Argentina, Ecuador y Colombia analizan medidas para fortalecer la protección social frente a la pandemia
El conversatorio reunió a representantes del sector público de los tres países para profundizar en las respuestas tomadas ante la emergencia sanitaria en materia de protección ante el desempleo
Quito - La emergencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 ha generado una amplia diversidad de respuestas para enfrentar el desempleo y promover la protección social alrededor de todo el mundo.
En este contexto, la OIT desarrolló hoy el conversatorio “COVID-19 y protección ante el desempleo”, una oportunidad para analizar las medidas ejecutadas por los países de Latinoamérica.
Desde Chile, el economista y consultor en temas de empleo y protección social, Mario Velásquez, analizó las políticas de protección social vigentes en los países y las principales medidas aplicadas por los gobiernos durante los cinco meses de crisis sanitaria: transferencias monetarias, transferencias de especie y políticas laborales para proteger los puestos de trabajo, junto a la suspensión o disminución de la jornada laboral.
El experto enfatizó la importancia y efectividad de contar con seguros de desempleo o mecanismos similares para amortiguar los efectos de la crisis. “Esta medida es impostergable a lo largo de la región”, dijo. Asimismo, aseguró que la actual crisis ha evidenciado la gran importancia de promover el empleo formal como una medida para evitar que las personas queden en situación de desprotección. “Una de las principales lecciones que podemos obtener de esta crisis es que la desigualdad de las economías y la informalidad laboral son un problema estructural en Latinoamérica, por lo que es urgente empezar a desarrollar un efectivo sistema de protección social”, enfatizó Velásquez.
Asimismo, como una medida excepcional de prevención, el economista recomendó que los países garanticen líneas de crédito a las empresas que estén en riesgo de quiebra, evitando el posterior desempleo de sus trabajadoras y trabajadores.
Protección social ante el desempleo en países latinoamericanos
Gustavo Vargas, director nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) compartió su experiencia en la implementación del seguro de desempleo, que está vigente desde el año 2016 y cuya mínima prestación es del 70% del salario mínimo vigente.
Desde el mes de marzo, este seguro ha atendido a más de 28 mil personas que tenían una relación laboral de dependencia y se han quedado sin trabajo. En el caso de personas que no aportan al IESS, ya sea por estar en situación de desempleo o por ejercer una actividad laboral informal, el gobierno del Ecuador ha entregado bonos emergentes a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de apoyar con iniciativas independientes de trabajo.
De acuerdo a la subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio de Trabajo de Colombia, Paula Ojeda, la tasa nacional de desempleo en ese país se duplicó entre mayo de 2019 y mayo de 2020, ubicándose actualmente por encima del 21%. Para atender a las personas afectadas, Colombia cuenta con el mecanismo de protección de cesantes, el cual es prestado por las Cajas de Compensación Familiar, instituciones que generan transferencias económicas directas a sus aportantes y que permiten mantener el nivel de consumo de las familias.
También se pudo conocer el funcionamiento del seguro de desempleo argentino, que está vigente desde 1991 y duplicó el monto de sus prestaciones para enfrentar la emergencia actual. Eduardo Lépore, director nacional de Armonización de los Regímenes de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, informó que, para las personas en situación de informalidad laboral y pobreza, se creó el ingreso familiar de emergencia, el cual ha beneficiado a más de 9 millones de personas al día de hoy. Destacó también la prohibición de despedir a trabajadoras y trabajadores, medida que ha sido complementada con el pago de un salario adicional por parte del gobierno a las personas en relación de dependencia, como una forma de apoyo al sector empleador. De esta manera, el país busca prevenir el desempleo y mantener los niveles de ingresos de las familias.
El especialista en Seguridad Social de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Pablo Casalí, aseguró que los impactos de la pandemia son intensos y que afectan de distinta manera a los diferentes países. “Los sectores donde se han visualizado los impactos más profundos son aquellos donde predomina el empleo informal, lo que ha puesto de manifiesto la falta de sistemas integrales de protección social y, en especial, de un mecanismo institucionalizado para hacer frente a la desocupación”, afirmó Casalí. El especialista reconoce que, si bien las respuestas de los países han sido rápidas, aún queda un camino que recorrer, tanto para garantizar la seguridad económica de los ingresos a lo largo del ciclo de vida de las personas como para asegurar el acceso a servicios esenciales.
Este es el primero de varios conversatorios que se desarrollarán en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social, desarrollado por la Oficina de la OIT para los Países Andinos y el IESS.
En este contexto, la OIT desarrolló hoy el conversatorio “COVID-19 y protección ante el desempleo”, una oportunidad para analizar las medidas ejecutadas por los países de Latinoamérica.
Desde Chile, el economista y consultor en temas de empleo y protección social, Mario Velásquez, analizó las políticas de protección social vigentes en los países y las principales medidas aplicadas por los gobiernos durante los cinco meses de crisis sanitaria: transferencias monetarias, transferencias de especie y políticas laborales para proteger los puestos de trabajo, junto a la suspensión o disminución de la jornada laboral.
El experto enfatizó la importancia y efectividad de contar con seguros de desempleo o mecanismos similares para amortiguar los efectos de la crisis. “Esta medida es impostergable a lo largo de la región”, dijo. Asimismo, aseguró que la actual crisis ha evidenciado la gran importancia de promover el empleo formal como una medida para evitar que las personas queden en situación de desprotección. “Una de las principales lecciones que podemos obtener de esta crisis es que la desigualdad de las economías y la informalidad laboral son un problema estructural en Latinoamérica, por lo que es urgente empezar a desarrollar un efectivo sistema de protección social”, enfatizó Velásquez.
Asimismo, como una medida excepcional de prevención, el economista recomendó que los países garanticen líneas de crédito a las empresas que estén en riesgo de quiebra, evitando el posterior desempleo de sus trabajadoras y trabajadores.
Protección social ante el desempleo en países latinoamericanos
Gustavo Vargas, director nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) compartió su experiencia en la implementación del seguro de desempleo, que está vigente desde el año 2016 y cuya mínima prestación es del 70% del salario mínimo vigente.
Desde el mes de marzo, este seguro ha atendido a más de 28 mil personas que tenían una relación laboral de dependencia y se han quedado sin trabajo. En el caso de personas que no aportan al IESS, ya sea por estar en situación de desempleo o por ejercer una actividad laboral informal, el gobierno del Ecuador ha entregado bonos emergentes a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además de apoyar con iniciativas independientes de trabajo.
De acuerdo a la subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio de Trabajo de Colombia, Paula Ojeda, la tasa nacional de desempleo en ese país se duplicó entre mayo de 2019 y mayo de 2020, ubicándose actualmente por encima del 21%. Para atender a las personas afectadas, Colombia cuenta con el mecanismo de protección de cesantes, el cual es prestado por las Cajas de Compensación Familiar, instituciones que generan transferencias económicas directas a sus aportantes y que permiten mantener el nivel de consumo de las familias.
También se pudo conocer el funcionamiento del seguro de desempleo argentino, que está vigente desde 1991 y duplicó el monto de sus prestaciones para enfrentar la emergencia actual. Eduardo Lépore, director nacional de Armonización de los Regímenes de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, informó que, para las personas en situación de informalidad laboral y pobreza, se creó el ingreso familiar de emergencia, el cual ha beneficiado a más de 9 millones de personas al día de hoy. Destacó también la prohibición de despedir a trabajadoras y trabajadores, medida que ha sido complementada con el pago de un salario adicional por parte del gobierno a las personas en relación de dependencia, como una forma de apoyo al sector empleador. De esta manera, el país busca prevenir el desempleo y mantener los niveles de ingresos de las familias.
El especialista en Seguridad Social de la Oficina de la OIT para los Países Andinos, Pablo Casalí, aseguró que los impactos de la pandemia son intensos y que afectan de distinta manera a los diferentes países. “Los sectores donde se han visualizado los impactos más profundos son aquellos donde predomina el empleo informal, lo que ha puesto de manifiesto la falta de sistemas integrales de protección social y, en especial, de un mecanismo institucionalizado para hacer frente a la desocupación”, afirmó Casalí. El especialista reconoce que, si bien las respuestas de los países han sido rápidas, aún queda un camino que recorrer, tanto para garantizar la seguridad económica de los ingresos a lo largo del ciclo de vida de las personas como para asegurar el acceso a servicios esenciales.
Este es el primero de varios conversatorios que se desarrollarán en el marco del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social, desarrollado por la Oficina de la OIT para los Países Andinos y el IESS.