Los países de América Latina y el Caribe enfrentan una situación marcada por el aumento del desempleo, el incremento  de la pobreza y un acusado deterioro social y laboral configurando un cuadro regional que plantea desafíos vinculados a temas como el impacto de la globalización en la región, los problemas de discriminación y género y lo que la OIT califica como los déficit de trabajo decente, comprendidos los déficit de empleo e ingresos, de protección y de diálogo social.

Estos déficit se traducen en una oferta de empleos insuficiente, para hombres y mujeres, una protección social inadecuada, la denegación de los derechos en el trabajo y deficiencias en el diálogo social.  Al mismo tiempo la OIT llama la atención sobre la grave situación que viven algunos países de la región y que obliga a aplicar de inmediato políticas sociales de emergencia que impidan la explosión de la pobreza, el hambre y la desesperación de millones de desempleados y de desplazados por la violencia.

Tal es el telón de fondo de una realidad regional caracterizada por un crecimiento económico menos que moderado, un alto nivel de desempleo y una creciente informalización del mercado de trabajo.

A las personas que no tienen un empleo se suman aquellas cuyo empleo es de muy mala calidad, con bajos niveles de productividad e ingreso; en su inmensa mayoría estas personas trabajan en el sector informal o no estructurado de la economía. Las estimaciones de la OIT muestran que aproximadamente el 47 por ciento de la PEA urbana ocupada de América Latina trabaja en el sector informal. En términos generales siete de cada diez personas económicamente activas en el ámbito urbano de América Latina carecen de empleo o tienen un empleo de mala calidad.

El déficit en materia de protección social se refleja en que dos tercios de la población activa total en la región latinoamericana están fuera de la seguridad social , sea en materia de prestaciones de salud, sea en materia de pensiones. La situación resulta particularmente aguda en el caso de las mujeres económicamente activas quienes en un 80 por ciento carecen de toda protección de las instituciones de seguridad social.

En lo que a accidentes de trabajo se refiere, en América Latina y el Caribe fallecen anualmente unas 27,000 personas como consecuencia de accidentes ocurridos en el lugar de trabajo. Ello representa una tasa de 13,5 por ciento por cada 100.000 ocupados.

La afiliación sindical en la región durante la pasada década se redujo en porcentajes que oscilan entre un uno por ciento y un 29 por ciento, dependiendo de los países. Esta reducción se debe a múltiples causas, desde el aumento exponencial del número de trabajadores con contratos de duración determinada hasta el crecimiento de la informalidad.  Todo ello sin desconocer el hostigamiento contra el movimiento sindical y la violencia de que fue objeto en algunos países en los años noventa, pero también las dificultades que ha tenido el propio movimiento para modernizarse y expandir su representación hacia el sector informal.

Muchas de las causas que llevaron a esta situación están estrechamente vinculadas a graves deficiencias en el funcionamiento de la institucionalidad democrática, a la propagación de la corrupción hasta niveles nunca antes vistos anteriormente y a la pérdida de confianza de la sociedad en la independencia de los poderes  y en la seguridad jurídica de la que toda persona y empresa debe gozar.

La región padece aún el peso de la deuda externa al tiempo que todavía prevalecen políticas  de equilibrio macroeconómico en las que se enfatizan temas tales como el tamaño del déficit público o el control de la inflación y se descuidan aspectos estructurales como la eficiencia y la productividad de la industria. Con frecuencia se presta escasa atención a los costos fiscales y sociales en que se incurre cuando la aplicación de estas políticas provoca un aumento del desempleo o el subempleo.

Frente a las inquietudes que plantea el actual cuadro socioeconómico de la región, la OIT plantea la necesidad de impulsar una “salida productiva” que permita superar los déficit actuales de trabajo decente y que sirva para promover la creación de empresas, el aumento de la productividad, la generación de empleos  y el crecimiento de la demanda. “El empleo -dice el Director General de la OIT Juan Somavia- no es un factor residual de las políticas económicas y menos aún objeto de una política sectorial más. El empleo, es decir, la generación de trabajo productivo, ha de ser el objetivo central de la política económica.”

Este artículo ha sido preparado con información extraida del Informe del Director General a la XV Reunión Regional Americana, “Globalización y Trabajo Decente".