y de la no discriminación, debido a que los trabajadores con mayor antigüedad estarían afectados por dicha normativa. La Comisión nota que, de acuerdo con las estadísticas recabadas del «Libro verde de 2017», el despido por extinción del puesto de trabajo así como el despido por inadaptación han disminuido, y que en 2015 los mismos representaron el 8,7 y el 0,3 por ciento respectivamente de las prestaciones de seguro por desempleo. Asimismo, la Comisión toma nota de las decisiones judiciales comunicadas por el Gobierno relativas a la terminación de empleo por extinción de puesto; sin embargo, observa que dichas decisiones no ilustran los cambios legislativos introducidos por la ley núm. 27/2014. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria comunique copia de decisiones judiciales que ilustren la aplicación de los criterios dispuestos por la ley núm. 27/2014 por los tribunales.

Artículo 8.  Recurso de apelación. La Comisión nota que el Gobierno no proporciona informaciones en su memoria con respecto a las disposiciones legislativas que regulan la presentación de recursos por despido injustificado ni sobre la función que cumple la mediación y el arbitraje. La Comisión observa que la apreciación judicial del despido y el despido colectivo se encuentran regulados por los artículos 387 y 388 del Código del Trabajo. Asimismo, nota que el Código del Trabajo prevé la mediación y el arbitraje únicamente en los conflictos colectivos del trabajo resultantes de la celebración de un convenio colectivo (artículos 526 y siguientes del Código del Trabajo). La Comisión toma nota igualmente de las estadísticas recabadas en el «Libro verde de 2017», con respecto a los casos de despido resueltos por los tribunales en primera instancia. Al respecto, observa que en 2015, 5 529 reclamaciones de despido fueron resueltas en primera instancia, y que en 2013 la duración promedio para resolver las mismas por vía ordinaria fue de dieciséis meses. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación de las disposiciones legislativas relativas a la presentación de recursos por despido injustificado. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique si otros medios alternativos de resolución de conflicto son disponibles para las personas despedidas.

Artículo 10.  Indemnización adecuada por despido injustificado. La Comisión observa que el párrafo 2 del artículo 389 del Código del Trabajo dispone que, cuando el tribunal estima que un despido es injustificado, pero que la irregularidad observada es de orden estrictamente procedural, el trabajador es entonces acreedor de la mitad de las indemnizaciones previstas por la ley. La Comisión pide al Gobierno que comunique decisiones judiciales que ilustren la aplicación en la práctica del artículo 389, párrafo 2, del Código del Trabajo.

Artículo 12.  Indemnización por fin de servicios y otras medidas de protección de ingresos. La CGTP-IN reitera que la indemnización por cesación de contrato de trabajo fue drásticamente reducida, y que en el contexto económico actual caracterizado por una alta tasa de desempleo y reducción cuantitativa y temporal de las prestaciones por desempleo, dicha disminución viola el derecho de los trabajadores a una vida digna. Al respecto, la Comisión nota que el artículo 366, párrafo 1, tal que modificado por la ley núm. 69/2013, la cual es aplicable a casi todas las situaciones de cesación de empleo con derecho a indemnización, fija la indemnización por fin de servicios a doce días de salario de base y prestaciones por cada año completo de antigüedad. Asimismo, la Comisión toma nota de que en el caso de los contratos de duración indeterminada, los trabajadores tienen derecho a una compensación en los tres primeros años de dieciocho días de salario de base y prestaciones por cada año completo de antigüedad, y por los años subsecuentes de servicio, de doce días de salario de base y prestaciones. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la implementación de dicha disposición en la práctica, incluyendo el impacto de dicha modificación de la indemnización por fin de servicios en los trabajadores afectados, y que proporcione datos estadísticos, desglosados por edad y sexo, de los trabajadores afectados por la misma.

Suecia

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sueca de Profesionales (TCO), la Confederación Sueca de Sindicatos (LO) y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales (SACO), recibidas el 21 de septiembre de 2016.

Artículo 2, 3), del Convenio. Salvaguardias adecuadas frente al recurso a contratos de trabajo de duración determinada. La Comisión toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno sobre las enmiendas a la Ley de Protección del Empleo (EPA), que entraron en vigor el 1.º de mayo de 2016. Las enmiendas introducen salvaguardias adicionales frente al recurso a contratos de trabajo de duración determinada. Con arreglo a las enmiendas de 2016, el contrato de un trabajador que durante un período de cinco años ha tenido sucesivos contratos de duración determinada por un período de más de dos años se convertirá en un contrato de duración indefinida. Esta regla se aplica no sólo a los contratos de trabajo de duración determinada generales sino también a los contratos de trabajo sucesivos para remplazar a otro trabajador, así como a los contratos de empleo estacional. El Gobierno añade que las disposiciones de la EPA sobre la conversión de contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida no se aplican a los trabajadores de 67 años o más. La Comisión también toma nota de que con arreglo a las enmiendas a la EPA los trabajadores con contratos de duración determinada pueden solicitar al empleador información escrita que resulte pertinente para determinar si tienen derecho a la conversión de su contrato de duración determinada en un contrato indefinido. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la aplicación en la práctica de las enmiendas de 2016 a la Ley de Protección del Empleo (EPA) que establecen salvaguardias adicionales frente al recurso abusivo a contratos de duración determinada, incluida información sobre el número de trabajadores que se benefician de estas medidas.

Artículo 5, c).  Motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo. La Comisión toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la adopción de la Ley sobre la Protección Especial de los Trabajadores frente a las represalias por denunciar irregularidades graves, que entró en vigor el 1.º de enero de 2017. El Gobierno indica que, si bien los trabajadores con contratos permanentes ya disfrutan de mucha protección frente a los despidos injustificados, la ley amplía la protección frente a las represalias a los trabajadores cedidos por agencias de empleo que denuncian graves irregularidades en actividades de la empresa que los contrata. La ley permite que el trabajador que ha sido objeto de represalias por parte de su empleador por denunciar irregularidades pueda presentar una queja contra ese empleador por los daños sufridos. Cuando se denuncian irregularidades internas (en relación con la empresa en la que está empleado el trabajador) es suficiente que existan sospechas específicas de irregularidades para que se ofrezca protección frente a las represalias. Cuando las denuncias son sobre irregularidades externas (la información se proporciona para divulgación pública o a una autoridad pública) es necesario que el trabajador tenga una buena razón para presentar los alegatos. La protección que ofrece la ley frente a las represalias no es aplicable cuando un trabajador ha cometido una infracción penal al denunciar irregularidades. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las razones por la norma diferenciada de protección contra las represalias — incluyendo el despido — para trabajadores que han denunciado irregularidades internas en comparación con denuncias de irregularidades externas en virtud de la Ley de 2017 sobre la Protección Especial de los Trabajadores frente a las represalias por denunciar irregularidades graves. La Comisión solicita asimismo información sobre el número de quejas por despido injustificado por haber denunciado irregularidades, la carga de la prueba aplicable, y extractos de las decisiones judiciales pertinentes.

Artículo 12.  Indemnización por fin de servicios y otras protecciones de los ingresos. La Comisión toma nota de la adopción de enmiendas a la Ley del Seguro de Desempleo, que entraron en vigor el 1.º de septiembre de 2013. El Gobierno indica que las enmiendas amplían las condiciones generales para tener derecho a las prestaciones del seguro de desempleo (artículo 9), y que el período que da derecho a estas prestaciones en el caso de un trabajador suspendido de empleo por conducta impropia se ha reducido de sesenta a cuarenta y cinco días (artículo 43, b), 2)). La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la forma en la que se aplican en la práctica las enmiendas a la Ley del Seguro de Desempleo.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, según la Ley sobre Ciertas Medidas para Promover el Empleo, los empleadores tienen que notificar al servicio del empleo (Arbetsförmedlingen) los casos en los que han de reducir actividades en las que trabajan al menos cinco empleados en un condado. A este respecto, el Gobierno indica que, en la primera mitad de 2016, el servicio del empleo recibió un total de 19 509 notificaciones de terminación de la relación de trabajo, que afectaban a 10 083 lugares de trabajo. Además, el Gobierno señala que, entre julio de 2011 y abril de 2016, el Defensor del Pueblo para la Igualdad recibió 500 informes relacionados con terminaciones de la relación de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre la forma en que se aplican en la práctica las disposiciones del Convenio, incluidos extractos de decisiones judiciales sobre cuestiones de principio cubiertas por el Convenio, las estadísticas disponibles sobre las actividades de los tribunales del trabajo y del Defensor del Pueblo contra la Discriminación, así como información sobre el número de terminaciones de la relación de trabajo por motivos económicos o similares.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1985)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) el 30 de agosto de 2017. Asimismo, toma nota de las observaciones de 18 de septiembre de 2017 formuladas por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA). La Comisión solicita al Gobierno que presente sus comentarios al respecto.

Artículo 8 del Convenio. Recursos contra el despido injustificado. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno reitera que existen dos tipos de estabilidad laboral, la estabilidad relativa y la estabilidad absoluta. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno indicando que mediante decretos presidenciales, se otorgó inamovilidad laboral a los trabajadores con una antigüedad superior de treinta días que no sean empleados de dirección. La Comisión nota de que, en virtud del artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y de los Trabajadores (LOTTT), los trabajadores protegidos de inamovilidad no pueden ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada la cual debe ser previamente calificada por el inspector del trabajo. Al respecto, la Comisión nota que dicho procedimiento se encuentra previsto por el artículo 422 de la LOTTT y que el mismo dispone que la decisión del inspector del trabajo será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de interponer un recurso contencioso administrativo laboral ante los tribunales laborales competentes. Asimismo, el Gobierno se refiere al artículo 425 de la LOTTT, el cual dispone que cuando un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad sea despedido, trasladado o desmejorado, dentro de los treinta días continuos, éste puede interponer una denuncia ante la Inspectoría del Trabajo solicitando la restitución de la situación jurídica infringida y el pago de salarios caídos y que la decisión del inspector del trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador amparado es inapelable. Al respecto, la Comisión constata que las autoridades no darán curso alguno al recurso contencioso administrativo de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida (artículo 425, numeral 9 LOTTT). La OIE y FEDECAMERAS manifiestan que el régimen legal de inamovilidad laboral y los procedimientos de calificación de despidos y reenganche generan improductividad. Asimismo, manifiestan que no se ha establecido por vía legal o reglamentaria mecanismos para garantizar objetividad y neutralidad en el procesamiento de las calificaciones de despido ni mecanismos que ofrezcan garantías del derecho a la defensa y el debido proceso a los empleadores. Al respecto, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 9, 1), del Convenio, sólo los organismos neutrales tales como los tribunales, los tribunales del trabajo y las juntas de arbitraje, estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada. Por otra parte, en su memoria, el Gobierno indica, respecto al caso planteado con anterioridad por las organizaciones sindicales sobre el despido de los 972 trabajadores de los peajes pertenecientes al Ministerio de Transporte, que de los 71 peajes en el país sólo 21 se mantenían operativos, y que desde 2014, la administración de dichos peajes fue transferida a las gobernaciones, bajo la rectoría del Despacho de Transporte Terrestre y Obras Públicas (Gaceta Oficial núm. 40577). La Comisión pide al Gobierno que especifique la forma en la que garantiza, para los empleadores y los trabajadores, la imparcialidad del inspector del trabajo en el otorgamiento efectivo de la certificación de reenganche según lo previsto en el artículo 425, numeral 9, de la LOTTT. Asimismo, pide al Gobierno que indique el número de veces que fue interpuesto el recurso de nulidad y el número de veces que fue declarado con lugar. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique, respecto a los 972 trabajadores despedidos, si éstos fueron reintegrados a sus puestos de trabajo.

Aplicación del Convenio en la práctica. El Gobierno indica que, a nivel nacional y hasta el tercer semestre de 2017, se han instaurado un total de 27 214 procedimientos de denuncias por despidos, traslados o desmejoras y 13 244 procedimientos de autorización de despido en las inspectorías de trabajo. Adicionalmente, el Gobierno señala que de enero a julio de 2017 se decidieron 9 989 denuncias por despidos, traslados y desmejoras, y 5 150 procedimientos de autorización por despido. Por otra parte, la Comisión toma nota de que sólo el 41 por ciento de los expedientes en mora entre 2006 y 2015 han sido resueltos, razón por la cual el Gobierno ha implementado dos planes con miras a disminuir los casos de desacato y las demoras: i) el Plan de restitución de derechos y cargas de insolvencias en el Sistema de Registro de Insolvencias y Subsanación (SIRIS), implementado en 2017, tiene como objetivo la reducción del número de desacatos en los procedimientos administrativos de reenganches; al respecto, el Gobierno indica que durante sus primeras doce semanas de implementación, se realizaron 6 575 ejecuciones de reenganche, y ii) el Plan puesta al día que está dirigido a la toma de acciones en vista de evitar el retardo procesal y dar seguimiento a las causas juzgadas para así evitar los casos de desacato; al respecto, el Gobierno indica que desde la implementación de dicho plan se han decidido 12 139 expedientes en materia de restitución de derechos y 2 684 en materia de autorizaciones de despido de los identificados en mora para el período 2006-2015. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la OIE y FEDECAMERAS señalando que no se han construido nuevas inspectorías que permitan aligerar el flujo en el procesamiento de las calificaciones de despido y que ni las estadísticas ni los mecanismos de seguimiento del Gobierno son eficaces o accesibles. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre el número de despidos, el número de reenganches ordenados por la inspección del trabajo y el número de casos en los cuales los tribunales laborales declararon con lugar el orden de reenganche. Asimismo, pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto del Plan de restitución de derechos y cargas de insolvencias y del Plan puesta al día en relación con la disminución de demoras y de situaciones de desacato.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 158 (Antigua y Barbuda, Australia, Bosnia y Herzegovina, República Centroafricana, Chipre, Eslovenia, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Letonia, Luxemburgo, Malawi, Marruecos, Montenegro, Namibia, Níger, Santa Lucía, Ucrania, Uganda, Yemen).

Salarios

Argelia

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara en un futuro cercano las medidas complementarias solicitadas con el fin de garantizar la plena aplicación del Convenio y a que mantuviera informada a la Oficina de todo avance a este respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno aprobó una nueva reglamentación de las contrataciones públicas regida por el decreto presidencial núm. 15-247, de 16 de septiembre de 2015, sobre la reglamentación de las contrataciones y adjudicaciones públicas y que entró en vigor el 20 de diciembre de 2015. La Comisión toma nota de que esta nueva reglamentación no da pleno efecto al artículo 2 del Convenio que prevé que las contrataciones públicas deberían contener, en forma expresa, cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados, salarios, horas del trabajo y otras condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas por una de las tres alternativas indicadas en el Convenio: convenio colectivo, laudo arbitral o la legislación nacional. Además, el «reglamento de régimen interno», mencionado en la memoria del Gobierno, mediante el cual el empleador fijaría obligatoriamente las reglas relativas a la organización técnica del trabajo, la seguridad y salud en el trabajo y la disciplina no es suficiente para asegurar la aplicación plena de este artículo del Convenio. En este contexto, la Comisión reitera sus observaciones anteriores, en las cuales subrayaba que el Convenio impone el cumplimiento de otras obligaciones y, en particular: la consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados en el contenido de las cláusulas de trabajo (artículo 2, párrafo 3); la colocación de avisos sobre las condiciones de trabajo aplicables en el lugar de trabajo, incluidos los salarios pagados y no solamente, como lo menciona la memoria del Gobierno, los horarios de trabajo, los períodos de cierre por vacaciones y las instrucciones de seguridad. Todo ello para garantizar la información apropiada para los trabajadores afectados (artículo 4), y las sanciones adecuadas en el caso de que no se observen las disposiciones en la materia, tales como la prohibición de participar en contratos públicos o las retenciones sobre los pagos debidos a las empresas de que se trate (artículo 5). A este respecto, la Comisión toma nota de que el decreto de 19 de diciembre de 2015, mencionado por el Gobierno en su memoria, no da efecto al artículo 5 del Convenio, ya que se refiere a la corrupción y no a las condiciones de trabajo de los trabajadores. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento al Convenio, prestando atención particular a las exigencias de consulta, notificación adecuada y sanciones disuasorias, como señalada anteriormente. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información a la Oficina de toda evolución en relación con esta cuestión.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Artículos 3 y 4, 2), del Convenio. Factores para determinar el nivel del salario mínimo y consulta exhaustiva con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que: i) se incrementó el salario mínimo nacional para 2017, mediante el decreto supremo núm. 3161 de 1.º de mayo de 2017; ii) los factores socioeconómicos considerados para la fijación del salario mínimo nacional incluyen la inflación, la productividad, el producto interno bruto (PIB), el PIB per cápita, el índice de precios al consumidor, el crecimiento económico, las tasas de desempleo, las fluctuaciones de mercado, y el costo de vida; iii) a diferencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidió expresamente participar en las decisiones relativas a la fijación del salario mínimo, la CEPB no solicitó ser parte de dichas decisiones de manera oficial antes de plantear el asunto ante la OIT; iv) el Gobierno ha tenido una reunión con representantes de la CEPB durante la cual pidieron la aplicación inmediata de medidas paliativas al incremento del salario mínimo, y v) se establecieron mesas de diálogo para evaluar el seguimiento adecuado que se puede dar a estos pedidos. Por otro lado, la Comisión toma nota de que la CEPB y la OIE indican en sus observaciones que: i) no existen métodos cuantitativos para la fijación del salario mínimo nacional y el Gobierno no consulta con las organizaciones de empleadores para que se elabore un sistema que permita los ajustes sobre la base de criterios mesurables y previsibles; ii) el incremento del salario mínimo nacional para 2017 fue arbitrario, dado que excedió la tasa de inflación anual y desconoció variables tales como el desarrollo económico, los niveles de productividad, el fomento de mayores y mejores tasas de empleo decente, la sostenibilidad de las empresas y la necesidad de atraer inversiones, y iii) se omitió una vez más en 2017 la inclusión de las organizaciones de empleadores en las consultas sobre la fijación del salario mínimo.

Recordando nuevamente: i) que el Convenio requiere que se consulte exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas para el establecimiento, aplicación y modificación de los mecanismos a través de los cuales se fijan y ajustan en el tiempo los salarios mínimo (artículo 4, 2)), y ii) que la participación activa de estas organizaciones es esencial para que se tengan en cuenta del mejor modo posible todos los factores pertinentes en el contexto del país (Estudio General de 2014, Sistemas de salarios mínimos, párrafo 285), la Comisión insta firmemente al Gobierno a que sin demora tome medidas, en consulta con los interlocutores sociales, para garantizar su participación plena y efectiva en la fijación y el ajuste del salario mínimo.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Bulgaria

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB), recibidas el 1.º de septiembre de 2016. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara, sin más retrasos, todas las medidas necesarias para dar pleno efecto al Convenio y que mantuviera informada a la Oficina de todo progreso realizado al respecto. En este contexto, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la nueva Ley de Contratación Pública (PPA), que entró en vigor el 15 de abril de 2016. En sus observaciones, la CITUB indica que la PPA apunta a establecer un nuevo marco normativo en consonancia con la Directiva 2014/24/EC de la UE, sobre contratación pública. La CITUB añade que participó activamente en las discusiones sobre el proyecto de la PPA y expresa su satisfacción con el texto adoptado, que considera está de conformidad con las disposiciones del Convenio. El Gobierno indica que la PPA se encamina a una mayor eficiencia del gasto público, así como a utilizar la contratación pública para apoyar los objetivos comunes de carácter público, incluida la aplicación de medidas sobre la legislación laboral. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el artículo 115, de la PPA, requiere que los contratistas y sus subcontratistas cumplan con todas las normas y los requisitos aplicables, en relación con la protección del medio ambiente y con la legislación social y laboral, aplicable a los convenios colectivos y a las disposiciones de la legislación internacional medioambiental, social y laboral que figura en la lista del anexo 10 y del artículo 107, 2), de la PPA. Además, el Gobierno indica que, según el artículo 47, 1)-3), de la PPA, las autoridades contratantes tienen el derecho de incluir condiciones específicas para la aplicación del contrato relativo a la protección del empleo y a las condiciones laborales en vigor en el país. La Comisión toma nota de que las autoridades contratantes no sólo tienen el derecho de incluir cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, sino que se trata de la obligación central en virtud del artículo 2 del Convenio. En su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 40, la Comisión manifestó que «el objetivo esencial del Convenio núm. 94 y de la Recomendación núm. 84 consiste en garantizar que los trabajadores contratados por un empresario y remunerados indirectamente con fondos públicos gozan de salarios y condiciones de trabajo al menos tan favorables como los salarios y las condiciones de trabajo que se contemplan normalmente según el tipo de trabajo en cuestión, y que se han fijado mediante convenios colectivos o de otro modo, en el lugar donde se realiza el trabajo. El Convenio exige que ello se haga mediante la incorporación de cláusulas de trabajo adecuadas en los contratos públicos». La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno sobre el artículo 32 de la PPA, que estipula que las autoridades contratantes proporcionarán un acceso ilimitado, completo, libre y directo, a través de los medios de comunicación electrónicos, a la documentación relativa a las contrataciones públicas. Con respecto a la obligación de garantizar una efectiva aplicación a través de un sistema de inspección y de sanciones adecuadas, el Gobierno indica que, según el artículo 175, 5), de la PPA, la autoridad contratante tiene el derecho de rechazar a los subcontratistas si no satisfacen los criterios de selección especificados en los avisos y documentos, incluidos los requisitos relativos a la legislación laboral. En sus observaciones, la CITUB señala que la PPA garantiza que los candidatos que hayan infringido las disposiciones de la legislación laboral relativa a los salarios en aplicación de un contrato público, serán excluidos de los procedimientos de contratación pública. Expresa su preocupación de que la PPA no aplique los mismos requisitos a los subcontratistas y a los contratistas y, por consiguiente, los trabajadores empleados por subcontratistas puedan no gozar de una protección suficiente de su salario y cotizaciones. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se garantiza que las cláusulas de trabajo del tipo especificado en el artículo 2 del Convenio estén contenidas en todos los contratos celebrados por autoridades públicas dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Convenio y que garanticen a los trabajadores de contratistas o subcontratistas el pago de los salarios y otras condiciones laborales no menos favorables que las establecidas para un trabajo del mismo carácter en la misma área por un convenio colectivo, un laudo arbitral o las leyes o reglamentos nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que transmita copias de los documentos de licitación estándar utilizados en la actualidad. También solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar la colocación de avisos en lugares bien visibles en el lugar de trabajo, con miras a informar a los trabajadores de sus condiciones laborales.

Aplicación del Convenio en la práctica. Inspección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre la manera en que se aplica el Convenio, incluyendo estadísticas sobre el número de inspecciones, el número y el tipo de infracciones detectadas y las sanciones impuestas

Burundi

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas en 2015, en que pide nuevamente la revisión del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) teniendo en cuenta el costo de la vida.

Artículo 3 del Convenio. Funcionamiento del mecanismo de fijación de los salarios mínimos. En relación con sus comentarios anteriores a este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que la cuestión del reajuste del salario mínimo será sometida a los interlocutores sociales en el marco del proceso en curso de la revisión del Código del Trabajo. Sin embargo, en espera de información sobre los progresos realizados en la materia, la Comisión sólo puede subrayar con preocupación que la última ordenanza por la que se fijó el SMIG fue adoptada en 1988. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para reactivar sin demora el proceso de examen de las tasas de salarios mínimos, como se prevé en el artículo 249 del Código del Trabajo (examen anual por el Consejo Nacional del Trabajo), y proceda a un reajuste del SMIG habida cuenta de este examen.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1963)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner la legislación en plena conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que, tras la entrada en vigor de la Ley núm. 1/01, de 4 de febrero de 2008, relativa al Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público, el Gobierno no ha adoptado nuevas medidas en la materia. En su memoria el Gobierno señala que el decreto presidencial núm. 100/49, de 11 de julio de 1986, sobre las medidas específicas a adoptar para garantizar las condiciones mínimas a los trabajadores empleados en el marco de contratos públicos, así como el decreto núm. 110/120, de 18 de agosto de 1990, sobre las condiciones generales de los contratos han dejado de aplicarse con la entrada en vigor del Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público. El Gobierno no indica que se hayan adoptado nuevas medidas para garantizar la protección de las condiciones de trabajo en el marco de la ejecución de los contratos públicos, haciendo referencia de forma más general al Código del Trabajo. La Comisión recuerda que, en el párrafo 45 de su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, estimó que el solo hecho de que la legislación nacional se aplique a todos los trabajadores no es razón para dispensar a los Estados que hayan ratificado el Convenio de adoptar las medidas necesarias para que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo previstas en el artículo 2, 1), del Convenio, tanto en los trabajos de construcción como en la producción de bienes o la prestación de servicios, y esto debido a que la legislación nacional del trabajo sólo establece normas mínimas, que a menudo se mejoran a través de la negociación colectiva o los laudos arbitrales. La Comisión recuerda que el principal objetivo del artículo 2 del Convenio es garantizar que todos los contratos públicos que entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 del Convenio contienen cláusulas de trabajo, tanto si esos contratos se atribuyen o no por adjudicación. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte, sin demora, las medidas necesarias a fin de garantizar la inserción de cláusulas de trabajo conformes con las disposiciones del artículo 2 del Convenio en todos los contratos públicos a los que es aplicable el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita el texto de las nuevas condiciones generales de los contratos e indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar las condiciones mínimas a los trabajadores empleados en el marco de un contrato público, una vez que se hayan adoptado.

Camerún

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidas el 17 de octubre de 2016, y de la respuesta del Gobierno que se recibió el 15 de febrero de 2017.

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicó que el Código de los contratos públicos se estaba revisando. En su memoria el Gobierno señala que la legislación actual del Camerún no prevé ninguna exención en lo que concierne a la aplicación del Convenio. Sin embargo, añade que los artículos 30 y 31 del Código de los contratos públicos prevén excepciones, especialmente para los mercados relativos a la defensa nacional, la seguridad y los intereses estratégicos del Estado. La Comisión recuerda que el Convenio no prevé ninguna excepción de esta naturaleza. La Comisión espera que el proceso de revisión del Código de los contratos públicos finalice rápidamente. Pide al Gobierno que transmita a la Oficina copia de este código una vez que se haya adoptado.

Artículo 2.  Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar la inserción de cláusulas de trabajo, que estén de conformidad con las disposiciones del artículo 2 del Convenio, en todos los contratos públicos a los que es aplicable el Convenio, así como la aplicación de esas cláusulas en la manera prescrita en los artículos 4 y 5 del Convenio. En este contexto, la Comisión toma nota de las observaciones de la UGTC en las que se indica que no se ha adoptado ninguna medida a fin de garantizar la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos a los que es aplicable el Convenio. En su respuesta a esas observaciones, el Gobierno indica que es consciente de que existen estas deficiencias en la elaboración de contratos públicos. Sin embargo, añade que se han adoptado ciertas medidas para introducir disposiciones relativas a la protección de los trabajadores. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión recuerda de nuevo el párrafo 45 de su Estudio General de 2008 que trata de la obligación de incluir cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En ese párrafo la Comisión estimó que el solo hecho de que la legislación nacional se aplique a todos los trabajadores no es razón para dispensar a los Estados que hayan ratificado el Convenio de adoptar las medidas necesarias para que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo previstas en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio tanto para los trabajos de construcción como para la producción de bienes o la prestación de servicios, todo ello debido a que la legislación del trabajo sólo establece normas mínimas, que a menudo se mejoran a través de la negociación colectiva o de los laudos arbitrales. Si este es el caso, en virtud del Convenio los trabajadores interesados deben disfrutar de condiciones de trabajo que al menos estén alineadas con las condiciones más ventajosas establecidas a través de convenios colectivos o laudos arbitrales. Los términos de las cláusulas de trabajo deben determinarse previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores (artículo 2, párrafo 3), deben darse a conocer a los postores antes del proceso de selección (artículo 2, párrafo 4), y deben colocarse avisos en los lugares de trabajo a fin de informar a los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo (artículo 4, a), iii)). La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas — legislativas, administrativas u otras — necesarias para garantizar la inserción de cláusulas de trabajo que estén de conformidad con las disposiciones del artículo 2 del Convenio en todos los contratos públicos a los que es aplicable el Convenio y que garantice la aplicación de estas cláusulas según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Convenio.

República Centroafricana

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1964)

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la adopción de la ley núm. 08017, de fecha 6 de junio de 2008, por la que se establecen el Código de Contratación Pública, y el decreto núm. 08335, de fecha 20 de septiembre de 2008, sobre la organización y el funcionamiento de la autoridad de regulación de la contratación pública. La Comisión toma nota de que, según el artículo 63 de la ley núm. 08017, si la autoridad contratante debiera aceptar un solo criterio de evaluación, éste debe ser el precio. En ese contexto, no se hace mención alguna a las condiciones de trabajo en los criterios de evaluación. La Comisión también tomó nota de que esta ley, que pretende garantizar el libre acceso a la contratación pública, la igualdad de trato de los oferentes, y la economía y la eficacia de los procesos de adquisición y su transparencia a través de la racionalidad, la modernidad y el seguimiento de los procedimientos, no contiene ninguna disposición sobre las cláusulas de trabajo que deben incluirse en los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio. El Gobierno indica en su memoria que los términos de las cláusulas de trabajo que deben incluirse en los contratos públicos no se han determinado. Sin embargo, añade que las condiciones de trabajo, la duración del trabajo, las tasas de remuneración y la declaración del personal a la Caja de Seguridad Social siempre son objeto de un control por parte de los servicios de la Inspección Regional del Trabajo. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno el hecho de que, en su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafos 40 a 46 y 176, la Comisión puso de relieve que el objetivo esencial del Convenio consiste en garantizar que los trabajadores contratados por un empresario y remunerados indirectamente con fondos públicos, gracias a la inclusión de cláusulas de trabajo adecuadas en los contratos públicos, gocen de salarios y condiciones de trabajo al menos tan favorables como los salarios y las condiciones de trabajo que se contemplan normalmente según el tipo de trabajo en cuestión, y que se han fijado mediante convenios colectivos o de otro modo. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que el Convenio tiene una estructura sumamente sencilla y que todas sus disposiciones se articulan y vinculan directamente en torno a un requisito fundamental previsto en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio, a saber, la inclusión de cláusulas de trabajo que garanticen a los trabajadores interesados salarios y otras condiciones de trabajo no menos favorables que las establecidas en el trabajo en la misma región. Tomando nota de que la ley núm. 08017, precitada, prevé un pliego de condiciones que determina las condiciones de contratación y que comprenderá cláusulas administrativas generales, así como cláusulas administrativas particulares, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas adecuadas para que se incluyan en las cláusulas administrativas generales del pliego de condiciones, disposiciones que den pleno efecto al artículo 2 del Convenio. La Comisión espera que, en el momento de adoptar decretos de aplicación de la ley del Código de Contratación Pública, el Gobierno aproveche la oportunidad para poner, finalmente, su legislación de conformidad con el Convenio, y pide nuevamente al Gobierno que comunique copia de todo nuevo texto una vez que sea adoptado. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.

Costa Rica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas – medidas de control y sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre los resultados de la revisión de la legislación nacional sobre contratos públicos prevista a fin de examinar la necesidad de tomar medidas para garantizar la inserción efectiva de cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota con interés de las medidas tomadas por el Gobierno para dar efecto a estas disposiciones del Convenio. En 2014, se publicó la «Guía de criterios sociales en procesos de contratación en Costa Rica» elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Hacienda, en el marco del Programa de fortalecimiento de las capacidades para las compras públicas sustentables, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En virtud de dicha guía, se establece la obligación de incorporar las cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, incluidos los subcontratos, que garanticen a los trabajadores salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas en la legislación para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada. Asimismo, se establecen sanciones en caso de incumplimiento de las cláusulas del trabajo por parte del contratista o su personal, que incluyen desde multas a la resciliación del contrato. Por otra parte, el Gobierno se refiere en su memoria a la asistencia brindada por la Oficina de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana en relación con la armonización de la legislación nacional con las disposiciones del Convenio. En este marco, se aprobó la Política Nacional de compras públicas sustentables y se creó el Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables como órgano responsable de su coordinación e implementación, mediante el decreto ejecutivo núm. 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS, de 21 de julio de 2015. El artículo 4 de la Política Nacional establece los criterios que el sector público debe contemplar al realizar una contratación de bienes, servicios y obra, entre los que se encuentran, el cumplimiento de las normas y garantías laborales y sociales que protegen a las personas trabajadoras involucradas en todas las etapas de la elaboración de los productos adquiridos o servicios contratados por la administración. El artículo 5, apartado 6, prevé que dicha Política Nacional se basará en la promoción de procesos de compras públicas de bienes, obras y servicios que desarrollen una cultura de cumplimiento de la legislación laboral, a fin de garantizar adecuadas condiciones y los derechos laborales de las personas trabajadoras. La Comisión solicita al Gobierno que envíe ejemplos de contratos celebrados por las autoridades públicas que contengan las cláusulas de trabajo prescritas por la «Guía de criterios sociales en procesos de contratación en Costa Rica». Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre la aplicación en la práctica del Convenio, incluidos resúmenes de los informes de inspección, información relativa al número y naturaleza de las infracciones observadas.

República Democrática del Congo

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 10/010, de fecha 27 de abril de 2010, sobre Contratación Pública. Sin embargo, toma nota de que esta nueva ley, que tiene como objetivo adaptar al sistema de contratación a las exigencias de transparencia, racionalidad y eficacia que caracterizan actualmente este sector vital, no contiene ninguna disposición sobre las cláusulas de trabajo que deben insertarse en los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con este artículo del Convenio. A este respecto, la Comisión estima necesario referirse a su Estudio General de 2008, en el que recuerda que el objetivo esencial del Convenio es garantizar, gracias a la inserción de cláusulas de trabajo adecuadas en los contratos públicos, a los trabajadores empleados por un empleador y remunerados indirectamente con fondos públicos, salarios y condiciones de trabajo que al menos sean tan satisfactorios como los salarios y las condiciones de trabajo que normalmente se ofrecen para el tipo de trabajo en cuestión, tanto si se fijan a través de un convenio colectivo o de otra forma. Tomando nota de que el artículo 49 de la ley núm. 10/010, prevé un pliego de condiciones que determina las condiciones de contratación y que comprenderá cláusulas administrativas generales, así como cláusulas administrativas particulares, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas adecuadas para que se incluyan en las cláusulas administrativas generales del pliego de condiciones disposiciones que den plenamente efecto al artículo 2 del Convenio. La Comisión espera que cuando se adopten decretos de aplicación de la Ley núm. 10/010 sobre Contratación Pública, el Gobierno aproveche la oportunidad para poner, finalmente, su legislación de conformidad con el Convenio, y ruega al Gobierno que comunique copia de todo nuevo texto que se adopte.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Djibouti

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1978)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En su comentario anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara rápidamente medidas encaminadas a garantizar la aplicación efectiva del Convenio. La Comisión toma nota nuevamente de que la cláusula 9.1 del pliego de cláusulas administrativas generales aplicables a los mercados de trabajo públicos, adoptado por el decreto núm. 2010-0084/PRE, de 8 de mayo de 2010, así como la exclusión prevista en el artículo 13.1.1 del Código de Mercados Públicos, no bastan para dar efecto a las prescripciones esenciales del Convenio. El artículo 2 del Convenio prevé la inserción, en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Convenio, de cláusulas de trabajo — elaboradas previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores — con el fin de garantizar a los trabajadores condiciones de remuneración y otras condiciones de trabajo que no sean menos favorables que las condiciones establecidas por la legislación nacional, los convenios colectivos o los laudos arbitrales para un trabajo de igual naturaleza en el mismo sector. En su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 45, la Comisión observó que el objetivo esencial del Convenio es garantizar a los trabajadores ocupados en virtud de un contrato público que gozarán de las mismas condiciones que los trabajadores cuyas condiciones de empleo se fijan no solamente por la legislación nacional, sino aún más por medio de convenios colectivos o laudos arbitrales, y que en muchos casos las disposiciones de la legislación nacional en materia de salarios, duración del trabajo y otras condiciones de trabajo establecen, por lo general, simplemente normas mínimas susceptibles de ser mejoradas por medio de convenios colectivos. La Comisión también estima que el solo hecho de que la legislación nacional se aplique a todos los trabajadores no es razón para dispensar a los Estados que hayan ratificado el Convenio de adoptar las medidas necesarias para que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo previstas en el artículo 2 del Convenio. En consecuencia, la Comisión considera que el simple hecho de que la legislación se aplique a todos los trabajadores, no exime al Gobierno interesado de su obligación de incluir cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. En ese contexto, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha adoptado aún medidas para dar efecto a las disposiciones del Convenio. Toma nota asimismo de la solicitud de asistencia técnica expresada por el Gobierno en su memoria, con miras a garantizar la aplicación efectiva del Convenio. La Comisión recuerda nuevamente que el Convenio no impone necesariamente la adopción de una nueva legislación y que ésta puede aplicarse mediante instrucciones o circulares administrativas. La Comisión expresa la esperanza de que pueda concretarse, en un futuro próximo, la asistencia técnica de la Oficina y solicita al Gobierno que se sirva a comunicar informaciones sobre todas las medidas adoptadas o previstas para garantizar la aplicación efectiva del Convenio.

Dominica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2007. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 6 del Convenio. Legislación que aplica el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno nunca ha comunicado información alguna sobre la naturaleza práctica relativa a la aplicación del Convenio. En consecuencia, agradecería al Gobierno que compilara y transmitiera, junto a su próxima memoria, información actualizada sobre el número promedio de contratos públicos otorgados anualmente y el número aproximado de trabajadores contratados en su ejecución, extractos de los informes de inspección que muestren casos en los que se hayan retenido pagos, contratos que hayan sido finalizados o contratistas que hayan sido excluidos de la licitación pública por incumplimiento de las normas relativas a los salarios justos, así como cualquier otra información que permita que la Comisión entienda claramente la manera en la que se aplica el Convenio en la práctica.

Además, la Comisión entiende que el Gobierno se ha incorporado a un proyecto de asistencia técnica financiado por el Banco Mundial para el crecimiento y la protección social, con miras a mejorar, entre otras cosas, el funcionamiento transparente y la gestión eficiente de la contratación pública. En relación con esto, la Comisión valoraría recibir información adicional sobre la aplicación de este proyecto y los resultados obtenidos, en particular en lo que respecta a cualquier enmienda introducida o prevista en las leyes y reglamentaciones relativas a la contratación pública, que pudiese afectar a la aplicación del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Egipto

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1960)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que no escatimara esfuerzos en adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la efectiva aplicación del Convenio en la práctica. También expresó la esperanza de que el Ministerio de Recursos Humanos y Migraciones diera las instrucciones necesarias para que pudieran incorporarse las dos nuevas cláusulas vinculantes establecidas en la circular general núm. 8, de 2008, como cláusulas tipo en todos los futuros contratos públicos (obras de construcción, suministro de bienes o ejecución de servicios) concluidos entre las autoridades públicas y los contratistas privados. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en 2015, el Ministerio de Recursos Humanos y Migraciones promulgó la decisión núm. 329 que dictó el reglamento financiero y administrativo para el empleo y el bienestar de los trabajadores informales, incluidos los empleados en obras de construcción y los trabajadores afines. El Gobierno indica que se requiere que todas las entidades gubernamentales, así como los organismos públicos y privados, den cumplimiento a las disposiciones del reglamento, incluso mediante la adopción de todas las medidas necesarias para proteger y garantizar el bienestar de esos trabajadores, especialmente respecto de los salarios, de la asistencia sanitaria y de un entorno de trabajo seguro. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia del reglamento financiero y administrativo dictado por la decisión núm. 329, de 2015, y que indique de qué manera se aplica este reglamento. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que siga comunicando información actualizada sobre las medidas adoptadas y previstas para garantizar la efectiva aplicación del Convenio.

España

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 11 y el 17 de agosto de 2017, respectivamente. La Comisión toma nota igualmente de las respuestas del Gobierno a las observaciones anteriores incluidas en su memoria.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Evolución legislativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Real decreto núm. 3/2011, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no contenía ninguna disposición que estableciera expresamente la obligación de incluir cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas y que por consiguiente, no daba efecto al Convenio. Ante ello, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias con miras a garantizar la plena aplicación del Convenio en la legislación y la práctica. La Comisión toma nota de que en sus observaciones las organizaciones de trabajadores se refieren a las deficiencias de la legislación anterior en materia de contratación pública en relación con los requisitos del Convenio. Entre otros aspectos, destacan la necesidad de introducir modificaciones en la legislación con miras a exigir la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Al respecto, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 9/2017 (de 8 de noviembre de 2017) de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas de la Unión Europea (UE) de 2014 sobre la contratación pública. En su memoria, el Gobierno indica de manera general que la citada ley se atiene a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en lo referente a la aplicación prioritaria de los convenios colectivos de la empresa licitante frente a los convenios colectivos por los que se rigen los grupos ocupacionales vinculados con la ejecución del servicio. Por su parte, la UGT sostiene en sus observaciones que la transposición de las directivas europeas representa un cierto avance en relación con una contratación pública socialmente responsable y que además podría contribuir a corregir algunos de los déficits existentes en la legislación anterior en materia de contratación por las autoridades públicas. Por último, la UGT se refiere a diversas disposiciones que establecen límites a la negociación colectiva en la negociación de los salarios de los trabajadores de las empresas licitantes, tales como el artículo 5 del Real decreto núm. 55/2017 (de 3 de febrero de 2017) por el que se desarrolla la Ley núm. 2/2015 de Desindexación Normativa (de 30 de marzo de 2015) que establece que la posible revisión del precio de la contratación por incremento del valor de la mano de obra, tiene como límite el incremento experimentado por la retribución del personal del servicio del sector público. En su respuesta, el Gobierno indica que dicho límite tiene como objetivo evitar que como consecuencia de sentencias condenatorias contra la administración, trabajadores de empresas licitantes alcancen el carácter de trabajadores públicos sin superar el correspondiente proceso selectivo y de forma paralela a la planificación del sector público. La Comisión confía en que el Gobierno tome medidas para asegurar que la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se encuentre en conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de la nueva ley, incluidos extractos de decisiones judiciales relevantes, resúmenes de los informes de inspección e información relativa al número y naturaleza de las infracciones observadas.

Filipinas

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1953)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión, tomando nota de la referencia del Gobierno a la orden departamental núm. 18-A, de 14 de noviembre de 2011, del Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), observó que el hecho de que la legislación laboral general sea aplicable a los trabajadores empleados en la ejecución de contratos públicos, de ninguna manera exime al Gobierno de prever la inclusión en los contratos públicos de las cláusulas de trabajo que exige el Convenio. La Comisión pidió al Gobierno que formulara, bien disposiciones legislativas, bien instrucciones y circulares administrativas que incorporaran plenamente las disposiciones del Convenio en las disposiciones nacionales regulatorias de la contratación pública. La Comisión toma nota con interés de que, el 20 de marzo de 2015, el Consejo Gubernamental de Políticas de Contratación Pública (GPPB) se comprometió a incorporar las disposiciones pertinentes del Convenio en los documentos de licitación de Filipinas (PBD) para la adquisición de bienes, proyectos de infraestructura y servicios de consultoría. Posteriormente, en virtud del artículo 75 de la ley de la República núm. 9184/2003, el Gobierno promulgó la Ley revisada sobre Aplicación de Normas y Reglamentos de la República (IRR), conocida también como la «Ley de Reforma de la Contratación Pública», con el objetivo declarado de prescribir las normas y los reglamentos necesarios para la modernización, la estandarización y la regulación de las actividades de contratación pública. La IRR revisada entró en vigor el 28 de octubre de 2016. El Gobierno añade que, en virtud del artículo 37.2.3, b), de la IRR, los documentos de licitación formarán parte del contrato. Al mismo tiempo, a través de la resolución núm. 24, de 27 de octubre de 2016, el Gobierno aprobó la incorporación de las disposiciones relativas al Convenio en los tres volúmenes de la quinta edición de los servicios de adquisición de bienes, proyectos de infraestructura y servicios de consultoría, respectivamente. El Gobierno indica que el artículo 6.2, j), de los PBD para la adquisición de bienes y los PBD para la contratación de proyectos de infraestructura, y el artículo 4.2, j), de los PBD para la contratación de servicios de consultoría, establecen las responsabilidades del postor o consultor, respectivamente. En este contexto, la Comisión toma nota de que el artículo 6.2, j), i), iii), de los PBD para la adquisición de bienes y para los proyectos de infraestructura, y el artículo 4.2, j), i), iii), de los PBD para la contratación de servicios de consultoría, respectivamente, se solicita al postor o al consultor que garantice el derecho de los trabajadores a salarios, horas de trabajo, seguridad y salud y otras condiciones laborales imperantes, tal y como establecen las leyes, las normas y los reglamentos nacionales, o mediante convenios de negociación colectiva o laudos arbitrales, en caso de que sean aplicables. Además, en caso de pago insuficiente o de impago de salarios de los trabajadores y de las prestaciones relacionadas con los salarios, el postor acuerda que la garantía de ejecución o la cuantía de la parte del contrato será retenida a favor de los trabajadores querellantes, sin perjuicio de la institución de acciones adecuadas en virtud del Código del Trabajo, en su forma enmendada, y de otra legislación social. La partes también acuerdan cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y subsanar las deficiencias, si las hubiera, e informar a los trabajadores de sus condiciones de trabajo y de las cláusulas laborales con arreglo al contrato, especificando salarios, horas de trabajo y otras prestaciones, colocando esta información en dos lugares bien visibles de las instalaciones del establecimiento. La Comisión toma nota de que estas disposiciones de los PBD se refieren a «otras condiciones laborales imperantes» y no a «condiciones no menos favorables», como prevé el artículo 2 del Convenio. En su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafos 103 y 104, la Comisión indica que «del texto del artículo 2 del Convenio parece deprenderse que las condiciones garantizadas por las cláusulas de trabajo en los contratos públicos no deben ser necesariamente las más favorables entre las que han sido fijadas por convenios colectivos, laudos arbitrales o la legislación nacional. En la práctica no es así». Dado el requisito del Convenio de que los trabajadores gocen de condiciones «no menos favorables» que las establecidas por convenios colectivos, laudos arbitrales o la legislación nacional, el resultado automático estaría dado por el requisito de las mejores condiciones de estas tres posibilidades, en virtud del artículo 2, 1), a)-c), del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de que se trata gocen de salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas por un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada en la región en la que se realice el trabajo. También solicita al Gobierno que indique de qué manera se garantiza que el Convenio se aplique a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de contratos, de conformidad con el artículo 1, 3), del Convenio. Además, la Comisión solicita que el Gobierno comunique información actualizada sobre la aplicación en la práctica de la aplicación de las normas y los reglamentos revisados, de 2016, incluyendo ejemplares de muestra de contratos públicos, estadísticas sobre el número y el tipo de contratos celebrados por una autoridad gubernamental, así como los resultados de la inspección que muestran el número de contravenciones observadas y de sanciones impuestas.

Artículo 5.  Sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el artículo 6.2, j), ii), de los PBD para la adquisición de bienes y proyectos de infraestructura, y el artículo 4.2, j), ii), de los PBD para la contratación de servicios de consultoría, disponen, respectivamente, que, en caso de pago insuficiente o impago del salario de los trabajadores y de las prestaciones relacionadas con los salarios, el postor acuerda que la garantía de ejecución o la cuantía de la parte del contrato, se retendrá a favor de los trabajadores querellantes sin perjuicio de la institución de acciones adecuadas en virtud del Código del Trabajo, en su forma enmendada, y de otra legislación social. Si bien los PBD prevén el pago de los salarios no percibidos debidos a los trabajadores interesados, de conformidad con el artículo 5, 2), del Convenio, no especifica sanciones tales como la denegación de contratos por no haberse observado y aplicado las cláusulas de trabajo, como prevé el párrafo 1 del artículo 5. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se da efecto en la práctica al artículo 5, 1), del Convenio.

Francia

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1951)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas del trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que mantuviera informada a la Oficina sobre todos los cambios que puedan producirse, en particular en el plano legislativo, en lo que respecta a la aplicación del Convenio a nivel nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno adoptó diversos textos legislativos a fin de incorporar a la legislación nacional las directivas europeas relativas a la contratación pública (Directivas europeas núms. 2014/24/UE y 2014/25/UE) y a los contratos de concesión (Directiva europea núm. 2014/23/UE). En su memoria, el Gobierno indica que las ordenanzas núms. 2015-899, de 23 de julio de 2015, relativa a la contratación pública, y 2016-65 de 29 de enero de 2016, relativa a los contratos de concesión, así como sus decretos de aplicación, constituyen un avance en el respeto de las normas de derecho laboral por parte de los titulares de contratos públicos y sus subcontratistas. Sin embargo, el Gobierno añade que, debido a los motivos que señaló en memorias anteriores, estas nuevas disposiciones son insuficientes para dar pleno efecto a las exigencias del Convenio. Precisa que, excepto si se adoptan medidas contrarias al derecho de la Unión Europea, sigue siendo imposible modificar estas reglas a fin de ponerlas de conformidad con las obligaciones que se derivan del Convenio. A modo de ejemplo, los nuevos textos legislativos no obligan a insertar formalmente cláusulas de trabajo en los contratos de que se trate. Sin embargo, el Gobierno precisa que el derecho positivo interno francés prevé obligaciones similares que ofrecen una protección adecuada comparable a la que prevé el Convenio. En su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 40, la Comisión recordó que el objetivo esencial del Convenio y su Recomendación consiste en garantizar que los trabajadores contratados por un empresario y remunerados indirectamente con fondos públicos reciban salarios y tengan condiciones de trabajo al menos tan favorables como los salarios y las condiciones de trabajo que se ofrecen normalmente según el tipo de trabajo en cuestión, y que se han fijado mediante convenios colectivos o de otro modo, en el lugar donde se realiza el trabajo. El Convenio exige que ello se haga mediante la incorporación de cláusulas de trabajo adecuadas en los contratos públicos, lo que tiene como efecto fijar, en tanto que condiciones mínimas para el contrato, normas ya establecidas en el lugar. Por consiguiente, los costos de la mano de obra quedan excluidos de la competencia entre los postores. Otro objetivo es que, si existen, deberán aplicarse las normas locales que sean más favorables que las de alcance general. En su comentario anterior, la Comisión señaló que el artículo 2, 1), a), del Convenio hace referencia a todos los acuerdos colectivos entre organizaciones de empleadores y de trabajadores que representen una proporción considerable de los empleadores y los trabajadores de la profesión o de la industria interesada, y no solamente a los acuerdos colectivos extendidos. A este respecto, el Gobierno indica que el respeto de los acuerdos colectivos no extendidos no se puede imponer a todos los titulares o subcontratistas. Sólo la aplicación de los convenios colectivos declarados de aplicación general, después de la adopción de un decreto de extensión, puede exigirse a un subcontratista no domiciliado en Francia. Además, el Gobierno recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que una ley nacional no puede imponer a los contratistas públicos y a sus subcontratistas el respeto de las disposiciones de los convenios colectivos que no han sido declaradas de aplicación general. La Comisión recuerda de nuevo que el requisito básico del artículo 2 del Convenio es que los contratos públicos a los que se aplica el Convenio deben contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados unos salarios, un horario de trabajo y otras condiciones de trabajo que no sean menos favorables que las condiciones establecidas para un trabajo de la misma naturaleza efectuado en la misma región. El Convenio prevé que estas cláusulas pueden establecerse a través de un convenio colectivo, un laudo arbitral o de la legislación nacional. Además, la Directiva 2014/24/UE prevé, en su artículo 18, 2), sobre los principios de la contratación, que «los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones del Derecho internacional medioambiental, social y laboral enumeradas en el anexo X». La Comisión observa que los ocho convenios fundamentales de la OIT se enumeran en el anexo. En el recuadro 5 de su Estudio General de 2008, la Comisión señaló que la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales y el Convenio núm. 94 van en direcciones paralelas y ponen de manifiesto la complementariedad que existe entre los dos grupos de principios y la importancia del Convenio como mecanismo potencial de promoción de las normas fundamentales del trabajo. Además, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2015 que las directivas europeas no se oponen a la exclusión de la contratación pública de un licitador que no se comprometa a pagar el salario mínimo a los trabajadores interesados. Además, la Comisión observa que, tal como señaló el Comité Europeo de las Regiones en su dictamen núm. 2016/C 051/04 sobre las normas mínimas de remuneración del empleo en la UE, una interpretación de los textos legislativos que implican las directivas europeas que permita un tratamiento desigual entre licitantes podría dar lugar a dumping social. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que continúe transmitiendo información más amplia sobre todos los cambios que puedan producirse en el plano legislativo y sobre la aplicación efectiva del Convenio a nivel nacional. Además, pide al Gobierno que comunique copia de toda decisión judicial o publicación oficial en relación con cuestiones de principio relacionadas con la aplicación del Convenio.

Ghana

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Ámbito de aplicación y finalidad del Convenio. La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno en su memoria a la adopción de la Ley sobre la Contratación Pública (enmienda), de 2016 (ley núm. 914) (en adelante, la PPA 2016), que enmienda la parte II de la Ley sobre la Contratación Pública de 2003 (ley núm. 663) relativa a las estructuras de la contratación. La Comisión toma nota de que las enmiendas que añaden el requisito de contratación, utilizarán los documentos de licitación uniformes idóneos que estipula el Sexto Programa, con los cambios mínimos aceptables para la Junta de Adquisiciones (artículo 50, 1), de la PPA 2016). No hay ninguna mención de las cláusulas de trabajo requeridas en virtud del Convenio, ni tampoco el artículo 59 sobre la evaluación de las licitaciones contiene dicha referencia. Recordando lo párrafos 98 y 99 de su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, la Comisión observa que estas referencias generales no cumplen con el requisito central del Convenio en virtud del artículo 2, que insta a que se inserten obligatoriamente cláusulas de trabajo idóneas en los contratos celebrados por las autoridades públicas que contempla el Convenio. Por último, la Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 15, 1), de la PPA 2016, el Ministro responsable de las finanzas puede declarar que una entidad, una filial, un organismo o una persona física sea una entidad contratante, si los procedimientos de contratación pública se consideran inadecuados debido a la naturaleza estratégica de la contratación. La Comisión toma nota asimismo de que esa entidad es legal y financieramente autónoma y funciona en virtud del derecho mercantil (artículo 15, 2), a), de la PPA) en los ámbitos ministerial, departamental, institucional, metropolitano, municipal o de distrito (artículo 19, 1), de la PPA 2016). En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para armonizar la legislación nacional con el Convenio, y lo alienta para que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo estima conveniente. También solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los términos de las cláusulas que han de incluirse en los documentos de licitación uniformes a los que se hace referencia en el artículo 50 de la PPA 2016 y en el Sexto Programa de la Ley sobre la Contratación Pública de 2016. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que los postores en el proceso de contratación pública tengan conocimiento de los términos de las cláusulas requeridas. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre la naturaleza y los resultados de las consultas celebradas con los interlocutores sociales antes de proceder a la enmienda de la Ley sobre Contratación Pública de 2003.

Aplicación en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se aplica el Convenio en el país, incluyendo, por ejemplo, extractos de los informes oficiales e información sobre toda dificultad práctica en la aplicación del Convenio.

Guinea

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1966)

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los tres textos de aplicación del Código del Trabajo de 2014, comunicados por el Gobierno, sobre la reglamentación de la utilización de la mano de obra extranjera, la determinación de los empleos protegidos en los sectores privados y afines, y la fijación de la tarifa del permiso de trabajo en la República de Guinea. El Gobierno indica que se elaboraron otros textos y que se presentarán en la próxima reunión de la Comisión Consultiva del Trabajo y de las Leyes Sociales. La Comisión toma nota una vez más de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores, comunicando sólo informaciones que la misma considera alejadas del contenido del Convenio, ni a la cuestión relativa a su campo de aplicación. Recuerda que, al ratificar este Convenio, el Estado se compromete, entre otras cosas, a garantizar que los contratos celebrados por una autoridad pública que conlleva el empleo de trabajadores por la otra parte contratante, contengan cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados condiciones laborales que no sean menos favorables que las condiciones establecidas para un trabajo de la misma naturaleza en las empresas de la ocupación o de la industria interesada de la misma región. En consecuencia, se ve nuevamente en la obligación de concluir que, desde hace cuarenta años, no se ha realizado ningún progreso concreto en la aplicación de las disposiciones del Convenio, ni en la legislación, ni en la práctica. En tales circunstancias, la Comisión confía en que el Gobierno realice verdaderos esfuerzos para mantener un diálogo real con los órganos de control de la OIT y le vuelve a solicitar encarecidamente que tenga a bien adoptar, sin más dilaciones, todas las medidas necesarias para armonizar su legislación y su práctica nacionales con las disposiciones y los objetivos precisos del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Iraq

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1986)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En respuesta a la observación anterior de la Comisión, el Gobierno indica que se ha planteado la cuestión de la inserción de cláusulas de trabajo en todos los contratos públicos al Ministerio de Planificación, que es la autoridad competente. La Comisión recuerda que, durante algunos años, ha señalado a la atención del Gobierno el elemento fundamental del Convenio, a saber la incorporación en cada contrato público, ya sea para la realización de obras, para el suministro de bienes o para la realización de servicios (artículo 1), de una cláusula en la que se fijen las condiciones de empleo en los términos establecidos en el artículo 2 del Convenio. La Comisión remite de nuevo al Gobierno a los párrafos 98 a 121 del Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, que contienen explicaciones detalladas sobre la naturaleza y el contenido exactos de esta importante obligación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Comité tripartito de consulta establecido para examinar las enmiendas a la legislación del trabajo sigue funcionando y continúa informando sobre los convenios y las recomendaciones de la OIT. A este respecto, el Gobierno señala que el Código del Trabajo (ley núm. 357 de 2015) se remitió al Comité tripartito de consulta a fin de ponerlo de conformidad con los convenios internacionales del trabajo antes de su promulgación. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados en lo que respecta a la adopción de medidas legislativas o administrativas para dar efecto al Convenio. En particular, insta al Gobierno a adoptar sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el artículo 2 del Convenio y a comunicar una copia del Código del Trabajo tan pronto como se haya adoptado.

Jamaica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2014.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que, a pesar de las explicaciones detalladas comunicadas en comentarios anteriores sobre el campo de aplicación y la finalidad del Convenio, así como de las medidas requeridas para su aplicación práctica, el Gobierno sigue refiriéndose a textos legislativos que tienen poca pertinencia con el Convenio, puesto que no aportan cláusulas de trabajo del tipo prescrito en el artículo 2 del Convenio. Más concretamente, la Comisión toma nota de las referencias del Gobierno a la Ley de Fábricas y a la Ley de Salarios Mínimos, como instrumentos que protegen a todos los trabajadores sin excepción, y también al Acuerdo entre los trabajadores y la dirección (LMA), de 2011-2013, para la industria de la edificación y la construcción. En particular, la Comisión toma nota de que el LMA prevé una escala salarial que es más elevada que la tasa del salario mínimo, que se revisó por última vez en septiembre de 2012 y que está fijada en la actualidad en 5 000 dólares de Jamaica (JMD) (aproximadamente 48 dólares de los Estados Unidos) por una semana laboral de 40 horas.

En relación con esto, la Comisión recuerda que el Convenio requiere que los contratos públicos (sean obras de construcción, fabricación de mercancías o prestación de servicios) incluyan cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, por medio de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o de una legislación o reglamentación nacional. En el caso de un contrato de construcción, por ejemplo, este requisito significaría prácticamente que el contratista seleccionado y todo subcontratista, estarían obligados a pagar unos salarios que se situaran al menos en la tasa del LMA — y no en el salario mínimo nacional —, siempre y cuando el LMA contuviera las condiciones salariales más favorables para los trabajadores de la construcción. Esto es así precisamente porque el empleo y las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral general se mejoran a menudo a través de la negociación colectiva respecto de la cual la Comisión ha expresado sistemáticamente la opinión de que el simple hecho de que la legislación nacional sea aplicable a todos los trabajadores, no libera al Gobierno interesado de su obligación de prever la inserción de cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Convenio. Recordando que el Convenio no requiere necesariamente la adopción de una nueva legislación, sino que también puede aplicarse a través de instrucciones o circulares administrativas, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno adopte rápidamente medidas para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, tanto en la ley como en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Mauricio

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1969)

Artículo 1, 3), del Convenio. Ámbito de aplicación. Subcontratistas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno de que, si bien inicialmente hubo un consenso sobre la ampliación de las disposiciones del artículo 46, 5), de la Ley de Contratación Pública, de 2006, relativa a la inserción de las cláusulas de trabajo en los contratos de los subcontratistas y cesionarios, incumbía en último término al contratista principal velar por el cumplimiento y presentar pruebas del mismo a la autoridad de contratación pública. La Comisión señaló que el artículo 46, 8), de la ley de 2006 no asigna ninguna responsabilidad al contratista principal de velar por el cumplimiento por parte de un subcontratista o de presentar pruebas de dicho cumplimiento. La Comisión señala una vez más a la atención del Gobierno el Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, en particular los párrafos 75 a 81, que proporcionan orientación en este ámbito. Concretamente, el párrafo 75 indica que, en virtud del artículo 1, 3), del Convenio, las autoridades competentes deben adoptar medidas adecuadas para garantizar que las cláusulas de trabajo del tipo prescrito por el Convenio se apliquen al trabajo llevado a cabo por subcontratistas o cesionarios de contratos. A la luz de lo anterior, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte, sin más dilación, todas las medidas necesarias para cerciorarse de que las cláusulas de trabajo de los contratos celebrados por las autoridades públicas se apliquen plenamente al trabajo realizado por los subcontratistas y cesionarios, tal como exige el artículo 1, 3), del Convenio, y que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2.  Inserción de las cláusulas de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que aclarara los motivos por los que los documentos vinculantes estándar para la adquisición de bienes no contienen cláusulas de trabajo del tipo prescrito por el Convenio, mientras que estas cláusulas están contenidas en otros documentos vinculantes estándar. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los documentos vinculantes estándar para la adquisición de bienes se basan en las directrices del Banco Mundial que no contienen las cláusulas de trabajo requeridas. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno sus obligaciones dimanantes del artículo 2, y le insta a que adopte medidas para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos del Convenio.

Artículo 5, 1).  Sanciones adecuadas. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para asegurar la imposición de sanciones adecuadas por incumplimiento de las cláusulas de trabajo contenidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, tal como exige el artículo 5, 1), del Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el sistema actual no está estructurado para reflejar información actualizada sobre la aplicación en la práctica del Convenio, incluidas las estadísticas sobre el número y tipo de contratos y de informes de actividad de la Junta Central de Contratación o de la Oficina de Política de Contratación referentes a la aplicación de la legislación sobre la contratación pública. La Comisión espera que el Gobierno no escatimará esfuerzos para recopilar y proporcionar información actualizada, incluida información estadística, que permita realizar una evaluación general del modo en que el Convenio se aplica en la práctica.

Noruega

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Noruega de Sindicatos (LO), recibidas junto con la memoria del Gobierno. Se solicita al Gobierno que envíe su respuesta al respecto.

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores, en los que solicitó al Gobierno que mantuviera informada a la Oficina de todo hecho nuevo que se produjera en el procedimiento abierto por la Autoridad de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) contra Noruega en relación con el reglamento núm. 112/2008, de 8 de febrero de 2008, en su versión enmendada, y que proporcionara información sobre la manera en la que el reglamento da efecto al Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la AELC decidió cerrar el caso en diciembre de 2012, estableciendo que «tomando en consideración el desarrollo de este caso desde su apertura en junio de 2008, en particular de las enmiendas introducidas al reglamento núm. 112/2008 junto con el incremento del número de convenios de aplicación general, el alcance de la infracción ha sido reducido significativamente. La Autoridad considerada que por lo tanto, resulta apropiado, llegados al presente punto, no continuar con este caso. Esta decisión se adopta, sin embargo, sin prejuicio de que en el futuro la Autoridad abra un nuevo caso sobre esta cuestión o una cuestión relacionada. Tal decisión podría ser adoptada, por ejemplo, a la luz de nueva información relativa a la implementación, interpretación o aplicación de las medidas nacionales bajo consideración, de la recepción de una nueva denuncia, o de desarrollos en la legislación del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea». El Gobierno indica que, si bien, no han habido enmiendas en el reglamento en sí mismo durante el período examinado como consecuencia de la revisión de la legislación sobre contratación pública para implementar la Directiva de la UE 2014/23 de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión; el ámbito de aplicación del reglamento ha sido extendido para cubrir tales contratos a partir del 1.º enero de 2017. Asimismo, el Gobierno adoptó una nueva legislación, que a partir del 1.º de enero de 2014 otorga a la Autoridad de la Inspección del Trabajo la competencia de supervisar y garantizar el cumplimiento del reglamento por la autoridad contratante. El Gobierno añade que una reciente evaluación del reglamento puso de manifiesto que, mientras que las autoridades contratantes incluyen cláusulas de trabajo en sus contratos, muchas, particularmente, los municipios más pequeños, no cumplen las cláusulas una vez éstas han sido introducidas en los contratos. En sus observaciones, la LO expresa su preocupación en relación con el umbral muy alto de aplicación del reglamento, e insta a la aplicación del Convenio en los contratos celebrados por las autoridades públicas que se encuentren por debajo del umbral y a que se aplique en todos los sectores para impedir el dumping social. La LO señala también que el Gobierno no ha incrementado los recursos de la Autoridad de la Inspección del Trabajo y solicita que lo haga con miras a reforzar su cumplimiento. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada actualizada sobre la manera en la que el reglamento núm. 112/2008 se aplica en la práctica, y que comunique un resumen de la evaluación del reglamento.

Países Bajos

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP), recibidas el 31 de agosto de 2017. La Comisión pide al Gobierno que suministre sus comentarios a este respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que suministrara explicaciones adicionales sobre la naturaleza, alcance y contenido del Código de comportamiento responsable en el sector de limpieza y su posible impacto en la aplicación del Convenio en la práctica. El Gobierno indica que la versión experimental del Código de 2011 fue aplicada solamente en el sector de limpieza, pero actualmente se aplica de manera más amplia más allá de ese sector, y se utiliza ahora por las empresas de mudanza, así como en los sectores de seguridad y en los contratos de servicios de restauración. El Gobierno indica también que, al suscribir el Código, las partes (convocantes, contratistas, sindicatos, e intermediarios) se comprometen a aplicar una serie de principios relativos a las condiciones de trabajo, incluyendo el pago oportuno y exacto de los salarios. El Gobierno añade que el Código ayuda a las partes a describir, aceptar y llevar a cabo asignaciones de manera socialmente responsable, respecto de la calidad de los servicios que se prestan. Para supervisar la aplicación del Código, cada sector tiene una comisión específica, compuesta por los interlocutores sociales y contratistas de cada sector, y está autorizada a examinar las quejas en las que se alega una aplicación ineficaz o inadecuada del Código. Previa audiencia de ambas partes, la mencionada comisión decide si debe imponerse una sanción por incumplimiento. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de las organizaciones de trabajadores, en las que señalan que el Código es producto de una iniciativa privada que no contiene ninguna disposición jurídicamente vinculante para aplicar los requisitos del Convenio. La Comisión toma nota de que de conformidad con el artículo 1, 1), c), del Convenio, este no se aplica simplemente a un sector específico sino a todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, ya sea para la realización de obras (la construcción, transformación, reparación o demolición de obras públicas); mercancías (la fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos y equipos); o servicios (la ejecución o suministro de servicios). El Gobierno informa que, para mejorar las condiciones sociales de los trabajadores ha establecido una denominada «cadena de responsabilidad en materia de salarios», que hace a todas las entidades jurídicas en la cadena (principales clientes, contratistas, subcontratistas y trabajadores) conjuntamente responsables del pago de los salarios de los trabajadores contratados en virtud del contrato. En el caso de que no se pagara a los trabajadores o se les pagara un salario menor que el debido, pueden considerar responsable del pago de los salarios a cada uno de los componentes de esa cadena. Las organizaciones de trabajadores señalan en sus observaciones que el procedimiento de la «cadena de responsabilidad» es demasiado rígido debido a que hay que dirigirse separadamente a cada uno de los componentes responsables, y que cada reclamación debe examinarse detenidamente antes de que el trabajador pueda iniciar acciones contra el siguiente componente de la cadena de responsabilidad. Las organizaciones de trabajadores subrayan que este requisito hace que el proceso sea excesivamente largo, especialmente para los trabajadores extranjeros que suelen dejar el país incluso antes de presentar una reclamación al primer componente de la cadena de responsabilidad. En sus observaciones, los trabajadores expresan nuevamente su preocupación por la falta de aplicación del Convenio, indicando que la Ley sobre la Contratación Pública, que entró en vigor el 1.º de abril de 2013 y prevé un marco jurídico general de la reglamentación de la contratación pública, y aplica las directivas europeas sobre contratación pública sin garantizar la aplicación del Convenio. En este sentido, observan que el artículo 2.115, párrafo 1, de la Ley sobre Contratación Pública reproduce básicamente el artículo 26 de la orden de 2005 sobre procedimientos para la adjudicación de obras públicas, suministros y contratos de servicios aplicando suministros o contratos de servicios que aplican la Directiva de 2004 de la Unión Europea relativa a la contratación pública y no garantiza la aplicación del artículo 2 del Convenio. Las organizaciones de trabajadores señalan que el artículo 2.115, párrafo 1, de la ley es una disposición exclusivamente permisiva, ya que autoriza a la autoridad contratante a exigir al contratista observar determinados criterios sociales, medioambientales y/o de innovación, pero no requiere que dicha autoridad exija al contratista que adhiera a esos criterios. Tal como la Comisión ha observado en sus comentarios anteriores, el requisito fundamental del Convenio es la inclusión de cláusulas de trabajo de la índole prevista en el artículo 2. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados para garantizar la aplicación efectiva de los requisitos fundamentales del Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que suministre información actualizada sobre el Código y su impacto y sobre el número y tipo de sanciones impuestas por las comisiones sectoriales en los casos de incumplimiento.

Panamá

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1971)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de las cláusulas de trabajo en los contratos públicos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, durante varios años, había estado señalando a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar medidas adecuadas con miras a cumplir el principal requisito del Convenio relativo a la inserción de las cláusulas de trabajo en los contratos públicos, tal como exigía el artículo 2. Reconociendo que su legislación nacional sobre contratación no está en conformidad con el Convenio, el Gobierno indicó su intención de rectificar la situación. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno, por consiguiente, adoptara sin dilación todas las medidas apropiadas para poner su legislación en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota, no obstante, de que si bien el Gobierno reconoce una vez más que su legislación sobre contratación pública no está en conformidad con las disposiciones del Convenio, la situación sigue sin cambiar. Toma nota asimismo de que, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), ha celebrado dos reuniones con la Dirección General de Contratación Pública (DGCP) para discutir las medidas que han de adoptarse a fin de asegurar la aplicación efectiva del Convenio. La Comisión toma nota de que la DGCP, en una comunicación de fecha 28 de junio de 2017 al MITRADEL (documento DGCP-SG-031-2017) presentada junto con la memoria del Gobierno, señala que un proyecto de ley pendiente para reformar la legislación nacional sobre contratación pública (proyecto de ley núm. 305) no incluye ninguna disposición que aplique las cláusulas de trabajo del Convenio. La DGCP indica que está elaborando, no obstante, un proyecto de estandarización de los documentos sobre la contratación pública, y propone colaborar con el MITRADEL a fin de redactar disposiciones que pudieran añadirse a los contratos modelo utilizados por todas las entidades públicas, que se armonizarían con los requisitos del artículo 2. La DGCP se remite a su comunicación anterior, de 28 de enero de 2013 (documento DGCP-DG-DJ018-2013), en la que pidió al MITRADEL que le proporcionara directrices relativas a los elementos laborales que debería incluir en los documentos vinculantes. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno solicitó la asistencia técnica de la Oficina por carta de fecha 2 de agosto de 2017. La Comisión confía en que la Oficina pueda prestar próximamente la asistencia técnica solicitada. Insta al Gobierno a que adopte sin dilación todas las medidas apropiadas para poner su legislación en conformidad con los requisitos del Convenio, y le pide que proporcione información actualizada sobre los progresos realizados a este respecto.

Reino Unido

Bermudas

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que elaborase documentos uniformes de licitación incorporando cláusulas de trabajo para todos los contratos públicos y que transmitiera una copia del código de prácticas para la gestión de proyectos y contratación pública, que se estaba elaborando en virtud de la Ley de Buena Gobernanza de 2011. La Comisión toma nota de la versión preliminar del proyecto de código de prácticas para la gestión de proyectos y contratación pública transmitido por el Gobierno con su memoria. Sin embargo, observa que el proyecto de código de prácticas no hace referencia o no contiene cláusula de trabajo alguna que garantice que los trabajadores comprendidos en el ámbito de los contratos celebrados por las autoridades públicas gozan de condiciones de trabajo, comprendidos los salarios y las horas de trabajo, no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, como se requiere en virtud del artículo 2, 1), del Convenio. La Comisión recuerda nuevamente que el principal objetivo del Convenio es promover la buena gobernanza y que las operaciones de contratación pública sean socialmente responsables exigiendo que los contratistas apliquen los salarios locales prevalentes establecidos y otras condiciones de trabajo determinadas por la legislación o a través de contratos colectivos. El Convenio requiere que se establezcan igualdad de condiciones, en términos de normas de trabajo, para todos los actores económicos a fin de garantizar una competencia leal. Al requerir que todos los postores respeten, como mínimo, ciertas normas establecidas a nivel local, no pueden utilizarse como elemento de competencia los salarios, las horas de trabajo y las condiciones de trabajo. En consecuencia, no puede ejercerse presión para que se bajen los salarios y se reduzcan las condiciones de trabajo. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará, sin demora, medidas para elaborar documentos uniformes de licitación incorporando cláusulas de trabajo para todos los contratos públicos (ya sea para la construcción de obras públicas, fabricación de mercancías o prestación de servicios) plenamente armonizados con las exigencias del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que mantenga a la Oficina informada de todo progreso realizado a este respecto y que comunique una copia del código de prácticas una vez que sea adoptado.

Rwanda

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión ha venido formulando comentarios a lo largo de más de treinta años sobre la no promulgación de la legislación o la no adopción de otras medidas por parte del Gobierno, con miras a aplicar los requisitos básicos del Convenio. En su última memoria, el Gobierno se refiere a la orden ministerial núm. 5, de 13 de julio de 2010, sobre los contratos escritos de trabajo, que, sin embargo, guardan poca relación con los contratos públicos, dentro del significado del artículo 1, 1), del Convenio, o con las cláusulas de trabajo que deberían incluir los contratos públicos, como requiere el artículo 2, 1), del Convenio. La Comisión recuerda una vez más que el hecho de que la legislación general del trabajo se aplique a los trabajadores encargados de la ejecución de contratos públicos, como prevé el artículo 96 de la Ley de 2007 sobre la Contratación Pública, no da en sí mismo efecto al artículo 2 del Convenio, que exige la inserción, en todos los contratos públicos a los que se aplica el Convenio, de cláusulas de trabajo que garanticen a los trabajadores interesados, salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la misma región, por medio de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o de la legislación nacional.

Como destacó la Comisión en algunas ocasiones, la legislación a la que se refiere el Gobierno dispone, en la mayoría de los casos, normas mínimas, por ejemplo, respecto de los niveles salariales, y no refleja necesariamente las verdaderas condiciones laborales de los trabajadores. Así, si la legislación establece un salario mínimo, pero los trabajadores de una profesión determinada reciben en realidad salarios más elevados, el Convenio requeriría que todo trabajador encargado de la ejecución de un contrato público — en la misma región y por un trabajo de igual naturaleza — tenga derecho a recibir el salario prevalente, en lugar del salario mínimo prescrito en la legislación.

En otros términos, la aplicación de la legislación general del trabajo no basta para garantizar la aplicación del Convenio, en la medida en que las normas mínimas fijadas por la ley se mejoran a menudo por medio de un contrato colectivo o de otra manera. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno una vez más que adopte medidas, sin más retrasos, para armonizar la legislación nacional con las disposiciones del Convenio, especialmente respecto de: la determinación de los términos de las cláusulas de trabajo que deban incluirse en los contratos, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas (artículo 2, 3)); la difusión de esas cláusulas, por medio de la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otros, con el fin de que los postores conozcan los términos de las cláusulas (artículo 2, 4)); la colocación de avisos en sitios visibles para garantizar que los trabajadores sean informados sobre sus condiciones de trabajo (artículo 4, a), iii)), y un sistema de sanciones adecuadas, como la denegación de contratos o la retención de los pagos, para la inaplicación de las disposiciones de las cláusulas de trabajo (artículo 5). Además, tomando nota de que, en virtud de la Ley de 2007 sobre la Contratación Pública, la Autoridad de Contratación Pública de Rwanda (RPPA) es competente en la reglamentación y la supervisión de todas las operaciones de contratación pública, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre toda medida adoptada o proyectada por la RPPA, con miras a garantizar unas condiciones de trabajo justas para aquellos encargados de la ejecución de contratos públicos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Suriname

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1976)

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En relación con sus comentarios anteriores sobre la falta de legislación de aplicación del Convenio, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las normas para la contratación de trabajos (AWS, 1996) y a las normas para la ejecución administrativa de trabajos (UWS, 1996). El Gobierno informa de que, en julio de 2017, en relación con los comentarios de la Comisión, el Ministro de Trabajo recomendó al Vicepresidente de Suriname y al Ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicación que se incluyera un artículo en las UWS y/o las AWS señalando que la legislación nacional en materia de trabajo será aplicable a todos los contratos celebrados por las autoridades públicas y pidiendo que en todos esos contratos se incluya una cláusula relativa a la aplicabilidad de la legislación nacional del trabajo a su ejecución. Además, en relación con el programa de gestión del gasto de capitales públicos financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que aún no se ha sometido ninguna proposición legislativa a la Asamblea Nacional para unificar y consolidar en la legislación los principios y reglamentos fundamentales desarrollados en el marco del programa. La Comisión quiere señalar de nuevo a la atención del Gobierno el principal objetivo del Convenio, que es garantizar la inclusión en los contratos celebrados por las autoridades públicas de cláusulas de trabajo con un contenido muy específico. En su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 45, la Comisión tomó nota de que «… el objetivo esencial del Convenio es garantizar a los trabajadores ocupados en virtud de un contrato público que gozarán de las mismas condiciones que los trabajadores cuyas condiciones de empleo se fijan no solamente por la legislación nacional, sino aún más por medio de convenios colectivos o laudos arbitrales, y que en muchos casos las disposiciones de la legislación nacional en materia de salarios, duración del trabajo y condiciones de trabajo establecen, por lo general, simplemente normas mínimas susceptibles de ser mejoradas por medio de convenios colectivos. La Comisión también estima que el solo hecho de que la legislación nacional se aplique a todos los trabajadores no es razón para dispensar a los Estados que ya han ratificado del Convenio de adoptar las medidas necesarias para que los contratos públicos contengan las cláusulas de trabajo previstas en el artículo 2 del Convenio». Gracias a la inclusión de cláusulas de trabajo apropiadas en los contratos celebrados por las autoridades públicas los trabajadores contratados con arreglo a esos contratos tienen salarios y otras condiciones de trabajo al menos tan favorables como los que se contemplan normalmente según el tipo de trabajo en cuestión, tanto si se han fijado mediante convenios colectivos o de otro modo, en el lugar donde se realiza el trabajo (Estudio General de 2008, párrafo 40). La idea subyacente al Convenio es que las autoridades públicas que concluyen contratos para la ejecución de trabajos públicos o para el suministro de bienes y servicios deberían preocuparse por las condiciones de trabajo bajo las cuales se llevan a cabo las operaciones de que se trate debido a que los contratos gubernamentales habitualmente se otorgan al mejor postor y a que los contratistas pueden verse tentados, habida cuenta de la competencia en esta esfera, a hacer economías en los costos laborales (Estudio General de 2008, párrafo 2). En el párrafo 308 del Estudio General de 2008, la Comisión toma nota de que en vista de la influencia cada vez mayor de la globalización sobre un número creciente de Estados Miembros y de la consiguiente intensificación de las presiones competitivas, los objetivos del Convenio son hoy incluso más válidos que hace 60 años y contribuyen al llamamiento de la OIT en favor de una globalización justa. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a tomar medidas sin demora para poner sus leyes y reglamentos en plena conformidad con el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos alcanzados a este respecto.

República Unida de Tanzanía

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

Artículos 1, 2, 4 y 5 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. Avisos. Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas legislativas, administrativas o de otro tipo necesarias para garantizar la inserción, en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, que se especifican en el artículo 1 del Convenio, de las cláusulas de trabajo que exige el artículo 2, 1), del Convenio y, para la aplicación de esas cláusulas de la manera que prescriben los artículos 4 y 5 del Convenio. El Gobierno indica en su memoria que los documentos de licitación estandarizados están en vigor y a disposición para su utilización por las entidades contratantes en la contratación de obras, a través de contratos medianos y grandes, y mediante procedimientos nacionales e internacionales de licitación competitiva. La Comisión toma nota de que el artículo 20.1 de las condiciones generales de contrato en el documento de licitación estandarizado para obras medianas y grandes, dispone que un contratista tiene el deber de cumplir con todas las leyes laborales pertinentes aplicables en el país, incluidas las leyes sobre empleo de los trabajadores, horas de trabajo, salud, seguridad, bienestar e inmigración, y que se respetarán todos sus derechos legales. En virtud del artículo 20.2 de estas condiciones generales de contrato, también se exige a los contratistas que tomen todas las precauciones razonables para mantener la seguridad y la salud del personal. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el documento de licitación estandarizado para la contratación de obras en los contratos medianos y grandes, no se refiere a ninguna cláusula de trabajo o no contiene ninguna cláusula de trabajo que garantice que los trabajadores empleados con arreglo a esos contratos, gocen de condiciones laborales, incluidos los salarios y las horas de trabajo, que no sean menos favorables que las establecidas para un trabajo del mismo carácter en el mismo distrito, como exige esa disposición del Convenio. Disposiciones similares se incluyen en las condiciones generales de contrato en el documento de licitación estandarizado, para la contratación de obras menores (artículos 21.1 y 21.2). Además, ni los documentos de licitación estandarizados para la contratación de bienes, ni los documentos para la contratación de servicios de consultoría, prevén la aplicación de una ley general del trabajo o la inserción de cláusulas de trabajo adecuadas. La Comisión se ve obligada nuevamente a señalar a la atención de los gobiernos su Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 45, en el que la Comisión destacó que, el solo hecho de que se exija a los contratistas en virtud de contratos públicos que se adhieran a la legislación general del trabajo, no dispensa al Gobierno de su obligación de elaborar e incluir cláusulas de trabajo adecuadas del tipo requerido por el artículo 2, 1), del Convenio, en los contratos celebrados por las autoridades públicas, bien en obras de construcción, bien en la fabricación de bienes o la prestación de servicios. Como subrayó la Comisión en sus comentarios anteriores, esto se debe a que la legislación general del trabajo sólo establece normas mínimas que se ven a menudo mejoradas mediante la negociación colectiva o los laudos arbitrales. De ser este el caso, en virtud del Convenio, los trabajadores interesados deberán gozar de condiciones laborales que se ajusten al menos a las condiciones más ventajosas establecidas a través de convenios colectivos o laudos arbitrales. Además, el artículo 2, establece que los términos de las cláusulas de trabajo que han de incluirse en los contratos celebrados por las autoridades públicas, deberán determinarse, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas (artículo 2, 3)) y llevarse a conocimiento de los postores, con antelación, el proceso de selección (artículo 2, 4)). Además, deberán colocarse en sitios visibles de los establecimientos, avisos que informen a los trabajadores de sus condiciones laborales (artículo 4, a), iii)). En consecuencia, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias — legislativas, administrativas o de otro tipo — para la inserción, en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas comprendidos en este Convenio, de cláusulas de trabajo que cumplan con los requisitos del artículo 2 del Convenio, y con miras a la aplicación de esas cláusulas en la manera que prescriben los artículos 4 y 5 del Convenio. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que se da efecto al requisito central del Convenio en virtud del artículo 2. La Comisión también solicita al Gobierno que indique las disposiciones pertinentes que establecen que las obligaciones en virtud del Convenio, también se apliquen a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de contratos, como prevé el artículo 1, 3), del Convenio.

Artículos 4 y 5.  Avisos de las condiciones de trabajo. Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para garantizar la aplicación de cláusulas de trabajo en la manera que prescriben los artículos 4 y 5 del Convenio. Además, deberán colocarse, en sitios visibles de los establecimientos o demás lugares de trabajo, avisos para informar a los trabajadores de sus condiciones de trabajo (artículo 4, a), iii)). La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a los artículos 4 y 5 del Convenio.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre los métodos para la fijación de salaries mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1944)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1982)

Seguimiento de las decisiones del Consejo de Administración (quejas presentadas en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT alegando el incumplimiento de los Convenios núms. 87, 95 y 111 por parte de la República Bolivariana de Venezuela, presentada por un grupo de delegados trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016, fue declarada admisible por el Consejo de Administración en noviembre de 2016. En marzo de 2017, el Consejo de Administración decidió, en relación con el Convenio núm. 95, que, en vista de que la Comisión de Expertos no había examinado en fechas recientes todos los aspectos de la queja relativos a este Convenio, se transmitieran los alegatos correspondientes a la Comisión de Expertos para su examen completo.

Además, la Comisión toma nota de que la queja en virtud del artículo 26 de la Constitución alegando el incumplimiento de los Convenios núms. 26, 87 y 144 por parte de la República Bolivariana de Venezuela, presentada por un grupo de delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2015, de la cual se había tomado nota en su comentario anterior sobre el Convenio núm. 26, sigue pendiente ante el Consejo de Administración que la examinó por última vez en noviembre de 2017.

Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en relación con la aplicación del Convenio núm. 26, recibidas el 31 de agosto de 2017, y de la respuesta del Gobierno al respecto. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 31 de agosto de 2017, así como de las observaciones formuladas conjuntamente por la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), en relación con la aplicación de los Convenios núms. 26 y 95, recibidas el 18 de septiembre de 2017, y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota de que las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores abordan temas planteados en las quejas mencionadas.

En vista de los vínculos entre los temas abordados en el marco de estos procedimientos en relación con la aplicación de los Convenios núms. 26 y 95, la Comisión considera oportuno examinarlos en un mismo comentario.

Salario mínimo

Artículo 3 del Convenio núm. 26. Participación de los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo. En su comentario anterior, la Comisión pidió una vez más al Gobierno que garantice la plena aplicación del artículo 3 del Convenio con respecto a la consulta y participación en condiciones de igualdad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas para el establecimiento y la aplicación del sistema de salario mínimo. Al respecto, la Comisión toma nota con preocupación de que tanto FEDECAMARAS y la OIE, como la UNETE, la CTV, la CGT y la CODESA, y la CTASI señalan que los últimos incrementos del salario mínimo han sido decididos de manera unilateral por el Gobierno. La Comisión toma nota de que en su memoria y en sus respuestas a estas observaciones, el Gobierno indica que: i) durante el período 2015-2017, debido a los problemas que enfrenta la economía venezolana, tales como los altos índices de inflación, se vio obligado a tomar medidas urgentes para proteger a los trabajadores, ajustando el salario mínimo en función de la pérdida del poder adquisitivo; ii) para fijar el salario mínimo se toma en cuenta el crecimiento del costo de la canasta básica; siendo un criterio técnico, no se presta a negociación; iii) en relación con las consultas y el diálogo social, éstas se llevan a cabo en el Consejo Nacional de Economía Productiva, en el que participan cámaras afiliadas a FEDECAMARAS y otras organizaciones de empresarios importantes del país, así como las centrales de trabajadores, y iv) en febrero de 2017, el Gobierno organizó mediante comunicaciones escritas una consulta sobre el tema del salario mínimo. La Comisión toma nota de que, al haber examinado estos temas en el marco de la queja de 2015, el Consejo de Administración expresó en noviembre de 2017 su suma preocupación por la falta de progresos con respecto a las decisiones tomadas en sus reuniones anteriores y lamentó profundamente esta situación. El Consejo de Administración: a) instó al Gobierno a participar de buena fe en un diálogo concreto, transparente y productivo basado en el respeto por las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones laborales sólidas y estables; b) instó por última vez al Gobierno a que institucionalizara antes de finales de 2017 una mesa redonda tripartita para fomentar el diálogo social a fin de resolver todas las cuestiones pendientes, y a que invitara a tal efecto a una misión de alto nivel de la OIT dirigida por los miembros de la Mesa del Consejo de Administración, para que se reuniera con las autoridades gubernamentales, FEDECAMARAS y sus organizaciones miembros y empresas afiliadas, así como los sindicatos y líderes de todos los sectores sociales; c) pidió al Director General de la OIT que pusiera a disposición todo el apoyo necesario a este respecto y a los miembros de la Mesa del Consejo de Administración que presentaran un informe sobre la misión de alto nivel de la OIT en su 332.ª reunión (marzo de 2018), a fin de determinar si se habían logrado progresos concretos por medio del diálogo social en el marco de la mesa redonda tripartita, y d) suspendió la aprobación de la decisión relativa al nombramiento de una comisión de encuesta hasta recibir el informe de la misión de alto nivel en su 332.ª reunión (marzo de 2018). En este contexto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que el proceso en curso permita lograr resultados positivos y garantizar el pleno cumplimiento con el Convenio en el futuro. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información al respecto.

La Comisión observa que tanto el Gobierno como todas las organizaciones que enviaron observaciones se refieren también en sus comunicaciones al sistema del «cestaticket socialista». La Comisión considera que las cuestiones relativas a este sistema no entran en el campo de aplicación del Convenio núm. 26 y que conviene tratar este tema en el marco del Convenio núm. 95.

Protección del salario

Artículo 1 del Convenio núm. 95. Elementos de la remuneración. La Comisión toma nota de que en la queja de 2016 se denuncia un fenómeno de «desalarización» en el país, en particular en relación con el sistema del «cestaticket socialista». La Comisión toma nota de que en su respuesta el Gobierno confirma que la legislación nacional prevé este sistema como beneficio de alimentación para proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores en materia alimentaria, a fin de fortalecer su salud, prevenir las enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral (artículo 1 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del cestaticket socialista para los trabajadores y trabajadoras, decreto núm. 2066 del 23 de octubre de 2015). La Comisión toma nota también de que el decreto núm. 2066 prevé que este beneficio debe ser otorgado a los trabajadores por el empleador (artículo 2). Al mismo tiempo, la Comisión observa que el decreto establece que, de conformidad con lo establecido en el artículo 105, 2), de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), el beneficio no será considerado como salario, salvo que se le reconozca como tal en las convenciones colectivas, acuerdos colectivos o contratos individuales de trabajo. La Comisión recuerda que el tema de la «desalarización» en relación con los beneficios de alimentación en el país ya ha sido objeto de análisis en el pasado (Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 47). En ese contexto, la Comisión había recordado que, en aplicación del artículo 1 del Convenio, todos los componentes de la remuneración de los trabajadores, independientemente de su denominación o cálculo, son protegidos por el Convenio. En vista de las características del «cestaticket socialista» (artículos 1 y 2 del decreto núm. 2066), la Comisión considera que, a los efectos del Convenio, este beneficio es un componente de la remuneración de los trabajadores. Por lo tanto, aunque la legislación nacional prevea que el «cestaticket socialista» no tiene carácter salarial, dicho beneficio debe ser examinado en virtud de lo dispuesto en el Convenio.

Artículo 4.  Pago en especie. La Comisión toma nota de que, según lo previsto en el decreto núm. 2066: i) el empleador puede elegir entre varias modalidades de aplicación del «cestaticket socialista», tales como el suministro de comida en el lugar de trabajo o la provisión de tickets o tarjetas electrónicas de alimentación (artículo 4); ii) en ciertos casos excepcionales, el beneficio se puede pagar en dinero efectivo (artículos 5 y 6), y iii) cuando medien razones de interés social que así lo ameriten, el Ejecutivo Nacional podrá decretar variaciones en cuanto a las modalidades, términos y monto aplicables al cumplimento del beneficio (artículo 7). Al respecto, la Comisión toma nota de que por una serie de decretos adoptados en el marco del estado de excepción y emergencia económica desde 2016, se aumentó regularmente el monto del «cestaticket socialista». La Comisión toma nota de que tanto FEDECAMARAS y la OIE, como la UNETE, la CTV, la CGT y la CODESA, y la CTASI, indican en sus observaciones que desde 2016 el monto del «cestaticket socialista» es superior al salario mínimo y que la remuneración integral del trabajador (salario mínimo y «cestaticket socialista») no permite cubrir la canasta básica. La Comisión recuerda que el artículo 4 del Convenio prevé que se podrá permitir el pago parcial del salario con prestaciones en especie y que en los casos en que se autorice tal pago, se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que: a) las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y redunden en beneficio de los mismos, y b) el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable. La Comisión recuerda también que ha considerado que, antes de permitir el pago en especie de una proporción elevada del salario de los trabajadores, los gobiernos deberían examinar cuidadosamente si tal medida es adecuada teniendo en cuenta las posibles repercusiones para los trabajadores interesados así como las circunstancias nacionales y los intereses de los trabajadores (Estudio General de 2003, Protección del salario, párrafo 118). La Comisión estima que estas consideraciones tienen especial importancia en el caso de los trabajadores que reciben el salario mínimo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el aumento del monto del «cestaticket socialista» ha sido necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en el contexto de los problemas que enfrenta la economía venezolana, en particular los altos índices de inflación, y el beneficio se paga en efectivo desde mayo de 2017, en conformidad con las modalidades temporales adoptadas en el marco del estado de excepción y emergencia económica. Al mismo tiempo, la Comisión pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para entablar sin demora un diálogo a nivel nacional que involucre a todas las organizaciones de empleadores y de trabajadores concernidas y que permita examinar posibles soluciones sostenibles en el tiempo, incluyendo todo ajuste necesario al sistema del «cestaticket socialista» con el fin de garantizar la plena conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que considere la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

Por último, la Comisión toma nota de que en sus observaciones la UNETE, la CTV, la CGT y la CODESA, y la CTASI indican que el hecho de que el «cestaticket socialista» no tenga carácter salarial tiene consecuencias sobre otros beneficios sociales por los cuales se calcula el beneficio en función del monto del salario de los trabajadores. Al respecto, la Comisión observa que, aunque este tema podría abordarse oportunamente en el marco de la supervisión de otros convenios ratificados en materia de protección social, no está regulado en el Convenio núm. 95.

La Comisión plantea otras cuestiones sobre la aplicación del Convenio núm. 95 en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Yemen

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015. La Comisión también toma nota de que se ha pedido al Gobierno que proporcione información a la Comisión de Aplicación de Normas de la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el incumplimiento de la obligación de enviar memorias e informaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas laborales en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley núm. 23, de 14 de agosto de 2007, sobre la Licitación, la Presentación de Mejores Ofertas y los Almacenes del Gobierno no prevé la inclusión de las cláusulas previstas en el artículo 2 del Convenio. Asimismo, toma nota de que el Gobierno indica que la Comisión Suprema sobre Licitaciones y Subastas, con arreglo a su memorándum núm. 1/a/m 881, de 17 de agosto de 2014, señaló que la ley núm. 23 no incluye disposiciones sobre las condiciones de empleo y los salarios de los trabajadores y que la actual ley en materia de licitación tiene que enmendarse. Toma buena nota de que el Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo se pondrá en contacto con la Autoridad Suprema en materia de Supervisión de las Licitaciones a fin de llevar a cabo las necesarias enmiendas tan pronto como sea posible.

En relación con la referencia realizada por el Gobierno al Código del Trabajo núm. 5, de 1995, y a las enmiendas que se han realizado a este Código, la Comisión toma nota de que las disposiciones de este Código no son estrictamente pertinentes en lo que respecta al Convenio y no dan efecto a su artículo 2 que requiere la inclusión de cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región por medio de un contrato colectivo, un laudo arbitral o por medio de la legislación nacional. La aplicación de la legislación general del trabajo no es suficiente en sí misma para garantizar la aplicación del Convenio, en la medida en que las normas mínimas establecidas por la ley a menudo se mejoran a través de los convenios colectivos o de otra forma.

Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que indique las medidas adoptadas o previstas, si es necesario con la asistencia técnica de la Oficina, para garantizar que todos los contratos celebrados por las autoridades públicas contienen cláusulas laborales que están de conformidad con lo establecido por el Convenio y que comunique información sobre todos los cambios que se produzcan en relación con las modificaciones previstas de la ley núm. 23, de 14 de agosto de 2007.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro, cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 26 (Alemania, Austria, Colombia, India, Sierra Leona); el Convenio núm. 94 (Armenia, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Cuba, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa, Granada, Guyana, Islas Salomón, Italia, Kenya, Malasia: Sabah, Malasia: Sarawak, Nigeria, Países Bajos: Aruba, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Reino Unido: Anguilla, Reino Unido: Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Singapur, República Árabe Siria, Swazilandia, Uganda); el Convenio núm. 95 (Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Colombia, Cuba, Rumania, Sierra Leona, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 99 (Alemania, Argelia, Austria, Colombia); el Convenio núm. 131 (Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Cuba, España, Rumania); el Convenio núm. 173 (Armenia).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 173 (Austria).

Tiempo de trabajo

Haití

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (ratificación: 1952)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (ratificación: 1952)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) (ratificación: 1952)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP), recibidas el 30 de agosto de 2017, en relación con la aplicación de los convenios ratificados sobre el tiempo de trabajo. La Comisión toma nota de que estas observaciones reiteran los puntos ya suscitados por la CTSP en 2015 y 2016, en particular, la no observancia en la práctica de las disposiciones del Código del Trabajo relativas a la duración del trabajo y al descanso semanal y la falta de recursos de la inspección del trabajo para actuar eficazmente contra las infracciones, incluido en el sector informal.

Además, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley relativa a la organización y reglamentación del trabajo con una duración de veinticuatro horas repartida en tres segmentos de ocho horas (en adelante, Ley sobre el Tiempo de Trabajo) que fue promulgada en el Monitor Haitiano, el 21 de septiembre de 2017. En la medida en que esta nueva ley tiene un impacto sobre la aplicación de todos los convenios ratificados por Haití en materia de tiempo de trabajo, ya sean los Convenios núms. 1 y 30 (horas de trabajo) y 14 y 106 (descanso semanal), la Comisión estima que conviene examinarlos en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de que la nueva ley deroga la mayor parte de las disposiciones del Código del Trabajo que daban efecto a los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo, y en particular:

–el artículo 96, que al tiempo que establecía el principio de una duración de ocho horas de trabajo por día y de 48 horas a la semana, autorizaba la distribución variable de la duración del trabajo en una semana con un límite de nueve horas por día para los establecimientos industriales y de diez horas por día para los establecimientos comerciales y las oficinas; estos límites correspondían a los previstos en el artículo 2, b), del Convenio núm. 1 (industria) y en el artículo 4 del Convenio núm. 30 (comercio y oficinas);

–los artículos 97, 98 y 101 a 104, que preveían las posibles excepciones a la duración normal del trabajo (régimen de horas suplementarias y límites); estas excepciones cumplían en su conjunto con los artículos 3 a 6 del Convenio núm. 1 y los artículos 5 a 7 del Convenio núm. 30, y

–el artículo 107, que establecía un descanso semanal que comprendía como mínimo veinticuatro horas consecutivas y que debía ser concedido preferentemente en día domingo, y a todo el personal de un mismo establecimiento a la vez, de conformidad con el artículo 2 del Convenio núm. 14 (industria) y el artículo 6 del Convenio núm. 106 (comercio y oficinas).

La Comisión constata que con la adopción de la Ley sobre el Tiempo de Trabajo, el nuevo dispositivo legislativo nacional sobre la duración del trabajo y el descanso semanal se ha visto reducido al escaso contenido de los artículos siguientes de la ley:

–el artículo 2, que al tiempo que prevé que la duración normal del trabajo sigue siendo de ocho horas por día y de 48 horas por semana, establece que «el empleador y el empleado pueden decidir y aceptar, en función de la necesidad y del acuerdo entre las partes en conformidad con las normas nacionales e internacionales que rigen a este respecto, exceder el segmento normal de ocho horas de trabajo por día sin que el total de horas trabajadas exceda las 48 horas por semana»;

–el artículo 3, que establece un intervalo de descanso remunerado de al menos media hora;

–el artículo 4, relativo a la remuneración de las horas suplementarias y al registro de las mismas a efectos de control, y

–el artículo 5, que afirma que los trabajadores y las trabajadoras negocien libremente el horario que les conviene.

En este sentido, la Comisión toma nota con preocupación de que la nueva ley no da efecto a varias disposiciones importantes de los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo, en particular:

–el número máximo de horas de trabajo por día ya no se define en la nueva ley, mientras que el artículo 2, b), del Convenio núm. 1 y el artículo 4 del Convenio núm. 30 prevén un límite de nueve horas por día para los establecimientos industriales y de diez horas por día para los establecimientos comerciales y las oficinas;

–las posibles derogaciones de la duración normal del trabajo ya no están reglamentadas, mientras que los artículos 3 a 6 del Convenio núm. 1 y los artículos 5 a 7 del Convenio núm. 30, prevén un régimen específico y el límite de las horas suplementarias, y

–ya no se reconoce de forma expresa el principio de descanso semanal, mientras que el artículo 2 del Convenio núm. 14 y el artículo 6 del Convenio núm. 106 prevén un descanso que comprenda como mínimo veinticuatro horas consecutivas en el curso de cada período de siete días.

Asimismo, en vista de la formulación del artículo 5 de la nueva ley, la Comisión considera que es necesario recordar la importancia de que la legislación y la práctica nacionales limiten el recurso a excepciones al límite acumulativo doble establecido por los Convenios, a saber, ocho horas de trabajo diarias y 48 horas de trabajo semanales, a los casos bien definidos y limitados, tales como accidentes reales o amenazas de accidentes, fuerza mayor, trabajo urgente en instalaciones y maquinarias (Estudio General de 2018, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, párrafo 119).

Además, la Comisión lamenta tomar nota de que haya sido adoptada esta nueva ley, aunque al mismo tiempo el proceso de reforma del Código del Trabajo en su conjunto que está en curso desde hace muchos años, y para el cual el país se beneficia de la asistencia técnica de la OIT, no ha sido finalizado.

La Comisión toma nota por último con una profunda preocupación que no se hayan recibido memorias del Gobierno.

La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas a fin de garantizar que los trabajadores se beneficien de la protección prevista en los convenios ratificados en materia de tiempo de trabajo. La Comisión le insta firmemente asimismo a que adopte medidas para que se efectúen inspecciones con objeto de garantizar que esta protección sea efectiva en la práctica. La Comisión espera firmemente que el Gobierno renueve sus esfuerzos para concluir la revisión del Código del Trabajo y que ésta garantice la plena conformidad con los convenios ratificados por el país, en particular, en materia de tiempo de trabajo. Por último, la Comisión espera firmemente que las próximas memorias del Gobierno proporcionarán informaciones completas a este respecto.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 107.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Seguridad y salud en el trabajo

Argelia

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) (ratificación: 1969)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2006)

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (ratificación: 2006)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar la aplicación de los Convenios núms. 120 (higiene – comercio y oficinas), 155 (SST) y 167 (SST en la construcción) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en sus memorias en respuesta a sus comentarios anteriores sobre los artículos siguientes:

–Convenio núm. 155: artículos 4 y 7 (examen periódico de la política nacional y de la situación nacional en materia de SST); artículo 5, a) y b) (control de los componentes materiales del trabajo y adaptación del lugar de trabajo a los trabajadores); artículo 12, a) y b) (obligación de las personas que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a cualquier título maquinaria, equipos o sustancias para uso profesional), y artículo 20 (medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los empleadores y los trabajadores en la empresa), y

–Convenio núm. 167: artículo 6 (cooperación entre los empleadores y los trabajadores).

Anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo. La Comisión toma nota del anteproyecto de ley relativa al Código del Trabajo, de octubre de 2015, transmitido por el Gobierno. Toma nota de que este texto contiene una serie de disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo (libro VI del anteproyecto de ley) y tiene por objetivo codificar las disposiciones de la legislación nacional en vigor en la materia, a saber la ley núm. 88-07, de 26 de enero de 1988, relativa a la higiene, la seguridad y la medicina del trabajo (ley núm. 88-07) y sus reglamentos de aplicación. El anteproyecto prevé que todas las disposiciones contrarias al Código del Trabajo se derogarán cuando éste se adopte y que las disposiciones de los reglamentos de aplicación de las leyes pertinentes seguirán en vigor, hasta su sustitución, a reserva de su conformidad con las disposiciones del Código del Trabajo. Subrayando la amplitud de la revisión legislativa en curso, la Comisión pide al Gobierno que tenga en cuenta los puntos planteados a continuación a fin de garantizar la plena conformidad de la legislación con los convenios ratificados en materia de SST en el contexto del proceso de reforma en curso.

Disposiciones generales

Seguridad y salud de los trabajadores (Convenio núm. 155)

Artículo 13 del Convenio. Protección de los trabajadores que han interrumpido situaciones de trabajo que entrañan un peligro inminente y grave. A falta de respuesta del Gobierno sobre este punto, la Comisión le pide de nuevo que transmita información sobre todas las medidas adoptadas para garantizar la protección contra toda consecuencia injustificada de todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave.

Protección en ramas de actividad específicas

Higiene en el comercio y las oficinas (Convenio núm. 120)

Artículos 14 y 18 del Convenio. Asientos adecuados a disposición de los trabajadores. Protección contra los ruidos y las vibraciones. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para dar efecto a los artículos 14 y 18 del Convenio. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se refiere de nuevo al proyecto de decreto ejecutivo que modifica el decreto ejecutivo núm. 91-05, de 19 de enero de 1991, relativo a las prescripciones generales de protección aplicables en materia de higiene y seguridad en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todo progreso realizado a este respecto y que comunique copia del decreto ejecutivo antes mencionado, una vez que se haya adoptado.

Seguridad y salud en la construcción (Convenio núm. 167)

Artículos 14 a 24 y 27 del Convenio. Normas técnicas. Medidas de prevención y de protección. Andamiajes y escaleras de mano; aparatos elevadores y accesorios de izado; materiales de transporte; maquinaria de movimiento de tierras y de manipulación de materiales; instalaciones, máquinas, equipos y herramientas manuales; trabajos en alturas; excavaciones y obras subterráneas; ataguías y cajones; trabajos en aire comprimido; armaduras y encofrados; trabajos por encima de la superficie de agua; trabajos de demolición. Explosivos. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que los decretos ejecutivos siguientes: núm. 05-12, de 8 de enero de 2005, relativo a las prescripciones particulares en materia de higiene y seguridad aplicables a los sectores de la construcción, de obras públicas y de la energía hidráulica; núm. 91-05, de 19 de enero de 1991, relativo a las prescripciones generales de protección aplicables en materia de higiene y seguridad en el trabajo, y núm. 2-427, de 7 de diciembre de 2002, relativo a las condiciones de organización, de educación, de información y de formación de los trabajadores en el ámbito de la prevención de los riesgos profesionales, daban parcialmente efecto a los artículos 14 a 19 y 21 a 24 del Convenio y que el Gobierno no había proporcionado ninguna información en relación con la aplicación del artículo 20. En lo que respecta al artículo 27, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que las disposiciones que rigen el manejo de explosivos estaban siendo preparadas en el marco de un reglamento técnico de seguridad. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha elaborado un proyecto de reglamento técnico que será adoptado en consulta con los sectores de la vivienda y el urbanismo y de la ciudad, los trabajos públicos, el transporte y los recursos hídricos y con los interlocutores económicos y sociales, así como con los actores interesados en materia de prevención de riesgos profesionales. La Comisión pide al Gobierno que en la elaboración del reglamento técnico de seguridad tenga en cuenta las disposiciones detalladas que figuran en los artículos 14 a 24 y 27 del Convenio y que comunique copia del reglamento una vez que haya sido adoptado.

Aplicación de los convenios en la práctica. Servicios de inspección adecuados. La Comisión se remite a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).

Azerbaiyán

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1992)

Artículo 6, 2), del Convenio. Deber de colaboración entre empleadores siempre que realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual, cada vez que varios empleadores realizan simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo, sus obligaciones mutuas están, en general, precisadas en los contratos de trabajo conjuntos, y solicitó informaciones más amplias, incluidos extractos de esos contratos. La Comisión toma nota de que, en su respuesta a su solicitud anterior, el Gobierno se refiere a las disposiciones del Código del Trabajo relativas a las obligaciones de los empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo (artículos 215, 216 y 220). Toma nota de que estas disposiciones no obligan a los empleadores, siempre que realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo, a colaborar para aplicar las medias prescritas, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores que aquel emplea. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas, en el derecho y en la práctica, para garantizar que, siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo, colaboren para aplicar las medidas prescritas en materia de salud y seguridad en el trabajo.

Barbados

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1967)

Observación general de 2015. La Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno su observación general de 2015 en relación con este Convenio y, en particular, la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.

Artículos 1, 3, 5 a 9 y 11 a 15 del Convenio. Legislación. Consultaciones. Actividades cubiertas y protección eficaz de los trabajadores. La Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de los comentarios que ha venido reiterando no se ha producido ningún progreso en la aplicación de este Convenio. El Gobierno reconoce que existen deficiencias en la Ley sobre Protección de las Radiaciones de 1971 (cap. 353A), que sólo da efecto al artículo 10 del Convenio (notificación de los trabajos bajo radiaciones ionizantes). Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, con excepción de sistemas establecidos en el principal hospital público, la mano de obra que trabaja bajo radiaciones ionizantes no está protegida. El Gobierno expresa su intención de revisar la Ley sobre Protección de las Radiaciones (cap. 353A), para ponerla en conformidad con el Convenio. A este respecto, el Gobierno indica que existe una opción de establecimiento de una reglamentación sobre protección de las radiaciones, en virtud del artículo 106 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (cap. 356), promulgada en enero de 2013.

En relación con las observaciones anteriores del Sindicato de Trabajadores de Barbados (BWU) que trataban de la reactivación del comité consultivo de protección de las radiaciones, el Gobierno indica que debería establecerse una comisión tripartita con funciones similares pudiendo dar lugar a una revisión exhaustiva y efectiva de la legislación, con miras a dar efecto a todo el Convenio. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno las orientaciones contenidas en su observación general de 2015. Al tiempo que toma nota de la intención del Gobierno de revisar la Ley sobre Protección de las Radiaciones de 1971 (cap. 353A), la Comisión solicita al Gobierno que adopte sin retrasos las medidas necesarias, y en consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores para dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio antes mencionadas, a la luz de su observación general de 2015, y que presente una memoria detallada a este respecto.

Bosnia y Herzegovina

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre la aplicación del Convenio en el distrito de Brčko. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones del Convenio en el distrito de Brčko.

Federación de Bosnia y Herzegovina

Artículos 3, 2), 9, 10, 11, 12 y 15, 1), del Convenio. Legislación nacional para la prevención, el control y la protección de los trabajadores contra la exposición al asbesto. La Comisión toma nota de que el Reglamento sobre la norma yugoslava de concentración máxima autorizada de gas, vapores y aerosoles nocivos (JO de la República Federal Popular de Yugoslavia, 54/91) establece la concentración máxima autorizada de asbesto en la atmósfera en el lugar de trabajo. Sin embargo, el Gobierno no indica: a) si la legislación nacional es objeto de un examen periódico a la luz de los progresos técnicos y de la evolución de los conocimientos científicos; b) si la legislación nacional prevé que la exposición al asbesto se debe evitar o controlar estableciendo controles técnicos y métodos de trabajo adecuados y/o imponiendo reglas y procedimientos especiales para la utilización del asbesto; c) si la legislación nacional prevé el reemplazo o la prohibición total o parcial del asbesto cuando sea necesario para proteger la salud de los trabajadores y si esto es técnicamente posible; d) si la utilización de la crocidolita está prohibida, y e) si la pulverización del asbesto está prohibida. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto por lo que se refiere a la Federación de Bosnia y Herzegovina.

Artículos 15, 4), y 18.  Equipo de protección y ropa de trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, de conformidad con el artículo 8 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (JO 22/90), el empleador tiene la obligación de proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores cuando los peligros a los que éstos estén expuestos no puedan eliminarse de otra manera. Sin embargo, el Gobierno no indica si: a) la manipulación y la limpieza de la ropa de trabajo y de protección especial se llevan a cabo en condiciones controladas; b) la legislación nacional prohíbe el transporte a domicilio de la ropa de trabajo y de protección especial y de los equipos de protección personal; c) el empleador es responsable de la limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento de la ropa de trabajo, de la ropa de protección especial y del equipo de protección personal; d) el empleador pone a disposición de los trabajadores expuestos al asbesto instalaciones donde puedan lavarse, bañarse o ducharse en su lugar de trabajo, y e) el empleador proporciona, mantiene y reemplaza gratuitamente para los trabajadores un equipo de protección respiratorio adecuado y ropa de protección especial. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto en la Federación de Bosnia y Herzegovina.

República Srpska

Artículo 17.  Demolición de instalaciones y de estructuras y eliminación del asbesto. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que en la República Srpska, no existen empresas especializadas en la demolición de instalaciones y estructuras que contienen fibras de asbesto, y la legislación tampoco prevé exigencias especiales para este tipo de trabajos. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la demolición de instalaciones o de estructuras que contienen materiales aislantes friables a base de asbesto y la eliminación del asbesto en los edificios o en las estructuras en las cuales pueda entrar en suspensión en el aire, sólo sean llevadas a cabo por empleadores o contratistas a los que la autoridad competente haya considerado calificados para ejecutar tales trabajos y facultados para efectuar dichos trabajos en la República Srpska.

Cuestiones comunes a la Federación de Bosnia-Herzegovina y a la República Srpska

Artículo 15, 2).  Revisión y actualización periódicas de los límites de exposición de los trabajadores al asbesto. La Comisión toma nota de que el Gobierno no indica si los límites de exposición a la concentración máxima autorizada de asbesto en la atmósfera de los locales de trabajo establecidos en el reglamento sobre la norma yugoslava de concentración máxima autorizada de gas, vapores y aerosoles nocivos (JO de la República Federal Popular de Yugoslavia, 54/91) se revisan y actualizan periódicamente a la luz de los progresos tecnológicos y de la evolución de los conocimientos técnicos y científicos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto por lo que se refiere a la República Srpska y a la Federación de Bosnia y Herzegovina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Botswana

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (ratificación: 1997)

Artículo 3 del Convenio. Formulación, aplicación y revisión periódica de una política coherente. Legislación. En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno se refería a la Ley y a los reglamentos sobre Minas, Canteras, Obras y Maquinaria (MQWMA), capítulo 44:02, y a su proceso de revisión, dando efecto a esa disposición del Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el proceso de revisión es llevado a cabo por el Comité de minas, canteras y seguridad (Comité de MQWS), establecido con arreglo al artículo 5, 1), de la ley MQWMA, en el que están representados el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. La función del Comité de MQWS es «asesorar al Ministro sobre la supervisión que ha de ejercerse en minas, canteras y obras, o en cualquier cosa o práctica que afecte o sea susceptible de afectar la seguridad, la salud o el bienestar de las personas empleadas en las minas, canteras y obras». Con respecto a esta revisión, la Comisión toma nota del instrumento legislativo núm. 33/2005, transmitido por el Gobierno en respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, que enmienda las disposiciones del reglamento sobre MQWMA relativo a algunos asuntos de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el desarrollo, la aplicación y la revisión periódica de su política nacional sobre seguridad y salud en las minas, en consulta con los interlocutores sociales, incluso a través del Comité de MQWS.

Artículo 4, 2).  Aplicación práctica del Convenio, a través de normas técnicas. En relación con su solicitud anterior relativa al contenido de dos normas técnicas desarrolladas por la Oficina de Normas de Botswana, la Comisión toma nota de que la BOS OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos relativos a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para permitir que una organización controle sus riesgos y mejore su desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la BOS OHSAS 18002:2008 aporta directrices detalladas para la aplicación de la BOS OHSAS 18001:2007.

Artículo 5, 2), d).  Compilación y publicación de estadísticas. Aplicación en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores sobre las medidas adoptadas para abordar el número de accidentes vinculados con la manipulación de las máquinas, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los inspectores realizan inspecciones regulares y brindan asesoramiento a los operadores de explotaciones mineras en relación con las medidas correctivas que han de adoptarse. El Gobierno añade que se llevan a cabo investigaciones de los accidentes y los sucesos peligroso, que el informe presentado al operador de explotaciones mineras contiene instrucciones sobre las medidas que han de adoptarse para impedir la repetición de los accidentes, y que el operador debe dar cumplimiento a las instrucciones y presentar información sobre las medidas correcticas adoptadas. Recordando que el artículo 5, 2), d), prevé la compilación y publicación de estadísticas sobre accidentes, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos en las minas, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione esta información estadística. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las actividades de inspección llevadas a cabo en el sector de la minería.

Artículo 5, 5).  Planos de la explotación. La Comisión tomó nota anteriormente de que, en virtud de la regla 578, 1), del reglamento sobre MQWMA, el administrador garantizará que los planos se preparen y guarden en la mina, y la regla 578, 2), permite excepciones a las disposiciones del apartado 1, cuando el número promedio de personas empleadas sea menos de 100. La Comisión también tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en la práctica, no se han otorgado excepciones para esas minas, siendo todas las minas inspeccionadas periódicamente por la Inspección de minas, a efectos de verificar el cumplimiento de la regla 578, 1). El Gobierno también indicó que se adoptarán medidas adicionales para dar efecto al artículo 5, 5), en el contexto del proceso de revisión del reglamento sobre MQWMA. Tomando nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación disponga que los empleadores deberán preparar, antes del inicio de las operaciones, y mantener a disposición, en la explotación minera, los planos de explotación correspondientes respecto de todas las minas, incluidas las minas en las que estén empleadas menos de 100 personas. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre toda excepción otorgada en virtud de la regla 578, 2), del reglamento sobre MQWMA.

Artículo 13, 1), b).  Derecho de los trabajadores a obtener inspecciones e investigaciones. Artículo 13, 1), d). Derecho de los trabajadores de obtener la información relativa a su seguridad o salud. Artículo 13, 1), e). Derecho de los trabajadores a retirarse del peligro. Artículo 13, 1), f). Derecho de los trabajadores a elegir colectivamente a los representantes de seguridad y salud. Artículo 13, 2), b). Derecho de los representantes de seguridad y salud a: i) participar en inspecciones e investigaciones, y ii) supervisar e investigar asuntos relativos a la seguridad y la salud. Artículo 13, 2), d). Derecho de los representantes de seguridad y salud a celebrar consultas con el empleador acerca de cuestiones relativas a la seguridad y la salud, incluidas las políticas y los procedimientos en dicha materia. Artículo 13, 2), f). Derecho de los representantes de seguridad y salud a recibir notificación de los accidentes e incidentes peligrosos. Artículo 13, 3). Procedimientos para el ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes de seguridad y salud, en virtud del artículo 13, 1) y 2), y artículo 13, 4). Protección contra la discriminación y las represalias. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se ha dado efecto en la práctica a estas disposiciones del Convenio, que serían tenidas en cuenta en el proceso de revisión del reglamento sobre MQWMA. Tomando nota de que el Gobierno no comunica ninguna nueva información a este respecto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional prevea todos los requisitos contenidos en las mencionadas disposiciones del Convenio.

Brasil

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1990)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Determinación periódica y sustitución de sustancias y agentes cancerígenos. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para determinar periódicamente las sustancias y agentes cancerígenos y que proporcionara información acerca de las medidas adoptadas o previstas para la sustitución del asbesto y otras sustancias y agentes cancerígenos. La Comisión toma nota con interés de la publicación de la Lista nacional de agentes cancerígenos para humanos (LINACH-decreto interministerial núm. 9 de 2014). El Gobierno indica que la LINACH es actualizada semestralmente. Asimismo, los anexos 12 y 13 de la NR 15 (Actividades y operaciones insalubres) establecen respectivamente los límites de tolerancia para el polvo de minerales, incluido el asbesto, y los requerimientos para las actividades que implican agentes químicos cancerígenos, incluida la prohibición de exposición o contacto en ciertos casos. Con respecto al amianto, la Comisión observa con interés que, el 29 de noviembre de 2017, el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) decidió que la Ley núm. 9005, de 1995, que regula la extracción, uso, comercialización y transporte de amianto y productos que contienen amianto, así como de fibras naturales y artificiales de cualquier origen, utilizados para el mismo propósito, es inconstitucional. La decisión del STF prohíbe la producción, comercialización y uso de amianto en el país.

Cabo Verde

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2000)

Artículo 4 del Convenio. Definición, puesta en práctica y reexamen periódico de una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Artículo 8. Medidas para dar efecto a la política nacional. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la participación del país en un programa de asistencia técnica de la OIT, especialmente de la organización de un taller tripartito, en agosto de 2013, que tuvo como objetivo el desarrollo de una política nacional. Tomó nota de que, después de este taller, se elaboró un perfil nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST) y se identificaron los principales elementos de la política nacional. La Comisión toma nota con satisfacción de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual el Consejo de Diálogo Social aprobó por unanimidad la política nacional de seguridad y salud en el trabajo (PNSST), que fue adoptada por la resolución núm. 20/2014, de 14 de marzo de 2014, del Consejo de Ministros. La PNSST tiene como objetivo promover y mantener, en el ámbito nacional, el grado más elevado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todas las ocupaciones y profesiones, y prevenir los accidentes y los daños a la salud que sobrevienen como consecuencia del trabajo o que están vinculados con el mismo, o que tienen lugar durante el trabajo, con miras a reducir al mínimo, en la medida de lo razonablemente posible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. La Comisión toma nota de que la resolución núm. 20/2014 establece, además, una comisión tripartita de salud y seguridad en el trabajo (CTSST), encargada de acompañar la puesta en práctica de la PNSST y de proponer periódicamente una revisión de ésta, en el marco de un proceso de mejora continuado. Esta resolución prevé asimismo que un comité ejecutivo, compuesto de dos representantes del ministerio competente en las cuestiones laborales y de dos representantes del ministerio competente en las cuestiones de salud, se encargue de coordinar y supervisar la ejecución de la PNSST y del plan nacional de SST. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas por la CTSST, en el marco de la puesta en práctica de la PNSST, así como sobre la periodicidad prevista para el reexamen de la PNSST.

Artículos 13 y 19, f). Protección de los trabajadores que interrumpieron situaciones de trabajo que entrañan un peligro inminente y grave. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales debe adoptarse un marco jurídico para dar pleno efecto a estos artículos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se limita, en su memoria, a referirse al artículo 241, párrafos 1, e), 3) y 4), del Código del Trabajo, que autoriza al trabajador a poner fin a la relación de trabajo, especialmente en caso de riesgo grave para su salud o de amenaza para su integridad física. En tal caso, el trabajador tiene derecho a una indemnización calculada en función de sus años de servicio. La Comisión observa que estas disposiciones no abarcan específicamente las exigencias contenidas en los artículos 13 y 19, f), del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien dar efecto a los mencionados artículos del Convenio y que comunique informaciones a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Canadá

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN) y del Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), recibidas en 2015.

Artículos 3, 4, 10 y 11 del Convenio. Medidas que han de adoptarse para la prevención y el control de los riesgos para la salud debido a la exposición laboral al asbesto. Revisión periódica a la luz de los progresos técnicos y los conocimientos científicos. Consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Sustitución del asbesto y prohibición total o parcial de la utilización del asbesto. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Canadá era uno de los principales productores de asbesto y que junto con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2011, pidió al Gobierno que velara por la adopción de los límites más estrictos que impone la normativa para la protección de la salud de los trabajadores en cuanto a su exposición al asbesto. Además, observó que desde 2011 no se produce asbesto en el país.

La Comisión toma nota de la declaración del CLC en la que se exhorta a la prohibición del asbesto, y cita información científica y técnica que apunta la necesidad de una prohibición total de ese producto. Además, toma nota de que la CSN considera que el cumplimiento del Convenio exige la prohibición de todos los tipos de asbesto e insta al Gobierno a llevar a cabo una revisión de la legislación nacional relativa a la exposición al asbesto, junto con un programa destinado a asistir a los trabajadores de esa industria a ajustarse a esta fase de transición, incluyendo la readaptación.

A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que en diciembre de 2016, el Gobierno publicó un aviso de su intención de elaborar una reglamentación sobre el asbesto en que se prohíbe todas las actividades futuras relativas al asbesto y los productos que lo contienen. El aviso de intención recibió comentarios por parte de tres asociaciones de la industria, ocho organizaciones de trabajadores y de organizaciones no gubernamentales y seis partes interesadas regionales. La Comisión toma nota de que, con posterioridad, se publicó un documento en el que se describe el enfoque propuesto de la reglamentación, publicado en abril de 2017, y de que la respuesta recibida al documento se tendrá en consideración en la elaboración de la reglamentación propuesta. En el documento de consulta se indica que el Gobierno propone elaborar una reglamentación en virtud de la Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente para prohibir la importación, utilización, venta y oferta para la venta de asbesto, así como la fabricación, utilización, venta, oferta para la venta e importación de los productos que contienen asbesto. El documento de consulta indica que, tras las consultas públicas, la reglamentación se publicará en otoño de 2018. La Comisión saluda la iniciativa del Gobierno y le pide que prosiga sus esfuerzos destinados a la prevención, al control y a la protección de los trabajadores contra los peligros para la salud debidos a la exposición laboral al asbesto. La Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de la reglamentación elaborada a este respecto en virtud de la Ley Canadiense de Protección del Medio Ambiente, una vez que sea adoptada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chile

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 1999)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2011)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 161 (servicios de salud en el trabajo) y 187 (marco promocional para la SST) en un mismo comentario.

Servicios de salud en el trabajo (Convenio núm. 161)

Artículos 2 y 4 del Convenio. Política nacional y consulta. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara informaciones sobre la formulación y aplicación de una política nacional coherente sobre los servicios de salud en el trabajo y las consultas efectuadas a este respecto. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que la política nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST) (decreto supremo núm. 47, de 4 de agosto de 2016), cuenta con un componente sobre los servicios de salud en el trabajo que establece los principios fundamentales acerca del funcionamiento de los organismos administradores del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La política de SST se elaboró en tres fases, en las que se desarrollaron consultas a nivel nacional y regional, y donde participaron los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Artículo 5, apartados b) y f). Vigilancia de la salud de los trabajadores y de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores. Sílice. La Comisión recuerda que desde hace varios años solicita al Gobierno que tome medidas para asegurar la vigilancia de la salud de los trabajadores así como de los factores del medio ambiente de trabajo con exposición a la sílice. La Comisión toma nota con interés de la aprobación del protocolo de vigilancia del ambiente y de la salud de los trabajadores con exposición a la sílice (resolución núm. 268 de 2015) y de las circulares núms. 2706, 2893, 2971 y 3064 de 2010, 2012, 2013 y 2014 de la Superintendencia de Seguridad Social que han instruido las Mutualidades de Empleadores y el Instituto de Seguridad Laboral a desarrollar programas de vigilancia del ambiente y de la salud de los trabajadores expuestos a la sílice. El propósito del protocolo es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis, a través de directrices para la elaboración, aplicación y control de los programas de vigilancia epidemiológicos de la salud de los trabajadores expuestos a la sílice y de los ambientes de trabajo donde éstos se desempeñan. Los principios orientadores y objetivos estratégicos del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI), se deben tener presentes con la finalidad de aumentar el número de personas bajo control y mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en los lugares de trabajo, para evitar el deterioro de la salud de los trabajadores, determinando procedimientos que permitan detectar precozmente a aquéllos con silicosis.

Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (Convenio núm. 187)

Seguimiento de la decisión del Consejo de Administración (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión recuerda que el Consejo de Administración aprobó en marzo de 2016 el informe del comité encargado de examinar la reclamación en la que se alegaba el incumplimiento por Chile del Convenio núm. 187, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Colegio de Profesores de Chile A.G. (documento GB.326/INS/15/6). La Comisión toma nota de que el Colegio de Profesores de Chile A.G. presentó una segunda reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT en la que se alega el incumplimiento por Chile de las recomendaciones relativas a algunas cuestiones planteadas en la reclamación anterior. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en marzo de 2017, el Consejo de Administración por recomendación de su Mesa, declaró que la segunda reclamación era admisible; invitó a la Comisión a examinar los alegatos contenidos en la última comunicación del Colegio de Profesores A. G., en relación con el curso dado a las recomendaciones relativas a la reclamación anterior, en su reunión de noviembre-diciembre de 2017. A este respecto, la Comisión toma también nota de que el Consejo de Administración pospuso la decisión de designar un comité tripartito para que examinara la nueva reclamación (documento dec-GB.329/INS/21/3).

Artículo 4, párrafos 1 y 2, del Convenio. Sistema nacional de SST. La Comisión toma nota de que en su última reclamación el Colegio de Profesores A.G. alega que: a) el Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones del comité tripartito relativas a la reclamación anterior, en cuanto no ha asignado el tiempo que debe destinarse a la evaluación docente en consulta con el Colegio de Profesores A.G., y la ley núm. 20903 de 2016 (Ley de Carrera Docente), no indica la cantidad de horas no lectivas que se deben asignar a los profesionales de la educación para la realización de la evaluación, así como los locales en que ha de realizarse, y b) las horas dedicadas al cumplimiento de la evaluación constituyen un trabajo extraordinario, gratuito y obligatorio, y por ende nocivo a la salud ocupacional de los docentes. Asimismo, en relación con esta cuestión, en su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre el reexamen de la legislación en relación con el proceso de evaluación docente, así como sobre los locales en que ha de realizarse.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: 1) con respecto a la falta de consulta alegada, el Colegio de Profesores de Chile A.G. participó directamente en la elaboración del proceso de evaluación docente establecido por la Ley de Carrera Docente; 2) en relación con el tiempo que demanda la actividad de evaluación, no obstante que en la normativa referida no se hace expresa mención al momento en que deberán desarrollarse estas actividades, la Contraloría General de la República ha resuelto en reiterados dictámenes el carácter de actividad no lectiva de este tipo de evaluaciones, que deben ser desarrolladas dentro del horario laboral. El Gobierno también indica que las labores realizadas fuera del horario de trabajo se deberán considerar como horas extraordinarias, y por ende pagarse como extraordinarias (dictámenes de la Contraloría núms. 42299 de 2008 y 91155 de 2014), y 3) siendo la evaluación un proceso obligatorio para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales dependientes de las corporaciones municipales, las partes se encuentran obligadas a pactar en el contrato de trabajo, como curriculares no lectivas, las horas destinadas a dicho proceso de evaluación. (Dirección del Trabajo, ordenanza núm. 5414/100 de 2010). De igual forma, compete a las municipalidades adoptar las medidas que permitan cumplir con las actividades de evaluación (dictamen de la Contraloría núm. 62598 de 2012).

Asimismo, en su comentario anterior, la Comisión había observado que el Gobierno estaba tomando medidas para adecuar la legislación pertinente a los problemas de SST de los docentes, principalmente en relación con el agobio laboral, y para revisar el artículo 69 del estatuto docente y su reglamento (ley núm. 19070 de 1996 y modificaciones sucesivas) con respecto a la proporción de horas destinadas a las actividades no lectivas. El Gobierno indica que se encuentra en fase de elaboración un reglamento que determinará en forma más precisa las labores y actividades que podrán ser comprendidas en la definición de horas curriculares no lectivas, con arreglo al artículo 6 del estatuto docente, modificado por la Ley de Carrera Docente. Con respecto a la proporción de horas destinadas a las actividades no lectivas, desde 2017 se reducen las horas lectivas y se incrementan las horas no lectivas (70 por ciento de horas lectivas). El tiempo no lectivo se incrementará nuevamente en 2019 (65 por ciento de horas lectivas). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las consultas que se llevaron a cabo en la elaboración del proceso de evaluación docente establecido por la Ley de Carrera Docente, así como sobre los avances logrados con respecto a la elaboración del reglamento para determinar las horas curriculares no lectivas, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Colombia

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 2001)

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (ratificación: 1994)

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) (ratificación: 1997)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo, la Comisión considera oportuno examinar los Convenios núms. 162 (asbesto), 170 (productos químicos) y 174 (accidentes industriales mayores) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación General del Trabajo (CGT), así como de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), sobre la aplicación del Convenio núm. 162, recibidas en 2016. La Comisión toma nota también de las observaciones de la CTC y de la CUT sobre la aplicación del Convenio núm. 174, recibidas en 2015, así como de la respuesta del Gobierno al respecto.

Asbesto (Convenio núm. 162)

Artículos 3, 2), y 14 del Convenio. Revisión periódica de la legislación nacional. Rotulación. En su comentario anterior la Comisión había señalado que, a efectos del Convenio, los productos que contienen menos del 1 por ciento de asbesto no se consideran como productos «libre de asbesto». Por lo tanto, al fin de garantizar que la rotulación en los productos esté en conformidad con el Convenio, la Comisión instó al Gobierno a proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas para reexaminar el concepto de «libre de asbesto», según lo establecido por el reglamento de higiene y seguridad del crisotilo y otras fibras de uso similar (resolución núm. 007 de 4 de noviembre de 2011 del Ministerio de Salud y Seguridad Social). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se evalúa y se espera acordar con los actores sociales proceder a poner a consideración de la Comisión nacional de salud ocupacional del asbesto crisotilo y otras fibras el reexamen de la norma en el sentido indicado por la Comisión y de ser así, disponer de un concepto sobre la consideración, definición y actualización en lo relativo a «libre de asbesto». En este sentido, la ANDI y la OIE indican que apoyarían la emisión de un documento técnico que complemente la resolución y que aclare las medidas de prevención y protección necesarias en virtud del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el resultado de las consultas y la decisión que se adopte en materia de reexamen de la definición reglamentaria de «libre de asbesto» y que se asegure que todos los productos que contengan asbesto sean rotulados de conformidad con el artículo 14 del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para monitorear la aplicación en la práctica del artículo 14 del Convenio.

Artículo 17.  Trabajos de demolición. En su comentario anterior la Comisión había pedido al Gobierno que estableciera un sistema mediante el cual únicamente los empleadores o contratistas calificados puedan realizar los trabajos a que se refiere este artículo del Convenio y que diera efecto a la obligación del empleador o contratista de establecer el plan de trabajo en los términos establecidos en el párrafo 2 del artículo 17. El Gobierno indica que, debido a la condición geotérmica del país, nunca el asbesto o materiales aislantes friables a base de asbesto han sido utilizados para estructuras de construcción. De igual manera el Gobierno indica que el numeral 4.5 del reglamento de higiene y seguridad del crisotilo y otras fibras de uso similar, establece disposiciones sobre los trabajos de construcción, modificación, demolición y eliminación, en conformidad con el párrafo 2 del artículo 17 del Convenio. El Gobierno añade, sin embargo, que la normativa vigente no establece un sistema mediante el cual únicamente los empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados puedan realizar los trabajos a que se refiere este artículo del Convenio. Asimismo, la ANDI y la OIE indican que apoyarían la emisión de un documento técnico que complemente dicho reglamento, garantizando el cumplimiento de los requisitos del artículo 17 del Convenio. Al tiempo que toma nota de las explicaciones del Gobierno y de la posición de la ANDI y de la OIE al respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que únicamente los empleadores o contratistas reconocidos por la autoridad competente como calificados puedan realizar los trabajos a que se refiere al artículo 17 del Convenio.

Productos químicos (Convenio núm. 170)

Artículo 9 del Convenio. Responsabilidad de los proveedores. En relación con su comentario anterior relativo a la responsabilidad de los proveedores, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las decisiones núms. 331 de 1993 y 399 de 1997 de la Comunidad Andina. Sin embargo, estas decisiones solamente se aplican al transporte internacional de mercancías por carretera y al transporte multimodal internacional y no cubren las disposiciones previstas en el Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar acerca de la responsabilidad de los proveedores, ya se trate de fabricantes, importadores o distribuidores, de productos químicos, con arreglo al artículo 9 del Convenio.

Artículos 10 y 11.  Responsabilidad de los empleadores relativa a la identificación y trasferencia de los productos químicos. En relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que un proyecto de decreto para la integración del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos a nivel nacional se encuentra en proceso de adopción. La Comisión pide al Gobierno que se asegure que el decreto en proceso de adopción prevé la responsabilidad de los empleadores en materia de identificación y transferencia de productos químicos, según lo previsto en los artículos 10 y 11 del Convenio.

Artículo 18.  Derechos de los trabajadores de apartarse del peligro y de obtener información. En relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota de que, con arreglo al artículo 3 de la resolución núm. 2400 de 1979 (algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo), los trabajadores tienen la obligación de dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo, y sistema de control de riesgos. La Comisión observa sin embargo, que la disposición mencionada por el Gobierno no prevé específicamente el derecho de los trabajadores de apartarse del peligro y de obtener la información prevista en el artículo 18, párrafos 3 y 4 del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para que los trabajadores tengan el derecho: a) de apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud y estén protegidos contra las consecuencias injustificadas de este acto, y b) a obtener la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, párrafos 3 y 4 del Convenio.

Prevención de accidentes industriales mayores (Convenio núm. 174)

Artículo 4 del Convenio. Política nacional y consulta con los interlocutores sociales. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre: a) el contenido de la política nacional específicamente con respecto a los riesgos de accidentes mayores para la protección de los trabajadores, de la población y del medio ambiente, y b) la consulta con los interlocutores sociales a este respecto. La Comisión toma nota de que en el marco de la ley núm. 1523 de 2012 (política nacional y sistema nacional de gestión del riesgo de desastres) se adoptó el decreto núm. 308 de 2016 (Plan nacional de gestión del riesgo de desastres, PNGR 2015-2025) que prevé la implementación de varios proyectos sobre la gestión de la información con relación a los riesgos de desastres por fenómenos de origen tecnológico. Asimismo, la Comisión toma nota del borrador de proyecto de decreto relativo a la adopción del Programa de prevención de accidentes mayores que ha sido transmitido por el Gobierno. El Gobierno indica que dicho proyecto recibió los comentarios de los distintos actores del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres en el marco de la Comisión técnica asesora de riesgos industriales y tecnológicos (CNARIT), creada como parte del desarrollo de la mencionada política nacional mediante resolución 1770 de 2013. El Gobierno también indica que el proyecto fue puesto a consulta pública el 31 de octubre de 2017 por un término de catorce días por lo que se recibirán observaciones del público. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones de la CUT sobre la falta de participación de los representantes de los trabajadores en la CNARIT y en otras instancias interinstitucionales de diálogo previstas en el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Asimismo, la Comisión observa que el proyecto de decreto no se aplica a la exploración y extracción de recursos mineros-energéticos y a los rellenos sanitarios y rellenos o celdas de seguridad. En este sentido, la Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 1, párrafo 4, del Convenio, el Gobierno puede, después de consultar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir del campo de aplicación del Convenio ciertas instalaciones o ramas de la actividad económica, en tanto que se disponga de una protección equivalente. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar para que las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores sean consultadas en la formulación, adopción y revisión periódica de una política nacional coherente relativa a la protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente contra los riesgos de accidentes mayores. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre la manera en que la exploración y extracción de recursos mineros-energéticos y los rellenos sanitarios y de seguridad disponen de protección equivalente a la ofrecida por el Convenio.

Artículo 5.  Sistema para la identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores. En su comentario anterior, la Comisión había solicitado el Gobierno que adoptara medidas para la identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las observaciones de la CUT sobre la ausencia del sistema de identificación. Asimismo, la Comisión toma nota de que el tercer informe de seguimiento y evaluación del PNGR (agosto de 2017) destaca los avances logrados con respecto a la clasificación e inventario de las instalaciones peligrosas por causa de riesgos químicos. En este sentido, los artículos 7 y 8 del mencionado proyecto de decreto sobre el Programa de prevención de accidentes mayores establecen un mecanismo de captura de información de instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores, que deberá ser definido por el Ministerio del Trabajo en los doce meses siguientes a la publicación de dicho decreto. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los avances logrados, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y con otras partes interesadas que pudieran ser afectadas, en el establecimiento de un sistema para la identificación de las instalaciones expuestas a riesgos de accidentes mayores, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones relativas a la aplicación de los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo (protección contra riesgos particulares) en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2018.]

Japón

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1973)

Observación general de 2015. La Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno su observación general de 2015 en relación con el Convenio y, en particular, la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), comunicadas con la memoria del Gobierno.

Artículos 2, 12 y 13 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo y supervisión médica. 1. Trabajadores que intervienen en una situación de emergencia. La Comisión tomó nota anteriormente de que, debido al accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto de 2011, se dictó una orden ministerial sobre medidas especiales, que entró en vigor entre marzo y diciembre de 2011, que aumentó la dosis máxima permitida de exposición a las radiaciones en situaciones de emergencia a 250 mSv. Una vez que se estabilizaron los reactores nucleares, el límite de dosis de exposición a los radiaciones ionizantes se volvió a fijar en 100 mSv. No obstante, la ordenanza sobre la prevención de los riesgos por radiaciones ionizantes (núm. 41) fue enmendada en 2015 a fin de establecer que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar pueda fijar un límite especial a la dosis de exposición que no supere los 250 mSv en situaciones en las que sea difícil ajustarse a una dosis máxima de exposición de 100 mSv durante las tareas excepcionales en situaciones de emergencia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma, en respuesta a su solicitud anterior, que solamente podrán participar en las tareas excepcionales de emergencia los trabajadores que hayan dado su consentimiento por anticipado, recibido la formación necesaria y hayan sido designados por los empresarios como personal de prevención en catástrofes nucleares. El Gobierno afirma además que el artículo 7, 3), de la ordenanza núm. 41 desautoriza a cualquier otro tipo de personal que no sea el de prevención de catástrofes nucleares (tal como se expone en el artículo 8 de la Ley sobre Medidas Especiales relativas a Preparativos para Situaciones de Emergencia Nuclear (ley núm. 156 de 1999)) para que tomen parte en las tareas excepcionales en situaciones de emergencia; y establece que cuando los empresarios nombren personal para prevención de catástrofes nucleares, sólo podrán firmarse contratos laborales tras haberse indicado inequívocamente las condiciones de trabajo, incluida su participación en las tareas excepcionales de las situaciones de emergencia. El Gobierno afirma que, si tuvieran que contratarse trabajadores para labores de emergencia en el futuro, deberán considerarse sus deseos en la medida de lo posible para la asignación de las tareas correspondientes. El Gobierno señala que, de acuerdo con la ordenanza núm. 41 y la norma especial de formación para tareas excepcionales en situaciones de emergencia (notificación núm. 361 de 2015, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar), deberán impartirse a los trabajadores que participen en labores de emergencia como mínimo 12,5 horas de formación relativa a los efectos de las radiaciones ionizantes en la salud y los métodos obligatorios de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha creado una base de datos de trabajadores contratados en tareas de emergencia, así como una base de datos para la gestión de la salud a largo plazo de estos trabajadores, que se utiliza para aplicar métodos de detección del cáncer.

La Comisión se refiere una vez más al párrafo 37 de su observación general de 2015, en el que afirma que, en situaciones de emergencia los niveles de referencia deberían situarse en una banda de entre 20 y 100 mSv, o en lo posible, por debajo de la misma. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una situación de emergencia sea sometido a una exposición que exceda los 50 mSv. Tal como se señala en el párrafo 22 de esta observación general, las organizaciones de respuesta (como se define en la nota 19 de la observación general, «Una organización de respuesta es una organización designada o reconocida de otra manera por el Estado como el responsable de la gestión o de la aplicación de cualquier aspecto de una respuesta de emergencia.») y los empleadores deberían velar por que el personal de emergencia que en situaciones excepcionales ejecute acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas excedan los 50 mSv lo haga voluntariamente y hayan sido previamente informados de manera clara y exhaustiva de los riesgos que de ello se derivan para su salud, así como de las medidas de protección y de seguridad disponibles; y que, en la medida de lo posible, hayan sido entrenados en las acciones que están obligados a ejecutar. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas adicionales para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplique a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia. En particular, tomando nota de la indicación del Gobierno relativa a la formación e información que debe suministrarse a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia, así como la indicación de que deberán considerarse los deseos de los trabajadores en la medida de lo posible para la asignación de sus tareas de emergencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los trabajadores que puedan verse expuestos a dosis excepcionales en situaciones de emergencia lo hagan voluntariamente. Recordando que el artículo 6 del Convenio establece que las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes deberán ser objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimientos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para revisar las dosis máximas admisibles para esta categoría de trabajadores. Además, y tomando debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas a largo plazo para hacer el seguimiento de aquellos trabajadores que se vean expuestos a dosis mayores de radiación ionizante tras el terremoto de 2011.

2.  Trabajadores dedicados a labores de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales son necesarias medidas adicionales de protección para los trabajadores dedicados al desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi. La Comisión tomó nota de que la ordenanza sobre prevención de riesgos derivados de radiaciones ionizantes en las labores de descontaminación y tareas afines (núm. 152) exigía a los empleadores que participaban en tareas de descontaminación que aplicaran los siguientes protocolos: control de las dosis; medidas de reducción de la exposición, incluido un estudio preliminar de la zona de obra; medidas para el aislamiento de la contaminación, incluidos métodos de detección en superficie de radiaciones en el equipo y en el personal; formación de los trabajadores, y gestión de los cuidados de salud.

La Comisión toma nota de la declaración de la JTUC-RENGO, en la que reclama una ampliación de las iniciativas de gestión a largo plazo en materia de salud para los trabajadores que se han visto expuestos a un límite máximo de dosis radioactiva, aunque no hayan participado directamente en las tareas de emergencia, y a que se amplíe la cobertura de exposición a radiaciones para todos los trabajadores que participan en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi, incluso después de su separación del servicio. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar formuló en 2015 las directrices sobre gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en las que se obliga al contratista a aplicar medidas de gestión de salud para los trabajadores. En este sentido, el contratista ha establecido un sistema para garantizar que se hagan reconocimientos médicos a los trabajadores de los contratistas principales y de sus subcontratistas y que, sobre la base de los resultados de los mismos, se tomen medidas en consecuencia. Además, el Ministerio ha creado un sistema de consultas telefónicas médicas, disponible a diario, para los empresarios sobre métodos de gestión de la salud, así como puntos de contacto dentro de los recintos de la central nuclear de Fukushima para consultas presenciales una vez por semana. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a fin de gestionar la dosis de exposición a las radiaciones ionizantes de los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, con arreglo al mismo marco que el resto de trabajadores de plantas nucleares, la Asociación para la prevención de los efectos de las radiaciones ha establecido un sistema de registro de dosis de exposición a las radiaciones para los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, y ha solicitado a los empresarios que hacen este tipo de trabajo que participen en dicho sistema. El Gobierno señala que ha adoptado una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección contra la radiación por parte de los empresarios que realizan trabajos de descontaminación. En relación con el control de las condiciones de trabajo de los trabajadores que realizan tareas de desmantelamiento y descontaminación, la Comisión se refiere a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus iniciativas para garantizar que la protección brindada por el Convenio se aplica a los trabajadores que participan en labores de descontaminación y desmantelamiento, y pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas que está adoptando a este respecto. En este sentido, pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas de gestión de la salud a largo plazo con respecto a esta categoría de trabajadores, y que indique si la participación en el sistema de registro de dosis de exposición a la radiación para los trabajadores que realizan labores de descontaminación es obligatoria para los empresarios a quienes se les han adjudicado estas tareas.

Artículo 7.  Exposición de los trabajadores menores de 18 años. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO de que se había informado a la comisión de infracciones de las disposiciones legales relativas a menores de 18 años que realizan tareas de descontaminación.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en respuesta a su petición anterior, de que en julio de 2013 y febrero de 2015, fueron arrestados algunos empleadores por infracción del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral (que prohíbe a los menores de 18 años realizar trabajos peligrosos) por incluir a trabajadores menores de 18 años en tareas de descontaminación. El Gobierno señala además que las oficinas de normativa laboral han distribuido folletos para concienciar a los empresarios que está prohibido contratar a menores de 18 años para realizar este tipo de trabajos, y sobre las medidas que deben adoptarse con respecto a la verificación de la edad. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas que está adoptando para garantizar la aplicación de las disposiciones legislativas nacionales relativas a la exposición profesional a radiaciones para los menores de 18 años, incluidas las sanciones específicas aplicadas en los casos de infracciones del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral relativo a tareas de descontaminación, y sobre las medidas relacionadas que se adoptaron para proteger a los trabajadores menores de 18 años que han sido contratados ilegalmente.

México

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF) recibidas en 2016, y de las observaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) comunicadas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 7 del Convenio. Examen relativo a determinados sectores a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces para resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas necesarias y evaluar los resultados. Sector minero. Estado de Coahuila de Zaragoza. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre los problemas principales identificados en el sector minero en el estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante Coahuila), los medios eficaces para resolverlos y su orden de prelación, así como la evaluación de los resultados. A fin de identificar los problemas, la Comisión había también pedido al Gobierno que proporcionara información sobre la situación en dicho sector y estado. La Comisión toma nota de las observaciones del SNTCPF sobre la falta de registración efectiva de los trabajadores en las minas y la falta de protección adecuada de seguridad y salud en el trabajo (SST) en algunos tipos de minas de carbón.

El Gobierno comunica en su memoria datos en relación con: a) el número y tipo de minas, así como la proporción estimada de mineros no registrados en Coahuila, y b) los accidentes ocupacionales en las minas tanto a nivel nacional como en Coahuila registrados por el Instituto mexicano del seguro social (IMSS). Con respecto a las medidas adoptadas en relación con la alegada falta de protección adecuada de la SST en algunos tipos de minas de carbón, el Gobierno indica que: a) mediante la reforma laboral de 2012, se incluyó en la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1970 el capítulo XIII bis titulado «Los Trabajadores en las Minas», cuyas disposiciones son aplicables en todas las minas de carbón, ya sean minas subterráneas, minas de arrastre, tajos a cielo abierto, tiros inclinados y verticales, así como la extracción en cualquiera de sus modalidades, llevada a cabo en forma artesanal, y b) el Gobierno federal mantiene un operativo permanente en las minas de carbón para efectuar inspecciones, cuya operación se detalla a continuación en relación con la aplicación del artículo 9 del Convenio. Además, el Gobierno indica que: a) el problema principal en el sector minero de Coahuila son los centros ilegales y clandestinos, donde los trabajadores están expuestos a riesgos mayores; b) los medios propuestos para resolver la cuestión son la atención a las denuncias y quejas, así como la realización de censos en la región para la identificación de los centros de trabajo irregulares; c) la orden de prelación entre las medidas adoptadas es: la identificación del problema, el orden de inspección y su ejecución, y la adopción de medidas necesarias para la solución del problema concreto investigado, y d) en términos de evaluación de resultados, con base en las estadísticas de 2010-2016 del IMSS sobre la actividad de extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos en minas de profundidad en Coahuila, se redujeron en un 50 por ciento los accidentes de trabajo, mientras que se han registrado 54 defunciones por accidentes de trabajo, de las cuales el 80 por ciento entre 2010 y 2012. Tomando debida nota de la información comunicada con respecto a las medidas adoptadas y a la significativa reducción del número de accidentes en el sector minero en Coahuila, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las estadísticas disponibles con respecto al número de accidentes en el sector minero.

Artículo 9.  Sistema de inspección apropiado y suficiente. Sanciones adecuadas. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre: a) el sistema de inspección del trabajo y la suficiencia de sus recursos, así como su funcionamiento en las minas clandestinas e ilegales, y b) las sanciones adecuadas en caso de infracción de las leyes o de los reglamentos, inclusive en el caso de negativa del empleador de autorizar el acceso a la autoridad laboral. La Comisión toma nota de las observaciones del SNTCPF sobre: a) la ineficiencia del sistema de inspección a causa de la falta de recursos, y b) la falta de ejecución efectiva de las sanciones, que incluyen el cierre de minas clandestinas y la operación de minas precedentemente clausuradas. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones de la COPARMEX y la CONCAMIN sobre las medidas adoptadas por la inspección del trabajo para garantizar la observancia de las normas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, a través de la inspección se vigila el cumplimiento de las normas de trabajo, incluidas las medidas preventivas de SST en las minas clandestinas e irregulares. Si bien hubo recortes del presupuesto gubernamental en razón de las medidas de austeridad implementadas a nivel nacional, el Gobierno indica que, por un lado se instrumentaron acciones más efectivas mediante los programas de inspección focalizados en actividades de alto riesgo y, por otro lado, el presupuesto de la Delegación federal del trabajo en Coahuila no sufrió recortes en el ejercicio fiscal de 2016-2017. Con respecto a las sanciones adecuadas y efectivas, la Comisión toma nota de los datos comunicados por el Gobierno, incluidas multas pecuniarias y medidas restrictivas, tal y como la suspensión de obras y trabajos mineros. Asimismo, el Gobierno indica que en caso de negativa patronal para recibir la inspección de la autoridad laboral, desde la reforma de 2012, el artículo 1004-A de la LFT establece, a efecto de inhibir las negativas patronales para recibir las inspecciones, la aplicación de una multa de 250 a 5 000 veces el salario mínimo general para el patrón que no permita a las autoridades del trabajo practicar la inspección y vigilancia en su establecimiento. Tomando nota del número significativo de accidentes mortales del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las estadísticas disponibles con respecto al número de inspecciones que se hayan llevado a cabo en el sector, así como el número y la naturaleza de las infracciones que se constaten, el número, la naturaleza y las causas de los accidentes en el sector minero.

Artículo 13.  Protección del trabajador que interrumpe una situación de trabajo que entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el artículo 13 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que el artículo 343-D de la LFT, tal y como fue modificado en 2012, posibilita a los trabajadores a negarse a prestar sus servicios, puesto que la Comisión mixta de seguridad e higiene, como experta en la materia, confirme la existencia de una situación de riesgo inminente que pueda poner en peligro la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores. Asimismo, el Gobierno hace hincapié en el párrafo 2 del mismo artículo que establece el deber de los trabajadores de retirarse del lugar de trabajo expuesto a situaciones de riesgo inminente, y de informar de esta circunstancia al empleador, a cualquiera de los integrantes de la Comisión mixta de seguridad e higiene, o a la Inspección del Trabajo. Sin embargo, la Comisión recuerda que el derecho de los trabajadores a alejarse de situaciones cuando haya una justificación razonable para creer que presentan un peligro grave e inminente constituye el pilar de la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que no debe ser menoscabado por ninguna actuación llevada a cabo por el empleador. Este derecho está relacionado con el deber de los trabajadores de informar a su empleador de esas situaciones, si bien esta obligación no debe considerarse un requisito previo para el ejercicio del derecho a alejarse del peligro (Estudio General de 2017, Instrumentos de seguridad y salud en el trabajo, párrafo 298). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remover el requisito previo de la comunicación a la Comisión mixta de seguridad e higiene o de su autorización para el ejercicio del derecho a alejarse del peligro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Portugal

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), recibidas junto a la memoria del Gobierno.

Artículo 21 del Convenio. Notificación de las enfermedades profesionales causadas por el asbesto. La Comisión toma nota de la información estadística comunicada por el Gobierno sobre el número de trabajadores expuestos al asbesto, los casos de enfermedades profesionales denunciados y las actividades realizadas por los servicios de la inspección del trabajo para aplicar la legislación pertinente. La Comisión toma nota con preocupación de que la CGTP-IN señala que la insuficiente notificación de enfermedades profesionales derivadas de la exposición al asbesto, y de su referencia a un estudio de 2015, según el cual el 97 por ciento de los casos de mesotelioma maligno causado por la exposición al asbesto no fueron denunciados como enfermedades profesionales. Recordando la resolución relativa al asbesto, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 95.ª reunión en junio de 2006, y al referirse a sus comentarios formulados en virtud de los artículos 4, 1) y 11, d), del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y de los artículos 2 a 5 del Protocolo de 2002, en relación con las medidas necesarias y adoptadas para subsanar la insuficiencia de notificaciones sobre enfermedades profesionales, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento del sistema de notificación de enfermedades profesionales derivadas del asbesto y, en este sentido, que indique el número de enfermedades profesionales derivadas del asbesto que se notificaron en el país en los últimos cinco años así como las causas de mesotelioma maligno en el mismo período.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 13 (Djibouti); el Convenio núm. 115 (Dinamarca, Djibouti, Egipto, Iraq, Lituania, República Árabe Siria, Tayikistán); el Convenio núm. 119 (Bosnia y Herzegovina); el Convenio núm. 120 (Azerbaiyán, Bulgaria, Djibouti); el Convenio núm. 127 (Argelia); el Convenio núm. 136 (Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia); el Convenio núm. 139 (Bosnia y Herzegovina, Brasil, Iraq); el Convenio núm. 148 (Bosnia y Herzegovina); el Convenio núm. 155 (Bahrein, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Cuba, México, Portugal); el Convenio núm. 161 (Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chile); el Convenio núm. 162 (Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, Portugal); el Convenio núm. 167 (Albania, Brasil); el Convenio núm. 170 (Alemania, Colombia); el Convenio núm. 174 (Armenia, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Estonia); el Convenio núm. 176 (Albania, Alemania, Armenia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil); el Convenio núm. 184 (Bosnia y Herzegovina); el Convenio núm. 187 (Albania, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Chile, Cuba).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 13 (Argelia); el Convenio núm. 45 (Azerbaiyán, Líbano, Tayikistán, Uganda); el Convenio núm. 115 (Hungría); el Convenio núm. 119 (Argelia, Chipre); el Convenio núm. 148 (Alemania); el Convenio núm. 187 (Austria).

Seguridad social

República Centroafricana

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18) (ratificación: 1964)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Lista de enfermedades profesionales reconocidas. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota nuevamente con preocupación de que la lista de enfermedades profesionales prevista en el artículo 91 del Código de Seguridad Social de 2006, y en el artículo 81 del decreto núm. 09-116, de 27 de abril de 2009, que fijan las modalidades de aplicación del Código de Seguridad Social, no han sido adoptadas todavía por los ministerios a cargo de la seguridad y la salud pública. A este respecto, el Gobierno indica que, en 2013, una delegación nacional participó en los trabajos del comité técnico encargado de finalizar la lista armonizada de las enfermedades profesionales en la Conferencia Interafricana de la Previsión Social (CIPRES) y que el comité encargado de elaborar dicha lista ha retomado sus trabajos. Sin embargo, las crisis recurrentes que ha atravesado el país han impedido que el Gobierno finalice el proceso de elaboración de la lista de enfermedades profesionales. La Comisión desea subrayar que, sin disponer de una lista de enfermedades profesionales, es imposible poner en práctica la compensación por dichas enfermedades ni la prevención de las mismas.

La Comisión expresa una vez más la esperanza de que el comité técnico encargado de la adopción de la lista de enfermedades profesionales se encontrará en condiciones de terminar los trabajos próximamente y que los ministros interesados podrán adoptar los cuadros de enfermedades profesionales previstos por el Código de Seguridad Social y el decreto núm. 09-116, tomando debidamente en consideración el cuadro que figura en el anexo del Convenio. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194), y el registro y notificación de accidentes del trabajo que contiene la lista de las enfermedades profesionales más actualizada del ámbito internacional.

Recomendaciones del mecanismo de examen de las normas. La Comisión toma nota de que, según las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas, aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, se alienta a los Estados Miembros que han ratificado el Convenio para que ratifiquen el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) y/o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y para que acepten entre otros su parte VI, habida cuenta del hecho de que estos Convenios son los instrumentos más actualizados en este ámbito (documento GB.328/LILS/2/1). La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1964)

La Comisión recuerda que tras la adopción de la ley núm. 06-035, de 28 de diciembre de 2006, sobre el Código de la Seguridad Social, el decreto núm. 09-116, de 27 de abril de 2009, que fija las modalidades de aplicación de la Ley sobre el Código de la Seguridad Social y el decreto núm. 09-115, de 27 de abril de 2009, que fija el estatuto jurídico e institucional de la Caja nacional de la seguridad social, la legislación nacional continúa basándose en el principio según el cual la igualdad de trato está sometida, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 4, 1), del Convenio, a la condición de residencia de los ciudadanos extranjeros en el territorio nacional. Sólo es posible proporcionar prestaciones en el extranjero cuando esto se prevé a través de un acuerdo bilateral o multilateral en materia de seguridad social, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 5, 1), del Convenio. En el caso de la República Centroafricana, esta disposición del Convenio exige que las prestaciones de vejez y las pensiones en caso de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales se paguen, sin otras condiciones, a los nacionales y los extranjeros procedentes de Estados que hayan aceptado las obligaciones del Convenio respecto de estas prestaciones.

La Comisión observa que en su memoria el Gobierno no da cuenta de ninguna medida adoptada o prevista a fin de modificar el marco jurídico nacional con miras a ponerlo de conformidad con las disposiciones antes citadas del Convenio. Habida cuenta de la información que tiene a su disposición, la Comisión se ve obligada a señalar de nuevo que la legislación nacional continúa sin dar pleno efecto a las disposiciones esenciales del Convenio. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias a fin de modificar de forma apropiada la legislación con miras a dar pleno efecto al Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Egipto

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1993)

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el Ministerio de la Seguridad Social ha sido informado de las cuestiones planteadas en dichos comentarios, que tendrá en consideración al redactar la nueva ley del seguro social que está previsto que reemplace la legislación de 2010 en materia de pensiones. La Comisión reitera la esperanza de que, en el marco de esta reforma, el Gobierno adoptará las medidas necesarias con miras a dar efecto a las siguientes disposiciones del Convenio, respecto de las cuales ha llamado la atención del Gobierno desde la ratificación del Convenio.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a los comentarios anteriores que figuran a continuación:

Artículo 3 del Convenio. Igualdad de trato. De conformidad con el artículo 2, 2), de la Ley del Seguro Social (núm. 79, de 1979), las disposiciones de esta ley se aplican a los nacionales extranjeros, con la condición de que la duración de su contrato no sea menor de un año, y de que exista un acuerdo de reciprocidad entre su país de origen y Egipto, sujeta a que no se violen las disposiciones de los convenios ratificados por Egipto. En consecuencia, el Gobierno declara que los nacionales de los países que habían ratificado el Convenio núm. 118, gozan de prestaciones del seguro otorgadas con arreglo a la Ley del Seguro Social, con independencia de la duración de sus contratos o de la existencia del acuerdo de reciprocidad. La misma declaración la realiza el Gobierno en su memoria de 2007 sobre el Convenio núm. 19. La Comisión toma debida nota de estas declaraciones y cree comprender que en la jerarquía de las normas el convenio es superior a las leyes. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido ninguna prueba documental solicitada por la Comisión, que demostrase que la interpretación anterior dada por el Gobierno lo aplican en la práctica las instituciones de seguridad social. La Comisión también recuerda que en sus memorias anteriores sobre la aplicación de los Convenios núms. 19 y 118, el Gobierno había venido formulando sistemáticamente la declaración contraria, según la cual los nacionales extranjeros podían gozar de prestaciones del seguro social, sujetas a que la duración de su contrato no fuese menor de un año. Ante esta situación, y a afectos de despejar cualquier duda en cuanto al hecho de que los requisitos del Convenio invalidan las mencionadas limitaciones contenidas en la Ley del Seguro Social, la Comisión solicita que el Gobierno dé instrucciones al responsable de las instituciones de seguridad social del país para que deje de lado la duración del contrato y los requisitos de acuerdo de reciprocidad en virtud del artículo 2, 2), de la Ley del Seguro Social, respecto de los nacionales de 37 países que también han ratificado el Convenio núm. 118, y, en el caso de las prestaciones de compensación por accidentes, respecto de los nacionales de 120 países que también han ratificado el Convenio núm. 19.

Artículo 5.  Pago de las prestaciones en el extranjero. En relación con los asuntos planteados en los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que los beneficiarios que residen en el extranjero se clasifican por país de residencia. El seguro y las pensiones se transfieren con regularidad cada mes sin ningún costo económico para los beneficiarios, en los casos en los que se hayan concluido acuerdos bilaterales con el país de residencia del beneficiario. Éste ha sido hasta ahora el caso de Chipre, Grecia, Países Bajos, Sudán y Túnez, y el Gobierno está dispuesto a concluir más de esos acuerdos. Ante la ausencia de un acuerdo bilateral, se requiere que los beneficiarios justifiquen los derechos a pensión ante las embajadas o los consulados de Egipto en su lugar de residencia, con el fin de tener sus pensiones pagadas en su cuenta bancaria en Egipto. Posteriormente, pueden transferir sus pensiones a su país de residencia, a través de un sistema bancario internacional.

Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión destaca nuevamente que el artículo 5 obliga a los Estados ratificantes, con respecto de sus propios nacionales y de los nacionales de cualquier otro Miembro que ha aceptado las obligaciones del Convenio relativas a las normas en cuestión, a exportar las prestaciones al extranjero aun en ausencia de un acuerdo de seguridad social bilateral con el país de la nacionalidad o el país de residencia del beneficiario de que se trate, y a adoptar medidas unilaterales a tal efecto. Al hacer recaer en el Estado la obligación de transferir las prestaciones al extranjero, el artículo 5 del Convenio, apunta específicamente a prevenir situaciones en las que los beneficiarios tuvieran que hacer sus propios arreglos individuales para la transferencia de sus derechos al extranjero de su propio bolsillo. Al ratificar el Convenio, el Gobierno se comprometió a garantizar que las instituciones del seguro social responsables remitan las mencionadas prestaciones al nuevo lugar de residencia del beneficiario fuera de Egipto y a correr con el gasto de esa transferencia. A tal fin, se establecerán los acuerdos bancarios que correspondan con la ayuda del Banco Nacional, si fuese necesario, y se prestará la asistencia administrativa de los países de que se trate, que tienen que asumir para Egipto, a título gratuito, en virtud del artículo 11 del Convenio. La Comisión observa que, ante la ausencia de un acuerdo bilateral, la falta de métodos prácticos para la transferencia de las pensiones fuera de Egipto, conduce en la práctica a los beneficiarios a solicitar una indemnización en forma de capital (de conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley del Seguro Social), lo cual está en contradicción con la letra y el espíritu del Convenio, aun cuando esto se haga a solicitud del beneficiario. En consecuencia, la Comisión vuelve a instar firmemente al Gobierno a que instituya un sistema efectivo de transferencia de las prestaciones de seguridad social de Egipto al extranjero, adoptando medidas adecuadas, ya sea unilateralmente, ya sea en el marco de acuerdos de seguridad social bilaterales y multilaterales con los países con el número más elevado de beneficiarios de pensiones. La Comisión recuerda al Gobierno la disponibilidad de la asistencia técnica de la Oficina, en cuanto a los marcos jurídicos internacionales vigentes para los regímenes de mantenimiento de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición, mencionados en los artículos 7 y 8 del Convenio.

Artículo 10.  Cobertura de los refugiados y apátridas. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno declara que los refugiados palestinos y del Sur del Sudán son tratados en un plano de igualdad con los nacionales de Egipto respecto de la seguridad social. La Comisión entiende que todos los refugiados y apátridas que no sean los mencionados anteriormente, también gozan de las disposiciones del Convenio, sin ninguna condición de reciprocidad, y solicita al Gobierno que confirme tal entendimiento.

Malasia

Malasia Peninsular

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1957)

Sarawak

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1964)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria detallada del Gobierno a pesar de una solicitud expresa a este efecto y de la discusión sobre la aplicación del Convenio en Malasia Peninsular y Sarawak que se realizó en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2017. La Comisión recuerda que la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas se basó en los comentarios de larga data realizados por la Comisión de Expertos instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias a fin de restablecer, tanto en la legislación como en la práctica, el principio de igualdad de trato entre trabajadores nacionales y trabajadores extranjeros en caso de accidentes del trabajo. En comentarios posteriores, la Comisión ha recordado continuamente que, en abril de 1993, la legislación nacional estableció que los trabajadores extranjeros empleados en Malasia por un período de hasta cinco años, sean transferidos del régimen de la seguridad social de los empleados (ESS), que prevé pagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales, al régimen de indemnización de accidentes del trabajo (VCS), que sólo garantiza el pago de una suma global única de una cuantía notablemente inferior. La Comisión también recuerda que ya en junio de 2011 la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas a fin de poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con el artículo 1 del Convenio, a respetar el mecanismo de reciprocidad automática entre los Estados ratificantes instituido por el Convenio y a recurrir a la asistencia técnica de la OIT para resolver las dificultades administrativas concluyendo acuerdos especiales con los países que suministran mano de obra con arreglo a los artículos 1, 2), y 4 del Convenio. En su respuesta, el Gobierno indica que un comité técnico del Ministerio de Recursos Humanos, en el que participan todas las partes interesadas, está considerando las diversas opciones con miras a poner la legislación nacional de conformidad con los requisitos del Convenio.

La Comisión toma nota de que en la reunión de 2017 de la Conferencia, la Comisión de Aplicación de Normas pidió de nuevo al Gobierno que tome medidas inmediatas, prácticas y efectivas para asegurar que se cumpla el requisito de la igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales previsto en el Convenio, y que acelere sus esfuerzos a este efecto, habida cuenta de que la necesidad de progresos reales es cada vez más urgente. En concreto, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que, sin demora: i) tome medidas para formular y comunicar su política encaminada a regular la contratación y el trato de los trabajadores migrantes; ii) adopte de inmediato medidas para finalizar su labor en lo que respecta a los medios para restablecer la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, en particular extendiendo de manera que sea efectiva la cobertura del régimen de seguridad social de los empleados a los trabajadores migrantes; iii) colabore con las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a elaborar una legislación que garantice la eliminación de la discriminación entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales, especialmente en relación con los accidentes del trabajo; iv) concluya acuerdos especiales con otros Estados Miembros que han ratificado el Convenio con el fin de superar las dificultades administrativas que conlleva controlar el pago de las indemnizaciones en el extranjero; v) adopte las medidas legales y prácticas necesarias para velar por que los trabajadores migrantes tengan acceso a atención médica en caso de accidentes del trabajo, sin temor a ser detenidos o a ser objeto de represalias, y vi) recurra a la asistencia técnica de la OIT con miras a aplicar estas recomendaciones y a establecer mecanismos para gestionar las cuestiones prácticas que afectan a la aplicación del régimen de seguridad social nacional a los trabajadores migrantes.

Habida cuenta de la urgencia de esta situación persistente en la que se deniega a los trabajadores extranjeros empleados en Malasia durante un período de hasta cinco años, víctimas de accidentes del trabajo, su derecho fundamental a recibir el mismo trato que los trabajadores nacionales y de esta forma, entre otras cosas, no reciben pensiones vitalicias en caso de discapacidad permanente, la Comisión respalda íntegramente las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas e insta firmemente al Gobierno a que se ciña a sus obligaciones internacionales tomando las medidas necesarias, de manera efectiva y con rapidez.

Suecia

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168) (ratificación: 1990)

Artículo 10, 3) del Convenio. Trabajo a tiempo parcial. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a las observaciones transmitidas por la Confederación Sueca de Profesionales (TCO) y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales (SACO) criticando la reforma de 2008, que redujo a 75 los días en que los desempleados que aceptan trabajar a tiempo parcial tienen derecho a prestaciones de desempleo, mientras se continúan otorgando prestaciones de desempleo durante 300 días a las personas que trabajan a tiempo completo. La Comisión pidió al Gobierno que reconsiderara la reforma a la luz de la lógica social del Convenio y su objetivo de promover el empleo, incluido el empleo a tiempo parcial, a través de las prestaciones de la seguridad social. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que es consciente de la importancia de proporcionar apoyo a los trabajadores a tiempo parcial que buscan empleos a tiempo completo y reconoce que el sistema podría mejorarse. Al respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de que según el 50.º informe anual sobre la aplicación por Suecia del Código Europeo de la Seguridad Social, a partir del 15 de mayo de 2017 las disposiciones en materia de trabajo a tiempo parcial han cambiado: a partir de esa fecha una persona que realiza o declara que realiza un trabajo a tiempo parcial recibirá prestaciones de desempleo durante un tiempo máximo total de 60 semanas en un período de prestaciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Suriname

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1976)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1976)

Artículo 2 del Convenio núm. 42. Lista de las enfermedades profesionales. Durante muchos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que incluyera la «carga, descarga o transporte de mercancías», entre las actividades susceptibles de ocasionar una infección carbuncosa, en la lista de las enfermedades profesionales establecida mediante el artículo 25 de la Ley sobre Accidentes y Enfermedades de los Trabajadores (IAA), de conformidad con el Convenio. Desde 2006, el Gobierno ha venido indicando que están en revisión la IAA y otras leyes nacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo (SST). La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno indica que se creó una nueva comisión para examinar la mencionada revisión, que abarca la inclusión de las infecciones carbuncosas debidas a la carga y la descarga de transportes y mercancías. Se espera que la Comisión elabore, para marzo de 2017, un primer proyecto de nueva legislación. La Comisión solicita al Gobierno que indique si los mencionados cambios en la lista de las enfermedades profesionales se incluyeron en el proyecto de disposiciones elaborado por esta Comisión y que transmita una copia del proyecto. También solicita al Gobierno que informe sobre toda nueva medida adoptada en el proceso de revisión. Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual está dispuesto a recurrir a la asistencia técnica de la OIT durante el proceso de revisión, la Comisión espera firmemente que, con la asistencia de la Oficina, el Gobierno pueda informar de los progresos realizados para dar efecto al Convenio.

Artículo 7 del Convenio núm. 17. Indemnización suplementaria por la asistencia constante de otra persona. Durante muchos años, la Comisión ha venido destacando el hecho de que no se adoptó ninguna medida para incluir disposiciones sobre la indemnización suplementaria, en los casos en los que un accidente incapacite a un trabajador de tal modo que necesite la ayuda constante de otra persona, de conformidad con el artículo 7, del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se adoptaron aún medidas concretas en este sentido, pero el asunto está siendo considerado como parte del mencionado proceso de revisión en curso de la legislación relacionada con la SST. La Comisión solicita al Gobierno que indique si se incluyeron, en el proyecto preparado por la nueva comisión, disposiciones sobre una indemnización suplementaria para la asistencia constante de otra persona, de modo de garantizar la conformidad con las disposiciones del Convenio, y que comunique información sobre toda nueva evolución al respecto.

Conclusiones y recomendaciones del mecanismo de examen de las normas. La Comisión toma nota de que, en su 328.ª reunión, en octubre de 2016, el Consejo de Administración de la OIT adoptó las conclusiones y las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (MEN), recordando que los Convenios núms. 17 y 42, de los que es parte Suriname, han quedado obsoletos, habiendo encargado a la Oficina la labor de seguimiento orientada a alentar a los Estados parte sólo en estos Convenios a que ratifiquen el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), y/o el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y a que acepten las obligaciones de su parte VI, dado que éstas representan los instrumentos más actualizados sobre el tema. La Comisión también recuerda al Gobierno la disponibilidad de la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1976)

Artículos 4, 5 y 7 del Convenio. Igualdad de trato de los trabajadores que residen en el extranjero. En relación con sus comentarios de larga data sobre la necesidad de enmendar el artículo 6, 8), de la Ley de Accidentes del Trabajo (IAA), que, contrariamente al Convenio, limita el pago de las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los beneficiarios que residen en el extranjero, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, una comisión encargada de la reforma de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), también tiene la intención de enmendar la IAA, a efectos de armonizarla con el Convenio. En lo que atañe especialmente al pago de algunas prestaciones, en caso de residencia en el extranjero, garantizado por el artículo 5 del Convenio, el Gobierno informa que en la actualidad revisa la aplicación práctica de esta disposición, ya que el pago de prestaciones en el extranjero plantea dificultades por el elevado costo de las transferencias bancarias mensuales.

La Comisión desea destacar a este respecto que los artículos 4 y 5, del Convenio, garantizan el pago, entre otras cosas, de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores nacionales y extranjeros de los países que también aceptan las obligaciones del Convenio en cuanto a las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de aquellos que residen en el extranjero. La Comisión observa asimismo que, a los fines de dar efecto a las obligaciones derivadas del Convenio, el artículo 7 del mismo impone a los miembros que son parte en el Convenio el esfuerzo de participar en sistemas de conservación de derechos adquiridos y de derechos en vías de adquisición. Tales acuerdos también pueden estipular acuerdos financieros para el pago de las prestaciones a los beneficiarios que residen en el territorio de cada una de las partes contratantes. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que indique si se incluyeron, en el proyecto preparado por la nueva comisión sobre SST, las disposiciones relativas al pago de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores protegidos en virtud del Convenio y que residen en el extranjero. La Comisión espera firmemente que el proceso de revisión en curso conduzca, en un futuro próximo, a un cambio de la legislación y la práctica nacionales sobre el pago de prestaciones a los trabajadores que residen en el extranjero, incluso mediante la conclusión de convenios con los países de su región, que ratificaron asimismo el Convenio y que aceptaron su parte g), como el Brasil, Ecuador, México, Uruguay o República Bolivariana de Venezuela, a efectos de facilitar el pago de las prestaciones a esos países, incluso a través de la conclusión de convenios bilaterales, según sea el caso.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 12 (Burundi, Madagascar); el Convenio núm. 17 (Burundi, República Centroafricana, Uganda); el Convenio núm. 18 (Túnez); el Convenio núm. 19 (Malí, Suriname, Trinidad y Tabago); el Convenio núm. 42 (Burundi, Suriname); el Convenio núm. 102 (Alemania, República Checa, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza); el Convenio núm. 118 (República Centroafricana, Dinamarca); el Convenio núm. 121 (Alemania, Países Bajos, Suecia); el Convenio núm. 128 (Alemania, República Checa, Países Bajos, Suecia, Suiza); el Convenio núm. 130 (Alemania, República Checa, Dinamarca, Países Bajos, Suecia); el Convenio núm. 168 (Suecia).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 17 (Cuba).

Política social

Solicitudes directas

Se ha enviado directamente una solicitud relativa a ciertas cuestiones a: el Convenio núm. 117 (Malta).

Trabajadores migrantes

Albania

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículo 1 del Convenio. Protección de los derechos humanos fundamentales. Libertad sindical. La Comisión recuerda que el artículo 5, 4) de la Ley de Extranjería (ley núm. 9959 de 17 de julio de 2008) reconoce el derecho de sindicación de los extranjeros que obtengan el permiso de residencia. Sin embargo, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias, cuando fuera procedente a través de la modificación de la legislación, a fin de garantizar que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros que no tengan permiso de residencia, puedan ejercer los derechos sindicales, y especialmente el derecho a afiliarse a organizaciones que defiendan sus intereses como trabajadores, de conformidad con el artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota de que la nueva Ley de Extranjería (ley núm. 108 de 28 de marzo de 2013), que deroga la ley núm. 9959 de 2008, ya no contiene la disposición antes mencionada. Sin embargo, la Comisión toma nota de que si bien el artículo 70 de la Ley de Extranjería establece que los trabajadores extranjeros con permiso de residencia permanente disfrutarán de los derechos económicos y sindicales en pie de igualdad con los albaneses, esa ley no contiene otras disposiciones en relación con el derecho de sindicación de los extranjeros. En este contexto, la Comisión remite al Gobierno a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Recordando las disposiciones de la Constitución de Albania en relación con los derechos y libertades fundamentales (artículo 16, 1)), el derecho de negociación colectiva (artículo 46, 1)) y el derecho de los trabajadores a afiliarse libremente a organizaciones de trabajadores (artículo 50), la Comisión solicita al Gobierno que confirme que todos los trabajadores extranjeros, tanto los que tienen permiso de residencia permanente como los que tienen permiso de residencia temporal o los que no tienen permiso de residencia, pueden ejercer los derechos sindicales, y especialmente el derecho de afiliarse a organizaciones que defiendan sus intereses como trabajadores, de conformidad con el artículo 1 del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Barbados

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

Artículos 7 y 9 del Convenio. Servicios gratuitos, asistencia y transferencia de divisas. En sus comentarios anteriores, la Comisión consideró que el requisito de que los trabajadores migrantes que participan en el Programa para Trabajadores Agrícolas Estacionales del Canadá y el Caribe (Programa de Trabajo Agrícola) estén obligados a enviar el 25 por ciento del ahorro de sus ganancias al Gobierno desde el Canadá, el 5 por ciento de cuyo importe se retiene en concepto de costos administrativos del Programa, podría vulnerar el espíritu del artículo 9 del Convenio. La Comisión tomó nota asimismo de las preocupaciones expresadas por el Congreso de Sindicatos y Asociaciones de Personal de Barbados (CTUSAB) ante el hecho de que este requisito junto con la deducción automática de su salario de algunos gastos correspondientes a billetes de avión, cotizaciones al régimen de pensiones y las contribuciones médicas, cree dificultades económicas para los trabajadores afectados, y por tanto, que el Programa necesitara ser objeto de revisión. La Comisión llamó también la atención del Gobierno sobre el hecho de que el Convenio prohíbe cobrar a los trabajadores los gastos puramente administrativos de las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación (Estudio General de 1999, Trabajadores migrantes, párrafo 170).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han concertado acuerdos para que se remitiera al país un porcentaje de las ganancias obtenidas por los trabajadores en los programas en el extranjero a fin de que lo tengan a su disposición a su regreso y para que se exija a los trabajadores que viajan en virtud de programas de trabajo en el extranjero que firmen un «acuerdo» (contrato de empleo) que autorice la deducción del 20 por ciento de su salario para cubrir gastos administrativos y cotizaciones al seguro nacional. De acuerdo con el Gobierno, a su llegada al Canadá los trabajadores son recibidos por los funcionarios de enlace de Barbados, y, en Barbados, la Oficina Nacional de Empleo, que se encarga de supervisar la preparación y la salida de los trabajadores, pone a disposición de éstos servicios de empleo libres de cargo. La Comisión toma nota de que el «Acuerdo para el empleo en Canadá de los trabajadores agrícolas estacionales de países caribeños de la Commonwealth, de 2013» establece que el trabajador acepta que el empleador remita a la agencia gubernamental el 25 por ciento del sueldo de cada nómina del trabajador y que «el Gobierno retendrá un porcentaje especificado del 25 por ciento en concepto de deducción de costos administrativos asociados con la prestación del programa» (artículo IV, párrafos 1 y 3). El trabajador también está de acuerdo en pagar al empleador una parte de los costos de transporte y, éste, en nombre del trabajador, adelantará las tasas del permiso de trabajo que la agencia gubernamental le reembolsará posteriormente (artículo VII, párrafos 3 y 4). La Comisión solicita al Gobierno que clarifique por qué se considera necesario obligar a los trabajadores migrantes dentro del Programa de Trabajo Agrícola a que envíen el 25 por ciento de sus ingresos al Servicio de enlace de ahorros obligatorios, incluyendo los costos administrativos, y que indique si dicho servicio de enlace tiene un papel en la contratación, la introducción y la colocación de trabajadores migrantes, y si algunos de los gastos administrativos recaudados por el Servicio de enlace son en concepto de reclutamiento, introducción o colocación de trabajadores. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se autoriza a los trabajadores migrantes a que transfieran sus ingresos o una determinada parte de sus ingresos y ahorros como lo deseen, y a que se suministre información sobre cualquier medida adoptada, en cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para revisar la repercusión del Programa de Trabajo Agrícola sobre la Situación de los Trabajadores Migrantes en Barbados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Francia

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1954)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2015.

Artículo 3 del Convenio. Medidas contra la propaganda engañosa sobre la inmigración. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas, en colaboración con los interlocutores sociales, y cuando proceda, con otras partes interesadas para prevenir y combatir eficazmente los prejuicios relativos a la inmigración, así como la estigmatización y la propagación de estereotipos sobre los trabajadores migrantes, especialmente la población romaní, y sobre los resultados obtenidos. La Comisión toma nota de la respuesta de carácter general del Gobierno en su memoria, que reitera sus declaraciones anteriores, según las cuales las medidas destinadas a luchar contra la propaganda engañosa, comprenden medidas legislativas y prácticas destinadas a luchar contra el racismo y la xenofobia, así como medidas contra la trata de mujeres. Toma nota asimismo de que el Gobierno declara que existe una estricta igualdad de trato entre trabajadores migrantes y asalariados nacionales. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3, todo Estado Miembro para el que está en vigor el Convenio se compromete a adoptar todas las medidas adecuadas contra la propaganda engañosa relativa a la emigración y a la inmigración. Estas medidas no deben sólo referirse a las falsas informaciones destinadas a los trabajadores migrantes, sino también a la población nacional, por ejemplo, medidas específicas contra los prejuicios sociales y culturales que alimentan la discriminación hacia los migrantes (véase Estudio General de 2016, Trabajadores migrantes). La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de indicar detalladamente las medidas adoptadas, en colaboración con los interlocutores sociales y, cuando proceda, con otras partes interesadas concernidas para prevenir y combatir eficazmente los prejuicios relativos a la inmigración y la emigración, así como la estigmatización y la propagación de estereotipos sobre los trabajadores migrantes, que tienen un efecto, en la práctica, en la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, y que tenga a bien comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos.

Artículo 6.  Igualdad de trato. La Comisión toma nota de las orientaciones políticas del Gobierno en materia de migración de la mano de obra, que, según éste, se dirigen prioritariamente a las empresas internacionales y a los trabajadores cualificados o con gran potencial para hacer frente a las necesidades del mercado laboral y a las necesidades estructurales de las empresas que se enfrentan a un mercado de trabajo internacionalizado y que, al mismo tiempo, protegen a los asalariados que ya están en Francia. Tomando nota de que el artículo 6 no establece ninguna distinción entre el trato acordado a las diferentes categorías de trabajadores migrantes y de que, en los hechos, los trabajadores migrantes ya presentes en el territorio son empleados especialmente en sectores de baja remuneración y en condiciones de trabajo difíciles (principalmente la limpieza, la restauración, la seguridad y la construcción), la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de comunicar informaciones completas sobre las disposiciones legales pertinentes que aplican a los trabajadores migrantes un trato no menos favorable que el aplicado a sus propios nacionales en lo que atañe a las materias enumeradas en el artículo 6, párrafo 1, a)-d), del Convenio, indicando toda diferencia que pueda existir entre las diversas categorías de trabajadores inmigrantes («asalariado», «asalariado en misión», «tarjeta azul europea», «competencias y talentos», «científico», «trabajador temporal» y «trabajador de temporada»). La Comisión también pide informaciones sobre la aplicación en la práctica de este dispositivo y pide al Gobierno que tenga a bien incluir informaciones sobre toda queja presentada por los trabajadores migrantes que se consideren víctimas de discriminación en materia de empleo, ante las autoridades competentes, como por ejemplo la inspección del trabajo, y también ante el defensor de los derechos y de los tribunales, o ante cualquier otro órgano competente, con el fin de obtener la aplicación de la legislación nacional relacionada con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Israel

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1953)

Artículo 6 del Convenio. Igualdad de trato (cuidadores extranjeros). La Comisión recuerda su observación anterior en relación con la exclusión de los cuidadores en régimen interno del ámbito de aplicación de la Ley sobre las Horas de Trabajo y de Descanso, de 1951, así como de las preocupaciones expresadas sobre la aplicación de un régimen jurídico discriminatorio y desfavorable para el trabajo de las mujeres migrantes. La Comisión reitera también la acentuada dependencia del sector de los cuidados del trabajo de los cuidadores extranjeros en régimen interno, y la importancia de garantizar, en el contexto de las reformas propuestas en el sector de la enfermería, condiciones de trabajo adecuadas, mecanismos de queja efectivos y accesibles y medios de reparación a los cuidadores extranjeros, de conformidad con el artículo 6, 1), a) a d), del Convenio. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, 49 156 trabajadores extranjeros (a saber, el 58 por ciento del total de esos trabajadores) estaban empleados en el sector de la enfermería en 2016 y al menos el 80 por ciento de ellos eran mujeres. La Comisión toma nota también de que sigue exigiéndose a los cuidadores extranjeros que residan en el domicilio de sus empleadores y de que se prohíben acuerdos de régimen externo o de empleo a tiempo parcial (Manual de los trabajadores extranjeros, actualizado en 2017). La Comisión tomó nota anteriormente de que, en Israel, hay 63 000 mujeres que trabajan en el sector de los cuidados de larga duración y que realizan generalmente trabajos a tiempo parcial a través de empresas de cuidados de enfermería. No se ha suministrado ningún dato cotejable sobre el número de trabajadores israelíes en el sector de los cuidados de larga duración en 2016. En relación con las medidas para mejorar la situación de los cuidadores extranjeros, la Comisión se refiere a su observación en relación con el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), donde señala la intención del Gobierno de adoptar un planteamiento progresivo en relación con la implementación de las recomendaciones formuladas al Ministerio de Economía para mejorar la situación de los cuidadores extranjeros, recomendaciones que se refieren, entre otros aspectos, a la introducción de enmiendas en la legislación y al reconocimiento del derecho a un salario integral. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno de que, habida cuenta de que los convenios colectivos adoptados en los últimos años han establecido un salario mínimo muy superior al salario mínimo legal, lo que ha repercutido favorablemente en los ingresos de los migrantes. Por consiguiente, el aumento del salario mínimo debería considerarse una compensación adecuada para aquellos cuidadores extranjeros en régimen interno que no tienen otra posibilidad de compensación por las horas extraordinarias que realizan. El Gobierno afirma asimismo que en la mayor parte de los casos, los trabajadores del sector no superan el horario de trabajo de un día normal. Reiterando la fuerte dependencia del sector de los cuidados de la labor que realizan los cuidadores extranjeros en régimen interno, la Comisión desea señalar a la atención del Gobierno la estrecha correlación entre la calidad de las condiciones de trabajo y de vida de los proveedores de cuidados y la calidad y la continuidad de los cuidados prestados, en particular en el caso de los cuidados de larga duración. Considerando que el sector de los cuidados es el que emplea a más trabajadores extranjeros, y tomando debida nota de la intención del Gobierno de encontrar una solución adecuada que pueda mejorar su situación, la Comisión se refiere a sus comentarios formulados en relación con el Convenio núm. 100, y pide al Gobierno que persista en sus esfuerzos, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para garantizar que el marco legislativo propuesto que garantiza un salario adecuado y condiciones de trabajo favorables para los prestadores de cuidados está en consonancia con las disposiciones del artículo 6 del Convenio, y que transmita información detallada sobre los progresos realizados y los obstáculos encontrados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Italia

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2013.

La Comisión toma nota de la comunicación de la Unión Italiana del Trabajo (UIL), de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), de fecha 2 de octubre de 2012, y de la respuesta del Gobierno a la misma.

Parte I.  Artículos 2 a 7 del Convenio. Migraciones en condiciones abusivas. Cooperación multilateral y bilateral. A lo largo de los últimos cinco años, la Comisión ha venido refiriéndose a la grave vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en situación irregular y a las violaciones de sus derechos humanos y laborales básicos. La Comisión toma nota con profunda tristeza de los recientes acontecimientos que tuvieron lugar en aguas territoriales italianas, cerca de la isla de Lampedusa, que condujeron al fallecimiento de más de 300 trabajadores migrantes. La Comisión y la Comisión de la Conferencia reconocieron anteriormente los desafíos particulares que afronta Italia al abordar el significativo incremento de los flujos migratorios y la protección de los derechos humanos básicos de los trabajadores migrantes. También reconocieron que el fenómeno de las migraciones irregulares es complejo y un asunto global, y, en el caso de Italia, de naturaleza especialmente europea. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, la UIL, la CGIL y la CISL destacan la necesidad de una gobernanza europea más eficaz y cohesionada. La Comisión señala al Gobierno la Declaración del Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, adoptada el 1.º de octubre de 2013, que reconoce la necesidad de la cooperación internacional para abordar, de manera holística e integral, los desafíos de las migraciones irregulares, para asegurar unas migraciones seguras, ordenadas y regulares, con pleno respeto de los derechos humanos, así como la necesidad de fortalecer las sinergias entre las migraciones internacionales y el desarrollo, en los ámbitos global, regional y nacional. La Declaración también reafirma la necesidad de promover y proteger de manera efectiva los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria (véase documento A/68/L.5, de 1.º de octubre de 2013, párrafos 5, 6 y 10). Al tiempo que reconoce la amplia dimensión de este fenómeno y los esfuerzos del Gobierno para encontrar soluciones dirigidas a abordar las migraciones en condiciones abusivas, en particular en este tiempo de crisis, la Comisión solicita al Gobierno que continúe tomando todas las medidas necesarias para promover la cooperación nacional (a través de la cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores), bilateral, multilateral y regional, para abordar la cuestión relativa a las migraciones irregulares con pleno respeto de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y perseguir y castigar a quienes organizan y asisten a los movimientos clandestinos de migrantes. Sírvase comunicar información sobre toda evolución en ese sentido, así como sobre todas las medidas adoptadas en el ámbito nacional para asegurar el respeto, en la ley y en la práctica, de los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes.

Artículos 1 y 9.  Normas mínimas de protección. Acceso a la justicia. La Comisión toma nota de que, como consecuencia del trabajo de inspección de rutina por parte de las direcciones del trabajo locales y regionales, en 2011, en la agricultura, la construcción, la industria y otros sectores, se detectaron más de 2 000 trabajadores en situación irregular. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 1, 1), b), del decreto legislativo núm. 109/2012, prevé un permiso de residencia de seis meses por motivos humanitarios para los nacionales de terceros países que, en los casos de «condiciones laborales especialmente abusivas», presenten denuncias o colaboren con los procedimientos penales contra los empleadores, por iniciativa de los tribunales o con la opinión favorable de éstos. Este permiso de residencia puede ser renovado por un año o el máximo período necesario para completar los procedimientos penales. El Gobierno indica que la situación irregular de los trabajadores migrantes no los priva de sus derechos en cuanto a retribución, cotizaciones y disposiciones en vigor sobre las horas de trabajo y la salud y seguridad en los lugares de trabajo, así como en cuanto al principio de no discriminación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la UIL, la CGIL y la CISL, indican que los sindicatos no tienen acceso al Centro de Recepción Inicial ni al Centro de Recepción de Demandantes de Asilo donde los migrantes en situación irregular son detenidos, lo cual les impide asistir y transmitir información a los trabajadores migrantes. En ese sentido, la Comisión destaca una vez más que el acceso a la justicia, incluyendo a la asistencia y asesoramiento, es un derecho humano básico que debe ser garantizado a todos los trabajadores migrantes en la ley y en la práctica. Al respecto, la Comisión pone de relieve la importancia de prever procedimientos legales efectivos y rápidos. La Comisión solicita al Gobierno que indique el alcance específico de los términos «condiciones laborales especialmente abusivas» previstos en el artículo 1, 1), b), del decreto legislativo núm. 109/2012, y que comunique información sobre cómo se garantiza en la práctica que aquellos trabajadores migrantes en situación irregular puedan buscar una reparación de los tribunales respecto de la violación de sus derechos derivados del empleo pasado, incluidos el impago de los salarios o el pago de salarios más bajos, la seguridad social y otras prestaciones. A efectos de evaluar la eficacia de los mecanismos establecidos, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique datos desagregados por sexo y origen sobre el número de trabajadores migrantes en situación irregular que han presentado reclamaciones administrativas o judiciales respecto de las violaciones de sus derechos humanos básicos o de los derechos derivados del empleo. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que transmita información sobre la manera en que se garantiza una adecuada defensa legal de los trabajadores migrantes en situación irregular, incluso en los centros de detención. Sírvase también seguir comunicando información sobre las inspecciones llevadas a cabo en la construcción y la agricultura, así como en otros sectores, para detectar el empleo ilegal de los migrantes, y sobre los resultados obtenidos.

Parte II.  Artículos 10 y 12. Política nacional sobre igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes legalmente en el país. La Comisión tomó nota anteriormente de la adopción por el Gobierno del Plan de Integración en Seguridad – Identidad y del Diálogo, y solicitó información sobre su aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a los acuerdos de integración como un nuevo instrumento práctico con arreglo al plan, e indica que se encuentra aún en la fase de lanzamiento, por lo que no puede aún ser evaluado. La ventanilla única para las migraciones, desempeña un papel importante en la promoción y en el apoyo de los servicios destinados a la formación que emprenden los nacionales extranjeros para ocuparse con arreglo a los acuerdos de integración. El Gobierno se refiere asimismo a las actividades y a los proyectos llevados a cabo en el marco del programa multianual para el período 2007-2013, establecidos por la Dirección Central de Inmigración y Política de Asilo del Ministerio del Interior, previa consulta amplia de los grupos de interés institucionales. Sin embargo, la Comisión observa que no se comunica ninguna información sobre el impacto y los resultados concretos de los programas anuales establecidos desde 2007. El Gobierno también comunica información sobre una variedad de medidas dirigidas a promover la integración de los trabajadores migrantes y a sensibilizar acerca de las cuestiones relativas a las migraciones. La Comisión toma nota en particular: del «portal de integración de los migrantes», que brinda una multitud de servicios a los trabajadores migrantes, a través de una red pública-privada dedicada a las medidas de integración; un manual sobre «Inmigración: cómo, cuándo, dónde – el manual de la integración», concebido para aquellos que aún no llegaron a Italia; una campaña de música, deportes e integración, así como el proyecto Co.In, dirigido a ayudar a los trabajadores migrantes a integrarse y a la sociedad italiana a ser consciente de las recompensas mutuas de la integración. También se adoptaron medidas para mejorar el enfoque de los medios de comunicación respecto de la inmigración, incluida la redacción de un manual sobre migraciones y medios de comunicación de masas, y la organización de seminarios. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según la UIL, la CGIL y la CISL, los trabajadores migrantes siguen concentrados en la franja de ingresos más baja (el 27,5 por ciento de los italianos y el 55,9 por ciento de los trabajadores migrantes) y son los más afectados por el desempleo. La Comisión toma nota de que esto se ve confirmado por el Tercer informe anual sobre trabajadores migrantes en el mercado laboral italiano del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, según el cual la brecha de remuneración entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes, aumentó considerablemente en los últimos años. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la evolución respecto de la política nacional sobre igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, incluida la cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión también solicita al Gobierno que indique el impacto de las medidas adoptadas para implementar la política nacional, incluido el programa multianual 2007-2013, y todo obstáculo encontrado. Sírvase transmitir información específica sobre las medidas adoptadas para abordar la brecha de remuneración existente entre los trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes, en particular en los sectores en los que la brecha alcanza su nivel más alto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Kenya

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículos 10, 12 y 14, a), del Convenio. Política nacional de igualdad de oportunidades y de trato y libre elección del empleo. Desde hace varios años, la Comisión ha venido refiriéndose a la política de «kenyanización» de los empleos, considerando que dicha política es contraria al principio establecido por el Convenio de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores nacionales y extranjeros siempre que estos últimos residan legalmente en el país que los emplea. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 5 de la Ley de Empleo de 2007, prevé que el Ministro, los funcionarios laborales, y el Tribunal de Relaciones Laborales deberán promover y garantizar la igualdad de oportunidades de un trabajador migrante o de un miembro de la familia de ese trabajador, que se encuentre legalmente en Kenya. El artículo 5 prohíbe también la discriminación directa e indirecta basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, origen étnico o social, discapacidad, embarazo, estado mental o condición de seropositiva, en relación con la contratación, la formación, los ascensos, los términos y condiciones de empleo, la terminación de la relación de trabajo u otras cuestiones derivadas del empleo. Asimismo, establece que el empleador deberá pagar a los trabajadores una remuneración igual por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota también de la adopción de la Ley sobre Comisión Nacional de Género e Igualdad, de 2011 y la Ley sobre el Servicio de Administración para Nacionales y Extranjeros, de 2011. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se aplica en la práctica el artículo 5 de la Ley de Empleo, de 2007, en particular, de qué modo se traduce en una política nacional destinada a promover y a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, seguridad social, derechos sindicales y culturales y libertades individuales y colectivas para las personas que, en condición de trabajadores migrantes o como miembros de su familia, se encuentren legalmente en su territorio, como se prevé en los artículos 10 y 12, a)-g), del Convenio. Sírvase facilitar información sobre el funcionamiento y las medidas adoptadas sobre estas cuestiones por la Comisión Nacional de Igualdad de Género y el Servicio de Administración para Nacionales y Extranjeros.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Sabah

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1964)

Artículo 6 del Convenio. Igualdad de trato. Salarios mínimos y gravamen sobre los trabajadores extranjeros. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional de Salarios, de 2011 (ley núm. 732), y la orden de salarios mínimos, de 2012, prevén un salario mínimo mensual regional para Sabah, que abarca a los trabajadores nacionales y extranjeros, pero excluyen de su aplicación a los trabajadores domésticos. También recuerda que ha de pagarse al Departamento de Inmigración un gravamen anual sobre los trabajadores extranjeros del sector de las plantaciones, de los sectores agrícola y pesquero, del sector manufacturero, del sector de la construcción, del sector de los servicios, así como los trabajadores domésticos. El Gobierno también indicó que, a partir del 1.º de enero de 2014, todos los empleadores que emplean a trabajadores extranjeros deberían pagar el salario mínimo y se permitiría deducir el gravamen sobre los trabajadores extranjeros y los gastos de alojamiento de los salarios de los trabajadores migrantes, pero no del salario mínimo. Dado que el Gobierno indicó en el pasado que el gravamen lo pagaba el empleador y no podía deducirse de los salarios de los trabajadores extranjeros, la Comisión consideró que existía ambigüedad en relación con el gravamen sobre los trabajadores extranjeros y las deducciones autorizadas de los salarios mínimos de estos trabajadores, desde el establecimiento del salario mínimo regional para Sabah.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Sin embargo, toma nota de que el Gobierno comunicó, en 2016, una información que confirma que la política del Gobierno de Malasia exige que el gravamen corra a cargo de los trabajadores extranjeros. Sin embargo, el Gobierno indica que, en virtud del artículo 113, 4), de la ordenanza del trabajo de Sabah (capítulo 67), no se autorizan las deducciones de los gravámenes y de los gastos de alojamiento, salvo que haya una solicitud por escrito del empleado y con la autorización previa de la autoridad competente. El Gobierno añade que, cuando se aprueban esas solicitudes, se tiene en cuenta el deseo de los trabajadores extranjeros de pagar el gravamen en cuotas o mediante una suma global, no autorizándose que la deducción del gravamen de los salarios de los trabajadores extranjeros, a pesar de su solicitud por escrito, sólo imponga una carga a esos trabajadores. Al tiempo que toma nota de esas explicaciones, la Comisión sigue manifestando su preocupación de que, en la práctica, los empleadores aún puedan deducir la cuantía del gravamen del salario mínimo de los trabajadores extranjeros, lo que redundaría en un trato menos favorable de estos trabajadores respecto de los nacionales, en contravención del artículo 6, 1), a), del Convenio. Tomando nota asimismo de que el Gobierno informó con anterioridad de que el gravamen estaba destinado a ayudar a sufragar los costos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura utilizadas por los trabajadores extranjeros durante su estancia en el país, la Comisión considera que, especialmente cuando las tasas de los gravámenes son elevadas, la imposición de la carga del gravamen sobre los trabajadores extranjeros no sería equitativa y podría ejercer un impacto negativo en los salarios y en las condiciones laborales generales, así como en los derechos de los trabajadores migrantes. En cuanto a las deducciones por gastos de alojamiento, la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno de que no se autorizarán esas deducciones, si se acuerda que el empleador tiene la obligación de proporcionar un alojamiento gratuito a los trabajadores. La Comisión solicita al Gobierno que aclare las razones de imponer la carga de los costos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura, a través del pago de un gravamen anual, a los trabajadores extranjeros, y que indique si se está dando alguna consideración al traslado de la carga del gravamen de los trabajadores extranjeros al empleador o que examine las formas alternativas de compensar los llamados gastos de instalaciones e infraestructura generados por los trabajadores extranjeros durante su estancia. La Comisión también solicita al Gobierno que especifique las disposiciones legales aplicables o las políticas que prohíben deducciones del gravamen del salario mínimo, y que indique las medidas adoptadas para garantizar que, en la práctica, los empleadores no deduzcan la cuantía del gravamen de los salarios mínimos pagados a los trabajadores extranjeros. Recordando que el Gobierno indicó con anterioridad que estaba dispuesto a examinar el impacto del sistema de gravámenes en las condiciones laborales y en la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, incluyendo los salarios, la Comisión solicita al Gobierno que realice tal evaluación y que comunique información sobre sus resultados y todo seguimiento dado a la misma.

Artículo 6, párrafo 1, b), del Convenio. Igualdad de trato respecto de la seguridad social. Prestaciones por lesiones profesionales. La Comisión toma nota de que, a pesar de los comentarios de larga data de la Comisión sobre las diferencias de trato de los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros temporales respecto del pago de las prestaciones de seguridad social en caso de accidentes del trabajo, no se ha recibido la memoria del Gobierno. Las diferencias se relacionan con el Régimen de Indemnización de los Trabajadores (WCS) que garantiza a los trabajadores extranjeros que trabajan en el país durante un período de hasta cinco años, únicamente el pago de una suma global de una cuantía considerablemente inferior a los pagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales previstos en el Régimen de Seguridad Social de los Empleados (ESS), mientras que los malayos y los trabajadores extranjeros con residencia permanente en Malasia (Sabah) siguen cubiertos por el ESS. El Gobierno había indicado que, con la participación de todas las partes interesadas, estaba examinando diversas opciones a fin de poner la legislación nacional de conformidad con los requisitos del Convenio. La Comisión recuerda que desde 1993 ha estado planteando la misma cuestión en sus comentarios en virtud del Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) en lo que respecta a Malasia Peninsular y Sarawak. La Comisión remite al Gobierno a su observación sobre el Convenio núm. 19 en la que toma nota de la discusión sobre la aplicación de ese Convenio en Malasia Peninsular y Sarawak que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017. Asimismo, la Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia pidió de nuevo al Gobierno que adoptara medidas inmediatas, prácticas y efectivas para asegurar que se cumpla el requisito de la igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales previsto en el Convenio y que acelerara sus esfuerzos con este fin habida cuenta de que la necesidad de lograr avances reales es cada vez más apremiante. La Comisión insta firmemente al Gobierno a tener en cuenta sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 19 en Malasia Peninsular y Sarawak cuando aborde la cuestión de la igualdad de trato entre trabajadores migrantes y trabajadores extranjeros en lo que respecta a los accidentes del trabajo en Sabah.

Otras prestaciones de seguridad social. En lo que respecta a las demás prestaciones de seguridad social, incluidas las prestaciones en materia de asistencia médica, vejez e invalidez así como las pensiones de sobrevivientes y las prestaciones de enfermedad y de maternidad, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado más información a este respecto. Teniendo en cuenta el elevado número de trabajadores extranjeros afectados, la Comisión insta firmemente al Gobierno a facilitar información adicional sobre las medidas adoptadas, incluyendo la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales para garantizar que los trabajadores migrantes no reciban un trato menos favorable que el aplicado a los trabajadores nacionales o a los trabajadores extranjeros con residencia permanente en el país respecto de todas las prestaciones en materia de seguridad social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1960)

Artículo 1 del Convenio. Información sobre la legislación y las políticas nacionales. La Comisión toma nota con interés de la Política nacional de migración laboral de 2014, que se elaboró en consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas, y con la asistencia de la OIT y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Toma nota de que la política tiene por objetivo establecer en Nigeria un sistema de gobernanza de la migración laboral eficaz, dinámico y con capacidad de respuesta. También toma nota de los objetivos generales de dicha política en materia de buena gobernanza y protección y bienestar de los trabajadores migrantes y en lo que respecta a la promoción del empleo y de los beneficios que la migración aporta al desarrollo. Algunos de los objetivos específicos de la política son: la promulgación de un marco legislativo que sirva de fundamento de la gobernanza de la migración laboral; velar por el establecimiento a todos los niveles de una política con perspectiva de género a fin de promover el derecho al trabajo decente, incluida la protección social; garantizar la no discriminación y la igualdad de todos los trabajadores, migrantes y nacionales, en el extranjero y en el territorio nacional; promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes en el momento en que son contratados en sus países para trabajar en el extranjero supervisando y controlando las agencias de contratación, y vincular la migración a las políticas y prácticas en materia de empleo. La Comisión también toma nota del detallado plan de acción para aplicar la política nacional que, entre otras, incluye actividades con miras a: adoptar medidas para ratificar el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143); armonizar la legislación con las normas internacionales y regionales; revisar las directrices y los procedimientos para la contratación en el extranjero; establecer un consejo consultivo sobre la migración laboral que incluya a los interlocutores sociales; revisar la legislación nacional y los reglamentos administrativos para garantizar que prevén expresamente la no discriminación y la igualdad, y revisar las leyes y los reglamentos nacionales en materia laboral para garantizar la cobertura de los trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas con arreglo al plan de acción para aplicar la Política nacional de migración laboral de 2014 así como sobre los resultados alcanzados.

Artículos 2, 4 y 7.  Servicios de información y asistencia para los trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de que, según el documento sobre la Política nacional de migración laboral de 2014, con frecuencia los migrantes están poco o mal informados acerca de las condiciones que rigen la entrada en el país, el trabajo y la residencia así como sobre las calificaciones necesarias y sus derechos y obligaciones en los países de destino. La Comisión toma nota de que el plan de acción para aplicar la Política nacional de migración laboral incluye actividades para llevar a cabo programas de sensibilización y de formación previa a la partida dirigidos a los trabajadores migrantes potenciales. El Gobierno también indica que ha establecido dos centros de recursos para migrantes en Lagos y Abuja, que proporcionan información gratuita a los nacionales que pretenden emigrar y servicios de orientación a los migrantes que regresan a sus países de origen. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre el tipo de servicios que se ofrecen tanto a los trabajadores migrantes que salen de su país como a aquellos que regresan. Tomando nota de que ya en 2006 había 600 000 extranjeros en Nigeria, la Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para mantener servicios adecuados y gratuitos para ayudar a los trabajadores extranjeros y para proporcionarles información exacta.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) (ratificación: 1983)

Artículo 10 y 12, d), del Convenio. Igualdad de oportunidades y de trato. En respuesta a las solicitudes formuladas por la Comisión desde hace ya varios años de reformar o derogar las disposiciones legales que limitan el acceso al empleo de los trabajadores extranjeros, el Gobierno indica en su memoria que las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) garantizan la igualdad de oportunidades y prohíben la discriminación en el acceso y en las condiciones de trabajo basada en la nacionalidad. La Comisión recuerda que aunque la existencia de legislación para combatir la discriminación sea importante, no resulta suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en la práctica. En efecto, es necesario tomar medidas proactivas para garantizar la aceptación y la observancia del principio de no discriminación. Por otra parte, la Comisión recuerda que el artículo 12, d), prevé que se deberá derogar toda disposición legislativa y modificar toda norma o práctica administrativa que sea incompatible con la política nacional. Los artículos 27 (porcentaje de personal venezolano), 28 (excepciones temporales), 29 (contratación de trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras) y 231 (límite de trabajadores y trabajadoras agrícolas extranjeros) de la LOTTT restringen la contratación de los trabajadores extranjeros al prever que los trabajadores nacionales deberán representar un 90 por ciento del total del personal, salvo las excepciones taxativamente enumeradas, y que los trabajadores extranjeros no podrán percibir más del 20 por ciento del total de las remuneraciones pagadas al conjunto del personal. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar del tiempo transcurrido y las numerosas solicitudes formuladas, el Gobierno no modifica las disposiciones en cuestión. La Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a tomar las medidas necesarias con miras a la modificación o derogación de los artículos 27, 28, 29 y 231 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) a fin de poner la legislación en plena conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo de los trabajadores migrantes respecto de los trabajadores nacionales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 97 (Albania, Argelia, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Granada, Guyana, Israel, Italia, Jamaica, Kenya, Kirguistán, Madagascar, Malasia: Sabah, Malawi, Nigeria, Tayikistán, Trinidad y Tabago, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 143 (Albania, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Italia, Kenya, San Marino, Tayikistán, Uganda, República Bolivariana de Venezuela).

Gente de mar

Dominica

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2011.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha establecido un comité tripartito para asesorar al Gobierno sobre todas las cuestiones relacionadas con la legislación y los cambios institucionales necesarios para la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Asimismo, toma nota de que se ha preparado un Plan nacional de acción a fin de formular recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la legislación y la administración marítimas.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Examen médico de los menores en el trabajo marítimo. La Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar leyes o reglamentos específicos que regulen el examen médico de los menores en el trabajo marítimo, especialmente dado que la Ley sobre Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños permite que los jóvenes estén empleados a bordo de buques ya a partir de la edad de 14 años, y también en vista del hecho de que Dominica cuenta con una flota de considerable importancia que navega con su pabellón. En una memoria anterior, el Gobierno indica que, lamentablemente, no se han realizado progresos en este asunto, salvo que la Comisión Consultiva de Relaciones Laborales proyecta examinar la cuestión del examen médico de la gente de mar joven, con miras a modificar la legislación y a dar cumplimiento a los requisitos del Convenio. La Comisión recuerda que el empleo de todo joven menor de 18 años de edad a bordo de un buque debería estar supeditado a la presentación de un certificado médico expedido por un médico y también que el trabajo marítimo continuado de estos menores debería estar sujeto a la renovación de ese examen médico, a intervalos que no excedan de un año. Tomando nota de que el Gobierno indicó en memorias anteriores que está dispuesto a actualizar sus leyes, con el fin de dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que mantenga informada a la Oficina de todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2012.

Artículo 2 del Convenio. Legislación de aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha establecido un comité tripartito para asesorar al Gobierno sobre todas las cuestiones relacionadas con la legislación y los cambios institucionales necesarios para la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Asimismo, toma nota de que se ha preparado un Plan nacional de acción a fin de formular recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la legislación y la administración marítimas. Si bien acoge con agrado las medidas adoptadas por el Gobierno para ratificar el MLC, 2006, la Comisión se ve obligada a señalar que la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio núm. 147 no contiene información sobre las leyes o reglamentos, u otras medidas, que dan efecto a los requisitos específicos de este Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique detalladamente la manera en la que cada uno de los artículos del Convenio se aplica en la legislación y práctica nacionales, y explique, en particular, de qué forma las disposiciones de la Ley Marítima Internacional, de 2002, y el reglamento marítimo de Dominica, de 2002, son sustancialmente equivalentes a los convenios mencionados en el anexo del Convenio relativos a las normas de seguridad, las medidas de seguridad social y las condiciones de empleo y de vida a bordo, en consonancia con lo establecido en el artículo 2 del Convenio.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santa Lucía

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. En consecuencia, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores, realizados en 2011.

Artículo 1, 1), del Convenio. Definición de la expresión «gente de mar». La Comisión toma nota de que el artículo 2 de la Ley de la Marina Mercante, de 1994 (cap. 13.27), enmendada por última vez en 2001, excluye a los capitanes de la definición de la expresión «gente de mar». En relación con esto, la Comisión recuerda que este artículo del Convenio incluye la expresión «gente de mar», que comprende a «todas las personas empleadas a bordo de cualquier buque que se dedique a la navegación marítima». En consecuencia, es de la opinión de que esta disposición de la Ley de la Marina Mercante no está de conformidad con el Convenio y de que la indemnización prevista en virtud de la legislación nacional debería estar disponible para todos los miembros de la tripulación empleados a bordo de buques, cualquiera sea su cargo o categoría, incluyéndose, por consiguiente, a los capitanes. La Comisión solicita al Gobierno que adopte, sin más retrasos, las medidas necesarias para armonizar la Ley de la Marina Mercante con el Convenio a este respecto.

Artículo 1, 2).  Definición del término «buque». La Comisión toma nota de que el artículo 3, 1), de la Ley de la Marina Mercante, excluye de su campo de aplicación a los buques de propiedad pública que operan sin fines comerciales. En relación con esto, recuerda que, para este artículo del Convenio, el término «buque» comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera sea su clase, que se dediquen a la navegación marítima, de propiedad pública o privada, excepción hecha de los buques de guerra. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas adecuadas para armonizar su legislación con los requisitos del Convenio en lo que atañe al campo de aplicación de la indemnización de desempleo, en caso de naufragio.

Artículo 2.  Pago de las indemnizaciones de desempleo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión observa que el artículo 154, 1), de la Ley de la Marina Mercante dispone que, en caso de naufragio o de pérdida del buque, si se prueba que la gente de mar no se esforzó al máximo para salvar el buque, el cargamento y los almacenes, se les prohibirá su reclamación salarial. Dado que esta situación no está autorizada o contemplada por el Convenio, la Comisión se ve obligada una vez más a solicitar al Gobierno que adopte, en un futuro muy próximo, medidas para enmendar esta disposición de la Ley de la Marina Mercante.

La Comisión toma nota de que algunas disposiciones de la Ley de la Marina Mercante, de 1994 (cap. 13.27) fueron enmendadas por la de la Ley de la Marina Mercante (enmienda), núm. 14, de 2016. Sin embargo, toma nota de que no se ha realizado ninguna enmienda a la mencionada disposición y que, en consecuencia, se ha perdido una oportunidad de armonizar la ley con el Convenio, como ha solicitado reiteradamente la Comisión.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 8 (Dominica, Iraq, Reino Unido: Jersey, Reino Unido: Montserrat); el Convenio núm. 16 (Islas Salomón); el Convenio núm. 22 (Iraq, Reino Unido: Jersey); el Convenio núm. 23 (Iraq); el Convenio núm. 68 (Guinea-Bissau); el Convenio núm. 69 (Angola, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 73 (Angola, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 74 (Angola, Guinea-Bissau, Reino Unido: Jersey); el Convenio núm. 91 (Guinea-Bissau); el Convenio núm. 92 (Iraq, República de Moldova); el Convenio núm. 108 (Angola, Canadá, Guinea-Bissau, Islas Salomón, Liberia, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía); el Convenio núm. 146 (Iraq); el Convenio núm. 147 (Iraq); el Convenio núm. 166 (Guyana); el Convenio núm. 185 (Islas Marshall); el Convenio núm. 186 (Bahamas, Canadá, República de Corea, Croacia, Fiji, Islas Marshall, Kiribati, Luxemburgo, Malasia, Mauricio, Panamá, Reino Unido, Reino Unido: Gibraltar, Samoa, Seychelles, Tuvalu, Viet Nam).

Pescadores

Azerbaiyán

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) (ratificación: 1992)

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de las memorias enviadas sobre la aplicación de los convenios relativos al sector pesquero, ratificados por el país. Con el fin de aportar una visión global de las cuestiones que han de abordarse en relación con la aplicación de estos Convenios, la Comisión considera adecuado examinarlas en un solo comentario, de la siguiente manera.

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

Artículo 4, 1), del Convenio. Período de validez de los certificados médicos. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la frecuencia de los exámenes médicos en el puesto de trabajo, depende del tipo de seguimiento de que se trate: sano, una vez cada tres años; prácticamente sano, anualmente; con una enfermedad crónica o compensada, caso por caso. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que el Convenio dispone que, en el caso de los pescadores jóvenes, los certificados médicos seguirán siendo válidos por un período que no exceda de un año. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para cumplir plenamente con los requisitos de este artículo del Convenio. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno transmitió una lista de las principales leyes y reglamentaciones que rigen los exámenes médicos de los pescadores, con el fin de determinar su aptitud física para el trabajo en la industria pesquera de Azerbaiyán. Entre otras cosas, la Comisión toma nota de lo siguiente: la decisión del Ministerio de Salud de Azerbaiyán de mejorar los exámenes médicos obligatorios (núm. 46, de 13 de diciembre de 2012) y el reglamento para la realización de exámenes médicos obligatorios, aprobado por la decisión núm. 24/2, del Ministerio de Salud de Azerbaiyán, con fecha 15 de mayo de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que comunique copias de los mencionados instrumentos y que indique las disposiciones legales relacionadas con la aplicación del Convenio.

Artículo 5.  Exámenes independientes por un árbitro médico. La Comisión solicitó al Gobierno que especificara las disposiciones legales que garantizan el derecho de los pescadores a otro reconocimiento, por un árbitro médico, si se le negaba un certificado. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en caso de un conflicto respecto del resultado de un examen médico, el médico jefe establece un grupo ad hoc en la institución médica en consideración, que decide si la persona está físicamente apta para el trabajo a bordo de un buque, y su decisión es la final. Tomando nota de esta información, la Comisión solicita al Gobierno que transmita copias de las disposiciones legales pertinentes.

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)

Artículos 3 a 17 del Convenio. Aplicación de la legislación sobre los requisitos relativos al alojamiento de la tripulación. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información detallada sobre las disposiciones legislativas o administrativas que aplican las partes II, III y IV del Convenio, a efectos de encontrarse en condiciones de evaluar la conformidad de la legislación nacional con los requisitos del Convenio.

En lo que atañe a la aplicación de la parte II (artículos 4 y 5), la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al reglamento sobre las reglas relativas a la inspección de los buques, aprobado por el Gabinete de Ministros, que prevé una inspección inicial de los requisitos relativos al alojamiento de la tripulación en los barcos, antes de su matriculación. La Comisión toma nota asimismo de que, según el Gobierno, la realización de esas inspecciones, que también tienen lugar durante el proceso de nueva matriculación de los buques, fue delegada a sociedades de clasificación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el mencionado reglamento no parece haber procedido a inspecciones cuando el alojamiento de la tripulación en un barco sufrió alguna modificación esencial o fue reconstruido, como exige el artículo 5 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera da efecto a este requisito del Convenio.

En lo que atañe a la parte III (artículos 6 a 16), la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, de conformidad con el artículo 148, 2), de la Constitución «los acuerdos internacionales de los que es parte la República de Azerbaiyán, son parte integrante de la legislación de la República de Azerbaiyán» y «todos los convenios de la OIT ratificados por Azerbaiyán tienen fuerza de ley nacional y son parte integrante de la legislación del trabajo». Sin embargo, la Comisión recuerda que el artículo 3, 1), del Convenio prescribe que todo miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a mantener en vigor una legislación que garantice la aplicación de las disposiciones contenidas en las partes II, III y IV de este Convenio. La Comisión recuerda que, aun cuando el Convenio se considere como parte integrante de la legislación de Azerbaiyán, ello no sería suficiente para dar efecto a las disposiciones del Convenio que son auto ejecutivas. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 6, 9), que requiere que la autoridad competente decida en qué medida deben tomarse disposiciones en la construcción del alojamiento para prevenir incendios o para retrasar su propagación, y del artículo 8, 4), que dispone que la autoridad competente prescribirá las normas relativas al sistema de calefacción para el alojamiento de la tripulación. Además, de conformidad con el artículo 3, 2), e), la legislación deberá exigir a la autoridad competente que consulte periódicamente a las organizaciones de armadores de barcos pesqueros y a las de pescadores, si existieren, respecto de la elaboración de reglamentos, y que colabore, en la medida de lo posible, con las partes interesadas en la aplicación de dichos reglamentos. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información completa sobre la manera en que se aplican, en la ley y en la práctica, las normas detalladas relativas al alojamiento, incluidas en la parte III del Convenio.

En cuanto a la parte IV (artículo 17), la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la legislación nacional no contiene ningún requisito para las modificaciones que se realicen en los barcos, en los diversos casos abarcados por el artículo 17 del Convenio, especialmente los apartados a) y b) del párrafo 2, respecto del barco matriculado de nuevo. La Comisión toma nota de esta información.

Liberia

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112) (ratificación: 1960)

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) (ratificación: 1960)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de que en las memorias del Gobierno, enviadas en razón de la aplicación de varios convenios de pesca, el Gobierno señala que la Ley Marítima de Liberia, RLM-107 (en adelante «Ley Marítima») y el Reglamento Marítimo de Liberia, RLM-108 (en adelante el «reglamento») fueron modificados en 2013 en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión sobre la aplicación de los Convenios, sin ofrecer información adicional alguna. Recordando que se lleva pidiendo al Gobierno desde hace más de veinte años que comunique información sobre la aplicabilidad de la actual legislación a los pescadores y teniendo en cuenta que de la respuesta del Gobierno no cabe inferir claramente que los textos enmendados contengan disposiciones adecuadas para cubrir a los pescadores, la Comisión pide una vez más al Gobierno que clarifique esta cuestión.

A fin de proporcionar una visión global de las cuestiones que deben abordarse en relación con la aplicación de los convenios relativos a la pesca, la Comisión considera conveniente examinarlos de forma conjunta en un comentario único, tal como sigue.

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación. Edad mínima. La Comisión toma nota de que el artículo 326, 2), de la Ley Marítima establece que «las personas menores de 16 años de edad no podrán ser empleadas ni podrán trabajar a bordo de buques registrados bajo pabellón de Liberia, excepto en buques en los que únicamente haya empleados de la misma familia, en buques escuela o en embarcaciones dedicadas a la formación». La Comisión reitera que, según el artículo 2 del Convenio, los niños menores de 15 años de edad no podrán prestar servicios a bordo de ningún barco de pesca. La Comisión reitera además que la exclusión de los buques en los que únicamente haya empleadas personas de la misma familia no se contempla en el Convenio. La Comisión toma nota además de que, según el artículo 290 de la Ley Marítima, su capítulo 10 — que trata de marinos mercantes y la edad mínima — se aplica únicamente a las personas empleadas a bordo de un buque de menos de 75 toneladas netas. Además, el artículo 326 del mismo capítulo, que fija la edad mínima, se aplica únicamente a los buques que se hayan registrado según lo dispuesto en la Ley Marítima. En este sentido, el artículo 51 limita el procedimiento de registro a buques concretos, a saber: a) buques de como mínimo 20 toneladas netas que sean propiedad de ciudadanos o nacionales del Estado de Liberia y participen únicamente en actividades comerciales en régimen de cabotaje entre puertos del país o entre puertos de Liberia y otros países de África Occidental, y b) buques de más de 500 toneladas netas dedicados al comercio exterior, propiedad de un ciudadano o nacional de Liberia. La Comisión reitera que, en virtud del artículo 1 del Convenio, la expresión «barco de pesca» comprende todas las embarcaciones, buques y barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la pesca marítima en agua salada, con la única excepción de la pesca en los puertos o en los estuarios de los ríos, o por personas que se dediquen a la pesca deportiva o de recreo. La Comisión pide una vez más al Gobierno que aclare si el capítulo 10 de la Ley Marítima se aplica a los pescadores. Si fuera este el caso, la Comisión, reiterando que el Convenio se aplica a todos los barcos de pesca independientemente del tonelaje o del hecho de que sólo estén empleados en ellos los miembros de una misma familia, pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento al Convenio. Si, por el contrario, no fuera este el caso, la Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones de la legislación nacional que dan cumplimiento a los requisitos del Convenio.

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

Aplicación del Convenio. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que aclarara cuál era la legislación aplicable a los pescadores en relación con la validez del certificado médico. La Comisión tomó nota de la información comunicada por el Gobierno de que la legislación vigente sólo se aplica a los buques pesqueros de 500 toneladas o más. Reiterando que el Convenio se aplica a todos los buques pesqueros con independencia de su tonelaje, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para asegurar que los pescadores empleados a bordo de buques de pesca de menos de 500 toneladas estén sujetos a los mismos requisitos en materia de certificación médica según lo dispuesto en el Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna respuesta a su observación anterior. La Comisión pide, por tanto, una vez más al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)

Aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que explicara qué efectos se da a las disposiciones del Convenio y que proporcione clarificaciones sobre la aplicación de la legislación vigente a los buques de pesca. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ofrece ninguna información a este respecto. La Comisión pide por tanto una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias sin demora para dar pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Mauritania

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de la adopción, el 15 de octubre de 2013, de la ley núm. 2013-029, que promulga el Código de la Marina Mercante.

Artículo 3, 1), del Convenio. Examen del contrato de enrolamiento previo a su firma. En sus comentarios anteriores, al tiempo que tomaba nota de que el Código de la Marina Mercante no contenía disposiciones que autorizaran a los pescadores a examinar el contrato antes de ser firmado, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo garantiza la observancia de esta disposición del Convenio. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 394, 2), del nuevo Código de la Marina Mercante da pleno cumplimiento a esta disposición del Convenio al establecer que «El contrato de enrolamiento deberá ser firmado por el marino antes de la salida del buque en condiciones en las que tenga la oportunidad de examinar las estipulaciones del mismo y pueda, si fuera necesario, pedir asesoramiento sobre dichas estipulaciones a fin de aceptarlas libremente antes de suscribirlas».

Artículo 5.  Relación de servicios. La Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo se organiza la documentación sobre la relación de los servicios del pescador y cómo estos documentos se ponen a disposición de cada pescador. La Comisión toma nota a este respecto de que el artículo 404 del nuevo Código de la Marina Mercante establece que, en el momento del desembarco del marino, el armador o el capitán le facilitarán un certificado de los servicios prestados. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 45 del Convenio colectivo sobre el trabajo marítimo, de 2006, establece que, al desembarcar, cualquier marino podrá solicitar al capitán o al armador del barco en que hubiera prestado sus servicios un certificado de trabajo en el que se precisen exclusivamente el nombre y la dirección del empleador y la naturaleza del empleo, o si procede, los puestos sucesivos ocupados por el marino. La Comisión toma nota de esta información. Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)

Artículo 6, 3).  Datos que debe contener el contrato de enrolamiento. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que señalara las disposiciones legislativas que dan cumplimiento a esta disposición del Convenio, en particular, las relativas a la inclusión de los siguientes datos en las estipulaciones del contrato de enrolamiento del pescador: a) los nombres y apellidos del pescador, la fecha de nacimiento o la edad, así como el lugar de nacimiento; b) el lugar y la fecha de celebración del contrato; c) el nombre del barco o de los barcos de pesca a bordo de los cuales se comprometa a servir el interesado; d) el viaje o los viajes que deba emprender, si ello puede determinarse al celebrarse el contrato, y e) el importe del salario del pescador, o el importe de su participación y el método para el cálculo de la misma. La Comisión toma nota de que el nuevo Código de la Marina Mercante no establece una lista de datos que debe contener el contrato de enrolamiento. La Comisión invita, por tanto, al Gobierno a que indique las medidas adoptadas o previstas para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio.

Artículo 11.  Desembarco inmediato. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que señalara las disposiciones de la legislación en las que se determinan las circunstancias en las que el pescador podrá solicitar su desembarco inmediato. La Comisión toma nota en este sentido de que el artículo 399 del nuevo Código de la Marina Mercante especifica las circunstancias en las que el pescador puede dar por terminado el contrato de enrolamiento sin previo aviso. La Comisión toma nota de esta información.

Sierra Leona

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores formulados inicialmente en 2005.

Artículos 3 a 15 del Convenio. Certificados de competencia. La Comisión ha realizado comentarios durante bastantes años sobre la falta de legislación que dé efecto al Convenio. El Gobierno afirma en su memoria comunicada en 2004 que se ha progresado a este respecto y que se organizó un taller nacional sobre la elaboración de políticas de pesca. Asimismo, el Gobierno indica, en su última memoria, que tan pronto como se hayan adoptado se comunicarán a la OIT copias de los nuevos textos legislativos y de los textos que prevean la nueva política. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultados del taller nacional encargado de elaborar la política de pesca y sobre todos los progresos concretos realizados en lo que respecta a la adopción de leyes nacionales para dar aplicación al Convenio. La Comisión considera que la Oficina está preparada para ofrecer asesoramiento y responder favorablemente a toda petición específica de asistencia técnica a este respecto. Por último, la Comisión le ruega al Gobierno proporcionar información actualizada sobre la industria de la pesca, incluidas estadísticas sobre la composición y capacidad de la flota pesquera del país y el número aproximado de pescadores remunerados empleados en el sector.

La Comisión espera firmemente que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Trinidad y Tabago

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) (ratificación: 1972)

Aplicar la legislación sobre los certificados de competencia de pescadores. La Comisión señaló en su comentario anterior la ausencia de una legislación que diera cumplimiento a los requisitos del Convenio, y pidió al Gobierno que proporcionara una copia del reglamento sobre seguridad de los buques pesqueros que estaba preparándose. La Comisión lamenta tomar nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el Ministerio de Trabajo y Transporte aún está elaborando las normas que regulan todos los aspectos de las operaciones de buques pesqueros, incluidos los certificados de competencias de pescadores. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que adopte la legislación pertinente sin dilación para dar pleno cumplimiento a los requisitos del Convenio, en particular los relativos a la edad mínima de los pescadores para obtener certificados de competencia, a la experiencia profesional y a los exámenes.

[Se pide al Gobierno que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 113 (Bulgaria, Uruguay); el Convenio núm. 114 (Chipre, Eslovenia, Reino Unido: Guernsey); el Convenio núm. 125 (Alemania, Bélgica, Francia: Polinesia Francesa); el Convenio núm. 126 (Francia: Polinesia Francesa, Grecia, Sierra Leona).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por el siguiente Estado en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 113 (Polonia).

Trabajadores portuarios

Italia

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1981)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Política nacional para fomentar el empleo permanente o regular a los trabajadores portuarios. Cooperación entre los interlocutores sociales para aumentar el rendimiento del trabajo en los puertos. La Comisión toma nota con satisfacción de la memoria detallada y completa del Gobierno, que contiene información sobre la aplicación del decreto legislativo núm. 81, de 15 de junio de 2015, así como una copia del convenio colectivo nacional (CCNL) sobre los trabajos portuarios actualmente en vigor para el período 2016-2018. A través del decreto núm. 81/2015, el Gobierno revisó el marco nacional que regula los contratos de trabajo. En relación con los trabajadores portuarios, el Gobierno reitera sus comentarios anteriores según los cuales la mayor parte de los trabajadores portuarios son contratados por compañías portuarias autorizadas y tienen contratos indefinidos. Añade que ello no excluye la posibilidad de contratar trabajadores portuarios para otros tipos de contratos de trabajo establecidos en el decreto núm. 81/2015, que incluyen: i) contratos de trabajo celebrados a través de agencias de trabajo temporales (artículos 30 a 40); ii) trabajo a tiempo parcial (artículos 4 a 12); iii) trabajos de duración determinada (artículos 19 a 29), y iv) contratos de aprendizaje (artículos 41 a 47). El Gobierno indica que el CCNL regula las relaciones de trabajo y el tipo de contrato según la categoría profesional. Añade que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participaron en la negociación del CCNL, señalando que el sector de trabajadores portuarios tiene una larga tradición de participación activa de los interlocutores sociales a nivel nacional y local. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 15 de la ley núm. 84, de 28 de enero de 1994, en su versión enmendada, los interlocutores sociales son también miembros de la comisión responsable de la organización del trabajo portuario y otras tareas relevantes. Con miras a garantizar los máximos beneficios sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas, el Gobierno indica que, de acuerdo al artículo 29 de la ley núm. 164, de 11 de noviembre de 2014, se puso en marcha un Plan estratégico nacional del trabajo portuario y de la logística (Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica) en 2015. El plan estratégico busca promover un sistema intermodal de transporte y se espera que proporcione apoyo a la recuperación económica del país. La Comisión toma nota de que el plan también estableció un comité para cada autoridad portuaria (compuesto por representantes de las autoridades públicas, empleadores y trabajadores) con funciones consultivas socioeconómicas. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre el número de trabajadores portuarios, desagregada por sexo, edad y tipo de contrato, y sobre las variaciones en sus números durante el período examinado. La Comisión agradecería también recibir información sobre los resultados alcanzados con la implementación del Plan estratégico nacional del trabajo portuario y de la logística y sobre las medidas adoptadas para promover la cooperación entre los interlocutores sociales para aumentar el rendimiento del trabajo en los puertos (artículo 5).

Noruega

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1974)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Empresas de Noruega (NHO) y de la Confederación de Sindicatos de Noruega (LO), comunicadas con la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Trabajadores portuarios registrados. En sus comentarios de 2015, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual son varios los casos pendientes en los tribunales de Noruega en relación con diversos aspectos de los convenios colectivos, a través de los cuales se aplica el Convenio en el país, y cuyos resultados podrían afectar a la manera en que se determina el número de trabajadores portuarios. El Gobierno añadió que, una vez resueltos los casos pendientes, podría ser adecuado entablar un diálogo con los interlocutores sociales, con la intención de encontrar un método de determinación del número de trabajadores portuarios que fuese aceptable para ambas partes, y que permitiera que el Gobierno comunicara a la Comisión una información exhaustiva sobre la aplicación del Convenio. La Comisión solicitó, por lo tanto, al Gobierno que comunicara copias de las decisiones pertinentes de los tribunales e información sobre la manera en que se aplica el Convenio. El Gobierno recuerda en su memoria que los requisitos del Convenio se aplican a través de convenios colectivos entre la NHO y la LO. Añade que el Tribunal Supremo de Noruega tuvo en consideración un caso de implicación de uno de esos convenios colectivos. La Comisión toma nota de la decisión del Tribunal Supremo, de 16 de diciembre de 2016, en el caso núm. HR-2016-2554-P, Holship Norge AS contra Sindicato de Trabajadores del Transporte (NTF), del que se comunicó una copia junto a la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que la LO intervino en el recurso de apelación como tercera parte interesada en beneficio del NTF, interviniendo la NHO y la Asociación de Empresas de Noruega como tercera parte interesada en nombre del recurrente, Holship. El Tribunal Supremo examinó la cuestión relativa a la legalidad de un boicot notificado contra Holship, una empresa danesa, por el NTF, para impedir que los trabajadores de Holship cargaran y descargaran buques en el puerto de Drammen. El boicot tuvo el objetivo de obligar a Holship a concluir un convenio colectivo con el NTF (acuerdo marco), con el contenido de una prioridad de una cláusula de contrato laboral, que reservaría los trabajos de carga y descarga a los trabajadores portuarios asociados con la oficina administrativa del puerto de Drammen. Según el acuerdo marco, los estibadores de la oficina administrativa se encargan de las operaciones de carga y descarga para todos los usuarios del puerto de Drammen. La oficina administrativa cuenta con seis estibadores permanentes; sin embargo, puede contratarse un personal adicional cuando se necesite, siendo entre 50 y 90 los trabajadores adicionales asociados con la oficina administrativa. El Tribunal Supremo concluyó que la prioridad de contratación de los trabajadores portuarios, constituye una restricción ilegal a la libertad de establecimiento de Holship, en virtud del artículo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo sobre el EEE). El Tribunal Supremo observó que el principio de prioridad de contratación se estableció originalmente para mejorar la situación de los trabajadores portuarios, basándose la prioridad de la cláusula de contratación laboral, en el artículo 3 del Convenio. El Tribunal también se refirió al artículo 2 del Convenio, observando que la finalidad del Convenio parece ser el establecimiento de un trabajo organizado y de unas condiciones de remuneración para los trabajadores portuarios. Al llegar a sus conclusiones, el Tribunal sostuvo que estas consideraciones podrían cumplirse con medios diferentes de los que dan una prioridad de contratación para los trabajos de carga y descarga a un grupo de trabajadores. En sus observaciones, la LO indica que los tribunales de Noruega dictaron varias sentencias, pronunciándose sobre la validez de la prioridad de la cláusula de contratación laboral y reservando la carga y descarga a los trabajadores portuarios registrados en muelles privados y en instalaciones portuarias. Como consecuencia, no se está aplicando la prioridad de la cláusula de contratación laboral en algunos puertos en los que se aplicó con anterioridad. La carga y descarga en esos puertos corrió a cargo de los trabajadores de las empresas situadas en dichos puertos, por los trabajadores que emplean temporalmente esas empresas y por la tripulación de los buques, a expensas de los trabajadores portuarios registrados. La LO opina que la práctica en estos puertos es incompatible con las obligaciones de Noruega en virtud del Convenio. En sus observaciones, la NHO indica que se planteó la cuestión relativa a quién es responsable de la aplicación del Convenio en Noruega, afirmándose que ésta es competencia exclusiva del Estado noruego. La NHO indica asimismo que en Noruega el Convenio no se incorporó a la legislación, ni a los reglamentos. En relación con sus observaciones de mayo de 2014, la NHO reitera que la comprensión que tiene Noruega del trabajo portuario se limita de manera incorrecta a las operaciones de carga y descarga, y considera que deberían adoptarse medidas para garantizar que se diera en Noruega la adecuada cobertura al Convenio. El Gobierno destaca que las partes en el asunto entablaron un diálogo, tras la decisión del Tribunal, considerando la necesidad de cambios en la manera en que se organiza el trabajo portuario y en los posibles cambios en los convenios colectivos. El Gobierno espera el resultado de estas negociaciones. La Comisión solicita al Gobierno que comunique más información detallada sobre las cuestiones planteadas por los interlocutores sociales, así como sobre los resultados del proceso de diálogo, incluido todo cambio en la manera en que se organiza el trabajo portuario en el país.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, una valoración general de la manera en que se aplica el Convenio en el país, incluyendo, por ejemplo, extractos de los informes y datos sobre el número trabajadores portuarios y sobre las variaciones en su número a lo largo del tiempo.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 137 (Afganistán, Australia, Cuba, Egipto, Finlandia, Francia, Kenya, Mauricio, Nigeria, Polonia, Rumania, Suecia, República Unida de Tanzanía, Uruguay).

Pueblos indígenas y tribales

Paraguay

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1993)

Artículos 2, 6 y 33 del Convenio. 1. Consulta previa. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la resolución núm. 2039/10 que establece la necesidad de solicitar la intervención del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para todos los procesos de consulta en las comunidades indígenas debiéndose establecer caso por caso las pautas a ser cumplidas en cada consulta. La Comisión tomó nota de la preocupación expresada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en relación con las repercusiones negativas para los negocios que puede tener la falta de cumplimiento de la obligación de consulta. La Comisión observó además que los representantes de los pueblos indígenas manifestaron que existen irregularidades que vulneran el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado reconocido por el Convenio y que, en agosto de 2014, formalizaron ante el Congreso Nacional su disconformidad con el proyecto de ley relativo al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas que la Defensoría del Pueblo había presentado al Poder Legislativo. De hecho, consideraban que las organizaciones indígenas no habían sido consultadas al respecto y por eso solicitaron el archivo del documento.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el anteproyecto de ley presentado en 2013 ha tenido un dictamen de rechazo por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. La memoria del Gobierno incluye información del INDI según la cual está en trámite de aprobación por el Poder Ejecutivo una propuesta de decreto que establece un protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los pueblos indígenas del Paraguay. La propuesta fue impulsada junto con más de 30 organizaciones indígenas y fue discutida y aprobada en el marco de dos talleres sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado con organizaciones indígenas, organizados por el INDI conjuntamente con la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. El Gobierno indica que, en cuanto se adopte el decreto, el INDI seguirá asesorando a autoridades públicas y al Poder Legislativo en la creación de procedimientos específicos de consulta para determinados proyectos nacionales, tales como el proyecto de ley de hidrocarburos o el programa de saneamiento y agua potable para el Chaco y ciudades intermedias de la región oriental del Paraguay.

La Comisión observa a este respecto que, en su informe de 2015, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas manifestó que «existe en el Paraguay un incumplimiento generalizado del deber estatal de consultar antes de la adopción de medidas legislativas, políticas y administrativas que afectan directamente a los pueblos indígenas y a sus tierras, territorios y recursos naturales (documento A/HRC/34/48/Add.2).

La Comisión confía en que se tomen a la mayor brevedad todas las medidas necesarias para que se adopte el decreto que establece el protocolo para un proceso de consulta y consentimiento con los pueblos indígenas de manera a asegurar que los pueblos interesados sean consultados mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Mientras tanto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los procesos específicos de consulta llevados a cabo en relación con proyectos de leyes o medidas administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas, indicando los procesos en los cuales el INDI haya brindado su asesoramiento.

2.   Acción coordinada y sistemática. La Comisión tomó nota de las funciones asignadas al INDI que, de forma articulada y coordinada, debe garantizar y velar por el cumplimiento de los derechos indígenas. El INDI actúa de enlace y gestor entre los pueblos indígenas y las demás instituciones públicas encargadas de administrar los programas de los que se benefician los pueblos indígenas. La Comisión observa que, según la información disponible en el sitio web de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, se inició en agosto de 2017 un encuentro nacional de intercambio de experiencias para la elaboración de un plan nacional de pueblos indígenas. De esta forma se pretende establecer un espacio de diálogo para construir participativamente dicho plan como política pública diferenciada y consensuada por los pueblos indígenas. Durante el encuentro, las asociaciones indígenas indicaron que seguirían acompañando este proceso en los departamentos que cuentan con población indígena, mientras que las instituciones públicas se comprometieron a gestionar los fondos para la realización de estos encuentros. La Comisión confía en que el plan nacional de pueblos indígenas se adoptará en un futuro próximo y pide al Gobierno que indique cómo su implementación contribuirá a desarrollar una acción coordinada y sistemática destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el proceso de socialización y consulta llevado a cabo al respecto. Además, observando que, según la información disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda, se ha reducido en 2015 y 2016 el presupuesto del INDI, la Comisión espera que el Gobierno proporcionará los recursos económicos y humanos necesarios para que el INDI, de conformidad con el artículo 33, párrafo 1, del Convenio, disponga de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

Parte II.  Artículo 14.  Tierras. En relación con los comentarios anteriores sobre los progresos realizados en la regularización de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, el INDI informa que el aseguramiento legal de los territorios indígenas sigue siendo su función principal. Así, entre 2010 y 2014, se consiguió la titulación de un total de 283 996 hectáreas. Se entregaron títulos de propiedad en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y en el departamento del Alto Paraguay, totalizando 59 465 hectáreas en 2013. En 2014, se han titulado 73 360 hectáreas en varios departamentos. Según el INDI, de las 493 comunidades indígenas, 357 cuentan con tierra asegurada (72,4 por ciento) y de éstas, 343 poseen título de propiedad comunitaria (96,1 por ciento). Además, en lo que respecta a la implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos citadas por la Comisión en sus comentarios anteriores, la Comisión saluda la adopción de la ley núm. 5194 de 12 de junio de 2014 que declara de interés social y expropia a favor del INDI dos fincas en el departamento del Chaco (14 403 hectáreas) para su posterior adjudicación al pueblo enxet de la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Asimismo, en lo que atañe a la comunidad indígena Yakye Axa, se encuentra en proceso de inscripción en los registros públicos la escritura de adquisición de sus tierras alternativas. Sin embargo, en el caso de la comunidad indígena Xákrnok kásek, el Estado sigue en discusión con los propietarios privados de las fincas reclamadas.

La Comisión alienta al Gobierno a que continúe realizando todo esfuerzo para garantizar la protección de los derechos de propiedad y de posesión de las tierras de los pueblos indígenas y confía en que en su próxima memoria el Gobierno comunique informaciones que permitan constatar los progresos realizados en la regularización de las tierras que los pueblos indígenas han tradicionalmente ocupado y en su titulación. Sírvase también comunicar información sobre los trámites de expropiación que se examinan en el Poder Legislativo así como sobre los distintos procesos jurídicos vinculados con la tenencia de las tierras en los cuales hubo intermediación del INDI.

Artículo 15.  Recursos naturales. Explotaciones forestales. La Comisión tomó nota en sus comentarios anteriores de las preocupaciones expresadas por la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) ante la gestión ambiental y el manejo forestal en tierras asignadas a comunidades indígenas así como ante la ocupación de sus tierras por parte de campesinos sin tierra. Al respecto, el Gobierno indica que el INDI, consciente de la problemática ambiental que afecta a los pueblos indígenas, creó en 2015 el Departamento socioambiental cuya función es vigilar los proyectos que afectan a las comunidades y mitigar su impacto ambiental. En este sentido, se presentaron denuncias ante las diferentes unidades fiscales en casos de deforestación, tala indiscriminada de árboles o cambios de uso de suelos que tuvieron como resultado sentar precedentes importantes. El Gobierno señala que también se encuentra en elaboración un marco jurídico administrativo destinado a favorecer el acceso de las comunidades indígenas al pago por servicios ambientales, adecuando y flexibilizando los requisitos existentes a la realidad jurídica-cultural de las mismas. La Unidad Fiscal Especializada Ambiental (UFEDA), es la unidad establecida para atender las causas tipificadas como hechos punibles contra el medio ambiente y los intereses difusos de la comunidad, incluso los hechos que afecten los intereses de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de estas medidas que tienen por objetivo reforzar la capacidad de las comunidades indígenas a defender sus derechos e intereses y presentar denuncias en caso de vulneración. Al respecto, la Comisión recuerda que el Convenio prevé que los pueblos indígenas sean consultados antes que se emprenda o autorice cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre ejemplos concretos de cómo se han protegido los derechos de los pueblos indígenas a participar y ser consultados en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. También pide al Gobierno que transmita información sobre las evaluaciones del impacto social y ambiental que pueda tener la explotación de recursos naturales realizada en territorios de pueblos indígenas.

Parte III.  Artículo 20.  Contratación y condiciones de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión alentó al Gobierno a seguir tomando medidas para eliminar las situaciones de trabajo forzoso y la discriminación de trato en contra de los miembros de ciertos pueblos indígenas, especialmente en la región del Chaco, y a informar sobre las actividades realizadas al respecto por autoridades públicas establecidas en la región, como la oficina de la Dirección regional del trabajo en el Chaco. Al respecto, el Gobierno indica que, en 2015, el Ministerio del Trabajo procedió a la contratación de 30 nuevos funcionarios inspectores del trabajo. La Dirección general de inspección y fiscalización realizó inspecciones en la zona del Chaco en el segundo semestre de 2015 en el marco de la investigación de posibles situaciones de trabajo forzoso sin que se hayan identificado casos específicos de trabajo forzoso. La Comisión saluda la adopción en noviembre de 2016 de la Estrategia nacional de prevención del trabajo forzoso 2016-2020 (decreto núm. 6285/16). Observa que se realizaron una serie de talleres de consulta con actores sociales, representantes de instituciones públicas y comunidades indígenas a fin de recabar insumos para elaborar la estrategia. La Comisión observa que en el sitio web del Ministerio del Trabajo se indica que una comitiva fiscal-policial, encabezada por la unidad antitrata de personas del Ministerio Público, encontró en el Chaco trabajadores indígenas de la comunidad Ache en situación de trabajo forzoso, en un establecimiento situado en el departamento de Boquerón. También observa que en su declaración de fin de misión al Paraguay de 24 de julio de 2017, la Relatora Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo sus causas y consecuencias, indicó que recibió numerosos informes sobre trabajo forzoso y servidumbre por deudas en la región del Chaco. La Relatora Especial indica en su informe que «no cree que haya trabajo forzoso ni servidumbre por deuda en todos y ni siquiera en la mayoría de los establecimientos. … Sin embargo, la información recibida sugiere que existen casos de vulnerabilidad a la mano de obra forzosa y a la servidumbre por deuda en algunos lugares de trabajo y una falta de regulación entre empleadores más pequeños».

La Comisión alienta al Gobierno a que continúe realizando todos los esfuerzos para que la Estrategia nacional de prevención del trabajo forzoso se ponga efectivamente en práctica, en particular en las regiones en que se han detectado indicios de trabajo forzoso de comunidades indígenas. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para continuar reforzando la presencia del Estado en dichas regiones (Unidad técnica de prevención y erradicación del trabajo forzoso de la Inspección del Trabajo, la subcomisión de la Comisión de derechos fundamentales en el trabajo y prevención del trabajo forzoso establecida en la región del Chaco, y la oficina de la Dirección de Trabajo en la localidad de Teniente Irala Fernández) con miras a sensibilizar a las comunidades vulnerables en cuanto al riesgo de trabajo forzoso, identificar y proteger a las víctimas y las personas en riesgo. La Comisión también se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Perú

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1994)

La Comisión toma nota de la comunicación, recibida en marzo de 2017, mediante la cual la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) transmitió un informe regional comparativo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICAI). También toma nota de las observaciones de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas en noviembre de 2015, y de los comentarios presentados al respecto por el Gobierno en febrero de 2017. Toma nota igualmente de que el 4 de septiembre de 2015 la CGTP envió el Informe Alternativo 2015 sobre el estado de cumplimiento del Convenio preparado por siete organizaciones indígenas nacionales que fueron apoyadas por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota del informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la CATP alegando el incumplimiento por parte del Gobierno del Perú del Convenio — informe que fue aprobado por el Consejo de Administración en junio de 2016.

Artículo 3 del Convenio. Derechos humanos y libertades fundamentales. En sus comentarios anteriores, refiriéndose a los hechos sucedidos en 2009 en la ciudad de Bagua, la Comisión señaló la necesidad de tomar medidas para evitar que sea utilizada la fuerza o la coerción en violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que en la reclamación examinada en junio de 2016, el comité tripartito examinó las informaciones de las organizaciones querellantes sobre los altos niveles de conflictividad y la criminalización de la protesta social así como las informaciones suministradas por el Gobierno respecto a distintos sucesos. El comité deploró las muertes y los actos de violencia mencionados en la reclamación y, al tiempo que tomó nota de que se habían iniciado investigaciones, pidió al Gobierno que presentara informaciones detalladas a la Comisión sobre los avances concretos en cada una de las investigaciones relativas a las muertes y los hechos evocados por las organizaciones querellantes relacionados con la protesta social indígena entre 2011 y 2014. El Comité también deploró profundamente los asesinatos de cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, que tuvieron lugar el 1.º de septiembre de 2014 señalando que tales actos exigen medidas severas por parte de las autoridades. La Comisión también observa que en el Informe Alternativo 2015 se rechaza las campañas que apuntan a vincular los reclamos y protestas con movimientos subversivos y se expresan preocupaciones ante el uso abusivo de la fuerza.

Al igual que el comité tripartito, la Comisión deplora las muertes y los actos de violencia mencionados en la reclamación. La Comisión recuerda que el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos en las distintas partes del Convenio constituye un elemento esencial para crear un clima de confianza entre las autoridades y los pueblos indígenas y garantizar la cohesión y la paz social a través de la inclusión y del diálogo. La Comisión insta al Gobierno a seguir tomando todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables de los asesinatos de los cuatro dirigentes de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre los avances concretos en relación con las investigaciones relativas a las muertes y otros casos de violencia mencionados en la reclamación que permitan deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. Además, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente, con libertad y seguridad, los derechos consagrados por el Convenio y para cerciorarse de que no se emplea ninguna forma de fuerza o coerción en violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

Artículo 6.  Procesos de consulta. En sus comentarios anteriores, la Comisión había considerado que la adopción de la Ley núm. 29785 del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, constituía un progreso en el establecimiento de mecanismos eficaces de consulta que tengan en cuenta la concepción de los gobiernos y de los pueblos indígenas y tribales sobre los procedimientos a seguir para dar efecto al Convenio. De conformidad con la ley, el Viceministerio de Interculturalidad tiene entre sus funciones las de concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta previa. Según el artículo 9, las entidades estatales deben identificar las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a la consulta. El artículo 3 del reglamento de la ley dispone que la entidad pública responsable de dictar medidas legislativas o administrativas que serán objeto de consulta será la entidad promotora. La Comisión invitó al Gobierno a brindar informaciones sobre las consultas realizadas por las entidades promotoras y, en particular, en relación con las consultas sobre propuestas de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los talleres de capacitación sobre el ejercicio del derecho a consulta y las herramientas legales para exigir su garantía que se diseñaron y realizaron con los representantes de organizaciones indígenas. Así, en 2014, se organizaron 61 talleres de capacitación a los que asistieron más de 3 634 personas (67 por ciento líderes y lideresas indígenas) en los departamentos de Loreto, Ucayali y Junín. El Gobierno también informa que el Viceministerio de Interculturalidad brindó asistencia técnica en este ámbito a entidades públicas en relación con la procedencia de la consulta previa. En relación con los procesos de consulta llevados a cabo, el Gobierno comunica información detallada sobre los 22 procesos realizados desde la entrada en vigencia de la ley núm. 29785, que se referían, entre otros, a contratos de exploración y explotación (como por ejemplo la renovación de la concesión petrolera en el lote 192), el reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, la Política Sectorial de Salud Intercultural o el Plan nacional de educación intercultural bilingüe. En dichos procesos participaron representantes de las siete organizaciones indígenas a nivel nacional, y en 20 de ellos se ha logrado llegar a acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas involucrados.

La Comisión toma nota de las dificultades evocadas en el Informe Alternativo 2015 respecto del cumplimiento efectivo del derecho a consulta relacionadas con la falta de conocimiento en los asuntos indígenas de los funcionarios encargados del proceso así como con las limitaciones de las propias organizaciones indígenas (insuficiencia de recursos económicos y logísticos, escasez de conocimientos técnicos en los distintos temas). En el Informe Alternativo, se considera que el desequilibrio en la relación Estado-pueblos indígenas viene convirtiendo los procesos de consulta en simples trámites.

La Comisión alienta al Gobierno a seguir desplegando todos los esfuerzos para que se realicen consultas serias y sustantivas con los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, y pide al Gobierno que comunique informaciones actualizadas al respecto. También solicita al Gobierno que siga tomando medidas para reforzar la capacitación a pueblos indígenas, así como a funcionarios responsables y otros actores en relación con los objetivos, las etapas y la importancia de los procesos de consulta, y que informe sobre toda medida destinada a establecer los medios apropiados a través de los cuales los pueblos pueden participar plenamente en los procesos de consulta.

Artículos 6, 7 y 15. 1.  Consulta antes de emprender o autorizar las concesiones mineras. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara ejemplos de proyectos presentados ante el Ministerio de Energía y Minas que hayan requerido la consulta previa y la participación de los pueblos interesados en los beneficios reportados por dichas actividades. La Comisión observa que en el ámbito de la reclamación examinada por el comité tripartito en 2016, las organizaciones querellantes consideraron que se otorgan concesiones mineras sin mediar procesos de consulta con los pueblos interesados y sin evaluación respecto del territorio para el cual se otorga la concesión. Al respecto, el Gobierno indica que la concesión minera es un título habilitante que otorga el derecho exclusivo de exploración y explotación de recursos minerales en una determinada área que no faculta el inicio de la actividad de exploración o de explotación. Asimismo, no produce afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, por ende, no requiere la realización de un procedimiento de consulta previa antes del otorgamiento de dicha concesión. El Gobierno añade que las situaciones en las que corresponde realizar la consulta previa son el otorgamiento de concesión de beneficio; la autorización para el inicio de actividades de exploración en concesiones mineras, y la autorización para inicio de las actividades de explotación en concesiones mineras metálicas y no metálicas. A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en su memoria según las cuales, entre 2014 y 2015, se presentaron a la Dirección General de Minería 95 solicitudes de autorización de inicio de actividades de exploración, siete solicitudes de concesión de beneficio y 26 solicitudes de autorización de inicio de actividad de explotación. La autoridad administrativa ha observado que las comunidades campesinas encontradas no reunían los criterios que hubieran permitido su identificación como pueblos indígenas, razón por la cual no se han efectuado consultas previas. La Comisión considera que es importante identificar las comunidades indígenas en cuyas tierras se solicitan las concesiones mineras e involucrar lo más temprano posible en los procesos de toma de decisión relativos al otorgamiento de concesiones mineras. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo los procedimientos establecidos permiten la correcta identificación de los pueblos indígenas cuyos intereses podrían ser afectados por las concesiones mineras. La Comisión también pide al Gobierno que informe sobre las consultas realizadas con los representantes de los pueblos indígenas interesados antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos mineros, a fin de determinar si y en qué medida los intereses de esos pueblos serían perjudicados. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el número de solicitudes para autorización de inicio de exploración y/o explotación presentadas a la Dirección General de Minería, el número de casos en los que se llevaron a cabo consultas con los representantes de los pueblos indígenas interesados, así como información sobre cualquier litigio derivado de estos procesos.

2.   Reglamentación de las actividades de minería e hidroeléctricas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene como función interponer medidas correctivas y preventivas para mitigar y reducir los riesgos ambientales de las operaciones e instalaciones de los proyectos de inversión. Pidió al Gobierno que indicara cómo este nuevo régimen para la fiscalización ambiental ha contribuido a proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en que habitan los pueblos interesados.

En su memoria, el Gobierno se refiere a las medidas tomadas para reforzar la participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del OEFA así como la función supervisora y fiscalizadora de este organismo. La Comisión observa que el Gobierno no comunica información concreta sobre las actividades desarrolladas por el OEFA. Tampoco comunica información sobre los casos de contaminación ambiental y falta de consulta previa sobre actividades de explotación y exploración de recursos naturales en territorios indígenas mencionados en el Informe Alternativo 2013 sobre los cuales la Comisión había solicitado información. La Comisión observa al respecto que tanto el Informe Alternativo 2015 como las observaciones de 2017 de la CGTP señalan la adopción de los «Paquetazos Ambientales» constituidos por una serie de dispositivos normativos que flexibilizan los estándares ambientales de protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Se considera en dichas comunicaciones que se han emitido una serie de decretos y leyes para facilitar el acceso a tierras para proyectos de inversión pública y privada que afectarían los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto y que puntualice cómo se asegura la cooperación de los pueblos interesados en la elaboración de estudios de impacto ambiental (artículos 7 y 15).

3.   Legislación sobre consulta, participación y cooperación. La Comisión observó anteriormente que las normas de carácter tributario o presupuestario no son objeto de consulta (artículo 5, k), del reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa). Observó asimismo que el reglamento tampoco requiere que sean consultadas las decisiones estatales de carácter extraordinario o temporal dirigidas a atender situaciones de emergencia derivadas de catástrofes naturales o tecnológicas (artículo 5, l), del reglamento), ni aquellas medidas administrativas consideradas como complementarias (decimosegunda disposición complementaria, transitoria y final del reglamento). Además, la legislación vigente ha dejado pendiente el desarrollo legislativo de los mecanismos de participación y de participación en los beneficios (quinta y décima disposición complementaria, transitoria y final del reglamento) que requiere el Convenio. Al respecto, la Comisión toma nota de que en el Informe Alternativo 2015 se pide que se deroguen las excepciones previstas en el reglamento.

La Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los pueblos indígenas y las otras partes interesadas, se adopten las medidas legislativas correspondientes y se revise, en consecuencia, el marco legislativo vigente, teniendo en cuenta que no se da pleno efecto a las disposiciones relativas a la participación y cooperación de los pueblos indígenas del artículo 6, 1), b) y c), del artículo 7 y de la parte II sobre tierras, del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 107 (Túnez); el Convenio núm. 169 (Dominica, Fiji, Nicaragua, Paraguay, Perú).

Categorías específicas de trabajadores

Solicitudes directas

Se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 149 (Kirguistán, Tayikistán); el Convenio núm. 189 (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Irlanda, Nicaragua, Paraguay, Suiza).

II.   Observaciones acerca de la sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo (artículo 19 de la Constitución)

Observación general

(artículo 19 de la Constitución)

Obligación constitucional de sumisión. La Comisión recuerda que, en virtud de las disposiciones pertinentes de los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, cada Miembro de la Organización se compromete a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas. Los Miembros deben someter el instrumento a la autoridad nacional competente en el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia en la que el instrumento fue adoptado. Cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto como sea posible pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia en la que el instrumento se haya adoptado.

En el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2005), el Consejo de Administración indica que la autoridad nacional competente es aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución Nacional de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones. Por lo tanto, la autoridad nacional competente debe ser normalmente el legislativo.

En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los instrumentos que deben someterse a la autoridad nacional competente son los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por los delegados tripartitos — representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores — en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión recuerda que la obligación constitucional de sumisión promueve la visibilidad y aplicación de los instrumentos de la OIT. El procedimiento de sumisión no exige a un Estado adoptar medidas ya sea para ratificar un convenio o aplicar una recomendación en todo o en parte, pero exige que los Estados Miembros lleven los instrumentos a la atención de la autoridad o autoridades competentes para su discusión, de manera que puedan tomar una decisión sobre el seguimiento que ha de darse al instrumento adoptado por la Conferencia. El objetivo de la sumisión es, a través de este proceso, transmitir información a la autoridad competente y al público en general sobre los convenios, recomendaciones y protocolos de la OIT.

La Comisión recuerda que en virtud de la Constitución de la OIT, se requiere a los Estados Miembros que informen al Director General sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad competente, y transmitan, en ese contexto, información relativa a la autoridad o autoridades consideradas competentes y a las medidas por ellas adoptadas, en su caso. La información actualizada sobre la lista de convenios, recomendaciones y protocolos pendientes de sumisión por cada Estado Miembro puede consultarse en la página web de la OIT dedicada al sistema de información de la OIT sobre las normas internacionales del trabajo (NORMLEX) (www.ilo.org/normlex). Observando que algunos Estados Miembros no han actualizado la información sobre su obligación constitucional relativa a la sumisión, la Comisión pide a los Estados Miembros a quienes concierne la cuestión, que comuniquen a la Oficina la información requerida sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad nacional competente. Cabe señalar que, por lo general, la Comisión pide información sobre la fecha de sumisión, la identidad de la autoridad nacional competente e información sobre toda medida adoptada respecto a la sumisión.

Recomendación núm. 205. La Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión (junio de 2017), proporciona orientación a los Estados Miembros sobre las medidas que se han de adoptar para generar empleo y trabajo decente a los fines de la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos y desastres. De conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 6 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, la Recomendación núm. 205 debe someterse a las autoridades nacionales competentes en el término de un año o, por circunstancias excepcionales, tan pronto como sea posible pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia en la que el instrumento se haya adoptado (en este caso será hasta el 16 de junio de 2018 o, en circunstancias excepcionales, hasta el 16 de diciembre de 2018). La Comisión saluda la información recibida hasta la fecha sobre la sumisión de la Recomendación núm. 205 a las autoridades nacionales competentes y pide a los demás Estados Miembros que comuniquen la información requerida a la Oficina dentro del plazo constitucional de sumisión.

Comunicación a los interlocutores sociales y consultas con ellos. La Comisión desea señalar a la atención de los Estados Miembros el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la OIT, en virtud del cual cada Estado Miembro debe comunicar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores una copia de la información presentada a la Oficina respecto de la sumisión a las autoridades nacionales competentes. Además, la Comisión recuerda que los Estados Miembros que han ratificado el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), deberán celebrar, en virtud del artículo 5, 1), b), de este instrumento, consultas tripartitas efectivas sobre las propuestas que han de presentarse a la autoridad o autoridades nacionales competentes en relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT. En consecuencia, la Comisión aprovecha esta oportunidad para recordar a todos los Estados Miembros que comuniquen a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores copias de la información presentada a la Oficina de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT, teniendo en cuenta las obligaciones que le incumben en virtud del Convenio núm. 144, en su caso.

Falta grave de sumisión. Para facilitar la labor de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, la Comisión destaca los casos de gobiernos que no hayan dado cumplimiento a la obligación de someter a las autoridades nacionales competentes uno o más instrumentos adoptados por la Conferencia en al menos siete reuniones. En las observaciones de la Comisión se hace referencia a esos casos persistentes de incumplimiento mediante la expresión «falta grave de sumisión». La Comisión toma nota de la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017 sobre los casos de incumplimiento grave por parte de los Estados Miembros de su obligación de envío de memorias y de otras obligaciones relacionadas con las normas, con inclusión de la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es un requerimiento de la mayor importancia para la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2017, que los gobiernos interesados adopten las medidas adecuadas para dar cumplimiento a la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a las autoridades nacionales competentes.

Asistencia técnica de la OIT. En relación con la información adicional sobre los procedimientos de sumisión, la Comisión se remite al Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, del Consejo de Administración (Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2005). La Comisión toma nota de que algunos Estados Miembros han solicitado y recibido asistencia técnica de la OIT para resolver las dificultades encontradas en el cumplimiento de la obligación constitucional de sumisión. La Comisión recuerda a los Estados Miembros que pueden, si así lo desean, recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

Afganistán

Falta de sumisión. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones.

Albania

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno que proporciones información sobre la sumisión al Parlamento albanés de los instrumentos restantes adoptados por la Conferencia en su 82.ª reunión (Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947) y 90.ª reunión (Recomendaciones núms. 193 y 194), así como los instrumentos adoptados en sus 78.ª, 84.ª, 86.ª, 89.ª, 92.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones.

Angola

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) por Angola se registró el 11 de octubre de 2016. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique la información requerida sobre los 13 instrumentos pendientes de sumisión a la Asamblea Nacional, adoptados en las 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones de la Conferencia (2003-2015), así como la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.ª reunión, 1992), el Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (82.ª reunión, 1995) y la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189) (86.ª reunión, 1998).

Antigua y Barbuda

Sumisión al Parlamento. La Comisión recuerda la información comunicada por el Gobierno en abril de 2014, en la que se indica que el Ministro de Trabajo volvió a someter al Gabinete de Antigua y Barbuda, el 11 de marzo de 2014, los instrumentos adoptados por la Conferencia, desde su 83.ª reunión hasta su 101.ª reunión (1996-2012). La Comisión insta firmemente al Gobierno que especifique las fechas en las que se sometieron al Parlamento de Antigua y Barbuda los instrumentos adoptados por la Conferencia desde su 83.ª reunión hasta su 101.ª reunión.

Además, la Comisión solicita una vez al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, así como de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión.

Azerbaiyán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a su autoridad competente (la Asamblea Nacional). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional (Milli Mejlis) de la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.ª reunión) y de los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª, 89.ª, 90.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones de la Conferencia. También solicita al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

Bahamas

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. Reitera que el cumplimiento de la obligación de sumisión de los convenios, las recomendaciones y los protocolos a las autoridades nacionales competentes es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la Organización. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (el Parlamento) los convenios, las recomendaciones y los protocolos. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 23 instrumentos adoptados por la Conferencia con ocasión de las 13 reuniones celebradas entre 1997 y 2015 (85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Bahrein

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera que la información suministrada por el Gobierno, en noviembre de 2016, indicando que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), fue sometida a la autoridad competente de acuerdo a la Constitución de Bahrein. Sin embargo, la Comisión toma nota de que no se comunicó información alguna sobre la fecha de sumisión de dicho instrumento a la Asamblea Nacional. En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que, de acuerdo con la Constitución nacional, los convenios internacionales se tienen que someter al Consejo de Ministros, que es el órgano responsable de la formulación de la política pública del Estado y del seguimiento de su aplicación (artículo 47, a), de la Constitución de Bahrein). La Comisión recuerda además que el Gobierno señaló, en septiembre de 2011, que al establecerse la Asamblea Nacional — compuesta por el Consejo Consultivo (Majlis Al-Shura) y el Consejo de Representantes (Majlis Al-Nuwab) — fue necesario establecer un mecanismo nuevo para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que la OIT brindó su disposición a examinar, junto con las autoridades nacionales, el modo de establecer algún tipo de mecanismo para someter a la Asamblea Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en virtud de la Constitución de la OIT. La Comisión expresa su firme esperanza, al igual que lo hizo en la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, recomendaciones y protocolos a la autoridad competente (Asamblea Nacional). La Comisión insta, por tanto, al Gobierno a que comunique información completa sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 13 reuniones de la Conferencia celebradas entre 2000 y 2015. La Comisión recuerda que la asistencia técnica de la OIT a este respecto está a la disposición del Gobierno.

Bangladesh

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en marzo de 2015, indicando que los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión se examinaron detenidamente en ocasión de la 54.ª reunión de la Comisión consultiva tripartita que se celebró el 24 de diciembre de 2014. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 77.ª reunión (Convenio núm. 170 y Recomendación núm. 177), 79.ª reunión (Convenio núm. 173 y Recomendación núm. 180), 85.ª reunión (Recomendación núm. 188), así como todos los instrumentos adoptados en sus 81.ª, 82.ª, 83.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones.

Belice

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional es un requisito de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (la Asamblea Nacional). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de 40 instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia en las 20 reuniones celebradas entre 1990 y 2015.

Estado Plurinacional de Bolivia

Sumisión a la autoridad nacional competente. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera la información transmitida por el Gobierno, indicando que el 26 de abril de 2005 se sometieron al Congreso Nacional los convenios internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2003. Sin embargo, no ha recibido información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de las 13 recomendaciones y de los tres protocolos adoptados por la Conferencia durante dicho período (1990-2003). La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de tres convenios adoptados por la Conferencia desde 2006, al igual que las 21 recomendaciones y los cuatro protocolos pendientes de sumisión.

Brunei Darussalam

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes, en el sentido del artículo 19, 5) y 6), de la Constitución de la OIT, de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2007-2015). La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Burkina Faso

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Burundi

Falta de sumisión. La Comisión tomar nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 94.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones.

República Centroafricana

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Chad

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Chile

Sumisión al Congreso Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique la información solicitada sobre la sumisión al Congreso Nacional de los 30 instrumentos adoptados en las 16 reuniones de la Conferencia, celebradas entre 1996 y 2015 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198)), 96.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Comoras

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la efectividad de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea de la Unión de Comoras de los 43 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 21 reuniones celebradas entre 1992 y 2015.

Congo

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda la declaración formulada por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia, en 2011 y 2012, en la que se indicaba que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General del Gobierno convinieron en someter algunos convenios a la Asamblea Nacional cada tres meses, con miras a su ratificación. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que complete el procedimiento de sumisión en relación con 64 convenios, recomendaciones y protocolos, adoptados por la Conferencia durante 30 reuniones desde 1970 a 2015, que aún no han sido sometidos a la Asamblea Nacional.

Croacia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, que indica que su Gobierno tomó muy en serio sus obligaciones normativas. Agradeció a la Oficina la asistencia técnica prestada en 2016. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión al Parlamento croata de los 21 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 12 reuniones celebradas entre 1998 y 2015 (86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

República Democrática del Congo

Sumisión al Parlamento. La Comisión toma nota con interés de la información detallada comunicada por el Gobierno en junio de 2017, en la que se indica que se sometieron al Parlamento, el 9 de marzo de 2016, 27 instrumentos adoptados por la Conferencia, desde su 83.ª reunión (1995) hasta su 96.ª reunión (2007). La Comisión saluda los progresos realizados por el Gobierno en cumplimiento de su obligación constitucional y solicita al Gobierno que siga comunicando la información pertinente sobre los restantes instrumentos pendientes de sumisión al Parlamento, adoptados desde la 99.ª reunión (2010) hasta la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia.

Dominica

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la efectividad de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Cámara de la Asamblea de los 41 instrumentos adoptados por la Conferencia durante las 20 reuniones celebradas entre 1993 y 2015 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones). La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptadas por la Conferencia.

El Salvador

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por una representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2017 indicando que su país se comprometió a someter los convenios y las recomendaciones a la autoridad nacional competente, con el apoyo y la asistencia técnica de la OIT. La preparación de un protocolo de procedimientos institucionales para la sumisión de los convenios y las recomendaciones está en curso. A este fin, se ha elaborado un documento inicial que está siendo examinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a someter a la Asamblea Legislativa los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 22 reuniones celebradas entre octubre de 1976 y junio de 2015. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión de los instrumentos pendientes de sumisión adoptados por la Conferencia en sus 63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157), 67.ª (Convenio núm. 154 y Recomendación núm. 163), 69.ª (Recomendación núm. 167) y 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194) reuniones.

Emiratos Árabes Unidos

Sumisión a las autoridades nacionales competentes. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en diciembre de 2015 que indica que el Ministerio de Trabajo transmitió una copia del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, al Departamento de Derechos Humanos y al Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, así como al Comité Nacional para Combatir la Trata de Personas. Los órganos mencionados habían considerado que la ratificación del Protocolo debía aplazarse a una fecha posterior. La Comisión recuerda asimismo que, durante muchos años, el Gobierno había proporcionado información sobre la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia al Consejo de Ministros. El Gobierno también había comunicado información sobre la adopción ulterior de un decreto de gabinete que contenía una propuesta para difundir los instrumentos adoptados por la Conferencia a todas las instituciones interesadas del país. La Comisión pide una vez más al Gobierno que concluya el procedimiento de sumisión y proporcione información sobre la presentación a las autoridades nacionales competentes del MLC, 2006 (94.ª reunión, febrero de 2006), del Convenio núm. 189 y de las Recomendaciones núms. 200, 201 y 202, adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2010-2012). También pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, así como sobre la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Falta de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión solicita al Gobierno que comunique la información pertinente acerca de la sumisión a la Asamblea de la República (Sobranie) de 26 instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) adoptados por la Conferencia, de octubre de 1996 a junio de 2015.

Fiji

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en septiembre de 2017 en la que señala que, desde 2006 hasta septiembre de 2013, la autoridad competente en Fiji fue el Consejo de Ministros. El Gobierno señala además que la autoridad competente en la actualidad es el Parlamento de Fiji. La Comisión se remite a los comentarios que ha venido formulando desde 2012, en los que ha señalado que el Gobierno sólo podrá someter los instrumentos adoptados por la Conferencia después de que se establezca un Parlamento. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (Parlamento), los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados. La Comisión pide, por tanto, al Gobierno que facilite información sobre la sumisión al Parlamento de los 21 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 83.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (1996-2015).

Gabón

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a proporcionar información sobre la sumisión al Parlamento de los 24 convenios, recomendaciones y protocolos adoptados en las 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones de la Conferencia.

Gambia

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Granada

Falta de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e insta firmemente de nuevo al Gobierno a que comunique la fecha de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1994 y 2006, así como las decisiones adoptadas por el Parlamento de Granada en relación con los instrumentos sometidos. Asimismo, la Comisión reitera su pedido al Gobierno de que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de Granada de los instrumentos adoptados en las 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones de la Conferencia (2007-2015).

Guinea

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2017 indicando que el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167), el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y sus Recomendaciones correspondientes fueron sometidos a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota con interés de que el 25 de abril de 2017 se ratificaron los Convenios núms. 167, 176, 187 y 189. El Gobierno indica que los instrumentos aún pendientes de sumisión están en curso de examen y posteriormente serán sometidos a la Asamblea Nacional. La Comisión saluda los progresos realizados por el Gobierno en cumplimiento de su obligación constitucional y pide al Gobierno que proporcione información relativa a la sumisión a la Asamblea Nacional de los 28 instrumentos adoptados en las 15 reuniones celebradas por la Conferencia entre octubre de 1996 y junio de 2015 (84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Guinea-Bissau

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2001-2015).

Guinea Ecuatorial

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a transmitir información sobre la sumisión al Parlamento de los 34 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2015.

Haití

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente, es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno dará cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (la Asamblea Nacional). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los siguientes instrumentos:

a)los restantes instrumentos de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155, y Recomendaciones núms. 163 y 164);

b)los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;

c)los restantes instrumentos adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y Recomendaciones núms. 175 y 176), y

d)los instrumentos adoptados en las 24 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1989 y 2015.

Hungría

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

República Islámica del Irán

Sumisión a la Asamblea Consultiva Islámica. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en noviembre de 2017, indicando que todos los últimos instrumentos adoptados por la Conferencia han sido sometidos a las autoridades legislativas nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que indique la fecha de la sumisión a la Asamblea Consultiva Islámica del Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (90.ª reunión, junio de 2002) y de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Iraq

Sumisión al Consejo de Representantes. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en noviembre de 2017, que incluye las fechas de la sumisión al Consejo de Representantes (Majlis Al-Nawaab) de cada uno de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 88.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2000-2012). La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que las recomendaciones sometidas al Consejo de Representantes no fueron examinadas por el mismo; sin embargo, éstas fueron transmitidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la autoridad competente en relación con las recomendaciones. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en marzo de 2017, en la que se indica que se sometió a la autoridad competente el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. Al respecto, toma nota de que no se comunicó ninguna información sobre la fecha de sumisión o si el instrumento en consideración fue efectivamente sometido al Consejo de Representantes (Majlis Al-Nuwaab). La Comisión recuerda una vez más que, en virtud del artículo 19, 5) y 6), de la Constitución de la OIT, cada uno de los Miembros de la Organización se obliga a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas. En el Memorándum de 2005 sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, el Consejo de Administración indicó que la autoridad competente es la autoridad que, en virtud de la Constitución de cada Estado, tiene el poder de legislar o de adoptar otras medidas para aplicar los convenios y las recomendaciones. La autoridad nacional competente debería ser normalmente la legislatura. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información específica sobre la sumisión al Consejo de Representantes de los 12 instrumentos restantes adoptados por la Conferencia de 2000 a 2015.

Islas Salomón

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente, es de máxima importancia para garantizar la efectividad de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento Nacional). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1984 y 2015. Se insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin dilación, medidas para someter al Parlamento Nacional los 62 instrumentos pendientes.

Jamaica

Sumisión al Parlamento. La Comisión toma nota de la información comunicada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, en la que se indica que se sometieron al Parlamento, el 14 de septiembre de 2016, los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones. Además, se sometió al Parlamento, el 24 de enero de 2017, la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión. El representante gubernamental indicó asimismo que, de conformidad con la práctica establecida, el Director General de la OIT sería informado de las medidas adoptadas por el Parlamento en relación con la sumisión realizada. La Comisión toma nota con interés de que se registraron, el 13 de junio de 2017, la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) y la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. La Comisión saluda los progresos realizados por el Gobierno en cumplimiento de su obligación constitucional e invita al Gobierno a que siga comunicando regularmente información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Jordania

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en septiembre de 2017, indicando que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones (2004-2014) fueron sometidos a la Cámara de los Representantes (Majlis Al-Nuwaab) el 17 de noviembre de 2014. Asimismo, toma nota de que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, está siendo examinada por un comité tripartito previamente a su sumisión a la Cámara de los Representantes. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión de la Recomendación núm. 204 a la Cámara de los Representantes y sobre las medidas tomadas en relación con la sumisión realizada el 17 de noviembre de 2014.

Kazajstán

Falta de sumisión. La Comisión recuerda la información comunicada por el Gobierno en octubre de 2016, en la que se indica que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, fue sometida al Parlamento. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que no se transmitió la fecha de sumisión. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la fecha de sumisión al Parlamento de la Recomendación núm. 204. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 34 instrumentos restantes adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2015, incluida la fecha de sumisión y toda medida adoptada por el Parlamento respecto de la sumisión de estos instrumentos.

Kirguistán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Reitera que la información comunicada por el Gobierno, en noviembre de 2016, en relación con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), incluyendo sobre la economía informal en Kirguistán. La Comisión tomó nota, no obstante, de que el Gobierno no ha transmitido ninguna información sobre la sumisión de instrumentos a las autoridades competentes. La Comisión se refiere una vez más a los comentarios que ha venido formulando desde 1994 y reitera que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, todos los Miembros se comprometen a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia para que le den forma de ley o adopten otra medida. La Comisión reitera que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la autoridad nacional competente de los 41 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 20 reuniones celebradas entre 1992 y 2015. La Comisión recuerda al Gobierno que tiene a su disposición la asistencia técnica de la OIT para superar esta grave demora.

Kiribati

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de los 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 11 reuniones celebradas entre 2000 y 2015 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Kuwait

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información brindada por un representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, en la que indicó que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la OIT constituye una prioridad para su Gobierno. Añadió que se revisaría el proceso de sumisión, y que se informaría a la Oficina en un futuro próximo de las medidas adoptadas. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con sus obligaciones de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah) de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones. La Comisión se refiere también a sus comentarios anteriores y pide una vez más al Gobierno que especifique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las reuniones 77.ª (1990) (Convenios núms. 170 y 171, Recomendaciones núms. 177 y 178 y Protocolo de 1990), 80.ª (1993) (Recomendación núm. 181), 86.ª (1998) (Recomendación núm. 189) y 89.ª (2001) (Convenio núm. 184 y Recomendación núm. 192) de la Conferencia.

Lesotho

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional y al Senado de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Líbano

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión reitera la información comunicada por el Gobierno en febrero de 2016, en la que señala que el Ministerio de Trabajo ha sometido a la consideración del Consejo de Ministros la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), y que el Consejo de Ministros ha decidido establecer una comisión especial para examinar dicha recomendación. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y una vez más pide al Gobierno que señale la fecha en la que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015) fueron sometidos a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Nuwwab).

Liberia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional es un requisito de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de presentar los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Nacional de los 22 convenios, recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2015, así como de los protocolos de 1990 y 1995.

Libia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, que indicaba que su Gobierno estaba comprometido a cooperar con la Comisión y a cumplir con sus obligaciones constitucionales. La situación en su país era responsable del incumplimiento por el Gobierno de sus obligaciones relacionadas con las normas. Se transmitiría información a la OIT en un futuro cercano. Además, la Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en septiembre de 2016, que indicaba que los instrumentos adoptados por la Conferencia se habían transmitido a los ministerios pertinentes para su examen antes de su sumisión a la autoridad competente. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a las autoridades competentes. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión a las autoridades nacionales competentes (en el sentido del artículo 19, 5) y 6), de la Constitución de la OIT) de los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia en 17 reuniones celebradas entre 1996 y 2015.

Malasia

Falta de sumisión. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Malasia de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2006-2015).

Malawi

Sumisión al Parlamento. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en octubre de 2016, que indicaba que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, se sometió al Ministerio de Trabajo, Juventud, Deportes y Desarrollo de los Recursos Humanos. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

República de Maldivas

Sumisión a la autoridad nacional competente. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que la República de Maldivas se convirtió en Miembro de la Organización el 15 de mayo de 2009. Posteriormente, con arreglo al artículo 19, 5), a), y 6), a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno el texto del Convenio, las recomendaciones y el protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la sumisión al Majlis del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015). La Comisión recuerda que, si así lo desea, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina con miras a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución relativas a la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia al Majlis del Pueblo.

Malta

Falta de sumisión. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Cámara de Representantes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2007-2015).

República de Moldova

Sumisión al Parlamento. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª y 103.ª reuniones.

Mozambique

Sumisión a la Asamblea de la República. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Oficina en mayo de 2017 y ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, indicando que la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión, fue sometida a la Asamblea de la República el 12 de abril de 2017. La Comisión también toma nota con interés de la indicación del Gobierno señalando que el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, fueron sometidos a la Asamblea de la República para su ratificación. Además, el Gobierno indica que, antes de finales de 2017 se someterán otros instrumentos a la Asamblea de la República para su ratificación. La Comisión acoge favorablemente los progresos realizados por el Gobierno en cumplimiento de su obligación constitucional y pide al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea de la República de los 33 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 16 reuniones celebradas entre 1996 y 2014. La Comisión también pide al Gobierno especificar la fecha de la sumisión a la Asamblea de la República de los Convenios núms. 129 y 176 y del Protocolo de 2014.

Pakistán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información suministrada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, en la que se recuerda que se pidió a los gobiernos provinciales que sometieran los instrumentos adoptados por la Conferencia a sus respectivas autoridades competentes, solicitándoles asistencia técnica a este respecto. El representante gubernamental añadió que su Gobierno se había comprometido a someter, con la asistencia técnica de la OIT, todos los instrumentos pendientes de sumisión a las autoridades nacionales competentes. La Comisión manifiesta la firme esperanza, al igual que lo hizo en la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados. La Comisión pide una vez más al Gobierno que finalice el procedimiento a fin de poder someter a las autoridades nacionales competentes los 38 instrumentos adoptados por la Conferencia en dieciocho reuniones celebradas entre 1994 y 2015. La Comisión recuerda al Gobierno que podrá recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea.

Papua Nueva Guinea

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente, es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que someta al Parlamento nacional los 22 instrumentos adoptados por la Conferencia, en las 13 reuniones celebradas entre 2000 y 2015.

Rwanda

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de la información transmitida por un representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, en la que señaló que se habían sometido a las autoridades competentes una serie de convenios y recomendaciones. Además, la Comisión toma nota con interés de que el Parlamento aprobó la ratificación de seis convenios el 15 de mayo de 2017: Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144); Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150); Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154); Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155); Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). El representante gubernamental añadió, sin embargo, que sólo falta poner en marcha los procedimientos legislativos de publicación oficial de los instrumentos de ratificación. La Comisión saluda esta información y pide al Gobierno que tenga a bien proporcionar también información sobre la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia en las 18 reuniones celebradas entre 1993 y 2015 (80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Saint Kitts y Nevis

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la efectividad de las actividades normativas de la OIT. La Comisión recuerda asimismo que la autoridad nacional competente debería ser normalmente el Poder Legislativo, es decir, en el caso de Saint Kitts y Nevis, la Asamblea Nacional. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de 26 instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 15 reuniones celebradas entre 1996 y 2015 (83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Samoa

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, indicando que el Gobierno iniciará el proceso de sumisión antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos. La Comisión toma nota que ninguna información ha sido proporcionada al respecto. El representante gubernamental añadió que se había recibido información del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo en relación con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad nacional competente. Además, el representante gubernamental solicitó la asistencia técnica de la Oficina de la OIT en Fiji a fin de ayudar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones en materia de sumisión. La Comisión saluda la información proporcionada y pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2006-2015).

San Vicente y las Granadinas

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda que el cumplimiento de la obligación de sumisión de los convenios, recomendaciones y protocolos a las autoridades nacionales competentes es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, al igual que lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter a la autoridad competente (la Asamblea), los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados. La Comisión insta firmemente, por lo tanto, al Gobierno que facilite información sobre la sumisión a la Asamblea de los 28 instrumentos adoptados (convenios, recomendaciones y protocolos) por la Conferencia en sus 15 reuniones celebradas entre 1995 y 2015 (82.ª, 83.ª, 85.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Santa Lucía

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumpla con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente. Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno a proporcionar información sobre la sumisión al Parlamento de los convenios, recomendaciones y protocolos pendientes de sumisión adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2015 (66.ª, 67.ª (Convenios núms. 155 y 156 y Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Protocolo de 1982), 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones).

Seychelles

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información comunicada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia, en junio de 2017, en la que se indica que se presentó a la Asamblea Nacional, en 2014, un memorándum del gabinete sobre los instrumentos pendientes de sumisión, y que están en curso consultas interministeriales con los interlocutores sociales. Espera que se concluyan las consultas antes de finales de 2017. La sumisión de todas las recomendaciones pendientes a la Asamblea Nacional sería a fines de 2017 y todos los convenios y protocolos pendientes se someterían a finales de julio de 2018. Además, el representante gubernamental indicó que su Gobierno tiene la intención de ratificar el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). La Comisión saluda la información comunicada ante la Comisión de la Conferencia y solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 19 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 11 reuniones celebradas de 2001 a 2015.

Sierra Leona

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es de máxima importancia para garantizar la efectividad de las actividades normativas de la OIT. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en octubre de 1976 (Convenio núm. 146 y Recomendación núm. 154, adoptados en su 62.ª reunión) y de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1977 y 2015. Se insta firmemente al Gobierno a que adopte, sin dilación, medidas para someter al Parlamento los 98 instrumentos pendientes.

República Árabe Siria

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. Recuerda las indicaciones del Gobierno, en septiembre de 2015, de que el Consejo Consultivo para la Consulta y el Diálogo Social celebró discusiones relacionadas con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes. La Comisión recuerda asimismo que 38 instrumentos adoptados por la Conferencia siguen pendientes de sumisión al Consejo del Pueblo. La Comisión espera que, cuando las circunstancias nacionales lo permitan, el Gobierno esté en posición de proporcionar información sobre la presentación al Consejo del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 66.ª y 69.ª reuniones (Recomendaciones núms. 167 y 168) y en sus 70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª y 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194), 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones.

Somalia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por la representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2017, indicando que su Gobierno reconocía que los instrumentos adoptados por la Conferencia no se habían sometido a la autoridad nacional competente. La representante también señaló que el prolongado período de guerra civil y de inseguridad que había atravesado el país había repercutido en el incumplimiento, pero que la situación estaba mejorando. Pidió asistencia técnica para que el Gobierno pueda cumplir con sus obligaciones de envío de memorias y se mostró optimista en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones constitucionales en un futuro muy próximo. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno cumplirá con su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión a la autoridad nacional competente de los 51 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1989 y 2015.

Swazilandia

Sumisión de la Cámara de la Asamblea. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Cámara de la Asamblea de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Timor-Leste

Sumisión al Parlamento Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Por lo tanto, la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre la sumisión al Parlamento Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Togo

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en abril de 2017 indicando que nueve de los 17 instrumentos pendientes de sumisión fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 2017. Los instrumentos sometidos son los siguientes: el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191), el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) y la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). La Comisión saluda la información comunicada e invita al Gobierno a que comunique información sobre toda medida adoptada por la Asamblea Nacional respecto de la sumisión efectuada el 13 de mayo de 2017. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194), 91.ª, 92.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª y 100.ª (Recomendación núm. 201) reuniones.

Tuvalu

La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda que, el 27 de mayo de 2008, Tuvalu se convirtió en Miembro de la Organización. De conformidad con el artículo 19, 5), a), y 6), a), de la Constitución de la OIT, la Oficina comunicó al Gobierno el texto del convenio, de las recomendaciones y del protocolo adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015). La Comisión confía en que el Gobierno esté pronto en posición de proporcionar información sobre la sumisión a las autoridades competentes de los siete instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2010 y 2015. La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, para que le ayude a cumplir sus obligaciones dimanantes del artículo 19 de la Constitución de la OIT relativas a la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a las autoridades competentes.

Vanuatu

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno no respondió a sus comentarios anteriores. Recuerda que el cumplimiento de la obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad nacional competente es un requisito de la mayor importancia para garantizar la eficacia de las actividades normativas de la OIT. La Comisión expresa la firme esperanza, como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2016 y en junio de 2017, de que el Gobierno dé cumplimiento a su obligación de someter los convenios, las recomendaciones y los protocolos a la autoridad competente (el Parlamento de Vanuatu). En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las diez reuniones celebradas entre 2003 y 2015 (91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones). La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

Yemen

Falta de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en diciembre de 2017, indicando que no había logrado someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Cámara de Representantes, debido a la guerra continua en el país. La Comisión confía en que, cuando lo permitan las circunstancias del país, el Gobierno estará en condiciones de comunicar información sobre la sumisión a la Cámara de Representantes de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 90.ª, 94.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones, así como la sumisión de las Recomendaciones núms. 191, 192 y 198, adoptadas por la Conferencia en sus 88.ª, 89.ª y 95.ª reuniones.

Zambia

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a sus comentarios anteriores. Recuerda la información comunicada por el Gobierno, en septiembre de 2010, que indica que se sometieron a la Asamblea Nacional 12 instrumentos adoptados por la Conferencia, de 1996 a 2007. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique la fecha en la que se sometieron a la Asamblea Nacional los mencionados instrumentos. También solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada por la Asamblea Nacional en relación con la sumisión, así como las consultas tripartitas que tuvieron lugar con los interlocutores sociales antes de la sumisión. Además, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª, 101.ª, 103.ª y 104.ª reuniones (2010-2015).

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Austria, Barbados, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Camerún, China, Colombia, Côte d'Ivoire, Dinamarca, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, Eritrea, Georgia, Ghana, Guyana, Irlanda, Islas Marshall, Kenya, República Democrática Popular Lao, Madagascar, Malí, Mauritania, México, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, Federación de Rusia, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suriname, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, República Bolivariana de Venezuela.

Anexos

Anexo I. Cuadro de las memorias registradas sobre convenios ratificados al 9 de diciembre de 2017
(artículos 22 y 35 de la Constitución)

El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que «cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite». El artículo 23 de la Constitución prescribe que el Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las memorias que le hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada Estado Miembro enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

En su 204.ª reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las siguientes disposiciones relativas a la presentación por el Director General a la Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución:

a)la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de cuadros las memorias posteriores a las primeras presentadas después de la ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas las memorias, incluidas las primeras memorias;

b)el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los pueda consultar, los textos originales de todas las memorias sobre los convenios ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse fotocopias de estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación.

Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución figuran de manera simplificada, en un cuadro anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras memorias aparecen entre paréntesis.

Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse al secretariado de la Comisión de Aplicación de Normas.

Anexo I. Memorias solicitadas sobre los convenios ratificados
(artículos 22 y 35 de la Constitución)

Lista de memorias registradas al 9 de diciembre de 2017 y de memorias no recibidas

Nota: Las primeras memorias figuran entre paréntesis.

Afganistán

4 memorias solicitadas

· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 105, 138, 182

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 137

Albania

11 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 97, 102, 105, 122, 138, 143, 168, 176, 181, 182

Alemania

8 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 81, 87, 97, 98, 129, MLC, 2006

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 152

Angola

14 memorias solicitadas

· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 17, 29, 91, 98, 105, 107, 138, 182

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 18, 19, 26, 27

Antigua y Barbuda

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 94, 105, 122, 138, 144, 182, MLC, 2006

Arabia Saudita

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 90, 100, 111, 123

Argelia

14 memorias solicitadas

· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 19, 24, 29, 44, 87, 97, 105, 122, 138, 181, 182

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 32, 42

Argentina

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 27, 29, 32, 42, 105, 138, 182

Armenia

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 18, 29, 97, 105, 122, 138, 143, 182

Australia

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 27, 29, 42, 105, 122, 137, 182

Austria

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 42, 102, 105, 122, 128, 138, 182

Azerbaiyán

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 32, 105, 122, 138, 182

Bahamas

10 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 42, 97, 105, 138, 182, MLC, 2006

Bahrein

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 111, 138, 182

Bangladesh

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 18, 19, 27, 29, 32, 81, 87, 98, 105, 118, 144, 182, (MLC, 2006)

Barbados

17 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 90, 98, 182, (MLC, 2006)

· 13 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 42, 95, 97, 102, 105, 118, 122, 128, 138

Belarús

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 32, 105, 122, 138, 182

Bélgica

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 32, 97, 105, 122, 138, (156), (159), 182, (184), MLC, 2006, (189)

Belice

30 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 29, 42, 81, 87, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 111, 115, 135, 138, 141, 144, 150, 151, 154, 155, 156, 182, (MLC, 2006)

Benin

8 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 18, 29, 98, 105, 138, 143, 182

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 11

Bolivia, Estado Plurinacional de

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 102, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 131, 136, 138, 162, (167), 182

Bosnia y Herzegovina

16 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 97, 102, 105, 121, 122, 138, 143, (151), 182

Botswana

8 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 19, 29, 87, 98, 100, 105, 138, 182

Brasil

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 29, 42, 97, 102, 105, 118, 122, 137, 138, 152, 168, 182

Brunei Darussalam

2 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 138, 182

Bulgaria

16 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 42, 44, 102, 105, 122, 138, 182, MLC, 2006

Burkina Faso

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 18, 19, 29, 97, 105, 122, 138, 143, 182

Burundi

14 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 19, 29, 62, 64, 90, 101

· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 17, 27, 42, 105, 138, 182

Cabo Verde

10 memorias solicitadas

· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 182

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 17, 19, 118, 138, (MLC, 2006)

Camboya

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 105, 122, 138, 182

Camerún

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 97, 105, 122, 138, 143, 182

Canadá

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 32, 105, 122, 144, 182

Centroafricana, República

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 18, 19, 29, 87, 98, 105, 118, 122, 138, 182

Chad

11 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 11, 29, 98, (102), 105, (122), 138, 144, 151, 182

Checa, República

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 105, 122, 138, 182

Chile

16 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 24, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 105, 121, 122, 138, 182, 187, (189)

China

7 memorias solicitadas

· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 19, 27, 32, 122, 138, 182

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (MLC, 2006)

China - Región Administrativa Especial de Hong Kong

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 29, 32, 42, 97, 105, 122, 138, 144, 182

China - Región Administrativa Especial de Macao

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 87, 98, 105, 122, 138, 144, 182

Chipre

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 97, 105, 121, 122, 128, 138, 143, 152, 182, MLC, 2006

Colombia

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 105, 136, 138, 182

Comoras

28 memorias solicitadas

· 17 memorias recibidas: Convenios núms. 19, 26, 29, 42, 77, 78, 81, 87, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 122, 138, 182

· 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 11, 12, 13, 14, 17, 52, 89, 101, 106, (144)

Congo

20 memorias solicitadas

· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 11, 13, 26, 95, 98, 100, 111, 119, 138, 144, 150

· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 81, 87, 105, 152, 182, (185), (MLC, 2006)

Corea, República de

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 131

Costa Rica

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 102, 105, 122, 130, 137, 138, 182

Côte d'Ivoire

6 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 138, 182

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 18, 19

Croacia

31 memorias solicitadas

· 23 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 27, 45, 87, 90, 100, 103, 105, 111, 113, 119, 122, 132, 138, 148, 155, 161

· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 32, 98, 102, 106, 121, 156, 182

Cuba

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 27, 29, 42, 97, 105, 122, 137, 138, 152, (182)

Democrática del Congo, República

27 memorias solicitadas

· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 62, 81, 88, 100, 105, 111, 138, 182

· 18 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 27, 87, 94, 95, 98, 102, 118, 119, 120, 121, 135, 144, 150, 158

Dinamarca

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 105, 122, 138, 152, 182

Dinamarca - Groenlandia

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 105, 122

Dinamarca - Islas Feroe

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 18, 19, 27, 29, 105, MLC, 2006

Djibouti

24 memorias solicitadas

· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 26, 77, 78, 87, 94, 95, 98, 99, 125, 126, 144

· 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 17, 18, 19, 24, 29, 37, 38, 105, 122, 138, 182

Dominica

26 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 105, 108, 111, 135, 138, 144, 147, 150, 169, 182

Dominicana, República

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 105, 122, 138, 182, (187), (189)

Ecuador

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 97, 98, 102, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 138, 152, 182

Egipto

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 18, 19, 29, 87, 105, 118, 137, 138, 152, 159, 182

El Salvador

9 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 29, 98, 105, 122, 144, 156

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 138, 182

Emiratos Árabes Unidos

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Eritrea

7 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Eslovaquia

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 77, 78, 90, 95, 99, 100, 111, 123, 124, 144, 173

Eslovenia

17 memorias solicitadas

· 12 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 29, 32, 90, 97, 105, 114, 131, 144, 156, 182, (187)

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 95, 100, 111, 143, 173

España

22 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 77, 78, 79, 88, 90, 94, 95, 97, 100, 111, 122, 123, 124, 131, 137, 144, 152, 159, 173, 181, MLC, 2006

Estados Unidos

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Guam

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Islas Marianas del Norte

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Islas Vírgenes Estadounidenses

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Puerto Rico

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Samoa Americana

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estonia

6 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 29, 105, 122, 138, 182

Etiopía

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Ex República Yugoslava de Macedonia

10 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 32, 90, 94, 97, 100, 111, 131, 143, 144

Fiji

8 memorias solicitadas

· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 122, 138, 182

· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19

Filipinas

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 77, 90, 94, 95, 97, 99, 100, 111, 143, 144

Finlandia

16 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 19, 27, 29, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 137, 138, 152, 168, 182, (189)

Francia

16 memorias solicitadas

· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 27, 29, 36, 105, 122, 124, 138, 141, 152, (181), 182, MLC, 2006

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 97, 137

Francia - Nueva Caledonia

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 29, 42, 100, 105, 122, (181)

Francia - Polinesia Francesa

13 memorias solicitadas

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 37, 38, 42, 44, 105, 122

· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 125, 126

Francia - Tierras australes y antárticas francesas

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98

Gabón

9 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 19, 81, 87, 98, (155), (167)

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. (161), (MLC, 2006)

Gambia

8 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Georgia

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98

Ghana

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 81, 87, 94, 98, 108, 119, (MLC, 2006)

Granada

6 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 12, 19, 81, 87, 97, 98

Grecia

21 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 17, 19, 27, 42, 77, 78, 90, 95, 100, 102, 111, 122, 124, 126, 141, 156, 160

· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 87, 98

Guatemala

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 81, 87, 95, 97, 98, 118, 129

Guinea

26 memorias solicitadas

· 18 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 14, 26, 81, 87, 90, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 113, 122, 138, 143, 152, 156

· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 45, 105, 114, 118, 121, 135, 151

Guinea-Bissau

25 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 6, 12, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 45, 68, 69, 73, 74, 81, 88, 91, 92, 98, 100, 105, 107, 108, 111, 138, 182

Guinea Ecuatorial

14 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 14, 29, 30, (68), 87, (92), 98, 100, 103, 105, 111, 138, 182

Guyana

33 memorias solicitadas

· 22 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 11, 12, 45, 81, 87, 95, 100, 105, 111, 115, 129, 131, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 150, 155

· 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 29, 42, 94, 97, 98, 139, 142, 166, 182, (189)

Haití

24 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 12, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 30, 42, 45, 77, 78, 81, 87, 90, 98, 100, 105, 106, 107, 111, 138, 182

Honduras

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 42, 81, 87, 98, 102

Hungría

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 12, 17, 19, 24, 27, 42, 81, 87, 98, 129

India

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 27, 32, 42, 81, 118, (185), (MLC, 2006)

Indonesia

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 27, 81, 87, 98, (187)

Irán, República Islámica del

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, (MLC, 2006)

Iraq

20 memorias solicitadas

· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 27, 42, 81, 98, 118, 137, 152

· 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 8, 11, 19, 22, 23, 77, 78, 92, 146, 147, 167, (187)

Irlanda

13 memorias solicitadas

· 8 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 100, 111, 121, 122, 139, (MLC, 2006), (189)

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 27, 32, 81, 87, 98

Islandia

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98, 102, 129

Islas Cook

5 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. (11), (14), (29), (99), (105)

Islas Salomón

16 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 16, 19, 26, 29, 42, 81, 94, 95, 100, 105, 108, 111, 138, 182

Israel

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 81, 87, 90, 97, 98, 102, 118, 141

Italia

9 memorias solicitadas

· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 98, 137, 152

· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 27, 97, 129, 143

Jamaica

8 memorias solicitadas

· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 152

· 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 19, 87, 94, 97, 98

Japón

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 27, 81, 87, 98, 102, 115, 121, 159

Jordania

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 98, 102, 118, 119

Kazajstán

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. (26), 81, 87, (95), 98, 111, 129, (187)

Kenya

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 81, 94, 97, 98, 99, 129, 131, 137, 143, (MLC, 2006)

Kirguistán

30 memorias solicitadas

· 1 memoria recibida: Convenio núm. 29

· 29 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 17, 27, 32, 45, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 100, 105, 111, 119, 120, 122, 124, 131, 138, 142, 144, 154, 157, 159, 160

Kiribati

6 memorias solicitadas

· 1 memoria recibida: Convenio núm. (MLC, 2006)

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98, 100, 111, (185)

Kuwait

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98

Lao, República Democrática Popular

8 memorias solicitadas

· 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 100, 138, 144, (171)

· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 111, 182

Lesotho

5 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 81, 87, 98

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 135

Letonia

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 81, 87, 98, 129, 131, 173

Líbano

15 memorias solicitadas

· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 19, 59, 77, 78, 90, 95, 98, 100, 111, 122, 131, 150, 152

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 81

Liberia

4 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 81, 87, 98, 111

Libia

10 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 53, 81, 87, 95, 98, 102, 118, 121, 130, 131

Lituania

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 79, 81, 87, 90, 98, 131, 173

Luxemburgo

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 98, 129

Madagascar

12 memorias solicitadas

· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98

· 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 26, 81, 88, 95, 97, 124, 129, 159, 173

Malasia

6 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 81, 95, 98, 100, 123, 144

Malasia - Malasia - Peninsular

4 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 17, 19

Malasia - Malasia - Sabah

3 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 94, 97

Malasia - Malasia - Sarawak

5 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 16, 19, 94

Malawi

18 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 100, 111, 158, 159

· 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 45, 81, 87, 97, 98, 99, 129, 144, 150, 182

Maldivas, República de

10 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. (29), (87), (98), (105), (111), (138), (182)

· 3 memorias no recibidas: Convenios núms. (100), (185), (MLC, 2006)

Malí

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 26, 81, 87, 95, 98

Malta

34 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 11, 12, 13, 19, 29, 32, 42, 62, 77, 78, 81, 87, 88, 95, 96, 98, 100, 105, 108, 111, 117, 119, 124, 127, 129, 131, 135, 136, 138, 141, 148, 159, 182

Marruecos

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 81, 94, 98, 99, 129, 131, MLC, 2006

Mauricio

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 32, 81, 87, 94, 95, 97, 98, 99, 137

Mauritania

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 29, 33, 81, 87, 90, 94, 95, 98

México

15 memorias solicitadas

· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 87, 90, 95, 100, 102, 111, 123, 124, 131, 134, 152, 155, 173

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (138)

Moldova, República de

11 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 95, 97, 98, 129, 131

· 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 92, 133, 152, 185

Mongolia

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, (88), 98, 123, (176), (181), (MLC, 2006)

Montenegro

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 81, 87, 90, 97, 98, 129, 131, 143, (167), (MLC, 2006), (187)

Mozambique

3 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 81, 87, 98

Myanmar

5 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 26, 63, 87

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 27

Namibia

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98

Nepal

4 memorias solicitadas

· 2 memorias recibidas: Convenios núms. 100, 111

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 98, 131

Nicaragua

23 memorias solicitadas

· 14 memorias recibidas: Convenios núms. 12, 18, 24, 25, 27, 29, 87, 98, 100, 111, 122, 131, 138, 182

· 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 17, 77, 78, 95, 105, 137, 169, (MLC, 2006)

Níger

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 81, 87, 95, 98, 131, (150), (181)

Nigeria

19 memorias solicitadas

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 32, 81, 87, 88, 95, 97, 100, 123, 138, (MLC, 2006)

· 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 26, 45, 94, 98, 105, 137, 144, 185

Noruega

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 81, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 129, 137, 143, 152, (183), (187)

Nueva Zelandia

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 26, 32, 59, 81, 97, 98, 99, (MLC, 2006)

Países Bajos

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 81, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 124, 129, 131, 152, MLC, 2006

Países Bajos - Aruba

15 memorias solicitadas

· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 25, 113, 114, 118, 121

· 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 87, 90, 94, 95, 122, 131, 140, 142

Países Bajos - Caribe parte de los Países Bajos

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 33, 81, 87, 90, 94, 95

Países Bajos - Curazao

8 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 10, 33, 81, 87, 90, 94, 95, (MLC, 2006)

Países Bajos - Sint Maarten

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 33, 81, 87, 90, 94, 95

Pakistán

7 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 32, 90, 98, 100, 111, 144

Panamá

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 32, 77, 78, 81, 94, 95, 100, 111, 124, (144), 182, (189)

Papua Nueva Guinea

19 memorias solicitadas

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 11, 12, 19, 22, 29, 42, 85, 87, 158

· 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 27, 99, 100, 105, 111, 122, 138, 182

Paraguay

12 memorias solicitadas

· 11 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 59, 77, 78, 79, 90, 95, 99, 100, 111, 124

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 123

Perú

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 27, 59, 77, 78, 79, 90, 99, 100, 111, 144, 152, 159

Polonia

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 29, 77, 78, 79, 90, 95, 99, 100, 111, 124, 137, 144

Portugal

19 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 27, 77, 78, 95, 97, 100, 111, 124, 131, 137, 142, 143, 144, 156, 158, 162, 173, (189)

Qatar

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 111

Reino Unido

7 memorias solicitadas

· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 32, 97, 100, 111, 124, 144

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. MLC, 2006

Reino Unido - Anguilla

8 memorias solicitadas

· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 94, 97

· 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 26, 59, 85, 99, 105

Reino Unido - Bermudas

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 11, 12, 17, 19, 29, 42, 59, 94, 105, (MLC, 2006)

Reino Unido - Gibraltar

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 59, 81, 100

Reino Unido - Guernsey

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 10, 32, 97

Reino Unido - Isla de Man

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 10, 32, 97, 99, MLC, 2006

Reino Unido - Islas Malvinas (Falkland)

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 17, 32, 59

Reino Unido - Islas Vírgenes Británicas

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 11, 12, 17, 26, 59, 94, 97

Reino Unido - Jersey

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 5, 10, 32, 97, 99

Reino Unido - Montserrat

4 memorias solicitadas

· 3 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 59, 97

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 95

Reino Unido - Santa Elena

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 10, 59

Rumania

9 memorias solicitadas

· 7 memorias recibidas: Convenios núms. 6, 95, 100, 111, 131, 137, 144

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 27, (MLC, 2006)

Rusia, Federación de

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 77, 78, 79, 90, 95, 98, 100, 111, 124, 137, 144, 152, 173, MLC, 2006

Rwanda

17 memorias solicitadas

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 19, 29, 81, 87, 105, 118, 138, 182

· 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 17, 26, 42, 94, 100, 111, 123

Saint Kitts y Nevis

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 144, 182

Samoa

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 138, 182, (MLC, 2006)

San Marino

19 memorias solicitadas

· 1 memoria recibida: Convenio núm. 111

· 18 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 100, 103, 105, 119, 138, 140, 142, 143, 144, 148, 150, 151, 156, 159, 160, 161, 182

San Vicente y las Granadinas

19 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 12, 19, 26, 29, 81, 94, 95, 100, (102), 105, 108, 111, 122, 129, 138, 144, 182, (MLC, 2006)

Santa Lucía

22 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 26, 29, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 105, 108, 111, 154, 158, 182

Santo Tomé y Príncipe

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 81, 100, 105, 111, 138, 144, 182

Senegal

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 10, 26, 95, 99, 100, 111, 144

Serbia

11 memorias solicitadas

· 10 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 32, 90, 97, 100, 111, 131, 143, 144, 181

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (94)

Seychelles

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 26, 29, 99, 100, 111, 144, 152

Sierra Leona

23 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 17, 19, 22, 26, 29, 32, 45, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 119, 125, 126, 144

Singapur

12 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 12, 138, MLC, 2006

· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 29, 32, 81, 94, 100, 144, 182

Siria, República Árabe

22 memorias solicitadas

· 21 memorias recibidas: Convenios núms. 11, 17, 18, 19, 29, 81, 87, 94, 95, 100, 105, 107, 111, 118, 123, 124, 125, 129, 131, 138, 182

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 144

Somalia

16 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 17, 19, 22, 23, 29, 45, 84, 85, (87), 94, 95, (98), 105, 111, (182)

Sri Lanka

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 18, 29, 81, 90, 95, 100, 105, 111, 131, 138, 144, 182

Sudáfrica

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 100, 111, 144

Sudán

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 95, 100, 111

Sudán del Sur

2 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111

Suecia

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 100, 111, 137, 143, 144, 152, MLC, 2006

Suiza

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 26, 27, 100, 111, 144, 173

Suriname

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 94, 95, 144

Swazilandia

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 90, 94, 95, 100, 105, 111, 123, 131, 138, 144

Tailandia

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 100, 105, 138

Tanzanía, República Unida de

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 59, 94, 95, 100, 105, 111, 131, 137, 144, 152

Tanzanía, República Unida de - Tanzanía. Zanzíbar

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 97

Tayikistán

15 memorias solicitadas

· 13 memorias recibidas: Convenios núms. 27, 32, 77, 78, 79, 90, 95, 100, 111, 119, 120, 143, 144

· 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 97, 124

Timor-Leste

4 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 182

Togo

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 26, 95, 100, 111, 143, 144

Trinidad y Tabago

4 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 97, 100, 111, 144

Túnez

19 memorias solicitadas

· 18 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 29, 77, 81, 90, 95, 99, 100, 107, 111, 114, 118, 124, 138, (144), (151), (154), 182

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)

Turkmenistán

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Turquía

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 77, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 123, 135, 144, 152, 159, (167), (176)

Tuvalu

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. (MLC, 2006)

Ucrania

16 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 77, 78, 79, 81, 90, 95, 100, 111, (117), 124, 129, 131, 144, 173

Uganda

17 memorias solicitadas

· 6 memorias recibidas: Convenios núms. 26, 81, 105, 138, 144, 182

· 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 17, 19, 94, 95, 100, 111, 123, 124, 143, 162

Uruguay

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 27, 32, 77, 78, 79, 90, 94, 95, 97, 100, 111, 131, 137, 144

Uzbekistán

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Vanuatu

7 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182

Venezuela, República Bolivariana de

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 26, 27, 88, 95, 97, 100, 111, 122, 143, 144, 158

Viet Nam

12 memorias solicitadas

· 4 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 81, 138, 182

· 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 27, 100, 111, 123, 124, 144, (187)

Yemen

21 memorias solicitadas

· No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 19, 29, 58, 59, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 122, 131, 138, 144, 156, 158, 182, 185

Zambia

10 memorias solicitadas

· 9 memorias recibidas: Convenios núms. 95, 97, 98, 100, 111, 124, 131, 144, 173

· 1 memoria no recibida: Convenio núm. 138

Zimbabwe

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 26, 99, 100, 111, 144

Total general

Se ha solicitado un total de 2 083 memorias (artículo 22),
de las cuales se recibieron 1 386 (66,54 por ciento)

Se ha solicitado un total de 159 memorias (artículo 35),
de las cuales se recibieron 133 (83,65 por ciento)

Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias registradas sobre los convenios ratificados al 9 de diciembre de 2017
(artículo 22 de la Constitución)

Año de la reunión de la Comisión de Expertos

Memorias solicitadas

Memorias recibidas en la fecha solicitada

Memorias registradas para la reunión de la Comisión

Memorias registradas para la reunión de la Conferencia

1932

447

-

406

90,8%

423

94,6%

1933

522

-

435

83,3%

453

86,7%

1934

601

-

508

84,5%

544

90,5%

1935

630

-

584

92,7%

620

98,4%

1936

662

-

577

87,2%

604

91,2%

1937

702

-

580

82,6%

634

90,3%

1938

748

-

616

82,4%

635

84,9%

1939

766

-

588

76,8%

-

1944

583

-

251

43,1%

314

53,9%

1945

725

-

351

48,4%

523

72,2%

1946

731

-

370

50,6%

578

79,1%

1947

763

-

581

76,1%

666

87,3%

1948

799

-

521

65,2%

648

81,1%

1949

806

134

16,6%

666

82,6%

695

86,2%

1950

831

253

30,4%

597

71,8%

666

80,1%

1951

907

288

31,7%

507

77,7%

761

83,9%

1952

981

268

27,3%

743

75,7%

826

84,2%

1953

1026

212

20,6%

840

75,7%

917

89,3%

1954

1175

268

22,8%

1077

91,7%

1119

95,2%

1955

1234

283

22,9%

1063

86,1%

1170

94,8%

1956

1333

332

24,9%

1234

92,5%

1283

96,2%

1957

1418

210

14,7%

1295

91,3%

1349

95,1%

1958

1558

340

21,8%

1484

95,2%

1509

96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios

1959

995

200

20,4%

864

86,8%

902

90,6%

1960

1100

256

23,2%

838

76,1%

963

87,4%

1961

1362

243

18,1%

1090

80,0%

1142

83,8%

1962

1309

200

15,5%

1059

80,9%

1121

85,6%

1963

1624

280

17,2%

1314

80,9%

1430

88,0%

1964

1495

213

14,2%

1268

84,8%

1356

90,7%

1965

1700

282

16,6%

1444

84,9%

1527

89,8%

1966

1562

245

16,3%

1330

85,1%

1395

89,3%

1967

1883

323

17,4%

1551

84,5%

1643

89,6%

1968

1647

281

17,1%

1409

85,5%

1470

89,1%

1969

1821

249

13,4%

1501

82,4%

1601

87,9%

1970

1894

360

18,9%

1463

77,0%

1549

81,6%

1971

1992

237

11,8%

1504

75,5%

1707

85,6%

1972

2025

297

14,6%

1572

77,6%

1753

86,5%

1973

2048

300

14,6%

1521

74,3%

1691

82,5%

1974

2189

370

16,5%

1854

84,6%

1958

89,4%

1975

2034

301

14,8%

1663

81,7%

1764

86,7%

1976

2200

292

13,2%

1831

83,0%

1914

87,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976), desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según determinados criterios, a intervalos de dos o cuatro años

1977

1529

215

14,0%

1120

73,2%

1328

87,0%

1978

1701

251

14,7%

1289

75,7%

1391

81,7%

1979

1593

234

14,7%

1270

79,8%

1376

86,4%

1980

1581

168

10,6%

1302

82,2%

1437

90,8%

1981

1543

127

8,1%

1210

78,4%

1340

86,7%

1982

1695

332

19,4%

1382

81,4%

1493

88,0%

1983

1737

236

13,5%

1388

79,9%

1558

89,6%

1984

1669

189

11,3%

1286

77,0%

1412

84,6%

1985

1666

189

11,3%

1312

78,7%

1471

88,2%

1986

1752

207

11,8%

1388

79,2%

1529

87,3%

1987

1793

171

9,5%

1408

78,4%

1542

86,0%

1988

1636

149

9,0%

1230

75,9%

1384

84,4%

1989

1719

196

11,4%

1256

73,0%

1409

81,9%

1990

1958

192

9,8%

1409

71,9%

1639

83,7%

1991

2010

271

13,4%

1411

69,9%

1544

76,8%

1992

1824

313

17,1%

1194

65,4%

1384

75,8%

1993

1906

471

24,7%

1233

64,6%

1473

77,2%

1994

2290

370

16,1%

1573

68,7%

1879

82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), fueran solicitadas para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), las memorias se solicitaran, según determinados criterios, a intervalos de dos o cinco años

1996

1806

362

20,5%

1145

63,3%

1413

78,2%

1997

1927

553

28,7%

1211

62,8%

1438

74,6%

1998

2036

463

22,7%

1264

62,1%

1455

71,4%

1999

2288

520

22,7%

1406

61,4%

1641

71,7%

2000

2550

740

29,0%

1798

70,5%

1952

76,6%

2001

2313

598

25,9%

1513

65,4%

1672

72,2%

2002

2368

600

25,3%

1529

64,5%

1701

71,8%

2003

2344

568

24,2%

1544

65,9%

1701

72,6%

2004

2569

659

25,6%

1645

64,0%

1852

72,1%

2005

2638

696

26,4%

1820

69,0%

2065

78,3%

2006

2586

745

28,8%

1719

66,5%

1949

75,4%

2007

2478

845

34,1%

1611

65,0%

1812

73,2%

2008

2515

811

32,2%

1768

70,2%

1962

78,0%

2009

2733

682

24,9%

1853

67,8%

2120

77,6%

2010

2745

861

31,4%

1866

67,9%

2122

77,3%

2011

2735

960

35,1%

1855

67,8%

2177

77,4%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (marzo 2011), las memorias se solicitan, según determinados criterios, a intervalos de tres o cinco años

2012

2207

809

36,7%

1497

67,8%

1742

78,9%

2013

2176

740

34,1%

1578

72,5%

1755

80,6%

2014

2251

875

38,9%

1597

70,9%

1739

77,2%

2015

2139

829

38,8%

1482

69,3%

1617

75,6%

2016

2303

902

39,2%

1600

69,5%

1781

77,3%

2017

2083

785

37,7%

1386

66,5%

Anexo III. Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

Afganistán

sobre el Convenio núm.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

182

Alemania

sobre los Convenios núms.

•  Asociación de Armadores Alemanes (VDR)

MLC, 2006

•  Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 97, 98

Angola

sobre los Convenios núms.

•  Sindicato Nacional de los Docentes (SINPROF); Internacional de la Educación (IE)

98

•  Unión Nacional de Trabajadores Angoleños (UNTA)

6, 26, 88, 98, 107

Argelia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Argentina

sobre los Convenios núms.

•  Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Fililial Quilmes (ATSA Quilmes); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma); Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores); Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA); Sindicato de Prensa de la ciudad de Buenos Aires (SIPREBA); Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)

87, 98

•  Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)

17, 29, 42, 87, 98, 105, 111, 138, 144, 182

•  Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores)

12, 17, 19, 29, 32, 42, 87, 105, 138, 182

•  Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA)

12, 17, 19, 27, 29, 32, 42, 105, 138, 182

Armenia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA)

17, 18, 29, 97, 105, 122, 138, 143, 182

•  Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA)

17, 18, 29, 97, 105, 122, 138, 143, 182

Australia

sobre los Convenios núms.

•  Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU)

12, 19, 29, 42, 122, 137, 182

Austria

sobre los Convenios núms.

•  Cámara Federal del Trabajo (BAK)

24, 29, 42, 102, 122, 128, 138

Azerbaiyán

sobre el Convenio núm.

•  Confederación de sindicatos de Azerbaiyán (CTUA)

111

Bahrein

sobre los Convenios núms.

•  Asociación de Maestros de Bahréin (BTA); Internacional de la Educación (IE)

111

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

29, 111

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

111

Bangladesh

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Belarús

sobre los Convenios núms.

•  Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP)

29, 87, 105, 122, 138, 182

Benin

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Bolivia, Estado Plurinacional de

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

26, 131, 138

•  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

169

Bosnia y Herzegovina

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

122

Botswana

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Brasil

sobre los Convenios núms.

•  Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

29, 98, 122, 138, 144, 151, 154, 182

•  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

169

•  Confederación Nacional de Carreras Típicas del Estado (CONACATE)

98, 102, 144, 151, 154, 169

•  Confederación Nacional de la Industria (CNI)

14, 98, 100, 106, 132, 135, 144, 151, 154, 155, 161, 168

•  Confederación Nacional de la Industria (CNI); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

14, 26, 81, 89, 95, 98, 100, 106, 111, 132, 135, 144, 151, 154, 155, 161, 168, 171

•  Sindicato Nacional de los Agentes de la Inspección del Trabajo (SINAIT)

105, 182

Cabo Verde

sobre el Convenio núm.

•  Unión Nacional de Trabajadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS)

87

Camboya

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Canadá

sobre los Convenios núms.

•  Congreso del Trabajo de Canadá (CLC)

29, 105, 122, 144

•  Consejo de Empleadores de Quebec (CPQ)

27, 29, 105, 122, 182

Chad

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Independiente de Sindicatos del Chad (CIST); Sindicato Nacional de Docentes e Investigadores de la Enseñanza Superior (SYNECS); Unión de Sindicatos del Chad (UST)

87, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Chile

sobre los Convenios núms.

•  Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT-Chile)

19, 29, 35, 37, 105, 121, 138, 182, 189

•  Colegio de Profesores de Chile A.G.

35, 37

Colombia

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

12, 17, 18, 24, 25, 29, 105, 138, 182

•  Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

12, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 105, 136, 138, 182

•  Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC); Confederación Sindical Internacional (CSI); Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA)

87, 98

•  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

169

•  Confederación General del Trabajo (CGT)

12, 17, 18, 19, 24, 25, 29, 105, 136, 138, 182

•  Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (SINDESS Nacional -Seccional Huila)

29, 100, 111

•  Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)

169

Comoras

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC)

19, 26, 78, 81, 87, 95, 98, 99, 100, 111, 122

Corea, República de

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU)

81, 131

•  Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU)

81, 131

Costa Rica

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD)

29, 102, 105, 122, 137, 138, 182

•  Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

29, 102, 105, 122, 144

Democrática del Congo, República

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

182

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

182

Dinamarca (Groenlandia)

sobre los Convenios núms.

•  Asociación de Empresas de Groenlandia

122

•  Asociación de los Pescadores y Cazadores de Groenlandia (KNAPK)

122

•  Sindicato de Profesores de Groenlandia (IMAK)

19, 29, 105, 122

Ecuador

sobre los Convenios núms.

•  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

169

•  Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

102, 118, 121, 128, 130

•  Internacional de Servicios Públicos (ISP) en el Ecuador; Unión Nacional de Educadores (UNE)

87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Egipto

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

El Salvador

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

122, 144

•  Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS)

12, 29, 122

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 144

Eritrea

sobre los Convenios núms.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29, 105

España

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

95, 100, 111, 131

•  Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)

27, 77, 78, 79, 88, 90, 94, 95, 97, 100, 111, 122, 123, 124, 131, 137, 144, 152, 159, 173, 181, MLC, 2006

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE); Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

88, 122, 181

•  Unión General de Trabajadores (UGT)

77, 78, 79, 88, 90, 94, 95, 97, 100, 111, 122, 123, 124, 131, 137, 144, 159, 173, 181, MLC, 2006

Fiji

sobre el Convenio núm.

•  Congreso de los Sindicatos de Fiji (FTUC)

87

Finlandia

sobre los Convenios núms.

•  Comisión de Empleadores de Entidades Locales (KT)

122

•  Confederación de Industrias de Finlandia (EK)

122

•  Confederación Finlandesa de Profesionales (STTK)

12, 19, 27, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 137, 152, 168, 189

•  Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación Superior (AKAVA)

12, 19, 27, 29, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 137, 152, 168, 189

•  Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK)

12, 19, 27, 29, 105, 118, 121, 122, 128, 130, 137, 152, 168, 189

Francia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación General del Trabajo - Fuerza Obrera (CGT-FO)

122, MLC, 2006

Gambia

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

Georgia

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Georgiana de Empleadores (GEA)

87, 98

•  Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC)

87, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Ghana

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Grecia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación General Griega del Trabajo (GSEE)

17, 29, 42, 81, 87, 98, 100, 111, 122, 138, 144, 150, 154, 156

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•  Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98

Guatemala

sobre los Convenios núms.

•  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF)

87, 98, 169

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco; Sindicatos Globales de Guatemala

81, 87, 97, 98, 129

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Guinea

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

Haití

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público y Privado (CTSP)

1, 12, 17, 19, 24, 25, 29, 30, 42, 45, 77, 78, 81, 87, 90, 98, 105, 106, 107, 138, 182

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Honduras

sobre los Convenios núms.

•  Central General de Trabajadores (CGT); Central de Trabajadores de Honduras (CTH)

87, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

27, 32, 42, 81, 87, 98, 102, 169

Hungría

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

India

sobre los Convenios núms.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

81

•  Sindicato Progresista de Gente de Mar de la India (FSUI)

MLC, 2006

Indonesia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Indonesia para la Prosperidad (KSBI); Confederación Sindical de Indonesia (KSPI)

87, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Iraq

sobre el Convenio núm.

•  Red de Federaciones y Sindicatos de Iraq (CIFWU); Sindicato de las Profesiones de la Ingeniería (UPEU); Federación de Comités y Sindicatos de Trabajadores del Iraq (FWCUI); Federación General de Sindicatos Iraquís (GFITU); Federación General de Sindicatos del Iraq (GFWUI); Federación de sindicatos independientes del Iraq (FITPUI); Federación Iraquí de Sindicatos del Petróleo (IFOU)

98

Irlanda

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Empresas y Empleadores de Irlanda (IBEC); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

81, 98

Islas Marshall

sobre el Convenio núm.

•  Federación International de los Trabajadores del Transporte (FIT)

185

Israel

sobre el Convenio núm.

•  Federación General del Trabajo de Israel (HISTADRUT)

87

Japón

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO)

19, 27, 81, 87, 98, 102, 115, 121, 159

•  Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN)

87, 98, 102

•  Federación de Comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

81, 87, 98

•  Sindicato de los Trabajadores Migrantes

29

Jordania

sobre el Convenio núm.

•  Federación Jordana de Sindicatos Independientes (JFITU)

98

Kazajstán

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

81, 87, 95, 98, 111

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Kenya

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•  Sindicato Nacional de Docentes de Kenya (KNUT); Internacional de la Educación (IE)

98

Kuwait

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Lesotho

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 135

Líbano

sobre el Convenio núm.

•  Confederación General de los Trabajadores Libaneses (CGTL)

77

Liberia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Federación International de los Trabajadores del Transporte (FIT)

108

Libia

sobre el Convenio núm.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

182

Madagascar

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA)

6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159, 173

•  Confederación de Trabajadores Malgaches (CTM)

87, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

182

•  Sindicato Autónomo de Inspectores del Trabajo (SAIT)

81, 129

Malasia

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Malasia – Peninsular

sobre el Convenio núm.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

19

Malasia – Sarawak

sobre el Convenio núm.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

19

Malí

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical de Trabajadores de Malí (CSTM)

26, 87, 95, 144

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Marruecos

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Democrática del Trabajo (CDT)

26, 27, 81, 94, 98, 99, 129, 131

•  Confederación General de las Empresas de Marruecos (CGEM)

26, 81

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•  Unión Marroquí del Trabajo (UMT)

26, 27, 81, 94, 98, 99, 129, 131

Mauricio

sobre los Convenios núms.

•  Business Mauricio; Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 98

•  Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CTSP)

26, 29

Mauritania

sobre los Convenios núms.

•  Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM)

26, 29, 33, 81, 87, 94, 95, 98

•  Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM)

26, 33, 81, 87, 90, 94, 95, 98

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

29, 87, 98

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29

México

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

27, 87, 90, 95, 123, 124, 131, 152, 155, 173

•  Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

27, 87, 90, 95, 123, 124, 131, 152, 155, 173

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

•  IndustriALL Global Union (IndustriALL)

169

Moldova, República de

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Nacional de Sindicatos de Moldova (CNSM)

81, 87, 95, 97, 98, 129, 131

Montenegro

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Federación de Empleadores Montenegrinos (MEF); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98

Myanmar

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

Namibia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Nepal

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Nigeria

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•  Congreso del Trabajo de Nigeria (NLC)

26, 87

Noruega

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Noruega de Sindicatos (LO)

26, 81, 87, 94, 97, 98, 129, 137, 183, 187

•  Confederación de Empresas de Noruega (NHO)

137

Países Bajos

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Real de Empresarios Neerlandeses de Pymes (MKB Netherlands); Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP)

111

•  Confederación de Empleadores e Industrias de los Países Bajos (VNO-NCW); Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV); Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV); Confederación Sindical de Intermedios y Altos Ejecutivos (MHP)

111

•  Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV); Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV); Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP)

81, 87, 94, 95, 97, 98, 129, 131, 152

Pakistán

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•  Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF)

87, 98, 100, 111, 138, 182

Paraguay

sobre los Convenios núms.

•  Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A)

29, 111

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

29

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29

Perú

sobre los Convenios núms.

•  Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)

26, 59, 99, 100, 144, 152, 159

•  Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

169

•  Coordinadora de Centrales Sindicales del Perú

100

•  Federación de Trabajadores Municipales, Empleados y Obreros del Perú (FTM-Peru)

111

Polonia

sobre los Convenios núms.

•  Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29

•  Sindicato Independiente y Autónomo «Solidarnosc»

95, 100

Portugal

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Sindical de los Funcionarios de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASF-ASAE)

81, 111, 155

•  Confederación de la Industria Portuguesa (CIP)

6, 95, 97, 100, 111, 131, 143, 162, 173

•  Confederación de la Industria Portuguesa (CIP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

144

•  Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN)

6, 77, 78, 95, 97, 100, 111, 124, 131, 142, 143, 156, 158, 162, 173, 189

•  Unión General de Trabajadores (UGT)

6, 27, 77, 78, 95, 97, 100, 111, 124, 131, 142, 143, 144, 162, 173, 189

Qatar

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

81

Reino Unido

sobre los Convenios núms.

•  Congreso de Sindicatos (TUC)

97, 100, 111, 144

Rumania

sobre el Convenio núm.

•  Bloque de los Sindicatos Nacionales (BNS)

102

Rusia, Federación de

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Trabajo de Rusia (KTR)

98, 100, 111, 137, 144, 152, MLC, 2006

Serbia

sobre los Convenios núms.

•  Asociación Serbia de Empleadores (SAE)

27, 32, 90, 94, 97, 100, 111, 131, 143, 144, 181

•  Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS)

144

•  Confederación de Sindicatos «Nezavisnost»

27, 32, 90, 100, 111, 131, 144, 181

Seychelles

sobre los Convenios núms.

•  Asociación de Empleadores de Seychelles

11, 26, 29, 99, 100, 111, 144, 152

•  Federación de Sindicatos de Trabajadores de Seychelles (SFWU)

11, 26, 29, 99, 100, 111, 144, 152

Somalia

sobre los Convenios núms.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Sudáfrica

sobre los Convenios núms.

•  Consejo Nacional del Desarrollo Económico y del Trabajo (NEDLAC)

100, 111

•  Sindicato Solidaridad (Sudáfrica)

111

Suiza

sobre los Convenios núms.

•  Unión Sindical Suiza (USS/SGB)

100, 111, 144, 173

Tailandia

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

29

Turquía

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK)

77, 95, 159

•  Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98, 100, 111, 135

•  Confederación de Sindicatos de la Administración Pública (MEMUR-SEN)

135

•  Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS)

26, 77, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 123, 135, 144, 152, 159

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 135

•  Confederación Turca de Asociaciones de Empleados Públicos (Türkiye Kamu-Sen)

98, 111, 135

•  Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de la Ciencia de Turquía (EGITIM SEN); Internacional de la Educación (IE)

98, 111

Ucrania

sobre los Convenios núms.

•  Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU)

29, 87, 98, 100, 105, 111

•  Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU)

81, 95, 129

Uruguay

sobre los Convenios núms.

•  Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS); Cámara de Industrias del Uruguay (CIU); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98, 144

Uzbekistán

sobre los Convenios núms.

•  La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA)

100, 111

Venezuela, República Bolivariana de

sobre los Convenios núms.

•  Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI)

6, 26, 95, 111, 122, 144

•  Confederación General del Trabajo (CGT); Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

111

•  Confederación General del Trabajo (CGT); Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV); Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE)

6, 26, 88, 95, 97, 98, 100, 111, 122, 143, 144, 158

•  Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

26, 29, 87, 88, 105, 122, 144, 158

Yemen

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

95

Zambia

sobre el Convenio núm.

•  Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Zimbabwe

sobre los Convenios núms.

•  Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU)

26, 99, 100, 111, 144

Anexo IV. Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes

El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en sus párrafos 5, 6 y 7, impone a los Estados Miembros la obligación de someter a las autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Estas mismas disposiciones prevén que los gobiernos de los Estados Miembros deberán informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos a las autoridades competentes y comunicar asimismo toda información relativa a la autoridad o a las autoridades consideradas como competentes, y a las medidas por ellas adoptadas.

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, se presentó a la Conferencia un resumen de las informaciones comunicadas por los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 19.

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación. Al respecto, el resumen de tales informaciones se publica en el anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

El presente resumen contiene las informaciones más recientes sobre la sumisión a las autoridades competentes del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203), adoptada en la 103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014), la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), adoptada en la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015), y la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada por la Conferencia en su 106.ª reunión (junio de 2017).

Las informaciones resumidas incluyen asimismo las que fueron comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo después de la clausura de la 106.ª reunión de la Conferencia (junio de 2017), y que, por consiguiente, no pudieron ponerse en conocimiento en dicha reunión.

Armenia. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 26 de mayo de 2016.

Canadá. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 103.ª y 104.ª reuniones fueron sometidos al Parlamento del Canadá el 9 de junio de 2017.

República Checa. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Cámara de Diputados del Parlamento y al Senado del Parlamento los días 15 y 16 de noviembre de 2016, respectivamente.

República de Corea. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Asamblea Nacional el 24 de agosto de 2017.

Dinamarca. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento danés el 27 de septiembre de 2017.

Egipto. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Cámara de Representantes (Majlis Al-Nuwab) el 8 de septiembre de 2015.

Eslovenia. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Asamblea Nacional el 19 de septiembre de 2017.

Etiopía. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 103.ª y 104.ª reuniones se sometieron a la Cámara de los Representantes del Pueblo el 28 de septiembre de 2017.

Grecia. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento helénico el 20 de febrero de 2017.

Guatemala. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Congreso de la República el 24 de noviembre de 2017.

Italia. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 29 de febrero de 2016.

Israel. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento (Knesset) el 30 de octubre de 2017.

Luxemburgo. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2017.

Mauricio. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Asamblea Nacional el 15 de noviembre de 2016.

Myanmar. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 6 de junio de 2017.

Noruega. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 12 de octubre de 2017.

Nueva Zelandia. La Recomendación núm. 205 fue sometida a la Cámara de Representantes el 11 de agosto de 2017.

Portugal. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Asamblea de la República el 12 de diciembre de 2016.

Reino Unido. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 20 de diciembre de 2016.

Senegal. La Recomendación núm. 204 fue sometida a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2016.

Sri Lanka. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 21 de diciembre de 2016.

Ucrania. La Recomendación núm. 204 fue sometida al Parlamento el 25 de septiembre de 2015.

Zimbabwe. La Recomendación núm. 205 fue sometida al Parlamento el 26 de octubre de 2017.

La Comisión ha considerado necesario solicitar, en algunos casos, informaciones complementarias sobre la naturaleza de las autoridades competentes a las que se han sometido los instrumentos adoptados por la Conferencia, así como otras precisiones requeridas por el cuestionario incluido en el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes, en su tenor revisado en marzo de 2005.

Anexo V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes

(31.ª a 106.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2017)

Nota. Los números de los convenios y las recomendaciones aparecen entre paréntesis, precedidos por la letra C o R, en los casos en que solamente algunos de los textos adoptados en el curso de una misma reunión hayan sido sometidos a las autoridades competentes. Los protocolos se indican con la letra P, seguida del número del convenio correspondiente. Los convenios ratificados y las recomendaciones correspondientes se consideran como sometidos.
Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados Miembros a la OIT para determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos adoptados son tomados en consideración.
La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.ª reunión (junio de 1972), 73.ª reunión (junio de 1987), 93.ª reunión (junio de 2005), 97.ª reunión (junio de 2008), 98.ª reunión (junio de 2009), 102.ª reunión (junio de 2013) y 105.ª reunión (junio de 2016).

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)

Afganistán

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103, 104, 106

Albania

79-81, 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, P147, R186), 85, 87, 88, 90 (P155), 91, 94, 95 (C187, R197)

78, 82 (P081), 84 (C179, C180, R185, R187), 86, 89, 90 (R193, R194), 92, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

Alemania

34-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, R177), 78-92, 94-96, 99-101, 104

77 (C171, P089, R178), 103, 106

Angola

61-72, 74-78, 79 (C173), 80, 81, 82 (R183, C176), 83-85, 87-90, 96

79 (R180), 82 (P081), 86, 91, 92, 94, 95, 99-101, 103, 104, 106

Antigua y Barbuda

68-72, 74-82, 84, 87, 94, 100

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 106

Arabia Saudita

61-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Argelia

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Argentina

31-56, 58-72, 74-90, 92, 94-96, 99-101, 103

91, 104, 106

Armenia

80-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Australia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Austria

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101, 103, 104, 106

Azerbaiyán

79 (C173), 80-82, 85-88, 91, 92

79 (R180), 83, 84, 89, 90, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Bahamas

61-72, 74-84, 87, 91, 94

85, 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Bahrein

63-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Bangladesh

58-72, 74-76, 77 (C171, R178), 78, 80, 84, 85 (C181), 87, 91, 94

77 (C170, P089, R177), 79, 81-83, 85 (R188), 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Barbados

51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101, 103, 104, 106

Belarús

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Bélgica

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Belice

68-72, 74-76, 84, 87, 88, 94

77-83, 85, 86, 89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Benin

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Bolivia, Estado Plurinacional de

31-56, 58-72, 74-79, 80 (C174), 81 (C175), 82 (C176), 83 (C177), 84 (C178, C179, C180), 85 (C181), 87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 100

80 (R181), 81 (R182), 82 (P081, R183), 83 (R184), 84 (P147, R185, R186, R187), 85 (R188), 86, 88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94-96, 99, 101, 103, 104, 106

Bosnia y Herzegovina

80-92, 94-96, 99-101, 103 (R203), 104

103 (P029), 106

Botswana

64-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101, 103, 104, 106

Brasil

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Brunei Darussalam

96, 99-101, 103, 104, 106

Bulgaria

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Burkina Faso

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Burundi

47-56, 58-72, 74-92, 95

94, 96, 99-101, 103, 104, 106

Cabo Verde

65-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Camboya

53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (R203), 104

103 (P029), 106

Camerún

44-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101

99, 100, 103, 104, 106

Canadá

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Centroafricana, República

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Chad

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Checa, República

80-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Chile

31-56, 58-72, 74-82, 87, 95 (C187, R197), 100

83-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99, 101, 103, 104, 106

China

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Chipre

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Colombia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Comoras

65-72, 74-78, 87

79-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Congo

45-53, 54 (C131, C132), 55, 56, 58 (C138, R146), 59, 60 (C142, R150), 61, 62, 63 (C148, C149, R157), 64-66, 67 (C154, C155, C156), 68 (C158), 71 (C160, C161), 74, 75 (C167, C168), 76, 84, 87, 91, 94, 96

54 (R135, R136), 58 (C137, R145), 60 (C141, C143, R149, R151), 63 (R156), 67 (R163, R164, R165), 68 (C157, P110, R166), 69, 70, 71 (R170, R171), 72, 75 (R175, R176), 77-83, 85, 86, 88-90, 92, 95, 99-101, 103, 104, 106

Corea, República de

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Costa Rica

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 104

103 (R203), 106

Côte d'Ivoire

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Croacia

80-85, 87, 91, 94

86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Cuba

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Democrática del Congo, República

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Dinamarca

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 106

103 (R203), 104

Djibouti

64-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Dominica

68-72, 74-79, 87

80-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Dominicana, República

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99, 100

96, 101, 103, 104, 106

Ecuador

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103 (P029), 104

103 (R203), 106

Egipto

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

El Salvador

31-56, 58-61, 63 (C149), 64, 67 (R164, R165, C155, C156), 69 (R168, C159), 71, 72, 74-81, 87, 90 (P155)

62, 63 (R156, R157, C148), 65, 66, 67 (R163, C154), 68, 69 (R167), 70, 82-86, 88, 89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Emiratos Árabes Unidos

58-72, 74-92, 95, 96

94, 99-101, 103, 104, 106

Eritrea

80-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Eslovaquia

80-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Eslovenia

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

España

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Estados Unidos

66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Estonia

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Etiopía

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Ex República Yugoslava de Macedonia

80-83, 85, 87, 88, 95 (C187, R197)

84, 86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

Fiji

59-72, 74-82, 84, 85, 87, 89, 92, 94

83, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Filipinas

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Finlandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Francia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Gabón

45-56, 58-72, 74-81, 82 (C176), 83 (C177), 84, 85 (C181), 87, 89 (C184), 91, 94

82 (P081, R183), 83 (R184), 85 (R188), 86, 88, 89 (R192), 90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Gambia

82-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Georgia

80-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Ghana

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 104

103, 106

Granada

66-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103, 104, 106

Grecia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Guatemala

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Guinea

43-56, 58-72, 74-83, 87, 95 (R197, C187), 100

84-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99, 101, 103, 104, 106

Guinea-Bissau

63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Guinea Ecuatorial

67-72, 74-79, 84, 87

80-83, 85, 86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Guyana

50-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101, 103, 104, 106

Haití

31-56, 58-66, 67 (C156, R165), 69-72, 74, 75 (C167), 87

67 (C154, C155, R163, R164), 68, 75 (C168, R175, R176), 76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Honduras

38-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Hungría

31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

India

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Indonesia

33-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Irán, República Islámica del

31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96

90 (P155), 99-101, 103, 104, 106

Iraq

31-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89, 90 (P155), 91, 94, 95 (C187, R197), 96 (C188), 100 (C189)

88 (R191), 90 (R193, R194), 92, 95 (R198), 96 (R199), 99, 100 (R201), 101, 103, 104, 106

Irlanda

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Islandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Islas Cook

104, 106

Islas Marshall

99-101, 103, 104, 106

Islas Salomón

74, 87

70-72, 75-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Israel

32-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Italia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Jamaica

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Japón

35-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Jordania

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Kazajstán

82 (C176, R183), 87, 88, 91

80, 81, 82 (P081), 83-86, 89, 90, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Kenya

48-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Kirguistán

87, 89

79-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Kiribati

94

88-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Kuwait

45-56, 58-72, 74-76, 78, 79, 80 (C174), 81-85, 87, 88, 90, 91

77, 80 (R181), 86, 89, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Lao, República Democrática Popular

48-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83-92, 94-96, 99, 100, 103

82 (P081), 101, 104, 106

Lesotho

66-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Letonia

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Líbano

32-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Liberia

31-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, C171, R177, R178), 78-81, 82 (C176, R183), 83-87, 91, 94

77 (P089), 82 (P081), 88-90, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Libia

35-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Lituania

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Luxemburgo

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Madagascar

45-56, 58-72, 74-91, 94-96, 100

92, 99, 101, 103, 104, 106

Malasia

41-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197)

95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

Malawi

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Maldivas, República de

99-101, 103, 104, 106

Malí

45-56, 58-72, 74-83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186, R187), 85, 87-91, 103

84 (P147), 86, 92, 94-96, 99-101, 104, 106

Malta

49-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101, 103, 104, 106

Marruecos

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Mauricio

53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Mauritania

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

México

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (R198), 99, 101

95 (C187, R197), 96, 100, 103, 104, 106

Moldova, República de

79-91, 95 (C187, R197), 104

92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 106

Mongolia

52-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

82 (P081), 103, 104, 106

Montenegro

96, 99-101, 103, 104

106

Mozambique

61-72, 74-82, 87, 104

83-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 106

Myanmar

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Namibia

65-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Nepal

51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Nicaragua

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Níger

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Nigeria

45-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100, 104

96, 99, 101, 103, 106

Noruega

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Nueva Zelandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Omán

81-92, 95 (R197, R198), 99

94, 95 (C187), 96, 100, 101, 103, 104, 106

Países Bajos

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Pakistán

31-56, 58-72, 74-80, 87, 91

81-86, 88-90, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Palau

101, 103, 104, 106

Panamá

31-56, 58-72, 74-87, 88 (R191), 89 (R192), 90 (R193, R194), 92, 94, 95 (R197, R198), 96 (R199), 99-101, 103, 104

88 (C183), 89 (C184), 90 (P155), 91, 95 (C187), 96 (C188), 106

Papua Nueva Guinea

61-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Paraguay

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101, 103, 104, 106

Perú

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Polonia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Portugal

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Qatar

58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Reino Unido

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Rumania

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Rusia, Federación de

37-56, 58-72, 74-88, 91, 94, 95 (C187, R197), 103, 104

89, 90, 92, 95 (R198), 96, 99-101, 106

Rwanda

47-56, 58-72, 74-79, 81, 85, 87, 95 (C187, R197)

80, 82-84, 86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

Saint Kitts y Nevis

84, 87, 94

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Samoa

94

95, 96, 99-101, 103, 104, 106

San Marino

68-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

San Vicente y las Granadinas

84, 86, 87, 94

82, 83, 85, 88-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Santa Lucía

67 (C154, R163), 68 (C158, R166), 87

66, 67 (C155, C156, R164, R165), 68 (C157, P110), 69-72, 74-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Santo Tomé y Príncipe

68-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Senegal

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Serbia

89-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Seychelles

63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Sierra Leona

45-56, 58-61, 62 (C145, C147, R153, R155)

62 (C146, R154), 63-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Singapur

50-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 104

103, 106

Siria, República Árabe

31-56, 58-65, 67, 68, 69 (C159, R167), 71, 72, 74-76, 77 (C170, R177), 84, 87-89, 90 (P155), 94

66, 69 (R168), 70, 77 (C171, P089, R178), 78-83, 85, 86, 90 (R193, R194), 91, 92, 95, 96, 99-101, 103, 104, 106

Somalia

45-56, 58-72, 74, 75, 87

76-86, 88-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Sri Lanka

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Sudáfrica

81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Sudán

39-56, 58-72, 74-80, 81 (R182), 82-92, 95, 96, 99-101, 103, 104

81 (C175), 94, 106

Sudán del Sur

101, 103, 104, 106

Suecia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 101, 103, 104

100, 106

Suiza

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Suriname

61-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Swazilandia

60-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Tailandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100 (R201), 101, 103 (R203), 104

100 (C189), 103 (P029), 106

Tanzanía, República Unida de

46-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Tayikistán

81-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Timor-Leste

92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Togo

44-56, 58-72, 74-89, 90 (P155), 94, 95 (C187, R197), 99, 100 (C189), 101, 103, 104

90 (R193, R194), 91, 92, 95 (R198), 96, 100 (R201), 106

Tonga

106

Trinidad y Tabago

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

103, 104, 106

Túnez

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Turkmenistán

81-92, 94-96, 99, 100

101, 103, 104, 106

Turquía

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Tuvalu

99-101, 103, 104, 106

Ucrania

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Uganda

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Uruguay

31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 95 (R197, R198), 100

90 (P155), 94, 95 (C187), 96, 99, 101, 103, 104, 106

Uzbekistán

80-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Vanuatu

91, 92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Venezuela, República Bolivariana de

41-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103

104, 106

Viet Nam

79-92, 94-96, 99-101, 103, 104

106

Yemen

49-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 95 (C187)

88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94, 95 (R197, R198), 96, 99-101, 103, 104, 106

Zambia

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101, 103, 104, 106

Zimbabwe

66-72, 74-92, 94-96, 99-101, 103, 104, 106

Anexo VI. Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 9 de diciembre de 2017

Reuniones de la CIT

Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas por los gobiernos:

Número de Estados Miembros de la OIT al momento de la reunión

Todos los instrumentos han sido sometidos

Algunos instrumentos han sido sometidos

Ningún instrumento ha sido sometido

Todos los instrumentos adoptados entre la 31° y la 53° reuniones han sido sometidos a las autoridades competentes por los Estados Miembros

54.ª     (Junio de 1970)

119

1

0

120

55.ª     (Octubre de 1970)

120

0

0

120

56.ª     (Junio de 1971)

120

0

0

120

58.ª     (Junio de 1973)

122

1

0

123

59.ª     (Junio de 1974)

125

0

0

125

60.ª     (Junio de 1975)

125

1

0

126

61.ª     (Junio de 1976)

131

0

0

131

62.ª     (Octubre de 1976)

129

1

1

131

63.ª     (Junio de 1977)

131

2

1

134

64.ª     (Junio de 1978)

134

0

1

135

65.ª     (Junio de 1979)

135

0

2

137

66.ª     (Junio de 1980)

138

0

4

142

67.ª     (Junio de 1981)

138

4

1

143

68.ª     (Junio de 1982)

142

2

3

147

69.ª     (Junio de 1983)

143

2

3

148

70.ª     (Junio de 1984)

143

0

6

149

71.ª     (Junio de 1985)

145

1

3

149

72.ª     (Junio de 1986)

145

0

4

149

74.ª     (Octubre de 1987)

147

0

2

149

75.ª     (Junio de 1988)

144

2

3

149

76.ª     (Junio de 1989)

142

0

5

147

77.ª     (Junio de 1990)

135

4

8

147

78.ª     (Junio de 1991)

140

0

9

149

79.ª     (Junio de 1992)

143

2

11

156

80.ª     (Junio de 1993)

151

2

14

167

81.ª     (Junio de 1994)

154

2

15

171

82.ª     (Junio de 1995)

147

9

17

173

83.ª     (Junio de 1996)

147

2

25

174

84.ª     (Octubre de 1996)

153

3

18

174

85.ª     (Junio de 1997)

148

3

23

174

86.ª     (Junio de 1998)

141

0

33

174

87.ª     (Junio de 1999)

173

0

1

174

88.ª     (Junio de 2000)

142

4

29

175

89.ª     (Junio de 2001)

136

4

35

175

90.ª     (Junio de 2002)

130

8

37

175

91.ª     (Junio de 2003)

144

0

32

176

92.ª     (Junio de 2004)

131

0

46

177

94.ª     (Febrero de 2006)

145

0

33

178

95.ª     (Junio de 2006)

125

15

38

178

96.ª     (Junio de 2007)

119

2

57

178

99.ª     (Junio de 2010)

107

0

76

183

100.ª   (Junio de 2011)

109

3

71

183

101.ª   (Junio de 2012)

101

0

84

185

103.ª   (Junio de 2014)

76

6

103

185

104.ª   (Junio de 2015)

73

0

113

186

106.ª   (Junio de 2017)

9

0

178

187

Anexo VII. Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país

Los comentarios abajo indicados han sido redactados en forma de "observaciones" que se reproducen en este informe, o bien como "solicitudes directas", que no se publican, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados. Son igualmente mencionadas las respuestas recibidas a las solicitudes directas, de las cuales la Comisión ha tomado nota.

Afganistán

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 105, 137, 138, 144, 159, 182

Observación sobre la sumisión

Albania

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 81, 129, 143, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 97, 105, 122, 129, 138, 143, 156, 167, 176, 181, 182, 187

Observación sobre la sumisión

Alemania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 99, 102, 121, 125, 128, 129, 130, 170, 176, 187

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 148

Solicitud directa sobre la sumisión

Angola

Observaciones para los Convenios núms. 88, 98, 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 69, 73, 74, 98, 108, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Antigua y Barbuda

Observaciones para los Convenios núms. 138, 144

Solicitud directa para el Convenio núm. 158

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182

Observación sobre la sumisión

Arabia Saudita

Solicitud directa sobre la sumisión

Argelia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 100, 111, 120, 122, 138, 155, 167, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 95, 97, 99, 100, 111, 122, 127, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 119

Solicitud directa sobre la sumisión

Argentina

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 144, 182, 189

Solicitud directa sobre la sumisión

Armenia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 95, 131, 144, 173, 174, 176

Solicitud directa sobre la sumisión

Australia

Observaciones para los Convenios núms. 111, 122, 156, 158

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 111, 122, 137, 158

Austria

Observación para el Convenio núm. 29

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 29, 95, 99

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 173, 187

Solicitud directa sobre la sumisión

Azerbaiyán

Observaciones para los Convenios núms. 105, 113, 126, 138, 148

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 95, 105, 120, 131, 138, 144, 156, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Observación sobre la sumisión

Bahamas

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 100, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97, 105, 182, MLC

Observación sobre la sumisión

Bahrein

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 105, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 111, 155

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Observación sobre la sumisión

Bangladesh

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 98, 105, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 182

Observación sobre la sumisión

Barbados

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 97, 98, 100, 111, 115

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97, 98, 100, 105, 111, 122, 138

Solicitud directa sobre la sumisión

Belarús

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 144

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Bélgica

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 100, 111, 122, 125, 176

Belice

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 97, 100, 105, 111, 138, 141, 144, 154, 156, 182

Observación sobre la sumisión

Benin

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 81, 105

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 105

Bolivia, Estado Plurinacional de

Observaciones para los Convenios núms. 131, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182, 189

Observación sobre la sumisión

Bosnia y Herzegovina

Observaciones para los Convenios núms. 138, 162

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 105, 119, 131, 136, 138, 139, 144, 148, 151, 155, 156, 158, 161, 162, 174, 176, 182, 184, 187

Solicitud directa sobre la sumisión

Botswana

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 176, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Brasil

Observaciones para los Convenios núms. 98, 111, 139

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 100, 111, 136, 139, 161, 167, 176

Solicitud directa sobre la sumisión

Brunei Darussalam

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Observación sobre la sumisión

Bulgaria

Observación para el Convenio núm. 94

Solicitudes directas para los Convenios núms. 113, 120

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Burkina Faso

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 129, 182

Observación sobre la sumisión

Burundi

Observaciones para los Convenios núms. 26, 29, 81, 94, 100, 105, 111, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 17, 29, 42, 100, 105, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Cabo Verde

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 155

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 138, 155

Solicitud directa sobre la sumisión

Camboya

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 105, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105, 122, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Camerún

Observaciones para los Convenios núms. 94, 105, 122, 138, 158, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Canadá

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 162

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 108, 111, 144, 162, 182, MLC

Centroafricana, República

Observaciones para los Convenios núms. 18, 29, 87, 94, 98, 111, 118, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 29, 87, 88, 98, 100, 105, 111, 118, 144, 158, 182

Observación sobre la sumisión

Chad

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 144, 151, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 98, 105, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Checa, República

Observación para el Convenio núm. 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 102, 105, 128, 130

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Chile

Observaciones para los Convenios núms. 138, 161, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 161, 182, 187

Observación sobre la sumisión

China

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 144, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Observaciones para los Convenios núms. 105, 144

Solicitud directa para el Convenio núm. 105

Región Administrativa Especial de Macao

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 182

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105

Chipre

Solicitudes directas para los Convenios núms. 114, 158, 160

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 119, 138, 182

Colombia

Observaciones para los Convenios núms. 138, 162, 170, 174, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 95, 99, 136, 162, 170, 174, 182, 189

Solicitud directa sobre la sumisión

Comoras

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 77, 78, 98, 122, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Congo

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 100, 111, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 144, 182

Observación sobre la sumisión

Corea, República de

Observaciones para los Convenios núms. 100, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, MLC

Costa Rica

Observaciones para los Convenios núms. 94, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182, 189

Côte d'Ivoire

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 96, 105, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Croacia

Observaciones para los Convenios núms. 98, 156

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 122, 156, 159, 182, MLC

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 90, 138

Observación sobre la sumisión

Cuba

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 95, 97, 105, 122, 131, 137, 138, 155, 182, 187

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 17

Democrática del Congo, República

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 94, 98, 105, 138, 144, 158, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 88, 98, 105, 135, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Dinamarca

Solicitudes directas para los Convenios núms. 102, 115, 118, 122, 130

Solicitud directa sobre la sumisión

Groenlandia

Solicitud directa para el Convenio núm. 122

Djibouti

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 122, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 29, 81, 87, 88, 98, 100, 105, 111, 115, 120, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Dominica

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 16, 29, 94, 138, 147

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 29, 87, 97, 100, 105, 111, 135, 144, 169, 182

Observación sobre la sumisión

Dominicana, República

Observaciones para los Convenios núms. 122, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 105, 138, 159, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Ecuador

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 87

Solicitud directa sobre la sumisión

Egipto

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 94, 105, 118, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 115, 137, 138, 144, 182

El Salvador

Observaciones para los Convenios núms. 98, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Observación sobre la sumisión

Emiratos Árabes Unidos

Observación sobre la sumisión

Eritrea

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138

Solicitud directa sobre la sumisión

Eslovaquia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 140, 144

Eslovenia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 114, 143, 144, 158

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

España

Observaciones para los Convenios núms. 88, 94, 122, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 131, 159

Estados Unidos

Observación para el Convenio núm. 105

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Estonia

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 138, 174, 182

Etiopía

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 156

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 156, 158

Ex República Yugoslava de Macedonia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 111, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 97, 100, 111, 138, 143, 144, 156, 158, 182

Observación sobre la sumisión

Fiji

Observaciones para los Convenios núms. 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 138, 169, 182, MLC

Observación sobre la sumisión

Filipinas

Observación para el Convenio núm. 94

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Finlandia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 137

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Francia

Observaciones para los Convenios núms. 94, 97, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 100, 102, 111, 137, 158

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Nueva Caledonia

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 94, 122, 129

Polinesia Francesa

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 125, 126, 144

Gabón

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 122, 158

Observación sobre la sumisión

Gambia

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Georgia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 122

Solicitud directa sobre la sumisión

Ghana

Observaciones para los Convenios núms. 94, 98, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Granada

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 97, 100, 111

Observación sobre la sumisión

Grecia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 126, 160

Guatemala

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 129

Guinea

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 98, 105, 122, 138

Observación sobre la sumisión

Guinea-Bissau

Observación general

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 68, 69, 73, 74, 88, 91, 100, 105, 108, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Guinea Ecuatorial

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Guyana

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 87, 94, 97, 142, 144, 166, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Haití

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 1, 14, 30, 87, 98, 106, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 77, 78, 87, 100, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Honduras

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 122

Hungría

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 115

Observación sobre la sumisión

India

Observaciones para los Convenios núms. 81, 100, 111, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 100, 111, 142, 144

Indonesia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Irán, República Islámica del

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 122

Observación sobre la sumisión

Iraq

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 94, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 22, 23, 92, 115, 122, 139, 146, 147

Observación sobre la sumisión

Irlanda

Observaciones para los Convenios núms. 98, 122

Solicitud directa para el Convenio núm. 189

Solicitud directa sobre la sumisión

Islandia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122, 156

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87

Islas Cook

Observación general

Islas Marshall

Solicitudes directas para los Convenios núms. 185, MLC

Solicitud directa sobre la sumisión

Islas Salomón

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 29, 94, 100, 105, 108, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Israel

Observaciones para los Convenios núms. 97, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 97, 100

Italia

Observaciones para los Convenios núms. 111, 137, 143

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97, 100, 111, 122, 143

Jamaica

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 97, 100, 111, 122

Observación sobre la sumisión

Japón

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 100, 115, 122, 156, 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 122, 156, 181

Jordania

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 122

Observación sobre la sumisión

Kazajstán

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 122

Observación sobre la sumisión

Kenya

Observaciones para los Convenios núms. 105, 143

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 97, 98, 100, 105, 111, 137, 143

Solicitud directa sobre la sumisión

Kirguistán

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 97, 98, 100, 105, 111, 122, 124, 138, 142, 144, 149, 154, 159, 160

Observación sobre la sumisión

Kiribati

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, MLC

Observación sobre la sumisión

Kuwait

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98

Observación sobre la sumisión

Lao, República Democrática Popular

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 111, 138, 144, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Lesotho

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111

Observación sobre la sumisión

Letonia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122, 158

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 98

Líbano

Observaciones para los Convenios núms. 29, 77, 78, 100, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 59, 77, 78, 88, 100, 105, 138, 142, 159, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Observación sobre la sumisión

Liberia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111, 112, 113, 114

Solicitudes directas para los Convenios núms. 108, 111

Observación sobre la sumisión

Libia

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 96, 98

Observación sobre la sumisión

Lituania

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 115, 122

Luxemburgo

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 96, 100, 102, 111, 158, MLC

Madagascar

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122, 124

Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 88, 97, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Malasia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 144, MLC

Observación sobre la sumisión

Peninsular

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 19

Sabah

Observación general

Observación para el Convenio núm. 97

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97

Sarawak

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 19

Solicitud directa para el Convenio núm. 94

Malawi

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 98, 158, 159, 182

Observación sobre la sumisión

Maldivas, República de

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Malí

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 87, 100, 111

Solicitud directa sobre la sumisión

Malta

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 87, 96, 117, 159

Observación sobre la sumisión

Marruecos

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 122, 158

Mauricio

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 137, MLC

Mauritania

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 114

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98

Solicitud directa sobre la sumisión

México

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 155

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 90, 155

Solicitud directa sobre la sumisión

Moldova, República de

Observaciones para los Convenios núms. 81, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 92, 98, 160

Observación sobre la sumisión

Mongolia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 122, 123, 144, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Montenegro

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111, 122, 140, 156, 158

Mozambique

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98

Observación sobre la sumisión

Myanmar

Observaciones para los Convenios núms. 6, 87

Solicitud directa para el Convenio núm. 87

Namibia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 158

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87

Solicitud directa sobre la sumisión

Nepal

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitud directa sobre la sumisión

Nicaragua

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 169, 182, 189

Solicitud directa sobre la sumisión

Níger

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 111, 156, 158

Solicitud directa sobre la sumisión

Nigeria

Observaciones para los Convenios núms. 87, 88, 97, 98, 123, 138, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 97, 100, 105, 137, 138

Solicitud directa sobre la sumisión

Noruega

Observaciones para los Convenios núms. 94, 137, 156

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 122, 156

Nueva Zelandia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111

Tokelau

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111

Omán

Solicitud directa sobre la sumisión

Países Bajos

Observaciones para los Convenios núms. 81, 94, 98, 100, 111, 129, 156

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 100, 102, 111, 121, 128, 129, 130, 156, 159

Aruba

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 122, 140, 142

Caribe parte de los Países Bajos

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 122

Curazao

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 122, 144

Sint Maarten

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94, 122

Pakistán

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 105, 111, 138, 144, 182

Observación sobre la sumisión

Palau

Solicitud directa sobre la sumisión

Panamá

Observación para el Convenio núm. 94

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 144, 182, MLC

Solicitud directa sobre la sumisión

Papua Nueva Guinea

Observaciones para los Convenios núms. 138, 158, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 105, 122, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Paraguay

Observaciones para los Convenios núms. 77, 78, 79, 90, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 59, 169, 189

Solicitud directa sobre la sumisión

Perú

Observaciones para los Convenios núms. 29, 144, 159, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 77, 78, 105, 169

Solicitud directa sobre la sumisión

Polonia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 137

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 113

Portugal

Observaciones para los Convenios núms. 6, 81, 129, 142, 144, 158, 162

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 129, 155, 162

Qatar

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Reino Unido

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 124

Anguilla

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 94

Bermudas

Observación para el Convenio núm. 94

Gibraltar

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC

Guernsey

Solicitudes directas para los Convenios núms. 114, 122

Islas Vírgenes Británicas

Solicitud directa para el Convenio núm. 94

Jersey

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 22, 74

Montserrat

Solicitud directa para el Convenio núm. 8

Rumania

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 95, 131, 137, 144

Rusia, Federación de

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 140, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Rwanda

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 100, 105, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 29, 87, 100, 111, 122, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Saint Kitts y Nevis

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Observación sobre la sumisión

Samoa

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182, MLC

Observación sobre la sumisión

San Marino

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 160

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 140, 143, 156, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

San Vicente y las Granadinas

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 100, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 94, 100, 105, 108, 111, 122, 138, 144, 182

Observación sobre la sumisión

Santa Lucía

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 8, 87, 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 5, 29, 87, 100, 108, 111, 154, 158, 182

Observación sobre la sumisión

Santo Tomé y Príncipe

Observación para el Convenio núm. 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 144, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105

Solicitud directa sobre la sumisión

Senegal

Observación para el Convenio núm. 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 144

Serbia

Observación general

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 156, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Seychelles

Solicitudes directas para los Convenios núms. 144, MLC

Observación sobre la sumisión

Sierra Leona

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 88, 98, 125, 138, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 87, 94, 95, 105, 126, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Singapur

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 100, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Siria, República Árabe

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 105, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 94, 105, 115, 144, 182

Observación sobre la sumisión

Somalia

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 182

Observación sobre la sumisión

Sri Lanka

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 11, 29, 105, 144, 182

Sudáfrica

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Sudán

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Sudán del Sur

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111

Solicitud directa sobre la sumisión

Suecia

Observaciones para los Convenios núms. 158, 168

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 102, 121, 128, 129, 130, 137, 168

Solicitud directa sobre la sumisión

Suiza

Solicitudes directas para los Convenios núms. 102, 128, 189

Suriname

Observaciones para los Convenios núms. 17, 42, 94, 118, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 42, 122, 181

Solicitud directa sobre la sumisión

Swazilandia

Observaciones para los Convenios núms. 138, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 90, 94

Observación sobre la sumisión

Tailandia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138

Solicitud directa sobre la sumisión

Tanzanía, República Unida de

Observaciones para los Convenios núms. 29, 94, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 137

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 59

Solicitud directa sobre la sumisión

Zanzíbar

Solicitud directa para el Convenio núm. 85

Tayikistán

Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 79, 90, 97, 115, 143, 144, 149

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Solicitud directa sobre la sumisión

Timor-Leste

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 182

Observación sobre la sumisión

Togo

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 129, 144, 150

Observación sobre la sumisión

Trinidad y Tabago

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 125, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 19, 97, 100, 111, 122, 138, 144, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Túnez

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 18, 29, 100, 107, 111, 138, 151, 154, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Turkmenistán

Solicitud directa sobre la sumisión

Turquía

Observaciones para los Convenios núms. 29, 98, 135, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 123

Tuvalu

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC

Observación sobre la sumisión

Ucrania

Observaciones para los Convenios núms. 81, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 77, 78, 81, 129, 158

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 124

Uganda

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 105, 122, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 94, 100, 111, 123, 124, 138, 143, 158, 159, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Solicitud directa sobre la sumisión

Uruguay

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 113, 137, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Uzbekistán

Solicitud directa para el Convenio núm. 122

Solicitud directa sobre la sumisión

Vanuatu

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182

Observación sobre la sumisión

Venezuela, República Bolivariana de

Observaciones para los Convenios núms. 6, 26, 87, 88, 95, 100, 111, 122, 143, 144, 158

Solicitudes directas para los Convenios núms. 95, 97, 100, 111, 143

Solicitud directa sobre la sumisión

Viet Nam

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 124, 144, MLC

Yemen

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98, 111, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 122, 138, 144, 156, 158, 182

Observación sobre la sumisión

Zambia

Observaciones para los Convenios núms. 98, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 144

Observación sobre la sumisión

Zimbabwe

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

ISBN: 978-92-2-331267-1 (impreso)

ISBN: 978-92-2-331268-8 (web pdf)

ISSN: 0251-3226

Primera edición 2018

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Compaginado por TTS: Confrep-Informe III(A)-2018-[NORME-180116-1]-Sp.docx

Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza