El trabajo infantil es un fenómeno inaceptable. Interfiere con el derecho a la educación, al juego, a la salud y, en fin, al desarrollo integral de los niños y niñas. Al mismo tiempo que les impide su realización plena hoy, les obstaculiza sus posibilidades de un trabajo decente en el futuro. La gravedad de las consecuencias del trabajo infantil ha llevado a los gobiernos y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo a adoptar compromisos jurídicos y consensos políticos, tanto a nivel global, como en particular en las Américas. México, también se ha adherido a ellos.

Si bien es cierto que los gobiernos y los sectores productivos tienen una responsabilidad central en la prevención y eliminación del trabajo infantil, estos marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales inciden en todos los actores sociales. En este sentido, las empresas y sus organizaciones tienen también un papel muy importante. No contratar mano de obra infantil y proteger los derechos de los adolescentes en edad de trabajar contribuye con el desarrollo integral de la infancia y con el desarrollo económico del país, al fomentar la productividad y la competitividad empresarial.