Migración laboral

Más cerca de la Justicia: La odisea de los trabajadores domésticos migrantes en Líbano

Una trabajadora doméstica migrante decidió luchar contra el sistema “kafala” y escapar de sus empleadores. No le resultó fácil, pero luego de siete años consiguió no sólo regresar a su país sino que le restituyeran el salario que le debían, un hecho que sólo una década atrás hubiera parecido imposible.

Artículo | 15 de agosto de 2014
Una trabajadora doméstica no identificada de Sri Lanka durante su trabajo en Líbano.
© Anwar Amro / AFP
BEIRUT (OIT Noticias) – Después de haber presenciado de cerca la guerra durante la invasión israelí de Líbano en julio 2006, Jennifer no quiso renovar su contrato laboral como trabajadora doméstica extranjera en Líbano.

Ya no se sentía segura en Líbano. Además, en vez de los 200 dólares mensuales que la agencia de contratación filipina le había prometido, sus empleadores en Líbano le estaban pagando sólo 150 dólares y le decían que recibiría el resto al final del contrato.

Para muchos de los trabajadores domésticos migrantes que viven y trabajan en Líbano y en otros países de la región, las condiciones de trabajo y de vida que les ofrecen en sus países de origen pocas veces corresponden con la realidad que encuentran en los países de destino. La OIT estima que hay 600.000 víctimas del trabajo forzoso en el Oriente Medio.

“Sólo quería regresar a casa”, contó Jennifer, y decidió que no bien su contrato venciera al año siguiente, volvería Filipinas. Pero cuando les informó a sus empleadores que no deseaba renovar el contrato, ellos insistieron para que se quedara.

La mayoría de los trabajadores domésticos migrantes en el Oriente Medio están vinculados por el sistema kafala, el cual ata los trabajadores a sus empleadores, limita la posibilidad de organizarse, de finalizar sus contratos de trabajo o de cambiar empleo, creando una dinámica de poder desequilibrada – y algunas veces abusiva – entre el empleador y el trabajador.

“Les dije que tenía intenciones de ir a la embajada de Filipinas”, dijo Jennifer a la OIT. A pesar de esto, ellos le quitaron su pasaporte, una práctica común en el Oriente Medio, según la cual el kafaeel o patrocinador, confisca los documentos de identidad del trabajador.

“Fui a la embajada igualmente. Salí y le pregunté a otra trabajadora doméstica dónde se encontraba la embajada, ella me dio la dirección y caminé por largo tiempo”, contó Jennifer en una llamada telefónica desde su ciudad natal en el noroeste de Filipinas, donde ahora trabaja como maestra.

La embajada acogió a Jennifer durante dos semanas y organizó su viaje de regreso a Filipinas. Pero después de muchos meses de arduo trabajo en Líbano, ella estuvo obligada a irse sin recibir la parte de su salario que sus empleadores habían retenido.

Si bien este fue el final de la terrible experiencia de Jennifer como trabajadora doméstica migrante en Líbano, fue también el comienzo del largo proceso para lograr justicia a través del sistema judicial libanés.

Nuevo informe


Un nuevo informe publicado en junio por la OIT y Caritas, el mayor proveedor de servicios a los trabajadores migrantes en Líbano, analiza los principales obstáculos que enfrentan los migrantes en el difícil proceso para obtener justicia.  Titulado ‘Obstacles to Justice of Migrant Domestic Workers in Lebanon' (Obstáculos a la justicia de los trabajadores domésticos migrantes en Líbano), el informe constató que para los 200.000 trabajadores domésticos migrantes que se estima hay en el país, lograr justicia está lejos de ser una realidad.

“Según la ley libanesa, un trabajador doméstico migrante tiene derecho a presentar una queja frente un juez o la policía y tiene derecho a un juicio justo, como cualquier otro ciudadano libanés. Pero en la práctica, muy pocos casos se resuelven por medio del sistema judicial y este informe trata de establecer las razones de esta situación”, señaló Alix Nasri, investigador de la OIT y coautor del informe.

Para trabajadores migrantes como Jennifer, el camino hacia la justicia suele ser largo y complejo, lleno de obstáculos, que van desde la exclusión de los trabajadores domésticos de la protección del Código del Trabajo libanés a la dificultad de establecer las pruebas de maltrato, la marginación ejercida por diversas partes interesadas, incluyendo la judicial, y la falta de conocimiento de los procedimientos legales.

A pesar de ello, según Caritas, hubo progresos en los últimos años.
Líbano está en el buen camino para hacer del acceso a la justicia una realidad para los trabajadores domésticos migrantes."

Antes de regresar a Filipinas, Jennifer solicitó la ayuda de Antoun Hachem, un abogado de Caritas, para recuperar el resto de su salario.

La primera vez que una corte libanesa falló a favor un trabajador doméstico migrante fue en 2005. Entonces, un juez sentenció el pago de 500.000 liras libanesas (alrededor de 330 dólares) a un trabajador doméstico – representado por Caritas – quien había sido víctima de explotación y abuso por parte de su empleador en el Valle Bekaa, en el sureste de Líbano.

A partir de entonces, muchos trabajadores domésticos en Líbano han llevado sus casos a la corte. Si bien es un proceso lento y lleno de dificultades, su búsqueda de justicia ha comenzado a dar resultados, y las consecuencias de estas sentencias sin precedentes repercuten en toda la sociedad, modificando lentamente el modo en que los libaneses perciben a los trabajadores domésticos migrantes y sus derechos. En la actualidad, las indemnizaciones por abuso y trabajo forzoso pueden llegar a 20.000 dólares.

Este mes, siete años después de que habló con Jennifer en la embajada de Filipinas en Beirut, Antoun Hachem finalmente tiene una buena noticia que darle: Caritas logró una sentencia a su favor y los salarios que su empleador le debían le fueron transferidos.

La OIT considera que estas sentencias sin precedentes muestran que Líbano está en el buen camino para hacer del acceso a la justicia una realidad para los trabajadores domésticos migrantes. Esta situación puede mejorar aún más, estima la OIT, si Líbano reconoce estos trabajadores migrantes como trabajadores ante la ley y adopta medidas urgentes dirigidas a mejorar los mecanismos jurídicos e institucionales de acceso a la justicia.