Políticas locales de trabajo decente están siendo impulsadas en Colombia para reactivar el sector rural con apoyo de la OIT

Las políticas de los municipios PDET de Santa Marta y Manaure Balcón del Cesar ya fueron aprobadas y las de Ciénaga y Guachené serán radicadas ante los Concejos Municipales la próxima semana.

News | 12 November 2021
Bogotá - Fusagasugá, Guachené y Magdalena, junto a 5 de los 15 municipios PDET de la Subregión Sierra Nevada Perijá, emprendieron desde el año 2020 junto a la OIT la formulación de políticas locales de trabajo decente, con especial énfasis en el sector rural.

Afrontar los retos de generación de empleo en el campo colombiano, así como poner al trabajo decente en el centro del desarrollo territorial de las zonas más afectadas por el conflicto, es lo que buscan estas políticas que empezaron a ser formuladas en plena pandemia y que hoy se suman a una apuesta por la reactivación, pues la ruralidad no estuvo exenta de sufrir los efectos de la crisis generada por la COVID 19.

Con la pandemia aumentó el riesgo de vulnerabilidad sobre un sector que ha enfrentado, por décadas, importantes dificultades en la situación del empleo. El 42,9 % de la población rural vive en condiciones de pobreza monetaria. De 85,3 % se estima fue la tasa de informalidad en la ruralidad para el año 2019 (basado en la contribución a pensiones) y en 2020 la tasa de desempleo aumentó 2,3 puntos porcentuales respecto al año anterior (6,5 %), siendo las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde se presentaron las mayores pérdidas, una rama que emplea a 6 de cada 10 trabajadores rurales.

A lo anterior, se suman las bajas tasas de sindicalización (2.6 %) y de cobertura de la negociación colectiva (0,7 %) con una escasa participación e incidencia de las organizaciones de trabajadores rurales en la concertación de respuestas con las autoridades locales y demás actores del mundo del trabajo, para enfrentar los efectos de la pandemia. Un diálogo que la OIT ha recalcado como esencial para superar la crisis.

Ante este panorama, organizaciones sindicales rurales y sus centrales CUT, CTC y CGT, autoridades locales y empresarios, con el apoyo de la OIT, han conformado espacios de diálogo y mesas de trabajo para la formulación de políticas de trabajo decente que recojan las preocupaciones y propuestas de todos los actores, y promuevan la recuperación económica y de los medios de vida de las poblaciones rurales

Diana Salcedo, Oficial Nacional de Proyectos de la OIT en Colombia

Las formulaciones de estas políticas ya culminaron la etapa de Consultas Ciudadanas (94 en total), en las que se invitó a todos los actores del territorio y se contó con la participación de más de 1400 personas, en especial de mujeres, grupos de víctimas del conflicto, población migrante, población con discapacidad, población indígena (kankuamos, arhuacos, wiwa) y afrodescendiente, además, de empresarios y autoridades locales.

Este proceso ha sido liderado en el marco de las Mesas Tripartitas Municipales por el Trabajo Decente, consolidadas en los territorios como el mecanismo de diálogo social para aunar esfuerzos entre trabajadores, empleadores y gobiernos locales para el fomento e implementación de estas políticas. Actualmente los documentos de proyecto ya están siendo radicados ante los concejos municipales (Ciénaga, Magdalena y Guachené, Cauca lo llevarán a cabo la próxima semana) y dos de ellos ya fueron aprobados.

El pasado 4 de noviembre, fue aprobado por el Concejo Municipal el acuerdo por el cual se crea la Política Pública de Trabajo Decente del municipio de Santa Marta, capital de Magdalena, y el 11 de noviembre fue aprobada por Decreto la del municipio de Manaure Balcón del Cesar en el departamento del Cesar. Ambos municipios priorizados por su nivel de afectación por el conflicto para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, definidos tras el acuerdo de paz.

Con estas políticas se espera promover la generación de empleo e ingresos, mejorar el acceso de la población trabajadora al sistema de seguridad social, avanzar en la erradicación del trabajo infantil (prevalente en el sector rural) y las formas inaceptables de trabajo, así como destinar inversiones a proyectos que empleen mano de obra local, entre otras.

Esto es especialmente relevante para los territorios que han sido priorizados para la implementación del acuerdo de paz, ya que los efectos de la pandemia podrían revertir en nuevos conflictos y espirales de violencia si no se abordan adecuadamente

Diana Salcedo, Oficial Nacional de Proyectos de la OIT en Colombia