Decreto-ley núm. 27/91, por el que se prohibe cualquier tipo de actividad tendente a la recopilación y tratamiento sistemático de informaciones sobre las convicciones políticas, ideológicas, filosóficas o religiosas o sobre la vida privada de los ciudadanos, por parte de órganos o agentes del Estado o de otras personas colectivas de derecho público o de entidades privadas.