El Gobierno de Evo Morales aprobó el 19 de Noviembre el Decreto Supremo 29802 que tiene como objetivo principal acabar con los sistemas de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo y la esclavitud de familias cautivas en Bolivia.
La nueva disposición promulgada por el Ejecutivo, que consta de seis artículos, establece que el INRA es la única entidad con atribución para verificar la existencia de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo, esclavitud de familias, personas cautivas o formas análogas en el desarrollo de las actividades agrarias.
Precisa la atribución del INRA para verificar y establecer la existencia de estos sistemas de servidumbre, trabajos forzosos o formas análogas; independientemente de las acciones y efectos que generen en materia laboral, penal u otras.
El artículo segundo aclara que se entiende por un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas, esclavitud de familias o personas cautivas, cuando en el momento de desarrollo de las actividades agrarias existan comunidades, familias o personas cuyo trabajo o servicio al propietario del predio agrario es realizado con violación a los derechos fundamentales.
Este Decreto responde a la recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país el 9 de junio, dirigida por la relatora para Bolivia, Luz Patricia Mejía y el relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, para recabar información sobre la situación de familias del pueblo guaraní que viven cautivas y siguen padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la región del Chaco.