Sector rural y desarrollo local en América Latina y el Caribe

En las zonas rurales de América Latina y el Caribe (ALC) viven más de 123 millones de personas, de las cuales 50 millones trabajan, con lo cual, el empleo rural sostiene a una de cada cinco personas que trabajan en la región. La pobreza, es un fenómeno predominantemente rural: las tasas de pobreza (45.2 por ciento) y pobreza extrema (20,0 por ciento) en las zonas rurales son dos y tres veces mayores que en las zonas urbanas (CEPAL, 2018).

El efecto catastrófico que ha tenido la COVID-19 sobre el empleo, las horas de trabajo y los ingresos laborales en el mundo se repite en ALC. Durante los tres primeros trimestres del 2020, la reducción estimada de las horas de trabajo fue del orden del 20,9 por ciento, mientras que los ingresos por trabajo se contrajeron en 19,3 por ciento.

Los grupos más afectados han sido aquellos que por el tipo de trabajo que desempeñan no pueden realizar teletrabajo. En este ámbito se encuentran las mujeres, quienes además de sufrir caídas en el empleo tuvieron que retirarse del mercado laboral para realizar tareas de cuidado y del hogar; los trabajadores informales, afectados por la prohibición de circulación y la menor capacidad de los hogares de contratar trabajadores; los sectores relacionados con el comercio, manufactura, construcción y servicios (turismo y entretenimiento); los trabajadores jóvenes que recién se insertan al mercado laboral por la falta de generación de nuevos empleos; los trabajadores rurales, los de menor calificación en general en empleos más informales y de necesidad de proximidad física; y las micro y pequeñas empresas (MYPES).

La crisis ha puesto en evidencia un dualismo económico y social resultado de una falla colectiva (público-privada) al no lograr proveer los bienes y servicios públicos indispensables para la ciudadanía.

Además, ha acentuado las deficiencias productivas de la región, que se caracteriza por tener economías con niveles medio-bajos de productividad, altos niveles de informalidad y con grandes dificultades para generar trabajo decente.

Las zonas rurales no se escapan de esta difícil realidad. El 76,2 por ciento de los ocupados rurales se encuentran en condiciones de informalidad laboral. En el 2019, el 85,7 por ciento de los trabajadores ocupados en el sector agrícola eran informales, mientras que en el sector no agrícola la tasa de informalidad es de 65,8 por ciento. Y la mayor parte de la informalidad rural está en unidades económicas de muy baja productividad.

Esta situación configura enormes desafíos, entre los que podemos destacar:

a) Extensión de la seguridad social a las poblaciones rurales. La estacionalidad, el trabajo temporal, la mayor presencia de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares que en el área urbana, plantean barreras para la extensión de la seguridad social a las poblaciones rurales;

b) Políticas públicas orientadas a entornos rurales y con enfoques innovadores. Las políticas públicas tienen un sesgo urbano y mayormente no consideran las necesidades, narrativas y desafíos de los trabajadores y las unidades productivas;

c) Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación público-privada para impulsar políticas públicas para la promoción del trabajo decente en las áreas rurales, los cuales son fundamentales para brindar soluciones adecuadas, integrales y sostenibles;

d) La transformación de las unidades productivas a través de políticas de promoción de la productividad resulta indispensable, por un lado, para promover la inserción de las unidades productivas en cadenas de valor formales. Y por el otro, para fomentar una agricultura familiar moderna capaz de garantizar la disponibilidad, el acceso de más y mejores alimentos.

Sin duda, no todo es sombrío y complejo para las áreas rurales de ALC. La región cuenta con enormes potencialidades para generar empleo formal y trabajo decente en sectores económicos vinculados con la economía rural.  En particular, actividades como la agricultura y ganadería, forestal, pesca y acuicultura, eco-turismo, turismo agro-gastronómico, etc; tienen el potencial de crecimiento y de desarrollo. Asimismo, estos sectores tienen un enorme potencial para encaminarnos paulatinamente a convertirnos en economías y sociedades ambientalmente sostenibles.

No se sabe con certeza cuál será la magnitud real del impacto en el empleo, por cuánto tiempo más se prolongará la crisis, cuántos años necesitarán los países para recuperarse, y cuáles son las estrategias más adecuadas para una reactivación realmente inclusiva y sostenible.

Pero si existe un consenso de que los procesos de recuperación deberían apuntar no solo a una “nueva normalidad” distinta a la anterior, sino a una “normalidad mejor” con mayor desarrollo empresarial, formalidad, equidad, diálogo social y con una mejor institucionalidad para promover y garantizar un desarrollo social y económico inclusivo tomando como base, entre otros marcos, las Normas Internacionales del Trabajo.

Muchos países vienen implementando de manera simultánea y complementaria etapas de respuesta sanitaria y de desconfinamiento, así como también de reactivación de sectores y actividades económicas. Ello debido a que la propagación del virus en muchos países todavía no se ha controlado y puede haber retrocesos en el combate al contagio.

En este contexto, resulta importante que los países engarcen su reactivación económica dentro de un proceso que busque una transformación productiva para cerrar las brechas y dualidades en materia de productividad, condiciones de trabajo, formalización, innovación, financiación, digitalización, empleabilidad, articulación productiva, etc.

Ello va a requerir crear una institucionalidad con capacidad para promover coordinación y cooperación público-privada a nivel sectorial y territorial, a través de la promoción de diálogo social.

Finalmente, la OIT manifiesta su compromiso de apoyar a sus mandantes tripartitos en la formulación de políticas, estrategias y programas a través de un enfoque integrado para promover el trabajo decente y productivo en la economía rural , y de esta forma, apoyar a los Estados Miembros a avanzar en la consecución de las metas 1.2, 2.3 y 8.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).