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La seguridad social en Chile, el futuro de las pensiones y el retiro del 10%

El retiro de hasta el 10% del saldo acumulado en los fondos de pensiones debe entenderse tanto desde la urgencia de los hogares de asegurar ingresos durante la crisis por la COVID-19, como desde el debate más amplio del sistema y futuro de las pensiones en Chile, señalan los expertos de la OIT en esta nota.

Opinión | 17 de julio de 2020
Por Fabio Bertranou y Guillermo Montt, OIT Cono Sur

La crisis de la COVID-19 nos ha enfrentado a encrucijadas políticas, económicas y sociales. En Chile, la magnitud y características inéditas de esta crisis han impactado fuertemente la seguridad económica de los hogares por la caída de los ingresos laborales. Las prestaciones por cesantía y otras asignaciones no contributivas han sido insuficientes, con brechas en su cobertura o demoras en su definición o implementación.

En este contexto, ¿es el retiro de hasta el 10% del ahorro acumulado en los fondos de pensión una “buena” política de seguridad de ingresos? Más allá de las dificultades para definir en este contexto lo que es una buena o mala política, es importante destacar que la mejor política en una crisis sanitaria, económica y social, es la política de lo “posible” para atender las necesidades de ingresos de los hogares de manera rápida y amplia para toda la población afectada.

Dado que los ahorros previsionales fueron establecidos para atender los riesgos de vejez, en tiempos normales sería deseable que se utilizaran para las prestaciones que requerirá el trabajador o la trabajadora en su vejez. Sin embargo, ante la emergencia, y producto de un acuerdo social, podría utilizarse una modesta parte de los ahorros previsionales para dar respuesta a la necesidad de seguridad económica de los hogares, principalmente en los estratos medios que no son cubiertos por las políticas focalizadas de mitigación de la crisis.

Estos recursos, como en cualquier sistema de seguridad social, pueden cumplir un papel anticíclico y evitar que la economía entre en una recesión más profunda y prolongada, condicionando la recuperación de la actividad y el empleo, atendiendo los efectos financieros y macroeconómicos con políticas complementarias.

El retiro del 10% debe entenderse también en el contexto del debate previsional. El pilar contributivo del sistema de pensiones en Chile fue diseñado con un componente principal de ahorro individual basado en la premisa de asegurar que el trabajador es el “propietario” de sus ahorros. Dicha premisa se contrapone con el principio de seguridad social que supone asegurar ingresos en la vejez distribuyendo el riesgo socialmente.

El impacto del retiro en los flujos de pensiones futuras pareciera ser de una cuantía menor, ya que los ahorros de una parte importante de los trabajadores son relativamente bajos – más del 60% de los pensionados recibe subsidios a su pensión a través del Pilar Solidario. El retiro podría incrementar la futura carga fiscal de dicho Pilar Solidario, dependiendo de las trayectorias del crecimiento, el empleo y los salarios.

Si la propuesta de utilizar hasta el 10% de los fondos previsionales es aprobada, no afectaría en forma relevante el futuro del componente de capitalización del sistema de pensiones. Como ha sido el caso hasta antes de la crisis por la COVID-19, la legitimidad del pilar de la capitalización individual pareciera depender de variables relacionadas con la cobertura del sistema, su financiamiento, que las prestaciones sean adecuadas y se proporcionen en condiciones de equidad.

En el marco de los principios de la seguridad social, los efectos económicos y sociales de la pandemia constituyen una oportunidad para refundar un pacto social en el que converjen las distintas visiones en materia de pensiones. Incluir un componente de seguro social, financiado tripartitamente, legitimado por empleadores y trabajadores, con solidaridad intra e intergeneracional es una oportunidad, y una necesidad, más urgente que nunca. Ello no implica eliminar o cambiar completamente los componentes actuales del sistema, sino pensar en su reconfiguración.
Implica generar un camino de consenso para construir un sistema que transite de uno centrado en la “capitalización individual subsidiada por recursos fiscales” hacia un sistema de “seguridad social complementado por la capitalización individual”, lo que permitiría aprovechar las ventajas de ambos componentes en un auténtico sistema mixto en el que participen plenamente en su gobernanza, junto al Estado, tanto empleadores como trabajadores.

Los efectos de la pandemia también han puesto el foco en la importancia de la seguridad de ingresos para la estabilidad económica y social. El desarrollo de instrumentos de protección ante la desocupación como la Ley de Protección al Empleo, el Ingreso Familiar de Emergencia y otras medidas pueden generalizarse en el tiempo, estableciendo mecanismos de activación ante crisis económicas, ambientales o terremotos y evitar así demoras en el diseño, tramitación e implementación de programas de seguridad de ingresos. Se avanzaría así en la construcción de un piso de protección social para garantizar una base de seguridad económica a los chilenos y chilenas a lo largo del ciclo de vida, junto a los componentes contributivos de la seguridad social.