GB.349bis/INS/1/1/Decisión

Decisión relativa a las medidas que deben adoptarse en relación con la solicitud presentada por el Grupo de los Trabajadores y por 36 Gobiernos para remitir urgentemente a la Corte Internacional de Justicia la controversia relativa a la interpretación del Convenio núm. 87 con respecto al derecho de huelga, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución

Repertorio de decisiones | 10 de noviembre de 2023
En respuesta a la solicitud presentada por el Grupo de los Trabajadores y 36 Gobiernos a fin de que la controversia relativa a la interpretación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), con respecto al derecho de huelga, se remita urgentemente a la Corte Internacional de Justicia para su resolución, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT, el Consejo de Administración decide adoptar la siguiente resolución:

El Consejo de Administración,

Consciente de que existe un desacuerdo grave y persistente entre los mandantes tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la interpretación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) en relación con el derecho de huelga,

Recordando que el origen de la controversia radica en un desacuerdo surgido entre los mandantes tripartitos de la Organización respecto de si el Convenio núm. 87 protege el derecho de huelga,

Tomando nota de que los órganos de control de la OIT han observado sistemáticamente que el derecho de huelga es un corolario del derecho fundamental de libertad sindical,

Profundamente preocupado por las implicaciones que esta controversia tiene en el funcionamiento de la OIT y en la credibilidad de su sistema de normas,

Afirmando la necesidad de resolver la controversia de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la OIT,

Recordando que, en virtud del párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT, «[t]odas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente concluidos por los Miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución»,

Recordando la decisión consensuada que el Consejo de Administración adoptó en su 320.ª reunión (marzo de 2014), en la que este se felicitó «por la exposición clara de la Comisión de Expertos acerca de su mandato, tal como consta en su informe de 2014», a saber:

«La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la OIT. Está compuesto por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de los convenios. Sus opiniones y recomendaciones no son imperativas, y buscan orientar las acciones de las autoridades nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, experiencia y competencia técnica. La función técnica y la autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su labor de supervisión durante más de ochenta y cinco años, y debido a su composición, independencia y métodos de trabajo cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales».
 
Observando que, a pesar de una larga serie de intentos, no se ha alcanzado un consenso a través del diálogo tripartito,

Subrayando que el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución dispone que toda remisión a la Corte Internacional de Justicia tiene por objeto la resolución de las cuestiones o dificultades que se le sometan,

Expresando la esperanza de que, habida cuenta de la estructura tripartita única de la OIT, se invitaría no solo a los Gobiernos de los Estados Miembros de la OIT, sino también a las organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores que tienen estatuto consultivo general ante la OIT a participar directamente y en pie de igualdad en las fases escrita y oral del procedimiento ante la Corte,

Decide, de conformidad con el artículo 37, párrafo 1, de la Constitución de la OIT:

1. Solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita urgentemente una opinión consultiva, con arreglo al artículo 65, párrafo 1, del Estatuto de la Corte y al artículo 103 del Reglamento de la Corte, sobre la siguiente pregunta:

¿Está amparado el derecho de huelga de los trabajadores y de sus organizaciones en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)?

2. Encargar al Director General que:

a) transmita la presente resolución a la Corte Internacional de Justicia, acompañada de todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión, de conformidad con el artículo 65, párrafo 2, del Estatuto de la Corte;

b) solicite respetuosamente a la Corte Internacional de Justicia que permita la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que gozan de estatuto consultivo general en la OIT en los procedimientos consultivos;

c)
solicite respetuosamente a la Corte Internacional de Justicia que considere tomar todas las posibles medidas para acelerar el procedimiento, de conformidad con el artículo 103 del Reglamento de la Corte, de modo que pueda dar una respuesta urgente a esta solicitud, y

d)
informe acerca de la solicitud, de conformidad con el artículo IX, párrafo 4, del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, de 1946, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
 
(GB.349bis/INS/1/1, párrafo 27, en su versión enmendada por el Consejo de Administración)