El proceso previsto en El Salvador es una prueba concreta de la utilidad del Pacto como marco de diagnóstico para la revisión integrada de las políticas de respuesta a la crisis en los países miembro de la OIT, así como de su utilidad como herramienta de planificación basada en el diálogo social para determinar qué políticas adicionales para superar la crisis y promover la recuperación podrían ser implementadas de forma transversal en las áreas del PME (una hoja de ruta para acciones futuras).