Consejo de Administración de la OIT elige nuevo presidente

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo eligió a Philippe Séguin, delegado gubernamental de Francia, como presidente para el período de reuniones 2004-2005, y recibió un informe sobre el papel que puede asumir la OIT en la promoción de una globalización más justa. La 290ª sesión del Consejo de Administración también abordó otros temas, incluyendo la consideración de un informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Noticia | 22 de junio de 2004

EL ULTIMO INFORME DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT CITA CASOS DE CUBA Y VENEZUELA
El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo eligió a Philippe Séguin, delegado gubernamental de Francia, como presidente para el período de reuniones 2004-2005, y recibió un informe sobre el papel que puede asumir la OIT en la promoción de una globalización más justa. La 290ª sesión del Consejo de Administración también abordó otros temas, incluyendo la consideración de un informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT.

22 de junio 2004

Sir Leroy Trotman, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Barbados y portavoz del grupo de trabajadores ante el Consejo de Administración, fue reelegido como vicepresidente en representación de los trabajadores. Daniel Funes de Rioja, presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina y presidente del Grupo de los Empleadores de la Organización de Estados Americanos de 1995 a 1998, fue reelegido vicepresidente empleador.

Estas tres personas formarán la Mesa del Consejo de Administración durante el período 2004-2005. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces por año en Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y determina el programa y presupuesto de la Organización, que se compone de 177 Estados Miembros.

Libertad sindical

El Consejo de Administración aprobó el 334º informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT. En su reunión de mayo-junio, el Comité examinó 15 casos. En total hay 108 casos presentados ante el Comité.

El Comité hizo notar en forma especial los casos relacionados con la libertad sindical en Cuba, Venezuela y Zimbabwe.

En el caso de Cuba el Comité lamentó profundamente el tajante rechazo del Gobierno a la propuesta de una misión de contactos directos que había sido propuesta por el Comité en noviembre de 2003.

El Comité además deploró que el gobierno no haya enviado las sentencias solicitadas en relación con el caso de siete representantes sindicales que fueron condenados a largas penas de prisión de hasta 26 años, obstruyendo la capacidad del Comité para examinar esas sentencias, en vista de los cargos demasiado generales o genéricos presentados contra estos individuos. Dada la falta de información concreta por parte del gobierno con respecto a estos procesamientos, el Comité instó al Gobierno a que tome medidas para la inmediata liberación de los sindicalistas.

Con respecto al monopolio establecido en la ley para la representación sindical, el Comité urgió al Gobierno a que adopte sin demora nuevas disposiciones y medidas para reconocer en la legislación y en la práctica el derecho de los trabajadores de constituir organizaciones que estimen conveniente, independientes de la actual estructura sindical.

En el caso de Venezuela, el Comité examinó dos casos contra el Gobierno. Uno de ellos planteado por organizaciones de trabajadores de ese país (CTV, UNAPETROL y FEDEUNEP), y el otro por parte de la organización de empleadores (FEDECAMARAS).

En el primer caso, presentado por las organizaciones de trabajadores venezolanas y por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Comité instó firmemente al Gobierno a que tome medidas para dejar sin efecto la orden de detención contra el presidente de la CTV, Carlos Ortega, y a garantizar que pueda regresar al país para poder ejercer las funciones sindicales sin ser objeto de represalias. El Comité además instó al Gobierno a reconocer al comité ejecutivo de la CTV y a que se abstenga de declaraciones que pudieran mostrar hostilidad hacia esta organización sindical, así como que se abstenga de promover la creación de otras organizaciones o centrales sindicales.

En el segundo caso, presentado por FEDECAMARAS y la Organización Internacional de Empleadores, el Comité destacó la gravedad de los hechos alegados un año atrás, y deploró que el Gobierno no responda específicamente a una parte importante de estos.

El Comité expresó de manera general su grave preocupación por la deficiente situación de los derechos de las organizaciones de empleadores, sus representantes y sus afiliados, y recordó que los derechos de las organizaciones de trabajadores y empleadores sólo pueden ejercitarse en un clima libre de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones.

El Comité deploró la detención de Carlos Fernández, presidente de FEDECAMARAS, por considerar que es discriminatoria y tuvo como objetivo neutralizarlo o ejercer represalias por sus actividades de defensa de los intereses de los empleadores, e instó al Gobierno a tomar las medidas a su alcance para que deje sin efecto el procedimiento judicial contra este dirigente, para que pueda regresar sin demoras a Venezuela sin riesgo de represalias.