Diálogo social y trabajo infantil

El objetivo principal del diálogo social es fomentar el fortalecimiento del consenso y la participación democrática de las partes interesadas del mundo del trabajo. La legislación laboral, las relaciones laborales y el diálogo social están en el centro de la organización económica y social de los Estados Miembros de la OIT. Desde sus inicios, el diálogo social ha actuado como un enlace transversal para la acción de la OIT y como un mandato constitucional. La Declaración relacionada con los objetivos y propósitos de la Organización Internacional de Trabajo (Declaración de Filadelfia) aboga por “lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas”.
 
Unas relaciones laborales sanas y un diálogo social eficaz constituyen buenas herramientas para fomentar mejoras salariales y condiciones laborales decentes así como la tranquilidad y la justicia social. Siendo instrumentos para una buena gobernanza, potencian la cooperación y los resultados económicos, impulsan la tranquilidad social y laboral mediante soluciones negociadas frente a retos económicos y sociales importantes y estimulan la estabilidad y el progreso económico – apoyando así la creación de un contexto propicio al cumplimiento del objetivo del trabajo decente. La “Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa” (2009) sostiene que “el diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo”. Asimismo, el Pacto Mundial para el Empleo aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2010 establece que “el diálogo social es un mecanismo de incalculable valor para el diseño de las políticas adaptadas a las prioridades nacionales. Asimismo es una base sólida para suscitar la adhesión de los empleadores y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, la cual es indispensable para superar la crisis y llevar adelante una recuperación sostenible. Un diálogo social fructífero inspira confianza en los resultados obtenidos.”
 
El diálogo social tal y como lo define la OIT incluye todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones relacionadas con políticas económicas y sociales, incluido el trabajo infantil, y las condiciones de trabajo y empleo. Puede plasmarse a través de un proceso tripartito (con el gobierno como parte oficial en el diálogo) para la elaboración, por ejemplo, de políticas públicas como los planes nacionales de acción sobre el trabajo o los listados de trabajos peligrosos. También puede consistir en relaciones bipartitas entre los sindicatos y la dirección (o las organizaciones de sindicatos y de empleadores). El diálogo puede ser informal o institucionalizado, aunque suele ser una combinación de estos dos elementos. Puede tener lugar a escala global, nacional, regional, sectorial, empresarial o del lugar de trabajo.
 

Las condiciones que favorecen el diálogo social

Para promover el diálogo social, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Unas organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes con acceso a la información relevante y la capacidad técnica necesaria para participar al diálogo social.
  • La voluntad política y el compromiso de todas las partes a tomar parte en el diálogo social; 
  • El respeto de los derechos fundamentales representados por la libertad sindical y de negociación colectiva; y 
  • El apoyo institucional necesario.

El papel del Estado

Para que el diálogo social favorezca la erradicación del trabajo infantil, el Estado no puede permanecer totalmente fuera del diálogo aunque éste consista en relaciones bipartitas entre empleadores y sindicatos. Le corresponde crear un entorno político y civil estable que permita a las organizaciones de empleadores y trabajadores actuar libremente sin injerencia ni temor a sufrir represalias.
 
Aun cuando las relaciones dominantes son formalmente bipartitas, el Estado debe brindar su apoyo al proceso a través de la creación de marcos jurídicos e institucionales, entre otros, que permitan a las partes desarrollar eficazmente su apoyo al trabajo decente y a la erradicación del trabajo infantil.
 

El papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores

Las organizaciones de empleadores y trabajadores han sido pioneras en la promoción de las normas internacionales del trabajo, incluida la interdicción del trabajo infantil. La colaboración de los empleadores es fundamental en la lucha contra el trabajo infantil porque pueden asegurarse de que sus empresas no empleen mano de obra infantil. Asimismo, pueden presionar a los que contraten a niños – a menudo se trata de pequeñas empresas del sector informal. Además, las organizaciones nacionales de empleadores tienen la capacidad para ayudar en la recolección de datos sobre el número de casos de trabajo infantil en los diferentes sectores. También pueden influir en el desarrollo de políticas nacionales adecuadas para la erradicación del trabajo infantil, colaborar con los sindicatos y las ONG para diseñar respuestas pertinentes, en especial en cuanto a la formación y calificación profesional para los niños trabajadores. Por último, fomentan la sensibilización pública sobre las injusticias del trabajo infantil y los derechos del niño. Los resultados de la acción de las organizaciones de empleadores no se limitan al nivel nacional. También actúan a escala internacional a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) respaldando los esfuerzos dedicados a la erradicación del trabajo infantil mediante diferentes medidas, como el diseño de directrices para la acción.
 
En los años 1860, las organizaciones de trabajadores fueron las primeras en llamar la atención sobre la necesidad de una campaña contra el trabajo infantil. El trabajo infantil sigue siendo una ofensa para con los objetivos de todos los sindicatos. Es, por tanto, un punto de partida fundamental para el desarrollo de las organizaciones de trabajadores. Los sindicatos, en su calidad de organizaciones representantes de un gran número de personas, pueden aunar sus fuerzas para erradicar el trabajo infantil. La negociación colectiva, que forma parte del diálogo social, es una de las estrategias principales de los sindicatos para luchar contra el trabajo infantil. Además, teniendo la capacidad para organizar campañas pueden difundir nuevos mensajes y tomar acciones directas para influir en las prácticas y la legislación laboral. Son organizaciones integradas a estructural vertical y como tales ofrecen un vínculo único entre el nivel global y nacional sobre cuestiones relacionadas con la protección social y los derechos del niño. Desde su posición, los sindicatos pueden vigilar y tomar medidas directas para prevenir el trabajo infantil, retirar a los niños del trabajo y proponer alternativas como una educación de calidad y la preparación para el mundo laboral adulto. Las organizaciones de docentes a nivel nacional e internacional tienen un papel esencial en el fomento de la Educación para Todos (EPT). Por último, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Unión Internacional de los Trabajadores de la alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) siguen desempeñando un papel central en la promoción de la erradicación del trabajo infantil dentro del debate sobre derechos humanos y desarrollo.